Blog de Héctor Trillo

ACTUALIDAD ECONÓMICA: EL PARO AGROPECUARIO

La situación planteada por las medidas del gobierno que afectan al sector agropecuario se agrava día tras día y no parece vislumbrarse una solución. Tratamos de analizar desde un punto de vista económico esta cuestión

La política económica seguida por el actual gobierno y el anterior, tiene algunas premisas básicas sobre las que se ha sostenido en todos estos años:

- Tipo de cambio artificialmente alto

- Default de la deuda del Estado

- Derechos de exportación fundamentados esencialmente en el tipo de cambio

- Controles de precios

- Salarios bajos en dólares consecuencia del tipo de cambio

- Encarecimiento o cierre de importaciones de determinados artículos

Este es, básicamente, el modelo industrialista que se ha impuesto incluso desde el momento en que Eduardo Duhalde se hizo cargo de la gestión presidencial en 2002. El esquema no es para nada novedoso y muestra, a poco que se analicen sus distintos componentes, su vulnerabilidad.

En efecto, el tipo de cambio alto tiene como límite la inflación que produce la expansión monetaria que significa comprar dólares excedentes (para evitar que baje su precio) mediante emisión de moneda. El default de la deuda pública origina enormes problemas de financiamiento externo y problemas judiciales en el exterior por intentos de cobro de parte de acreedores que no han aceptado el canje forzoso de sus títulos. Los derechos de exportación (retenciones) constituyen una medida contra natura, dado que tiende a desalentar la producción de bienes exportables. Los salarios bajos en dólares chocan con el problema de que los precios suben sin solución de continuidad con motivo de la inflación creciente (producto esencialmente de la expansión monetaria) mientras no ocurre lo mismo con el tipo de cambio, cuya suba se ve restringida por el efecto inflacionario señalado. Finalmente, el encarecimiento de las importaciones de bienes y tecnología, provoca un retraso tecnológico creciente y contribuye seriamente a aislar al país del mundo actual.

El gobierno ha intentado paliar los efectos negativos de su plan a lo largo de todos estos años. Para eso aplicó crecientes controles de precios, prohibió exportaciones de carnes y de vidrio, restringió las exportaciones mediante el establecimiento de registros o con topes, estableció una gama compleja de subsidios y regímenes promocionales, etc.

Podemos observar que en esencia los controles de precios y las limitaciones a las exportaciones operan como elementos distintivos del desaliento a la inversión, al menos en el medio local. Nadie arriesga inversiones si sabe que los precios a los que pueda vender su producto están supeditados a decisiones políticas imprevisibles. Si a esto le sumamos las restricciones a las exportaciones, todo el esquema queda reducido a esperar a ver qué hará el gobierno y no invertir sino lo necesario e indispensable para obtener una tasa de retorno lo suficientemente elevada como para achicar al máximo el tiempo de espera.

Esta, si se quiere, larga introducción nos lleva al problema planteado con el sector agropecuario en estos días. Aquellos derechos de exportación fijados al comienzo en un 8% fueron incrementados exponencialmente llegando hoy por hoy a topes cercanos al 50% a los precios vigentes. En realidad, el sistema de retenciones móviles anunciado por el ministro Lousteau, no solamente constituye una suba en los derechos de exportación, sino que directamente impone un precio máximo en caso de mejorar la cotización internacional. El ministro ha considerado que el precio ha llegado a un techo, esa es la cuestión. Pero no llegaron a un techo los costos de producción, que siguen subiendo a un ritmo promedio superior al 20% anual. Esta es la proverbial madre del borrego

No sabemos si por incomprensión, desconocimiento y concepciones ideológicas arcaicas e inconducentes, el gobierno ha salido a atacar con toda virulencia a los representantes del sector agropecuario con las viejas y remanidas consignas basadas en la insensibilidad social y otras lindezas que por costumbre ya no producen mayores efectos. En verdad, lo que se observa es que se ha llegado a un punto en el que, si antes ciertos productores preferían achicarse y callarse, ahora resulta lo contrario, se han puesto más vehementes todavía.

Pero, ¿por qué el gobierno insiste en este esquema según el cual quienes no aceptan lo que él propone son injustos, desconsiderados, extorsionadores y varios etcéteras, y no personas que se sienten avasalladas y que comprendieron finalmente que nada ni nadie detendrá a los gobernantes a la hora de servirse del campo para los fines que fueren?. El gobierno intenta defenderse hablando de pujas redistributivas, de emergencias económicas y de necesidades básicas insatisfechas de la población, cuando en realidad todo el mundo sabe que maneja a discreción cifras fabulosas provenientes de los derechos de exportación, dado que no existe para ellas la coparticipación federal. El gobierno también se detiene en los subsidios al gasoil dado que éste es utilizado por el sector, cuando es notoria la escasez y el mercado negro es cada día más corriente. Otros argumentos, como la sojización , no explican la carga de derechos a la producción en marcha y por lo tanto caen por sí solos. Incluso torpemente. Porque atacar la creación de riqueza para que ésta no se produzca es bastante delirante.

El daño a la producción de carne ya está hecho. Y lo mismo ocurre con los lácteos. Ahora le llega el turno a la soja y al girasol. Si bien se argumenta desde el gobierno que los campos valen varias veces más que lo que valían en 2002, es obvio que la razón fundamental de ello no son los derechos de exportación móviles ni las prohibiciones de exportación, sino los altos precios internacionales de las commodities . Es decir que en el sector agropecuario lo que se observa es que si les va bien no es como consecuencia de lo que hace el gobierno, antes bien al contrario: lo que hace el gobierno es impedirles que les vaya mejor. Y ahora con las retenciones móviles les ha llegado el pitazo final.

Más allá del evidente afán recaudatorio, es obvio que los intentos de contener la inflación que el mismo modelo provoca no son, ni por lejos, los adecuados. En realidad, el gobierno no ataca la inflación, sino sus consecuencias. Y encima lo hace pésimamente, desalentando inversiones y originando conflictos como el que nos ocupa. El evidente error de diagnóstico es elocuente: la suba de determinados precios de terminados productos no es en sí misma indicadora de inflación. Ésta se define como la suba generalizada de precios, no de algunos precios, que es, técnicamente, un cambio de precios relativos y nada más. Si uno o varios productos suben de precio, los consumidores tienden a demandar menos los productos encarecidos y en su lugar consumir otros, o ninguno. La inflación ocurre porque las subas de precios son convalidadas por la expansión monetaria, de lo contrario los nuevos precios de algunas cosas llevarían a la baja de precios de otras. Este razonamiento, tan simple y obvio para cualquier economista, no parece ser tomado en cuenta por los gobernantes, que una y otra vez se lanzan a la casa de extorsionadores con una intensidad que, dicen, incluye hasta las llamadas operaciones de prensa.

Personalmente hemos oído en la radio acusar a los grandes productores agropecuarios que veranean en Saint Tropez y que no trabajan en el campo de incentivar el paro y los cortes de rutas. O que les pagan sueldos bajos a sus colaboradores, por ejemplo. La amañada forma de intentar desprestigiar a quien no hace lo que nosotros queremos que haga, suele resultar muy argentina, desgraciadamente. La idea de que los ricos no pueden quejarse también es muy nuestra. No podemos afirmar ni negar que existan tales operaciones de prensa, pero este tipo de discursos son bastante comunes entre ciertos funcionarios actuales (y algunos ex funcionarios también) y llama la atención que se los escuche en radios supuestamente independientes en las que suelen hablar entendidos en finanzas y economía que se cansan de explicar por dónde pasa el quid de la cuestión.

La verdad es que las tramas argumentales descalificatorias no conducen a nada bueno. Hemos vivido en la Argentina situaciones parecidas varias veces. El gobierno redobla la apuesta con amenazas de cierres de exportaciones, de aplicación de la ley de abastecimiento y de insultos. Al menos dicen los diarios que en algunos piquetes de la gente del campo han aparecido extraños con intenciones intimidatorias manifiestas. Los dirigentes camioneros han salido a expresarse de manera prepotente y soez en contra de los cortes de ruta (una institución nacional de los tiempos que corren, producto de la tolerancia y permisividad de origen que han tenido) amenazando lisa y llanamente a los participantes. La flagrante contradicción en la que incurren los eternos personeros de tales cortes de ruta, es, por lo demás, de una elocuencia estremecedora. Lo cierto es que podemos registrar una escalada de violencia (los cortes no son otra cosa, y los insultos de los ministros mucho menos) que difícilmente, de continuar, termine bien.

Es fácil colegir que el país no va a crecer, los capitales no van a venir, y la seguridad jurídica no va a reinar sobre la base de diatribas y aprietes. Comprender el problema es comenzar a resolverlo , reza el viejo axioma del psicoanálisis. Tenemos un problema inflacionario y de falta de eficiencia. Enorme gasto público, creciente absorción de recursos por el Estado central que se distribuyen (o no) sobre bases políticas. No se respeta la coparticipación federal. Se intervienen los mercados y se persigue y acusa a quienes disienten.

El problema inflacionario es un problema monetario. Y resolver el problema es atacar las causas de la expansión monetaria para frenarla. Ello conlleva una baja en el valor del dólar, una baja progresiva de los derechos de exportación, una apertura de las importaciones a precios accesibles, una mejor eficiencia en la asignación de los recursos asumiendo la realidad de que ciertas cosas (como los combustibles, por ejemplo) son más caras, etc. El costo político de enfrentar la realidad no es menor, lo comprendemos, pero la situación actual sólo nos conducirá progresivamente al abismo.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 22 de marzo de 2008

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ACTUALIDAD ECONÓMICA: VER EL BOSQUE

A estas alturas nadie puede suponer siquiera que los impuestos a las exportaciones son considerados por el Gobierno como distorsivos y por lo tanto transitorios. La realidad es que el esquema se ha convertido en permanente, contribuye a aislarnos del mundo, y cuenta llamativamente con la adhesión de no pocos sectores de la sociedad. En general, la tendencia a creer que la culpa de lo que nos pasa la tienen los empresarios que siempre resultan inescrupulosos y pícaros prende en nuestra sociedad con excesiva facilidad, aleja las posibilidades de reflexión, y termina avalando la prepotencia y la anomia en que nos encontramos.

Días pasados escuchábamos en la radio, en un programa dedicado a cuestiones económicas, a un periodista especializado a su vez en inversiones en la Bolsa, declamar acaloradamente en contra de los productores de huevos de Pascua. Ello en razón de que estos productos han trepado considerablemente en sus precios (más allá de la tasa real de inflación) y, lo que resulta sorprendente, en el hecho de que si bien el chocolate que se usa para su elaboración ha aumentado internacionalmente su precio, tales productores lo habían adquirido mucho antes, ya que estos productos se fabricaron en octubre o noviembre.

La manera de expresarse de este operador de Bolsa resultaba sencillamente grosera. Los vivos fabricantes de huevos de Pascua estaban, a su juicio, cometiendo la tropelía de subir el precio de sus productos pese a tener el chocolate desde antes.

Nos preguntamos qué diría este periodista si por ejemplo tuviera que salir a vender un bien inmueble adquirido hace algunos años y cuyo valor en pesos resulta hoy ridículo, y alguien por radio lo tratara de especulador y aprovechado por venderlo a un valor nominal superior.

El tema es viejo y la incomprensión también. Pero resulta notable que alguien que está en el metier de los negocios y las finanzas desconozca la diferencia que existe entre valor real y valor nominal.

En el caso del chocolate, la pregunta a realizar podría ser ¿cómo hace el productor de huevos de Pascua para reponer su mercadería si la vende a un precio histórico más bajo? Si nos remontamos en el tiempo y tenemos en cuenta que la moneda nacional ha perdido 13 ceros desde 1970 a la fecha, la idea de vender los productos tomando en cuenta el precio de compra histórico es no solamente absurda, sino que es directamente tonta.

Los precios de las commodities han venido subiendo en el mundo de manera notable. Según el economista Miguel A. Broda sólo en el último mes el trigo ha subido un 45%, la soja un 27%, el maíz un 39% y el aceite de soja un 32%. En este marco el Gobierno decidió una vez más, como se sabe, incrementar los derechos de exportación de manera notable en el caso de la soja y el girasol, al tiempo que instaló una insignificante baja en el caso del trigo y el maíz.

Los argumentos dados por el ministro de economía resultan inadmisibles encarándolos racionalmente. Pretende que así se incentivará la siembra de trigo y maíz, y se desalentará la llamada sojización . Suponemos que también se desalentará la girolización , aunque eso no lo dijo.

Veamos: en primer lugar imponer mayores retenciones a una soja que ya está sembrada o recolectada para vender no aporta nada respecto del desaliento futuro, sino que recae sobre un hecho consumado. Si verdaderamente se pretende evitar que se aumente el área sembrada de soja, (y suponiendo además que sea este el método y que evitar más siembra de soja sea bueno) la lógica elemental indica que deberían incrementarse los derechos de exportación de la siembra futura. En el caso del girasol suponemos que se intenta evitar que suban los precios del aceite de esa oleaginosa y derivados. Pero, contrario sensu, en el caso del maíz y del trigo, la leve baja en los porcentajes de retenciones muestra en principio una preocupación por lograr una mayor siembra y una despreocupación por los precios locales. Al revés del girasol.

La verdad es que estamos ante un verdadero sofisma argumental. Evitar que se siembre aquello que sube en un mes un 25 o un 30% de su precio y que además no se consume en el mercado local, como es el caso de la soja, es contra natura y francamente inconsistente. En el caso del girasol tenemos consumo interno, pero bajo, por lo que casi le cabe el mismo argumento. Pero al mismo tiempo, y siguiendo la misma línea argumental, se alienta la maización y la trigación , de modo tal que en una de esas convenga, incluso, reemplazar la soja por el maíz o el trigo.

¿Qué razonamiento más o menos criterioso podemos deducir de este galimatías? Obviamente ninguno. A todo esto se suma el hecho de que se toman decisiones que implican enormes transferencias de ingresos al Estado a través de simples resoluciones ministeriales al tiempo que se pretende que acá tenemos seguridad jurídica. Es evidente que el Estado de Derecho en la Argentina virtualmente no existe.

Muchas veces hemos expresado nuestra opinión respecto de que la prepotencia, los insultos, las descalificaciones, el agravio y toda la gama de epítetos contra empresarios y productores sólo sirve para la proverbial gilada , pero no para encauzar un sano desarrollo y una correcta asignación de recursos económicos.

Hay en todo esto un trasfondo verdaderamente patético y consiste en creer que ciertos funcionarios (De Vido, Lousteau, Moreno) pueden resolver y decidir (como efectivamente lo hacen) desde dónde instalar una central térmoeléctrica hasta el precio al que deben venderse las toallas femeninas. Esto no es nuevo entre nosotros ni muchísimo menos. Pero podemos ver cómo un funcionario de segundo orden como el secretario de comercio interfiere en el INDEC, en la carne, en el pan, en los lácteos, en las bebidas, en los alimentos elaborados, en los cigarrillos, en la energía eléctrica, en los combustibles, en la medicina prepaga, en el gas, en los colegios privados, en los útiles escolares, en la canasta navideña, en la de Pascua, etc. También resuelve sobre subsidios, sanciones, multas, prohibiciones de exportaciones, y más etcéteras. ¿Es realmente serio suponer que una economía, un país, un orden social puede funcionar de esta manera?

Otro argumento muy curioso que hemos escuchado es el de que la gente del campo se queja hoy de las retenciones pero al mismo tiempo cuando estaba mal recurría al Estado para obtener créditos o refinanciación de sus deudas. Es decir, que dado que antes pediste ayuda, ahora bancátela. Es terrible.

Veamos: Pedir refinanciación bancaria luego de la crisis de 2001 no es pedirle al Estado. El Estado no refinancia nada, sino que emite decretos y leyes que gestan corralitos , corralones , devaluaciones que son verdaderas estafas a la moneda convertible y pesificaciones asimétricas. Esto para señalar lo más importante. A su vez, el Estado mantiene en su administración la posesión de los bancos oficiales (Nación, Provincia, Ciudad) que prácticamente aglutinan el 50% de los depósitos totales del mercado. El Estado intervino el mercado financiero, impidió sacar los depósitos, devaluó la moneda, aplicó la pesificación asimétrica, repartió bonos pesificados , resolvió no pagar la deuda externa (en muchos casos en poder de jubilados y AFJP locales, por ejemplo). Y ante esa situación la población, los bancos, los deudores, los acreedores, los individuos y empresas que tenían firmados contratos que no pudieron cumplir debieron salir a pedir que las inequidades gestadas por el intervencionismo se atenuaran. Todos debieron hacerlo.

No queremos aparecer como defensores de nadie. Solamente pretendemos explicar lo ocurrido desde nuestra óptica.

