Blog de Héctor Trillo

Empecemos por romper el hielo: Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, ha llevado adelante una serie de medidas calificadas de ortodoxas para intentar poner en caja la expansión monetaria y el tipo de cambio. Punto.

Para ello ha recurrido a la suba de las tasas de interés por encima del 30% anual en las colocaciones de LEBACS y a la exigencia de que los bancos salieran a desarmar sus posiciones en moneda extranjera, logrando de tal modo que por un lado se produjera una oferta adicional de dólares y por el otro una tasa de interés atractiva en pesos que redujera la demanda de moneda extranjera.

Adicionalmente, la colocación de LEBACS a tales tasas conformó la tercera pata del trípode “secando” la plaza de buena parte de los pesos emitidos para hacer frente a un gasto público claramente desmadrado.

Mucho se ha dicho sobre el presidente del Banco Central por estas horas. Especialmente desde sectores políticos vinculados al izquierdismo pueblerino que agobia todavía hoy a una clase dirigente culposa y poco profesional. Así las cosas, Fábrega ha sido etiquetado como conservador y neoliberal, sambenitos ambos que constituyen lapidarias descalificaciones en el entramado del progresismo nacional. Una deforme ubicación ideológica que hoy por hoy es una mezcla de lo que alguna gente quiere escuchar y de lo que otra gente prefiere esconder bajo la alfombra.

Porque lo cierto es que las medidas de este profesional de las finanzas son absolutamente intervencionistas y contrarias a toda forma de libertad económica, lo cual es más que obvio. Son medidas acertadas en un marco de un régimen que interviene en todo al punto de mandar a la gente a vigilar precios con teléfonos celulares. Por lo tanto resulta por lo menos útil señalar que acá, de libertades económicas, nada. Y por ende, de liberalismo, neoliberalismo o el mote que se les ocurra poner a los publicistas de la política, no existe el menor indicio. Antes bien, claramente es todo lo contrario.

Hemos señalado en otros trabajos que la actitud de Fábrega ha permitido normalizar el tipo de cambio y ha frenado la presión sobre los precios, lo cual permite ganar tiempo y abrir el camino para la toma de decisiones trascendentes en materia de déficit fiscal y freno de la escalada inflacionaria.

Pero el ministro Kicillof está claramente en otra cosa. Preocupado por lo que pasa en la AFSCA o en montar un show en la asamblea del grupo Clarín, pasa sus horas en una especie de limbo creyendo, tal vez, que ya está todo resuelto.

Desde las usinas de propaganda de la agencia Télam y del canal oficial de televisión, se ha montado el discurso de que el gobierno “doblegó” la especulación contra el dólar, por ejemplo. Una increíble estupidez que puede servir como propaganda para la gilada, pero que de ninguna manera puede ser tomada como válida por un equipo económico serio y preocupado por el futuro cercano.

Porque la “calma chicha” sobre el tipo de cambio terminará pronto si no se hace nada. Las horas son siglos, señores. Bajemos por favor a la realidad.

Tendremos ahora el ingreso de divisas de la exportación de la cosecha gruesa, es decir una nueva oferta de dólares para los próximos dos meses.

Pero ya la calificadora Moody´s le ha bajado la puntuación a la deuda argentina, con argumentos verdaderamente dramáticos, como por ejemplo la merma de las reservas prácticamente en caída libre y a las poquísimas opciones de financiamiento. Sin duda ocupa un lugar en esta baja de la nota, la descapitalización de los bancos (por tener que salir a vender sus dólares y poner en riesgo mayor sus activos) o la concatenación entre el sostenimiento de las instituciones financieras y la deuda del Estado. En otras palabras: porque los bancos ven deteriorada su situación patrimonial y encima sus activos pasan a estar en pesos o, lo que es peor, en títulos del Estado nacional, cuya garantía de cobrabilidad es puesta en duda hacia el futuro. Moody's redujo las notas de fortaleza financiera y evaluación del riesgo crediticio de 24 bancos argentinos, disminuyó la nota en depósitos en moneda local de 26 instituciones financieras y bajó las calificaciones de emisor a dos entidades.

Mientras tanto, el ministro Kicillof está estudiando la manera de bajar o quitar los subsidos al consumo hogareño de gas y electricidad; una cuestión que puede resultar importante pero que sin duda no cambiará la historia del gasto público desmadrado de un Estado cada día más ineficiente y dispendioso.

Los subsidios no alcanzan al 10% del total del gasto, que asciende a 1,2 billones de pesos. Estos subsidios en particular se estiman en una cifra cercana a los 100.000 millones de pesos. Es un número, pero tampoco es la panacea.

Por lo demás, las buenas prácticas en economía señalan que los subsidios, suponiendo que sean beneficiosos, deben ser quitados en tiempos de bonanza, y no cuando la situación se ha vuelto complicada. Está claro que en estos momentos en los que el gobierno trata de limitar las exigencias sindicales para que los salarios pierdan su poder adquisitivo creciendo menos que la inflación, al mismo tiempo que se devana los sesos para ofrecer al público algunos precios “cuidados” que mellen el efecto inflacionario que todos vemos producirse cada vez que vamos al supermercado; pretender quitar más poder de compra a los salarios volcándolo al pago de servicios domiciliarios habrá de provocar un cimbronazo importante en la demanda agregada de bienes y servicios. O sea, en castellano, un mayor enfriamiento de la economía. Parar la inflación enfriando la economía sí que es una medida ortodoxa, ¿no?. Y por lo visto será llevada a cabo por un ministro que se autocalifica de progresista. Pero más allá de la chicana ideológica, lo cierto es que la quita de subsidios a los consumos domicilarios es un paliativo pero de ninguna manera resuelve el problema.

Porque para equilibrar el gasto con los ingresos hace falta bajar mucho más el gasto público.

Piénsese que de la cifra apuntada de 1,2 billones prácticamente la mitad son sueldos y cargas sociales que paga el Estado. Una cifra pavorosa destinada al sector público, que no ha dejado de crecer en estos casi 11 años de gobierno del matrimonio Kirchner. Todo lo demás, incluyendo el famoso “Fútbol para todos” es cierto que también suma lo suyo, pero no es el fondo del problema. Estamos hablando de cifras del orden de los 400.000 millones por lo menos, que hay que apuntar a reducir o a financiar de algún modo que no sea con emisión de moneda.

El despilfarro de todos estos años debe cesar, y debe hacerlo rápidamente. Por eso, al menos por lo que trasciende, existen entredichos entre Kicillof y Fábrega. Porque al parecer el ministro ha creído que con un par de medidas ortodoxas del Central, encontró la luz. Y claramente esto dista de haber ocurrido.

Fábrega ha ganado tiempo, solamente eso. Ha creado un manto de tranquilidad y un dólar estable mientras la inflación de febrero ha sobrepasado el 3%, lo mismo que la de enero. Muy pronto el efecto beneficioso de la devaluación habrá pasado y la demanda de divisas volverá a acentuarse. Ello sin contar el hecho de que el superávit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) viene cayendo todos los meses pese a las dramáticas restricciones a las importaciones.

Y precisamente, como también hemos señalado en otras oportunidades, es obvio que la limitación a las importaciones de insumos afecta la producción. También el impuesto interno a los automóviles afecta, junto con la devaluación, al mercado automotor, que ha caído dramáticamente en estos dos meses y medio que van del año. Sigue deprimido el mercado inmobiliario y se notan los efectos de la inflación en la capacidad de compra de bienes y servicios, a su vez constreñida por el encarecimiento del crédito y la reducción de la cantidad de cuotas.

Muchas veces nos hemos referido a estos temas. Muchas veces hemos señalado que la inflación no es un problema de precios que suben, sino de moneda que pierde su valor. Muchas veces hemos marcado que cerrar las importaciones para evitar la competencia externa tiene como efecto fundamental hacer subir los precios de los bienes producidos localmente y de bajar su calidad. Muchas veces hemos señalado que aquel superávit primario logrado luego de la devaluación de comienzos de 2002 no debía volcarse al pago el gasto público porque en verdad era el producto de una subvaluación del peso (el famoso sostenimiento mediante ardides emisionistas del llamado “dólar recontraalto”).

El gobierno está intentando evidentemente recomponer su situación ante el CIADI, ante el FMI, ante el Club de París, ante Repsol, ante los llamados fondos buitre. Está intentando lograr fuentes de financiamiento, señores, esta es la realidad. Está intentando hacer buena letra para que alguien nos preste plata, o algún trasnochado venga a poner miles de millones en Vaca Muerta o en la minería. O reflote el proyecto la brasileña Vale. O, en definitiva, que vengan dólares de algún lado.

Lo hace mientras sigue sosteniendo el cepo cambiario, o intenta con fórmulas difusas y complejas bajar el gasto público en un porcentaje mínimo con una quita de subsidios en un momento inoportuno que generará más rispideces a nivel social.

La pregunta es si con la propaganda vamos a cambiar la historia o si realmente Kicillof, Capitanich o la propia presidenta se han creído que esto es suficiente.

Y nuestra opinión a estas alturas es que tanto Cristina como Kicillof se lo han creído. Que no es solamente propaganda para la tribuna. No. Se han creído que ya está, que con esto está bien y que le torcieron la mano al mercado, como repiten en sus diálogos onanistas.

Equivocarse nunca es bueno, pero no hay nada peor que creérsela. Y esto es lo que lamentablemente está pasando en esta hora crucial. Se la han creído

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 23 de marzo de 2014

A estas alturas está muy claro que el gobierno nacional ha iniciado un acelerado proceso de ajuste con el objeto de lograr financiamiento e intentar mejorar las cuentas fiscales. Es verdad que muy desordenadamente, y en algunos casos de manera improvisada y con idas y venidas realmente contraproducentes. Pero lo cierto es que está intentándolo.

Desde la salida de Marcó del Pont y su reemplazo por Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, la política monetaria se ha enfocado a la reducción del circulante mediante la suba de las tasas de interés y la colocación de deuda (Lebacs). Al mismo tiempo, la nueva conducción aceleró de manera sostenida la devaluación de la moneda, que como sabemos tuvo su punto culminante en la segunda quincena de enero.

Por otra parte, se obligó a los bancos a bajar sus activos en moneda extranjera hasta un máximo del 30% de su patrimonio, con lo cual se logró la estabilización del tipo de cambio, e incluso una cierta baja del mismo, que se sostiene en el tiempo como consecuencia de la liquidación de la cosecha gruesa que se avecina y que generará un importante ingreso de divisas por exportaciones, básicamente de soja.

Es evidente que la línea impuesta por el Banco Central es mucho más profesional y permite ganar tiempo. Pero la verdad es que si simultáneamente no se sanean las cuentas fiscales todo el esfuerzo será inútil.

Es cierto que la suba de tasas de interés con el dólar estable cerca de los 8 pesos (para simplificar nos referiremos a esa moneda en particular, aunque el efecto es similar para cualquier otra moneda fuerte) genera por un lado la venta de dólares para colocar los pesos a interés, y por el otro esa oferta de dólares presiona a la baja el tipo de cambio. A su vez, el Banco Central “seca” la plaza de pesos, al colocar Lebacs, lo cual contribuye a frenar en parte el ritmo inflacionario.

En estos momentos la tasa de interés para operaciones con letras del Banco Central ronda el 30% anual, lo cual significa que si el dólar se mantiene estable está generándose una ganancia en esa moneda en torno de ese porcentaje, mientras en el mundo las colocaciones en moneda fuerte se hacen a tasas cercanas a cero. Bajar o sostener el tipo de cambio tiene entonces un costo muy alto: por un lado las tasas de interés que paga el propio Banco Central, y por otro lado la merma en la seguridad patrimonial de los bancos, que ahora ven mermadas sus posiciones en moneda fuerte para resguardar su patrimonio.

El efecto tasas de interés elevadas versus dólar quieto es lo que en otras épocas se denominó “bicicleta financiera”, que de este modo recobra fuerzas y plenitud.

En su conjunto, estas medidas enfrían la economía, indudablemente. E incentivan la bicicleta financiera: vender dólares, colocar pesos a un plazo determinado, y al recuperar el dinero con los intereses, volver a comprar dólares. La vieja y conocida historia.

Pero no queremos ser injustos con el presidente del Central, cuyo profesionalismo nadie discute. Lo cierto es que lo que ha hecho es ganar tiempo. Es obvio que si la tasa de inflación sigue más o menos alta, el tipo de cambio estable no habrá de sostenerse demasiado tiempo. También es cierto que cuando venzan las letras que coloca el Banco Central, éste deberá poner moneda en circulación para pagar las altas tasas que ha pactado, lo cual a su vez azuza el ritmo inflacionario.

