Blog de Héctor Trillo

Es evidente que los comentarios vertidos por algunos empresarios, en especial por Alfredo Coto, con respecto a la posible presión inflacionaria de una suba de salarios masiva, ha producido un cimbronazo de proporciones en las cercanías del Poder Ejecutivo.

El propio presidente Kirchner salió prontamente a hablar nada menos que de “extorsión de algunos empresarios”, con lo cual al menos según nuestro registro de memoria ha dejado de generalizar hablando de “todos”.

A su vez, la secretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, fue más dura aún al calificar a tales empresarios de incapaces, ineficientes o directamente mentirosos.

Creemos sinceramente que el nivel que adquiere este tipo de declaraciones no contribuye no sólo a desarrollar nuevos proyectos de inversión, como sería menester y todos lo sabemos, sino que simplemente fomenta una especie de disputa de tono clasista que debería poder superarse de una buena vez en la sociedad argentina.

Es evidente que más allá de cualquier opinión un empresario como Alfredo Coto, que inició su derrotero empresarial comprando hacienda en Liniers para venderla luego en su propio negocio, que hacia fines de los años 70 se convirtiera en aquellas “carnicerías integradas Coto” para finalmente derivar en pequeños supermercados que terminaron siendo la cadena impresionante que hoy son, dista de ser “ineficiente o incapaz”. Tampoco nos parece “mentiroso” que alguien pueda pensar que un incremento en los costos, y en este caso en los sueldos, no pueda derivar en un aumento de precios, dado que la mayor demanda de bienes producto de mayores salarios deriva en la necesidad de producir más, o de subir los precios, o de escasez de los bienes demandados adicionalmente.

Por supuesto que podríamos hablar de cambios en los precios relativos, dado que el dinero que va a ahora a salarios de gente que demanda comida, deja de ir a bolsillos de quienes tal vez demandan otro tipo de productos, provocando una baja de los precios de estos últimos en compensación. También podríamos hablar de un desincentivo a la inversión si los márgenes de ganancias de las empresas se reducen como consecuencia de las subas de sus costos. Estos conceptos son planteos económicos básicos. Podrán discutirse según sea la visión del opinante, pero es indudable que acusar de mentiroso a quien opina esto o aquello, carece de la más elemental norma de intelectualidad.

En cuanto a la extorsión, cabe mencionar un comentario del economista José Luis Espert, quien ha señalado con rigor que mientras el gobierno apunta a devolver los fondos del plan canje de automotores (que aún no ha hecho) exigiendo inversiones con ese dinero, cosa que obviamente no formaba parte del plan original, acusa de extorsionadores a los demás. Es un buen punto, pero cae una vez más en la discusión bizantina sobre las culpabilidades y maldades de los demás, ante las virtudes propias.

Las cuestiones sociales no son tan lineales y las generalizaciones siempre son injustas, agresivas y poco edificantes. Lo cierto es que la emisión de moneda, que en los primeros 8 días del mes de junio alcanzó nada menos que 9.000 millones de pesos, destinados íntegramente a comprar excedentes de dólares, produce un impacto notable en la demanda de bienes y por lo tanto en el encarecimiento de los precios. Se estima para este año un crecimiento del circulante en total de un 25%, mientras que el PBI se espera que crezca el 7,4%. Si esto es así, el impulso a la tasa inflacinaria es evidente. O en su defecto, si la masa circulante se detrae por efecto de las colocaciones de Lebacs a tasas crecientes, lo que crece es entonces el endeudamiento del Estado y el llamado déficit cuasifiscal (financiero).

En la semana que acaba de concluír, el gobierno colocó títulos de deuda (Lebacs) por un monto de 1.500 millones de pesos. Ello, claro está, con el objetivo de retraer la cantidad de circulante y frenar los impulsos inflacionarios.

Digamos también, dentro de esta misma tónica, que en la última semana el BCRA emitió 1.300 millones de pesos, para comprar 457,3 millones de pesos, y que no ha habido capitales “golondrina” que depositaran el encaje del 30% exigido por las autoridades para invertir fondos extranjeros en pesos a por lo menos un año de plazo. Está analizándose si es que la medida dispuesta tiene agujeros por donde se filtran tales capitales, o en verdad la exigencia es tan grande que desalienta cualquier inversión. En tal caso cabría pensarse que si lo que se desea es prohibir, que se prohíba directamente y punto. Sin embargo, la intención no es esa, sino que lo que se pretende es que vengan pero que no ganen mucho. Esto impulsa hacia arriba las tasas de interés, generando nuevos problemas para los tomadores de crédito locales.

The Economist, ha publicado una nota en la que directamente dice que la suba del consumo de calefacción en los hogares ha afectado la provisión de GNC a las estaciones de servicio. También que en los años 90 se inviritieron en el país U$S 50.000 millones en energía, pero que luego de la crisis muchas firmas abandonaron el país y las inversiones cesaron, mientras el consumo aumentaba por efecto de los bajos precios (congelados). Entre 2000 y 2003 las reservas de gas cayeron un 21% y en 2004 se importaron U$S 700 millones en energía. Este influyente semanario indica, además, que los altos precios de las commodities, la capacidad ociosa productiva heredada de la crisis, y la política monetaria expansiva /han sostenido la fiesta de Kirchner./ Una manera de describir la realidad bastante poco amistosa, por decir lo menos. Pero que, salvo los adjetivos calificativos, podemos compartir en un todo.

Digamos también que nuestro vecino Brasil ha puesto los ojos en la inversión en caña de azúcar para la producción de etanol, es decir de alcohol con fines de combustión de vehículos. Los altos precios del petróleo, que no se espera que bajen, son el principal incentivo.

Y ya para terminar, consignemos que las estimaciones del índice de inflación para 2005, sitúan la tasa en el orden del 9,4%. Consideramos que salvo que se reprima fuertemente, desde el punto de vista monetario y fiscal, nuestra expectativa es que tal índice no baje del 11%. En todo caso, una cifra u otra son lo suficientemente elevadas como para que nadie se duerma en los laureles.

Buenos Aires, 20 de Junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

Es evidente que el destrabe de los 7.000 millones de dólares por parte del tribunal neoyorkino a fines de la semana pasada ha provocado un sensible alivio en los mercados financieros y también en el gobierno. Se trata verdaderamente de una buena noticia dentro de un panorama que por lo general observamos con no pocos nubarrones.

Del mismo modo, la posposición de vencimientos de deuda con el FMI por 2.508 millones de dólares por un año agrega un alivio de consideración. No se trata, desde ya, de un acuerdo de fondo con el organismo, sino simplemente de un compás de espera vinculado con los vencimientos que pueden técnicamente prorrogarse y que están comprendidos entre el 20 de mayo de 2005 y el 28 de abril de 2006.

Estos aspectos, sin duda positivos, no son sin embargo más que un respiro ante el cúmulo de situaciones complicadas que se presentan diariamente.

La venta masiva de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa, que venimos anticipando desde hace varias semanas, ha provocado la necesidad imperiosa del BCRA de salir a comprar divisas mediante emisión de moneda. La institución madre ha sido asistida relativamente por parte del Banco Nación, recurriendo este a los fondos del tesoro para tal fin. Tales fondos provienen del superávit fiscal acumulado y no requieren emisión adicional de moneda, aunque naturalmente se trata de dinero depositado que de tal manera vuelve al circulante.

Y precisamente el temor a una disparada inflacionaria producto de la demanda adicional provocada por el aumento del circulante, obliga a las autoridades a tomar el dinero mediante la emisión de letras a una tasa cada vez mayor.. En esta semana se tomó dinero al 5,30% anual a 49 días, por ejemplo, siendo que la semana pasada la tasa había sido del 5,05%.

