Blog de Héctor Trillo

La crisis es un hecho innegable que debe ser considerado con toda seriedad, tomando las medidas más adecuadas para corregir sus efectos con el menor daño posible a la producción de bienes y a la vida cotidiana de la población

Más allá de consideraciones sobre las causas, motivaciones y hasta posibles connivencias malévolas, la crisis energética es, hoy por hoy, el gran problema de la Argentina.

El gobierno ha venido negando casi hasta el absurdo la grave cuestión, como tantas veces hemos podido comprobar. Finalmente el propio Dr. Kirchner terminó aceptando la situación, pero argumentando que se trata de los problemas que origina el crecimiento. Como no es intención de este trabajo contrastar las respuestas políticas, no ahondaremos demasiado en este punto. Pero no podemos dejar de señalar que el crecimiento es un hecho conjunto, y por lo tanto si ha crecido la producción de bienes y servicios, sino que también debería haber crecido la provisión de energía, lo que dista de haber ocurrido.

El gobierno, sin admitir la crisis, hace ya largos dos largos años que viene tratando de encarar el problema con planes tales como el PUREE (de premios y castigos por consumos excedentes), el plan Energía Plus (por el cual las empresas no pueden consumir más energía que la consumida en el año 2005 a menos que la generen con equipos propios), incrementos de precios a las industrias, cortes “consensuados” a determinados consumidores y finalmente toda la gama de restricciones al uso de la electricidad, el gas y los combustibles líquidos que podemos ver en estos días.

Se han difundido datos sobre la potencia nominal de energía eléctrica desde 1989 hasta el presente. Tales datos surgen de la información emanada de la Secretaría de energía, e indican que en aquel año tal potencia alcanzaba los 15.141 MwH, para alcanzar los 25.323 MwH hacia el final del gobierno del Dr. De la Rúa. Actualmente, tal potencia nominal prácticamente no ha variado, siendo el último dato disponible el que corresponde al año 2005, y es de 25.674 MwH. Sin más detalles pueden sacarse conclusiones. Hasta el año 2001 el parque eléctrico había venido creciendo (con un amesetamiento a partir del año 1998 aproximadamente) y dejó de hacerlo a partir de 2001. Un dato no menor es el que indica que en 1999, la potencia nominal del sistema alcanzaba los 23.150 MwH.En la cuestión del gas, durante los primeros años post crisis monetaria, se incentivó el pase de las industrias al uso de ese combustible, al tiempo que se auspiciaba una reconversión del parque automotor al GNC. En un momento dado hasta se habló de pasar a GNC al transporte colectivo de pasajeros. El aumento del consumo de gas no fue para nada acompañado con inversiones en la exploración y explotación de nuevos yacimientos, cuestión que también viene dándose desde hace por lo menos un lustro.

Los combustibles líquidos con precios más o menos estables desde el año 2003, vieron incrementado su consumo a medida que los índices de reactivación de la economía mejoraban. Ya desde el año 2005 comenzaron los problemas con el gasoil, especialmente en las provincias del Noreste y sobretodo para el su uso en las tareas del campo.

La merma en la provisión de gas obligó a muchas industrias, incluso las de generación eléctrica, a utilizar fueloil o gasoil en su caso, provocando a su vez mayores restricciones a la oferta de dichos combustibles.

Las medidas desesperadas tomadas en las últimos días adolecen de un alto grado de improvisación y una enorme falta de criterio o sentido común. La venta de naftas a determinados consumidores a valores bonificados y la directa prohibición de venta de GNC provocaron enormes problemas a abastecedores y abastecidos. Tuvieron que cerrar más de 1.600 estaciones de servicio que solamente comercializan GNC, se formaron grandes colas de vehículos en las que venden la nafta a precio equiparable con el gas, al tiempo que se multiplicaban las discusiones ante la evidencia de que las listas de tales estaciones de servicio no se correspondían en absoluto con la realidad. En estos momentos se importa gasoil, fueloil y electricidad. Se reducen drásticamente (y muchas veces imprevistamente) los suministros de gas y de electricidad a la industria, y comienza a haber problemas serios en el funcionamiento de diversas cadenas de producción ante la falta de insumos. Así se llega a la suspensión del personal y al desabastecimiento de productos de variada naturaleza. Si a esto le agregamos que tal vez en los próximos días sea necesario interrumpir la generación eléctrica por la falta de agua en algunas represas del Comahue, tenemos por delante un panorama para nada alentador.

A estas alturas está claro que hay que tomar el toro por las astas de una manera seria, ecuánime, y sobre todo alejada de las clásicas especulaciones políticas. Las medidas inequitativas en la distribución originan problemas y sobre todo estimulan mercados paralelos y falsedades en la provisión y venta. Si en estos momentos los taxis no pueden funcionar con nafta porque el costo es elevado, eso se debe a que las tarifas de los coches de alquiler han venido acomodándose al uso de un combustible barato, cuestión que resulta insostenible hoy por hoy. Argumentos tales como el de que quienes tienen vehículos caros deberían cargar nafta porque pueden pagarla contribuyen a distorsionar el mercado y castigar a quienes en una u otra actividad resultaren exitosos, deteriorando el perfil de país pujante que se supone se pretende alcanzar. Ello sin dejar de recordar que se deja de lado el sagrado principio de la igualdad ante la ley.

Las crisis para ser afrontadas requieren racionalidad y sangre fría. No es aceptable la discriminación entre hijos y entenados. Una cosa es la provisión de energía a un hospital y otra muy distinta es esta de entrar a separar a los propietarios de vehículos entre taxis, remises, vehículos de carga, de pasajeros, automóviles, camionetas 4x4, etc. Para elegir luego a quién sí se le provee y a quién no.

Claro, el gobierno se encuentra hoy en el brete de tener que tomar medidas impopulares tales como un racionamiento pleno o un ajuste tarifario, pero lo cierto es que la impopularidad surge como consecuencia y de todas maneras. Es decir que ya no puede evitarse porque el daño ya está hecho. La gente a la cual se le corta la luz a cualquier hora o no consigue gasoil o GNC está indignada y no le sirven ya explicaciones de tono político generalmente cargadas de acusaciones en búsqueda de culpables exógenos.

En tiempos de Alfonsín se tomaron medidas de restricción al consumo eléctrico que tenían una lógica: hacer que todos los habitantes por igual soportaran en distintos horarios predeterminados la falta de suministro. Por más impopular que esto hubiera resultado en esos años, era lo más correcto y lógico.

La reducción en el alumbrado público, en las marquesinas publicitarias, incluso en los horarios de televisión constituyen medidas a la mano que, tomadas prudentemente, podrían beneficiar a todos. Esto en materia de energía eléctrica. El aumento de tarifas, aunque a nadie le guste, también puede contribuir a reducir el consumo seriamente. El uso de lámparas de bajo consumo está bastante difundido hoy en día, pero podría incrementarse aún más si efectivamente se premiara en tiempo real una reducción del consumo hogareño.

En los demás combustibles está también muy clara la cosa. El gas domiciliario debe también alcanzar una tarifa más realista, porque eso desalienta el consumo, no la publicidad “concientizadora”. Porque en estos momentos el único gas caro es el de garrafa, que normalmente es el medio que utiliza la población que no tiene acceso a la red.

Sabemos que decir esto puede resultar muy impopular, pero la realidad es que cuando un bien escasea, sube su precio. Y si su precio no sube, escasea cada día más.

En el caso del gasoil la exigencia de que las proveedoras importen el producto para venderlo a pérdida es decididamente contra natura. Por más que las empresas ganen dinero en otros rubros, nadie quiere trabajar a pérdida, por lo tanto hay resistencias. Y además, los usuarios el producto intentan adquirir más de lo que necesitan para contar con reservas por las dudas, y esto tampoco se corrige con publicidades banales acerca de que hay que ser solidarios, no acaparar, etc. Porque nadie en su sano juicio deja de tratar de cubrirse tanto como pueda.

La crisis es, en términos pragmáticos, equivalente a una corrida bancaria. Todo el mundo trata de ponerse a cubierto. Y ninguna publicidad, ni pedido, ni acusación, o lo que fuere lo hará actuar en un sentido diferente.

Otros países en situaciones parecidas han tomado decisiones drásticas y lograron revertir la situación al cabo de un tiempo. Por lo demás, insistimos en que no hacerlo no corrige el problema sino que lo agrava cada día.

Lo que se observa es que el gobierno está tomando medidas a la desesperada. Ya ni hablemos del secretario Moreno y su intervención en Metrogás, o el propio presidente acusando primero a transportadoras, luego a distribuidoras, y finalmente al crecimiento.

Un plan serio y riguroso debe estudiarse y ponerse en ejecución lo antes posible. Con gente idónea y calificada debidamente que lo ejecute. De nada sirve ahora salir a buscar culpables, ni de dentro ni de fuera del gobierno. Hay que actuar. Y es en este punto en el que el gobierno está fallando seriamente.

Tampoco es razonable esperar que el clima cambie. Resulta casi infantil apostar al calor cuando estamos en pleno invierno.

Acelerar y facilitar las inversiones es también un punto fundamental. Las obras en las termoeléctricas de Timbúes y de Campana están sensiblemente demoradas. El gas boliviano alcanza a los 7.000.000 de m3 diarios, cifra bastante distante de los 20 millones comprometidos.

Es de esperar que se pase del discurso a la acción de una buena vez por todas.

Buenos Aires, 13 de julio de 2007

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

En lo que va del mes, estos títulos han subido un 14% en promedio. Comentario: Obviamente esto se debe al aumento de las expectativas inflacionarias. En este punto sólo cabe insistir que en la medida en que la sobrevaluación del dólar vaya cediendo ante la tasa de inflación, se hace factible una nueva devaluación. Si bien no se espera esto en lo inmediato, hay que tener en cuenta que la tasa de inflación reprimida, especialmente en tarifas, transportes y combustibles, es probable que se descomprima luego de las elecciones. Sin pretender ser agoreros, diremos que los meses de noviembre y diciembre serán cruciales en este aspecto.

Hector Trillo

Julio de 2005

Los datos estadísticos siguen marcando cifras de recuperación de la economía muy importantes, pese a los problemas derivados de la inseguridad jurídica. El contexto internacional sigue siendo muy favorable.

Pero la mejora estructural no acompaña ni de lejos el ritmo de crecimiento.

El periodista Diego Cabot se pregunta en un interesante artículo del diario La Nación de hoy si la falta de gas y de electricidad se debe exclusivamente al frío. Y si los atosigamientos en los trenes se deben únicamente a que ahora viaja más gente. O la falta de vuelos está ocasionada únicamente por la caída del famoso rayo en Ezeiza que dejó al Aeropuerto sin radar hace ya varias semanas. Las estadísticas marcan un incremento en la demanda de servicios que no está siendo acompañada debidamente por la mejora en la oferta. Este dato es conocido y difundido por todos los medios, casi sin excepción.

No vale la pena reiterar lo que hemos comentado en trabajos anteriores sobre la falta de inversiones suficientes en materia energética, o el atraso de los

emprendimientos cuasiestatales y la falta de iniciativas privadas de envergadura en la materia.

Los problemas en la infraestructura tienen que ver no con los “dolores del crecimiento” como dijo días pasados la ministra Miceli, sino con la falta de seguridad jurídica derivada de controles de precios y tarifas, prohibiciones de exportaciones, cambios en las reglas de juego tributarias, etc.