En verdad, se trata de una sábana corta, con un alto costo, que permite, como queda dicho, ganar un poco de tiempo.

El problema central está en el ajuste de las cuentas fiscales, que hoy por hoy son absolutamente deficitarias y son la causa de la gran emisión de moneda que a su vez empuja hacia arriba la tasa de inflación.

La otra forma de financiar el déficit es la obtención de créditos en el mercado internacional. En este aspecto y de manera más o menos desordenada, el gobierno está intentando cicatrizar viejas heridas. Arreglar el índice de precios de acuerdo con el FMI; intentar cerrar amigablemente el reclamo de los llamados “fondos buitre”; abonar a la española Repsol un resarcimiento económico por la confiscación; o buscar una forma de entendimiento con el Club de París, son movimientos que apuntan en la dirección de hacer “buena letra” para volver al país más confiable y de tal modo obtener préstamos a tasas no tan elevadas como las que comentamos más arriba.

También es posible reducir el déficit, como es lógico. Para eso están estudiándose mecanismos de reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos (electricidad, agua, gas, transporte). Estos subsidios insumen hoy por cifras multimillonarias que llegan, según algunas estimaciones, a unos 170.000 millones de pesos anuales. Naturalmente, esto se paga con dinero del erario, que proviene de los impuestos o de la emisión de moneda, que es la generadora de la inflación y por lo tanto el llamado “impuesto más injusto de todos”. Dicho de otro modo, está estudiándose una vez más la manera de dejar de socializar las tarifas y que cada uno pague lo que consume.

Quizá colateralmente es necesario destacar que la reducción de subsidios constituirá un ahorro para el Estado, y no un ingreso adicional para las empresas prestadoras. Quitar subsidios no equivale a aumentar las tarifas en el sentido de un mayor precio para el prestador. Podría decirse entonces que es, lisa y llanamente, una suba de impuestos.

Fácil es colegir que este tipo de medidas bajarán sostenidamente el poder de consumo del salario.

Y ya que estamos, no podemos dejar de traer a cuento que el gobierno nacional está presionando a los gremios y a las cámaras empresarias para que en las negociaciones paritarias se establezca un techo “razonable”. Es decir que por un lado se intenta la reducción o quita de subsidios y por el otro se busca que los salarios no aumenten tanto. Al mismo tiempo, los salarios en dólares están hoy mucho más bajos que hace un año, justamente por la persistente devaluación de la moneda. Y bajar los salarios mejora la competitividad internacionalmente.

Y precisamente en cuanto al mercado externo, siguen las restricciones a las importaciones y las limitaciones a determinadas exportaciones. Como se sabe, prácticamente para todo hay que pedir permiso y pasar el “filtro” de la Secretaria de Comercio, que es el organismo encargado de intentar asegurar que las divisas habrán de alcanzar para importar los insumos indispensables. Especialmente la energía en forma de combustibles líquidos, gas y electricidad, que se importan por valores que alcanzan los 12.000 millones de dólares anuales.

Si bien desde el gobierno nacional existen marcados pruritos para llamar a las cosas por su nombre, está bien claro que estamos enmarcados en un esquema que ya hemos vivido en otras oportunidades: por un lado la “bicicleta financiera”, y por el otro el ajuste del salario hacia la baja. Inflación creciente y recesión por enfriamiento de la economía en general y baja del poder adquisitivo de la población en particular.

Hace varios años que el gobierno nacional viene hablando de incentivar el consumo, cosa que efectivamente ha hecho. Se ha incentivado el consumo de gas y electricidad, con tarifas tan bajas que llevaron claramente al despilfarro, a la falta de inversiones y finalmente a la necesidad de importar miles de millones de dólares de energía. También se incentivó e incentiva el consumo de productos con precios congelados o “acordados”. Ni qué hablar del tipo de cambio, que durante varios años ha incentivado de manera increíble la compra de paquetes turísticos. Y así podríamos seguir. El incentivo del consumo ha sido visto y explicado por la presidenta Cristina Fernández como un círculo virtuoso, al cual deberían contribuir los empresarios sosteniendo los precios y realizando inversiones adicionales para satisfacer la demanda creciente.

La verdad es que en la práctica esto no ha ocurrido de esta manera. Las inversiones sólo llegan si se ofrecen garantías de estabilidad y seguridad jurídica. Lamentablemente esto no existe en la Argentina. Por ejemplo: se ha prohibido la remisión de dividendos al exterior, se han confiscado empresas, se han prohibido importaciones de insumos, se han limitado exportaciones, se ha amenazado explícitamente al grupo Techint. Nada de esto contribuye a generar aquel “clima de negocios” que tanto le ha molestado al ministro Kicillof. A su vez, con un tipo de cambio “oficial” absolutamente desconectado de la realidad durante estos últimos años, resultó prácticamente imposible esperar que alguien trajera dólares para invertir teniendo que convertirlos a pesos a un valor absolutamente ilógico.

El resultado es este. Hemos vivido durante estos años por encima de nuestras posibilidades, gastándonos los ahorros a nivel macroeconómico, para decirlo de algún modo. Nos quedamos sin energía, sufrimos el marcado deterioro del transporte público, dejó de funcionar la telefonía celular, etc. Esta es la realidad que ahora habrá que ajustar, que es lo que ningún político quiere hacer.

Pero, también indica la experiencia que cuando el ajuste no se hace ordenadamente desde el Estado, ocurre por sí solo de manera desordenada.

Una cosa es bien cierta: ajustarse a la realidad será doloroso, pero es el único camino para frenar la inflación y restablecer el orden en el mercado. No hacerlo, será más doloroso aún, y probablemente desemboque en una altísima inflación con recesión, grandes conflictos sociales y baja de la calidad de vida de manera sostenida. Cabe tener presente que la falta de inversiones provoca de por sí una caída del nivel de vida. Si comparamos la situación en materia tecnológica con Chile o con Brasil, por ejemplo, esto puede percibirse claramente.

En estos momentos estamos, pues, en una suerte de impasse, con un gran esfuerzo del Banco Central, con un costo muy grande, y con la imperiosa necesidad de que el ministro de economía haga los deberes en las cuentas fiscales. Si no se hace así, tendremos una vez más que los favorecidos por la “bicicleta” se alzarán con la diferencia, mientras el hombre común (todos nosotros) deberemos soportar las consecuencias del ajuste más atroz: el que se hace solo, sin que nadie pueda controlarlo.

Por más que luego se le eche la culpa a quien sea, como suele ocurrir.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 7 de marzo de 2014

El grupo político denominado “Carta Abierta” integrado por un conjunto de personas que se califican a sí mismas de “intelectuales” ha salido a afirmar que el país se encuentra una situación “grave” y a pedir “mayores regulaciones al capital especulativo y al sistema financiero” . Estos dichos están incluidos en un documento emitido por esta organización paragubernamental cuyo título es “La patria en peligro”.

Como se sabe, esta entelequia prooficialista hace ya varios años que viene emitiendo documentos cargados de ampulosidad, neologismos y pleonasmos de dudosa estirpe castellana; todos ellos cargados de acusaciones a los que consideran enemigos de la patria, de la cual, claro está, ellos pretenden erigirse en defensores y hasta en hacedores.

Tanta aparatosidad discursiva, en tal farragoso lenguaje, parece ser que son del agrado de la señora presidenta, quien ve con buenos ojos que estos u otros “intelectuales” trasladen el dogmatismo kirchnerista a un texto de sociología política.

No nos consta que sea así, claro está. Pero su sostenimiento en el tiempo avala la inquietud. Nada se hace en esta Argentina sin el “visto bueno” de la señora, como acaba de quedar en evidencia una vez más con lo ocurrido con Fútbol para Todos y el desahucio a última hora de Marcelo Tinelli.

“Carta Abierta” incurre una vez más, en esas generalidades argumentales propias de estudiantes en los albores de su carrera universitaria. Ditirámbicas acusaciones a supuestos fantasmas que no ahora, sino siempre, impiden que los modelos “nacionales y populares”, “progresistas” y altruistas puedan llenar de felicidad al pueblo.

Así, y como siempre, caen en la volteada “las grandes empresas”, “los grandes grupos amparados en las nuevas tecnologías de la globalización” y, de soslayo, al “capital financiero” al que en esta oportunidad considera responsable de intentar imponer un “cepo financiero”, rémora evidente del cepo cambiario, que ha constituido y constituye un hito en la historia económica del país.

En esta oportunidad, el entramado discursivo pretende la “nacionalización del comercio exterior”, la “soberanía en la disposición de divisas” , en las mayores “regulaciones al capital especulativo y al sistema financiero” y a la “banca de propiedad extranjera, entre tantas”.

Salvo por la farragosidad, el texto no difiere de aquellos que pululaban en las paredes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en los años 70.

Según la particular visión de esta gente, cuyo único mérito consiste en haberse amparado en un oficialismo que necesita convertir en discurso ampuloso el populismo más elemental, el país podría avanzar en el “modelo” de no ser por las fuerzas enemigas que intentan destruirlo, poniendo así , justamente, “la patria en peligro”.

Este mismo juego dialéctico se ha repetido varias veces a lo largo de la historia reciente del país. Cuando las cosas marchan es por mérito propio, y cuando dejan de marchar o al menos se complican, es culpa de los otros que quieren destruirnos.

Lo primero que cabe preguntarse es por qué ahora querrán destruirnos quienes durante 10 años parecen haber estado muy cómodos “llevándosela con pala” (Cristina Fernández, dixit). Porque es obvio que si al país le va tan bien y todo está fenómeno resulta incongruente que quienes se benefician con ello intenten destrozarlo.

Es curioso pero al hablar del “puñado de grandes empresas” , el grupo se refiere a aquellas que “exportan más del 90% del grano, aceite y harina argentinos” (no nos hacemos cargo de la redacción, que copiamos literalmente). Y precisamente esos exportadores son los que, según la Federación Agraria y especialmente según el dirigente Eduardo Buzzi, se han favorecido siempre con las medidas del gobierno. Especialmente este dirigente, viene repitiendo al menos desde el año 2008 que las medidas del gobierno en el sector apuntan a favorecer al “sector agroexportador” en detrimento de los pequeños y medianos productores.

Es decir que, según esta visión, el sector ampliamente favorecido por la política oficial ahora ha decidido “darse vuelta” y acorralar al gobierno. ¿Esto es así? Porque si esto es así entonces tendremos que preguntarnos en qué consiste lo “popular” de un gobierno que fomenta la concentración en “un puñado de grandes empresas” y qué estaba haciendo “Carta Abierta” todos estos años.

Por lo demás, esto de acusar a un sector determinado de manera tan grave requiere algo más que la reunión de un grupo de autodenominados “intelectuales” que dedican horas al onanismo mental para finalmente “expedirse” del modo enmarañado en que lo hacen acusando a grupos económicos (los que fueren) prácticamente de sedición, sin elevar a la justicia la denuncia con elementos y pruebas concretas que permitan corroborar semejante acusación.

No vamos a ponernos en defensores de nadie. Pero de acusaciones de extorsión, pillaje, abuso de posición dominante y aprietes financieros y cambiarios estamos hasta la coronilla. ¿Alguna vez podrá demostrarse algo de esto y enjuiciar a los autores? ¿o más bien seguiremos con ditirámbicas acusaciones vacuas a la vez que insidiosas?

Parece ser, también, que debido a esta visión acusatoria la presidenta se vio forzada a tomar medidas como la devaluación de enero, que según se expresa, fue “no deseada”.

¿Las devaluaciones que vienen sucediéndose desde hace algunos meses han sido deseadas y esta última no? Debería explicársele al país por qué razón fue removida del Banco Central la señora Marcó del Pont y nombrado en su lugar un hombre de aquilatada carrera y reconocido en el medio como Juan Carlos Fábrega. Y por qué se aceleró el ritmo devaluatorio con ésta última gestión, lo mismo que la suba de tasas de interés.

Si observamos lo que ocurre un poquito más desapasionadamente, veremos que el gobierno está negociando con Repsol, con el Club de París, con los llamados “fondos buitre”, con el CIADI y en general con todo acreedor que se sienta afectado para intentar arreglar lo que durante 10 años fue desarreglado. El acercamiento a Washington para que apoye a la Argentina en la Corte norteamericana contrasta de manera contundente con la visión satánica que se pretende mostrar de EEUU cuando la prensa o el senado de ese país se ocupa de manera negativa de la situación Argentina.