Es preciso que nos detengamos un instante en este punto. No son pocos los economistas que sostienen que la emisión de moneda para la adquisición de excedentes de oferta de dólares no es en sí inflacionaria. Se sostiene que se trata nada más que de una preferencia en la composición de activos financieros. Se dice que una mayor demanda de bienes producto del mayor circulante, sería compensada al final del camino con una mayor oferta de bienes importados. El aspecto que a nuestro juicio no aparece contemplado en este análisis, es que los dólares no son comprados a valores de mercado, sino que son comprados a un valor excesivo determinado por el propio Estado. Que hoy es de $ 2,90 y que también podría ser en una cifra muchísimo mayor. Si por ejemplo el Estado decidiera a partir de mañana fijar el valor del dólar en $ 50.- y por ende sale a comprar a ese precio, el efecto inflacionario sería inmediato y no creemos que admita discusión este punto. Bien, a eso nos referimos. Comprar algo más caro de lo que vale es absurdo, a menos que queramos distorsionar el resto de las variables, que es lo que efectivamente ocurre desde 2002 hasta el presente. Digámoslo todavía de otra manera: nadie en su sano juicio sale a comprar algo más caro de lo que vale, porque hacerlo produce de por sí una sobreoferta de ese bien. Es decir que lo que se logra es que acudan al mercado local no solamente quienes deben obligatoriamente liquidar sus divisas, como los exportadores, sino terceros interesados en hacer una diferencia en moneda dura. La sobreoferta de divisas debería producir una baja del tipo de cambio. El afán del gobierno por evitarlo, produce una distorsión de precios relativos, y dado que el precio de la divisa es de alguna manera el precio de referencia de todo el movimiento externo del país, provoca el alza de precios más temprano que tarde. Es por eso que el mismo Estado sale a quitar el exceso de circulante como sea, pagando tasas cada vez más altas y dando así comienzo al circulo vicioso que deriva en los “festivales de bonos” de triste recuerdo.

Otro asunto importante es la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos en Bolivia, que provoca un incremento impositivo de gran envergadura (pasa del 18% al 50%) y prácticamente detendría la ampliación del gasoducto del Norte para la importación del fluido desde ese país. La situación en materia energética se complica día a día, y por ello el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de un programa promocional de inversiones para exploración en la cuenca marítima, tal como lo hemos venido comentando en nuestros últimos informes.

Un dato interesante es que el superávit fiscal alcanzó en los primeros 4 meses del año un monto cercano a 5.800 millones de pesos, esperándose para mayo (mes de vencimientos impositivos de muchas empresas) un superávit que podría estar cerca de los 4.000 millones. Es decir que en 5 meses estaríamos prácticamente en 10.000 millones, siendo el estimado para todo el año de 14.200 millones. Es decir que dada la performance con toda seguridad el superávit real superará largamente el estimado. Naturalmente que se trata de un dato alentador desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el canje de la deuda, pero al mismo tiempo es preciso tener en cuenta que siempre un superávit constituye una sustracción de dinero del sistema, que del mismo modo que las Lebacs del Banco Central contribuye a producir un enfriamiento de la economía.

Precisamente podemos hacer mención al hecho de que, por ejemplo, la industria arrojó en el mes de abril un crecimiento interanual del 10,2%, pero comparado con marzo el dato es negativo en un 0,4%.

Otro tema que nos parece digno de mención es el fallo del CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones) a favor de CMS Gas Transmisión Company, que había demandado al Estado argentino por incumplimiento de contrato. Esta empresa es propietaria en forma mayoritaria de Transportadora de Gas del Norte. El gobierno está analizando este fallo para tratar de apelarlo sobre la base de fallas formales de las que por el momento no tenemos noticias. Ocurre que nuestro país se comprometió a aceptar los fallos del CIADI como inapelables y ahora se encuentra ante un problema.

Es sabido, por lo demás, que en términos generales las empresas que no tienen interés en continuar sus inversiones en la Argentina, son las que mantienen sus demandas ante esa institución del banco Mundial, y que son varias. De manera que cabe esperar nuevos pronunciamientos con probabilidades de ser desfavorables, lo cual no deja de ser un serio inconveniente con vistas a la estabilización final del funcionamiento económico del país.

Bien, la expectativa del índice inflacionario para el mes en curso es optimista respecto de que no se irá de madre, por decirlo de algún modo. Pero la conjunción de factores tales como la restricción monetaria para frenar el impulso sobre los precios, el enfriamiento de la economía que esto produce, y el creciente déficit cuasifiscal producto de las tasas cada día más altas por la toma de excedentes monetarios por parte del Central, van generando una presión que consideramos se hará insostenible en un plazo relativamente breve.

En el medio, se multiplican regímenes promocionales que, como siempre decimos, no son otra cosa que la demostración de que sin ellos, muchas áreas de la economía no arrancarían. Reintegros impositivos por aumento de autopartes nacionales en los vehículos de producción local, reflotamiento del Banco Nacional de Desarrollo con los fondos de las AFJP a las que se obligaría a cederlos, el citado plan de incentivos a las inversiones petroleras, los incentivos a nuevos proyectos de inversión Pymes, etc.

Las presiones sindicales por aumentos de salarios y mejoramiento de las condiciones laborales, los conflictos sociales aprovechados por facciones políticas en general poco representativas, cortes de calles, rutas y puentes por parte de organizaciones políticas nacidas al amparo de “planes” de ayuda y en general la crítica poco elaborada a los sectores productivos del país, en un marco de inseguridad jurídica que subsiste y hasta se acrecienta, no dejan de ser un marco de referencia preocupante. De hecho, el propio Ministro de Economía ha tomado cierta distancia del gobierno una vez más, en este caso acusando de “populismo” ciertas expresiones emanadas de otras carteras e incluso, aunque no expresado en forma directa, del propio presidente de la Nación.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

Haciendo un análisis más o menos rápido de lo acontecido en estos días de mayo, tenemos algunos puntos que nos parecen fundamentales con vistas al futuro cercano. Y decimos cercano porque resulta en estos momentos muy difícil para nosotros extendernos al mediano plazo.

En primer lugar el presidente de la Nación ha reconocido finalmente que estamos en crisis energética. Lo hizo en una reunión ante un grupo de empresarios la semana pasada, y tal como es habitual acusó precisamente a los empresarios del sector petrolero de no haber realizado las inversiones suficientes como para garantizar la provisión de combustibles derivados del petróleo, incluido el gas. Se mencionó allí que, tal como veníamos previendo, se establecerá un régimen de promoción de inversiones y reintegro de impuestos para estimular la exploración y explotación de la cuenca marítima, con el obvio objetivo de mejorar la producción y satisfacer las necesidades crecientes del mercado. De hecho, se ha recortado la provisión de gas a Chile, se ha arreglado una importación de fuel oil de Venezuela, se ha insistido con los plaes de premios y castigos a la rebaja del consumo hogareño en comparación con el año 2003, y se ha incluido también a los industriales en este sistema, pero haciendo la comparación con el año 2004. También están produciéndose cortes de gas en industrias con contratos denominados “interrumpibles”, que es una variante más económica en cuanto al costo del fluido, pero sujeta a vaivenes en el suministro.

Complementariamente, y en oportunidad del encuentro en Brasil con los presidentes Chávez y Lula da Silva, se acordó la conformación de una empresa petrolera trinacional denominada Petrosur, que buscará financiamiento en el BID para realizar trabajos precisamente en la cuenca marítima argentina. Del lado local, intervendría la estatal Enarsa, de reciente creación. Un aspecto que agrega incertidumbre en la materia es la situación institucional en Bolivia, donde el presidente Mesa acaba de vetar la ley de hidrocarburos aprobada en el Congreso. Esta ley dispone un incremento impositivo del 32% sobre el valor de venta del gas, elevando de ese modo al 50% la carga. Lo concreto es que este verdadero parate hace que no podamos dar por sentada ni mucho menos la provisión de gas del país hermano para atender nuestras carencias, aparte de que el gasoducto del Norte aún está en obras de ampliación y viene bastante demorado, como ha dicho el propio gobierno.

En segundo lugar, la avanzada de funcionarios de Economía, encabezada por el secretario de finanzas Guillermo Nielsen, ha comenzado sus reuniones en Washington con los representantes del FMI a fin de alcanzar algún acuerdo que permita refinanciar los vencimientos con el Fondo, estimados en unos 2.800 millones de dólares hasta fin de año. El total de vencimientos de deuda en este año 2004, estimados en 9.000 millones de dólares, origina bastantes problemas en tren de cumplimientos, por lo que poder refinanciar los montos que vencen con el FMI y con el Banco Mundial incluidos en el total señalado, constituyen un alivio real de la carga financiera. Pero ocurre que el Fondo, ante la perspectiva de vencimientos de deuda para el año próximo, ha estimado en 4,5% del PBI el superávit que debería lograrse para cumplir, mientras que el Gobierno Nacional mantiene ese porcentaje en 3%, tal como se había pactado.

En tercer lugar, con el objeto de lograr financiamiento y siguiendo las previsiones del presupuesto nacional, el Gobierno salió a colocar la semana pasada, una serie de Boden por $ 1.000.- millones, que fueron colocados a una tasa de 6,5% más CER. Es decir, que si la inflación esperada para un año es del orden del 9 o 10%, estamos en una tasa del 16 o 17%, que además es en dólares, si la divisa se mantiene en torno de los $ 2,90. A ello se suman las colocaciones de Lebacs a las que siempre nos referimos, para mermar el circulante monetario, que en estos momentos, y pese a ello, está en el orden de los $ 40.000.- millones, cuatro veces más que a comienzos de 2002.