En términos viales hace rato que no se mejora la infraestructura a nivel nacional o provincial. Son muchos los problemas que ocasiona el crecimiento del parque automotor que ni por asomo se encaran seriamente con inversiones en obras, con o sin peaje. Y también hay que decir que en muchos casos, según dicen los entendidos, el sistema de peaje ha mantenido tarifas (o han subido en escasa medida) a costa de un deterioro en el sistema de reparación de la capa asfáltica mediante el “bacheo” y no la renovación de los tramos con problemas.

Los colectivos muestran ya su progresivo deterioro debido a la falta de renovación del parque, ocasionada sin ninguna duda por la falta de adecuación de los ingresos al valor de las unidades nuevas.

La economía ha crecido un 8% en el primer trimestre comparando con igual período del año anterior. El desempleo según cifras oficiales según el último dato conocido está en 9,8% (con los planes Jefas y Jefes rondará el 11,2% aproximadamente) y las exportaciones de abril crecieron un 9% frente al mismo mes de 2006. ¿Acompañan las inversiones en infraestructura este ritmo de crecimiento? Indudablemente no. A

simple vista puede afirmarse esto.

El crecimiento de la economía en el primer trimestre de este año, si lo comparamos con el último de 2006, ha sido de sólo 1%, contra 1,7% si hacemos la misma comparación periódica de 2006 vs. 2005, o 1,6% si retrocedemos a 2005 vs. 2004. Hay una desaceleración evidente.

Téngase en cuenta que estamos comparando períodos en los que no hubo mayores problemas energéticos, como los que acontecen en estos días. Ojo, no es que no los había, porque los cortes y los llamados telefónicos a industrias, comercios e inclusive aeropuertos estuvieron a la orden del día este verano. Pero digamos que la cuestión no había adquirido todavía las características de hoy en día.

Los faltantes de lácteos son una realidad que desde el sector y desde el gobierno pretende atribuirse exclusivamente a las inundaciones en Santa Fe. Pero, ¿hasta dónde no se ha afectado la inversión en el sector con los controles de precios, el incremento de las retenciones de exportación o inclusive la prohibición lisa y llana? Cuesta creer en un efecto nulo de semejantes medidas.

La política del dólar caro sigue su curso y las consecuencias negativas no pueden ya ocultarse. La recuperación ha sido muy buena mientras la infraestructura surgida de las enormes inversiones hechas en la década pasada y la utilización de la capacidad ociosa de esos años soportó el embate. Pero una vez alcanzado el tope de 1998, comenzaron los problemas. O mejor dicho se agravaron y se agravan más día a día.

Si la escasez de energía o de lácteos tiene que ver, como creemos, con los controles de precios y con la inseguridad jurídica, sólo cabe esperar que los problemas no sólo continúen, sino que se amplíen a otros rubros. Cualquier ama de casa sabe que en los supermercados faltan marcas de no pocos productos. Y cortes cárnicos también. ¿Esto es un problema coyuntural o ha llegado para quedarse?. Nuestra opinión es conocida.

El intervencionismo puede tener un efecto virtuoso en un determinado momento, pero sin duda es negativo. Cualquier intervención pretende derivar inversiones a sectores donde naturalmente no se derivarían, o a bajar márgenes de utilidad que el mercado podría haber absorbido. El dólar caro favorece la producción nacional, pero de menor calidad y a precios superiores por la falta de competencia externa. Las retenciones a las exportaciones indican que es el Estado quien se queda con la diferencia del tipo de cambio alto. Así de sencillo.

Por eso es que mientras el país continúa su crecimiento de la mano de una favorable coyuntura externa, las inversiones no llegan pese a todas las promociones y afirmaciones de los funcionarios. La infraestructura se mantiene mientras puede con problemas crecientes. La escasez afecta a los rubros más críticos primero y sigue luego con los demás. No estamos diciendo nada que el hombre común con algunos años encima no haya vivido ya.

Las otrora llamadas “tarifas políticas” mantienen contenta a la gente pero las empresas prestadoras de servicios no invierten lo suficiente. A su vez, tales tarifas exacerban el aumento del consumo de tales servicios, por más invocaciones que haya para que Sueyro apague la luz.

Según los datos oficiales el empleo informal alcanza el 41,6% de la población activa. No queremos lastimar a nadie pero en el empleo registrado con seguridad se incluye a quienes son monotributistas, siendo que éstos en muchos casos son personal contratado por el propio Estado. Es decir que la cifra conocida podría ser bastante mayor si se considerara, como es debido, que aquellos que trabajan en relación de dependencia pero figuran como independientes también son informales. Y no solamente en el Estado, hay que agregar.

Estas cifras muestran que algo no está en equilibrio, obviamente. La gran recuperación apuntada está evidentemente afectada por serios desequilibrios surgidos de controles estatales. Muchas empresas de servicios no pueden abonar mejores sueldos a sus empleados porque, simplemente, los tomadores de tales servicios no están en condiciones de abonar las tarifas que se les exigen. Y ello debido a que no pueden aumentar los precios de sus productos debido a los controles.

En materia de telefonía celular, el crecimiento es inaudito: casi un 42% en un año. ¿Por qué semejante cifra?. Porque es un sector desregulado. En él no hay tarifas fijadas por el Estado, ni controles de precios sobre los aparatos. El ritmo es vertiginoso.

Pero obsérvese que todavía hoy estamos volando con control manual pese al tiempo transcurrido. No sabemos por cuánto tiempo careceremos del imprescindible rompehielos Irízar, que es único. Tenemos problemas con el transporte que está decididamente colapsado. Nadie parece dispuesto a invertir en la materia, pero sí lo hace en otras cuestiones como la telefonía móvil.

Es probable que como siempre termine recurriéndose a prohibiciones de circulación de vehículos, tarifas diferenciales durante determinadas horas, cargas tributarias adicionales para quienes viajen solos en sus vehículos, etc. Lo mismo que se ha intentado con el sistema de premios y castigos en el consumo eléctrico hogareño, por ejemplo.

El aumento de la demanda puede satisfacerse o prohibirse. Si se lo prohíbe estamos en problemas, ya que se limita el ritmo de crecimiento. Y para satisfacerlo hay que invertir, para lo cual, obviamente, hay que establecer reglas de juego claras y dejar funcionar a la oferta y la demanda, como en la telefonía celular.

Otro punto que hay que atender es el del gasto público, cuyo incremento notable supera todas las previsiones. En las provincias está creciendo la presión fiscal de un modo agobiante para atender, precisamente, a tal incremento del gasto. Las tasas municipales son una importante presa sobre la que avanzan los municipios. Nadie parece interesado en poner en orden las cuentas y hacer ahorros. Más bien la cosa pasa por inventar fuentes de recursos a costa de la actividad productiva, con el consiguiente daño y el aumento de la dependencia de los particulares que deben conchabarse en cargos públicos como consecuencia inevitable. Sabemos que estos temas no son sencillos y que no se pueden resolver de un día para otro. Por algo somos argentinos y creemos conocer el paño. Pero si por lo menos la tendencia fuera al orden y a la simetría en materia de eficiencia, estaríamos ubicados en el camino correcto, como país ante el mundo, y como sociedad ante nosotros mismos. No es así, sin embargo. Y no lo es prácticamente en ninguna jurisdicción. El mal es, pues, endémico.

Y terminaremos con una breve referencia al default, ahora que se ha puesto nuevamente de moda el tema. Señores: la Argentina resolvió en buena medida el problema de la deuda externa, con una quita que afectó al bolsillo de muchísimos conciudadanos, comenzando por los futuros jubilados. Pero no hemos salido técnicamente del default, ya que casi el 25% de los acreedores no entró en el acuerdo.

Y justamente esa importante masa de acreencias, que supera hoy por hoy los 30.000 millones de dólares si se reconocieran los intereses caídos, presiona sobre los activos argentinos en el mundo, impide que se hagan colocaciones de bonos bajo normas de países del primer mundo, y dificulta la colocación de las propias reservas del Banco Central a tasas superiores. No está en la mira de nuestros gobernantes comenzar a resolver esta cuestión, al menos hasta donde sabemos. Esto es muy grave, porque el “pelito al campo” no es una buena forma de atraer inversores, y eso nos afecta

enormemente.

Buenos Aires, 17 de junio de 2007

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

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NUEVOS REQUISITOS PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE EXCLUSIÓN EN LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y PAGOS A CUENTA DE IVA

Mediante el dictado de la RG (AFIP) 2226/07 se dejan sin efecto resoluciones anteriores sobre este tema, especialmente la vieja RG (AFIP) 17, estableciéndose un nuevo procedimiento

SUJETOS

En primer lugar se determinan los sujetos que podrán tramitar las solicitudes de exclusión en el IVA, que son:

a. Los responsables que sufrieran retenciones o percepciones, o estuvieran obligados a efectuar pagos a cuenta.

b. Aquellos que desarrollen actividades al amparo de la ley 19.640 (únicamente para operaciones del inc. b) art. 6 del decreto 1139/88).

c. Los inversores de capital en regímenes de promoción que tuvieren el beneficio de diferimiento de IVA.

d. Aquellos que efectuaren operaciones con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que mantuvieren un saldo sin absorber de IVA.

SUJETOS EXCLUIDOS

a. Quienes hubieren sido querellados o denunciados penalmente según leyes 23.771 o 24.769.

b. Quienes hubieren sido denunciados o querellados penalmente por delitos comunes que tuvieren conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias.

c. Personas jurídicas en las que sus directores o apoderados que en el ejercicio de sus funciones estuvieren involucrados en alguno de los supuestos de los incisos anteriores.

d. Aquellos a quienes se les hubiera constatado la improcedencia de la exclusión otorgado oportunamente o que se encontrara vigente.

e. Quienes se encontraren inhabilitados para presentar una solicitud de exclusión, por alguna de las causales previstas en la resolución general bajo análisis.

f. Aquellos que estén obligados a emitir comprobantes “M”.

g. Quienes interpongan la solicitud de exclusión con una antelación mayor a 30 días corridos de la finalización de la vigencia de un certificado otorgado anteriormente.

h. Poseyeren al momento de la solicitud otra presentación en trámite, o, encontrándose ésta resuelta, registrare disconformidad o recurso pendiente de resolución.

i. Quienes integren la base de la AFIP de contribuyentes no confiables.

REQUISITOS

Para tramitar la exclusión los sujetos habilitados podrán interponer la solicitud del certificado de exclusión en tanto a la fecha de la presentación reunieren los siguientes requisitos:

a. Se trate de responsables inscriptos en el IVA.

b. Tengan actualizada la información referida a las actividades que realizan.

c. Ídem el domicilio fiscal.

d. Hubieran cumplido con las presentaciones mensuales de IVA de los últimos 12 meses o período completo desde el inicio de actividades si las mismas hubieran comenzado en un período menor.

e. Haber cumplido con la presentación de la última declaración de impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales según corresponda.

f. Ídem de los recursos de la seguridad social.

g. No registrar deuda líquida o exigible ante la AFIP por los últimos doce períodos fiscales de IVA (o desde el inicio de la actividad), o del último período fiscal del impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales según corresponda.

h. Poseer saldo de libre disponibilidad en la última declaración jurada de IVA anterior a la fecha de la solicitud. El saldo en cuestión deberá ser equivalente como mínimo al 20% del promedio del impuesto determinado en las declaraciones de IVA de los últimos doce períodos fiscales (o desde el inicio de la actividad).

i. Tengan el CAI vigente al momento de la presentación de la solicitud.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD

La solicitud se formalizará mediante transferencia electrónica de datos a través de la página web de la AFIP, según lo dispuesto por la RG (AFIP) 1345. A partir de la presentación, se podrá consultar el resultado dentro de los dos días corridos siguientes. En caso de haber observaciones, el solicitante deberá presentarse en la Agencia dentro de los 10 días corridos a contar desde el día siguiente al de la solicitud, adjuntando la documentación que permita clarificar su situación. De lo contrario la solicitud será archivada.