La verdad es que el gobierno argentino ha entrado en una etapa complicada como resultado de lo que ha sido su política económica en general, cosa de la que nos hemos ocupado durante largos años. El modelo inflacionario consistente en la emisión espuria de moneda para soliviantar el consumo ha vuelto insostenible la ecuación.

El intento de este grupo afín al gobierno con relación al comercio exterior es un manotazo de ahogado más, porque la realidad es que sea que pierdan o dejen de ganar las empresas, o deje de ganar el gobierno nacional, siempre el país deja de ganar.

Y esto no es un juego de palabras. El comercio exterior ha estado en buena medida en manos del Estado en los años 50, y el resultado fue catastrófico. Las empresas de servicios han sido públicas durante décadas, y en la Argentina conseguir un teléfono implicaba una espera de 30 años, por ejemplo. No queremos cargar las tintas sobre esto, no es nuestra intención en este caso, sí señalar que los que perdemos somos todos nosotros, de una manera o de la otra.

Y sería bueno que alguna vez terminemos con esta clase de acusaciones vacías y pongamos sobre la mesa las cartas con las que jugamos. Porque exigirle al “periodismo de la corpo” que pruebe lo que dice para luego lanzar diatribas sin prueba alguna no parece ser el camino para encontrar la paz y el entendimiento entre los argentinos, que es la verdadera cuestión de fondo que se ha abandonado en estos últimos años.

Acá estamos divididos entre buenos y malos. Entre éticos y perversos. Entre nacionalistas y entreguistas. Entre impolutos y sucios hasta el tuétano. El maniqueísmo es terminal. Digamos que para resultar intelectuales hace falta algo más que autodenominarse así. Hace falta analizar las cosas desapasionadamente, buscar los puntos en común, desarrollar una causa común. Las diatribas, las acusaciones vacuas, los insultos y las descalificaciones no parecen ser el contenido ni el continente de cerebros que se califiquen de “intelectuales”, justamente.

El gobierno argentino está tratando de volver al mundo, de lograr alguna forma de financiamiento, de arreglar lo que desarregló. Si lo hace bien, mal o muy mal, ese es otro cantar.

En este marco una buena iniciativa sería la de sincerarse, dejar de defender una facción a todas luces intolerante y acercar a las partes, como en un juicio.

Algo de esto último parece haber en esta última misiva. En efecto, se convoca allí a "socialistas, autonomistas, liberales, nacionalistas, radicales, peronistas, izquierdistas, republicanos" para que se “encolumnen detrás del gobierno”. El asunto es si a estas alturas este pedido es creíble, dados los antecedentes de esta gente. También si es posible, dada la posición claramente dogmática que erige la señora de Kirchner en todas sus apariciones públicas, a las que se agrega la propaganda oficial y hasta los carteles de evidente raigambre fascista acusando a determinadas personas de robarle el sueldo a la gente. La verdad es que mientras de un lado se acusa a empresarios de ladrones y desestabilizadores, del otro se los convoca desde su posición ideológica a defender la Patria detrás del gobierno. Algo verdaderamente no cierra.

La verdad es que para poder sincerarse hace falta mucho más que un parrafito supuestamente conciliador. Hace falta abrir la cabeza y dejar de atacar a quienes disienten acusándolos de cualquier cosa a lo largo de varios años. Hace falta aludir a los panfletos señalado a empresarios como ladrones, hace falta demostrar con nombre, apellido y datos quiénes, cómo y cuándo desestabilizaron al gobierno mediante un “cepo financiero”, llevarlo a la justicia y demostrarlo.

Terminar con la sanata, sería la conclusión. Terminar con el verso. Terminar con el neoidioma que pretende demostrar una intelectualidad que francamente no vemos por ningún lado.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 9 de febrero de 2014

Si nos guiamos por los dichos de los funcionarios del gobierno tenemos en la Argentina un problema moral gravísimo de parte de empresarios, sindicalistas, productores agropecuarios y, en general, todos nosotros como sociedad. Excepto los políticos que nos gobiernan, que por el contrario se trata de elegidos e iluminados bondadosos y geniales defensores de la ética en estado puro.

Parecería ser, entonces, que el problema inflacionario (supuesto que se lo reconozca) es una consecuencia de malos hábitos, de la angurria de algunos, de las “avivadas” a las que alude demasiado a menudo la presidenta en sus apariciones públicas; y en cuestiones tales como la puja distributiva o las eternas y recurrentes conspiraciones.

Según el discurso oficial, prácticamente no hay sector de la sociedad que no tenga responsabilidades en el desastre que con rapidez increíble se avecina. Pero no los gobernantes.

Todos; banqueros y productores, supermercadistas y sindicalistas, periodistas y opositores políticos, resultan ser los responsables. Todos, menos tú, como se dice en España.

A estas alturas el sofisma es tan evidente que, excepto en los sectores más fanatizados que llegan a aplaudir las devaluaciones que lleva adelante un gobierno que dijo mil veces que no devaluaría; o que incluso vivan un aumento irrisorio a los jubilados anunciado con bombos y platillos por parte de una presidenta que parece haber perdido definitivamente el rumbo; todos, en realidad, parecen haber comprendido definitivamente que lo mejor es ponerse a salvo. Y esto incluye en nuestro modo de ver a los propios gobernadores e intendentes oficialistas, amén de legisladores de diversas provincias y también nacionales.

El jefe de gabinete se ha vuelto literalmente insufrible en sus idas y venidas acusatorias, en sus contradicciones con el ministro de economía, y en sus ditirámbicos entreveros verbales intentando aclarar que ahorrar es cosa de avaros pero en realidad también lo es de virtuosos.

Volvamos a poner una vez más las cosas en su lugar. La inflación es un fenómeno monetario y es responsabilidad de los gobernantes contar con una moneda sana y confiable.

Si analizamos los dichos de todos y cada uno de los funcionarios oficiales, desde la presidenta para abajo, encontraremos un discurso calcado del que en otras épocas hemos visto y oído demasiado. Todos, como decimos, aparecen como responsables de los aumentos de precios, que son “injustificados”, “excesivos”, “especulativos” y un sinfín de calificativos por el estilo.

El discurso, o más bien el relato, es lapidario: la cuestión inflacionaria, supuesto que fuera reconocida (y no lo es), es responsabilidad de la sociedad, que debe generar conductas acordes a las esperanzas del gobierno, enfrentarse y controlarse a sí misma, defenderse y “cuidar” que no la estafen comerciantes o gremialistas; empresarios o ruralistas; supermercadistas o banqueros.

¿No es llamativo que en toda esta retahíla no aparezca el punto fundamental de la desconfianza y la presión sobre los precios, que no es otro que el manejo político de la moneda? Todos los precios, todos los “acuerdos”, todos los márgenes de ganancia, toda la “cadena distributiva”, todo, absolutamente todo, se fija en pesos. Pero no se dice una palabra sobre la política monetaria. No se habla oficialmente de si tal política tendrá por casualidad algo que ver en lo que pasa con los precios. ¿No sienten, amables lectores, que algo se les ha quedado en el camino a los funcionarios oficialistas?

Pues bien, la causa de la inflación es monetaria. Y la moneda la emite el gobierno, acá y en todas partes del mundo. La razón de ser de la inflación es monetaria, y no se trata de que los argentinos somos ovejas negras. Transferir la responsabilidad es lo corriente entre los políticos. Pero los políticos, llegado el caso, también son ovejas negras, dado que son tan argentinos como nosotros.

Tenemos dos elementos claros y definidos en la formación de los precios de una economía: los bienes y servicios de un lado, y los pesos del otro. Y los funcionarios hablan de los precios y de la gente que los establece o los paga; pero no de la moneda.

Es como si en lugar de pesos se utilizaran como referencia de valor pedazos de papel de diario, digamos. Un gobierno dice que las cosas tienen que valer determinados pedazos de papel, y la sociedad debe aceptar, defender, y, llegado el caso, denunciar, a quienes no aceptan recibir esos papeles de diario en contrapartida de los bienes que entregan.

La realidad es bien simple. La Argentina carece de moneda porque el gobierno se ha encargado de destruirla. Se le ha quitado la autonomía al Banco Central cuando fue echado el anterior presidente, Martín Redrado. En su lugar se designó a la señora Marcó del Pont, quien en irresponsables declaraciones iniciales fijó la pauta: “la emisión de moneda de ninguna manera es inflacionaria”. Junto a esto, el gobierno y sus principales voceros se cansaron de repetir que el Banco Central no debía ser autónomo, sino responder a las necesidades políticas y al “modelo”. Al mismo tiempo que se avanzaba sobre la Carta Orgánica, se determinaba disponer de las reservas para pagar la deuda externa. La elocuencia del absurdo ha sido tan grande que llama la atención que solamente unos pocos hubieran levantado la voz lo suficiente.

La función del Banco Central es la de conservar el valor de la moneda. Lo es por ley, pero además por necesidad pública. No es atender los caprichos políticos.

Así las cosas, no menos de 30.000 millones de dólares se destinaron a pagos de deuda externa, dejando a los pesos sin respaldo. Al mismo tiempo, la señora Marcó del Pont ponía en práctica su aserto: la emisión no es inflacionaria. ¿Conclusión? Está a la vista.

Ahora el gobierno echó a esa señora y puso en su lugar a un técnico de reconocida trayectoria y aceptado en general en el mercado como una persona seria y responsable. ¿Se sabe exactamente por qué se hizo este cambio? ¿Nos hemos preguntado a qué se debe semejante giro si todo venía fenómeno y el Banco Central se ocupaba de atender las necesidades del “modelo”?

Entendámonos. No es que algo haya cambiado, porque como se sabe políticamente acá manda Cristina Fernández, y lo que ella decide se hace y si alguien no le gusta se lo despide y a otra cosa. De manera que el señor Fábrega, nuevo presidente del Central, no tiene casi margen de maniobra.

Pero, insistimos, ¿cuál es la causa del cambio? Respuesta: el estrepitoso fracaso de la improvisación y cuando no de la desidia monetaria.

Aclaremos el punto de la moralina: en un Estado de Derecho la gente no tiene por qué ser buena, mejor o peor, solidaria o dadivosa. La economía funciona dentro de la ley y con independencia de tal o cual consideración personal sobre virtudes y defectos. Lo que sí corresponde es que cada uno se ciña a la ley, que pague sus impuestos y que cumpla con sus obligaciones como ciudadano. Punto.

Esto de apelar a conductas, comportamientos y buena fe parece bastante absurdo. Lo que hace falta es una moneda sana. Durante la llamada “convertibilidad” se había acabado la inflación en el país. La razón de ello es la utilización de una moneda seria como referencia. Más allá de que un sistema de ese tipo es insostenible en el tiempo si hay diferencias entre la productividad de nuestro país y el país de origen de la moneda de referencia, lo cierto es que mientras se sostuvo la convertibilidad no hubo en la Argentina especuladores, angurrientos, pujas distributivas, márgenes de ganancias “excesivos”, ni nada que se le parezca.

Está muy claro entonces dónde está el problema. Porque el país era el mismo, la gente era la misma, la cadena distributiva también. Los empresarios ídem y los sindicalistas también.

En realidad, pensamos que el gobierno busca torpemente a quién echarle la culpa de sus desaguisados monetarios. Porque de otro modo la presidencia del Central no se hubiera cambiado, ni se hubiera devaluado la moneda luego de tantas maldiciones echadas por la señora de Kirchner sobre los “devaluacionistas”.

El cambio de rumbo incluye la apertura muy parcial del cepo cambiario, luego de dos largos años de sostener que los argentinos debíamos ahorrar “en pesos”, de una manera francamente infantil.

¿Cómo es posible que se piense que para que los hábitos de ahorro cambien lo que hay que hacer es obligar a la gente a cambiar? ¿Cómo alguien en su sano juicio puede creer que es necesario obligar a la población a ahorrar en pesos si eso es lo que conviene hacer?

L a moneda ha sido destruida por la negligencia, la impericia y la improvisación. Atributos claros y contundentes de personajes que habían sido presentados como “brillantes” y demuestran todos los días una increíble ineptitud.

Un comentario final sobre la emisión de moneda sin respaldo. En el último año la expansión monetaria estuvo en el orden de los 100.000 millones de pesos. Netos quedaron unos 70.000 millones. Casi un 35% del total del circulante. En diciembre la masa monetaria se expandió un 12%.

Ciertos voceros del gobierno han sostenido que mientras por ejemplo en los EEUU se emite dinero y no produce inflación, acá la cosa no funciona de la misma manera por culpa de “los empresarios”. La falacia es llamativa.