Todos los habitantes del país sufrimos de una forma o de otra la crisis. Perdimos patrimonio, perdimos ingresos en moneda dura, perdimos estándar de vida y hasta perdimos un porcentaje de nuestros pesos porque el Estado dejó de respetar el valor convertible de la moneda devaluando y no dándonos nada a cambio. Argumentar que el campo pidió al Estado y ahora debe entregar lo que el gobierno quiere es no solamente una inconsistencia más, sino que implica suponer que quienes estaban endeudados en aquellos años lo estaban por decisiones propias en las cuales el Estado nada había tenido que ver, lo cual no es cierto. Se trate del campo o de la industria, todos estábamos inmersos en una ley de fijación del tipo de cambio y todos soportamos las insólitas medidas tomadas por el gobierno de entonces. Y todos perdimos, excepto el Estado, que dejó de pagar 67.000 millones de dólares y licuó sus pasivos en pesos y sus gastos en dólares de manera extravagante.

Lo mismo ocurre hoy con sectores críticos: el Estado interviene en los precios y provoca pérdidas y quiebras. El Estado no es ajeno a lo que ocurre en el comercio desde el momento que interviene en él. Decide además devaluar la moneda, fijar tasas de interés y obliga a vender las divisas al Banco Central.

Este razonamiento de si antes alguien pidió algo ahora debe dar lo que le pidan constituye el peor de los sofismas. Recordamos que le propio ex presidente Kirchner señaló muchas veces desde su tarima que los productores se comportaban de manera avarienta y querían volver a los privilegios de los años 90. ¿No es acaso una flagrante contradicción afirmar eso y luego sostener que los mismos productores estaban mal? Pero aparte de eso, pretender erigirse en justo distribuidor de lo que producen los demás es un acto que raya el autoritarismo. Y en el caso del gobierno decidido de un plumazo y mediante un simple decreto e incluso una resolución ministerial. Porque una cosa es cobrar impuestos a todos por igual ( la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas ), y otra muy distinta esta pretensión rayana con la de una divinidad que se convierte en una obsesión casi diaria.

No es que criticamos esto porque nos oponemos a todo. Si el Estado aplica una línea de intervención, tal línea debe estar definida y no cambiarse a cada rato con argumentos además ridículos. En términos generales el intervencionismo lo consideramos funesto, pero si a ello le agregamos la volatilidad de las decisiones, estamos en el horno directamente.

La Argentina se aleja del mundo. El atraso tecnológico es cada vez más evidente. Los precios locales no pueden compararse con los internacionales (ni siquiera de nuestros vecinos) porque el Estado ha decidido tener un tipo de cambio competitivo en lugar de apuntar a la competitividad del país. Así logra el superávit fiscal y malgasta fortunas en subsidios y otras prebendas, manteniendo precios artificiales que hacen creer a ciertos comunicadores que la inflación casi no existe.

Lo que nos pasa, entonces, es bastante fácil de explicar: los precios internacionales suben, pero como los precios locales deben mantenerse bajos, hace falta intervenir en las exportaciones, lo cual es lo mismo que decir que mejor es no crecer.

Así, el Estado argentino dificulta las inversiones en energía, destruye el mercado ganadero, ataca la exportación de granos y oleaginosas, exacerba el consumo de combustibles caros pero subsidiados (para luego caer en el absurdo de anunciar cambios de lamparitas) y finalmente colabora con la muerte de la gallina de los huevos de oro que sin ninguna duda es la producción de alimentos a gran escala.

El crecimiento industrial del país de estos años, se ha dado básicamente por el hecho de provenir de una crisis y tener una desocupación muy grande y una capacidad ociosa extraordinaria, no porque las decisiones intervencionistas hubieran contribuido a ello. Excepto, claro está, la devaluación, que implicó una impresionante transferencia de recursos. En verdad, ha habido una recuperación notable pero no un mercado donde las inversiones hubieran llegado masivamente como sí ocurre en Brasil o en Chile, por ejemplo. Y eso pasa básicamente porque no existe un horizonte de seguridad jurídica.

Hace unos días se ha dispuesto que las nuevas explotaciones gasíferas podrán disponer del producto libremente. Eso significa aceptar que el precio del gas fijado por el Estado es insostenible. ¿Cumplirá el gobierno argentino con esta decisión? ¿O pasará como con la estabilidad fiscal de la minería? A su vez, ¿qué ocurrirá cuando quienes producen gas proveniente de exploraciones nuevas quieran venderlo a precio real y esto provoque un incremento en los costos de sus adquirentes? ¿Conviene, por lo demás, seguir explotando los pozos actuales o más bien dedicarse a explorar nuevos para poder vender al valor de mercado?

Para la mentalidad intervencionista suele ser un trabajo imposible intentar ver el bosque. En lugar de ir de lo general a lo particular lo hace a la inversa, provocando una situación como en la que estamos. Absurda y torpe. Desmadrada y con conflictos crecientes pese al marco internacional harto favorable.

Y una cosa más: aquella famosa teoría de los términos del intercambio según la cual había que industrializarse para poder insertarse en el mundo porque los productos primarios perdían valor relativo se ha revertido absolutamente, lo cual es bastante lógico si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico y el de la expectativa de vida. Desarrollar la industria agrícola y ganadera requiere de un Estado que simplemente deje producir y vender. Y ello implica un Estado eficiente que no necesite de retenciones a las exportaciones, lo cual requiere bajar el gasto público y terminar con la prebenda.

No esperamos que eso ocurra por ahora, lamentablemente.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 17 de marzo de 2008

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ACTUALIDAD ECONÓMICA: PELEAS INÚTILES

El neokeynesianismo que desde el gobierno se atribuye a los funcionarios del área económica choca con la cruda realidad: no hay dos defensores del modelo intervencionista que piensen lo mismo sobre todo aquello en lo que deben intervenir. Ni cuánto deben hacerlo. Ni cuánto. Ni de qué manera. Ese es el drama que cada día se presenta de manera más evidente.

Las peleas entre el ministro Lousteau y el secretario de comercio Moreno han tomado estado público y no parece que vayan a resolverse, por más que se quiera poner paños fríos al entredicho. Mientras el primero al parecer apunta a una metodología superadora inserta en una realidad internacional difícilmente modificable por funcionarios de un país sin peso, anómico, con fama de corrupto y mal pagador; el segundo arrecia en la metodología de los controles sobre empresarios, empresas, costos, precios y márgenes de utilidad; a todo lo cual suma el manejo burdo, torpe y primitivo de los indicadores económicos, tan vez basado en aquel principio goebbeliano del miente miente que algo quedará . Y por supuesto el apriete , posible gracias al visto bueno de la presidenta y a la cobardía de los afectados.

El ministro al parecer se ha empeñado en demostrar que el que manda es él, aunque la realidad de un peronismo que nada ha cambiado respecto del histórico, muestra que el poder está puesto en manos de Moreno. Ninguna de las prepoteadas que se le atribuyen sería factible sin el apoyo absoluto y sin tapujos del matrimonio presidencial.

Las diferencias, sin embargo, son más de forma que de fondo. Uno y otro funcionario creen que los precios pueden determinarse mediante cálculos matemáticos para evitar ganancias extraordinarias de los productores y comerciantes. Uno y otro parecen olvidar, de una manera casi infantil, que los precios que se fijan por debajo de los que determina el mercado producen escasez y desabastecimiento. Por razones más o menos desconocidas, uno y otro atribuyen a las fuerzas del mercado condiciones malignas, y uno y otro consideran, seriamente, que ellos son capaces de revertir tal malignidad porque sus decisiones son intrínsecamente buenas y favorables. La panacea del mercado es sustituida, así, por la panacea de la infinita sabiduría del funcionario. Y como cada funcionario tiene su propia opinión, la sabiduría de uno se enfrenta a la sabiduría del otro. Un verdadero galimatías de ribetes tragicómicos. El maniqueísmo reina por doquier.

El ministro, por ejemplo, está de acuerdo con la idea de reducir el tope de 40.000 toneladas mensuales de carne exportada en un 40%, es decir a 24.000 toneladas. Ello así en virtud de que el precio del producto ha venido subiendo en el mercado local sin solución de continuidad. Es decir que el ministro mantiene la misma impronta ideológica de sus antecesores en el cargo, y por supuesto de la presidenta de la República.

Moreno por su parte parece más inclinado a fijar precios máximos para los llamados cortes populares .

Decir que tanto una cosa como la otra resultan absurdas e inconsistentes es ser tan reiterativo como terminan siéndolo estos funcionarios. Las 40.000 toneladas de carne exportable ya son un tope impuesto por el gobierno. Y precisamente por eso ha venido bajando la producción de hacienda, razón por la cual ahora es preciso (al menos según el criterio oficial) bajar tal tope. Y dentro de un tiempo será necesario (siempre según dicho criterio) un poco más. Hasta llegar al tope de cero. Y luego el tope será negativo y será preciso importar. ¿Es esta lógica tan poco clara como para que estas personas no la entiendan? ¿Cuál es la base para suponer que en algún momento tal tope podrá subirse e incluso suprimirse? El absurdo es evidente.

Resulta entonces más o menos claro que las prioridades de nuestros gobernantes son otras. No podemos inferir que con estas políticas tendremos un país con el doble o el triple de cabezas de ganado en algunos años, como ha ocurrido en Brasil. No. Eso decididamente no ocurrirá. Y el gobierno está empeñado en que no ocurra. Del mismo modo, mientras todos los cálculos arrojan una tasa de inflación muy superior a la oficial, el gobierno persiste en aportar cifras surgidas de un organismo intervenido políticamente, devaluado y pervertido. ¿Le interesa reflejar la realidad para que el mercado en general y los inversores en particular confíen? No. ¿Por qué no le interesa ni la producción vacuna ni la confiabilidad en los índices? No lo sabemos. Pero no le interesa.

Y este, consideramos que es el punto capital. El meollo de la cuestión. El gobierno no parece acusar ninguno de los golpes que recibe de la realidad. Ni la merma de exportaciones cárnicas por decreto contribuye a mejorar el esquema de precios ni la intervención primitiva y torpe del Instituto de Estadísticas mejora la posición argentina en ninguna parte. Ni los controles de precios mejoraron el consumo y facilitaron la producción de bienes y servicios, ni los controles de costos y márgenes de utilidad tienen que ver con tales precios.

Pero la posición del gobierno en la cuestión de los precios y el abastecimiento tiene, paradójicamente, un importante apoyo de la gente. Precisamente en el día de hoy, varios medios se hacen eco de la trepada de precios de los productos escolares y también del pescado ante la vecindad de las Pascuas. Hemos tenido oportunidad de oír por radio los comentarios más crudos respecto de la viveza criolla y el abuso de los comerciantes ante la gran demanda que se produce para estas fechas.

Es casi patológico que no se comprenda que ante un incremento de la demanda los precios suben. Suben los precios de los artículos de Navidad en Navidad. Suben los precios de las flores para el día de la secretaria o de la primavera, suben los precios del alojamiento en Mar del Plata en enero, y suben los precios de las estufas en invierno. Como la mentalidad prevaleciente consiste en suponer que si bien los precios tal vez deberían subir pero no tanto, el gobierno se engancha de este esquema mental (o lo tiene incorporado) y actúa en consecuencia. Lo hace así a lo largo de años, lustros, décadas. Lo hicieron los gobiernos peronistas, los gobiernos militares, los gobiernos radicales. Planes de abaratamiento, listas de precios máximos, canastas navideñas, pascuales o de lo que sea, cortes populares de carne, autos económicos, panes porteños , veda de carne, etc. Etc.

Todo cuanto se logró es bajar la calidad de los productos, achicar los envases, generar marcas alternativas.

La panacea del dólar alto no es más que un sofisma. Nadie compra caro lo que puede comprar barato. Pero el Estado sigue comprando dólares a valores superiores a los del mercado. Lo hace emitiendo moneda y generando inflación. Luego cierra las fronteras para ciertos productos o los grava con impuestos y tasas varios con la finalidad de proteger la industria nacional. Así se logra estimular la fabricación local de baja calidad y alto precio, por falta de competencia exterior. A su vez, el dólar alto contribuye precisamente a ese mismo fin. A esto se le llama hoy modelo productivo y su fundamento es el cuidado de la quintita mediante el artilugio monetario del tipo de cambio caro y las trabas a la importación de sustitutos. La tecnología, a su vez, se atrasa de manera alarmante, dado que al tipo de cambio caro hay que sumarle la gravosidad aduanera que parece no conocer límites. Así, una computadora de última generación que en Miami se adquiere en 600 dólares, acá no baja de 1500, con lo cual se produce un doble efecto en cuanto al costo: el dólar, siendo caro, es más dificultoso ganarlo, y el precio en esa moneda, es una vez y media más alto que en EEUU, donde por otra parte la cifra citada en primer término es literalmente un vuelto para la gente de clase media. Y acá en cambio corresponde al percentil del 10% más rico . Así, cuando al mismo tiempo se pretende que los niños tengan una buena formación escolar y acceso a la computación, entramos en una verdadera entelequia. Los maestros ganan sueldos miserables, pero a su vez tienen en la mayoría de los casos una formación deficiente. Tanto formarlos como pagarle mayores sueldos requiere tecnología y por lo tanto dinero fuerte. Pero el dinero para afrontar tales sueldos, que debe salir del Estado, más allá de que se destina a otros menesteres, es recaudado en pesos y representa muchísimos menos dólares que los que representaría si el tipo de cambio fuera real. Es decir que el Estado, pese al superávit, no recauda tantos dólares como podría, y por lo tanto aunque tuviera la mejor de las voluntades, no puede pagar sueldos altos en divisas. Así podríamos seguir con miles de ejemplos.

El juego es perverso. Basta recorrer una calle de electrónicos en Miami para observar que la mitad de los artefactos que están en sus vidrieras literalmente no sabemos para qué sirven. Eso se traslada, claro está, a la tecnología industrial y en general a todos los aspectos de la vida económica. Se produce menos, de menor calidad. Se producen (o importan) productos obsoletos, abandonados por los mercados centrales del mundo, etc.

El gobierno de Néstor Kirchner había prometido una reforma política. En tiempos de Duhalde se había hablado incluso de una nueva reforma constitucional para suprimir el llamado tercer senador y ordenar administrativamente la gestión. Ahorrar costos, terminar con las capas geológicas de ñoquis , hacer eficientes las administraciones nacional, provinciales y municipales es una tarea ciclópea. Es más fácil el artilugio del dólar competitivo en lugar de volvernos competitivos. Pero, al igual que la llamada convertibilidad, no es para siempre. Porque el daño colateral es la inflación, el atraso tecnológico, los salarios miserables en dólares.

Decir todo esto puede resultar poco grato para muchos, pero así es como se conciben estos modelos. El Estado se preocupa por la inflación, pero no combate la inflación. Porque combatir la inflación implicaría llevar el dólar a su valor real y gastar el dinero de manera más eficiente. Y el costo político de hacerlo es enorme. Por eso no se habló más de reforma política. Por eso un personaje como Guillermo Moreno cuenta con el poder omnímodo de atacar a empresas y empresarios, de intervenir el INDEC, de tergiversar cifras. Por eso se amenaza ahora con nuevas leyes para meter presos a comerciantes o para decomisar mercaderías. Esto ya pasó en la Argentina. Pasó y más de una vez.

Con sólo recordar los 30 años que duró el congelamiento de los alquileres basta para pintar de cuerpo entero el grado de surrealismo al que nos conducen funcionarios que carecen de básicas condiciones de idoneidad para desempeñar sus cargos. Por decir lo menos.

Un párrafo final para los nuevos créditos a la producción anunciados por la presidenta del Banco Nación con el aval de la propia Dra. Kirchner. Se ha dicho y repetido que el crédito debe ser dirigido a la producción y no al consumo, cuando sin consumo no hay ventas. Y curiosamente hace algunos meses también se habían anunciado créditos a baja tasa de interés para que los inquilinos pudieran convertirse en propietarios. Es decir, créditos al consumo. Lo contrario de lo que se dice ahora.

La falta de seriedad de estas posturas ya puede fácilmente confundirse con falta de tino, desgraciadamente.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 2 de marzo de 2008

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En términos económicos es una obviedad decir que cuando un producto se vende a bajo precio, aumenta la demanda, al tiempo que cuando pretende venderse a un precio elevado, la demanda disminuye. En sentido opuesto opera la oferta. Aumenta cuando el precio es alto, y baja cuando el precio es bajo.

Entre esos dos extremos existe un punto de equilibrio, que es aquel en el cual la demanda y oferta coexisten, por así decirlo, en un plano de tranquilidad y acuerdo. Es el punto óptimo para las dos partes, para la demanda y para la oferta.

Los factores que determinan la demanda de un bien son muchos. En realidad son tantos como personas conviven en una sociedad determinada. Si bien hay datos básicos, como la necesidad de comer para sobrevivir (por ejemplo), los elementos que determinan la elección de una comida u otra son de una diversidad prácticamente infinita. Y con productos que no son de primerísima necesidad (y con demanda más elástica), la diversidad es aún mayor. Por eso cuando se intenta establecer un modelo y se incluyen variables en una computadora, nunca se incluyen todas porque es imposible. Ello aparte de que las preferencias de la población son dinámicas y se modifican cotidianamente. Justamente por eso la economía es la ciencia de la escasez pero también es una ciencia social, que no se basa en el racionalismo o la abstracción de la matemática pura. Es imposible conocer a priori las reacciones del conjunto de opiniones dispersas que conforman la comunidad.

