ACTUALIDAD ECONÓMICA: VER EL BOSQUE
A estas alturas nadie puede suponer siquiera que los impuestos a las exportaciones son considerados por el Gobierno como distorsivos y por lo tanto transitorios. La realidad es que el esquema se ha convertido en permanente, contribuye a aislarnos del mundo, y cuenta llamativamente con la adhesión de no pocos sectores de la sociedad. En general, la tendencia a creer que la culpa de lo que nos pasa la tienen los empresarios que siempre resultan inescrupulosos y pícaros prende en nuestra sociedad con excesiva facilidad, aleja las posibilidades de reflexión, y termina avalando la prepotencia y la anomia en que nos encontramos.
Días pasados escuchábamos en la radio, en un programa dedicado a cuestiones económicas, a un periodista especializado a su vez en inversiones en la Bolsa, declamar acaloradamente en contra de los productores de huevos de Pascua. Ello en razón de que estos productos han trepado considerablemente en sus precios (más allá de la tasa real de inflación) y, lo que resulta sorprendente, en el hecho de que si bien el chocolate que se usa para su elaboración ha aumentado internacionalmente su precio, tales productores lo habían adquirido mucho antes, ya que estos productos se fabricaron en octubre o noviembre.
La manera de expresarse de este operador de Bolsa resultaba sencillamente grosera. Los vivos fabricantes de huevos de Pascua estaban, a su juicio, cometiendo la tropelía de subir el precio de sus productos pese a tener el chocolate desde antes.
Nos preguntamos qué diría este periodista si por ejemplo tuviera que salir a vender un bien inmueble adquirido hace algunos años y cuyo valor en pesos resulta hoy ridículo, y alguien por radio lo tratara de especulador y aprovechado por venderlo a un valor nominal superior.
El tema es viejo y la incomprensión también. Pero resulta notable que alguien que está en el metier de los negocios y las finanzas desconozca la diferencia que existe entre valor real y valor nominal.
En el caso del chocolate, la pregunta a realizar podría ser ¿cómo hace el productor de huevos de Pascua para reponer su mercadería si la vende a un precio histórico más bajo? Si nos remontamos en el tiempo y tenemos en cuenta que la moneda nacional ha perdido 13 ceros desde 1970 a la fecha, la idea de vender los productos tomando en cuenta el precio de compra histórico es no solamente absurda, sino que es directamente tonta.
Los precios de las commodities han venido subiendo en el mundo de manera notable. Según el economista Miguel A. Broda sólo en el último mes el trigo ha subido un 45%, la soja un 27%, el maíz un 39% y el aceite de soja un 32%. En este marco el Gobierno decidió una vez más, como se sabe, incrementar los derechos de exportación de manera notable en el caso de la soja y el girasol, al tiempo que instaló una insignificante baja en el caso del trigo y el maíz.
Los argumentos dados por el ministro de economía resultan inadmisibles encarándolos racionalmente. Pretende que así se incentivará la siembra de trigo y maíz, y se desalentará la llamada sojización . Suponemos que también se desalentará la girolización , aunque eso no lo dijo.
Veamos: en primer lugar imponer mayores retenciones a una soja que ya está sembrada o recolectada para vender no aporta nada respecto del desaliento futuro, sino que recae sobre un hecho consumado. Si verdaderamente se pretende evitar que se aumente el área sembrada de soja, (y suponiendo además que sea este el método y que evitar más siembra de soja sea bueno) la lógica elemental indica que deberían incrementarse los derechos de exportación de la siembra futura. En el caso del girasol suponemos que se intenta evitar que suban los precios del aceite de esa oleaginosa y derivados. Pero, contrario sensu, en el caso del maíz y del trigo, la leve baja en los porcentajes de retenciones muestra en principio una preocupación por lograr una mayor siembra y una despreocupación por los precios locales. Al revés del girasol.
La verdad es que estamos ante un verdadero sofisma argumental. Evitar que se siembre aquello que sube en un mes un 25 o un 30% de su precio y que además no se consume en el mercado local, como es el caso de la soja, es contra natura y francamente inconsistente. En el caso del girasol tenemos consumo interno, pero bajo, por lo que casi le cabe el mismo argumento. Pero al mismo tiempo, y siguiendo la misma línea argumental, se alienta la maización y la trigación , de modo tal que en una de esas convenga, incluso, reemplazar la soja por el maíz o el trigo.