Una moneda sana se construye luego de un largo período de seriedad y autonomía del Banco Central. Sólo luego de 20, 30 o 40 años de ejercicio responsable de la política monetaria permiten dar confianza a la gente en pedazos de papel con un número que dice que valen tantos pesos, dólares o lo que sea.

Cuando esa confianza se ha logrado, una emisión adicional no lleva a la gente a volcarse masivamente a gastar los billetes provocando presión sobre los precios. Esa es la diferencia entre lo que ocurre en EEUU y lo que pasa aquí.

Digámoslo claramente. No es que la emisión no provoque inflación allá en el Norte. Sino que provoca una inflación mucho menor a menos que, claro está, se desmadre definitivamente.

Si pensamos que en 1971 una onza de oro costaba 35 dólares y hoy por hoy ronda los 1.400, está claro lo que queremos decir.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 5 de febrero de 2014

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Si bien todos los años encaramos las expectativas e intentamos pronosticar lo que sobrevendrá en materia especialmente económica, en esta oportunidad hemos preferido hacer un recuento breve, conciso y también lo más contundente posible de lo ocurrido. En la esperanza de que por sí mismo, el recuento sirva para que cada uno se haga la composición de lugar acerca de lo que puede venir durante el año que se inicia.

Empecemos por señalar que el llamado “modelo de crecimiento con inclusión social” ha sido una suerte de solución mágica basada, innegablemente, en el fabuloso incremento de los precios de las commodities en el mercado internacional. Fueron los exorbitantes precios de exportación de nuestros productos primarios los que brindaron el colchón distribucionista, que no crea riqueza sino que la gasta. En efecto, el mayor consumo de los años iniciales del modelo no estuvo basado en una mayor productividad de quienes consumen o de quienes invierten, sino en una inmensa distribución de utilidades producidas por las retenciones sobre las exportaciones a una ingente masa de consumidores que jamás tuvo en sus planes reinvertir un solo peso.

El gasto público ha sido llevado a niveles absolutamente descomunales, la exacerbación de la presión tributaria se ha visto exacerbada por la emisión espuria de moneda para obtener recursos vía la inflación, el reconocido impuesto más injusto de todos.

Los gobernantes recurrieron entonces a todo tipo de acusaciones a comerciantes y productores, a acuerdos y controles de precios de nula eficacia, expuestos en planes con denominaciones que terminan enfrentando a la sociedad entera, como el recordado “mirar para cuidar”, donde unos (los buenos) deberían encargarse de controlar a los otros (los malos) en un ejercicio maniqueo y francamente pueril.

Los controles de precios provocan faltantes de productos, mercados negros y modificaciones en los envases o segundas marcas, entre otras cosas, todo lo cual es presentado como una “avivada” de comerciantes y productores, todo ello sin considerar siquiera por un momento si la política monetaria seguida por el gobierno, que es la otra pata de la sota, se corresponde con la subsistencia de precios estables. Es que los precios lo son en una moneda que emite de manera desmadrada el Banco Central, dato que no es menor al pretender que mantenga su valor para posibilitar los precios constantes.

La inflación, negada hasta el surrealismo, terminó afectando el tipo de cambio, que es un precio más. Ello provocó el encarecimiento en dólares del país, lo cual dificultó las exportaciones, incentivó las importaciones, dando lugar al cepo cambiario y a la increíble prohibición de girar dividendos.

Ante el incremento de la inflación, la gente que cuenta con pesos y que no tiene acceso al dólar porque el gobierno mediante el cepo le niega la venta, termina refugiándose en activos físicos, entre los cuales se cuenta la compra de dólares en el mercado paralelo. Porque la realidad es que el cepo cambiario si algo pretende es que la gente se quede en pesos y soporte así el impuesto inflacionario que el Estado crea con la emisión de billetes sin control alguno. El aumento del tipo de cambio paralelo incentiva la subfacturación de importaciones y la sobrefacturación de exportaciones, deteriorando aun más la balanza comercial.

El sostenimiento de tarifas congeladas en materia energética provocó la verdadera crisis que estamos padeciendo, tanto en combustibles liquidos (que suben de precio casi dos veces por mes), gas y petróleo en general, con el consabido efecto sobre la electricidad. En todos estos años se consumieron prácticamente todas las inmensas inversiones de capital llevadas a cabo en la odiada década del 90. A las apuradas, y sin planificación alguna, están importándose combustibles de diversos países para intentar paliar la crisis, pagando por ello precios bastante superiores a los del mercado internacional.

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central le quitó autonomía a la entidad y hoy es utilizado para aportar los dólares necesarios para afrontar los pagos de deuda externa, dado que el superávit ficticio logrado en tiempos del dólar artificialmente alto fueron gastados en subsidios y en erogaciones corrientes. El Banco Central cede al Tesoro Nacional divisas para los pagos, y el Tesoro entrega letras intransferibles a 10 años que luego el primero contabiliza en su activo. De esta manera, el eufemístico “desendeudamiento”· es una falacia descomunal que se repite a lo largo de todos estos años como si tal cosa.

Las tarifas del transporte se han mantenido artificialmente bajas y los subsidios otorgados fueron, según la propia información de la Auditoría General de la Nación, verdaderas bolsas de gatos. De tal modo, el sistema de transporte está literalmente destruido y sin posibilidades de repararse excepto mediante compras a las apuradas y sin licitación alguna de cosas tales como vagones, rieles, señales, frenos, etc. para el caso del ferrocarril especialmente.

El atraso del tipo de cambio oficial ha dado lugar a un verdadero galimatías que consiste en gravar con el 35% del impuesto a las ganancias (como pago a cuenta), no solamente los gastos en moneda extranjera, sino también LAS EXTRACCIONES de esa moneda en los cajeros automáticos y luego de las “autorizaciones “ afipianas. Debemos ser el único país del mundo en el que se paga impuesto a las ganancias por haber retirado dinero de un banco o de una casa de cambios. Hasta tal punto llega el absurdo. O sobre el gasto, siendo que el impuesto a las ganancias grava LOS INGRESOS.

En estos momentos el gobierno está obligando a los exportadores que adelantes los ingresos en dólares que llegarían en realidad en mayo próximo. Esto a cambio de un bono en pesos ajustado por el tipo de cambio oficial más una buena tasa de interés. El tema es qué ocurrirá en mayo, cuando ya las divisas hayan entrado como resultado de esta nueva “promo”.

Cada día se violan más los derechos personales, cada día más se restringe la libertad de disponer de lo que es propio, cada día más se ponen trabas para viajar, cada día crece la maraña de controles, y los anuncios de nuevas medidas se corrigen en cuestión de horas según los funcionarios que tomen el micrófono.

La improvisación, el desconcierto, el eterno parche intentando atacar de manera descontrolada, apresurada y sin una visión global, nos pone en el ojo del huracán. Sin duda alguna. Estamos empachados de parches, pero estos siguen como si tal cosa, y nadie parece dispuesto a tirarnos el cuerito, como hacían nuestras abuelas.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 9 de enero de 2014

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A estas alturas puedo dar por descontado que todo el mundo conoce el decreto que dictó el gobierno nacional para exonerar del pago del impuesto a las ganancias a las personas físicas que trabajan en relación de dependencia de menores ingresos.

Para que no queden dudas y muy rápidamente, lo que se ha hecho con un decreto presidencial fue exonerar del pago del gravamen a las personas físicas que trabajen en relación de dependencia con ingresos mensuales brutos no superiores a $ 15.000. Adicionalmente, se estableció un incremento del 20% en el mínimo no imponible, en la deducción especial y en las cargas de familia para todos aquellos empleados en relación de dependencia que tengan ingresos brutos entre $15.001 y 25.000 mensuales.

El decreto merece una serie de aclaraciones e interpretaciones porque está pésimamente redactado y no contempla diversas variantes que se producen en la vida laboral cotidiana. Pero no es a esto a lo que quiero referirme.

Tampoco quiero incursionar en el terreno político, aunque la interpretación o el análisis de esta clase de cuestiones nunca pueden ser ajenos a las determinaciones políticas.

En otras oportunidades me he referido al inconmensurable atraso que tiene una serie de mínimos y topes anuales deducibles en este impuesto, como por ejemplo gastos y amortizaciones de automóviles, gastos de sepelio, viáticos, etc. También son destacables los techos a partir de los cuales los agentes de retención deben retener impuesto a los autónomos y comerciantes en general, según lo que señala la RG 830 de la AFIP, sancionada en el año 2000. Todos estos topes provienen del período de la llamada convertibilidad, es decir de cuando un peso equivalía a un dólar. Los gastos y amortizaciones permitidos en determinados casos tienen un techo establecido hace más de 20 años. A esto se suma la prohibición de ajustar los balances por inflación, lo que genera ganancias nominales y ficticias por las cuales se tributa el gravamen.

Y también, la escala de progresividad del artículo 90 de la ley de impuesto a las ganancias, que jamás fue modificada en estos años y por lo tanto sobre las ganancias netas aplica una tasa que crece rápidamente hasta alcanzar el tope del 35% por encima de los $ 120.000 anuales. Para que se tenga una idea, todos estos valores deberían incrementarse teniendo en cuenta la pérdida de valor de la moneda. Si tomamos el tipo de cambio oficial del dólar, estamos hablando de prácticamente 6 veces el valor vigente. Ni qué decir si la medición la hacemos con el dólar de la operatoria con bonos nominados en dólares conocida como “contado con liquidación”, que llevaría a multiplicar los valores por 9.

A los trabajadores autónomos no se les ajusta la deducción especial, que de por sí se eleva 3,8 veces cuando se trabaja en relación de dependencia. Y en el régimen del monotributo se llega al extremo de que una persona con un ingreso mensual bruto de $ 2.000 debe pagar ese gravamen, que es, por ley, sustituto del impuesto a las ganancias y el IVA. Es decir que alguien que recibe un ingreso bruto que es incluso inferior a la jubilación mínima está pagando, sustitutivamente, impuesto a las ganancias e IVA.

Las distorsiones se ven también en otros impuestos. Por ejemplo en Bienes Personales si bien hubo un ajuste hace unos años, se mantiene incólume el piso de $ 305.000 del valor del activo, el cual si se supera obliga a pagar el impuesto sobre el activo total. Resalto lo de activo, que no es un tema menor, porque suele confundirse con patrimonio y no es la misma cosa, obviamente. Alguien puede tener un bien que vale un millón de dólares y deberlo íntegramente, lo cual no evita que deba pagar el impuesto en caso de tener tal bien el 31 de diciembre. Piénsese que este impuesto había sido ideado con el llamativo nombre de “impuesto a las manifestaciones conspicuas de riqueza”. Es decir que alguien con un ACTIVO de, digamos, 40 mil dólares es considerado, al menos en aquella teoría inicial, un potentado. En ganancia mínima presunta el tope del activo para estar exento sigue siendo de $ 200.000. Por lo cualquier actividad comercial con un activo superior a esa cifra, paga el impuesto. Y si se trata de un campo, lo paga con independencia de que desarrolle alguna actividad en él.

El atraso en todos los valores se ha manifestado con más crudeza a partir del año 2006, cuando el proceso inflacionario derivado de la política económica basada en emisión monetaria para mantener artificialmente alto el tipo de cambio empezó a mostrar sus efectos negativos más elementales y obvios: las subas de precios.

Todos estos antecedentes creo que deben llevarnos a reflexionar sobre este nuevo decreto del PEN que pretende en teoría corregir algunas distorsiones. Veamos:

- Por un lado se establece una exoneración, una exención del pago del impuesto a las ganancias a determinadas personas por el solo hecho de tener un ingreso bruto en relación de dependencia menor a 15.000 pesos. Una categoría no prevista en la ley y que requiere una ley.

- Por el otro se fija un incremento de los mínimos no imponibles del 20% para una banda que está entre $ 15.000 y $ 25.000 siempre en relación de dependencia, estableciendo otra categoría privilegiada por un decreto, que sin lugar a dudas también requiere una ley.

- Además, se deja fuera de cualquier ajuste a las personas que trabajan en relación de dependencia y perciben más de $ 25.000.- de sueldo mensual. Y también se deja afuera a todos los demás contribuyentes autónomos, para unos y otros parece que los mínimos no imponibles no han sufrido deterioro inflacionario alguno.