Ciertos productos de consumo masivo en otras épocas, hoy tienen demanda cero. O bien porque ha evolucionado la tecnología, o bien porque han cambiado los hábitos de consumo. Este comportamiento afecta a bienes y servicios. Nadie compraría hoy azúcar o leche sueltos, de igual manera que a nadie le interesaría un televisor en blanco y negro.

Cuando los funcionarios deciden intervenir en la economía pretenden, de una manera más o menos evidente, modificar los hábitos de consumo de la gente. Y en el otro extremo de la ecuación, también pretenden cambiar los hábitos de producción.

Dejando de lado aspectos de la ideología política según los cuales la gente necesita primero un techo y luego un televisor y que suelen chocar con la cruda realidad de que mucha gente prefiere lo contrario; hay interferencias cotidianas de los funcionarios en la elección de las personas. Desde siempre los impuestos distorsionan los mercados y pueden modificar ciertas preferencias de consumo. Pero la intención del Estado no es que los impuestos de un producto cuyo consumo se supone desea desalentar, sean tan altos como para que el bien en cuestión deje de venderse totalmente. Ello así porque si esto ocurre, por un lado desaparece la fuente de trabajo y producción, y por el otro el ingreso impositivo para el propio Estado. Eso es lo que ocurre con el tabaco, por ejemplo.

Generalmente se buscan argumentos de desaliento de consumo que en realidad pretenden generar más recursos para el Fisco. Pero este tema excede el marco de las reflexiones que intentamos hacer ahora.

Cuando el Estado decide intervenir en el sistema de precios altera las condiciones del mercado porque altera el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Si establece un precio máximo, tal precio estará necesariamente por debajo del de mercado (de lo contrario carece de lógica fijar tal precio máximo), y al ocurrir esto, la demanda se incrementa y la oferta tiende a disminuir. Esto lo hemos dicho muchísimas veces, sin encontrar un eco medianamente razonable, lamentablemente. Lo mismo ocurre cuando se ponen trabas a las importaciones. Tales trabas podrán ser impositivas o no. A veces se fijan barreras llamadas para arancelarias para limitar el ingreso de bienes (cupos, controles sanitarios, topes intercambiables, etc.).

Obsérvese que al fijar un precio máximo se pretende favorecer al consumidor, cosa que al final no ocurre; al mismo tiempo que cuando se fija un arancel elevado de importación o se traba la misma por distintos factores, el consumidor resulta desfavorecido. En este segundo caso el argumento es que así se protege la industria o la producción nacional, con lo cual mejora la oferta laboral.

Tanto en un caso como en el otro los resultados son, sin embargo, ampliamente desfavorables para el habitante común. Los precios máximos generan falta de oferta, escasez consecuente, mercado negro, y toda la gama de dificultades conocidas. Y la aparente o real generación de empleos que originan los cierres de importaciones, lleva a la producción de bienes de baja calidad y altos precios, justamente por la falta de competencia externa.

Acá a su vez hay un punto digno de resaltar, que es el de la llamada apertura indiscriminada de importaciones . En la Argentina se ha fijado un tipo de cambio en los tiempos de la llamada convertibilidad y también ahora. En aquellos años, la demanda de bienes importados crecía pero el tipo de cambio se mantenía fijo por imperio de la política económica seguida. Mantener fijo el tipo de cambio, es decir el precio de la divisa, cuando la demanda de ésta aumenta para poder adquirir los bienes importados, es una forma obvia de salir del punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. En verdad, si la demanda de dólares aumenta, el precio de los mismos debería haber subido. Por no hacerlo, la competencia externa dejó de ser una competencia de mercado para pasar a ser una competencia desleal, por así decirlo. El error cometido ha sido imperdonable. Pero tal error no es haber abierto la economía. No es una apertura indiscriminada la ocurrida en la Argentina, ni en tiempos de Menem, ni en tiempos de Martínez de Hoz. Es una apertura con fijación del tipo de cambio, que no es la misma cosa. Por eso fue que los bienes importados resultaban demasiado baratos. La diferencia se pagaba con endeudamiento externo para mantener el llamado uno a uno . Endeudamiento externo que fue votado año a año en el Congreso Nacional por los representantes del pueblo, la mayoría de los cuales siguen hoy en funciones legislativas pero renegando de ese pasado y culpando a otros. Esos mismos representantes fueron los que vitorearon el pelito al campo del default de Rodríguez Saa.

Actualmente el modelo es del llamado cambio competitivo . Como también hemos señalado tantas veces, hablar de cambios competitivos significa confesar que no somos competitivos si no recurrimos a artilugios monetarios. El artilugio monetario del cambio competitivo es tan artilugio como el de la convertibilidad. El precio del dólar se sostiene alto no por decreto, sino comprando dólares con emisión de moneda adicional. Es que fijar un precio máximo por encima del de mercado es absurdo, como decimos más arriba. Por lo tanto acá sí resulta necesario recurrir al odiado mercado para lograr el objetivo propuesto. Es decir, emitir moneda para incrementar la demanda de dólares y que el precio no caiga. ¿Esto produce consecuencias no deseadas? Sí, claro. Así como la convertibilidad generaba demanda adicional y endeudamiento externo, el precio elevado de la divisa deteriora los ingresos en moneda dura de los habitantes del país y obliga al Estado a mantener bajos los precios de los alimentos y del petróleo, fundamentalmente. Todo el mundo sabe lo que cuesta la nafta en Uruguay o en Brasil. Pero si aquí valiera tal precio el descontento sería generalizado, por decir lo menos.

La fijación de precios máximos por debajo de los de mercado incluye la utilización de subsidios y desgravaciones impositivas. El Estado interviene así en el transporte o en el precio del gasoil por ejemplo. Subsidiar un producto no significa que éste valga menos sino que la diferencia de precio la paga toda la sociedad, lo utilice o no. Los subsidios son un motivo más de distorsión, como también son un poderoso elemento del poder político.

Un elemento más que nos interesa señalar es el de que la fijación de precios políticamente desalienta la producción de bienes mucho más todavía que la falta de un mercado. Es decir que cuando un bien resulta menos demandado porque el consumidor deja de utilizarlo o consumirlo por la razón que fuere, no desalienta tanto la inversión como cuando se fija el precio. Es que en el primer caso el fabricante intenta llegar al consumidor mediante modificaciones y mejoras a sus productos, en tanto que el segundo no le queda otra que lobbiar o desensillar hasta que aclare . La incertidumbre que genera el intervencionismo político, tiene un elemento adicional para contemplar: cada vez deja más de ser incertidumbre, para pasar a ser una genuina certidumbre. Si ciertos elementos se dan (suba internacional de precios, aumento de demanda local, baja de producción, etc.) el Estado intervendrá. Cómo y cuánto lo hará siguen siendo factores desconocidos.

Los problemas de escasez generados en los últimos años con la carne, los lácteos, los combustibles líquidos, el gas, etc. tienen la impronta del intervencionismo que estamos describiendo. Es obvio que nada de esto hubiera ocurrido si no se hubiera impedido funcionar al mercado aceptando la suba de precios internacionales. Pero, claro, el punto aquí es que si el Estado no hubiera mantenido el dólar alto, no hubiera sido posible aplicar retenciones a las exportaciones primarias y no habría superávit fiscal. Porque el camino de la reforma del Estado para convertir a la Argentina en un país eficiente ha sido abandonado al parecer de manera definitiva.

El efecto inflacionario es una consecuencia de esta política. El Estado emite moneda para comprar dólares caros y que no bajen de precio. El Estado impide importaciones. El Estado pretende fijar precios máximos con lo cual los bienes desaparecen o pasan al mercado negro o a marcas sustitutas. El Estado interviene entonces cerrando exportaciones, lo cual repercute aún más en la producción de los bienes afectados. Y en la inversión para producir los mismos. Ello afecta posteriormente la oferta de tales bienes, y de trabajo en la producción de ellos.

En este trabajo hemos pretendido ser descriptivos y no avanzar sobre intencionalidades de tipo político, al menos dentro de lo posible.

La sensación que se tiene es que los controles, regulaciones, intervenciones y racionamientos seguirán su marcha rampante.

Sin duda alguna existen, en el contexto que estamos describiendo, motivaciones políticas de inocultable gravedad. Si bien el logro de un superávit fiscal hace a la sanidad de las cuentas fiscales, el ahorro de los fondos mediante el funcionamiento de un fondo anticíclico es indispensable. No parece ser ésta la cuestión en discusión. Del mismo modo, la acumulación de divisas es presentada como una especie de panacea del respaldo económico y financiero. Sin embargo, una buena parte de tales divisas está sustentada en el endeudamiento a tasas elevadísimas, dado que el gobierno nacional persiste en sostener la política de emisión de moneda para rescatar excedentes de divisas, para luego retirar los pesos emitidos y canjearlos por LEBACS y NOBACS esencialmente.

La intervención en el INDEC ha dado por tierra con toda credibilidad en las estadísticas. Y no sólo en las que se refieren a los índices de precios. Este tipo de actitudes rayan la desidia más que la inmoralidad. Porque tal como lo dijo en su momento la entonces senadora Kirchner en una visita a España, si los índices de precios reflejan incrementos menores, esto se traduce en un ahorro en los ajustes por CER de los bonos públicos. Acá tenemos por un lado la falacia de suponer que existe un ahorro genuino a partir de la mentira, cuando en verdad el supuesto ahorro se traslada a las tasas en general y por eso entre otras cosas sube el riesgo país. Por el otro la confesión lisa y llana (al menos es lo que parece) de que los índices son alterados adrede. Cuesta creer semejante confesión y nos resistimos a hacerlo.

Cuando se pretende medir la calidad de vida es necesario tener presente que los bienes que se venden a bajo precio deben existir y ser accesibles para todos. Porque de lo contrario podrán reflejar valores inamovibles en los índices oficiales, pero no corresponder con la obvia contrapartida de estar disponibles. Si los bienes no están para todos, los precios oficiales son teóricos. Esto ha ocurrido varias veces en nuestro país, especialmente en los años 50, 70 y 80.

Cualquiera que sea la política económica elegida y más allá de las opiniones personales, debe tener la impronta de la previsibilidad. El principal factor que desalienta las inversiones y el ahorro es la inestabilidad jurídica. Podrá debatirse si las empresas de servicios públicos deben ser del Estado, o entregadas en concesión, o directamente ser privadas. Podrá discutirse si los capitales a invertir deben ser nacionales o extranjeros. Si hay áreas específicas a manejar por el Estado y cuáles. Si los impuestos deben ser a los consumos, a las ganancias o al capital. Todo puede discutirse. Lo que entendemos debe estar fuera de discusión es que la arbitrariedad no conduce a nada bueno. Si los precios están sujetos al ánimo de los funcionarios, lo mismo que las posibilidades de exportar, o de importar, etc., estamos en el peor de los mundos: el de la incertidumbre. El de la anomia.

La incertidumbre jurídica viene de la mano de la creencia de que los precios pueden ser fijados por el Estado. Porque esa es la base del intervencionismo. Y la fijación de precios por el Estado parte del error básico de creer que a un precio que no sea el de mercado la demanda podrá ser satisfecha.

Si bien hay toda una escuela que supone que el cierre de fronteras permite industrializar al país, en realidad lo que ocurre es que se genera una industria obsoleta, de mala calidad y atrasada tecnológicamente. Atraso al que contribuye el tipo de cambio alto, porque encarece la importación de tecnología.

Todas estas reflexiones parten de nuestra observación de la realidad. La persistencia en el error incluye el suponer que el intervencionismo es la causa del crecimiento ocurrido en estos años, cuando en realidad tal crecimiento fue posible a partir de una quita impresionante en el patrimonio de personas y empresas (por la devaluación y el llamado corralón), sumándole a ello la infraestructura existente antes de la recesión, y el precio favorable de las commodities proveniente del exterior.

Buenos Aires, 20 de enero de 2008 HÉCTOR BLAS TRILLO

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El ajuste llegó para quedarse

El incremento de las retenciones a las exportaciones de petróleo y sus derivados agrega un elemento más a la evidencia de que la futura presidenta pretende soliviantar el colchón fiscal tanto como sea posible.

No caben dudas de que, tal como lo afirmamos en un trabajo anterior (El impuestazo no se hizo esperar) el futuro gobierno pretende enjugar rápidamente el exceso impresionante de gasto público incurrido durante el ejercicio fiscal 2007 mediante el recurso fácil de aplicar retenciones a las exportaciones aprovechando los altos precios de las commodities. Hace unos días le tocó el turno al petróleo y sus derivados, para los cuales directamente se fijó un precio de corte en dólares por encima del cual todo excedente quedará en manos del Estado. Al momento de escribir este artículo, circula la idea de aplicar también retenciones a las exportaciones de metales, violando de un plumazo la estabilidad fiscal del sector sancionada en 1993 por un lapso de 30 años, precisamente con la finalidad de asegurar las inversiones de largo plazo que se requieren.

El afán de recaudación no tiene límites, y tanto es así que poco importa si se deterioran los mercados o se perjudica a pequeños y medianos productores que no pueden competir en igualdad de condiciones con los grandes, o con los que tienen sus explotaciones en zonas accesibles o cercanas a los puertos del país.

El actual gobierno ha llevado adelante una política altamente expansionista que constituye la genuina causa de la inflación, al tiempo que desarrolló una reiterativa gama de acusaciones a sectores, fabricantes, productores y comerciantes como causantes de las subas de precios sin aceptar jamás la culpa que le cabe. Todo lo contrario.

La inflación es, antes que nada, una excelente fuente de financiación para los gobiernos, que de esa manera disimulan parte de la imponente carga tributaria en la que sumen a los pueblos que les toca conducir. En materia de precios de productos exportables, el gobierno explica en tono afectado y efectista que las subas de las retenciones tiene una finalidad social que consiste en evitar las subas de los precios internos de los productos, porque ellas son causa de inflación. Y esto es absolutamente falso.

Permítasenos una simple explicación. La inflación es, por definición, la suba generalizada de precios. Y tal suba generalizada no se sostiene, dado un nivel de PBI, a menos que se inyecte moneda. Si una economía tiene como patrimonio 10 manzanas y 100 pesos circulando, cada manzana costará 10 pesos. Si se inyectan 50 pesos, las manzanas pasarán a costar 15 pesos. Y si el precio internacional de la manzana es el que sube, entonces las manzanas no podrán venderse al nuevo precio a menos que se inyecte moneda para poder adquirirlas. O en el mejor de los casos se venderán algunas y no todas. Esto es, en este ejemplo, un incremento del costo de la vida, pero no hay inflación si no es convalidada por la emisión de moneda.

Trasladado este ejemplo al precio de las commodities, puede verse fácilmente que si éstas son caras, habrá problemas, claro está, pero no inflación sino cambios de precios relativos. Si el petróleo cuesta 100 dólares el barril y no 9 o 10 como costaba a fines de los años 90, tenemos un problema, es cierto. Pero no inflación por eso. De manera que la falacia de que puede causar inflación está dirigida a justificar el incremento de retenciones para financiar gasto del Estado.

Por otra parte, como hemos señalado muchas veces, el problema principal de este esquema económico, es que el tipo de cambio alto contribuye a generar recursos vía retenciones, pero significa emitir moneda para adquirir dólares a mayor valor que el de mercado, lo cual produce inflación. Por eso, el gobierno se empeña en decir que nosotros no tenemos por qué pagar lo que valen las cosas en el mundo, cuando en realidad lo que está diciendo es que eso ocurriría si los dólares que percibimos por nuestro trabajo o negocio fueran más, lo cual a su vez ocurriría si el Estado dejara caer su valor, que es lo que hace Brasil. Pero si el gobierno hace eso, se queda sin retenciones. El sofisma es evidente. Y encima las retenciones no son coparticipables, lo mismo que el impuesto al cheque. Y a ello se suma que desde hace ya algunos años viene subestimándose en el Presupuesto Nacional el crecimiento previsto. Si la estimación de crecimiento para 2008 es del 4%, pero luego se crece 6 o 7%, la diferencia queda exclusiva y discrecionalmente en manos del Poder Ejecutivo, habida cuenta de que le Congreso no hará nada para impedirlo.

De muchas maneras esto lo hemos señalado infinidad de veces. El dibujo de los índices de precios, por otra parte, constituye la manera de evitar pagar los intereses de los bonos ajustables por CER. Es una suerte de nuevo default, como acertadamente ha dicho el economista José Luis Espert.

Tenemos un panorama en el cual la distorsión en los precios relativos (producto de retenciones, subsidios, congelamientos y aprietes varios) es apenas la punta del iceberg. La expansión monetaria y el dibujo de los índices de precios constituyen datos de todos conocidos. El gasto público ha subido este año más del 50% comparado con el año anterior.

Los subsidios han servido para disimular la suba de precios, no para evitarla. Pero también han servido para gastarse el excedente fiscal. También se le ha exigido a las AFJP que trajeran del exterior sus colocaciones (esencialmente en Brasil) para colaborar con la financiación de los vencimientos de deuda del año que viene. Se han prohibido exportaciones de manera alarmante. No sólo por lo que se hizo (y sigue haciéndose) con las carnes, sino por la alta gama de permisos habilitada, de tal modo que por ejemplo el secretario Moreno ha señalado públicamente que los productores de lácteos no serán habilitados para exportar sus productos si pagan la leche más de 73 centavos el litro a los tamberos. Un verdadero espejo que devuelve la realidad de que cuando se necesita ajustar se ajusta, y allá los tamberos que en otros tiempos solían ser los débiles de la cadena. ¡Que se arreglen o se fundan! Sencillamente.