PLAZOS

El certificado podrá solicitare en el transcurso de cualquier mes calendario. La renovación podrá solicitarse con una antelación máxima de 30 días de finalizar la vigencia del certificado anteriormente otorgado.

OTORGAMIENTO

De resultar procedente, el certificado se otorgará por períodos mensuales completos con una vigencia máxima de 6 meses, contados a partir del 1? del mes siguiente al de la resolución favorable.

CASOS ESPECIALES

Comprenden aquellas actividades que se hubieren iniciado con una antig?edad menor a 12 meses. También la reorganización de sociedades, las nuevas inversiones, incorporación de nueva actividad o modificación de la situación fiscal.

En estos casos será suficiente con haber presentado la declaración jurada de IVA como mínimo del último mes anterior a la fecha de la solicitud informando compras y ventas.

Asimismo los certificados se solicitarán mediante un programa aplicativo denominado AFIP DGI Certificado de exclusión de retención y/o percepción de IVA Versión 1.0. La presentación de la información solicitada en el mismo se suministrará por transferencia electrónica de datos desde la página web de la AFIP.

Los plazos para obtener respuesta son los mismos que los se?alados para el caso general. Dos días corridos para consultar y hasta 10 días corridos para presentar documentación que haga a su derecho.

La AFIP tendrá 15 días corridos para expedirse luego de la solicitud o en su caso desde la presentación de la documentación adicional ante la Agencia cuando correspondiere.

Si perjuicio de ello, la AFIP podrá requerir dentro de los 10 días corridos de haber cumplido con los requisitos y condiciones mencionados, el aporte de otros elementos que estime necesarios para una adecuada evaluación. En este caso se otorgará al responsable un plazo de 5 días corridos adicionales para responder.

PUBLICACIÓN

El otorgamiento de los certificados se hará conocer por medio de la publicación en la página web, donde se especificará el número del certificado, plazo de vigencia, apellido y nombres y número de CUIT del beneficiario.

DENEGATORIA DE LA AFIP Y DISCONFORMIDAD DEL CONTRIBUYENTE

La disconformidad ante la denegatoria de otorgamiento podrá ser manifestada por el afectado dentro de los 15 días corridos de notificado, mediante presentación del Multinota (RG AFIP 1128) acompañada de la prueba documental que haga a su derecho. Aquí también podrá la AFIP requerir dentro de los 10 días corridos el aporte de otros elementos, que el responsable deberá acercar dentro de los 5 días corridos.

En estos casos, la AFIP tiene un plazo de 20 días corridos para resolver.

CERTIFICADOS OTORGADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN ANTERIOR

Tendrán validez hasta la finalización del plazo estipulado en los mismos.

LOS CAMBIOS MÁS TRASCENDENTES

Con relación al régimen anterior se han producido varias modificaciones. A nuestro juicio las más importantes son las siguientes: (a) en todos los casos la exclusión será otorgada por períodos mensuales completos con un plazo máximo de 6 meses. Es decir que no habrá exclusiones parciales de monto, sino que podrán reducirse los plazos. (b) La exigencia de un saldo promedio de libre disponibilidad del 20% como mínimo durante los últimos 12 meses. (c) La no existencia de deuda líquida exigible en otros impuestos en el último. Ello implica en términos llanos sufrir retenciones o percepciones de IVA que como saldo a favor serán luego utilizadas para abonar las deudas exigibles. Pero s?lo del último período.

Los puntos (b) y (c) constituyen exigencias que tienden a limitar el otorgamiento de este tipo de beneficios. En el caso del punto (b) se trata de un requisito decididamente arbitrario. Muchas actividades son estacionales, por ejemplo, con lo cual un promedio puede dar lugar a distorsiones de importancia. Por otra parte en los casos especiales éste requisito no es exigido. En el caso (c) la AFIP avanza con el criterio de revisar el cumplimiento del contribuyente en todos los tributos nacionales, pero curiosamente se queda a mitad de camino exigiendo únicamente el último período. La realidad es que, a nuestro criterio, la limitación de un beneficio como consecuencia de algún incumplimiento en otros tributos, constituye una sanción no prevista en el régimen procedimental y por lo tanto el organismo recaudador se excede en sus facultades.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 24 de abril de 2007

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

Buenos Aires Argentina

ECONOMÍA: EL MUNDO SIGUE ANDANDO

La situación del mundo en el cual estamos insertos, queramos o no,

nos obliga a observar la marcha de la realidad. Porque con

independencia de nuestras opiniones, los números de la economía

siguen su curso.

Al momento de escribir estas líneas acaban de producirse los hechos

de la estación Constitución y todos los medios orales, escritos y

televisivos ensayan una y mil teorías sobre lo ocurrido, las

motivaciones, si hubo o no activismo político, etc. Nuestro

comentario apunta a la cuestión económica. Y tomando en cuenta la

situación tenemos que el ferrocarril Roca tiene una recaudación anual

por ingreso de boletería de unos $ 110.000.000.- más unos $72.000.000

anuales de subsidios, según se desprende de la información

suministrada por voceros del concesionario. El precio del boleto

mínimo, reiteró el presidente Kirchner, está en los $ 0,45 por viaje.

Asimismo, tanto desde el Poder Ejecutivo, como desde la propia

empresa, se hace referencia al creciente número de pasajeros debido a

la recuperación de la economía. Existen otras consideraciones que nos

parece oportuno mencionar, ya que no las hemos oído o leído de parte

de las fuentes citadas. La primera es que el irrisorio precio del

boleto, congelado desde el año 2001 pese a la fuerte devaluación y a

la tasa de inflación creciente. Si bien en general el transporte

colectivo ha mantenido tarifas producto de los subsidios que también

recibe, lo cierto es que los medios de transporte informales

(chárters, ómnibus particulares, etc) han ido ajustando sus valores,

con lo cual en su conjunto todos estos factores provocan un

crecimiento más que proporcional de la cantidad de pasajeros en los

ferrocarriles. Si tomamos en cuenta que también se han producido

ajustes de precios en insumos de automotores en general y de los

combustibles a lo largo de estos años, es evidente que las tarifas de

transporte público han quedado largamente rezagadas. Piénsese que a

fines de 2001, el litro de nafta súper no pasaba de $ 1.- y el GNC

estaba alrededor de $ 0,35 el metro cúbico, por ejemplo.

Lo que queremos significar es que ciertamente la recuperación de la

economía ha provocado el incremento de la cantidad de pasajeros, pero

también la baratura del boleto y el encarecimiento de los demás bienes

ha incidido en este sentido. De lo contrario, y dado que el nivel de

la economía está algo por encima del año tope de 1998, no debería

haber un incremento demasiado notable del pasaje. Estas son

lucubraciones más o menos lógicas que deben incluirse en cualquier

análisis según nuestra opinión. Pero lo concreto es que cuando

determinados precios se atrasan los productos vendidos a tales

precios son más y más demandados, como ocurre con aquellos que tienen

precios congelados y también con los propios combustibles, ya que si

bien algunos de estos últimos han sufrido incrementos otros no lo han

hecho, como el gas o la electricidad domiciliarios.

Ahora bien, hay que tener bien en cuenta que los ferrocarriles han

sido concesionados, y no privatizados como siempre se repite. De

manera que las inversiones que en ellos se realizan son las ordenadas

por el Estado de acuerdo a pliegos o acuerdos con el concesionario. De

manera que si tales obras no se realizan o no lo hacen en el tiempo

establecido, la responsabilidad es obviamente compartida y el control

estatal está fallando. Ya ha habido otros problemas con los pasajeros

como el recordado caso de la estación Haedo del Ex Sarmiento. La

realidad es que el propio presidente acaba de repetir hoy que en

otros lugares del mundo y de Latinoamérica el boleto de tren es

sustancialmente más caro que entre nosotros. Y esto es parcialmente

cierto, porque los subsidios al ferrocarril forman parte del precio

del boleto, sólo que no se reflejan en él. Y también es bueno decir y

repetir, que los trenes están para funcionar a un valor razonable, no

para hacer beneficencia o caridad. Claro que si esto ocurre, los

salarios deberían subir en dólares y esto no conviene al plan

productivo elegido.

El dólar en el mundo está perdiendo valor y ya supera los 1,35

unidades por euro. Mientras en pesos sigue sosteniéndose en torno de

$ 3,10 con las compras del Banco Central mediante emisión monetaria y

con nuevas medidas para forzar a los bancos en general a comprar más

dólares y ciertos facilitamientos para la salida de divisas en pago

de créditos y operaciones. Es decir, la política oficial en la

materia es la de descomprimir la sobreabundancia de dólares para

tratar de evitar la caída de su precio en pesos. Claro, todo esto

tiene un costo muy grande. Los bancos se resisten a que les hagan

comprar divisas a un precio mayor del que valen. Y en general los

ahorros se vuelcan a títulos en pesos que ofrecen mejores tasas ante

el dólar planchado. Por eso se dice que el penoso proceso

intervencionista en el Indec, apunta a bajar el rendimiento de los

títulos ajustados por CER. El endeudamiento del Central para retirar

del mercado la moneda emitida alcanza a cifras impresionantes: unos

17.000 millones de dólares. Es decir que si las reservas pasan los

38.000 millones de esa moneda, prácticamente el 40% es deuda a tasas

superiores al 10% o indexadas en dólares (dado el valor planchado de

estos)

Según el economista José Luis Espert el gasto público llegará a los

$ 171.000 millones en este año, un 32,1% del PBI, un verdadero récord

histórico.

Si uno se detiene a observar, toda esta política tiene una misma

tendencia: transferir ingresos al Estado para que éste se encargue de

ayudar a los necesitados, sea mediante planes de ayuda, sea mediante

tarifas subsidiadas, sea mediante construcción de obra pública que

pomposamente anuncian los funcionarios, etc. Es decir, de lo que se

trata es de que el Estado aparezca como centro y motor de la atención

de los problemas que el propio Estado genera.

Porque si bien es cierto que la recuperación económica es un dato,

también lo es el mantenimiento como sea de un dólar alto para que los

ingresos en dólares sean bajos. De donde está claro que un boleto de

ferrocarril difícilmente pueda venderse a un precio 3 o 4 veces

superior al actual. Y lo mismo en todo lo demás en lo que el Estado

interviene con subsidios.

La situación planteada en Santa Cruz tiene que ver con la ya vieja

costumbre estatal de abonar de modo informal buena parte del salario,

bajo el sofisma de los complementos no remunerativos y por lo tanto

no sujetos a aportes, contribuciones, aguinaldos, indemnizaciones y

demás. El caso ha tomado particular estado público debido a lo

ridículo de las cifras de salario básico de los maestros, según se ha

dicho incluso motivadas por otras cuestiones de tipo político que

exceden el marco de este comentario. Lo cierto es que todo lo no

remunerativo, todo lo contratado en materia de personal del Estado

nacional, provincial o municipal, es informal y por lo tanto no se

encuentra dentro de la legislación vigente para la relación de

dependencia. Para mejor decir, no es que no lo esté, sino que

difícilmente la justicia (en especial en las provincias) vaya a

reconocerlo.