- El método al que se recurre es contrario a derecho, pero además sigue manteniendo la idea de que la presidenta de la república habrá de subir o bajar el pulgar cuando lo considere oportuno, dado que la fijación de valores absolutos, o de porcentajes a partir de valores absolutos, sufre rápidamente el deterioro inflacionario sin ajuste automático posible. En una democracia republicana lo que corresponde es ceñirse a la ley, y no a la voluntad del gobernante de turno.

- Otro elemento que es digno de considerar es que según el decreto de marras, debe colocarse en los recibos de sueldo una leyenda que diga “beneficio del Poder Ejecutivo Nacional, decreto Nº 1242/13”, lo cual implica una suerte de suelto publicitario a favor del gobierno reñido claramente con las más elementales prácticas democráticas. Pero no solo eso.

- Si existe un verdadero atraso en los valores por efecto de la inflación ¿es razonable hablar de “beneficio”? ¿O acaso debería aceptarse que por lo menos a partir de ahora en alguna medida se ha dejado de quitar dinero considerando una supuesta ganancia que no es otra cosa que el producto de la inflación no reconocida?

Insisto en que no es mi intención hacer política de todo esto, que me parece muy lamentable. Pero no puedo dejar de decir que la estratificación de la población según sus ingresos o su forma de trabajo constituye un procedimiento discriminatorio claramente contrario al principio de igualdad ante la ley.

El impuesto a las ganancias es un impuesto de liquidación anual que hace rato ha perdido esa condición, no solamente por la cantidad de retenciones y percepciones que sufren los contribuyentes (incluyendo la insólita percepción del 20% por gastos incurridos en el exterior, que es contraria a la lógica misma del impuesto, que grava ingresos y no gastos), sino por los anticipos que en número de 5 completan el 100% del impuesto ingresado el año anterior, y cuya reducción en caso de no preverse igual ingreso, es factible pero dispara inmediatamente controles y verificaciones varias por parte de la AFIP, lo cual actúa como un elemento claramente intimidatorio, porque por más que uno crea tener las cuentas en orden, a nadie le gusta tener que pasar por inspecciones y revisiones que llevan tiempo y dinero por sí solas. Desde hace ya unos cuantos años, la liquidación del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, se hace en forma mensual. De tal modo, las deducciones anuales que proceden se reparten en los 12 meses, y según los ingresos que van acumulándose, se suman las porciones mensuales de tales deducciones logrando de ese modo que mes a mes el monto retenido por el empleador sea exactamente el que corresponde según la escala proyectada de ingresos y deducciones anuales. Para decirlo cortito: en lugar de tener que oblar el impuesto en el mes de abril del año siguiente, según la idea original del legislador, el mismo se paga mensualmente desde enero del año corriente. Si se considera una inflación anual del 20 o el 30%, todos estos mecanismos anticipatorios de los pagos significan un incremento de la tasa promedio, es decir entre 10 y 15 puntos más de lo que correspondería pagar si se respetara la anualidad. Es verdad que al estar prohibido el ajuste por inflación, estamos hablando de valores nominales, pero de todas maneras el costo financiero debe asumirlo el contribuyente, aparte del costo administrativo de llevar adelante liquidaciones mensuales, por parte del empleador, del mismo contribuyente en el caso de los anticipos, o del agente de retención o de percepción en su caso. Y además, dado que el ingreso se anticipa de tal manera, si el contribuyente trabaja en relación de dependencia y por algún motivo pierde su trabajo, como los cómputos de los mínimos no imponibles son anuales, seguramente quedará con un saldo a favor que deberá intentar repetir, con el consabido desgaste administrativo y burocrático, para tal vez en un futuro no muy lejano poder obtener el dinero oblado de más, claro que sin ajuste por pérdida de valor alguno.

La necesidad de corregir todas estas distorsiones (que son muchas más que las aquí señaladas) es de una obviedad absoluta, pero sin embargo, año tras año el asunto se posterga, lo cual hace que se incremente la recaudación fiscal no por efecto de una mayor o mejor actividad, sino porque se gravan ganancias y activos nominales. La pregunta es, una vez más, si cuando alguna corrección se hace se puede hablar de un “beneficio” que, además, debe ser sustituido por algún otro impuesto. Porque la verdad de esta historia es que se ha recaudado de más como consecuencia de las distorsiones, y por lo tanto no sólo no hay que crear ningún otro impuesto, sino que habría que devolver a los contribuyentes ajustado por inflación todo lo pagado de más en la última década por lo menos.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 29 de agosto de 2013

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Desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003, y aún antes, durante la gestión de Eduardo Duhalde, nos hemos referido una y otra vez a los daños que provoca el intervencionismo en materia económica. Señalemos algunos:

- El efecto inflacionario que deriva de pretender ser competitivos con un tipo de cambio alto, que se obtiene mediante el simple recurso de emitir moneda para comprar los dólares excedentes a mayor precio del que normalmente determinaría el mercado.

- El desvío de ingresos de sectores muy eficientes (en general agroganaderos) hacia sectores menos eficientes (industriales) mediante el recurso de la aplicación de tipos de cambio diferenciales logrados sobre la base de imposiciones diferentes a los primeros (retenciones a las exportaciones)

- El irreparable daño a la productividad que originan los controles de precios. Daño que deja como secuela la falta de nuevas inversiones.

- Las limitaciones o cierres de importaciones y exportaciones que afectan significativamente la producción, han deteriorado los stocks ganaderos y finalmente terminarán deteriorando la balanza comercial por la aplicación de medidas de reciprocidad de parte de terceros países afectados por las prohibiciones.

- La desaparición del autoabastecimiento petrolero, logrado a comienzos de los años 90 luego de casi 30 años en situación parecida luego de la anulación de los contratos petroleros en 1963.

Podríamos seguir largamente, recordando que las retenciones a las exportaciones eran consideradas al comienzo del gobierno kirchnerista como “impuestos distorsivos” a eliminarse en breve plazo, para pasar a ser, podo después, la forma de castigar a aquellos productores que no vendían en el mercado lo cal sus productos al precio que se le antojaba al Dr. Lavagna. Y finalmente pasar a ser la manera definitiva de intentar obtener un superávit primario para disponer de fondos para gastar en subsidios y sistemas de ayuda.

El deseo de un “modelo industrial” no es nuevo en la política argentina. Como no es nueva la creencia, incentivada hasta el hartazgo por políticos demagogos e inescrupulosos, de que si los bienes y servicios suben de precio, ello es culpa de inescrupulosos comerciantes que se aprovechan de la situación y se enfrentan así a políticos patriotas y bien intencionados que persiguen lo mejor para su pueblo.

Los cierres de fronteras no se hacen para lograr que aumenten la producción nacional y aumente el empleo, únicamente, se hacen para que uno se vea obligado a “vivir con lo nuestro”. Ningún cierre de fronteras podría tener por objetivo que bajen precios. Todo lo contrario, los cierres de fronteras producen subas de precios, lo cual constituye un daño a toda la población, inferido al socaire de la idea primitiva de incentivar la producción nacional y generar fuentes de trabajo. A todo ello se suma el atraso tecnológico, que el ex ministro nombrado negaba sistemáticamente, acusando a quienes en aquel momento pretendían que se dejara bajar el tipo de cambio, de “querer viajar a Miami”. Pero resulta que obviamente aquel dólar caro servía también para limitar las importaciones de bienes y servicios de última generación.

Es llamativamente incomprensible que cualquier componente electrónico cueste en la Argentina 3 veces más que en EEUU, donde el nivel de vida es varias veces superior y por lo tanto tales productos son absolutamente accesibles para buena parte de la población. Y la verdad está en las trabas, los tipos de cambio alterados artificialmente, y la inconcebible carga impositiva que luego pretende corregirse repartiendo “notebooks” entre los chicos.

En verdad, una de las facetas más tristes del intervencionismo es, justamente, la demagogia política. Los precios de los productos no bajan porque se emite moneda y se genera inflación, no bajan porque se aplica toda clase de gabelas a los importados, no bajan porque se cierran las importaciones y por lo tanto para conseguirlos hay que pagar el triple o más. Pero como eso es así, entonces los políticos a cargo del gobierno los reparten entre los mismos necesitados que su política genera.

El deterioro del stock ganadero fue originado en el cierre de las exportaciones. Ahora tenemos la carne inaccesible, y la presidenta se ufana de que más gente consume pollo, cuando es obvio que éste cambio de hábito se debe a que subió el precio de la primera y obligó a la población a sustituirla por los segundos.

El problema con las cosechas de trigo que no pueden venderse persiste. Eso no hace que el pan sea barato, y ni hablar de las llamadas confituras y masas en general.

Cuando Néstor Kirchner resolvió intervenir y politizar el INDEC para poder confeccionar los índices que no reflejaran la realidad inflacionaria, a fines de 2006, se decía que pensó más que nada en estafar a quienes tenían bonos indexados por el CER. Es decir, pagarles menos renta por tales títulos mintiendo los índices de ajuste. Pero eso era apenas una parte de la verdad. La otra era (y es) poder dibujar la línea de pobreza y de indigencia. No hay que olvidar que la tasa de inflación oficial no supera el 10% anual mientras los sueldos, paritarias mediante, han subido a un ritmo promedio superior al 30% anual. Esto quiere decir que cada vez hay menos pobres para el cálculo oficial. Y para disimular la realidad evidente de que eso no es cierto, se optó por repartir “ayudas” adicionales: los planes, las asignaciones por hijo, las computadoras, las cosas “para todos” (carnes, pescados, milanesas, fútbol, automovilismo, etc.)

El gobierno ha recurrido a la apropiación de los fondos de las AFJP (alrededor de 30.000 millones de dólares). A las reservas del Banco Central, a sus “ganancias” producto de las sucesivas devaluaciones, y finalmente a la modificación de la carta orgánica para poder disponer de la emisión de moneda a gusto. Es que los subsidios, que se iniciaron en 2006 y eran algo así como 6.000 millones de pesos, llegaron en 2011 según algunos cálculos a 76.000 millones (otros hablan de más de 100.000 millones de pesos)

El cambio que se atrasa produce huída de capitales, incentiva la importación de bienes (como durante la llamada convertibilidad) y cuestiones por el estilo. Entonces se prohíbe la compraventa de dólares, se cierran las importaciones, se tapa el sol con una mano.

Además de todo esto, mientras en un momento determinado se pretende obligar a ciertas empresas a distribuir dividendos, en el momento siguiente (ahora) se les impide con diversos artilugios más o menos ilegales. Mientras en un momento determinado la presidenta buscaba que el crédito fuera derivado del consumo a la producción de las PYMES, en el momento siguiente el crédito debe incentivar el consumo. Mientras un día la soja es un “yuyo” y hay que evitar la deforestación y demás, en el siguiente no se habla más del asunto. Todo parece depender, única y exclusivamente, de las necesidades de caja.

La impresionante dosis de arbitrariedad se suma al intervencionismo a ultranza. Como señalamos tantas veces, intervenir significa siempre distorsionar, y distorsionar, obliga a nuevas intervenciones, correcciones, cambios, idas y venidas.

El secretario de comercio Guillermo Moreno, como todo el mundo sabe, actúa de manera absolutamente discrecional y con un grado de arbitrariedad propio de algún rey del Medioevo. Pero el señor Moreno no es más que una representación casi surrealista de lo que en verdad es un gobierno surrealista.

Los “amigos” del poder suben y caen. Eskenazi, Moyano. La minería. Nadie está seguro de que podrá desarrollar su trabajo dentro de un marco legal determinado y permanente. Lo blanco puede ser negro en 24 horas.

El daño que produce el intervencionismo está en la Argentina exacerbado por la arbitrariedad propia de un gobierno de clara raigambre populista y cada día más autoritario.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 9 de abril de 2012

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

ECOTRIBUTARIA

Economía y Tributación

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LA VISIÓN DE LA PRESIDENTA EL BANCO CENTRAL

La Dra. Marcó del Pont concedió dos reportajes a medios afines al gobierno durante el fin de semana, lo cual de por sí no deja de ser un síntoma de la realidad que vivimos. Sin demasiada abundancia, tal vez hubiera sido mucho mejor una ordenada conferencia de prensa en la que diversos medios pudieran asistir con periodistas especializados en economía y finanzas públicas. No ha sido el caso y ya de por sí es una limitación que debemos mencionar.

No tenemos nada para decir ni a favor ni en contra de la persona de esta funcionaria, por lo cual leímos de la manera más desapasionada posible sus opiniones en estos reportajes, del mismo modo que lo hicimos cuando asistió al Congreso hace unos días.