El economista Roberto Cachanosky señala en un trabajo publicado en el diario La Nación del domingo 25 que el stock de deuda pública está hoy en torno de los 138.315 millones de dólares, siendo que en 2001 se encontraba en 144.222 millones. Es decir que estamos en una situación bastante parecida a la que nos encontrábamos en el momento del default. Excepto, claro está, que los dólares de hoy valen internacionalmente bastante menos, lo cual contribuye a mejorar ilusoriamente los precios de las commodities, por lo demás.

La cancelación de la deuda con el FMI sin aplicar ninguna quita, fue un golpe de efecto político, pero nada tuvo que ver con el desendeudamiento . Los dólares de las reservas utilizados se adquirieron mediante la emisión de moneda retirada luego de circulación mediante la emisión de Nobacs y Lebacs, es decir mediante deuda remunerada a tasas muy superiores a las del Fondo.

El impresionante ajuste vía presión tributaria que está llevando adelante el gobierno pretende recomponer la caja, mejorar el superávit, acomodar las cuentas para que la presidenta electa no tenga dificultades. No importa en verdad qué ocurra con los sectores afectados, importa contar con los recursos. Y la inflación es un recurso, lo mismo que la presión tributaria explícita.

Estamos entonces en condiciones similares a las que supimos estar en otros tiempos: endeudamiento interno y externo, controles de precios, inflación creciente, distorsiones de precios relativos (con tarifas políticas), deterioro de la inversión en sectores claves (como el energético), salida de capitales (en forma directa o a partir de la venta de empresas a capitales extranjeros), etc.

Confiscación de los depósitos, impuesto inflacionario, ahorro forzoso, impuestos a la riqueza (o a las ganancias extraordinarias ) mediante tasas diferenciales, default de las deudas, y todos los etcéteras que nuestros amables lectores quieran agregar. Nada ha cambiado en estos aspectos.

Todo, menos volver eficiente la economía argentina para competir en el mundo como corresponde. La panacea del mercado ha sido reemplazada por la panacea del Estado. Los ministros y secretarios serán los encargados de decir qué invertir, dónde, cómo, cuándo y cuánto. A quién se lo subsidia, a quiénes se los promueve , qué nos conviene producir y qué no. Y cuánto, y cómo, y por qué. Todo esto nos lo dirán De Vido, el novel Lousteau, ambos Fernández, el secretario Moreno, o quien fuere. Ellos serán los encargados de encauzar la producción, la economía, los precios, las ganancias, la historia. Ya están haciéndolo. Y seguirán haciéndolo.

Poco a poco la dirección tomada conduce a las viejas formas de la política económica, y por lo tanto a los mismos resultados. La gran diferencia con el pasado es el superávit fiscal logrado en estos años, que es utilizado para que el Estado entregue subsidios a los sectores elegidos o se encargue de hacer determinadas obras en general vinculadas a cuestiones políticas. Y tal superávit ha podido medianamente sostenerse en el tiempo porque los años de estabilidad relegaron un tanto la llamada cultura inflacionaria , porque de otra forma la megadevaluación de 2002 hubiera sido devorada en horas por el reacomodamiento de los precios Todo este engranaje deviene en una mala utilización de recursos y por lo tanto en una descapitalización progresiva. Precisamente es por eso que los sucesivos incrementos de la presión tributaria (y de la inflación) se hacen cada vez más imprescindibles. Y cada vez se dificulta más generar inversión genuina externa o interna. Porque además, un sistema en el cual algunos funcionarios suben o bajan sus pulgares de la manera que describimos, no permite pensar en un marco estable. En la Argentina se han destruido las instituciones y por lo tanto la seguridad jurídica es prácticamente nula, como podemos verlo casi todos los días.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007

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HÉCTOR BLAS TRILLO

Contadores Públicos

Economía y tributación

El nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, tiene no pocas problemas por resolver. Las conjeturas de cómo lo hará y si lo hará son consecuencia directa de la falta de definiciones de parte de la presidenta electa, al menos hasta ahora.

En estos días siguientes a la elección de la senadora Cristina Fernández como nueva presidenta, el mercado se ha movido sobre la base de conjeturas respecto de qué y de cómo se hará para resolver una serie bastante importante de asignaturas pendientes. En términos generales se observa una tendencia a la baja de las tasas de interés y a la caída del valor del dólar, consecuencia directa de haber finalizado el período de mayor incertidumbre, que sin duda es el previo a cualquier elección presidencial.

El mercado percibe, además, que el gobierno parece tomar en serio ciertas consideraciones que han venido efectuándose en los últimos meses respecto del incremento desmedido del gasto público y la necesidad de efectuar correcciones tarifarias. Al menos en lo que estamos viendo, la presidenta electa no parece dispuesta a asumir sin un colchón que le permita afrontar el nuevo gobierno desde una perspectiva favorable. El marco internacional continúa siendo muy favorable. Las commodities continúan en alza y las mejoras en los precios auguran una rápida trepada de las retenciones sobre las exportaciones.

Visto con la mirada corta de cierta política imperante, la tranquilidad reina en las esferas cercanas al poder. Eso es leído rápidamente por los operadores, claro está. Y así se favorece una calma que se prolongará en tanto y en cuanto los nubarrones no aparezcan en el horizonte.

Pero debemos tener presentes cuáles son las asignaturas pendientes, y en todo caso intentar imaginar cómo se resolverán. En términos generales adelantamos nuestro pesimismo al respecto. Un pesimismo que se fundamenta en la idea de que los problemas económicos tienen correlación directa con el modelo de sustitución de importaciones y tipo de cambio alto elegido.

La crisis energética no se ha resuelto ni hay miras de que tal resolución llegue. Las centrales de Timbúes y Campana están en proceso de construcción (la segunda se espera que entre en actividad en mayo o junio, la primera un poco más tarde) y su aporte (unos 1.200 megavatios) no será suficiente para abastecer una demanda creciente. El plan Energía Plus, lanzado hace un año, no ha provocado grandes adhesiones, excepto una inversión de 110 millones de dólares en la provincia de Córdoba. El resto pueden ser ampliaciones de centrales existentes, la llegada de barcazas para apuntalar al sistema en el litoral marítimo y una futura Atucha II lejana en el tiempo.

La negociación con el Club de París es imprescindible para tratar de abrir el mercado financiero internacional hacia la Argentina, actualmente cerrado luego del default . Pero ello implica a su vez pensar en una solución para los llamados hold outs, los acreedores que no ingresaron en el canje de deuda y que representan no menos de 25.000 millones de dólares literalmente borrados de las cuentas oficiales de deuda. Circula una versión acerca de una posible oferta hacia fines de 2008, luego del acuerdo que pueda lograrse con el Club, intervención del FMI mediante. Si bien tal intervención deja un regusto amargo en la boca de todo el clan gobernante, lo cierto es que no parece que haya otro remedio, y se espera para marzo una nueva visita de la gente del Fondo.

La mención de la senadora Kirchner sobre un superávit primario de por lo menos 3,15 puntos del PBI requerirá sin dudas una baja del gasto público, un ajuste en los ingresos (vía retenciones, básicamente) y una tasa de inflación no menor al 15%, para poder mediante esta última reducir el gasto en dólares y mejorar los ingresos provenientes de los mayores precios. No hay que olvidar que el ajuste por inflación en los balances sigue prohibido y por lo tanto hay una tendencia creciente no sólo a recaudar más impuestos sobre los consumos, sino también sobre ganancias ficticias.

El sostenimiento del tipo de cambio competitivo , es otro de los puntos que requerirán especial atención. La falta de competitividad del país es una evidencia, a poco que se compare con la situación de Brasil, con quien para este año se espera un déficit comercial en torno de los 4.000 millones de dólares, siendo que el real se ha revalorizado respecto del dólar de manera contundente. Mientras la Argentina sostiene un cambio irreal para lograr ingresos y provocar inflación, Brasil hace lo contrario y pese a ello aumenta su penetración de manera notable. A esto hay que sumar la compra de empresas argentinas debido a su bajo costo en dólares entre otras cosas, todo ello producto de la política económica imperante.

La llegada de los dólares producto de las exportaciones en ésta época del año augura nuevos problemas al Banco Central, ya que deberá aumentar la emisión de moneda y consecuentemente el endeudamiento en LEBACS y NOBACS para secar la plaza de excedentes monetarios. Es decir, la ortodoxia dentro de la heterodoxia verbal imperante. Hay que tener presente que la suma de las emisiones en Letras y Notas del Banco Central se encuentra cercana a los 60.000 millones de pesos. El Estado es el gran tomador de dinero del mercado, para él sí que hay crédito y no hay quejas desde el gobierno. Pero para empresas y particulares el crédito se vuelve carísimo. Y precisamente el crédito caro encaja perfectamente en la política inflacionaria que se lleva adelante. Mientras el horizonte sea el de sobrevaluar al dólar, el problema continuará y probablemente se exacerbará.

La nueva presidenta deberá abordar el problema de las presiones gremiales sobre salarios de empleados del Estado (y también de los contratados que suelen quedar raleados de los ajustes y que son varios miles).

Es evidente que la intención del gobierno actual es la de mantener el dólar en torno de los $ 3,20, pero tal valor comienza a resultar escaso ante la presión inflacionaria generada, las elevadas tasas de interés vigentes y la llegada de aumentos tarifarios progresivos pero ciertos. Si a ello le sumamos los problemas energéticos, se entiende rápidamente que la balanza comercial haya ido decayendo y con seguridad continúe haciéndolo el año próximo. Las importaciones de ciertos bienes tienen relación directa con estos dos factores. Por eso la UIA presiona al ministro Peirano para que desarrolle mecanismos de protección adicionales. Pero el freno de importaciones impulsa todavía más el índice de inflación y retrasa la tecnología.

Y precisamente el índice de precios es otro de los problemas que deberán afrontarse. No se trata, obviamente, de cambiar metodologías, sino de garantizar la objetividad de los cálculos, cosa que a la luz de los hechos hoy por hoy resulta inimaginable.

Las exportaciones totales, en el corriente año 2007, estarán en torno de los 50.000 millones de dólares, una buena cifra que ha crecido respecto de los valores exportados a fines de los años 90, que no llegaban a los 40.000 millones. Pero si tenemos en cuenta la pérdida de valor del dólar en el mundo (que estaba a menos de 80 centavos por euro hacia 1999 y hoy está a 1,45) muestra una realidad respecto de ese incremento: que es más nominal que otra cosa. La verdad es que la política de cambio alto ha servido al Estado argentino para corregir el déficit recaudando dinero de las exportaciones de productos primarios, que es donde le mercado local es eficiente ante el aumento de los valores internacionales. Y nada más. La industria no vinculada al campo no exporta hoy por hoy más allá del tercio del total, y es la beneficiada con el tipo de cambio, y la protegida mediante el cierre de fronteras. Esta es la realidad. Pero la industria nacional no mejorará por eso. Al contrario. La protección sirve para descansar tranquilos y no competir, y esto no es visto así por las autoridades nacionales, ni las actuales, ni las próximas.

El dólar ha ido perdiendo valor en el mundo, el petróleo está cercano a los 100 dólares por barril (a fines de los años 90 no superaba los 11 dólares), la devaluación del peso no supera el 3% anual, mientras el índice de precios real calculado por varias provincias (ya no hablemos de cálculos de equipos particulares para evitar suspicacias), como por ejemplo Mendoza (gobernada por el vicepresidente electo), superará largamente el 20% a fin de año. No se espera en el corto plazo que la divisa norteamericana se recupere a nivel internacional, por lo que el colchón recaudatorio vía retenciones podrá sostenerse e incluso incrementarse. Pero la presión de los precios internos terminará requiriendo devaluaciones adicionales, cosa que es obvio que el gobierno actual (o el futuro) no quiere producir para evitar mayor tasa inflacionaria. Porque la compra de divisas a mayor precio que el de mercado siempre es inflacionaria.

Otro aspecto de gran relevancia es el tema de los subsidios. Los subsidios son un engaño estadístico, por decirlo de algún modo. La idea de que no hay inflación porque los precios de determinados bienes o servicios no suben debido a los subsidios es sencillamente absurda. Precisamente el subsidio es la convalidación de un precio mayor, sólo que es el Estado quien pone la diferencia entre el precio real y el que paga el público. Y esa diferencia se obtiene mediante el recurso de gravar exportaciones gracias al tipo de cambio alto y a la emisión de moneda necesaria para adquirir los dólares caros.

Los bonos ajustables en pesos por el CER han perdido valor relativo dado que la rentabilidad es menor por efecto del índice de precios tocado . El efecto es considerado por no pocos analistas como un nuevo default . Lo ocurrido con el INDEC en este año es sencillamente vergonzoso, y la sensación que existe es que se determinará una nueva base de cálculo de acá para adelante, con lo cual la quita efectuada prácticamente a punta de pistola es definitiva. Y nada garantiza, reiteramos, que no seguirá la cosa así. La no renovación de contratos al personal del Instituto, y el sostenimiento, luego de las elecciones, de un funcionario de características francamente surrealistas como Moreno al frente de las decisiones, son datos que no parecen augurar realmente ningún futuro promisorio.

Resulta también inadmisible que no exista prácticamente una política seria de recuperación ganadera. Todo lo contrario, todavía sigue vigente la limitación a las exportaciones de carnes a los niveles de 2005.

La presidenta electa ha hecho hincapié en la necesidad de atraer inversiones. Viejo adagio utilizado por el Dr. Lavagna durante casi 4 años. Las inversiones no vendrán si no se garantiza la seguridad jurídica. Y resulta casi hipotético pensar que tal cosa ocurrirá.

En suma, y para concluir, no esperamos un gran cambio en el rumbo, al menos no lo esperamos mientras siga creyéndose en un modelo productivista e intervencionista cuyo agotamiento está cada día más cerca. Históricamente nuestro país aplicó este tipo de esquemas. Dólar alto, gravámenes al sector agroganadero, ayudas y promociones varias al sector industrial, cierre de importaciones y el famoso compre nacional. Servicios públicos administrados pésimamente por el Estado e inflación creciente. Lo que se observa es el retorno progresivo al viejo esquema. Y si con razón suponemos que la senadora Cristina Fernández tiene las mismas ideas que tiene su marido y el grupo que en estos momentos maneja los hilos del poder ejecutivo, nuestra opinión no puede ser otra.

Esperaremos, pues, los acontecimientos.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2007

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Exponemos brevemente el tratamiento impositivo de las erogaciones en concepto de intereses, un tema que siempre ha dado lugar a controversias y malos entendidos.

Comenzaremos señalando una obviedad: en el impuesto a las ganancias los intereses son deducibles en los balances impositivos en tanto y en cuanto provengan del financiamiento para la adquisición de bienes o servicios afectados a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias gravadas.

También son deducibles los intereses provenientes de créditos hipotecarios destinados a la compra o construcción de inmuebles destinados a la casa habitación del contribuyente hasta la suma de $ 20.000.- anuales. Esta es la única excepción al principio general de la deducibilidad por la conexión con las ganancias gravadas.

Según el artículo 81 de la ley de impuesto a las ganancias son deducibles tanto los intereses como las actualizaciones y los gastos conexos a la obtención de los créditos. Por su parte el artículo 120 del decreto reglamentario dispone el prorrateo de los intereses cuando se trate de créditos destinados en parte a obtener ganancias gravadas y en parte a ganancias exentas.

Los intereses son deducibles por el criterio de lo devengado (artículo 18 de la ley) y se da el caso, fijado por la jurisprudencia (Mirror Holding SRL) de empresas locales que paguen intereses a extranjeros radicados en paraísos fiscales, donde los intereses se imputarán también por lo devengado siempre y cuando se paguen dentro del plazo de presentación de la declaración jurada. En caso contrario la imputación se hará en el ejercicio del pago.

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD

Por su parte para los sujetos del artículo 49 de la ley del rito (es decir, los contribuyentes de la tercera categoría), los intereses de deudas en las que el prestatario fuera un residente en el exterior a la vez controlante, y la deuda supere dos veces el patrimonio neto (excepto que se trate de entidades financieras) no resultarán deducibles los intereses en la proporción del pasivo que exceda esas dos veces del patrimonio neto. Los intereses que excedan tal proporción recibirán el tratamiento que corresponde a los dividendos.

Pero los intereses sujetos a la retención del 35% en carácter de pago único y definitivo, a los que les cabe la presunción de ganancia neta (artículo 93 ap.2 inc c).

El decreto reglamentario dice por su parte que los intereses a los que se refiere la ley en este capítulo son los provenientes de deudas de carácter financiero y no los que correspondan específicamente a la adquisición de bienes, locaciones o prestaciones de servicio relacionadas con el giro del negocio (artículo 121 del decreto). La limitación en la deducción de intereses no corresponde en el caso de fideicomisos financieros y en empresas que tengan como actividad principal la celebración de contratos de leasing y en forma secundaria realicen sólo actividades financieras (artículo 121 del decreto).