Ahora bien, dejando de lado que si al pizzero de la esquina le

encuentran un empleado que cobra en negro el 50% de su salario le

aplican todo tipo de sanciones que el Estado no se aplica a sí mismo,

es importante preguntarse por qué ocurre lo que ocurre con los

salarios públicos, dejando de lado consideraciones de tipo político.

Ocurre porque el Estado, al igual que tantos particulares, necesita

ahorrar para poder pagar. Y eludir las cargas sociales es una forma

de pagar menos. Esta es una realidad indiscutible. Dado que de lo

contrario no existen motivos económicos para hacerlo. Más allá de la

inequidad, la desigualdad en el tratamiento ante la ley y demás

consideraciones.

En definitiva, todo lo que hemos venido desarrollando en este

trabajo termina en la misma ecuación: el mundo sigue su curso y la

Argentina se desvía cada vez más. Ciertas cosas suelen atribuirse a

la llamada globalización. La ministra ha dicho días pasados que la

Argentina no participa de la fiesta financiera, tema al que ya nos

hemos referido y explicado respecto de la propia fiesta de los

contratistas del Estado argentino, de los subsidiados, de los

promocionados, etc.

Los valores internacionales forman parte de la realidad, y es inútil

querer esconderlos, negarlos, evitarlos.

El país no está en condiciones de mantener la fiesta del subsidio

que mantiene durante mucho tiempo más.

Volviendo al tema de los ferrocarriles, mientras a fines de los 80

había unos 35.000 km de vías activas, hoy no superan los 15.000 km.

¿Cuánto hubiera costado y cuánto costaría mantener esos ramales

activos durante estos años y hacia el futuro?

Intentamos ver los números porque es nuestro trabajo. No negamos que

el ferrocarril contribuye al crecimiento, a la integración, a la

mejoría del trazado de rutas para el transporte de mercaderías y

pasajeros. No 35.000 km, 100.000 o 200.000 km sería mejor todavía.

¿Es posible o alguna vez habrá que hablar de costos? Cualquier

inversión produce una renta que debe ser medida en el tiempo, y que

debe permitir cubrir el costo incurrido. De lo contrario tal costo

debe ser cubierto de otro modo. El razonamiento según el cual es

mejor tener inversiones que no tenerlas encierra el sofisma de que

éstas están siempre disponibles y eso no es cierto. Lo mismo que el

trabajo, las inversiones no crecen como las malezas. Surgen de alguna

parte y no están a disposición si no cierra la ecuación

costo-beneficio, incluso si son del propio Estado. Por eso los

salarios informales, por eso la salida del Estado como prestador de

servicios, por eso el cierre de ramales.

Buenos Aires, 16 de mayo de 2007

Un tema sobre el que habitualmente recibimos consultas es el de la

prescripción liberatoria en materia de seguridad social. Por ello lo

abordamos a la luz de la legislación vigente.

La prescripción sobre la exigibilidad de las contribuciones y

aportes provisionales está normada en la ley 14.236, en su artículo

16.

Allí se establece que las acciones para el cobro de contribuciones,

aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de

previsión social prescriben a los diez (10) años.

En materia de suspensión o interrupción de la prescripción, hay que

atenerse a lo dispuesto por el Código Civil.

La suspensión de la prescripción es por un lapso determinado, en

tanto que la interrupción significa lisa y llanamente volver a

empezar.

La sus pensión de la prescripción liberatoria se produce, por una

sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma

auténtica dice el Código, es decir que fehacientemente quede

determinada la mora. Esta suspensión tiene efecto por el lapso de un

año o por el menor término que pudiere corresponder a la prescripción

de la acción (Art. 3986).

La interrupción de la prescripción liberatoria se produce por la

demanda contra el deudor, aunque sea impuesta ante juez

incompetente, o fuere defectuosa dice el Código, y aunque el

demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio.

(Art. 3986). Ante el desistimiento del demandante, la interrupción se

tendrá por no sucedida, lo mismo en caso de deserción de instancia, o

ante la absolución definitiva (Art. 3987).

La interrupción también se da en el caso de que el deudor reconozca

expresa o tácitamente el derecho de aquel contra quien prescribía

(Art. 3990).

Diremos finalmente que el cómputo del plazo de prescripción comienza

a contarse desde la fecha misma del título de la obligación (Art.

3956).

Buenos Aires, 15 de mayo de 2007 HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

Rivadavia 13876 1º L 1704 R. Mejía (BA)

(011) 4254-5820 (011) 4654-6598 (011) 154-4718968

La inflación es un fenómeno esencialmente monetario, es decir que es causado por la política monetaria llevada adelante por las autoridades. La actitud recurrente de pretender “contener la inflación” atacando las consecuencias está provocando gravísimos daños en el aparato productivo y en el bolsillo de la gente.

La inflación es, ante todo, un fenómeno monetario. La explicación obvia es que si no existiera moneda, no existiría la inflación. La conclusión obvia de este razonamiento elemental es que para combatirla es necesario corregir la política monetaria.

Sin embargo no es esto lo que vienen haciendo las autoridades nacionales, que lejos de tratar de corregir el problema parecen azuzarlo todos los días, al mismo tiempo que se desgañitan en los discursos acusando a empresas y comercios. Tales acusaciones omiten toda referencia al valor de la moneda de cambio, que se deprecia permanentemente como consecuencia, precisamente, de la política monetaria llevada a cabo.

En un trabajo “El problema no es el índice de precios sino la inflación” (La Nación, 8/4/07), el economista Víctor A. Beker coincide con nuestra observación, que por otra parte es reiterada en estos artículos una y otra vez. En ese trabajo, Beker aporta algunos conceptos que son más que interesantes. Dice el profesional que es imposible que no afectar el nivel general de precios con un crecimiento del circulante del 22% y una base monetaria que se incrementa a su vez un 46%, cuando el PBI lo hace un 8 o un 9%.

El crecimiento de la cantidad de moneda sin una contrapartida de crecimiento de la cantidad de bienes producidos provoca, naturalmente, la suba generalizada de los precios, o sea la inflación. El gobierno pretende contener tal inflación mediante controles, regulaciones, subsidios, retenciones, cierres de exportaciones y todo tipo de artilugios, consiguiendo efectos de una gran transitoriedad sobre los precios, y consecuencias funestas para el aparato productivo y las nuevas inversiones.

Beker dice también que “la política económica puede ser ortodoxa o heterodoxa, pero lo que no puede ser es inconsistente”. En este punto disentimos levemente: si la heterodoxia consiste en contener la inflación mediante controles de precios o subsidios la inconsistencia se torna la definición misma de heterodoxia. Si la ortodoxia es, precisamente, el control matemático de la emisión monetaria acorde al crecimiento de la economía, entonces no parece quedar otro remedio que ser ortodoxos en la materia.

No queremos con esto hacer una gimnasia verbal. Sostenemos que efectivamente el problema inflacionario, como problema monetario que es, sólo puede corregirse desde el punto de vista monetario. Y esto es normalmente definido como ortodoxia. La llamada inflación estructural (aquella que se produce porque el aumento de la demanda de bienes y servicios no es reflejada por un aumento inmediato de la oferta sino que ésta última toma un tiempo en incrementarse), aún suponiendo que ocurriera es un fenómeno transitorio y también monetario. La llamada inflación de origen externo se refiere a la suba de los precios en dólares producto de la inflación norteamericana, por ejemplo. Pero ésta no debería afectar al mercado local si el dólar bajara en pesos tanto como se deprecia en EEUU, que es lo que ocurre en Brasil. Una vez más el fenómeno es monetario.

El Banco Central comprende el problema e intenta quitar de circulación los excedentes monetarios producto de la emisión para comprar dólares y sostener su precio alto. Como hemos señalado otras veces, tal quita se logra mediante endeudamiento en Lebacs y Nobacs. En otras palabras, la emisión (pasivo no remunerado) se cambia luego por títulos de deuda a tasa de interés incluso ajustable por inflación (pasivo remunerado).

Beker sostiene y fundamenta que el superávit fiscal debe tener un valor cercano al superávit del sector externo, de manera tal que los dólares excedentes que ingresan al mercado local producto de las exportaciones por encima de las importaciones, sean adquiridos con recursos genuinos producto del superávit fiscal. Señala a su vez que el índice de precios al consumidor interviene en el CER y por lo tanto dado que la mitad de la deuda pública se ajusta por dicho parámetro, cada aumento de un punto en la inflación produce un aumento de tal deuda en unos 1.700 millones de pesos mensuales, una cifra cercana al superávit fiscal mensual. Si el superávit fiscal no alcanza para adquirir los excedentes de dólares que ingresan “se suple la insuficiencia del superávit fiscal con un recurso no fiscal: el impuesto inflacionario”.

La contención del IPC por métodos represivos (controles, acuerdos, congelamientos de precios), tira abajo el CER y por consiguiente evita la suba de la deuda indexada. La manipulación del IPC mediante la intervención política en el INDEC corre en la misma dirección: atacar como sea la suba de los índices de precios.

Las empresas y los comercios en general aplican, a todo esto, una política consistente en modificar productos, aspectos, marcas o contenido para de tal modo poder incrementar sus precios de acuerdo con la pérdida del valor de la moneda. Puede observarse cada día en las góndolas cómo las marcas o los productos con precios “acordados con el gobierno” cada vez se ralean más, apareciendo novedades de empaques, contenidos y marcas cuyos precios están fuera de los “acuerdos”.

Nosotros hemos dicho muchas veces que los procesos de control de precios derivan inexorablemente en el desabastecimiento y el mercado negro. Entendemos que el gobierno y todos sus funcionarios saben muy bien que esto es así. La aparición de productos sustitutos a precios libres ha sido en ciertos casos avalada por los propios funcionarios, como ha ocurrido con las prepagas y el “nuevo” sistema de copagos, o las “cuotas recupero” de las escuelas privadas. Todos ellos artilugios para disimular la suba del IPC, ya que no se registran en él. Por su parte hace unos meses lo ocurrido con el nuevo gasoil de la empresa Shell mostró la otra cara de la moneda: un nuevo producto a un precio mayor al del gasoil tradicional fue prohibido por resolución de una secretaría de Estado, aplicada incluso con efecto retroactivo. Es que en ese caso sí afectaba al IPC.

Por todo ello la diferencia entre los precios controlados y los precios libres de productos similares es cada vez mayor. Así las cosas, los productos controlados tienden a desaparecer, y los otros, no están reflejados en el nuevo IPC del INDEC intervenido. Un verdadero “dibujo” que no tiene otro efecto que el de bajar el CER y no afectar la deuda pública quitando beneficios inflacionarios a quienes han adquirido títulos públicos ajustables por inflación. O más bien provocándoles pérdidas a tales tenedores.

La política de precios es una consecuencia del desconocimiento o la negación del proceso inflacionario que es inmanente al sistema de tipo de cambio caro. Una frase atribuida al secretario Moreno resume todo lo antedicho de una manera patética: “Vos no entendés cómo es esto: no podés subir los precios que figuran en el índice, aunque te hayan subido los costos” dicen que suele repetir ante empresarios el funcionario.

Es imposible que una economía funcione en serio con este tipo “recetas”, creemos que esto es obvio. Por ende los problemas de desabastecimiento y de mercados negros que cada día ocupan más lugar en las tapas de los diarios, no deberían sorprender a nadie.

Cada vez aparece como más obvia la salida complicada de un esquema insostenible en el tiempo. El sinceramiento llegará más temprano que tarde. Y el sacudón que provocará será tanto más traumático cuanto más se demore.