Pero la verdad es que, al menos en materia de política monetaria, siempre esperamos explicaciones técnicas que tal vez no nos convenzan, pero cuyos fundamentos podremos tal vez refutar. O no.

Pero cuando leemos, en el inicio mismo de la nota algo como lo que sigue: “damos vuelta la página de la que fue una de las etapas más perversas en término de abandono de soberanía para hacer política económica”, no podemos menos que destacar nuestra perplejidad.

¿No debería explicar la señora Marcó del Pont por qué consintió durante todos estos años como funcionaria en el Banco de la Nación y ahora en el Banco Central esta “etapa perversa” en buena medida refundada por el ex presidente Néstor Kirchner cuando estableció el ahora famoso recurso de las “reservas de libre disponibilidad”? ¿E incluso lo hizo el gobierno al que ella tan fervientemente pertenece?

La verdad es que este tipo de afirmaciones se acercan mucho más a consignas de barricada que a explicaciones más o menos técnicas. Esto es obvio. Y tal vez por eso se explica que hubiera elegido a dos medios oficialistas para ser reporteada probablemente por periodistas no especializados, además.

Luego podremos analizar si el hecho de fijar pautas para garantizar con reservas en moneda dura el circulante es abandonar la soberanía para hacer política económica o no. Y a su vez si eso en sí mismo es “perverso” o no lo es. Pero al menos debemos decir que este tipo de afirmaciones no nos parece en absoluto serio.

En los reportajes la funcionaria hace aclaraciones sobre la nueva función a cumplir por el Banco Central, respecto de la orientación del crédito y en general sobre regulación de tasas de interés, protección del consumidor y designación o asignación de prioridades de inversión en todo el universo conocido.

Nuestra opinión es que toda forma de intervencionismo tiende a incrementarse porque las distorsiones que provoca genera la necesidad de nuevas intervenciones, hasta que se llega a un punto en el que prácticamente todo se halla intervenido y un funcionario, o un grupo de ellos, obtiene facultades para decidir prácticamente sobre todo lo que ocurre en materia económica y financiera. Algo parecido a lo que se da con el secretario de comercio Moreno, para dar un ejemplo concreto. No compartimos esa idea porque consideramos que genera permanente incertidumbre e incluso arbitrariedad.

Ahora bien, ¿opinar de este modo y fundamentar nuestra opinión nos convierte por ese sólo hecho en ideólogos que nos oponemos a la profundización del “modelo”? ¿Deberíamos callarnos para no ser considerados entregadores de la soberanía de la política económica? ¿O simplemente somos profesionales que no coincidimos con este tipo de visión de la función del Banco Central y mucho menos con la acusación masiva a quienes no comparten la línea argumental de la funcionaria?

Transcribimos ahora otro párrafo de la entrevista: “Es totalmente falso decir que la emisión genera inflación. Solamente en Argentina se mantiene esa idea de que la expansión de la cantidad de dinero genera inflación. El pánico que se quiere transmitir alrededor de la capacidad de financiar al Estado es muy parecido al debate sobre el uso de reservas para pagar deuda. Es el mismo discurso. Descartamos que financiar al sector público sea inflacionario, porque según esa afirmación los aumentos de precio son por exceso de demanda, algo que no vemos en Argentina. En nuestro país los medios de pago se adecuan al crecimiento de la demanda y las tensiones de los precios están por el lado de la oferta y el sector externo”

En este párrafo la funcionaria niega rotundamente que la emisión de moneda genere inflación. Atribuye arriesgadamente una intencionalidad al afirmar que “se quiere transmitir” pánico, como si se tratara de no de opiniones diferentes, sino de una especie de conformación diabólica, una conjura para provocar daño. ¿No es excesivo? ¿Puede probar tamaña acusación? Pero de inmediato afirma que los aumentos de precio ocurren por exceso de demanda…y que las tensiones en los precios están por el lado de la oferta. ¿De qué manera se coadyuva a provocar una mayor demanda sin que tenga efecto en ello el incremento de la cantidad del circulante en torno de un 40% anual?

Las críticas al financiamiento del Estado “no tienen fundamento alguno, tienen un condimento ideológico; lo que subyace es que, o bien el sector público tiene que hacer ajustes, o bien tiene que salir a tomar deuda en el exterior”

Hablar de “condimento ideológico” resulta en nuestro modo de ver fantasmagórico y malintencionado, descalificador, digamos. Porque que alguien piense que el sector público deba volverse más eficiente y menos gastador parece bastante fundamentado. Por otro lado la misma funcionaria dijo días pasados que si no se modificaba la carta orgánica como se hizo, habría que hacer ajustes de envergadura. Es decir que en conclusión lo que se ha logrado es una forma de financiar para no ajustar. Esa parecería ser la idea. Y financiar gastándose las reservas podrá llamárselo como se quiera, pero ES ajustar.

Hay en el reportaje acusaciones de falsedad a quienes no comparten el punto de vista oficial, lo que obviamente equivale a tratar de mentirosos a profesionales que difieren en su apreciación. Las respuestas que uno espera de una funcionaria técnica, la verdad es que son otras.

No queremos cansar a nuestros lectores, de manera que copiamos un último párrafo del reportaje para que pueda verse claramente esa especie de “no pero sí” tan recurrente y tan lamentable en las opiniones de muchos políticos y funcionarios, de un lado y del otro.

“El Banco Central no va a hacer ninguna política de expansión de la cantidad de dinero que crea que es inconsistente con la demanda de dinero, porque la tensión inflacionaria puede surgir de eso, de una política de creación de dinero que no sea acompañada de una demanda acorde”.

Si el Banco Central no va a expandir la cantidad de dinero por encima de la demanda, la señora está claramente coincidiendo con quienes afirman que la emisión sin respaldo produce inflación. Porque la mayor demanda de dinero solamente se producirá si existen bienes y servicios adicionales que la justifiquen. Si esto es así, y si la señora coincide, entonces ¡estamos de acuerdo! Porque nadie que se sepa se opone a la creación de dinero, a lo que se opone es a que se expanda el circulante un 40% anual cuando la economía crece al 8%.

Entonces, ni falsedades ni contubernios diabólicos. Solamente conclusiones técnicas.

Pero la funcionaria termina no explicando por qué la inflación viene del lado de la oferta con semejante expansión monetaria dado un crecimiento de la economía importante, pero muchísimo menor que tal expansión, como queda dicho.

Demasiados fantasmas, demasiados demonios, pero ninguna explicación sobre un hecho tan fácilmente demostrable.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 26 de marzo de 2012

ECOTRIBUTARIA

Economía y tributación

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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ECONOMÍA: DEL CEPO AL AJUSTE

Nadie puede poner en duda a estas alturas que las medidas en materia de restricciones a la compra de moneda extranjera, tales como la “autorización” previa de la AFIP constituyen en realidad un verdadero cepo para evitar la fuga de dólares del sistema. Ningún control de este tipo apunta a capturar evasores porque es evidente que para poder capturarlos es preciso primero corroborar el delito, lo que obviamente no ocurre cuando un sistema operativo dice que alguien “no tendría capacidad contributiva” o frases por el estilo, sino cuando se adquiere moneda extranjera con dinero de origen ilegal.

Nadie parece tampoco dispuesto a discutir seriamente la clara violación de preceptos constitucionales que llevan ínsitas esta clase de disposiciones en cuanto prohíben la libre disposición del patrimonio personal y obligan a los interesados a introducirse en un verdadero laberinto borgeano para intentar sortear las dificultades. Las cuales por otra parte suelen tener un origen desconocido o responder a cuestiones absolutamente ajenas a la falta de declaración de bienes y haciendas, tales como por ejemplo errores u omisiones formales o detalles nimios en la composición de un patrimonio.

La cuestión no se ha quedado solamente en esta especie de “vista previa” sino que ha avanzado de manera casi risueña con la aparición de sabuesos encargados de detectar si quienes viajan al exterior llevan ocultos entre sus prendas y petates, billetes de banco de origen extranjero.

A las restricciones a las importaciones impuestas desde hace ya bastante tiempo, se les suman cada día nuevas y fervorosas “iniciativas” tendientes a limitar mediante autorizaciones oficiales las adquisiciones en el Exterior de prácticamente todos los productos, con esa forma primitiva de proceder que tienen ciertos funcionarios de raigambre intervencionista que no alcanzan a ver que cualquier medida restrictiva en un mundo interconectado y en el que toda transacción requiere de dos partes, lo mismo que para bailar el tango.

En verdad, todo este galimatías policíaco tiene como único fin mantener una balanza comercial favorable en torno de los 10.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta que siempre las restricciones producen represalias y mercados negros, amén de encarecimiento de productos y la tan odiada “desaceleración” de la economía.

Nuestro país ha recurrido con persistencia al uso de reservas del Banco Central para hacer frente a compromisos de deuda en divisas. Ello en virtud de que el superávit fiscal hace rato que ha mermado o directamente se ha extinguido, y que cuando existía se lo destinaba al gasto corriente en lugar de destinarlo a la adquisición de las divisas para hacer frente a los compromisos externos. El uso de tales reservas deteriora el valor de los pesos y contribuye a acelerar el proceso inflacionario, al tiempo que las restricciones o “cepo” al que venimos refiriéndonos opera en el sentido de frenar la economía y por lo tanto disminuir la tasa de inflación.

Pero resulta que llega un punto en que las reservas no alcanzan, el cepo importador produce reciprocidad de los clientes y proveedores externos y en definitiva la cuesta se empina hacia abajo cada vez más rápidamente.

Ni los controles de precios ni la deformación de los índices de inflación pueden modificar la realidad. Por ello, mientras el dólar oficial se mantiene dentro de un rango deprimido con respecto a la inflación real, se encarece cada vez más el costo de producir bienes y servicios y baja la competitividad, dificultando tanto la producción como las exportaciones locales. El efecto es más grave todavía si tomamos en cuenta las restricciones insólitas a las exportaciones de ciertos granos y otros productos agropecuarios.

El viejo adagio de la sábana corta es perfectamente aplicable a la situación argentina. El deterioro de las cuentas fiscales se ve agravado además por el estancamiento de los precios de las commodities en el mercado internacional. También la quita de subsidios a los servicios de agua, electricidad y gas tienden claramente a provocar una desaceleración real. Lo que ocurre con los subtes, más allá de la cuestión política (o más bien politiquera) es una cruda realidad. El boleto de ese medio de transporte estaba costando algo más de 20 centavos de dólar, un valor a todas luces ridículo y que hace inviable la prestación del servicio sin un claro subsidio estatal. Para que el boleto de subte deba ser elevado un 127% de una sola vez, tienen que estar las cuentas lo suficientemente deterioradas, porque de otra forma no termina uno de explicarse el porqué. Ningún político es un kamikaze, y no importa el partido de que se trate.

El gobierno argentino ha venido intentado disfrazar esta realidad con propaganda política y ataques a los medios disidentes. Como ha hecho con el INDEC, ha decidido que el ocultamiento de ciertas verdades de a puño hace que éstas desaparezcan o se disimulen de tal modo que no habrían de notarse.

Nada de eso dará resultado, obviamente. 70 años de propaganda no lograron impedir la caída del Muro de Berlín, y ninguna “revolución cultural” pudo detener el avance capitalista de la República Popular China. Más atrás en el tiempo, ya sabemos dónde terminaron los regímenes autoritarios vigentes durante la segunda guerra mundial, con su aparato de propaganda y sus “radios del pueblo”. El final es inevitable.

El verdadero estado policial impuesto en las transacciones comerciales, limitante del derecho a disponer de los bienes propios, propagador de sistemas de información y delación de carácter fiscal y bancario que han terminado con los secretos en ambos campos, y la proliferación de sistemas de control que limitan o dificultan seriamente la operatoria comercial y financiera no están destinados a mejorar el control para cumplir con exigencias internacionales sobre lavado de dinero. Ningún permiso previo, ninguna autorización de importación, ninguna restricción de exportación, ningún control de precios, ningún régimen de información masivo sobre movimientos bancarios o de tarjetas de crédito, contribuye un ápice a disminuir o terminar con el lavado de dinero. Máxime cuando el país hace apenas cuatro años llevó adelante mediante una ley un blanqueo de capitales de una amplitud y generosidad que no tiene explicación dentro de la lógica que hoy se pretende defender.

El cepo cambiario y del comercio exterior en general lleva claramente la marca del ajuste más brutal. A ello se le suma la quita de subsidios, que no hace sino llevarnos a preguntar para qué se impusieron si no eran medidas adecuadas, o en su caso por qué razón dejaron de serlo.