BENEFICIARIOS LOCALES

Cuando se paguen intereses entre los contribuyentes de la tercera categoría definida en el artículo 49 de la ley (excepto entidades financieras), corresponde retener el 35% en carácter de pago a cuenta.

BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR

Cuando el tomador local del crédito fuera (a) una entidad financiera y/o (b) se trate de operaciones de financiación de importaciones de bienes muebles amortizables (excepto automóviles) otorgado por proveedores del exterior o el acreedor es un banco o entidad financiera ubicada en países que no sean considerados paraísos fiscales, corresponderá retener el 35% del 43% del monto de intereses pagados. Es decir una tasa neta del 15,05% Pero si el tomador del préstamo es una entidad del artículo 49 de la ley (no entidad financiera) y el acreedor no encuadra en lo antedicho, corresponde retener el 35% del total pagado.

OMISIÓN DE RETENER

La multa se fija entre el 50 y el 100% de la retención omitida. También puede resultar impugnado el gasto por dicha omisión. Esta es una facultad del Fisco.

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

Complementariamente, diremos que cuando un pasivo resulte impugnado por no poder ser justificado, será considerado ganancia neta con un incremento del 10% en concepto de renta consumida, y además será alcanzado por el IVA por ser considerado venta omitida.

Buenos Aires, 19 de octubre de 2007 DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

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Acuerdos de precios forzados, bajas de tasas de interés producidas luego de las amenazas públicas del Dr. Kirchner a los banqueros, repatriación de los fondos de las AFJP. El enfoque de las actuales autoridades sigue siendo el mismo desde el comienzo de la gestión: actuar sobre las consecuencias negativas que produce el llamado modelo productivo o industrial puesto en vigencia con el advenimiento del Dr. Duhalde como presidente en el año 2002 culpando a distintos sectores del quehacer económico sin asumir responsabilidad ninguna en los hechos.

La experiencia que cualquier ciudadano del común puede tener de lo que ocurre con esta forma de actuar nos eximiría de mayores comentarios. Pero como todavía hoy existe una extraña simbiosis entre las bravuconadas de los funcionarios y los deseos de la gente, nos parece relevante volver una vez más sobre las causas y las consecuencias de la política económica vigente.

En esta conceptualización podemos distinguir ciertos comportamientos más o menos recurrentes. En primer lugar, los insultos, acusaciones, diatribas y amenazas varias que produce el gobierno a través del presidente y de sus voceros de hecho, los ministros Aníbal y Alberto Fernández. Ningún sector está libre de caer en la proverbial volteada : productores agropecuarios, consignatarios de hacienda, privatizadas, banqueros, petroleras, hoteleros, comerciantes de zonas de veraneo, productores frutihortícolas, financistas, exportadores, importadores, economistas, etc. Todos y cada uno de estos grupos pueden terminar siendo acusados de avaros, aprovechadores, defensores del modelo neoliberal, conspiradores, pillos, primates o lo que fuere. Según del lugar de donde sople el viento, podrá oírse el rugido de la maldición que cae sobre aquellos que no actúan como el gobierno espera que lo hagan. Y ni siquiera se trata de intentar averiguar qué cosa espera el gobierno que hagan, porque a nuestro modo de ver ni el propio gobierno lo sabe. Diremos luego por qué.

En segundo lugar, la idea de que eternamente puede sostenerse el artilugio monetario del dólar caro dado que las consecuencias positivas siempre serán superiores. Esta curiosa afirmación, bastante común no sólo en los funcionarios gubernamentales que tienen el deber de hacerla, se da de bruces con una realidad que se resiste a encarrilarse. Las subas de precios son generalizadas y los valores muy superiores a las que difunde el gobierno a través del índice perfecto del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Las compras de dólares por parte de particulares, empresas y bancos, obliga al gobierno a tomar decisiones apresuradas, inconsultas y sumamente improvisadas que afectan y afectarán una vez más patrimonios de terceros.

En tercer lugar, la reciente suba de las tasas de interés que es una consecuencia directa, quieras que no, de la exacerbación del fenómeno inflacionario y de la incertidumbre política existente en un año electoral. Hay quienes piensan que en realidad más que por incertidumbre es por certidumbre que ocurre lo que ocurre en la materia, y a ellos les ponemos algunas fichas también.

Y para terminar con el encuadramiento de los hechos, el permanente cambio de reglas de juego. Este accionar es considerado por nuestros gobernantes como política económica, cuando en realidad es lisa y llanamente violación de derechos elementales de forma reiterada, inconsulta, improvisada y, para colmo, contraproducente respecto de los fines que persiguen (o declaman) los funcionarios actuantes.

Las AFJP, como se sabe, tienen la obligación de colocar en el país el 90% de sus recursos y solamente un 10% en el Exterior. Esta limitación legal es de por sí lo suficientemente intervencionista como para pensar en que un buen financista decida elegir una cartera de este tipo para sus colocaciones. Si los huevos han de colocarse en distinta canasta , la AFJP por imperio de la legislación vigente no es una oferta aconsejable. Nadie en su sano juicio armaría un portfolio con semejante distribución de los fondos.

Aún así, y luego de todos los avatares sufridos por estas entidades a raíz del default del año 2002, la colocación de fondos en el mercado de capitales brasileño ha sido un acierto debido a la alta rentabilidad lograda, entre otras cosas porque la moneda del vecino país ha venido apreciándose sostenidamente contra el dólar, y porque los operadores piensan que en poco tiempo más Brasil alcanzará el llamado grado de inversión, abriendo aún más el mercado a la llegada de capitales de los países avanzados.

Pero el gobierno ha decidido, de un nuevo plumazo, obligar a las AFJP a repatriar el dinero invertido en el Exterior. Ya no podrán tener colocados fondos por el 10% allende las fronteras, sino que solo podrán colocar el 2%. Una vez más los futuros jubilados pagarán las consecuencias de la improvisación y el desparpajo con el que se dispone del dinero ajeno en la Argentina.

Respecto del objetivo de esta nueva disposición, las opiniones están divididas. Una es segura: arrimar fondos al mercado local para reforzar la liquidez y contribuir a la baja de la tasa de interés. No importa si las AFJP pierden dinero, ni importan los futuros jubilados aportantes. El Dr. Kirchner dice que su gobierno ha tocado intereses y que esto produce reacciones. Tiene razón, claro está.

Pero los intereses que se tocan no son solamente aquellos que el Dr. Kirchner insinúa. Acá se tocan intereses de pequeños ahorristas a los que se les quiere pagar tasas de interés negativas, se tocan los de los asalariados a quienes se les pagan menos dólares, se tocan los de los jubilados futuros metiendo la mano en las administradoras de sus fondos. Y podríamos seguir largo rato.

Ahora bien, ¿cómo espera el gobierno que se comporten los distintos sectores? ¿Es razonable por ejemplo que espere que un buen día todos los exportadores de carnes y sus derivados dejen de hacerlo? ¿Espera acaso que la nafta siga vendiéndose al mismo precio cuando los costos de mantenimiento de una estación de servicio subieron no menos de un 30% en un año? ¿O tal vez supone que la papa o el tomate seguirán valiendo el precio fijado por el secretario Moreno cuando es obvio que si se fija ese precio es para apuntalar el índice trucado de precios? ¿No es obvio a su vez que los precios fijados por el gobierno son bajos y por lo tanto los productos se agotan rápidamente y entonces se produce la falta de ellos quedando el acuerdo como algo abstracto? El gobierno espera que los sectores se comporten como él quiere por la fuerza que lo hagan. Y más allá de la violación de derechos que ello implica, la prepotencia no modifica la realidad de que nadie sale a vender sus productos a un precio al que sabe que pierde dinero. ¿No sabe el gobierno que aquello que se vende más barato que lo que valdría si no interviniera, se agota? ¿Sabrá el gobierno que cuando se desalienta el consumo de algo (aceptando la ley de oferta y demanda, dicho sea de paso) se produce la demanda de otros alimentos de reemplazo que tienden a subir sus precios?

Estamos en un mundo de fantasía: esperar que ocurra lo que sabemos que no ocurrirá. Es el peor de los escenarios, porque se fundamenta en un discurso vacuo, sin contenido. Y que termina como siempre en la teoría de la conspiración, del golpe de mercado. Porque así como no hay una línea de conducta en lo referente al respeto de las reglas de juego, tampoco hay una base cierta de que lo que ocurra pueda resultar o no beneficioso. El gobierno quiere que se exporte, pero luego no quiere. Quiere comprar dólares, pero luego prefiere venderlos. Quiere que bajen los precios locales, pero que suban en el Exterior. Quiere que los países centrales quiten los subsidios al sector agrícola, pero acá aplica retenciones y subsidia a otros sectores. Quiere que se ahorre combustible y electricidad, pero no ajustar sus precios a valores razonables. Quiere que no haya inflación, pero la masa monetaria creció en el último año más del 35%.

La política de subsidios es el engaña pichanga más patético jamás visto. Subsidiar significa pagar la diferencia. El boleto de colectivo no sube para el pasajero, pero sube para el país. ¿Sabe esto el gobierno o no lo sabe? ¿Lo sabe el ministro Peyrano, o en su momento lo sabía el Dr. Lavagna?

Nuestra conclusión es que todo termina siendo una gran improvisación. Un vivir el presente semejante al de esos desafortunados changarines que viven al día , porque gastan en el día lo que cobran en el día y mañana se verá. Y la improvisación es por definición contraria de la estabilidad.

Es decir que más allá de cualquier otra consideración lo que tenemos por delante la inestabilidad consecuencia de la improvisación. Como tantas veces nos ha ocurrido, por lo demás

Buenos Aires, 19 de octubre de 2007

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

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El uso del adjetivo pícaro es frecuente en boca del presidente Kirchner cuando se trata de intentar descalificar a los empresarios por aumentar sus precios de manera desmedida. Nos proponemos, desde una óptima exclusivamente económica, tratar de interpretar este calificativo.

Empecemos por definir qué es, para el Diccionario de la Lengua, el adjetivo pícaro: Vil, ruin, doloso, carente de honra y vergüenza. Astuto, taimado, bellaco. Muy bien, éste es el adjetivo que con más frecuencia utiliza el presidente Kirchner cuando, desde la tarima rodeada de la respectiva claque se dirige a la población entera a través de la radio y la televisión atacando a ciertos empresarios que suben los precios de sus productos. Ahora por lo menos son algunos, antes eran todos.

La picardía es, pues, una acción ruin, vil y malvada. Es un acto indigno de la gente de bien. A menos que hablemos específicamente de astucia, en cuyo caso estaríamos en una variante un tanto diferente. Porque el astuto es aquel que es hábil para evitar el engaño, o también hábil para engañar, para lograr un fin de modo artificioso.

Resulta verdaderamente grotesco que de este modo nada menos que el presidente esté pretendiendo llamar a la cordura y al cambio. Más bien da la impresión de que el Dr. Kirchner asume una especie de fisique du rol que consiste en mostrarlo enojado con los vivillos que se abusan de la gente de bien, humilde y desinteresada. Entre la cual, por supuesto, se encuentran los funcionarios y el mismísimo Sr. Presidente. Es decir, entre los humildes y los desinteresados.

Claro, a las autoridades no les gusta que suban los precios. Es decir, no les gusta que los precios se acomoden a la pérdida de valor de la moneda ocasionada en la emisión de billetes para adquirir divisas a precios superiores a su valor de mercado. Los elementos que intervienen en cualquier transacción comercial son dos: el bien a transferir y el dinero. Éste último no sólo pierde valor sistemáticamente, sino que el gobierno se empeña en que así sea al sostener un tipo de cambio competitivo ante la palpable realidad de la falta de competitividad reinante. Por eso mismo se cierran fronteras, se impiden importaciones y se prohíben exportaciones, todo lo cual contribuye no al desarrollo económico, sino al encarecimiento artificial y a la baja de calidad de los productos locales.

Pero no nos proponemos en estas líneas específicamente hablar de economía, sino más bien y ante todo de qué significa la picardía y su contracara, es decir la falta de ella , en el marco de la economía.

Porque la insistencia del señor presidente en la utilización del adjetivo aplicado a determinados empresarios, no sólo no incluye al resto, sino que tampoco parece incluirlo a él mismo. Es decir, el presidente no es pícaro. Actúa, por lo tanto, de un modo que no es vil, ni astuto, ni doloso, ni carente de honra y vergüenza, etc.

En el mundo en que nos toca en suerte vivir, la picardía forma parte de la vida. En mayor o menor medida, se supone que todos los seres humanos tienen algo de picardía. Digamos tal vez un tanto de astucia. De viveza. Si tratamos de ser bondadosos e intentamos apreciar las expresiones del jefe de Estado como el lado amable de la cuestión, podríamos afirmar que estaría hablando de la proverbial viveza criolla. Aunque creemos que el Dr. Kirchner emplea este término con toda la carga de desprecio que suele demostrar hacia quienes contradicen sus expectativas.

Ahora bien, un Estado de Derecho contempla la existencia de individuos que en sí mismos son entes con intereses, pretensiones, virtudes y bajezas. Nadie puede esperar racionalmente que toda la gente sea buena y que sus principios, sus fines y sus escalas de preferencias sean exactamente iguales o siquiera parecidas. En absoluto.

Precisamente el Estado de Derecho, cuando funciona, permite que convivan en su seno seres de las más diversas características. Individuos que creen en cosas mientras otros descreen de ellas. Personas que interpretan aspectos de la vida de manera diametralmente opuesta a la de otros. El orden jurídico pone las cosas en su lugar cuando se invaden los derechos de los otros, simplemente.

Hay gente bondadosa, caritativa, solidaria, y gente que es avara, angurrienta, o lo que fuera. Cada ser humano tiene el derecho de ser lo que es y debe ser respetado como tal. Por eso la sabia Constitución contempla a todos los individuos y les respeta sus derechos en tanto no dañen a los demás; todo ello dentro de los derechos y garantías que la misma Constitución instituye.

Si el planteo del Dr. Kirchner es el de abolir la picardía la verdad es que nos parece bastante incomprensible. Si todo ser humano tiene algo de astuto o de pícaro, habría que pensar en una suerte de nueva clase de personas carentes de esa particularidad, lo cual resulta realmente ridículo. Y si, como pensamos, de lo que se trata es de señalar al pícaro para ponerlo en evidencia a raíz de actitudes específicas, entonces volvemos al centro de nuestra actividad profesional: la economía. Nadie vende más barato aquello que puede vender más caro. Y si hay alguien que sí lo hace, entonces el producto no alcanza para todos sino para quienes lleguen primero, que son los más ágiles o con mejores medios de traslado, es decir, los más pudientes.

Si un producto es demandado a un precio determinado, ése es el precio. De lo contrario tal precio baja. Si el precio es bajado artificialmente, el bien se agota, como ocurre con los combustibles, por ejemplo. Entonces hay escasez y son los pícaros y los rápidos quienes llegan al producto antes de que se agote. Es decir, por un lado o por el otro serán los más hábiles quienes llegarán primero.

¿Qué puede hacer el Estado ante esta realidad? Imaginemos las entradas para un espectáculo deportivo, que siempre son revendidas en las inmediaciones del estadio a un precio superior al de la ventanilla ¿Qué indica esto? Que el precio original de las entradas es lo suficientemente bajo como para que alguien pueda venderlas a un precio superior. Este alguien será para el Dr. Kirchner un pícaro . Y tiene razón. Pero ese pícaro está aprovechándose de la falta de picardía de quien quiere vender a menor precio lo que vale más.

Supongamos que el gobierno evita la reventa. Es decir supongamos que el Estado mediante el poder de policía consigue que nadie pueda adquirir entradas para revenderlas y que nadie que hubiera comprado su entrada haga con ella ninguna otra cosa que usarla para ir a ver el espectáculo o en todo caso regalarla o venderla al mismo precio al que la adquirió. ¿Quiénes serán los adquirientes de tales entradas? Los que lleguen primero. Los que dispongan de más tiempo para hacer las largas filas ante las ventanillas. Los que cuenten con sistemas de tarjetas de crédito para comprar por teléfono, y de teléfono. ¿Serán acaso los más pobres, o postergados? No. Tal vez haya algunos, pero la inmensa mayoría de adquirientes será gente que tiene recursos para trasladarse, para comunicarse, para pasar horas en la cola o para pagar a alguien que haga la cola, etc.

Por lo tanto, puede resultar muy humanitario suponer que las cosas serán de otro modo si abolimos a los revendedores, pero no será así. El razonamiento es aplicable al precio de cualquier producto. Cuando el gobierno pretende que tal o cual producto se venda a menor precio, éste se agota y lo adquieren quienes llegan primero. Que son los mismos que llegarán a las entradas a bajo precio para el espectáculo deportivo.

¿Sabe esto el señor presidente o verdaderamente jamás lo ha razonado de este modo? Planteemos ambas alternativas: si nunca lo imaginó de ese modo entonces pareciera que la picardía no es su fuerte. Pero si lo analizó de tal forma y pese a ello continúa con un discurso en esa dirección, entonces también él forma parte de los pícaros.

Todo esto que estamos tratando de describir no es otra cosa que el funcionamiento del odiado mercado. Por un lado quien vende trata de obtener el mayor precio posible, y quien compra trata de hacerlo al menor precio posible. El primero trata de hacer las cosas de modo tal de obtener mayor beneficio, el segundo también.

