Desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003, y aún antes, durante la gestión de Eduardo Duhalde, nos hemos referido una y otra vez a los daños que provoca el intervencionismo en materia económica. Señalemos algunos:
- El efecto inflacionario que deriva de pretender ser competitivos con un tipo de cambio alto, que se obtiene mediante el simple recurso de emitir moneda para comprar los dólares excedentes a mayor precio del que normalmente determinaría el mercado.
- El desvío de ingresos de sectores muy eficientes (en general agroganaderos) hacia sectores menos eficientes (industriales) mediante el recurso de la aplicación de tipos de cambio diferenciales logrados sobre la base de imposiciones diferentes a los primeros (retenciones a las exportaciones)
- El irreparable daño a la productividad que originan los controles de precios. Daño que deja como secuela la falta de nuevas inversiones.
- Las limitaciones o cierres de importaciones y exportaciones que afectan significativamente la producción, han deteriorado los stocks ganaderos y finalmente terminarán deteriorando la balanza comercial por la aplicación de medidas de reciprocidad de parte de terceros países afectados por las prohibiciones.
- La desaparición del autoabastecimiento petrolero, logrado a comienzos de los años 90 luego de casi 30 años en situación parecida luego de la anulación de los contratos petroleros en 1963.
Podríamos seguir largamente, recordando que las retenciones a las exportaciones eran consideradas al comienzo del gobierno kirchnerista como “impuestos distorsivos” a eliminarse en breve plazo, para pasar a ser, podo después, la forma de castigar a aquellos productores que no vendían en el mercado lo cal sus productos al precio que se le antojaba al Dr. Lavagna. Y finalmente pasar a ser la manera definitiva de intentar obtener un superávit primario para disponer de fondos para gastar en subsidios y sistemas de ayuda.
El deseo de un “modelo industrial” no es nuevo en la política argentina. Como no es nueva la creencia, incentivada hasta el hartazgo por políticos demagogos e inescrupulosos, de que si los bienes y servicios suben de precio, ello es culpa de inescrupulosos comerciantes que se aprovechan de la situación y se enfrentan así a políticos patriotas y bien intencionados que persiguen lo mejor para su pueblo.
Los cierres de fronteras no se hacen para lograr que aumenten la producción nacional y aumente el empleo, únicamente, se hacen para que uno se vea obligado a “vivir con lo nuestro”. Ningún cierre de fronteras podría tener por objetivo que bajen precios. Todo lo contrario, los cierres de fronteras producen subas de precios, lo cual constituye un daño a toda la población, inferido al socaire de la idea primitiva de incentivar la producción nacional y generar fuentes de trabajo. A todo ello se suma el atraso tecnológico, que el ex ministro nombrado negaba sistemáticamente, acusando a quienes en aquel momento pretendían que se dejara bajar el tipo de cambio, de “querer viajar a Miami”. Pero resulta que obviamente aquel dólar caro servía también para limitar las importaciones de bienes y servicios de última generación.
Es llamativamente incomprensible que cualquier componente electrónico cueste en la Argentina 3 veces más que en EEUU, donde el nivel de vida es varias veces superior y por lo tanto tales productos son absolutamente accesibles para buena parte de la población. Y la verdad está en las trabas, los tipos de cambio alterados artificialmente, y la inconcebible carga impositiva que luego pretende corregirse repartiendo “notebooks” entre los chicos.
En verdad, una de las facetas más tristes del intervencionismo es, justamente, la demagogia política. Los precios de los productos no bajan porque se emite moneda y se genera inflación, no bajan porque se aplica toda clase de gabelas a los importados, no bajan porque se cierran las importaciones y por lo tanto para conseguirlos hay que pagar el triple o más. Pero como eso es así, entonces los políticos a cargo del gobierno los reparten entre los mismos necesitados que su política genera.
El deterioro del stock ganadero fue originado en el cierre de las exportaciones. Ahora tenemos la carne inaccesible, y la presidenta se ufana de que más gente consume pollo, cuando es obvio que éste cambio de hábito se debe a que subió el precio de la primera y obligó a la población a sustituirla por los segundos.
El problema con las cosechas de trigo que no pueden venderse persiste. Eso no hace que el pan sea barato, y ni hablar de las llamadas confituras y masas en general.
Cuando Néstor Kirchner resolvió intervenir y politizar el INDEC para poder confeccionar los índices que no reflejaran la realidad inflacionaria, a fines de 2006, se decía que pensó más que nada en estafar a quienes tenían bonos indexados por el CER. Es decir, pagarles menos renta por tales títulos mintiendo los índices de ajuste. Pero eso era apenas una parte de la verdad. La otra era (y es) poder dibujar la línea de pobreza y de indigencia. No hay que olvidar que la tasa de inflación oficial no supera el 10% anual mientras los sueldos, paritarias mediante, han subido a un ritmo promedio superior al 30% anual. Esto quiere decir que cada vez hay menos pobres para el cálculo oficial. Y para disimular la realidad evidente de que eso no es cierto, se optó por repartir “ayudas” adicionales: los planes, las asignaciones por hijo, las computadoras, las cosas “para todos” (carnes, pescados, milanesas, fútbol, automovilismo, etc.)
El gobierno ha recurrido a la apropiación de los fondos de las AFJP (alrededor de 30.000 millones de dólares). A las reservas del Banco Central, a sus “ganancias” producto de las sucesivas devaluaciones, y finalmente a la modificación de la carta orgánica para poder disponer de la emisión de moneda a gusto. Es que los subsidios, que se iniciaron en 2006 y eran algo así como 6.000 millones de pesos, llegaron en 2011 según algunos cálculos a 76.000 millones (otros hablan de más de 100.000 millones de pesos)
El cambio que se atrasa produce huída de capitales, incentiva la importación de bienes (como durante la llamada convertibilidad) y cuestiones por el estilo. Entonces se prohíbe la compraventa de dólares, se cierran las importaciones, se tapa el sol con una mano.
Además de todo esto, mientras en un momento determinado se pretende obligar a ciertas empresas a distribuir dividendos, en el momento siguiente (ahora) se les impide con diversos artilugios más o menos ilegales. Mientras en un momento determinado la presidenta buscaba que el crédito fuera derivado del consumo a la producción de las PYMES, en el momento siguiente el crédito debe incentivar el consumo. Mientras un día la soja es un “yuyo” y hay que evitar la deforestación y demás, en el siguiente no se habla más del asunto. Todo parece depender, única y exclusivamente, de las necesidades de caja.
La impresionante dosis de arbitrariedad se suma al intervencionismo a ultranza. Como señalamos tantas veces, intervenir significa siempre distorsionar, y distorsionar, obliga a nuevas intervenciones, correcciones, cambios, idas y venidas.
El secretario de comercio Guillermo Moreno, como todo el mundo sabe, actúa de manera absolutamente discrecional y con un grado de arbitrariedad propio de algún rey del Medioevo. Pero el señor Moreno no es más que una representación casi surrealista de lo que en verdad es un gobierno surrealista.
Los “amigos” del poder suben y caen. Eskenazi, Moyano. La minería. Nadie está seguro de que podrá desarrollar su trabajo dentro de un marco legal determinado y permanente. Lo blanco puede ser negro en 24 horas.
El daño que produce el intervencionismo está en la Argentina exacerbado por la arbitrariedad propia de un gobierno de clara raigambre populista y cada día más autoritario.
HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 9 de abril de 2012
ESTUDIO
HÉCTOR BLAS TRILLO
ECOTRIBUTARIA
Economía y Tributación
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