¿Qué razonamiento más o menos criterioso podemos deducir de este galimatías? Obviamente ninguno. A todo esto se suma el hecho de que se toman decisiones que implican enormes transferencias de ingresos al Estado a través de simples resoluciones ministeriales al tiempo que se pretende que acá tenemos seguridad jurídica. Es evidente que el Estado de Derecho en la Argentina virtualmente no existe.
Muchas veces hemos expresado nuestra opinión respecto de que la prepotencia, los insultos, las descalificaciones, el agravio y toda la gama de epítetos contra empresarios y productores sólo sirve para la proverbial gilada , pero no para encauzar un sano desarrollo y una correcta asignación de recursos económicos.
Hay en todo esto un trasfondo verdaderamente patético y consiste en creer que ciertos funcionarios (De Vido, Lousteau, Moreno) pueden resolver y decidir (como efectivamente lo hacen) desde dónde instalar una central térmoeléctrica hasta el precio al que deben venderse las toallas femeninas. Esto no es nuevo entre nosotros ni muchísimo menos. Pero podemos ver cómo un funcionario de segundo orden como el secretario de comercio interfiere en el INDEC, en la carne, en el pan, en los lácteos, en las bebidas, en los alimentos elaborados, en los cigarrillos, en la energía eléctrica, en los combustibles, en la medicina prepaga, en el gas, en los colegios privados, en los útiles escolares, en la canasta navideña, en la de Pascua, etc. También resuelve sobre subsidios, sanciones, multas, prohibiciones de exportaciones, y más etcéteras. ¿Es realmente serio suponer que una economía, un país, un orden social puede funcionar de esta manera?
Otro argumento muy curioso que hemos escuchado es el de que la gente del campo se queja hoy de las retenciones pero al mismo tiempo cuando estaba mal recurría al Estado para obtener créditos o refinanciación de sus deudas. Es decir, que dado que antes pediste ayuda, ahora bancátela. Es terrible.
Veamos: Pedir refinanciación bancaria luego de la crisis de 2001 no es pedirle al Estado. El Estado no refinancia nada, sino que emite decretos y leyes que gestan corralitos , corralones , devaluaciones que son verdaderas estafas a la moneda convertible y pesificaciones asimétricas. Esto para señalar lo más importante. A su vez, el Estado mantiene en su administración la posesión de los bancos oficiales (Nación, Provincia, Ciudad) que prácticamente aglutinan el 50% de los depósitos totales del mercado. El Estado intervino el mercado financiero, impidió sacar los depósitos, devaluó la moneda, aplicó la pesificación asimétrica, repartió bonos pesificados , resolvió no pagar la deuda externa (en muchos casos en poder de jubilados y AFJP locales, por ejemplo). Y ante esa situación la población, los bancos, los deudores, los acreedores, los individuos y empresas que tenían firmados contratos que no pudieron cumplir debieron salir a pedir que las inequidades gestadas por el intervencionismo se atenuaran. Todos debieron hacerlo.
No queremos aparecer como defensores de nadie. Solamente pretendemos explicar lo ocurrido desde nuestra óptica.
Todos los habitantes del país sufrimos de una forma o de otra la crisis. Perdimos patrimonio, perdimos ingresos en moneda dura, perdimos estándar de vida y hasta perdimos un porcentaje de nuestros pesos porque el Estado dejó de respetar el valor convertible de la moneda devaluando y no dándonos nada a cambio. Argumentar que el campo pidió al Estado y ahora debe entregar lo que el gobierno quiere es no solamente una inconsistencia más, sino que implica suponer que quienes estaban endeudados en aquellos años lo estaban por decisiones propias en las cuales el Estado nada había tenido que ver, lo cual no es cierto. Se trate del campo o de la industria, todos estábamos inmersos en una ley de fijación del tipo de cambio y todos soportamos las insólitas medidas tomadas por el gobierno de entonces. Y todos perdimos, excepto el Estado, que dejó de pagar 67.000 millones de dólares y licuó sus pasivos en pesos y sus gastos en dólares de manera extravagante.
Lo mismo ocurre hoy con sectores críticos: el Estado interviene en los precios y provoca pérdidas y quiebras. El Estado no es ajeno a lo que ocurre en el comercio desde el momento que interviene en él. Decide además devaluar la moneda, fijar tasas de interés y obliga a vender las divisas al Banco Central.