¿Y entonces dónde está el engaño? El engaño está en que se intente vender un producto con determinadas normas de calidad, y tal cosa sea falsa. Y es aquí donde actúa el Estado de Derecho. O mejor dicho, donde debería actuar.

Cuando alguien engaña al otro con el producto que le vende, estamos ante la estafa. Pero la estafa es un delito, que no tiene que ver con el hecho de tratar de obtener un mejor precio por algo, sino de hacer pasar gato por liebre.

Cualquiera de nosotros seguramente ha estado alguna vez en alguna feria, en algún lugar donde se venden baratijas o artesanías o recuerdos de viaje o lo que fuere. Incluso quien jamás ha estado en esa situación puede que lo hubiera visto en una película, o en la televisión. Cualquiera de nosotros sabe que si regatea obtiene un precio menor que el ofrecido originalmente.

Pues bien, esta realidad de la vida es la que, a nuestro entender, pretende enterrar el Dr. Kirchner. Para él no debe existir tal cosa, por lo visto.

La picardía, como tal, forma parte de la vida, como la cobardía, o como cualquier característica de los seres vivos. Podemos ponerle el nombre que queramos: instinto de conservación, supervivencia, lo que fuere. Nadie ha de vender algo a un precio que no sea el mejor. La maximización del beneficio está relacionada con la mejor utilización del capital, y ésta con la relación entre las pérdidas y las ganancias. Son éstas las que regulan la economía del mundo, no las decisiones burocráticas de funcionarios que pretenden con intervencionismos y acusaciones despectivas torcer la realidad de que la economía, como ciencia de la escasez, no deja de lado ni las virtudes ni las carencias de todos los seres humanos, sean éstos empresarios, asalariados, políticos, religiosos, militares o toda la gama de etcéteras que acudiere a nuestra mente.

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2007 HÉCTOR BLAS TRILLO

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En el presente año electoral la suba del gasto público ha alcanzado ribetes jamás logrados. Todo parece estar dirigido a apuntalar la continuidad política del gobierno. No resulta realista no tomar en cuenta el inmenso costo que tal política requiere.

La modificación al Presupuesto Nacional establecida mediante decreto de necesidad y urgencia por el Presidente Kirchner constituye un verdadero baldón a cualquier argumento de prudencia y moderación que el más imparcial de los observadores pudiera efectuar. Un incremento del 12% sobre el presupuesto original, es decir una cifra de $ 14.219 millones de pesos no es una nimiedad ni mucho menos. O fallaron seriamente las previsiones, o alguna calamidad ha torcido el rumbo de la realidad de manera decisiva.

Podríamos decir que un poco de cada cosa, pero en el concepto de calamidad no podemos dejar de incluir el electoralismo. Según la información conocida, $ 2.735 millones serán destinados a cubrir los efectos de la crisis energética, $ 1795 se utilizarán para subsidiar al transporte de pasajeros. El total del incremento para gastos corrientes y de capital de la mayoría de los ministerios alcanza los $8.926 millones, el resto, o sea $ 5.924 millones, se utilizarán para reforzar aplicaciones financieras (fondo de garantía del Anses para el sistema de reparto, financiamiento del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial) y atención de obligaciones del Tesoro. Se prevén $ 11.086 millones que saldrán de la mayor recaudación por sobre lo previsto, y $ 3.134 millones provendrán de un mayor endeudamiento.

Si pensamos que el presupuesto original contiene premisas inflacionarias en porcentajes estimados entre el 7 y el 11%, tenemos un panorama bastante claro de hacia dónde vamos. En verdad, la reasignación de recursos tiene que ver también con la modesta previsión de crecimiento para este año incluida en el Presupuesto (4%). Por tal razón, los ingresos disponibles son bastante mayores a los previstos. En verdad nadie esperaba otra cosa políticamente hablando.

Pero sí era esperada por todos los entendidos la crisis energética, del mismo modo que era esperada la gran cantidad de nuevos jubilados producto de la moratoria o el incremento del gasto por los problemas inflacionarios que el gobierno insiste en negar. La parte política es de sobra conocida, la nueva política es tan vieja como siempre, aunque hoy cuenta con más caja. Y tal caja se utiliza con fines electorales como lo sabe todo el mundo.

El segundo retoque en los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias se agrega a los ajustes de sueldos acordados por los distintos gremios. A ello se suma la mejora en las asignaciones por hijo y el incremento de las jubilaciones. Como se sabe, estos ajustes, aunque necesarios, deseados y esperados, exacerban el consumo y presionan sobre los precios ante la falta de oferta. Es decir recalientan la economía, como se dice habitualmente. A esto el gobierno le contrapone prohibiciones de importación, controles de precios, modificaciones en el sistema de medición de la inflación por parte del INDEC y las consabidas acusaciones a sectores supuestamente enemigos del bienestar general. También le contrapone la persistente búsqueda de nuevas inversiones mediante promociones de diverso tipo, en las cuales parece haberse enfrascado en nuevo ministro de economía.

Al mismo tiempo, los intentos de aplicación de la ley de Abastecimiento, las amenazas a directivos de la petrolera Shell nada menos que con prisión, las intervenciones en el mercado de carnes, extendidas a otras actividades cada vez que el abastecimiento o los precios no siguen el curso esperado por el gobierno, marcan una insólita incongruencia entre ser y parecer. En el caso de la petrolera, además, no hay analista que no hable de un particular ensañamiento, para colmo injustificado, lo que derivará seguramente en gravosos juicios que deberá afrontar el Estado en el caso de que la empresa tenga razón.

El ministro Peirano se muestra particularmente agresivo hacia quienes no comparten el criterio estatista que lleva adelante el gobierno, y se muestra decididamente proclive a suponer que el intervencionismo es la panacea según la cual el éxito económico será una realidad, convencido como está que lo que no hacen los mercados, lo harán los funcionarios con el dinero recaudado por la Administración y también por el habido vía inflación, que como se ha dicho hasta el cansancio es el más injusto de los impuestos. Se ha reemplazado en la Argentina del nuevo milenio, aquella rabiosa crítica al endiosamiento del mercado por el endiosamiento del intervencionismo. Lo que la gente, la población, las empresas, la globalización o lo que fuere no hacen como el gobierno quiere, lo harán Peirano, Moreno y los Fernández. Tamaño dislate la verdad es que excede largamente un intento analítico serio. Pero deja sí una reflexión de base y de fondo: la agresividad, la prepotencia y la soberbia de ninguna manera contribuirán a generar ese clima de negocios del que siempre se habla. La seguridad jurídica (prácticamente inexistente) no se logra con acusaciones vacuas y en muchos casos decididamente groseras.

También es absolutamente cierto que el silencio de prácticamente todo el arco empresarial (y de buena parte de la comunidad política también) sobre la evidente discriminación que viene efectuándose en contra de la empresa Shell, no puede estar fundamentado en otra cosa que en el temor a caer en la misma bolsa y ser privado de privilegios y subsidios para emprender inversiones. Es decir que por un lado nadie quiere perder sus prebendas, y por el otro nadie invertirá un peso sin ellas. Peor imposible.

Sigamos pues con otros temas: ¿están los nuevos jubilados entre quienes figuraban en las encuestas del Indec como desocupados y ahora ya no lo están? No es un tema menor, ya que se han incorporado al régimen jubilatorio algo así como 1,2 millones de personas, que según las normas de la propia ley que sancionó la moratoria, debían estar desocupadas hacia fines de 2005.

Si consideramos que el porcentaje de desocupados hoy por hoy es del orden de 1,4 millones de personas, la baja en los índices de desempleo tendría algo que ver con esto. Por supuesto que se incorporan nuevos demandantes de empleo al mercado y demás. Pero lo que intentamos reflejar con este comentario es que no siempre la modificación del índice tiene que ver con la generación de nuevos empleos únicamente.

Al parecer el sindicalismo de ATE ha llegado a un acuerdo con el gobierno para sanear el INDEC y elaborar índices corregidos y ajustados a la realidad. Esto y confesar que los índices actuales son falsos es lo mismo. ¿Quién se hace cargo del lado del gobierno de semejante confesión si esto es cierto? Se dirá seguramente que la base de cálculo o la ponderación no se han adecuado a la realidad actual y por eso deben cambiarse. ¿Pero es esta la razón por la cual el índice de precios al consumidor arroja en Capital cifras cuatro veces menores que en la mayoría de las provincias?

El crecimiento de la industria evidenció una sensible merma, alcanzando un magro 2,7% durante el mes de julio como consecuencia de las restricciones energéticas esencialmente. Si bien se ha anunciado que tales restricciones serán levantadas, el secretario Cameron ha anunciado que para el verano habrá necesidad de utilizar una mayor cantidad de combustibles líquidos, dado el bajo caudal de las represas hidroeléctricas.

En materia de fondos fiduciarios algo también habría que decir. Hay en estos momentos nada menos que 16 fondos, cuya creación comenzó en el año 1994. La mitad de ellos se crearon a partir del año 2000. Según información difundida por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre 2001 y 2007 sus gastos se incrementaron la friolera de un 6.000%. Estos fondos se crearon, todos, para un determinado fin. Como fácilmente puede colegirse, tal finalidad ha dejado de respetarse casi en todos los casos.

El fondo para el Desarrollo Provincial fue creado en 1995 y su objeto era el de dar asistencia financiera a las provincias en el marco del Pacto Federal de empleo, producción y crecimiento. La duración prevista era de dos años. Pero en sucesivas prórrogas se llegó a la actualidad, en que la fecha establecida de finalización es el año 2025 (¡!). Por su parte el fondo para la reconstrucción de empresas, fue creado en 2002 y tenía como finalidad la asistencia a financieras privadas afectadas por la crisis mexicana, a lo cual se agregó luego el salvataje de empresas endeudadas en dólares y que sufrieron los efectos de la megadevaluación. Según el estudio que estamos comentando, este fondo otorga subsidios al sector privado y cuenta con un capital de $ 1.306 millones. La información acerca de quiénes han sido beneficiarios no se encuentra disponible en informes del propio fondo o del Ministerio de Economía afirmó el economista Gerardo Uña (diario La Nación 26/8/07).

El retraso de tarifas de servicios públicos y de precio de los combustibles ha provocado finalmente una crisis de escasez que no se resolverá con la política de agresiones y amenazas llevada adelante por el gobierno. Tampoco la inflación será detenida con el burdo manejo de los índices o con poco inteligentes controles de precios denominados eufemísticamente acuerdos. El proteccionismo que intenta exacerbar el lenguaraz ministro de economía provocará reacciones en cadena de parte de los países afectados (China especialmente), aumentos de los precios, escasez y merma de calidad.

El panorama decididamente no es bueno, y no se trata siquiera de una cuestión de ideología. El inmenso costo de proteger debe ser pagado, del mismo modo que es pagado el costo de la desprotección cuando no se adecua la economía a la regla básica de la eficiencia y se sobrevalúa el tipo de cambio. No se sale indemne de los exorbitantes costos de tanto subsidio y de tantas desgravaciones para disimular el verdadero precio de las cosas. Y esta realidad deberá ser afrontada en los próximos meses y años, sea quien fuere el nuevo presidente.

Un solo ejemplo más: ¿Qué pasará con los acreedores que no adhirieron al canje de la deuda?. Como se sabe la cifra supera largamente los 24.000 millones de dólares si se consideran los intereses devengados. Y esa cifra directamente ha sido borrada por las actuales autoridades (siendo ministro el Dr. Roberto Lavagna) del monto total adeudado. Es decir que se siguió el esquema del virtual pelito al campo. ¿Esto es realista, por decir lo menos?

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 24 de agosto 2007

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La economía no es una ciencia exacta, dicen los que saben. Sin embargo lo es absolutamente, dado que prácticamente ningún economista acierta con sus pronósticos

Los pronósticos de los economistas prácticamente nunca se corroboran. Es ésa la principal causa de mofa por parte de quienes necesitan defenestrarlos para dar curso a esa curiosa fantasía que consiste en creer que los números pueden ser dejados de lado a la hora de procurar el bienestar de una comunidad.

Cuando ciertos políticos se refieren a tales economistas emplean incluso neologismos descalificatorios. Así, hablan de economicismo y los acusan, cuando menos, de tener una visión exclusivamente materialista de la vida.

Sin embargo, no todos los políticos que en el mundo han sido emplean el mismo razonamiento sofístico. Digamos antes que nada que entre nosotros el empleo del sofisma es una exitosa técnica que ofrece muy buenos resultados. O pingües ganancias, para ponerlo en términos de economistas. Expresiones tales como no podemos dejar que todo lo resuelva la fría ley del mercado, o lo único que les preocupa a los economistas es que no haya déficit y se olvidan de la gente son bastante habituales en discursos y discursillos de barricada.

Uno de los grandes artífices de la lucha contra el déficit ha sido, sin duda alguna, el recordado ingeniero Álvaro Alsogaray. Un personaje que se hizo famoso a comienzos de los 60, como ministro de Frondizi, entre otras cosas por ser autor de la célebre frase hay que pasar el invierno, empleada para señalar que luego de transcurrida esa estación del año, los problemas de entonces estarían resueltos. Alsogaray ofrecía discursos televisivos semanales, en los cuales, tiza y pizarrón mediante, explicaba gráficamente la marcha de la economía y los caminos elegidos para resolver entre otras cosas el eterno déficit fiscal. Fue en aquellos años que Don Álvaro emitió los famosos Bonos del Empréstito 9 de julio de 1962 que tenían respaldo oro y una tasa de interés del 7% anual. Esos bonos se emitieron, justamente, para corregir el déficit y no tener que recurrir a la maquinita de la Casa de Moneda.

Alsogaray predicó en el desierto muchísimos años y siempre fue visto como un economicista y, luego del desgraciado Proceso, a fines de los 70, alguien recordó que además era Capitán. Porque efectivamente, era Capitán Ingeniero. O sea que no sólo era economicista, sino que además era militar. Tenía, para colmo, un pasado como cadete hacia el año 1930, justamente el año en que fue derrocado el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen.

Las vueltas de la vida han hecho que un gobierno que se autocalifica de progresista como el actual, haya tomado las banderas del Capitán Ingeniero y se vanaglorie de tener superávit fiscal. Es una paradoja, o una parábola más bien. Tan curiosa como humana es la contradicción. Ahora sí interesan los fríos números de la economía y el superávit fiscal es no solamente bienvenido, sino que es una de los aspectos centrales de la política económica seguida por el actual gobierno.

Pero dejemos en paz al Ingeniero y sigamos lucubrando sobre los economistas en general. Es bastante común oír a economistas de cierta escuela ideológica hablar de los genios que pronosticaban el dólar a 10 pesos luego de la crisis de comienzos de 2002. Ninguno de ellos parece recordar sin embargo la genialidad de Don Remes Lenicov, que cuando anunció la devaluación hizo referencia a los estudios realizados con su equipo y que habían determinado que el dólar debería ubicarse en $ 1,40 por unidad. Tales estudios duraron lo que un pájaro posado en una rama que se mueve con el viento. Al mes y monedas (con perdón del economicismo), el verde se cotizaba a $ 4.- echando por tierra no solamente un pronóstico, sino el resultado de complejos cálculos econométricos. Pero sobre este magistral yerro, los economistas enfrentados a los otros economistas, no dicen una palabra. Ese valor es un 185% más alto que el asignado por el entonces ministro. Y si comparamos los $ 10.- con esos $ 4.-, tenemos un 150% más. Es decir que Remes le erró por un 185% y los economistas hoy odiados por los sectores autoproclamandos como progresistas, lo hicieron por el 150%, pese a lo cual, éstos últimos resultan defenestrados con ironías como la calificación de genios o malintencionados que responden a intereses espurios, y los primeros, representados por Don Remes, gozan de exilios dorados en Bélgica. También en la escuela de los defenestradores de economistas equivocados se ubica el Dr. Lavagna, que no ha dejado de repetir el yerro de los unos, y ha guardado un cerradísimo silencio sobre el de los otros.

Es decir que tenemos por un lado la exactitud en el yerro, y por el otro la reacción propia de un falsete. Hijos y entenados. Buenos y malos. Premiados y castigados. Bienintencionados y perversos. ¿Por qué?

Tenemos una hipótesis: cada quien tiene su corazoncito. Cada cual ve lo que quiere ver. A unos les interesa dejar mal parados a los otros, y viceversa. Pero en realidad ambos sectores incurren en errores impresionantes.

Otro aspecto de esta ciencia exacta en su desacierto es el de los incentivos dados a unas actividades en desmedro de otras. Incentivos que toman la forma de subsidios, desgravaciones, promociones, créditos blandos o lo que fuere. Cualquier actividad que resulte subsidiada de alguna forma, parte de la decisión de alguien. Alguien con poder resuelve quién debe ser subsidiado, ayudado, promovido, incentivado, etc. Alguien decide qué cosa es importante o útil y merece subsidio, y qué cosa no. Acero o caramelos. Tenemos entonces una decisión de alguien que por encima de la opinión de toda una sociedad que funciona en el reino de la escasez (que es la economía), resuelve qué necesita esa sociedad y ayuda a ello con fondos que toda esa sociedad aporta. No se sabe por cuánto tiempo, ni cómo devolverá el sector promovido el monto otorgado. No se sabe si alguna vez obtendrá ganancias, será rentable y competitivo. Simplemente se lo promueve.