Precisamente la intención gubernamental de mantener el dólar en los valores actuales obliga a una gran emisión de moneda. Recordamos que el excedente de dólares que ingresa por motivo de las exportaciones fundamentalmente, se adquiere con emisión pura a través del Banco Central, o con los fondos del Tesoro (es decir, del superávit) por medio del Banco Nación. Aparentemente las arcas de éste último están prácticamente agotadas o muy mermadas, por lo que debe recurrirse en una medida todavía mayor a la emisión. La necesidad de retraer el circulante que esta operatoria provoca, mediante la colocación de Lebacs, por ejemplo, aumenta el endeudamiento del Estado y provoca el llamado déficit cuasifiscal, es decir, el gasto financiero surgido de las tasas de interés que se pagan, que por otra parte cada vez son más elevadas. Parte por la misma lógica del sistema ante la demanda de crédito y parte por las expectativas inflacionarias del exceso del circulante.

Un cuarto aspecto que señalaremos es el de las dificultades que tenemos con Brasil para acordar los llamados cupos o salvaguardias en materia de intercambio comercial. Se sabe que el ministro Lavagna intentó fijar tales cupos cuando el incremento neto de exportaciones de un producto determinado exceda en un trimestre el 20% de lo comercializado en el trimestre anterior, propuesta que no fue aceptada. A esto y a otras cuestiones se debe, al parecer, el retorno anticipado de Néstor Kirchner de la cumbre de Brasilia.

Las expectativas inflacionarias, además, se encuentran contenidas por la política monetaria seguida, y también por los acuerdos de precios y los vencimientos impositivos de abril y mayo. Estos últimos implican una retracción importante de circulación monetaria, pero también significan en muchos casos ventas de dólares del “colchón” para , aumentando también aquí la oferta de divisas con la consiguiente presión adicional a la baja del tipo de cambio.

Sigue pendiente el embargo de 7.000 millones de dólares en bonos defauteados promovido por el fondo Elliot en Nueva York, sin fecha precisa para la definición. En verdad, tal tribunal es un cuerpo colegiado que delibera y analiza todos los detalles, lo cual evidentemente produce demoras. En este aspecto sin embargo, se espera una conclusión favorable. Pero lo cierto es que hasta el momento de escribir éstas líneas el canje de deuda no ha podido llevarse a cabo

Buenos Aires, 12 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

Consideramos que la marcha de la economía se desenvuelve en términos generales dentro del marco de referencia que hemos venido sosteniendo en nuestros comentarios. El índice de precios al consumidor del mes de mayo ha ascendido al 0,6%, cifra en principio modesta, pero que de todas maneras es elevada si tenemos en cuenta que se trata de uno de los meses del año de mayor retracción monetaria, producto como se sabe de los vencimientos impositivos anuales que involucran a la gran mayoría de los contribuyentes, sean estos empresas o particulares.

La política monetaria ha seguido la misma línea de emisión masiva de moneda para adquirir los dólares ofrecidos en el mercado principalmente por los exportadores que liquidan sus operaciones, pero también por el incipiente ingreso de capitales financieros desde el exterior con el objeto de hacer buenas diferencias adquiriendo bonos locales emitidos en pesos ajustables por inflación mediante el CER.

Durante mayo, las compras de dólares efectuadas ascendieron a algo así como 1.500 millones de dólares, en su gran mayoría adquiridos mediante emisión, y una porción menor mediante recursos del Tesoro a través del Banco de la Nación.

La situación del arribo de capitales con finalidades financieras ha llevado al ministro de economía a tratar de endurecer la política restrictiva mediante disposiciones tendientes a que tales capitales permanezcan en el país durante un lapso de un año por lo menos, dejando inmovilizado un 30% del importe total como valor no remunerado. Originalmente se había dispuesto un 20%.

Dicho de otro modo de cada 100 dólares ingresados con fines financieros, 30 deben quedar depositados sin poder ser utilizados ni cobrar ningún interés.

Entre otras cosas todas estas medidas restrictivas tienden a impulsar al alza de la tasa de interés. De hecho, la posible baja de la cotización de los bonos es en sí una elevación de su rendimiento, y tal baja es perfectamente posible ante la aplicación de encajes. Cuando se espera un rendimiento determinado, si la intervención del Estado trata de impedirlo, el bien a comercializar pierde precio o no es adquirido.

También sigue pendiente el acuerdo con el FMI, que implica como sabemos una reformulación del esquema tributario para eliminar impuestos distorsivos, el ajuste de las tarifas de servicios concesionados, y una salida posible para los bonistas que no entraron en el canje.

La Argentina fue calificada como postdefault por la calificadora Standard and Poors lo cual permite que accedan a los bonos locales los fondos internacionales y al mismo tiempo recalifica el riesgo de los nuevos bonos producto del canje. Sin embargo, la cifra aún en default, de alrededor de 24.000 millones de dólares afecta sin ninguna duda la capacidad de negociación externa del país y por ello genera incertidumbre respecto de una baja del riesgo. Ello sin contar el riesgo propio de tales bonos, que sigue siendo muy grande, obviamente.

Los bonistas que recibieron los nuevos títulos producto del canje finalmente realizado, vendieron sus posiciones en una importante cantidad, provocando una baja generalizada de las cotizaciones, que alcanzó al 5%. Según se explica, quienes se vieron obligados o resignados a entrar en el canje, rápidamente “salieron” de sus posesiones, apurando la baja de la cotización.

En otro orden, debemos señalar que el Senado convirtió en ley el llamado “paquete antievasión II”, medida fundamentada en tratar de cerrar los resquicios que posibilitan la evasión tributaria que sigue siendo elevadísima. En conexión con ello, estas medidas intentan encuadrar a la Argentina en el marco de los países que llevan adelante una política tendiente a conjurar el lavado de dinero, lo cual constituye, en sí, un aspecto positivo.

Hay que señalar, sin embargo, que dentro de la maraña de modificaciones a las normas a las leyes vinculadas con los procedimientos tributarios, antievasión y lavado de dinero, una serie de disposiciones dictadas apuntan a un exceso de celo que dista de mantenerse dentro del derecho liberal que rige nuestras normas de fondo. Y no utilizamos aquí el término en un sentido político, sino estrictamente jurídico.

A la gran cantidad de presunciones que implican la reversión de la carga de la prueba, se agrega una notable tendencia a calificar en la legislación procedimental las acciones llevadas a cabo por los contribuyentes. Es común, por ejemplo, hablar de “grave contradicción”, “grave incidencia” o apreciaciones semejantes, aparte de aquellas disposiciones que dejan abiertas las posibilidades en materia procesal porque es el juez el encargado de evaluar su incidencia.

El nuevo paquete antievasión sigue la misma tendencia, desde ya, y además incorpora algunas figuras que darán pie a controversias de gran trascendencia, como el así llamado “agente encubierto”, esto es, el inspector que simula una compra para ver si se cumplen los procedimientos.

No vamos a explayarnos aquí en temas que pasan por el ámbito impositivo y para los cuales elaboramos periódicamente columnas ad hoc. Pero es evidente que en tanto y en cuanto las normas que se dictan tienden a avanzar sobre derechos constitucionales provocan no poca incertidumbre, más allá de la sana intención que pudieran tener.

Por otro lado cabe observar que los resultados obtenidos al presente en la materia, han sido bastante relativos, cosa que queda evidenciada precisamente, y sin ir más lejos, en la necesidad de continuar con las modificaciones.

Pese a ello la recaudación de mayo superó largamente las expectativas, llegó a algo más de 12.000 millones de pesos y abre una buena perspectiva en cuanto al cumplimiento de la meta anual de superávit. Influyen en esta cifra factores estacionales (el mes de mayor cantidad de vencimientos impositivos del año), la mejora en los controles fiscales, y los crecientes índices inflacionarios.

Así y todo la tendencia de la economía es a una desaceleración progresiva que no parece revertirse pese al permanente dictado de planes promocionales con el objeto de incentivar la producción de tales o cuales bienes.

Una cuestión de gran gravedad es la situación institucional que se vive en Bolivia, donde movimientos insurgentes y separatistas mantienen en vilo al país hermano sin que pueda observarse hasta ahora una solución global. Es evidente que los grupos conducidos por Evo Morales y Felipe Quispe tienen intenciones claramente revolucionarias que poco a poco han ido desnudando con toda crudeza provocando el pánico en vastos sectores, que se presume huirían hacia los países limítrofes, en especial la Argentina y Brasil. Esto termina convirtiendo al problema del gas que llega del Altiplano en una cuestión francamente menor, como fácilmente puede colegirse, pero grave para nuestro país en materia económica.