Este razonamiento de si antes alguien pidió algo ahora debe dar lo que le pidan constituye el peor de los sofismas. Recordamos que le propio ex presidente Kirchner señaló muchas veces desde su tarima que los productores se comportaban de manera avarienta y querían volver a los privilegios de los años 90. ¿No es acaso una flagrante contradicción afirmar eso y luego sostener que los mismos productores estaban mal? Pero aparte de eso, pretender erigirse en justo distribuidor de lo que producen los demás es un acto que raya el autoritarismo. Y en el caso del gobierno decidido de un plumazo y mediante un simple decreto e incluso una resolución ministerial. Porque una cosa es cobrar impuestos a todos por igual ( la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas ), y otra muy distinta esta pretensión rayana con la de una divinidad que se convierte en una obsesión casi diaria.
No es que criticamos esto porque nos oponemos a todo. Si el Estado aplica una línea de intervención, tal línea debe estar definida y no cambiarse a cada rato con argumentos además ridículos. En términos generales el intervencionismo lo consideramos funesto, pero si a ello le agregamos la volatilidad de las decisiones, estamos en el horno directamente.
La Argentina se aleja del mundo. El atraso tecnológico es cada vez más evidente. Los precios locales no pueden compararse con los internacionales (ni siquiera de nuestros vecinos) porque el Estado ha decidido tener un tipo de cambio competitivo en lugar de apuntar a la competitividad del país. Así logra el superávit fiscal y malgasta fortunas en subsidios y otras prebendas, manteniendo precios artificiales que hacen creer a ciertos comunicadores que la inflación casi no existe.
Lo que nos pasa, entonces, es bastante fácil de explicar: los precios internacionales suben, pero como los precios locales deben mantenerse bajos, hace falta intervenir en las exportaciones, lo cual es lo mismo que decir que mejor es no crecer.
Así, el Estado argentino dificulta las inversiones en energía, destruye el mercado ganadero, ataca la exportación de granos y oleaginosas, exacerba el consumo de combustibles caros pero subsidiados (para luego caer en el absurdo de anunciar cambios de lamparitas) y finalmente colabora con la muerte de la gallina de los huevos de oro que sin ninguna duda es la producción de alimentos a gran escala.
El crecimiento industrial del país de estos años, se ha dado básicamente por el hecho de provenir de una crisis y tener una desocupación muy grande y una capacidad ociosa extraordinaria, no porque las decisiones intervencionistas hubieran contribuido a ello. Excepto, claro está, la devaluación, que implicó una impresionante transferencia de recursos. En verdad, ha habido una recuperación notable pero no un mercado donde las inversiones hubieran llegado masivamente como sí ocurre en Brasil o en Chile, por ejemplo. Y eso pasa básicamente porque no existe un horizonte de seguridad jurídica.
Hace unos días se ha dispuesto que las nuevas explotaciones gasíferas podrán disponer del producto libremente. Eso significa aceptar que el precio del gas fijado por el Estado es insostenible. ¿Cumplirá el gobierno argentino con esta decisión? ¿O pasará como con la estabilidad fiscal de la minería? A su vez, ¿qué ocurrirá cuando quienes producen gas proveniente de exploraciones nuevas quieran venderlo a precio real y esto provoque un incremento en los costos de sus adquirentes? ¿Conviene, por lo demás, seguir explotando los pozos actuales o más bien dedicarse a explorar nuevos para poder vender al valor de mercado?
Para la mentalidad intervencionista suele ser un trabajo imposible intentar ver el bosque. En lugar de ir de lo general a lo particular lo hace a la inversa, provocando una situación como en la que estamos. Absurda y torpe. Desmadrada y con conflictos crecientes pese al marco internacional harto favorable.
Y una cosa más: aquella famosa teoría de los términos del intercambio según la cual había que industrializarse para poder insertarse en el mundo porque los productos primarios perdían valor relativo se ha revertido absolutamente, lo cual es bastante lógico si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico y el de la expectativa de vida. Desarrollar la industria agrícola y ganadera requiere de un Estado que simplemente deje producir y vender. Y ello implica un Estado eficiente que no necesite de retenciones a las exportaciones, lo cual requiere bajar el gasto público y terminar con la prebenda.
No esperamos que eso ocurra por ahora, lamentablemente.
DR. HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 17 de marzo de 2008
ESTUDIO
HÉCTOR BLAS TRILLO
Economía y tributación
(011) 5254-5820 (011) 154-4718968
RAMOS MEJÍA BUENOS AIRES
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