Del cepo al ajuste no hay ni siquiera un paso. Son los dos impostores de Rudyard Kipling: el triunfo y la derrota. El triunfo de las medidas restrictivas contribuye a la derrota que significa el denostado ajuste.

Héctor Blas Trillo Buenos Aires, 11 de enero de 2012

La cuestión no es nueva. Desde hace unos 40 años los argentinos han decidido que el dólar es la moneda de referencia para valuar sus operaciones económicas y financieras. Prácticamente desde el abandono del peso moneda nacional, el 31 de diciembre de 1969, las operaciones trascendentes empezaron a nominarse en la moneda norteamericana.

Recordamos todavía casos en los que se hablaba de cifras millonarias en pesos, como el famoso pase al fútbol inglés del jugador de Rácing Julio Ricardo Villa en el año 1977. Sin embargo eran excepciones y al menos en los ámbitos universitarios todo el mundo hacía la cuenta y trasladaba a dólares los pesos de entonces.

Generalmente desde los sectores políticos se apunta a cuestiones nacionalistas y morales para culpar quienes prefieren tener dólares y no la moneda local. Las apelaciones patrióticas no se condicen, sin embargo, con las actitudes públicas y privadas de la inmensa mayoría de los políticos opinantes. Basta enterarse de lo que muestran las declaraciones juradas de cualquier personaje medianamente público para comprender que se cumple a rajatabla el viejo dicho de “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”.

Cargar de culpa a personas honestas que ganan su dinero con el trabajo cotidiano porque deciden poner a salvo sus ahorros en moneda extranjera y en sitios más seguros que los bancos o los bonos emitidos por el Estado argentino, no parece ser una explicación técnica de por qué ocurre lo que ocurre. Sin embargo, el esquema se repite una y otra vez.

Tenemos vívida en nuestra retina la imagen de un conocido periodista televisivo acusándonos a todos de no ser lo suficientemente nacionalistas. De no querer lo necesario a nuestra patria. De no responder con nuestro esfuerzo a lo que este maravilloso país nos ha dado.

¿Es así la cosa? ¿Somos los argentinos tan desapegados y tan poco generosos con nuestro terruño que preferimos huir del peso, y además hacerlo hacia la moneda del país más odiado y a la vez más amado por millones de compatriotas?

Las apelaciones a la moral y la amor a la patria suenan huecas en términos de análisis económico. Cuando el barco se hunde cualquiera en su sano juicio intenta tomar alguna tabla que lo sostenga a flote. Esta realidad es aplicable a todos los argentinos. Diríamos mejor a todos los habitantes de esta gran Nación.

Veamos: Un peso actual equivale a 10 billones de pesos moneda nacional del 31 de diciembre de 1969. Si analizamos las explicaciones dadas por la clase política a lo largo de todos estos años respecto de las verdaderas razones de la pérdida de valor y la desaparición de varios signos monetarios desde aquel entonces, nos encontraremos que en prácticamente todos los casos la culpa fue de agiotistas y especuladores, de acaparadores y de empresarios oportunistas. Pero la verdad es que solamente el Estado puede emitir moneda, y ningún signo monetario puede perder 13 ceros en algo más de 20 años (1970/1991) como ocurrió con el viejo peso si no se emiten impresionantes cantidades de billetes.

Porque la verdad es que más allá de precios relativos y cuestiones coyunturales sobre tal o cual sector, lo cierto es que la pérdida de valor de la moneda es la contrapartida de la suba de los precios cuando ésta es generalizada. Resulta obvio que dada una cierta cantidad de bienes y servicios en una economía, no es posible que todos ellos suban su precio al punto de valer 10 billones más en 20 años.

En el derrotero inflacionario de la Argentina, hay puntos que se recuerdan especialmente. El “rodrigazo”, el “desagio”, el “plan Bónex”, el “corralito”, el “corralón”. Pero lo cierto es que el fantasma siempre estuvo sobrevolando nuestras cabezas. Todos podemos percibir que si hay una fiesta, ésta no ha de durar para siempre.

La cantidad de veces en que los ahorros en pesos a lo largo de estos cuarenta años les fueron birlados a los ahorristas es demasiado elocuente. Es muy recordado el caso de la “ley de intangibilidad de los depósitos” apenas pocos meses antes de la debacle de la llamada convertibilidad.

Y precisamente es la salida de la convertibilidad el punto culminante de una serie de estafas devaluatorias sufridas a lo largo de los años. Aquellos “pesos convertibles de curso legal” equivalían a dólares, precisamente. Cuando el Estado resuelve abandonar el sistema y devaluar esos pesos, en realidad incumple el contrato que duró 10 años según el cual asumía el compromiso de convertir tales pesos a dólares en la relación uno a uno.

El Estado jamás se hizo cargo de la diferencia entre aquel peso convertible y el resultado de la devaluación. Tampoco recordamos que nadie la hubiera reclamado. Pero lo cierto es que cuando se lleva a cabo dicha devaluación, lo correcto hubiera sido que el Estado argentino pagara a cada tenedor de aquellos pesos la diferencia, de manera que si ahora con un peso convertible alguien podría comprar 33 centavos de dólar, el Estado, garante y soberano, debería haber entregado los 67 centavos restantes. O un bono, o un título, o lo que fuera por la diferencia. Eso no ocurrió jamás.

Vemos en estas horas que el Estado ha iniciado un incierto derrotero de ajustes que intenta convertir en patriada generosa y solidaria de renunciamiento a los subsidios. Pero los subsidios han servido en estos años no sólo para ocultar la verdadera tasa de inflación (más allá de los cálculos del INDEC) sino también para crear la idea de que estamos en un clima de mejoría generalizada cuando en realidad si tales subsidios no hubieran sido otorgados la situación económica de los habitantes sería bien diferente. Creemos que esto es obvio y no requiere más explicación.

Pero si de alguna manera se sincera ahora el verdadero valor de la energía en general, o del agua, o de los transportes, tendremos un incremento en los precios y tarifas que afectará el índice de inflación y por lo tanto reflejará en los hechos que el verdadero valor del peso es todavía bastante menor que aquel que el Estado dice que es.

Tomamos el tema de los subsidios como una muestra palpable de lo que ocurre. Porque la verdad es que si se subsidia es porque se supone que es necesario. Y si lo es, es porque la productividad es demasiado baja y los ingresos no le alcanzan a la gente. En otras palabras: durante años se ha creado una especie de burbuja de bienestar que ahora hay que sincerar porque los números ya no dan.

¿Abarcará ese sinceramiento también al dólar? Evidentemente las trabas a las importaciones, el tardío intento de liberación de importaciones y el esquema policial para tratar de frenar el dólar en el mercado libre indican claramente que sí. Para ponerlo en otros términos, aquello que el Estado intenta proteger a como dé lugar (el dólar) obviamente vale más de lo que se dice. Porque si no fuera así, y por pura lógica, nadie lo demandaría y tales trabas no tendrían sentido alguno.

La moneda no equivale a riqueza, como suele confundirse sobre todo en círculos “intelectuales” conformados por filósofos, artistas y otras yerbas que poco “manyan” de cuestiones económicas. La moneda es un pagaré, una equivalencia de los bienes. Un pagaré que bien puede resultar devaluado de la noche a la mañana sin que el Estado se haga cargo de la diferencia, como explicamos.

En la situación actual, vemos que el Estado argentino ha desmantelado el Banco Central como garante del valor de la moneda, se ha apropiado de los ahorros de los jubilados en las AFJP, viene apropiándose de las reservas para pagar la deuda en lugar de adquirir los dólares para hacerlo con genuino superávit fiscal, etc. Lo que vemos, dicho claramente, es que no podemos tener ninguna garantía de que estos pesos de hoy, más la tasa de interés que pueda representar colocarlos a plazo fijo, darán un valor equivalente dentro de un año.

No caben dudas de que también la moneda dólar, o el euro o cualquiera otra está hoy endeble y con problemas en el mundo entero. Pero hay monedas que son más confiables que otras. Y esa confianza tiene que ver con el manejo monetario de los países que las emiten. Tan sencillo como eso.

La semana pasada en Montevideo se vendían dólares contra pesos a 5,55 por unidad. En Buenos Aires, en el mercado libre, se vendían a 4,80. Pero el Estado argentino nos decía que el dólar valía en realidad 4,28 pesos por unidad ¿Quién en su sano juicio no intentaría adquirir dólares a este último valor? Es de una obviedad meridiana.

Entonces, para que la elección sea ahorrar en pesos, es indispensable que el Estado argentino cree las condiciones que permitan contar con una moneda sana y confiable, dentro del un marco institucional de respeto por la ley y la Constitución. Con un Banco Central independiente, con normas monetarias claras, precisas y estables, y fundamentalmente autónomas del poder político.

No se logra la confianza de la noche a la mañana, y mucho menos con declamaciones vacuas por parte de quienes cuando pudieron compraron dólares o sacaron sus depósitos del país.

Todos podemos imaginar cómo terminará la historia y tenemos miedo. Y tenemos razón de sobra en tenerlo.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 28 de noviembre de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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Una buena administración permite reducir la carga tributaria. La auditoría fiscal brinda un reaseguro de gran importancia.

Una segunda opinión, nunca está demás.

ECONOMÍA: IMPROVISACIÓN Y BARBARIE

Las abrumadoras novedades que va conociendo la población por estas horas en materia de política económica, muestran a las claras que no todo venía marchando sobre ruedas como solían manifestar, corrientemente, diversos representantes del oficialismo.

A las medidas represivas y persecutorias adoptadas en materia cambiaria, rápidamente le siguieron los burdos intentos para frenar importaciones de los últimos días, con exigencias claramente incumplibles que en parte debieron ser anuladas por la reacción de los operadores, impedidos como se encontraron, de la noche a la mañana, de cumplir con sus compromisos.

El mercado exportador se ha encontrado también envuelto en reclamos de todo tipo para que proceda a ingresar y liquidar divisas. Las petroleras y la mineras, como se sabe, ya no podrán dejar parte de los ingresos de sus operaciones en el exterior como se había fijado durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora están obligadas a traer al país el producido de todas sus ventas al exterior.

Tenemos información de que la AFIP ha iniciado procesos de inspección a quienes han solicitado la compra de dólares y no contaban con la “validación” correspondiente, aún teniendo sus cuentas en orden. Ello aparte de haber negado en primera instancia la posibilidad de adquirir la moneda extranjera. Es decir que el contribuyente deberá esperar que la AFIP se expida, por así decirlo. Un procedimiento absolutamente anómalo y contrario a derecho. Pero absolutamente posible en la Argentina que nos toca vivir políticamente hoy por hoy.

La línea ideológica que se observa es siempre la misma: intervencionismo, arbitrariedad y negación de la realidad económica.

Todo el mundo sabe que el INDEC es un organismo absolutamente devaluado desde la intervención política a comienzos de 2007. Pero todo parece indicar que los gobernantes sí creen los datos que surgen de este organismo. Así las cosas, mientras la tasa de inflación, los indicadores de crecimiento o los índices de pobreza van por un lado, las políticas “activas” de un gobierno volcado a pleno al voluntarismo más autoritario, van por otro. Pero nada es nuevo, incluso dentro del régimen kirchnerista.

En efecto, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner el Dr. Lavagna hacía referencia a premios y castigos en materia de derechos de exportación a quienes hicieran “buena letra” con los precios locales. Luego de la salida del poderoso ministro, se produjeron las increíbles prohibiciones de exportaciones cárnicas y trigueras mediante “resoluciones” ministeriales. Lo dicho: arbitrariedad, autoritarismo y voluntarismo. Desde las usinas del Poder se habla, y se habla, de “disciplinar los mercados”. Más claro agua.

Es obvio que si se incrementa la salida de capitales (que lleva más de cuatro años, dicho sea de paso) por algo es que lo hace. Es natural que si la gente se vuelca a comprar más dólares, también es por algo que ello ocurre. A su vez hay motivos para que suban las tasas de interés, que más que se duplicaron el pocos días. La autoridades contestan a estos problemas con medidas prohibitivas, restrictivas, disciplinarias.

La rusticidad es un elemento distintivo del autoritarismo, y por ende lo es también dentro del “modelo” económico reinante. No ha servido de mucho comprobar el desastre al que llevaron las mismas políticas en materia de carne vacuna, como podemos comprobar actualmente cada vez que concurrimos a la carnicería o al supermercado. Tampoco ha sido suficiente corroborar que algo parecido está ocurriendo con el trigo, que cada vez se utiliza más para alimentar hacienda en feedlots porque no es posible venderlo y mucho menos exportarlo.