Al menos por los datos con que contamos, existe alguna posibilidad de un acuerdo mediante la conformación de zonas autónomas que continuarían unidas como país pero preservando sus intereses regionales. Lo cierto es que la convulsión prerrevolucionaria ha conducido al desabastecimiento y éste a la desesperación, con lo cual es probable un efecto importantísimo sobre todo en el norte argentino.

Y para ir terminando digamos que el gobierno argentino está analizando imponer determinados ajustes a las tarifas más allá de no alcanzar un acuerdo con las empresas concesionarias, constituyendo con la recaudación obtenida por tal ajuste, un fondo para efectuar inversiones en el sector.

Como puede verse, la tendencia a la intervención permanente en el mercado cada vez que los sectores productivos o empresarios no encajan en las pretensiones oficiales, es una constante. Sobre ello hemos opinado reiteradamente, y diremos una vez más que cuando los desvíos obligan a la intervención y ésta se produce con frecuencia, ello es un indicio claro de que la economía no avanza o lo hace de modo insuficiente.

Sin duda que la seguridad jurídica, las garantías constitucionales, y la claridad y estabilidad de las reglas de juego están en la base de una perspectiva seria y de largo plazo. Las medidas coyunturales y reiterativas, más los llamados “superpoderes” y los decretos de necesidad y urgencia, debemos decirlo, no contribuyen al clima de estabilidad que se requiere. Las normas deberían ser cumplibles, cumplidas y permanentes en el tiempo. El cambio constante de disposiciones, y encima de manera muchas veces imprevista, no colabora en absoluto con el “clima de negocios” que se necesita.

Habrá que ver qué pasa, finalmente, en materia inflacionaria. Sobre todo a partir de la finalización de junio. Estimamos un recrudecimiento de los índices de precios, quizá no de gran importancia, pero sí preocupantes, como a nuestro juicio lo es el incremento del 0,6% citado para mayo, dada la gran contracción monetaria del citado mes por la sobrecarga de vencimientos fiscales.

Buenos Aires, 9 de junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

Al momento de escribir estas líneas todavía no se han publicado los datos relativos al índice el costo de vida para el mes de abril, aunque todo indica que rondará el 0,7%, o tal vez un poco menos. De ser así, tenemos un acumulado para el cuatrimestre del 4,75%, que naturalmente sigue muy por arriba de lo esperado si proyectamos la tasa anual.

Como señaláramos en anteriores trabajos, la desaceleración en este índice es consecuencia directa de la retracción monetaria encarada, los vencimientos impositivos de abril y la política de concertación de precios.

En materia cambiaria se incrementa la presión de ventas de dólares ante la liquidación de los exportadores, básicamente de la cosecha gruesa. A esto se suma el hecho de que las tasas de interés en pesos han ido incrementándose (en buena medida por las licitaciones de Lebacs para “secar” la plaza de la emisión monetaria utilizada para comprar los excedentes de dólares) y también que la expectativa de baja del tipo de cambio hace que muchos ahorristas en divisas opten por pasarse a colocaciones en pesos, aumentando aún más la oferta de dólares.

La economía en general ha continuado su crecimiento en la comparación interanual, pero mes a mes se viene notando una desaceleración producto de los factores que en detalle también hemos venido comentando: saturación de la capacidad instalada, necesidad de nuevas inversiones, inseguridad jurídica, etc.

Las negociaciones de los contratos con las concesionarias de servicios públicos han comenzado finalmente, pero con perspectivas no muy buenas. La necesidad de aumentar las tarifas se choca con la política de congelamiento oficial, pero fundamentalmente el punto está en la falta de acuerdos que posibiliten despejar el panorama hacia el futuro. Esto afecta las decisiones de inversión y ha llegado a provocar la puesta en venta del paquete mayoritario de Edenor, a cargo de la francesa Electricité de France. A su vez, también ha decidido retirarse en estos días la empresa Suez (francesa) de Aguas de Santa Fe, ante las dificultades de rentabilidad que se le presentan.

Precisamente el problema energético que está aflorando con bastante rapidez, tiene que ver con el tema de las renegociaciones de contratos y con las tarifas. Y también, claro está, con los precios de los combustibles, que también sufren los embates gubernamentales ante cualquier intento de ajuste.

En materia de gas, se ha recortado ya un 25% de la exportación a Chile para “redireccionar” el fluido hacia el mercado local, pese a lo cual están produciéndose cortes en industrias con contratos “interrumpibles”, esto es: contratos que permiten la interrupción en caso de escasez. Los gasoductos en construcción están demorados y la importación de 20 millones de m3 diarios de Bolivia está sujeta a las cuestiones políticas internas del país hermano y también a la finalización del gasoducto del noroeste.

La escasez de gas deriva en problemas de producción de energía eléctrica, que por el momento parece tener un respiro ante el acuerdo que acaba de cerrarse con Venezuela para la provisión de 1,2 millones de m3.

Así y todo, en estos días se ha producido un aumento del 8% en el GNC y se esperan nuevos ajustes de aquí a junio o julio.

El ministro Lavagna, en una reunión con empresarios, ha manifestado la intención del Gobierno de ofrecer planes de promoción fiscal para exploraciones en la cuenca atlántica. Básicamente se otorgarían quitas en el IVA de los insumos y además se permitiría la exportación del producido ante un eventual éxito en la búsqueda, sin retenciones. Al parecer, el Gobierno ha tomado debida nota de que las inversiones prefieren dirigirse a países donde se respete el precio internacional de venta del petróleo y sus derivados. Precio que por otra parte es el que se paga a Bolivia y a Venezuela, pero no a los productores locales.

Otro aspecto que continúa pendiente es el canje de la deuda. El Tribunal de apelaciones neoyorquino ha abierto un compás de espera de un par de semanas antes de expedirse. Se espera que la decisión final sea favorable y por lo tanto se destrabe el embargo de U$S 7.000 millones solicitado por el fondo Elliot. De ser así de inmediato se procedería al canje por los nuevos bonos para completar la operación prevista inicialmente para el 1° de abril pasado. Cabe una remota posibilidad de que se pase a una tercera instancia en la Corte Suprema, lo cual sería bastante grave, más que nada por la demora que implicaría. Pero no hay por el momento indicios de que esto vaya a ocurrir.

Un aspecto que debemos incluir en este análisis es el del incremento de la cantidad de conflictos gremiales, que entendemos básicamente como una consecuencia de la aceleración de la tasa de inflación, aunque como se sabe también hay reclamos de tipo político social, incluyendo la vieja cuestión de la llamada personería gremial. En materia salarial el gobierno ha tratado de evitar los aumentos masivos, aunque él mismo ha incurrido en ellos en reiteradas oportunidades en estos dos últimos años, bajo figuras ajenas a la legislación laboral vigente, como ser las “asignaciones no remunerativas” que como tales equivalen directamente a un pago en negro. Progresivamente, sin embargo, estos incrementos han ido incorporándose al salario sujetándose a las contribuciones y aportes de ley. Ello así, para las empresas constituye un nuevo incremento en materia de contribuciones patronales.

En otro orden, se espera llegar a un acuerdo de mínima con el FMI, básicamente para poder refinanciar unos U$S 2.000 millones y esperar las elecciones de octubre en un marco de relativa tranquilidad en cuanto a los cumplimientos de los pagos de la deuda externa. Pero aquí está pendiente la cuestión de las tarifas y también la atención de los acreedores que no entraron en el “default”.

Digamos para ir terminando que la venta de Loma Negra a un grupo brasileño ha dado mucho que hablar respecto, esencialmente, de la “desnacionalización” que significa. Al respecto diremos que la situación de la cementera es de larga data, y la venta resultó bastante esperada, dado que los precios de venta de las empresas localizadas en el país son suficientemente bajos como para tentar riesgos. Y son bajos por los problemas de inestabilidad e inseguridad jurídica, y también por el subvaluado peso, que permite que no sólo esté barata la estadía en nuestro país de miles de turistas extranjeros, sino también que lo estén las empresas, los inmuebles y todo bien transable. Es obvio, además, que las empresas de origen francés que están retirándose lo hacen vendiendo sus patrimonios también a bajo precio y por las mismas razones señaladas. El viejo adagio de que a algún precio alguien quiere vender y alguien quiere comprar.

Y un párrafo final para la recaudación tributaria, que en abril ha alcanzado los $ 9.282 millones, casi un 32% mas que el mismo mes del año anterior. Digamos aquí que prácticamente no se observa ninguna intención por parte del Gobierno en cuanto a la baja de la presión impositiva pese a los resultados altamente favorables.