Quien al no caer su ficha en la rueda de la suerte de la promoción y debe pagar, siente que trabaja para que el otro se vea favorecido. Sufre entonces el desaliento. Pero además de ello, ve mermadas sus posibilidades de progreso.

Si tenía en mente mejorar su tecnología o lo que sea porque hay mercado, observa que sus ingresos mermados por la ayuda que debe obligatoriamente otorgar al promovido, no alcanzan para lograr muchas de las metas que se podría haber propuesto de contar con tales recursos. Pero es que alguien ha decidido que a él no le toca.

Quienes no se desalientan del todo, arman cámaras para tratar de lograr ser ellos los favorecidos por la promo. En tales casos, se forman los llamados lobbies que intentarán convencer a quien tiene el poder que aquello que ellos producen es esencial y básico para el desarrollo. Acero, no caramelos.

La economía, la ciencia de la escasez, la ciencia exacta en su inexactitud, tiene respuestas para todo. Cuando Europa decidió proteger la industria cárnica no pensó que su promoción derivaría 50 años después en la enfermedad de la vaca loca. Nadie pensó hasta cuándo debería ayudarse a un sector en desmedro de otros. Hoy por hoy, Europa no tiene carne, tiene problemas de aftosa, tiene la vaca loca incorporada, ha debido reconvertir todo el sistema alimentario de los animales, y ha perdido buena parte del tren tecnológico a manos de Japón y de los EEUU.

La exactitud de la inexactitud también se da en quienes deciden qué es lo que será bueno en el futuro y qué no.

Hay en esto algo de soberbia. Los empresarios son reemplazados por los funcionarios. No deciden aquéllos qué producir, sino que lo hacen éstos, con el dinero de aquéllos, además.

El gran economista austríaco Federico Von Hayek ha publicado un libro, el último de su larga trayectoria hasta donde sabemos, cuyo título podría traducirse como La fatal arrogancia, o La presunción fatal. El título intenta reflejar lo que significa que una persona o un grupo de ellas pretenda conmover al mercado, a lo que él llama los millones de opiniones dispersas. La sola idea de que alguien puede decidir por millones de gustos y preferencias qué cosa conviene y qué cosa no, lleva ínsita la llama de la soberbia, o de la arrogancia. La creencia de que ese alguien puede saber lo que a millones de personas le conviene más. Sería algo así como que millones de personas se equivocan constantemente y hacen las cosas mal, y un funcionario o un grupo de ellos viene a decirles a esos millones, lo que deben hacer porque él sabe lo que está bien.

La economía como ciencia tiene también esta exactitud: el funcionario no sabrá. Porque es imposible que conozca los millones de variables que conllevan las millones de voluntades. Y por lo tanto es un dato que fracasará. En esto lo más lamentable es que tal funcionario utilice para sus fines la coerción del Estado y los dineros recaudados por el poder de policía que éste ostenta.

Será motivo de otras reflexiones esto de que el Estado pueda disponer de una cantidad de dinero para llevar adelante iniciativas comerciales, industriales o de cualquier índole mediante promociones o desgravaciones. Pero la realidad contante y sonante es que es una manera de sentirse un dios poder hacerlo. Repartir según su criterio es también la forma más sencilla de garantizar la corrupción.

Buenos Aires, 12 de agosto de 2007

HÉCTOR BLAS TRILLO

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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Ante la crisis de confianza que se observa en los mercados internacionales, la designación de un nuevo ministro de economía local y las próximas elecciones presidenciales, conviene tratar de observar las posibilidades que ofrece el país en materia económica, acercando un poco la lupa a aspectos controversiales.

La intervención del gobierno nacional en el INDEC es un aspecto de la realidad que prácticamente nadie pone en duda, excepto algunos funcionarios como el flamante ministro de Economía, o el titular de la Secretaría de Comercio.

La candidata a presidenta declaró hace unos días en Madrid que quienes quieren que los índices de inflación sean mayores son los acreedores que tienen títulos que ajustan por CER.

La opinión de consultores y de la gente indica que no solo, ni precisamente, son los acreedores los que quieren o dejan de querer. En verdad, la Dra. Kirchner ha intentado encontrar una explicación, por así decirlo.

La deuda pública se favorece si paga menos ajustes por índices de precios, pero se perjudica en tanto los bonos pierden su valor y las tasas de interés suben, de modo tal que las sucesivas renovaciones de deuda resultan más costosas compensando de ese modo el toque de los índices que la candidata presidencial atribuye a interesados acreedores. De paso sea dicho, hablar de los acreedores y suponer que todos ellos pretenden falsear la realidad resulta bastante esquemático, como falaz resulta a su vez poner todas las fichas en un secretario de estado que hace rato viene hurgando en el INDEC, cambiando funcionarios, haciendo renunciar a otros, y adoptando actitudes cuasi patoteriles de las cuales hay registro y testigos según puede leerse en todos los diarios, inclusive en los más oficialistas.

El ministro Peirano acaba de decir que para combatir la inflación se requiere mayor inversión, por lo cual se va a impedir que los productos chinos sigan invadiendo el mercado argentino . Acá tenemos toda una definición de una mentalidad y una ideología: para que la Argentina supere la inflación hay que cerrar filas y fronteras, y al mismo tiempo atraer inversiones. ¿Este esquema resiste un análisis técnico serio?.

Cuando una inversión se lleva adelante, la misma cae del lado de la demanda según dicen los economistas. Esto significa que el proceso de invertir es, en sí mismo, un incremento de la demanda de bienes y servicios y por lo tanto empuja los precios hacia arriba. Es decir que para llegar a ser mayor oferta, tal inversión deberá haber concluido para pasar a producir. De manera que con un simple análisis podemos ver que una mayor inversión en realidad azuza a la inflación, y no la combate. A su vez, el cierre de fronteras a productos chinos a lo que contribuye es a que suban los precios de los productos locales ante la falta de competencia, por lo cual también este aspecto resulta inflacionario en un esquema de expansión monetaria para sostener el dólar caro como el que tenemos.

Queda claro entonces que más allá de las buenas intenciones, las afirmaciones del ministro operan en sentido inverso del deseado en cuanto a combatir la inflación. El yerro no es menor. Una cosa es que pretendamos incentivar la industria local, mejorar la inversión etc, y otra distinta es afirmar que así se combate la inflación. No ha cambiado demasiado la tónica respecto de los tiempos de Miceli, que decía combatir la inflación con controles de precios, o del Dr. Lavagna, que decía hacerlo con retenciones a las exportaciones.

La inflación se combate volviendo eficiente a la economía, competitiva sin artilugios monetarios, con el precio de la divisa que fija el mercado y con una apertura de las importaciones (y de las exportaciones) que ponga el equilibrio donde debe estar ante la realidad económica que vivimos. No hay que asustarse de eso. La Argentina es altamente competitiva en el sector primario, como todos sabemos. No es necesario poner fábricas de transistores si el dinero se utiliza mejor en producir carne. Simplemente la correcta asignación de recursos es más efectiva, realista y multiplicadora que las infinitas intervenciones salidas de oficinas de burócratas que pretenden que la realidad no es lo que es.

Y en este punto no hay que confundir. Porque en los años 90, lo mismo que a fines de los 70, el sistema imperante consistía en fijar un tipo de cambio bajo, por lo que la apertura de importaciones producía un sobreefecto como consecuencia de que era posible demandar divisas en grandes cantidades sin que se modificara su precio, lo cual atenta obviamente contra la llamada ley de oferta y demanda. Una apertura con control del cambio tiene un efecto negativo: el control del cambio. Porque si el tipo de cambio sube a medida que arrecian las importaciones, y baja a medida que aumentan las exportaciones, nada extraño ha de pasar.

Pero estamos muy lejos de esto, de manera que volvamos entonces a la situación política actual.

Los pactos entre con empresarios, sindicalistas o quienes fueren, (a los que se refirió la Dra. Kirchner) tendientes a convertir en política de Estado el superávit y el tipo de cambio alto son una falacia. Y lo son porque el motivo del pacto lo es. Nadie puede pactar superávit como nadie puede pactar ganancia eterna. Nadie puede pactar que comprará infinitos dólares más caro de lo que valen asegurando que tal despilfarro no terminará produciendo un estallido.

Acordar seguir determinadas políticas es factible. Pero acordar hacer funcionar la economía de determinada forma no lo es. No es posible pactar el régimen de lluvias. Es posible pactar que ahorraremos agua y que la meteremos en tanques adecuados, eso sí.

Por otra parte el superávit fiscal primario está cayendo desde hace por lo menos dos años, de manera que aunque se pretendiera lograr una fotografía de lo que hoy ocurre para prolongarla en el tiempo de modo más o menos indefinido, no equivale volver a lo que ocurría hace dos años, cuando la inflación todavía no era un problema, por ejemplo. No hay que olvidarse que la mega devaluación había provocado una baja considerable del costo argentino, al tiempo que la capacidad ociosa industrial proveniente de la década anterior estaba disponible para activarse rápidamente sin grandes inversiones adicionales, todo lo cual ya ha ocurrido. Hoy el costo argentino es otro, y la capacidad ociosa es casi inexistente.

Los problemas energéticos son una realidad. Los subsidios cruzados también. El gasto público inmenso y casi descontrolado también. Si la senadora Kirchner pretende un pacto en estas condiciones nos parece que está equivocando su discurso.

Obsérvese que hoy por hoy todo parece querer pactarse: tarifas, consumos, precios, salarios, topes exportables, bienes importables, cantidades, índices de precios. Todo. Se trata, al parecer, de armar una economía en un esquema no basado en las necesidades cambiantes de la población, sino en el supuesto o real raciocinio de unos cuantos dirigentes políticos, sociales, empresarios o lo que fueren.

La realidad no entra en una oficina o un edificio público. La vida económica no se reduce a los pensamientos de economistas que dicen que los precios no tienen por qué subir porque de acuerdo a mi análisis así debe ser , como suele afirmar el Dr. Aldo Ferrer. Disentimos profundamente de esta clase de afirmaciones, y sometemos al veredicto de la realidad nuestras opiniones.

Por más bien intencionados que sean, profesionales como los que nombramos en este comentario, están a nuestro entender muy equivocados. El Dr. Lavagna, por ejemplo, ha llegado a afirmar muchas veces que con las retenciones a las exportaciones controlaba los precios locales, para lo cual a su vez era necesario controlar el cambio, que deberá seguir siendo alto, y para ello será necesario controlar los precios. Como una calesita sin fin, en el mundo se acabarían escaseces y estrecheces con sólo llevar a cabo estas recetas magistrales. ¡Y eso no ocurre! NI ocurrirá.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2007 HÉCTOR BLAS TRILLO

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La persistente actitud del gobierno nacional respecto de la actividad agropecuaria ha mostrado una vez más la cara absurda del desplante. Flaco favor se hace así a la necesidad imperiosa de recomponer las reglas básicas que requiere una economía en crecimiento precisamente debido a la favorable coyuntura internacional

Que al ministro Alberto Fernández le parezca “injusta” la posición del campo ante el gobierno nacional es una curiosidad si se toman en cuenta los antecedentes de este tan hábil como versátil funcionario, cuyos orígenes políticos (dicen) se remontan a un oscuro Partido Nacionalista Constitucional. Su tocayo Aníbal hizo referencia a “la derecha angurrienta” en un tinte al que nos tiene acostumbrados pero que no deja de invitar a una cuando menos llamativa pregunta, ¿Acaso quiere este ministro anteponer la “izquierda no angurrienta” a tal “derecha”?

Palabras vacuas, en el último caso ofensivas, a las que suma lo suyo el flamante ministro de economía, de quien ya nos hemos ocupado: “Parecen expresiones nostálgicas de grupos minoritarios de la derecha argentina”. “Reclaman la apertura de las exportaciones para aprovechar un tipo de cambio competitivo…”. “Refleja (el campo) la visión de un país excluyente sin preocupación por la equidad social”. “Representan el pensamiento que avaló las peores etapas de políticas económicas”.

¿Qué es lo que se pretende con este tipo de diatribas? Nosotros tratamos desde esta humilde columna de analizar las perspectivas económicas y lo hemos hecho muchas veces. Intentamos visualizar cómo seguirán las cosas en el marco de un gobierno que parece disputar en el plano del enfrentamiento ideológico basado en acusaciones a personas y entidades y no en razonamientos y observaciones criteriosas y técnicas, sobre todo en el caso del último ministro citado.

Otras veces hemos señalado la incongruencia del propio presidente de la República al incluir al campo entre los adherentes conspicuos de la “política de los 90” cuando al mismo tiempo señalaba que nunca el campo ganó tanto dinero como en esta etapa. Lo hizo el Dr. Kirchner, lo hizo el entonces ministro Lavagna, y lo hizo la defenestrada ministra Miceli. ¿Esa política, la de los 90, es la que añora el campo? ¿Sus dirigentes añoran ganar menos que ahora, o incluso perder dinero simplemente para lograr un país excluyente y sin preocupación por la equidad social?

El ahora ex ministro Lavagna llegó a decir en su momento que si los dirigentes agropecuarios pretendían que se terminaran las retenciones a las exportaciones deberían conformar un partido político. Llegó a tratarlos de “primates” en economía, dadas las condiciones favorables del “tipo de cambio alto” seguido adelante por este “modelo”.

Observar la realidad no requiere de declamaciones u ofensas. Tampoco de ataques a las personas o a la descalificación ideológica. En un país democrático cada cual tiene el derecho (y el deber) de pensar lo que quiere. Pero todo esto no sirve para utilizar el raciocinio y determinar qué cosa es mejor y qué cosa es peor.

Por lo que ha trascendido el secretario De Urquiza tenía previsto el discurso inaugural de la tradicional exposición palermitana. Pero se le ordenó retirarse sin pronunciarlo según se dice por llamados del ministro Alberto Fernández e incluso del propio Dr. Kirchner, que seguía la ceremonia por televisión. Parece una disputa entre niños en la cual el dueño de pelota decide quién juega y quién no.

Repasemos brevemente qué dijo Luciano Miguens que tanto enfadó al presidente, ya de por sí marcado para siempre por su negativa a concurrir a estas exposiciones como si se tratara del mismísimo infierno.

Dijo Miguens: “A la inflación se la debe combatir, no esconder”. “La forma de abastecer los mercados es aumentar la producción”. “Se deben eliminar las retenciones, liberar las exportaciones y liberar los mercados”. “La política económica presenta problemas”. “…una cosecha equiparaba al gasto público (cuando asumió Kirchner), y ahora se requieren tres cosechas”. “…cuando se elija (el nuevo gobierno) se deberá vivir con las consecuencias de esa elección”.

En nuestra modesta opinión, salvo en el último caso, las demás afirmaciones reflejan una posición ante la realidad económica en la que está inmersa la actividad agropecuaria y no son otra cosa que una visión de los hechos como otra cualquiera. Punto.

¿No era factible que un representante gubernamental (no ya el presidente que por las razones que fueren se niega a asistir a la exposición) respondiera y retrucara tales opiniones? Incluso en el último caso, ¿no era posible dar una respuesta ubicando a Miguens en el espacio que le corresponde en lugar de incursionar con una opinión política de tinte electoralista en todo caso?

La verdad es que cuesta entender la posición del gobierno. A la exposición asistieron casi un millón de personas y están representados todos los sectores del agro, la ganadería y la industria vinculada a la actividad por lo menos. ¿Quiénes son los recalcitrantes, intolerantes, excluidores, derechistas a ultranza y no sabemos cuántas cosas más que hacen que un presidente constitucional haya retaceado su asistencia durante varios años y finalmente haya ordenado a los funcionarios no ya a que no asistan, sino a retirarse sin hablar?. ¿Está el gobierno metiendo a todo el mundo en la misma bolsa o no?

Palabras vacuas, repetimos. Alarmantes por lo que representan: la intolerancia. El gobierno no tiene obligación de asistir si no quiere. Pero si insulta y ataca, cae en la peor de las intolerancias, además. Porque no retruca con argumentos y lógica, sino que lo hace con intentos descalificatorios de personas y entidades. Encima de un modo infantil, absurdo.

Veamos entonces brevemente la realidad económica dentro del esquema o “modelo” imperante. El gobierno ha prohibido exportaciones de carnes, ha presionado con listas de precios “truchas” en el mercado de Liniers a los ganaderos, ha “pisado” el precio del trigo y aumentado las retenciones de lácteos y soja para “regular” los precios, ha “suspendido” a los principales consignatarios de hacienda con argumentos pueriles y no sujetos al procedimiento legal, ha acusado a los productores de angurrientos (mucho antes de ahora) y avaros, los acaba de acusar nuevamente en la boca de tres de sus ministros, a puesto topes al kilaje de faena de haciendas que ha modificado una y otra vez yendo y viniendo sobre sus pasos. El gobierno ha acelerado el proceso inflacionario y provocado la escasez de combustibles, ha hecho perder dinero a productores y exportadores, ha pretendido que los precios si suben es debido a pactos espurios entre productores y consignatarios. El gobierno ha llegado a amenazar con el cierre del mercado de Liniers, luego de prohibir las ventas directas de hacienda. Ha llegado a barajar la idea de que las haciendas hasta una determinada cantidad de kilómetros de Buenos Aires solamente pudieran venderse en Liniers.