La exigencia a los bancos para que las tasas de interés no superen el 20% es al mismo tiempo un dato autoritario y ridículo. El costo del dinero no se determina es el que el mercado paga. Lo mismo ocurre con el precio de todos los bienes y servicios. Los topes y los congelamientos conducen a los resultados de sobra conocidos: precios por las nubes, mercados negros, hiperinflaciones.

Ahora bien, hablamos de autoritarismo porque ello es evidente. Pero no dejamos de preguntarnos por qué no se designa gente idónea para el manejo de la economía. No tenemos una respuesta, excepto que al parecer a la presidenta le gusta que las cosas sean de este modo.

Es evidente que en las últimas medidas ha privado no solamente el autoritarismo y su correlato la rusticidad, sino que también se ha colado la improvisación. El carro se ha puesto delante de los caballos, claramente.

La destrucción del mercado cárnico ha sido el producto de pretender sostener precios bajos prohibiendo exportaciones. Y lo mismo ha estado ocurriendo en materia energética o en la comercialización del trigo.

La realidad económica, y en términos mucho más generales, la realidad; indican que las prohibiciones y los miedos no hacen sino ratificar que existen problemas. Lo mismo que los controles de precios (que también son prohibiciones) o los cierres de importaciones (que también lo son) y así en cada sector y rubro. Las gentes en general no comen vidrio y difícilmente se queden tranquilas esperando que las prohibiciones dejen de existir por haberse convertido en abstracciones. Y en nuestra opinión eso está ocurriendo ahora.

Quien hoy por hoy se ve en la necesidad de hacer operaciones en pesos porque no puede hacerlas en dólares, difícilmente tome como precio el del dólar controlado por el gobierno. Buscará un precio de referencia libre. Y si éste no existiere porque la represión oficial impide que se lleven a cabo operaciones; la cuestión pasará a medirse en términos comparativos con referencia a valores libres, como pueden ser los bienes o títulos cuyos mercados funcionan bajo la ley de la oferta y la demanda. Y tales mercados tomarán en cuenta la devaluación teórica de la moneda en un mercado libre, por ejemplo en Uruguay. Pretender que esto no ocurra será imposible, como lo es disimular el verdadero índice de inflación en la carrera de los precios y los salarios.

Está demasiado claro que ni la improvisación ni la barbarie (que no otra cosa es la rusticidad que se aplica) no podrán llegar muy lejos. Lamentablemente.

Sería bueno intentar no perder esta oportunidad para hacer las cosas razonablemente bien. Pero sinceramente no podemos esperar que ello vaya a ocurrir. Ojalá estemos equivocados.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 20 de noviembre de 2011

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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ACTUALIDAD ECONÓMICA: REFLEXIONES EN LA COYUNTURA

“No confundir aserrín con pan rallado” Proverbio español

Como es sabido, nuestro país ha venido creciendo a elevadas tasas a lo largo de varios años luego de la penosa experiencia de fines de 2001. Las razones de ese crecimiento hay que buscarlas fundamentalmente en dos aspectos. El primero es lo mucho que había caído la economía durante la crisis a comienzos de 2002. Lo segundo es la impresionante suba en los valores de las materias primas.

Los elementos concomitantes han sido la enorme quita que se logró en la renegociación de la deuda externa, la impresionante devaluación del peso argentino (cuya convertibilidad fue desconocida por el Estado) y la paralela sobrevaluación de la moneda extranjera. A ello se le suma la denominada “pesificación asimétrica” que implicó un importantísimo traslado patrimonial de parte de los acreedores a los deudores en general.

Factores tales como los altos precios internacionales y la subvaluación del peso hicieron posible la aplicación de importantes impuestos a las exportaciones que generaron la idea de que en nuestro país existía un genuino superávit fiscal.

Al mismo tiempo, las autoridades fueron aumentando el intervencionismo. A veces en forma de controles, otras de prohibiciones o trabas, otras de permisos o negativas de diversa índole y por diversos motivos. Y finalmente una enorme gama de subsidios en los cuales se ha venido distribuyendo el dinero proveniente del superávit fiscal citado, dinero que debería haberse destinado íntegramente a adquirir dólares para poder enfrentar los pagos de la deuda externa, según el acuerdo de refinanciación al que se arribó luego del default. Todo esto más allá de que es obvio que el esquema se volvería insostenible por el simple transcurso del tiempo.

Es que si nada es para siempre, menos aún lo es una economía basada en un artilugio monetario. Por lo menos esa parte entendemos que ha llegado a su fin.

Tenemos entonces una economía que todavía muestra signos de crecimiento, que sigue amparada en los altos precios de las llamadas commodities, pero que evidencia grandes flaquezas en materia energética y de infraestructura, que carece de nuevas inversiones de envergadura y que ha consumido buena parte de su capital mediante políticas de subsidios que exacerbaron el consumo aprovechando la baratura.

La falta de inversiones ha tenido su razón de ser. Y tal razón no es otra la inseguridad jurídica que significa la falta de apego a la ley, la falta de respeto de los contratos, la arbitrariedad emanada básicamente de la secretaría de comercio y en general la persecución de inversionistas no amigos del poder, nacionales y extranjeros.

Nadie arriesga capital si no cuenta con un horizonte serio y de respeto de la juridicidad, tal como viene lamentablemente ocurriendo en la Argentina, donde prácticamente todos los factores de la producción pasan a ser apéndices del estado “activo” que tanto se declama y que consiste en tener que negociar a cara de perro con un funcionario de segundo o tercer orden a cuánto habremos de vender tal o cual producto; si deberemos exportar para poder importar, si contaremos con las materias primas necesarias y si tendremos o no la energía que requieren nuestras plantas para funcionar.

En estas horas se ha generado un gran revuelo en materia cambiaria como consecuencia de las medidas que se tomaron respecto de la adquisición de moneda extranjera, que todo el mundo conoce. Pero estas medidas son en verdad la consecuencia de otras anteriores. En general improvisadas y todas tomadas de apuro.

Las limitaciones a las importaciones, las exigencias a los exportadores para que liquiden sus divisas rápidamente, los llamados telefónicos a importadores para que demoren sus compras, la eliminación de normas de liquidación de divisas para petroleras y mineras dispuestas durante el gobierno de Néstor Kirchner, el pavoroso incremento del gasto público y un sinnúmero creciente de etcéteras mostraron una realidad que dista de funcionar aceitada y regularmente.

Si bien es cierto que una economía es algo dinámico y que siempre es posible (aunque para nosotros no sea lo deseable) ajustar aquí o allá determinadas cosas, no es razonable que de la noche a la mañana uno se encuentre con novedades tales como que si quiere importar autos debe exportar por montos equivalentes lo que sea, y cosas así. La actitud quijotesca puede dar algún resultado en el cercanísimo plazo, pero termina ahuyentando al más pintado. Y no hay que dejar de decir que ese resultado tiene un costo. Un importador no puede de la noche a la mañana salir a exportar limones, de manera que si necesita hacerlo, debe recurrir a un productor exportador de limones que por supuesto cobrará su comisión. Ningún mecanismo absurdo como éste puede resultar gratuito.

Que la AFIP se yerga en un ente que autoriza o niega la compra de moneda extranjera es, a todas luces, una clara extralimitación legal. Pero además los argumentos que se aducen acerca de la necesidad de evitar el lavado de dinero resultan cuando menos ridículos.

Precisamente si de lo que se trata es de atrapar a evasores o lavadores de dinero, lo mejor que puede hacerse es dejar que hagan sus operaciones y luego caer sobre ellos con todo el peso de la ley. Así, lo que se logra es que no se acerquen siquiera a una casa de cambio, con lo cual no se los detecta y por lo tanto no se llega a hacer la justicia que se declama. Es como hacer sonar la alarma cuando el asaltante está a punto de cometer su asalto. Es obvio que escapará tan rápido como pueda.

Esto demuestra el absurdo de esta medida y la ridiculez de la explicación que se ha dado.

Por otra parte, desde determinados sectores politizados se ha caído una vez más en la teoría conspirativa según la cual “determinados sectores” intentan provocar la caída del gobierno. El proverbial “golpe de mercado” de otrora.

Sin embargo, la realidad muestra que el gobierno ha venido utilizando reservas para pagar los servicios de la deuda externa, que se ha apropiado de los fondos de las AFJP, que ha eliminado de hecho la autonomía del Banco Central, que está emitiendo moneda a un ritmo de un 40% anual, etc. Todo ello aparte de las trabas al comercio exterior mencionadas más arriba.

Y finalmente suma estos hechos la puesta en marcha de los estudios necesarios para ir disminuyendo los subsidios, que en la actualidad superan los 75.000 millones de pesos anuales y que ya no pueden sostenerse.

Al mismo tiempo, o tal vez como consecuencia de la gran emisión de moneda, es evidente que la política oficial es la de no dejar escapar el tipo de cambio, para evitar con eso empujar la suba de precios. Pero es obvio que el ahora retraso cambiario hace más costoso en divisas producir en la Argentina. Es decir, el país está sufriendo progresivamente inflación en dólares. O, dicho de otro modo, la moneda extranjera resulta cada vez más barata.

En los últimos 4 años la salida de capitales llegó a unos 70.000 millones de dólares (otras cifras muy conservadoras hablan de 50.000 millones), una cifra apabullante que equivale a los ingresos brutos de todo un año de exportaciones.

Está muy claro que el problema no empezó con el triunfo de Cristina Fernández como arriesgan desde ciertos medios oficialistas conspicuos comunicadores. Por lo demás, el triunfo se produjo en realidad el 14 de agosto, el 23 de octubre quedó formalizado únicamente.

La economía está siendo manejada por gente muy poco profesional al tiempo que el Banco Central, como decimos, se ha convertido en un apéndice del poder central y por lo tanto focaliza su funcionamiento en las políticas “activas” a las que parece tan afecta la presidenta Fernández.

El verdadero galimatías de controles y trabas de todo tipo a lo único que contribuye es a generar más incertidumbre y más pánico. Esto al menos parecen haberlo comprendido algunos funcionarios. Porque la verdad es que más allá de la quijotada de colocar a la AFIP como una especie de celadora del mercado de cambios, es un acto impresentable pretender que este organismo determine de la noche a la mañana quién puede comprar o no moneda extranjera y qué montos, sin haber dado a conocer pauta alguna y sabiendo que los datos oficiales suelen contener errores en muchos casos infantiles. Aparte de referirse por lo que se sabe al ejercicio anterior.

Se pretendió trabar el mercado y se logró así que el dólar pase los 5 pesos en el mercado libre. Al mismo tiempo que los ahorristas en dólares en el sistema bancario empezaron a huír despavoridos. Aparte de que el capital obviamente es temeroso, con más razón en un país donde con demasiada frecuencia el Estado se queda con los ahorros o con parte de ellos.

Entonces se volvió para atrás autorizando a mucha más gente a comprar pequeñas sumas, al mismo tiempo que la presidenta del Banco Central anunciaba que reducía los encajes en dólares para facilitar que quienes quisieran retirar sus ahorros pudieran hacerlo, no sin antes haber amenazado de manera insólita que tales ahorrista deberían tributar el impuesto sobre los bienes personales. Un curioso impuesto que rige desde hace varios años y que grava los ACTIVOS y no el patrimonio, como tantas veces se confunde (excepto en el caso de participaciones societarias) y que cuenta con una exención para las colocaciones en cajas de ahorro bancarias.

Por supuesto que desde que rige este impuesto se sabe que las tenencias de dinero no depositadas en caja de ahorro o plazo fijo por parte de las personas físicas están gravadas. Pero no es por retirar los depósitos que se cae en la gravabilidad, es por no tenerlos en ahorro o plazo fijo bancarios al 31 de diciembre.

Lo que queremos señalar aquí es que en este último tema se trató de una declaración política a nuestro juicio de muy poco vuelo. Para asustar, digamos.

Por eso es interesante, como siempre, no mezclar los tantos y llamar a las cosas por su nombre. Acá hace ya varios años que las cosas no están siendo manejadas con el profesionalismo que se requiere. Y no importa tanto en todo caso si se trata de una política más o menos intervencionista, que nosotros no compartimos. Se trata de que se coloca en puestos clave a funcionarios que no están preparados y que se manejan en el día a día haciendo buena letra según los humores del mercado y de la propia presidenta de la República.

Por eso recurrimos en el inicio de este comentario al viejo proverbio español. Si lo que tenemos es aserrín, por favor no lo confundamos con pan rallado.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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