Buenos Aires, 9 de abril de 2007

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

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Economía y tributación

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El inaudito boom de las commodities ha contribuido decididamente a la recuperación de la economía, como indiscutiblemente desde todos los sectores del cuadro ideológico se acepta. Pero desde el lado político la sucesión de errores es ya demasiado larga y hace cada vez más complicado escapar a las consecuencias.

Muchas veces desde esta columna hemos señalado la enorme cantidad de errores que comete el gobierno central al intervenir en la economía mediante un criterio mandamasista absolutamente erróneo y por eso mismo contraproducente.

Es ocioso volver a citar las subidas y bajadas del pulgar presidencial sobre empresas, empresarios o sectores económicos determinados. Los efectos son a nuestro juicio bastante más que devastadores.

La realidad indica que la inversión ha alcanzado cifras récord en 2006 comparadas con las de los últimos 26 años, pero las restricciones en materia energética, infraestructura y transporte no desaparecen en absoluto. Los errores son evidentes, ya que un crecimiento sano y coordinado dentro de un sistema jurídico previsible en el marco de las instituciones establecidas hubiera logrado alcanzar los objetivos sin semejantes carencias. La política tarifaria y la falta de control en la inversión pública tienen una influencia decisiva en esta materia.

En este año electoral el panorama está cargado de nubarrones. El gasto público ha crecido en el primer bimestre nada menos que un 40%, y si bien continúa afianzándose la mejor recaudación tributaria(se esperan $13.300 millones para marzo), resulta cuando menos incomprensible que esté cayendo el superávit primario y que la mayoría de los analistas no esperen para este ejercicio que sea  mayor al 3%.

Caída de superávit fiscal, presión inflacionaria creciente, evidentes carencias energéticas y fallas en la infraestructura de rutas y puentes, por ejemplo, son un poco más que luces amarillas de alerta.

Mientras desde los ministerios se hace hincapié en el hecho de que no ha habido crisis energética durante el verano, todo el mundo sabe que las instrucciones impartidas desde las oficinas de secretarios y ministros a empresas y empresarios, han sido de postergar producción y ralentizarla en las horas pico y en los días de más calor. El plan denominado Energía Plus dispone que el crecimiento productivo por encima del año precedente debe ser cubierto con generación propia de energía eléctrica (a cargo de las empresas en cuanto a sus costos) y finalmente un verdadero saque en las tarifas del gas para uso industrial marcan un clima bastante lejano al de equilibro que se pregona.

Hay estudios privados que muestran que las provincias caerán en un déficit financiero (ingresos menos gastos luego del pago de intereses de deuda) superior a los $ 2.000 millones en 2007. Allí están incluidos unos $ 1.600 millones de la Provincia de Buenos Aires, ello sin contar el aumento a los docentes anunciado por el Ministro de Educación de la Nación para posicionarse políticamente el funcionario a su cargo, dando así muestras de una improvisación inadmisible.

Las empresas multinacionales vienen reinvirtiendo ganancias a un ritmo superior que en los años noventa.  El auge en los precios de las materias primas tiene mucho que ver con estos datos, ya que sectores como el petrolero y el minero se encuentran íntegramente en manos de empresas extranjeras. La reinversión tiene mucho que ver con mantenimiento y puestas a punto, más que con la profundización de inversiones genuinas destinadas a nuevas áreas o emprendimientos.

Algunos datos son más que preocupantes dentro de lo que venimos comentando. Por ejemplo: ¿cómo es posible que los dos aeropuertos más importantes del país  se hayan quedado sin radares por falta de repuestos?, ¿por qué si se vienen haciendo inversiones de importancia es tan desastroso el estado de la red vial? ¿por qué hacen falta planes de emergencia energética o incentivos a la exploración petrolera?. Es obvio que la infraestructura básica no acompaña ni de lejos al crecimiento económico que viene lográndose.

La inversión pública no siempre se corresponde con la correcta asignación de recursos, y la salida a la luz de casos como el de la empresa Skanska, vinculada a la construcción y ampliación de gasoductos, pone de manifiesto que sigue siendo un verdadero problema el sobrecosto en que se incurre para aceitar ciertos mecanismos en la asignación de obra pública. Hay que tener en cuenta que la inversión mide los valores absolutos utilizados, pero no los resultados logrados. Es decir que puede ser muy alta pero pésimamente asignada. Mucho tememos que haya bastante de eso.

Baste recordar que uno de los motivos, por no decir EL motivo, que provocó la salida del Dr. Lavagna del gobierno fue su denuncia sobre corrupción en la obra pública, que golpeó de lleno al ministro preferido del Dr. Kirchner: Julio De Vido.

La presión por ajustes salariales es creciente, y el gobierno se ve en figurillas para tratar de contener los reclamos gremiales, que miran los números de la inflación desde la perspectiva de la góndola en los supermercados, y no de las cuentas de un INDEC intervenido y sumamente devaluado. Los controles de 200 o 300 precios en una economía  que lógicamente se compone de miles y miles de productos resultan casi una broma de mal gusto, y poco tienen que ver con la realidad doméstica de cada uno de nosotros.

Se observa en estos días la escasez de lácteos, y desde la Secretaría de Comercio se nota la impotencia ante una realidad incontrastable: la leche en polvo pasó de 2.100 a 3.800 dólares la tonelada a valores internacionales. No hay con qué darle a esas cifras. Si a ello le sumamos problemas con los transportistas locales, inundaciones y la caída estacional de la producción (ya dañada por las retenciones impuestas no hace tanto tiempo entre gallos y medianoche) tenemos un panorama complicado.  Acá hay factores climáticos en juego, es cierto, pero los factores climáticos afectan al mundo, y el mundo no cae en situaciones críticas por ello. A lo sumo debe tomar medidas precautorias, destinar fondos para cubrir situaciones coyunturales o cosas por el estilo. Pero en la Argentina cada cimbronazo de los precios internacionales, produce una batahola infernal cargada de marchas y contramarchas, todo lo cual muestra un andamiaje endeble y peligroso, basado como sabemos en el sostenimiento de un tipo de cambio artificialmente caro.

Las subas salariales, el ajuste en los mínimos para el impuesto a las ganancias, y probablemente la próxima suba del mínimo para el impuesto sobre los bienes personales (retrasadísimo), son medidas necesarias y además útiles en el año electoral. Lamentablemente la realidad económica se tiñe de necesidades políticas, como el mentado anuncio del ministro de Educación. Pero la presión sobre la demanda de bienes de consumo doméstico como consecuencia del traslado de fondos del Estado a los particulares producto de los ajustes impositivos señalados, contribuye también a espiralizar los precios. Pero ojo, que los retrasos en los mínimos señalados tienen sobre la economía un efecto similar a los congelamientos de tarifas. O los subsidios cruzados. Esto es: postergar la inexorable llegada de la realidad tanto como sea posible. Hasta que no es más posible.

En este mundo ajeno a lo institucional, todavía no se sabe quién será candidato a presidente por el oficialismo, si el Dr. Kirchner o su esposa. En el mundo democrático y ajustado a derecho, la designación de candidatos se hace mediante el sistema de elecciones internas. Estas cosas ni siquiera se mencionan en los medios locales. Es lo más común y lógico que un presidente, el que fuera, designe al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, al candidato a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y al propio candidato a presidente de la Nación. Es lo más común y lógico para nosotros los argentinos, embebidos en la anomia y la falta de institucionalidad. Pero no lo es para el mundo más avanzado. No lo es para los inversores que no llegan pese a los esfuerzos de Beatriz Nofal, o del ministro De Vido y sus incontables intentos de fomentar inversiones en áreas críticas que lo llevan a saltar de su asiento cuando un empresario brasileño cuestiona el modelo tarifario llevado adelante con los combustibles. Como si tal empresario no tuviera derecho de expresar su opinión a menos que ésta sea coincidente con la del gobierno.

Mientras los precios internacionales de las materias primas sean favorables, probablemente haya un resto para jugar a la inversión estatal, pero el deterioro del superávit no tiene que ver solamente con que estamos en un año electoral, y esto debe ser tomado en cuenta de una buena vez por los actores políticos.  De lo contrario las consecuencias serán inexorables.

Buenos Aires, 3 de abril de 2007

ÉCTOR BLAS TRILLO

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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En estos días se ha dado a conocer bastante información vinculada con índices económicos. De su análisis pueden extraerse conclusiones.

Según datos oficiales la inversión medida a precios constantes durante el año pasado, alcanzó al 21,7% del PBI, un valor 6 décimas por encima al alcanzado en 1998 y todavía un poco por debajo del 24% logrado en 1980. El PBI, por su parte, alcanzó un crecimiento del 8,5%. Sin embargo, el crecimiento de la inversión se desaceleró en el último trimestre de 2006, cuando subió un 14% contra el 26,9% de igual período de 2005. Según no pocos analistas, el problema estuvo en la desaceleración de la construcción en la última parte del año, consecuencia directa de la suspensión de permisos para levantar torres en Capital Federal.

La inversión bruta interna, por su parte, creció un 18,7% y la construcción, que significa nada menos que el 62% del total, lo hizo un 18,8%. Sectores que crecieron mucho fueron la pesca (61,8%) y la intermediación financiera (22%). Por su parte los sectores de menor expansión fueron el campo (1,5%) y la minería (1,9%).

Con estas cifras tenemos un panorama bastante claro de hacia dónde están yendo las distintas variables. La desaceleración de sectores como la construcción o el campo, es obviamente producto directo de las prohibiciones y suspensiones decididas por el gobierno (en un caso capitalino, en el otro nacional). De tal modo que si tales intervenciones oficiales no se hubieran producido, seguramente la cifra de inversión total hubiera sido mayor a la lograda, mostrando muy simple y claramente dónde aparecen los problemas al tratar de vislumbrar el futuro.

Para crecer a tasas “chinas” y con baja inflación es preciso lograr una inversión anual bastante mayor con relación al PBI que la alcanzada. Se habla de un 24% por lo menos.

Pero muy difícilmente se alcance ese guarismo, máxime en un año electoral, dada la incertidumbre política.

Lo que sí es seguro es que el crecimiento del gasto público, que oscila en torno del 40 o 50%, resulta francamente explosivo, y no sólo al acicatear la inflación, sino también al requerir un financiamiento que sólo puede provenir del superávit fiscal (y en cierto modo de la propia inflación, que es un impuesto más). Y encima teniendo en cuenta que es preciso sostener el superávit primario por encima de los 3 puntos del PBI para pagar los servicios de la deuda externa renegociada.

Las inversiones en construcción se llevan las palmas en el conjunto. Pero no es un detalle menor que una buena parte de ellas provienen del propio Estado al realizar obras públicas, tales como rutas o viviendas.

Se dieron a conocer nuevas iniciativas en minería, hotelería, alimentación, química y electricidad, aparte de ampliaciones en hidrocarburos, alimentación, industria automotriz, metalurgia, comunicaciones y transporte. La mayor parte de esta inversión proviene de capital nacional y hay un fuerte auge de las pymes, que aumentaron su producción tratando de seguir el ritmo que impone el mercado.

Los analistas coinciden en que la inversión debe ser mayor para crecer de manera sostenida sin que se desborden los índices de inflación en el marco de la política de dólar caro seguida por el gobierno. Especialmente debe crecer la inversión en equipamientos productivos, que normalmente no representan más del 40% de la inversión total.