Consideramos que esto también tiene que ver con la necesidad de bajar la demanda de bienes y servicios para no empujar la tasa inflacionaria. Como se sabe, el dinero dirigido al pago de impuestos resta capacidad adquisitiva a los contribuyentes.

Perspectivas Económicas de Argentina a comienzos de Abril

Buenos Aires, 1 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

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estudio@hectortrillo.com.ar

Tal como hemos venido diciendo en nuestros comentarios, la política de concertación de precios, sumada a la retracción del circulante ha provocado una desaceleración del ritmo de suba de precios al consumidor.

A ello contribuye también la retracción monetaria provocada por el vencimiento de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales que se producen en este mes y el siguiente.

De acuerdo a los datos que hemos venido recabando, se espera una tasa de crecimiento de precios inferior al 1%, que se ubicaría en torno del 0,6 y el 0,9%.

Por nuestra parte hemos expresado la fragilidad de los acuerdos sectoriales de precios, y los indicios parecen señalar que las rebajas no han llegado masivamente a las góndolas de los supermercados.

Sí se han producido bajas estacionales y una merma en la demanda producto de los factores señalados.

La desaceleración de la economía, por otra parte, es un dato. Las estimaciones de crecimiento del PBI para el año están en el orden del 6 o 6,5%, bastante menos que el 9% logrado durante 2004.

En verdad, la política basada en la expansión monetaria tuvo su apogeo en los años 2003 y 2004 esencialmente. La economía lleva 27 meses de continuo crecimiento y el fundamento de tal /boom /debe buscarse, especialmente, en los siguientes tópicos:

- La devaluación monetaria que bajó notablemente en dólares no pocos costos de producción, como ser los sueldos, las tarifas de servicios, los combustibles, etc.

- El congelamiento o la postergación de aumentos en servicios, combustibles y salarios prolongó en el tiempo la obtención de márgenes de utilidad en pesos de magnitud

- Los beneficios obtenidos de las exportaciones a valores triplicados o cuadruplicados, por la devaluación, no se sintieron afectados esencialmente por las reinstauradas “retenciones” a las ventas al Exterior.

- Los precios internacionales de la soja o del petróleo favorecieron ampliamente esta política exportadora.

- La capacidad ociosa de la industria, superior al 50% a mediados de 2002 posibilitó una recuperación productiva mediante algunas inversiones puntuales y sin necesidad de recurrir a subas masivas de precios, que por otra parte el mercado mermado por el corralito y por los ingresos congelados no estaba en condiciones de soportar.

- El notable incremento en pesos del precio de los bienes importados favoreció su reemplazo por productos locales a valores sensiblemente superiores a los de 2001, pero inferiores, con todo a los nuevos valores de la divisa.

- La porción exportable de la industria, permitió inclusive sostener precios no tan elevados en el mercado local.

- Factores tales como la pérdida de valor del dólar contra otras divisas y la baja tasa de interés internacional favorecieron también la colocación de nuestros productos a precios nominalmente superiores en dólares en el Exterior.

Es decir, el clásico modelo expansionista enunciado por Lord Keynes funcionó a la perfección mediante el sostenimiento de un tipo de cambio elevado artificialmente y aprovechando la capacidad ociosa en un contexto interno e internacional suficientemente favorable.

Pero no la expansión económica lograda fue suficiente para absorber los excedentes monetarios, ni las condiciones de inversión son las mejores como para pronosticar un incremento de la inversión neta que permita continuar en la misma línea, con dólar alto, crecimiento sostenido y sin inflación.

Es por ello que hemos venido repitiendo la verdadera paradoja en que se encuentra el presidente del Banco Central, que al tiempo que sostiene que la inflación no es producto de la expansión monetaria en este caso, hace lo imposible por retraer la cantidad de circulante y lo declara públicamente como un mérito a la hora de contener el aumento de los precios. Y nos referimos a él precisamente porque de los miembros del sector económico del Gobierno es quien más ha hablado en estos días.

Precisamente esta contención monetaria produce los siguientes efectos:

- genera déficit cuasifiscal, es decir pago de intereses por la colocación de Lebacs y Nobacs entre los bancos a tasa de interés creciente.

- Desaceleración del crecimiento de la economía lo cual complica la necesidad de crecer a tasas altas para poder entre otras cosas cumplir con las obligaciones contraídas luego del canje.

- Se retrasa y dificulta por lo tanto la baja de la tasa de desocupación que ha venido observándose en estos años.

Por otra parte se ha iniciado la renegociación de los contratos con las empresas concesionarias de gas y electricidad, en un marco de imposición del criterio oficial y ante una complicada situación con relación a las inversiones de este sector necesarias para evitar la escasez de combustibles y electricidad.

Se han establecido pautas de premios y castigos para el consumo de electricidad con lo que se espera una baja en la demanda, al tiempo que se ha resuelto un incremento en el precio del GNC.

A su vez, han mejorado las condiciones climáticas en Brasil en cuanto a la sequía que venía produciéndose, por lo que en lo relativo a la producción hidroeléctrica permite ser un poco más optimistas. Cabe recordar que nuestro país ha venido importando electricidad del país hermano, lo mismo que gas de Bolivia y fuel oil de Venezuela, para paliar los problemas generados por la indecisión en materia de contratos y congelamientos de precios de los productos, que entre otras cosas incentivaron el consumo precisamente por su bajo costo relativo.

En cuanto al canje de la deuda, hasta el momento no se ha resuelto la situación del embargo en Nueva York de U$S 7.000.- millones otorgado al Fondo Elliot, por lo que no hemos empezado a cumplir todavía con el compromiso asumido. Recordamos que la fecha prevista era el 1° de abril.

El FMI y el G7 ha dado una tibia muestra de apoyo a la posición Argentina, pero insistiendo en que deben contemplarse los casos de los acreedores que no ingresaron en el canje. Es esperable, en tal sentido, alguna novedad al respecto próximamente. No será en lo inmediato una reapertura, pero sí estimamos que las presiones internacionales obligarán a una toma de posición más “realista” en la materia.

Buenos Aires, 23 de abril de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
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estudio@hectortrillo.com.ar

Acaba de conocerse el índice de aumento de los precios al consumidor del mes de marzo. Según el dato difundido, la tasa de incremento es del 1,5%, el acumulado en el año transcurrido entre el 1° de abril de 2004 y el 31-3-2005 es del 9,1%, pero indudablemente la proyección para el año calendario en curso supera largamente las expectativas de ubicarse entre el 7 y el 10,5%. De hecho, estamos por encima del 4% en sólo 3 meses.

En nuestros trabajos anteriores hemos venido haciendo hincapié en que es muy probable que el índice anual de precios exceda largamente todas las previsiones. Y continuamos insistiendo en ello.

Hace algunos días, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, indicó ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que no estábamos ante un proceso inflacionario originado en la expansión monetaria, dado que desde diciembre se habían restado del circulante $ 2.700.- millones. El Presidente de dicha Comisión, diputado Lamberto, compartió esta visión y señaló que en verdad estaba produciéndose un reacomodamiento de los precios.

En nuestra opinión, reiteramos que el problema es otro. Desde comienzos de 2002 el circulante pasó de unos $ 10.000 millones a $ 36.000 millones, es decir, más del triple. Ante esta realidad, es obvio que el Gobierno ha estado haciendo esfuerzos por contener la expansión monetaria, para lo cual ha recurrido, y sigue haciéndolo, al endeudamiento vía Lebacs y Nobacs que coloca el Banco Central a tasas de interés crecientes y sobre bases en muchos casos ajustadas por CER. Por otro lado, la emisión de moneda para adquirir los dólares excedentes de los exportadores y evitar que caiga su precio, inyecta fondos a la plaza, contrarrestando este efecto. A su vez, como es obvio, el costo financiero de estos bonos ocasiona el llamado déficit cuasifiscal, que si bien en estos momentos puede estar en alrededor de $ 1.200 millones por año y no parece una cifra alarmante, sigue creciendo.

Ha continuado la política de bajar las exigencias a exportadores y endeudados en dólares en el Exterior, en cuanto a la oportunidad de liquidar sus operaciones, buscando de este modo restringir la oferta de divisas y acelerando en lo posible su demanda. También se baja el circulante mediante el adelanto de las cancelaciones de los redescuentos otorgados a los bancos durante la corrida bancaria de fines de 2001. Toda esta política es restrictiva del circulante, y apunta a lograr por ese medio que baje la demanda de bienes y por lo tanto la tasa de inflación. Aunque a costa de un enfriamiento de la economía

Hasta aquí, muy someramente las cuestiones técnicas que muestran a las claras en dónde nos encontramos. Adicionalmente, el Gobierno está interesado en lograr acuerdos y pactos sectoriales para bajar los precios de productos de primera necesidad, cuyo efecto más inmediato es provocar una baja de los índices inflacionarios.