Este gobierno ha intervenido en el mercado triguero de modo que el afrecho es hoy más caro que el trigo. Se ha quedado con buena parte de los ingresos por exportaciones, lo cual hace que el dólar real que percibe el ganadero se ubique entre un 25 y un 30% menos que el que percibe un industrial, mientras que sus insumos se obtienen al tipo de cambio oficial. El gobierno ha provocado con su política tarifaria ingentes problemas de abastecimiento energético y deteriorado seriamente el afán inversionista de productores, y la consistente liquidación de stocks ganaderos a través de un intervencionismo a la veleta, con idas y vueltas insólitas. Y con ministros que prohíben exportar hasta el corned beef mediante “resoluciones” de una inconstitucionalidad que ha hecho revolcar en sus tumbas a los padres fundadores.

¿Por qué se supone que el discurso de Miguens debiera que ser otro que el que ha sido? Esta mañana, en una radio capitalina, el ministro Alberto Fernández decía que los dirigentes tienen un discurso en el palco y otro cuando están con los funcionarios. ¿De esto acaba de enterarse el gobierno o lo sabe desde el comienzo cuando el propio presidente Kirchner se negó a asistir a la inauguración de la muestra hace 4 años? ¿Es razonable que quien pretende negociar ante funcionarios cargados de soberbia y mandamasismo como el secretario de comercio, lo haga con los proverbiales tapones de punta sabiendo que tal funcionario tiene el visto bueno del propio presidente de la Nación?

¿Alguien tiene alguna duda que el gobierno intenta tapar la inflación en lugar de combatirla? ¿Se aumentará la producción con estos vaivenes ciclotímicos y con estas acusaciones ridículas a la gente que trabaja en lo suyo a su manera y como puede? ¿Habrá que tener discursos afines al presidente para que éste asista a exposiciones o muestras? ¿Los “grupos minoritarios de la derecha argentina” (Peirano dixit) deberán desaparecer o callarse la boca so pena de condenar a todo un sector al ostracismo? ¿Tendrán que dejar de ser “la derecha angurrienta” según el parámetro del, en este caso, dueño de la medida de la angurria, Aníbal Fernández?

Volvemos una y otra vez al principio de este comentario. Si cada cual tiene el derecho de expresar lo que piensa, y lo hace, además, con argumentos y antecedentes, cabe esperar en un país democrático una respuesta acorde a las circunstancias. Miguens y los suyos podrán estar muy equivocados y ser todo que el Sr. Peirano y los Fernández pretendan, pero ninguno de los puntos que el dirigente ruralista tocó fueron respondidos. Ni bien ni mal. Lo único que por lo menos nosotros hemos oído y leído es que el tipo de cambio alto los ha favorecido, lo cual es parcialmente cierto ya que en realidad tal tipo de cambio es muy inferior en el caso del campo (por efecto de las retenciones). Y la acusación de angurrientos y de querer volver a las peores políticas económicas (que incluyen, según la óptica imperante, los años 90) resulta contradictoria ya que en esos años la producción agrícola ganadera perdía plata en muchísimos casos, o por lo menos no ganaba lo que según reiteradas afirmaciones oficiales ganó en estos últimos 4 años.

Y como hemos dicho, la exposición incluye a la agricultura, a la ganadería, y a la industria. Con lo cual, si bien representa tradicionalmente al sector agrícola ganadero, no deja de conformar junto con la industria que le acompaña, el verdadero motor del país. Sería bueno que alguna vez se reflexione sobre esto, se dejaran los discursos cargados de agresión, descalificación e intolerancia, y se pensara en armar una política seria, consistente y ajustada a derecho para perdurar durante muchos años. Es decir, que se tome en serio lo que es serio. Que se pongan las barbas en remojo sin tratar de etiquetar al que se tiene enfrente. Y si hace falta un mea culpa, tanto de un lado como del otro, que también se haga.

Infantiles, intolerantes e incongruentes, las declaraciones oficiales son el símbolo más acabado de una visión que en sí misma es excluyente. Justamente aquello de lo que se acusa a quienes representan al campo.

La sensación que nos queda, como reflexión final, es la de que el millón de personas que asistió a la Rural es un número demasiado significativo y elocuente, de donde puede inferirse que si el gobierno persigue el voto del ciudadano desprevenido, ha comenzado a equivocarse fiero.

Buenos Aires, 5 de agosto de 2007 HÉCTOR BLAS TRILLO

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La manipulación de los índices de precios se pone al descubierto ante la difusión de cifras del propio INDEC o de la AFIP que muestran la incongruencia más elemental a la que puede asistirse en mucho tiempo. Los efectos del intervencionismo siempre son nefastos a mediano o largo plazo. Los efectos de la manipulación son devastadores, y en algún punto tragicómicos.

Es una realidad que salvo los voceros de hecho del gobierno de Néstor Kirchner, esto es Aníbal y Alberto Fernández, el pintoresco secretario de comercio interior Guilllermo moreno, y el nuevo ministro de economía Miguel Peirano, nadie se siente en condiciones de salir a defender la seriedad del IPC (índice de precios al consumidor) calculado sobre la base de “listas” y “acuerdos” de precios tan alejados de la realidad como la más surrealista de las fantasías.

La impresionante suba en la recaudación de IVA (alcanzó al 42% comparando julio de 2007 contra el mismo mes del año anterior) podrá tener algunas explicaciones originadas en una mejora de la fiscalización y recaudación, en un aumento de las importaciones de bienes gravados o en un crecimiento económico generalizado en el período. A ello habrá que sumar la suba de precios habida, que según la estadística oficial está por debajo del 9% en el caso de los precios al consumidor. Esto indicaría que la mejora recaudatoria en este impuesto a los consumos por excelencia, habría trepado nada menos que un 33% como consecuencia de los factores citados en primer lugar, esto es excluyendo la desvalorización de la moneda. A simple vista es posible inferir que algo no cierra en esto. Si inferimos que la mejora en la eficiencia recaudatoria se estima en el orden de los 7 puntos porcentuales, y la economía ha estado creciendo al 9%, con estos datos jamás podríamos llegar al 42% de mejora recaudatoria en el IVA:

Los analistas en general coinciden en que la suba generalizada de precios está en el orden del 20%, cifra que difícilmente pueda discutirse a la luz de los números que comentamos.

Es importante reiterar que por lo demás, la manipulación del índice de precios afecta la cotización de los títulos argentinos, debido a que los adquirentes de tales bonos son en muchos casos inversores del Exterior que pretenden hacer diferencias importantes en dólares, ante el tipo de cambio planchado por el gobierno y la tasa de inflación que permite obtener tal tasa en moneda dura. Pero obviamente si la tasa de inflación es retocada por los funcionarios hacia abajo, los inversores “salen” y los títulos caen. Hay en este jueguito un elemento más a considerar: La salida de los inversores es hacia el dólar, es decir que salen a demandar dólares para poder retornar a su inversión original. Y tal demanda de dólares presiona a la suba de la divisa.

De nada sirven acá las explicaciones y justificaciones del presidente o de otros funcionarios y políticos. El descalabro tiene un origen: el gobierno ha estado tratando de desalentar las liquidaciones de divisas para evitar una sobreoferta de ellas. Para eso tomó una serie de medidas tendientes a dilatar la liquidación obligatoria de tales divisas bajando así la oferta de las mismas. Hecho esto, colocó a un ministro de economía luego del papelón de Felisa Miceli que tuvo el tupé de salir a decir que los índices del INDEC son confiables, cuando cualquier persona sensata esperaba que por lo menos este aclamado flamante ministro saliera por lo menos a decir que haría revisar los cálculos. Consecuencia: si algunos esperaban posicionados en bonos indexados por CER algún cambio de política, huyeron. Y este aspecto presionó a la suba del dólar, y arrastró a otros factores a tomar posiciones antes de que el billete verde volara demasiado alto. El intervencionismo del Central salió a cubrir el área y pasó el peligro. Por ahora.

Porque hay que tener bien en claro, por si alguien aún lo pone en duda, que en la pulseada con el mercado, éste es el que finalmente gana. Ocurrió con el plan Austral, con el Primavera, con la conformación del Plan Bónex, con la llamada Convertibilidad y terminará ocurriendo también ante este modelo de dólar caro.

El gobierno se ufana de contar con casi 45.000 millones de dólares de reservas, pero se cuida bastante de decir que 20.000 millones son deuda pura en Lebacs y Nobacs. El circulante por su parte al tipo de cambio actual representa unos 20.000 millones más. Pero los depósitos en el sistema financiero suman al 20 de julio pasado unos 56.000 millones de dólares. Estas cifras indican que una corrida de proporciones tornaría insuficiente cualquier intento de obturación por parte de las autoridades monetarias. Si ello ocurriera, aparte de surgir como hongos los comentarios acerca de los golpes de mercado de penoso recuerdo en términos de conocimiento de la realidad económica, no habría resistencia posible. En otras palabras: ante una situación límite, el mercado terminará ganando la batalla. Acá o en la China.

Aceptar esta realidad no es ser bueno o malo, agorero u optimista, es ser realista. Y el realismo implica repetir algo que mucho se dijo a fines de 2001: “los dólares no están”. Efectivamente, si la corrida bancaria se generalizara, la presión a la suba sería insostenible y las reservas no alcanzarían para cubrir la totalidad del circulante más los depósitos más el pasivo remunerado del Central.

Nos apresuramos a decir que no esperamos que esto ocurra en los próximos meses, pero no hay que olvidarse que el capital se asemeja mucho a los conejos, por dar un ejemplo. El conejo es un animalito sumamente “estresable”, es decir que se asusta con suma facilidad e intenta huir aún a riesgo de “descaderarse”, por ejemplo. Se sabe en los criaderos que cuando un animalito se asusta comienza a saltar en su jaula, y automáticamente centenares de congéneres hacen lo propio, contagiándose del temor del primero. Pues bien, el capital es como el conejo. Si se asusta, intenta escapar como sea. Y detrás del capital huye la gente.

No vale la pena entonces volver a ocuparse de las declaraciones presidenciales o de sus voceros. La inflación es una realidad corroborada por las propias cifras difundidas por organismos oficiales. Las reservas son elevadísimas pero tienen una correspondencia con la masa monetaria compuesta por circulante y la deuda remunerada únicamente.

Finalmente un comentario sobre la modificación en ciernes de los mínimos no imponibles en el impuesto a las ganancias. En abril se efectuaron ajustes de importancia en tales mínimos, se supone que tomando en cuenta la inflación habida. El gobierno incluso se “gastó” la bala de plata que tenía incluida en la ley presupuestaria y que le permitía modificar tales mínimos sin una modificación de la ley del rito. Apenas pasaron 3 meses, y una nueva modificación saldrá del Congreso a pedido del presidente, que como se sabe no tiene más que ordenarlo para que sus obedientes representantes, que deberían serlo de todos nosotros, levanten la mano aprobándola. Los incrementos en los mínimos se ajustarán en esta oportunidad, en términos generales un 33% respecto de los valores de abril pasado. Si en cambio nos remontamos a los valores mínimos que regían hasta ese mes de abril, tendremos que los porcentajes de incremento en algunos casos llegan prácticamente al 100%. ¿Es esto o no es reconocer la pérdida de valor de la moneda?  Comparar estos incrementos con las magras subas de precios al consumidor es casi una broma.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2007

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

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HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

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Puede no resultar tan importante el cambio de ministro de economía, dado que la función del ministerio respectivo es bastante menor en estos días. Pero es trascendental tomar en cuenta en qué circunstancias fue preciso hacer el cambio.

Los comentarios de los medios son casi idénticos: Miguel Peirano es un “industrialista”, un “productivista”, alguien muy técnico y partidario del “modelo” llevado adelante por el Gobierno Nacional. Es decir, tipo de cambio caro, políticas “activas”, regulación de importaciones mediante zonas o sectores protegidos, etc.

Ayer escuchábamos al ex titular de la UIA y ministro del gobierno del Dr. Duhalde Ignacio de Mendiguren opinar exultante sobre las bondades del ministro designado y su perfil industrial. De Mendiguren no perdió en el diálogo que comentamos, la oportunidad de defenestrar a “los años 90” y la política económica seguida, que para él estaba destinada al sector financiero y no al industrial.

Es curioso que De Mendiguren haya sostenido públicamente en otros tiempos que nunca el país había tenido hasta entonces (año 2000) una industria tecnológicamente tan desarrollada, cuando no cabe otra cosa que, por carácter transitivo, adjudicar a la política económica con perfil financiero referida.

Más allá del lamentable episodio de la Lic. Meceli, lo cierto y concreto es que su renuncia ha sido forzada por las circunstancias, al mismo tiempo que intempestiva; ya que si duró en su cargo algunas semanas desde que se hiciera público el “affaire” de la bolsa de dinero, su suerte pareció sellada desde el primer día.

Algunos analistas han venido sosteniendo que el gobierno era reacio a producir un cambio en circunstancias tan complejas, no sólo por el frente económico (inflación, INDEC, crisis energética) sino por el político (elecciones presidenciales con la primera dama como candidata luego de las derrotas de la Ciudad de Buenos Aires y de Tierra del Fuego). Es probable que así sea la cuestión. Pero también lo es que el presidente hubiera querido sostener a la ahora ex ministra por alguna otra razón. Motivaciones puede haber muchas, y es sabido que cuando se entra en un proceso sucesorio, las “internas” entre facciones se ponen a la orden del día.

El nuevo ministro se presenta como heterodoxo, crítico de la llamada “convertibilidad”, defensor de políticas industriales activas y del tipo de cambio artificialmente alto. Es decir, defensor de lo hecho hasta ahora, de lo que hizo el Dr. Lavagna, continuó la Lic. Miceli y avaló en todo momento el presidente Kirchner. Este tipo de políticas, sin embargo, no pueden durar indefinidamente, los nubarrones inflacionarios se vuelven cada vez más densos, la inseguridad jurídica a que el intervencionismo da lugar espanta las inversiones y los controles de precios y salarios provocan escasez y desabastecimiento. No es muy diferente mantener un tipo de cambio fijo convertible a mantener un tipo de cambio fijo, alto y también convertible en definitiva. Ambas posiciones implican un artilugio monetario que en el primero de los casos favorece hasta cierto punto la inversión tecnológica, y en el segundo una inversión subsidiada, de mediana o mala calidad en un esquema exportador que garantiza el superávit mientras no explote la inflación generada por la emisión de moneda para comprar divisas caras.

El nuevo ministro ha sido el principal negociador en las discusiones dentro del MERCOSUR. Dicen que fue él quien determinó las salvaguardas contra Brasil para proteger la industria del electrodoméstico y la textil.

Bien, en este marco puede esperarse un panorama proteccionista, con subsidios, tipo de cambio alto, creciente presión inflacionaria y la consecuente inseguridad jurídica, dato inherente al intervencionismo. A ello se agrega como decimos el acto eleccionario de octubre, en el cual la señora del presidente y no él será la candidata.

Los hechos sospechados de corrupción han afectado ya a varios funcionarios, algunos de los cuales permanecen en los cargos. Hay elementos objetivos que llevan a suponer que otros hechos aparecerán en breve tiempo más, sobre todo si se tiene en cuenta el manejo discrecional de los excedentes de superávit fiscal o de los fondos fiduciarios que han sido creados en estos últimos años y escapan al control de SIGEN. No es bueno dar lugar a la tentación, y la verdad que en materia de manejo del erario la situación dista de ser la mejor. Una buena administración debe promover controles cruzados, auditorías independientes, balances transparentes y publicación de las cuentas públicas, tal como lo exigen la Constitución y las leyes. Y esto debe ser universal. Si un funcionario puede manejar discrecionalmente millones de pesos, estamos apuntando a que sea honesto, y no a que deba serlo. El año electoral lleva a un incremento del gasto público que seguramente dejará el tendal de déficit provinciales, con lo cual en nuevo ministro tendrá que hamacarse bastante si quiere mantener “la casa en orden”.

Y finalmente diremos una cosa más: una economía es un todo, es una resultante del todo. No se trata de que un país deba ser “industrial”. Un país debe ser todo: industria, comercio, servicios, finanzas. Es de Perogrullo decir que si se favorece a unos en desmedro de los otros, no se está en el camino correcto. Actualmente el campo es el que paga esencialmente las “políticas activas”, como ya ha ocurrido en otras épocas. Es decir que el sector que acerca las divisas debe contribuir para que funcionarios y gobernantes teoricen sobre prioridades, extraigan los fondos de manera forzosa y luego lleven a cabo sus “emprendimientos” en general con créditos blandos (que pagamos todos, en general a conocidos o amigos, y en general con resultados escalofriantemente pésimos. Esperemos que no sea el caso, por el bien de todos.

Buenos Aires, 17 de julio de 2007 HÉCTOR BLAS TRILLO

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HÉCTOR BLAS TRILLO

Contadores Públicos