En materia de precios el problema de la carne se ha hecho crónico, como por otra parte era de esperar luego de las políticas restrictivas seguidas por el gobierno. Las 1000 toneladas del producto que los frigoríficos exportadores acordaron distribuir son apenas una gota en un océano, ya que el consumo promedio diario oscila nada menos que en 7.000 toneladas. La tendencia es decididamente ascendente en materia de precios, a tal punto que el Secretario Moreno ha pedido a los supermercados que “no compren” carne si no consiguen los precios acordados. Esto es: que se mantenga un precio aunque el producto desaparezca de las góndolas, como en tiempos de la “inflación 0” de Gelbard. Que el índice de precios no muestre la realidad es el fin en sí mismo perseguido.

Precisamente del tema del IPC se ha escrito y dicho mucho. Y lo cierto es que al parecer el gobierno está intentando rebobinar en cuanto al intervencionismo al INDEC. Los efectos de todo intervencionismo siempre terminan siendo opuestos a los deseos de los interventores. Y la verdad es que desde los mismos gremios se reconoce una “inflación” de no menos del 15%, por lo cual salen a pedir no menos del 20% de aumento, como acaba de hacerlo Oscar Lescano.

El advenimiento de la Semana Santa, por su parte, trae a cuento por enésima vez el mismo problema de todos los años. Esto es: el incremento de la demanda de pescado produce subas en los precios. Del mismo modo que en Navidad sube el pan dulce o en temporada alta suben las tarifas hoteleras o los pasajes de avión. Esta verdad de a puño que sin duda es la ley de oferta y demanda, es resistida por un gobierno que sin embargo no trepida en prohibir exportaciones para aumentar la oferta de animales, reconociendo abiertamente la existencia de tal ley. Sin embargo, en materia de pescado, como en tantas otras, se ha recurrido al funcionario Moreno para que intente “acordar” precios con productores y fileteros de modo que la merluza pueda llegar al público a $ 10.­. Los relevamientos que podemos ver por televisión en estos días muestran que el producto cotiza entre $ 15.­y $ 21,­, lo cual muestra cuán lejos de la realidad están los funcionarios y los empresarios “acuerdistas”.

El intervencionismo en este caso desalienta la producción debido a la poca perspectiva de vender el producto al precio esperado, lo cual hace que el mismo sea todavía más alto. Esto no es alta ciencia económica sino pura lógica. Sin embargo se insiste en el mismo camino.

Otro tema que tiene un interés incluso regional es el entredicho entre el titular de Petrobrás y el ministro De Vido. Al parecer el primero se refirió a la política oficial de tarifas observando que a su criterio tal política desalienta la inversión en el sector petrolero. De Vido salió a responder literalmente con los tapones de punta, señalando que de ningún modo se permitiría a una empresa estatal extranjera inmiscuirse en la política de precios oficial, que tal empresa era concesionaria de áreas de explotación y no dueña, que los empresarios del sector pretenden que paguemos por los combustibles los precios que paga Alemania o España, que carecen de hidrocarburos, etc. La realidad es que lo dicho por el empresario brasileño es cierto, y si bien también puede serlo que por contrato las firmas petroleras tengan la obligación de invertir, ello no quita que la realidad está mostrando otra cosa en el último lustro: un crecimiento sostenido del consumo, una baja de las reservas y una merma en la exploración de nuevas áreas. A tal punto esta última que el propio gobierno está buscando con distintos regímenes promocionales en sociedad con Enarsa explorar la plataforma continental, aparte de los evidentes problemas con el gas, la electricidad, el gas oil y el fuel oil. El fin último es siempre el mismo: dado que el “modelo” se basa en un dólar caro, los precios locales deben acomodarse a los magros ingresos en dólares de los habitantes del país. Magros porque el “modelo” requiere que así sea.

Digamos para no llevar esto a la larga que la realidad muestra una cosa y la teoría intervencionista afirma otra.

Y para finalizar una referencia a la mejora en los índices de pobreza e indigencia. No caben dudas de que el aumento del empleo es algo positivo y que su creación es una consecuencia del crecimiento económico sostenido que referimos al comienzo de este trabajo. Sin embargo a nuestro entender el propio modelo de dólar caro, control de precios y freno de importaciones impone como decimos salarios bajos. Sólo con salarios bajos en dólares es posible ser “competitivos” siguiendo este modelo. Y de eso se trata.

Es por ello que la reducción de los porcentajes de pobreza (de 33,8% a 26,9%) y de indigencia (12,2% a 8,7%) con ser un excelente dato no constituye en sí un aspecto de gran relevancia en términos macroeconómicos. El índice de pobreza (que cubre canasta básica total) indica ingresos menores de $ 921.­para una familia tipo, mientras que el de indigencia (canasta básica alimentaria) el piso es de $ 428,68 para igual grupo familiar. Estos valores son efectivamente muy bajos. Y lo son entre otras cosas porque el IPC refleja valores que no se corresponden con la realidad luego de la intervención gubernamental. En efecto: tomar precios de productos con valores acordados con el gobierno y negar la existencia del resto es bastante más que un error. Disimular la suba de las cuotas de los colegios privados mediante el recurso de hablar de “cuota recupero”, o la suba de las prepagas mediante el artilugio de instalar en sistema de “copagos” (que implica crear un nuevo servicio y por lo tanto carecer de base de comparación) no parece ser, francamente, una mera cuestión técnica. Y efectivamente no lo es. Pero cuando el IPC crece el 9,8% en el año mientras la llamada inflación subyacente lo hace un 15 o un 20%, estamos ante una negación de la realidad que en definitiva en el caso que planteamos lleva a que una familia tipo deba vivir con $ 921.­siempre y cuando adquiera durante el mes todos los productos con precios acordados, utilice el sistema de copagos (y no tenga que efectuar ningún desembolso por tal ítem) y envíe a sus hijos a una escuela pública.

La realidad suele ser suficientemente cruda como para retornar a la realidad a los más líricos (para decirlo de un modo suave), y entendemos que eso está ocurriendo. En un año electoral los problemas no son pocos, y menos si para colmo se trata de elegir nuevo presidente de la República.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2007

ESTUDIO HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

Un INDEC intervenido políticamente puede causar más daño del que el propio gobierno quiere reparar.

En todos los medios, cualquiera sea su tendencia, puede leerse hoy que existen serias dudas respecto del indice de precios al consumidor informado por el INDEC. El 0,3% durante febrero no ha conformado prácticamente a nadie. Y la caída de los bonos ajustables mediante CER muestra a las claras una realidad de a puño: que cuando el Dr. Kirchner a fines de enero pretendió desvincular la desconfianza del mercado de la caída de los bonos estaba sustancialmente equivocado. Los bonos cayeron ahora luego de conocerse el índice de precios, y lo hicieron acompañando una tendencia: la del no reconocimiento de ciertos factores inflacionarios por parte de los flamantes funcionarios designados en el Instituto.

De nada sirve atar las pautas estadísticas a cuestiones semánticas tales como “cuotas recupero”, o “copagos”. Nadie come vidrio en la Argentina kirchnerista. Es una curiosa coincidencia que el tan mentado índice hubiera sido dado a conocer justamente en el anivesario de la muerte del genial Alberto Olmedo, autor de la conocida frase “si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien…”.

Efectivamente, el gobierno lo hizo bien. En realidad redobló la apuesta. El secretario Guillermo Moreno no parece atender otras razones que las que le dicta su propia lógica: por la razón o por la fuerza, los precios han de ser los que el Gobierno diga. Y si no lo son, lo serán los índices, parece decir con sus acciones.

Es significativo que el sábado hubiera sido publicada en el diario La Nación una supuesta amenaza de este funcionario al ahora renunciado secretario de la ONCCA, Marcelo Rossi. Segùn el matutino, Moreno le espetó a Rossi algo así como “o te sumás al equipo, o te vas. Y si no lo hacés, ojalá que no te pase nada”.

Un presidente de la Nación tan afecto a criticar a la prensa desde su ya famoso atril en la Casa de Gobierno, no salió hasta el momento de escribir estas líneas a poner las cosas en su lugar. Podríamos pensar que no lo ha hecho porque por lo que se sabe estaba descansando en El Calafate, como hace habitualmente durante los fines de semana y su prolongación del día lunes. No esperábamos que fuera a hacerlo el propio Moreno, cuyos métodos son bastante conocidos y criticados desde prácticamente el inicio de sus funciones.

A nuestro juicio si los dichos son ciertos en este caso, la cuestión ha pasado decididamente de castaño a oscuro. Si se pretende manejar la realidad argentina con esta metodología y suponer que así el país se hará grande y poderoso, francamente no queda otra que enfrentarse a una especie de despotismo de la impotencia.

Ni la alteración de índices, ni la prepotencia, ni las actitudes mafiosas, ni los insultos, ni los agravios, ni los silencios dicentes podrán convertir el futuro argentino en otra cosa que en el algo patético y desagradable para todos.

Prácticamente a ningún medio se le escapó que el discurso presidencial ante el Congreso, transmitido en cadena oficial (incluyendo hasta las emisoras FM) tuvo graves omisiones a la hora del racconto. Señalar la recuperación económica es muy importante si se tienen en cuenta las serias carencias institucionales y los aprietes que operan en sentido inverso.

Se trata de ver una realidad en su conjunto. Los actos de la secretaria de Comercio, derivados del mando del mismísimo presidente de la República, no son la causa del crecimiento o de la recuperación. Así de sencillo. Y admitir esto debería estar en primera línea al analizar los avances en la economía en general.

El comentario del diario que mencionado ha derivado en una denuncia de un diputado del ARI por amenazas. Es curioso que el propio Rossi no lo hubiera hecho. O no. No se nos escapa que estamos en plena campaña electoral, pero tenemos presente el único reportaje radial en el que oímos al Sr. Moreno, en el cual se expresaba en términos francamente llamativos. En efecto, decía este señor que “no vamos a permitir que estos señores pretendan subir el precio de la carne en contra de lo que es el interés del pueblo argentino”, palabras más o menos, mostrando una clara ignorancia del artículo 14 de la Constitución Nacional respecto de la libertad de comercio, e irguiéndose él mismo y otros funcionarios (dado que habló el plural) en algo así como los justicieros del mercado.

Lo más lamentable de todo esto es que si algo genera inquietud entre los inversores es esta actitud del gobierno de pretender amedrentar abusando del poder y negando todo derecho que no coincida con los intereses políticos del gobierno. Nada es más patético que demostrar a las claras que la realidad no es la que surge de la prepotencia, sino que ésta da lugar al miedo y por lo tanto no hace sino esconder bajo la alfombra, pero a la vista de todos, aquello que no conviene que sea visto.

Curiosa entelequia la del negador, que cree que ante la evidencia de un hecho, declamando lo hace desaparecer.

Un párrafo final para la referencia al problema energético que hizo el Dr. Kirchner en su discurso, y precisamente porque nuestro tema es la economía y a ella ceñimos nuestros comentarios. No es que en la Argentina no hubiera habido crisis energética. La hay, y por eso es que fue inaugurado el llamado plan “Energia Plus” mediante el cual quienes consuman más que el año anterior deberán propinarse el excedente por medios propios, o por eso mismo fueron limitados en las empresas los consumos en horas pico, obligando a apagar luces y máquinas incluso en lugares tan críticos como los aeropuertos. Si se pretende negar la realidad con el eufemismo de que no hubo un apagón generalizado, entonces no decimos nada más.

