Educación en Argentina

Educación, Ciencia y Tecnología

El nivel educativo y científico de una sociedad juega un rol clave en su desarrollo económico y social. Diversos estudios hechos a nivel mundial muestran las ventajas de aquellos países que a lo largo de su historia han puesto énfasis en fomentar la capacitación de su población y la investigación científica.

Educación

Hasta la década de 1960 Argentina poseía un nivel educativo que era notablemente superior al de muchos países desarrollados: naciones como Australia, Nueva Zelanda, Corea, Singapur, Irlanda o Finlandia poseían 3 años de escolaridad menos que la Argentina. Hoy esa relación se ha invertido y todos ellos tienen 3 años más de escolaridad que nuestro país: Argentina posee 8,5 años de escolaridad, levemente superior a los índices del resto de América Latina pero muy por debajo de los 11,4 años en, por ejemplo, Canadá.

En particular, las universidades argentinas desde su creación se han constituido como lugares de circulación en los cuales se formaban profesionales pero no conocimiento, dado que no existía una política pública de investigación que la fomentara e incorporara sus logros al circuito productivo. Sólo se realizaba cierta investigación en algunas áreas muy específicas (física, matemática, química y medicina: no casualmente, las áreas en las cuales Argentina supo destacarse e incluso tener Premios Nóbel), aún sin integración con el sector productivo. Los conocimientos y técnicas de avanzada que se utilizaban en la producción eran generados en el exterior y comprados por las empresas nacionales o por las subsidiarias locales de compañías transnacionales).

Los problemas educativos argentinos se continúan, agravados, en la actualidad. Hoy, Argentina invierte por cada alumno menos de 500 dólares al año, la cuarta parte de lo que gasta Uruguay y 40 veces menos que Estados Unidos.

El desarrollo científico y tecnológico

Un dato preocupante que muestra una clara limitación a las posibilidades de desarrollo del país es la escasez de recursos que se destinan a la investigación científica y tecnológica (CyT). Argentina invierte menos del 0,3% de su PBI en CyT, unas diez veces menos que Japón, EEUU o el promedio de la Unión Europea y un tercio de lo destinado por Brasil. Cabe señalar que la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, con sede en Trieste, estima que para dinamizar su desarrollo un país debe gastar en CyT más del 1% de su PBI.

El problema se agrava al considerar la insignificante participación del sector privado de nuestro país en desarrollo científico y tecnológico. En Argentina el 95% del gasto total en CyT y el empleo del 87% de los investigadores corresponden al Estado, mientras que en la mayoría de los países desarrollados el esfuerzo es llevado a cabo principalmente por el sector privado.

A esta falta de recursos se suman otros dos problemas: en primer término, la ineficacia de las instituciones destinadas a difundir la de por sí escasa tecnología existente; segundo, la falta de inversión en Investigación y Desarrollo (IyD) fuera de los límites de los grandes conglomerados urbanos del país. Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires concentran actualmente el 60% del gasto en IyD, lo cual impide que se generan las condiciones para el desarrollo más allá de estas cuatro áreas centrales.

Estos datos hablan claramente de un importante atraso tecnológico, de investigación y educativo y de una preocupante tendencia a que este retraso con respecto al resto del mundo empeore.

Al decir del sociólogo Enrique Oteiza, los principales problemas que sufre hoy el aparato CyT argentino son “la carencia de recursos que padecen el Complejo CyT y la Universidad, las falencias a nivel de gestión, la desarticulación interna, la falta de eslabonamiento con los sectores de la producción, la ausencia de una estrategia de mediano y largo plazo en materia de CyT como componente de una estrategia de desarrollo nacional, la inexistencia de una estrategia industrial y la falta de una política adecuada de recursos humanos en la Argentina”. También en materia educativa, son principalmente estas mismas causas las que impiden el progreso, destacándose entre ellas la absoluta carencia de una política estatal de largo plazo que la dirija y coordine.

Es inevitable que estas carencias repercutan sobre el perfil productivo y la competitividad internacional de nuestra producción, reflejados en el bajo valor comparado de nuestras exportaciones (350 dólares por tonelada) respecto de las importaciones (1.300 u$s/Tm).

Mirando al futuro

Es impostergable que la Argentina encare estas cuestiones, cambiando de raíz los patrones que la rigieron hasta el presente, como requisito para alcanzar el desarrollo social y económico.

En este sentido, cabe citar al actual Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus: “Hoy en día el valor más importante de la Argentina no es la soja, no son los productos primarios; los países que se destacan en el mundo son los que mejor capacitada tienen a la gente y mejor desarrollo científico tecnológico para crear, innovar y ponerlos al servicio de la producción.”

Sólo recientemente las voces que alertaban sobre estos conflictos han alcanzado masividad y logrado una cierta mejora de la situación de la educación y el complejo CyT. Un primer paso hacia el cambio es la reciente consagración de la Ley de Educación, que prevé aumentar paulatinamente el gasto en educación hasta llegar al 6% del PBI para el 2010. También se ha aumentado considerablemente el gasto público en CyT, aunque en dólares aún se esté en la mitad del presupuesto récord de 1997. Este hecho, si bien aún lejos de lo ideal (especialmente si se considera la cuantía de la inversión que haría falta para zanjar el atraso que aqueja a nuestro país), es único en la historia reciente argentina y merece ser destacado.

Si la Ley de Educación efectivamente se cumple y (por sobre todo) la sociedad argentina se compromete a encarar con soluciones de fondo los problemas de la ciencia y educación nacionales, la Argentina puede estar garantizando con ello su desarrollo económico y social.

Por Martín Kalos. Julio 2006.