Estos acuerdos son de corta duración y el Gobierno suponemos que estima que dentro de algunos meses no serán necesarios, ya que de lo contrario entraríamos rápidamente en una política de precios máximos, cuyo resultado sabemos que es nefasto en términos de inflación, escasez y mercado negro.

Nuestra opinión es que políticamente está tratando de lograrse un efecto de descenso de los precios que incida de manera casi psicológica en la demanda, y por lo tanto baje la llamada velocidad de circulación del dinero. En otras palabras, que se tranquilice la cuestión y nadie salga corriendo a comprar bienes temiendo un aumento.

En verdad, nuestra posición es bastante crítica de este procedimiento. Por un lado los artilugios monetarios para restar circulante tienen un costo, lo mismo que la emisión para mantener alto el tipo de cambio, como venimos repitiendo. Por el otro, los acuerdos de precios no conducen a otra cosa que a la escasez de los bienes incluidos en tales acuerdos, al mismo tiempo que tal vez aparezca algún tipo de mercado negro. Y finalmente los conflictos sociales que esta situación genera avanzan primero sobre las llamadas remarcaciones y luego sobre las empresas, en parte porque el mismo Gobierno acusa a los empresarios. Lo cierto es que si la experiencia de décadas pasadas se repite, más temprano que tarde la cuestión derivará hacia la conducción política, porque es obvio que estamos ante un problema inflacionario incipiente y lo menos que debería ocurrir es que sea abiertamente reconocido desde el Ministerio de Economía. Porque precisamente estos acuerdos de precios y las restricciones que intentan aplicarse sobre la circulación de moneda demuestran que así es.

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No vamos a reiterar aquí lo que estimamos debe hacerse en esta materia, aunque aparece como bastante obvio que el camino elegido literalmente patea la pelota para adelante. Y no demasiado lejos, por lo demás.

A todo lo expresado se suma el problema energético, un tema en el cual no termina de verse un avance sostenido en pos de su solución. Lo cierto es que todos los pronósticos se inclinan por una multiplicación de los cortes y la escasez, sobre todo de gas, gas oil, fuel oil y energía eléctrica.

Definición de Inflacion

Definición de Devaluación

Inflación argentina en Enero de 2007

En resumen: en nuestra opinión es probable que se alcance alguna baja en los índices de abril, y tal vez de mayo, porque además están los vencimientos anuales de impuestos, de gran repercusión en la restricción de los consumos. Pero estimamos que a más tardar en junio, y especialmente por efecto del medio aguinaldo, tendremos una fuerte alza de precios, siempre dentro de los parámetros que estamos manejando, desde ya. Es decir, no esperamos índices de más del 1,8 o 2% mensual hacia mediados de año, pero sí cercanos a esos valores. Ello a menos que decididamente se tome el toro por las astas en materia de gasto público, que ha crecido de manera sostenida en los últimos dos años. Y aquí, como también hemos venido reiterando, nos enfrentamos al año electoral, que todos sabemos que no suele ser el período elegido para las restricciones o los ajustes, que siempre resultan impopulares.

Buenos Aires, 5 de abril de 2005-04-06

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

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estudio@hectortrillo.com.ar

La salida del default ha sido exitosa a juicio de prácticamente todos los economistas. La mayoría de los diarios financieros importantes del mundo han hecho hincapié en las bondades del canje así como también de las excelentes perspectivas que se ponen de relieve para encarar el futuro. Todo ello en un marco de gran euforia por el éxito y también de interesantes negocios hechos casi de inmediato en los mercados de títulos, tanto de los defaulteados que no ingresaron en el canje, como los nuevos títulos de los que sí lo hicieron, e incluso de los bonos llamados "postdefault", es decir, aquellos

títulos como los Boden que fueron suscriptos en canje de los depósitos provenientes del corralito.

Como se ha reiterado, en muchos casos las expectativas se han presentado como buenas o incluso muy buenas. Los títulos en pesos ajustables por el CER, por ejemplo, han resultado ser muy demandados dado que se cubre con ellos la inflación (se ajustan por CER) y se consigue un interés, al tiempo que se espera una baja del valor del dólar, o como mucho un sostenimiento de tal valor, redundando para quienes ingresen en tales títulos en ganancias en dólares.

Esta introducción pretende dar un marco general a los comentarios que siguen, dado que para señalar lo que nos parece relevante y de fondo, resulta imprescindible poner las cosas en perspectiva. Y eso es lo que intentamos hacer.

El canje ha sido exitoso en tanto se toma como excelente el porcentaje de aceptación, que es más o menos el previsto por la gran mayoría de los economistas. Cabe esperar ahora que aquellos bonistas que no han ingresado tengan una segunda oportunidad. Esta expectativa no es exagerada, y ha sido contemplada también por numerosos analistas, dado que las negociaciones con los organismos internacionales de crédito, como el FMI, implican incluir en la agenda tal posibilidad, desde el momento que las exigencias para volver a prestar o refinanciar créditos a países en default indican que debe haber un

porcentaje de aceptación del 95%.

Otro aspecto por el cual se viene reclamando desde el FMI y también desde el llamado G 7, es el de la renegociación de los contratos con las empresas concesionarias de servicios públicos, debido al atraso de las tarifas en dólares que ya lleva más de 3 años, y también dada la incertidumbre que conlleva mantener estos casos abiertos durante un lapso tan prolongado. En esta cuestión el gobierno ha fijado fechas para las audiencias con las "privatizadas", lo cual constituye un paso bastante tímido, pero que empieza a ser algo.

El impulso inflacionario motivado por el mantenimiento forzoso del tipo de cambio alto ha empezado a hacerse notar cada día con mayor vigor, tal como lo anticipamos en nuestra última reseña anual. En efecto, las presiones sobre salarios y precios, los conflictos gremiales tendientes a lograr aumentos de sueldo y los enojos de los funcionarios con los sectores que suben los precios, son cada vez más corrientes.

Precisamente el presidente se ha lanzado contra el sector de la carne por la suba de días pasados, sin tener en cuenta que se trata de un problema circunstancial provocado por intensas lluvias que dificultan la salida de los campos del ganando en pie, y también contra la petrolera Shell con acusaciones a nuestro juicio bastante descomedidas sobre falta de colaboración y demás, cuando el panorama internacional de fuerte suba del petróleo es un hecho de todos conocido. En otras palabras, que tanto en un caso como en el otro, no se trata de impulsos inflacionarios provocados por

la inyección de dinero espurio para sostener el tipo de cambio, sino de factores exógenos que hacen a los cambios en los precios relativos.

La verdadera historia en materia de crecimiento del PBI sostenido en el tiempo a lo largo de 2, 3 o 4 décadas no se escribe mediante estos arrebatos y acusaciones movidas por la realidad cotidiana, sino antes bien en el marco de un cuadro de seguridad jurídica, eficiencia económica y arribo de inversiones que mejoren la tecnología y el PBI per cápita, porque es en estas cosas donde está la fuente donde abreva el genuino crecimiento económico.

Hemos señalado en otras oportunidades que la educación, la salud y la seguridad ciudadana han de jugar un rol preponderante, ya que tales premisas aportan la mejoría cultural y social indispensable para ingresar a competir con el mundo con productos a precios internacionales comparables a los de los países más avanzados, dado que se requiere un material humano suficientemente preparado y saludable. Pero también es imprescindible hacer funcionar el Estado de Derecho en toda su plenitud, sin que

funcionarios del orden que sea suban o bajen el pulgar porque se enojan con determinados sectores y amenazan con sanciones incluso tributarias (como incrementar retenciones a las exportaciones), o las quitan según sean las reacciones. La seguridad jurídica se basa, sobre todo, en la ausencia de discrecionalidad. Aunque tal discrecionalidad pueda aparecer aquí o allá como justa. El respeto de los contratos, el reconocimiento de las obligaciones, las garantías constitucionales básicas deben ser los pilares de una Nación.

No hace falta abundar mucho para comprender que en nuestro país los capitales han huido una y otra vez a lo largo de las décadas. Los cálculos hablan desde hace rato de que más de 150.000 millones de dólares de argentinos se refugian en el Exterior. Es decir que no sólo las empresas extranjeras se "llevan las ganancias", sino también las nacionales. Ello aparte de que las nacionales que se han vendido no han originado en general nuevas inversiones locales por parte de sus viejos dueños.