La máxima olmediana viene, pues, como anillo al dedo: si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Lo malo es que mientras el mundo todavía favorece con sus precios de las materias primas a nuestro país y a nuestros productores dando por tierra teorías como aquella del deterioro en los términos del intercambio, mientras todavía puede aprovecharse aunque limitadamente el “beneficio” de los precios bajos en dólares por efecto del sobreprecio de la divisa, se hace lo imposible por pretender imponer por la fuerza, por la prepotencia y hasta por actitudes que de ser ciertas son francamente mafiosas, una realidad irreal, o dibujada como dicen los detractores de los índices de precios., con bastante dosis de razón.

Buenos Aires, 6 de marzo de 2007

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

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El año que concluye ha mostrado un crecimiento notable de la economía. Pero el crecimiento está basado en el tipo de cambio”competitivo” y los controles de precios para bajar los índices sal consumidor. El año próximo continuará la misma línea económica.

El crecimiento de la economía en 2006 rondará el 9%, una cifra notable sin ninguna duda. La baja en los índices de desocupación y la mejora de los ingresos de la población constituyen aspectos sumamente positivos que deben ser justipreciados debidamente.

El modelo neokeynesiano seguido por las autoridades políticas y económicas se basa en un tipo de cambio artificialmente alto, de manera de favorecer la producción nacional evitando la competencia externa, al tiempo que se obtienen recursos vía derechos de exportación de productos primarios. En otras palabras: el sector eficiente de la economía (el agro) subsidia junto con los consumidores al sector industrial y al aparato del Estado.

Vistas las cosas en perspectiva, en los últimos 60 o 70 años el modelo aplicado ha sido el mismo, salvo en algunos tramos de la historia reciente, entre los que podríamos computar los años 90, la segunda mitad de los 70, y comienzos de los 60. En los dos primeros períodos enunciados, el tipo de cambio fue sostenido artificialmente bajo para facilitar el ingreso de tecnología y nivelar el atraso con el denominado Primer Mundo. En tiempos de Frondizi se buscó una apertura al capital extranjero que hasta ese momento parecía imposible.

Así las cosas, las últimas aperturas económicas de la Argentina estuvieron vinculadas al tipo de cambio fijo, por lo que no es adecuado considerar causa de los males producidos a tales aperturas si no se toma en cuenta el tipo de cambio artificial concomitante. Dicho de otro modo: no es lo mismo apertura con control del cambio que apertura con el cambio libre. Y la razón es bien simple: el cambio controlado implica que una demanda infinita de divisas no producirá variaciones en su precio, violando de ese modo burdo y simple el principio básico de la ley de la oferta y la demanda.

En el presente, como en tiempos de Krieger Vasena a fines de los 60, la política es de “dólar alto”, tal como pregonaba el canciller Guido Di Tella en los años 90, aunque muy coloquialmente él hablaba de “dólar recontraalto”.

El gobierno ha estimado el crecimiento para el año 2007 en un 4%, aunque no hay analista que baje del 7,5% en sus estimaciones. Más allá de las cuestiones políticas de tal diferencia, más bien vinculadas al uso de los fondos por parte del Poder Ejecutivo, lo cierto es que o la primera de las estimaciones es francamente errónea, o lo es la segunda. La mitad o el doble. Alguien debería revisar los números y rectificarse y hasta ahora no lo ha hecho.

Y no hacerlo implica, en caso de ser el gobierno el equivocado, una nueva violación de la buena fe de la gente, lo cual es un pésimo antecedente que se suma a tantos otros. Si por el contrario los equivocados son los economistas ajenos al poder, cabe preguntarse la razón de semejante yerro, máxime si se toma en cuenta que muchos son declarados opositores a la línea económica oficial, cosa que por lo demás el presidente se ha cansado de recalcar.

El acrecentamiento de los controles de precios es otra de las evidencias palpables. Nada indica que vayan a disminuir. Más bien todo lo contrario. Cada día que pasa es mayor la dificultad que presenta el modelo monetario expansivo. La inflación subyacente (aquella que no entra en los índices oficiales) supera largamente el 15% anual. Si hasta con la medicina prepaga se acaba de aceptar una argucia legal para aumentarla sin que se refleje íntegramente en los índices.

El sector pecuario es el que más ha sufrido las consecuencias de la arbitrariedad con la prohibición de exportaciones. Pero no ha sido el único. Ha habido problemas con los lácteos, con el vidrio, con el trigo y con el maíz, cuyo sino es de el tener demanda en el mercado interno con precios internacionales crecientes.

La soja, por su parte, es probable que duplique su precio internacional durante 2007 (consecuencia de la demanda norteamericana de maíz para la producción de biocombustibles, que ha hecho disminuir el área sembrada de soja en el país del Norte), por lo que ya se habla de incrementar los derechos de exportación de esta oleaginosa pese a que no se trata de un bien de consumo masivo en el mercado local. Es decir, acá no cabe el castigo por la suba del precio local, sino el afán recaudatorio.

La balanza comercial está siendo estimada en unos 11.000 millones de dólares para 2007, una cifra similar a la de 2006. El crecimiento de las exportaciones es en general bueno por los precios internacionales más que por la mejora de las cantidades, y tal crecimiento no es ni de lejos similar al acontecido en Brasil o en Chile. Algunos productos industriales alcanzan buenos niveles de exportación, pero con un dólar a 3,10 mientras que el agro percibe un dólar de 2,30 o 2,40. Y el petróleo 1,50. A su vez, la industria competitiva en el exterior es aquella que ha mejorado ostensiblemente gracias a las inversiones de los tiempos de la convertibilidad, básicamente. Eso es lo que ocurre con la industria automotriz, por ejemplo.

Es que en años recientes la inversión creciente no se manifiesta en sectores productivos novedosos. Más bien mejora mucho la construcción, la cantidad de automóviles producidos o la importación de celulares. En el primer caso la inversión tiene que ver con la demanda del Estado en obra pública y de los particulares que conservaron divisas fuera del sistema cuando se produjo la crisis de 2001 y, seguramente, los inversores extranjeros interesados en los bajos precios locales En el segundo, la exportación favorece la recuperación de la capacidad ociosa de los 90. Y en el tercero, lo positivo es que las comunicaciones están al alcance de quien pueda pagarlas porque están libres de controles de precios tanto en telefonía celular como en cibernética.

En materia energética la situación es a todas luces complicada. Tanto en electricidad como en gas o en combustibles líquidos. Las inversiones en el sector si se producen son de la mano del Estado y de regímenes de promoción de variada imaginación e intensidad. Porque la inversión genuina de ninguna manera se incentiva con combos o cajitas felices. Y la realidad es que el congelamiento de tarifas y precios para no afectar el IPC es a estas alturas un dato de una gravedad inusitada.

Las conclusiones a las que podríamos arribar son las de que si la economía continúa su crecimiento, éste no se debe ni a los controles de Guillermo Moreno y sus listas de precios de referencia, ni a las prohibiciones de exportaciones por resoluciones ministeriales. Mucho menos se debe a la presión tributaria o a los impuestos distorsivos como los derechos de exportación. Más bien el citado crecimiento se debe a la capacidad ociosa proveniente de años anteriores y a la mejora de los precios internacionales de las commodities. Diríase que tanto controles de precios como prohibiciones de exportaciones y congelamientos de tarifas operan en sentido contrario. En el caso de las tarifas se da la paradoja de que se exacerba el consumo, mejorando la inversión en equipos de aire acondicionado, por ejemplo, pero deteriorando la inversión en energía y por lo tanto hipotecando el futuro. Este tipo de planteos cuando son hechos al gobierno, son respondidos con acusaciones de tipo político, pero no se realiza un análisis realista ni mucho menos una demostración matemática de que no es así.

En materia inflacionaria las perspectivas oficiales vuelven a estar en torno del 10%, y es evidente que hay preocupación por no llegar a la barrera psicológica de los dos dígitos en los índices, aunque para ello se deban dibujar aumentos como los de las prepagas, o continuar postergando ajustes de tarifas.

La pauta salarial estará acordada en torno del 14%, mientras que internacionalmente la debilidad del dólar revaluará al peso argentino. Además, se revaluará por el hecho de que se espera una devaluación en torno del 3%, una tasa mucho menor que la inflación, producto en parte de la falta de demanda de excedentes en divisas. Es que el Central está a punto de arrojar déficit cuasifiscal debido a los intereses de las Lebacs y Nobacs, que poco a poco se acercan al crédito de intereses producto del señoreaje (el interés proveniente del depósito en bancos del exterior de las reservas en divisas), por lo que la expansión monetaria para la compra de divisas llega casi al punto de inflexión.

Otro factor de gran impacto es la elección presidencial, programada en principio para octubre, fecha que no podemos asegurar que se cumpla, como casi nada puede asegurarse hoy por hoy en la Argentina. Lo cierto es que las elecciones son directamente proporcionales al incremento del gasto público, justamente en un momento en que probablemente el crecimiento del PBI comience a declinar y con una tasa inflacionaria cada vez más preocupante. Es que la política de control de precios no ha arrojado grandes resultados, como no podía ser de otra manera, por lo demás.

En efecto, mientras en 2005 los precios minoristas medidos por el INDEC treparon un 12,3%, este año treparán alrededor del 10%, apenas 2,3 puntos menos. No es un resultado que justifique tamaña intervención. En verdad, es más bien la demostración de que tanto intervencionismo para lo único que sirve es para distorsionar precios relativos y producir escasez en los productos controlados.

La acumulación de reservas continuará su curso y es probable que a fines de 2007 haya superado los 41.000 millones de dólares, una cifra ciertamente atractiva. Martín Redrado siempre dice que las divisas sirven para respaldar al peso. En verdad, las divisas son adquiridas con endeudamiento, ya que son muy pocas las que se adquieren o han adquirido con fondos del tesoro. Tener divisas para deberlas no parece ser un negocio brillante ni sostén de nada. En verdad, la razón de fondo es la misma de siempre: mantener el tipo de cambio artificialmente alto y endeudarse en títulos remunerados para bajar el circulante monetario.

El sistema tributario no será modificado, como ha reiterado la ministra de economía, que suele confundirse con los datos de la presión tributaria global al no tener en cuenta que casi la mitad de la economía funciona de modo informal, y que por lo tanto las tasas de tributación de quienes pagan corresponden al doble de la presión asignada.

El fracaso de la Ronda de Doha deja en veremos la cuestión de los subsidios del Norte a la producción primaria, subsidios que de no existir provocarían un alza en los precios y la consecuente suba de las retenciones. El problema con Uruguay parece de muy difícil solución, aunque fuentes muy reservadas hablan de un acuerdo casi inminente. Nuestro vecino sigue siendo tentado para alcanzar un acuerdo bilateral con EEUU, lo mismo que ocurre con Paraguay. Bolivia, por su parte, lleva adelante un discurso que no se condice del todo con los actos, más o menos como ocurre entre nosotros. Y Brasil, genuino líder de la región, hace de la política exterior un arte que en nada tiene que envidiar a Chile, ni ambos a la propia Inglaterra.

Será 2007 un año complejo en materia de gasto público y déficit provinciales, con un exacerbamiento de los controles de precios y una creciente preocupación por el problema energético. La tasa de inflación no cederá dentro de este panorama, tal como el mismo gobierno lo ha previsto en el Presupuesto Nacional. Continuará y tal vez se agrave el problema de la carne y seguirá creciendo, aunque menos, la industria y la producción de cereales de gran demanda externa. El superávit primario, a todo esto, será suficientemente alto como para atender los pagos de la deuda externa sin mayores dificultades.

