Al momento de escribir estas líneas todavía no se han publicado los datos relativos al índice el costo de vida para el mes de abril, aunque todo indica que rondará el 0,7%, o tal vez un poco menos. De ser así, tenemos un acumulado para el cuatrimestre del 4,75%, que naturalmente sigue muy por arriba de lo esperado si proyectamos la tasa anual.
Como señaláramos en anteriores trabajos, la desaceleración en este índice es consecuencia directa de la retracción monetaria encarada, los vencimientos impositivos de abril y la política de concertación de precios.
En materia cambiaria se incrementa la presión de ventas de dólares ante la liquidación de los exportadores, básicamente de la cosecha gruesa. A esto se suma el hecho de que las tasas de interés en pesos han ido incrementándose (en buena medida por las licitaciones de Lebacs para “secar” la plaza de la emisión monetaria utilizada para comprar los excedentes de dólares) y también que la expectativa de baja del tipo de cambio hace que muchos ahorristas en divisas opten por pasarse a colocaciones en pesos, aumentando aún más la oferta de dólares.
La economía en general ha continuado su crecimiento en la comparación interanual, pero mes a mes se viene notando una desaceleración producto de los factores que en detalle también hemos venido comentando: saturación de la capacidad instalada, necesidad de nuevas inversiones, inseguridad jurídica, etc.
Las negociaciones de los contratos con las concesionarias de servicios públicos han comenzado finalmente, pero con perspectivas no muy buenas. La necesidad de aumentar las tarifas se choca con la política de congelamiento oficial, pero fundamentalmente el punto está en la falta de acuerdos que posibiliten despejar el panorama hacia el futuro. Esto afecta las decisiones de inversión y ha llegado a provocar la puesta en venta del paquete mayoritario de Edenor, a cargo de la francesa Electricité de France. A su vez, también ha decidido retirarse en estos días la empresa Suez (francesa) de Aguas de Santa Fe, ante las dificultades de rentabilidad que se le presentan.
Precisamente el problema energético que está aflorando con bastante rapidez, tiene que ver con el tema de las renegociaciones de contratos y con las tarifas. Y también, claro está, con los precios de los combustibles, que también sufren los embates gubernamentales ante cualquier intento de ajuste.
En materia de gas, se ha recortado ya un 25% de la exportación a Chile para “redireccionar” el fluido hacia el mercado local, pese a lo cual están produciéndose cortes en industrias con contratos “interrumpibles”, esto es: contratos que permiten la interrupción en caso de escasez. Los gasoductos en construcción están demorados y la importación de 20 millones de m3 diarios de Bolivia está sujeta a las cuestiones políticas internas del país hermano y también a la finalización del gasoducto del noroeste.
La escasez de gas deriva en problemas de producción de energía eléctrica, que por el momento parece tener un respiro ante el acuerdo que acaba de cerrarse con Venezuela para la provisión de 1,2 millones de m3.
Así y todo, en estos días se ha producido un aumento del 8% en el GNC y se esperan nuevos ajustes de aquí a junio o julio.
El ministro Lavagna, en una reunión con empresarios, ha manifestado la intención del Gobierno de ofrecer planes de promoción fiscal para exploraciones en la cuenca atlántica. Básicamente se otorgarían quitas en el IVA de los insumos y además se permitiría la exportación del producido ante un eventual éxito en la búsqueda, sin retenciones. Al parecer, el Gobierno ha tomado debida nota de que las inversiones prefieren dirigirse a países donde se respete el precio internacional de venta del petróleo y sus derivados. Precio que por otra parte es el que se paga a Bolivia y a Venezuela, pero no a los productores locales.
Otro aspecto que continúa pendiente es el canje de la deuda. El Tribunal de apelaciones neoyorquino ha abierto un compás de espera de un par de semanas antes de expedirse. Se espera que la decisión final sea favorable y por lo tanto se destrabe el embargo de U$S 7.000 millones solicitado por el fondo Elliot. De ser así de inmediato se procedería al canje por los nuevos bonos para completar la operación prevista inicialmente para el 1° de abril pasado. Cabe una remota posibilidad de que se pase a una tercera instancia en la Corte Suprema, lo cual sería bastante grave, más que nada por la demora que implicaría. Pero no hay por el momento indicios de que esto vaya a ocurrir.
Un aspecto que debemos incluir en este análisis es el del incremento de la cantidad de conflictos gremiales, que entendemos básicamente como una consecuencia de la aceleración de la tasa de inflación, aunque como se sabe también hay reclamos de tipo político social, incluyendo la vieja cuestión de la llamada personería gremial. En materia salarial el gobierno ha tratado de evitar los aumentos masivos, aunque él mismo ha incurrido en ellos en reiteradas oportunidades en estos dos últimos años, bajo figuras ajenas a la legislación laboral vigente, como ser las “asignaciones no remunerativas” que como tales equivalen directamente a un pago en negro. Progresivamente, sin embargo, estos incrementos han ido incorporándose al salario sujetándose a las contribuciones y aportes de ley. Ello así, para las empresas constituye un nuevo incremento en materia de contribuciones patronales.
En otro orden, se espera llegar a un acuerdo de mínima con el FMI, básicamente para poder refinanciar unos U$S 2.000 millones y esperar las elecciones de octubre en un marco de relativa tranquilidad en cuanto a los cumplimientos de los pagos de la deuda externa. Pero aquí está pendiente la cuestión de las tarifas y también la atención de los acreedores que no entraron en el “default”.
Digamos para ir terminando que la venta de Loma Negra a un grupo brasileño ha dado mucho que hablar respecto, esencialmente, de la “desnacionalización” que significa. Al respecto diremos que la situación de la cementera es de larga data, y la venta resultó bastante esperada, dado que los precios de venta de las empresas localizadas en el país son suficientemente bajos como para tentar riesgos. Y son bajos por los problemas de inestabilidad e inseguridad jurídica, y también por el subvaluado peso, que permite que no sólo esté barata la estadía en nuestro país de miles de turistas extranjeros, sino también que lo estén las empresas, los inmuebles y todo bien transable. Es obvio, además, que las empresas de origen francés que están retirándose lo hacen vendiendo sus patrimonios también a bajo precio y por las mismas razones señaladas. El viejo adagio de que a algún precio alguien quiere vender y alguien quiere comprar.
Y un párrafo final para la recaudación tributaria, que en abril ha alcanzado los $ 9.282 millones, casi un 32% mas que el mismo mes del año anterior. Digamos aquí que prácticamente no se observa ninguna intención por parte del Gobierno en cuanto a la baja de la presión impositiva pese a los resultados altamente favorables.
Consideramos que esto también tiene que ver con la necesidad de bajar la demanda de bienes y servicios para no empujar la tasa inflacionaria. Como se sabe, el dinero dirigido al pago de impuestos resta capacidad adquisitiva a los contribuyentes.
Perspectivas Económicas de Argentina a comienzos de Abril
Buenos Aires, 1 de mayo de 2005
Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
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