En verdad, la salida de capitales tiene siempre como razón fundamental la necesidad de poner a buen resguardo los ahorros. Creemos que esto está de sobra comprendido por todos nosotros, incluído como se sabe el propio presidente de la Nación.

Lo cierto es que tal salida de los ahorros nacionales tiene su razón de ser en la inseguridad jurídica y política a la que nos referimos, y es imprescindible revertir esta situación de verdaderamente aspiramos a convertirnos en una Nación de alto grado de desarrollo. Al mismo tiempo tal reversión es la que mejor que nada atraería capitales extranjeros. Es nuestro país quien necesita tales capitales, y por lo tanto hay que fomentar su llegada y no a la inversa.

La reforma del Estado, tanto Nacional como Provincial y Municipal, es también indispensable, porque el gasto público improductivo constituye asignación de recursos, lo que equivale a utilizar mal los capitales escasos con que contamos.

A su vez, en general las empresas en países inseguros como el nuestro, arriesgan menos inversiones y por lo tanto no alcanzan los estándares de calidad exigidos en los países avanzados, resignándose muchas veces a exportar lo que puedan en el área latinoamericana. Las razones de este tipo de decisión hay que buscarlas en todo lo que antecede. Y esto viene a cuento porque suele privar la idea de que es un problema de idiosincrasia local. A veces puede que sea cierto, pero tantas otras, en nuestra opinión, es simplemente disminuir el riesgo de hacer inversiones y no poder

recuperarlas.

Con este panorama, podemos concluir que no se trata de mantener el dólar en valores altos para así poder competir. Ello no es más que un artilugio monetario que equivale a provocar desequilibrios que se pagan más temprano que tarde, porque es sostener artificialmente lo que de por sí no se sostiene. Debemos aprender del pasado, que tantas veces repitió el mismo panorama hasta finalmente terminar en el estallido. El rodrigazo, la salida de la tablita cambiaria, el desastre el plan austral y del plan primavera, el pan Bónex, el corralito y otros cataclismos tuvieron el mismo origen:

disimular la ineficiencia mediante artilugios monetarios que terminan encorsetando las variables económicas hasta provocarse el estallido.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

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Resulta evidente que el Gobierno Nacional ha encarado el incipiente rebrote inflacionario mediante la ya clásica política de precios concertados. Esto es: lograr acuerdos sectoriales para bajar o sostener los precios de algunos productos dentro de parámetros "sociales", lo que equivale a decir accesibles para las clases más postergadas. A ello se suma un discurso en general acusatorio con relación al comportamiento empresario, que por supuesto colabora en punto a la búsqueda de concertaciones.

Esto significa decir, recurriendo a la lógica más elemental, que el Gobierno admite que estamos ante un problema de alzas en los precios e intenta corregirlo aplicando una metodología determinada.

Hemos venido sosteniendo que la inyección de moneda para mantener el dólar alto ha producido un impulso en los precios de gran magnitud. Y por otro lado hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que luego de dos años de crecimiento del PBI entramos en una especie de cuello de botella porque la necesidad de inversiones para atender la demanda adicional se encuentra con el escollo de lo que genéricamente podemos denominar falta de seguridad jurídica.

Si bien esperamos para este año un aumento considerable de las importaciones que contribuirá a disminuir el excedente de oferta de dólares provenientes de las exportaciones, no es menos relevante decir que el Gobierno sigue intentando restar circulante monetario mediante colocaciones en Lebacs, Nobacs, y otras medidas colaterales, como ser adelantar la devolución de los redescuentos otorgados a los bancos luego de la pesificación asimétrica. Asimismo, la extensión de plazos para liquidar exportaciones o la permisividad de cancelar anticipadamente financiamientos provenientes del Exterior apuntan a evitar la sobreoferta de dólares tanto como sea posible. Todo ello dirigido a un mismo objetivo: evitar o postergar tanto como sea posible la emisión de moneda dirigida a comprar los excedentes de dólares manteniendo así el tipo de cambio alto. A todo ello se suma la compra de dólares mediante recursos del tesoro, esto es, con el superávit que evita la emisión de moneda.

Lo cierto es que estamos ante un impulso inflacionario y el Gobierno evidencia tanto en el plano de la concertación como en las medidas monetarias que estamos mencionando a vuelapluma, un claro intento de corregir el problema. Cabe entonces analizar si estimamos que lo logrará.

Estamos en un año electoral y llevamos dos años en los cuales el gasto público creció cerca de un 60% aproximadamente respecto de 2002. Tenemos problemas con las tarifas de servicios públicos que siguen más o menos congeladas precisamente para evitar que se disparen aún más los precios, pero con el consiguiente daño a la política de inversiones en áreas como la energética. Existe la certeza de que tendremos dificultades para la provisión de combustibles durante el invierno. De hecho, ya se producen cortes con bastante frecuencia, sobretodo en el gas a nivel de industrias. Y también hay problemas con la energía eléctrica, que en parte debe ser generada con fuel oil importado por la baja cota de las centrales hidroeléctricas.

Reconocemos en este panorama nuestro particular escepticismo. Estamos ante un problema serio en un momento en que resulta difícil bajar el gasto público, precisamente por la cercanía de las elecciones. En rigor, que sepamos nada se ha hecho en la materia en estos años. Por el contrario se han creado nuevos planes de ayuda que sin dejar de reconocer su necesidad en muchos casos, provocan en muchos casos desvíos en la asignación de los recursos dado que su utilización dista de ser correcta, sobre todo cuando se encargan de ello organismos estatales o paraestatales, en lugar de hacerlo ONG, por ejemplo.

Mientras por un lado el Estado sale a ayudar a los sectores más postergados, por el otro se admite que la única forma de resultar competitivos es manteniendo retrasados los ingresos de la población contados en divisas. El dólar es caro, por ende la mano de obra es barata. De manera que a la ineficiencia tradicional argentina en materia de servicios que debe brindar el Estado, se suma la atención de problemas de grandes cantidades de personas indigentes.

No deja de ser una cuestión a mencionar este hecho. Si bien es razonable atender a quienes lo necesitan, ello tiene un costo, que se suma al gasto público total, obviamente.

Esto en materia pública. En la faz privada los empresarios no parecen dispuestos a arriesgar inversiones si no hay seguridades a mediano plazo por lo menos. Por lo tanto la eficiencia en este sector se encuentra circunscripta a lo que hay instalado, más un plus acotado y sumamente prudente.

En 2004 la inversión alcanzó al 18% del PBI, aproximadamente, cuando lo que se estima esperable para lograr un crecimiento sostenido que empalme además con las exigencias provenientes de la renegociación de la deuda, es del orden del 22% del PBI.

Digamos también que el PBI, medido en dólares valuados en torno de los $ 3.-, alcanzará alrededor de U$S 160.000 millones. Esta cifra es sumamente baja si se la compara con países como México, que pasa los U$S 600.000.-. De manera que aún en el caso de que las inversiones mantengan un crecimiento sostenido, estamos hablando de valores relativamente bajos en términos comparativos.

Yendo de lleno a la política de concertación de precios, es obvio que se trata de un paliativo tendiente a contener los efectos de la inflación, y su duración está demostrado históricamente que no es demasiado larga.

Es que está claro que la selección de productos a precios contenidos, provoca un incremento de la demanda de tales bienes, lo cual lleva al agotamiento de la oferta y la búsqueda de productos alternativos a precios seguramente superiores. De hecho, concertar precios implica evitar mediante recursos que podríamos llamar exógenos, su suba.

De manera que hay que tener muy en claro que este tipo de medidas nunca son de largo aliento. Cabe preguntarse entonces qué hará el Gobierno cuando los tiempos se agoten.

Es probable que en ese punto se resalte la lamentable política acusatoria que vemos cada vez con más frecuencia, especialmente mediante la Secretaría de Defensa del Consumidor, que no trepida en publicar solicitadas acusando a los empresarios de vender a precios abusivos y demás.

Si bien podemos colegir que no faltará quien efectivamente se abuse de una situación, lo cierto es que en el conjunto tenemos un problema inflacionario provocado por una política monetaria, y que este problema no se resuelve si no se encara una reforma de fondo que lleve a garantizar la juridicidad del sistema, juntamente con la aplicación de políticas tendientes a bajar el gasto público en serio, en todos los órdenes y sin trepidar. Es decir, exactamente lo contrario de lo que está haciéndose.

La recuperación de la economía ha provenido de la devaluación y del no pago de la deuda externa especialmente. Pero también se ha debido a la estabilidad pasada que hizo que la población confiara bastante en la moneda local. Ello permitió recuperar los niveles de producción de 1998 y en algunos rubros un poco más, inclusive. Y lo que está pasando es que el exceso de demanda, maximizado por las medidas tomadas en diciembre respecto de postergar retenciones de impuestos, anticipos y demás, ha ido agotando la capacidad ociosa heredada de la crisis. Es aquí donde es necesario un incremento rápido y sostenido de las inversiones, especialmente en el área energética.

Nosotros pensamos que tal como van las cosas, es muy probable que la tasa de aumento de los precios sea bastante superior a la prevista incluso por los economistas más enfrentados ideológicamente al Gobierno.

La esperanza de que se tome nota de esta tendencia y se modifique de plano su política, es francamente baja.

Reiteramos que estamos en un año electoral, y que el impresionante aumento del gasto público difícilmente sea revertido.

Nada indica, por otra parte, que esté pensándose en reformular el sistema tributario para ir eliminando impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones o a las transacciones financieras (impuesto al cheque).

En el plano internacional, la suba de las tasas por parte del Tesoro de EEUU hace presagiar una revalorización del dólar que en nada colabora en todo este proceso. El peso está subvaluado, como venimos repitiendo, y cuanto más se revalorice el dólar, peor.

Luego del canje de la deuda, el efecto default en materia de divisas va llegando a su fin. Comenzarán los problemas judiciales con los llamados "fondos buitre" que se han quedado con gran cantidad de deuda defaulteada y pretenden obtener un resultado superior al logrado por quienes adhirieron al canje. Esto significa que por un lado comenzarán a salir divisas para el pago de la deuda, aparte del incremento esperado de las exportaciones. Esto último tenderá a disminuir la sobreoferta de dólares para la segunda mitad

Todo ello dentro de un contexto inflacionario y también, probablemente, de conflictos sindicales y sociales por demandas salariales.

Buenos Aires, 28 de marzo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

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estudio@hectortrillo.com.ar

En un trabajo reciente en el que hablábamos de las perspectivas para la economía durante el año 2005 (ver: la inflación y el tipo de cambio), hicimos especial hincapié en la posibilidad de que se dispararan los índices inflacionarios como consecuencia de la emisión monetaria a la que viene recurriendo el Banco Central para comprar los dólares provenientes de las exportaciones.

Como es sabido, las presiones inflacionarias no se producen en forma simultánea y en toda la economía, sino que afectan a determinados rubros de manera aparentemente desordenada y progresiva. En verdad, esto depende de muchos factores y trataremos de ceñirnos a las evidencias con que vamos contando para ilustrar sobre lo que queremos significar. En los últimos tiempos es evidente que los precios vienen subiendo sin solución de continuidad y que ciertos gremios presionan sobre el empresariado para lograr sustanciosos aumentos de sueldos, aún pese a las "asignaciones no remunerativas" encaradas por un Gobierno deseoso de reprimir los impulsos en tal sentido.

A su vez, como hemos señalado en otras oportunidades, el cuasicongelamiento de las tarifas de servicios públicos en general, continúa con toda su fuerza manteniendo en principio a raya los grandes disparadores inflacionarios, pero a costa, obviamente, de una alta desinversión en sectores claves, como el energético.

La política de tipo de cambio alto, pensada como tantas veces en nuestra historia reciente como una forma de reducir artificialmente el llamado "costo argentino" y volver las exportaciones competitivas, poco a poco va desangrándose ante la evidencia de los efectos negativos consecuentes y cada vez más evidentes.

Téngase presente que la aplicación de retenciones al agro o al petróleo, por ejemplo, fue posible precisamente por la devaluación monetaria, que dejó un colchón remanente para que el Estado aplique esta práctica en tanto y en cuanto los costos de producción, devaluados en dólares, no vuelvan al estadio anterior. A ello, se sumó el importante aumento de los precios internacionales, del petróleo y de la soja, fundamentalmente. Aunque como también es de conocimiento público el precio de esta última ha caído en una proporción importantísima.

Recalcamos una vez más que las medidas de política monetaria pueden tener una utilidad en momentos de crisis y por cortos períodos, pero el sostenimiento de ellas más allá de lo razonable en función de la particular situación, conduce al desastre más temprano que tarde.

En este marco, es evidente que los precios de los cereales, tales como el citado o el maíz y el trigo, han caído entre el 30 y el 40%, lo cual puede tener un efecto devastador con vistas a la próxima siembra del cereal de invierno. Porque si bien es cierto que este año la cosecha de granos probablemente supere en un 10% a la anterior, también lo es que las expectativas de menores ganancias, o incluso de pérdidas, producirán desistimientos de importancia, a menos que desde el Estado se tome el toro por las astas en este sentido y se reduzcan las retenciones.

Es obvio que estamos ante un dilema que no por reiterado deja de ser dramático: bajar o eliminar las retenciones producirá una merma en los ingresos de las arcas públicas, pero tal merma se producirá de todos modos por la baja de los precios internacionales. Y también habrá una baja en la cosecha del año próximo si como se prevé bajan las áreas sembradas como consecuencia de lo antedicho.

El Gobierno sigue sosteniendo, esta vez por boca del Jefe de Gabinete, que la política de sostenimiento de un tipo de cambio alto no se modificará. Precisamente porque este artilugio es el que permite mantener una competitividad que debería ser lograda sobre bases reales. Pero para ello hace falta volver eficiente a una Nación que por lo general no se ha caracterizado en ninguno de sus estratos por mantener un grado de austeridad y eficacia de gestión razonables.

No está en vista ninguna reforma del Estado, tanto nacional como provincial, que permita ver al menos una luz al final del túnel en esta materia. Atrás quedaron las promesas en tal sentido, llevadas a cabo sobre todo en los dramáticos primeros meses de 2002.

La salida del default puede tener un efecto positivo, indudablemente, pero también implicará el comienzo de las erogaciones en pago de intereses a los acreedores. Esto producirá la merma de las reservas, lo cual entre otras cosas producirá una reducción del llamado señoreaje, es decir el interés que percibe por la colocación de las divisas en bancos internacionales.

La presión tributaria es en estos momentos suficientemente elevada como para otorgar al Estado un superávit que supera incluso el porcentaje del 3% del PBI pactado en su momento con el Fondo Monetario. Un número notable que a su vez sirve para restar dinero al circuíto de la demanda de bienes y servicios. Dicho en otras palabras: el dinero que se abona en impuestos no se gasta en bienes o servicios, por lo tanto no presiona sobre los precios. Como se dice en la jerga: enfría la economía.

Las retenciones, junto con el llamado impuesto al cheque, constituyen los principales impuestos distorsivos de nuestra economía, aunque obviamente no son los únicos. Los desincentivos a la inversión son evidentes a la hora de analizar la presión tributaria si nos adentramos en impuestos como el de la ganancia mínima presunta o el de los bienes personales, que gravan los activos sin considerar los pasivos. O el mismísimo impuesto a las ganancias, que desde la gran devaluación sigue sin reconocer los efectos inflacionarios, dando lugar al pago de enormes sumas por ganancias ficticias.

Volviendo a las retenciones a las exportaciones, cabe tener presente que nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay no las aplican. Y hemos podido comprobar estos últimos años cómo el primero se convirtió en una potencia agrícola mundial, al tiempo que los otros dos han logrado avances notables en la materia.

Lamentablemente no somos optimistas respecto del futuro. Y no lo somos porque de la conjunción del tipo de cambio sostenido alto en forma artificial, más los impuestos distorsivos que incluyen las retenciones, pasando por la falta de seguridad jurídica y las presiones inflacionarias generadoras de conflictos sociales no nos parece un marco adecuado para el crecimiento sostenido tal como se ha comprometido el Estado en punto a la negociación de la salida del default.

Es que en verdad, dejando de lado cualquier suspicacia política (que no es el objetivo de este trabajo), no alcanzan a verse las reformas de fondo que nos conduzcan a una mayor eficiencia general y a un ordenamiento administrativo de los distintos componentes del Estado que tornen razonable y no excesiva la carga tributaria al tiempo que la vuelvan acorde a los servicios que se esperan de ella.

Hasta el momento todos los economistas coinciden en señalar que se ha producido una reactivación mediante la utilización de la capacidad instalada anteriormente y que había dejado de utilizarse durante la crisis. Es decir, estamos volviendo a los niveles de producción global del año 1998. Pero no aparecen en el horizonte serios planes de inversión a gran escala. Y por supuesto entendemos que ello es así como consecuencia de los temas que hemos señalado.

Dr. Héctor Blas Trillo

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Asesor y consultor de empresas

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