Si, como se espera, el matrimonio Kirchner retenga el poder político, entonces se seguirá la senda iniciada con el expansionismo monetario de origen neokeynesiano mucho más allá del punto en que debió haber sido abandonado. La oposición política debiera hacer hincapié en la preservación de las instituciones, violadas permanentemente, como base teórica mínima para emprender el camino de un serio y relevante Estado de Derecho. Alcanzando el poder o sin hacerlo, el rol de los partidos opositores incluye esclarecer a la ciudadanía sobre los puntos oscuros que muestra el gobierno nacional y también varios estados provinciales. Debe tomarse conciencia de que las violaciones a la Constitución o las arbitrariedades de “controlar las ganancias” no constituyen una garantía de preservación institucional digna.

Y dicho sea de paso, si como dice la ministra Miceli se controlan las ganancias, no se entiende para qué una empresa habrá de tratar bajar sus costos de producción. Y mucho menos se entiende por qué no habría de subir sus precios ante una mayor ineficiencia, si total mientras mantenga el margen de ganancia, en ambos casos no cambiarían sus condiciones de rendimiento.

La política de subsidios es el correlato de la ayuda al ineficiente. La industria no baja sus precios porque se dificulta la competencia externa. Y la creencia de que las utilidades o la ineficiencia son los responsables de la inflación es tan generalizada a nivel político que da miedo. No hay nada peor que los errores de diagnóstico para confundir el aserrín con el pan rallado, como decía un circunspecto profesor nuestro de la secundaria.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

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Una nueva modificación al sistema de aportes de estos trabajadores, sancionada mediante el decreto 1866/06 dará lugar, a su vez, a un nuevo reempadronamiento.

El decreto 1866/06 ha modificado la reglamentación del artículo 8 de la ley 24.241 reduciendo las actuales 15 categorías vigentes a sólo cinco. El nuevo régimen deberá ser puesto en marcha por la AFIP a partir del 1ª de marzo. Seguramente el proceso de depuración y cambio se hará antes de junio, para arrancar el sistema a pleno desde ese mes

El nuevo esquema modifica radicalmente el actual vigente fundado en criterios de clasificación por actividad y antigüedad, para remitirse básicamente a los ingresos mensuales reales de los aportantes, y estipulando a su vez una especie de subrrubro fundamentado en las actividades desarrolladas. Cada una de las 5 categorías aportará según la cantidad de Módulos Previsionales (MOPRE) que se le asignan, aunque este dato remite a la base de cálculo de la cuota y por lo tanto es un elemento a nuestro entender secundario. Sin embargo, como la mensualidad se fija en MOPRE, una modificación en el valor de éste implicará automáticamente un cambio en la cuota a pagar.

Las categorías se dividen del siguiente modo:

Categoría I (Aporte mensual de $ 128.-)

a) Personas físicas que ejerzan profesiones u oficios y productores de seguros con

ingresos anuales hasta $ 20.000.-

b) Comerciantes con ingresos anuales hasta $ 25.000.-

c) Aquellos que adhieran voluntariamente al sistema previsional (religiosos, directivos de cooperativas que no perciben retribución, amas de casa, profesionales o personas que aportan a cajas especiales, titulares de condominios sin tareas de dirección).

Categoría II (Aporte mensual de $ 179.-)

Las personas físicas y los comerciantes mencionados en a) y b) cuyos ingresos anuales superen los 20.000 y los 25.000 pesos respectivamente.

Categoría III (Aporte mensual de $ 256.-)

Directores, administradores y conductores de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo con ingresos anuales inferiores o iguales a $ 15.000.-

Categoría IV (Aporte mensual de $ 409.-)

Ídem III pero con ingresos entre $ 15.001 y $ 30.000,- inclusive.

Categoría V (Aporte mensual de $ 563.-)

Ídem categorías III y IV pero con ingresos superiores a $ 30.000.-

Un cambio trascendente es el de que cuando los gastos para obtener los ingresos brutos anuales consignados para las distintas categorías, superaren el 70%, el trabajador podrá encuadrarse en la categoría inmediata anterior el año siguiente. Esto obligará a los aportantes a llevar cuenta de sus gastos como lo hace cualquier contribuyente del impuesto a las ganancias, pero es una genuina innovación. Cabe suponer que aquellos contribuyentes del sistema cuyos gastos se acerquen al porcentaje citado sin llegar a él se verán incentivados a incrementar tales gastos, en la medida en que el beneficio resultante sea superior.

Aquellos que desarrollaren actividades de dirección, administración o conducción de empresas y fueren profesionales universitarios y que perciban en el año menos de 36 MOPRE (2.880.-) podrán solicitar mediante declaración jurada que los aportes efectuados durante el año calendario se trasladen como crédito para los pagos del años siguiente. Es curioso que el piso de ingresos señalado se refiera únicamente a este tipo de trabajadores, pero así es.

Se establece un adicional del 3% sobre los aportes cuando las actividades sean penosas o riesgosas.

En el caso de aportantes voluntarios al sistema, si bien deben ingresar por la categoría I, podrán optar también por cualquiera de las otras categorías.

En el caso de mantener actividades simultáneas, la categorización se hará tomando en cuenta la actividad que genere mayores ingresos brutos anuales, para luego aportar en la categoría que resulte de sumar todos los ingresos de las distintas actividades que el aportante realizare.

Se establece también un reempadronamiento (que se hará vía Internet), ya que el sistema vigente ha significado una acumulación de gran cantidad de trabajadores autónomos activos cuando en realidad no lo están.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

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La mejora en la recaudación tributaria es elocuente a lo largo de 2006 si no se toma en cuenta la tasa de inflación subyacente, dado que a valores constantes si bien la situación es buena, ya no lo es tanto.

Durante el año 2006 la recaudación ha crecido rotundamente a nivel nacional. Se espera un superávit primario que rondará los $ 23.000.- millones, y la recaudación total a cargo de la AFIP superará los $ 150.000.-, unos 17.000 millones más que el total presupuestado. El superávit representa algo más del 3% del PBI antes de intereses, lo cual permite a su vez para proyectar sosteniblemente los pagos de la deuda. También un 25% más que lo recaudado en 2005.

Visto linealmente, estas cifras indican que la recaudación excedente equivale al 73% del superávit total primario. De manera que ha habido un incremento muy importante en el gasto público, sobre todo si tomamos en cuenta que el superávit total esperado era de unos $ 20.000.- millones.

La inflación subyacente (aquella que no se refleja en los índices y que corresponde básicamente a precios no controlados) superará el 15%, con lo cual una parte importante del incremento total de la recaudación corresponde al efecto inflacionario.

La prórroga de los impuestos cuya vigencia vencía a fin de este año (impuesto al cheque –por un año-, retenciones a combustibles -por cinco años-, etc.) indica la necesidad del Estado de sostener los llamados distorsivos para mantener el necesario superávit.

A nivel de los estados provinciales, el superávit ha dejado de ser tal en varios casos, entre ellos la provincia de Buenos Aires, que acaba de lanzar un paquetito de impuestos a la riqueza, que seguramente será aprobado en la legislatura local, para tratar de paliar el efecto del aumento del gasto. Los municipios por su parte continuarán con sus “tasas de abasto”, corregidas, aumentadas y copiadas cada vez más, como forma de incrementar su recaudación.

Dado que el próximo es año electoral, cabe esperar un incremento del gasto que contribuirá a acelerar el proceso inflacionario, que es obvio que no se detiene con controles de precios, como lo demuestra el hecho de que la inflación esperada para 2006 rondará el 10% contra algo más del 12% del año anterior, donde la intervención del gobierno en el comercio era mínima comparada con la actual.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

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Impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales

Mediante la Nota Externa 5/2006 la AFIP aclaró algunos aspectos del tratamiento de este tipo de inmuebles, dado que las consultas se reiteran una y otra vez ante las dudas que ofrece la legislación.

Si bien una Nota Externa es, en verdad, una circular aclaratoria y no tiene, contra lo que suele creerse, la fuerza de una norma (ni siquiera de una norma menor, como puede ser una Resolución General), es importante que la AFIP haya aclarado mediante el dictado de la NE 5/2006, los tantos en lo referente al tratamiento de los inmuebles rurales en los impuestos sobre los bienes personales (BP) y a la ganancia mínima presunta (GMP), dado que las dudas en el tratamiento de esta clase de bienes es de vieja data.

Brevemente haremos mención de los aspectos contemplados y de la aclaración del Fisco, con indicación de la correspondiente norma legal que da lugar al tratamiento a seguir.

1. AFECTADOS AL PATRIMONIO DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL.

a. Tributan el impuesto a la GMP, según el art. 2, inciso c) del título V de la ley 25.063.

b. También deben tributar el impuesto sobre BP, porque se trata de la participación patrimonial de una persona física en su propia empresa unipersonal, y por lo tanto está gravada por este impuesto según lo normado en el art. 19 inc. k) de la ley 23.966 Título VI.

2. INEXPLOTADOS Y ARRENDADOS

a. Tributan el impuesto a la GMP, según lo normado en el art. 2 inc e) de la ley citada en 1. a.

b. Se encuentran exentos del impuesto sobre BP, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 21 inc. f) de la ley que establece este gravamen.

3. AFECTADOS A UNA SOCIEDAD DE HECHO (SH) (según art 12 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a la GMP)

a. Están alcanzados por el impuesto a la GMP, dado que forman parte del activo de la SH según el art 2 inc a) Título V de la ley 25.063.

b. Gravados en el impuesto sobre los BP respecto de la participación que posea la persona física o la sucesión indivisa, en los términos del art. 19, inc. j), Título VI de la ley 23.966. En este caso corresponde que:

- Los titulares de los bienes los incluyan en su declaración jurada del impuesto sobre los BP por el valor de su participación societaria.

- Las SH con objeto comercial deberán liquidar e ingresar el gravamen conforme lo dispuesto en el artículo incorporado a continuación del art. 25 de la ley del impuesto sobre los BP, es decir, bajo la figura del responsable sustituto. Si se tratare de SH con objeto civil, el ingreso del impuesto estará a cargo de las personas físicas o sucesiones indivisas propietarias del inmueble, ya que para estas SH ni rige la figura del responsable sustituto.

ALGUNAS REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

Los inmuebles rurales están exentos en todos los casos del pago del impuesto sobre los BP. Pero cuando tales bienes inmuebles forman parte de una sociedad comercial, incluso en las SH, los propietarios pagan BP sobre tal participación, y en ella no se excluyen tales inmuebles, ya que forman parte del activo de la SH. Desde la incorporación de la figura del responsable sustituto, es la sociedad comercial la que paga el tributo según el patrimonio neto determinado conforme a la ley, y luego informa a los socios el ingreso efectuado. Éstos, por su parte, deben incluir en su declaración jurada el valor de su participación. No es que deban pagar el tributo dos veces, dado que corresponde deducir luego el pago efectuado por la sociedad comercial, que tiene el carácter de pago único y definitivo. Por su parte, como queda dicho, si se tratare de sociedades con objeto civil, al no regir para ellas la figura del responsable sustituto, corresponde que las personas físicas o sucesiones indivisas propietarias el bien abonen el impuesto por su participación patrimonial en la sociedad.

La valuación de los inmuebles rurales debe hacerse de acuerdo a lo establecido por la ley del impuesto a la GMP. Es decir que rigen los topes y las deducciones aplicables según tal norma y la comparación con la valuación fiscal. Las SH liquidan el impuesto a la GMP de igual modo que lo haría una sociedad comercial bajo la forma de una S.A., por ejemplo.

En el caso de tratarse de una persona física que tiene un campo, y lo explota de modo individual, el capital afectado a esa actividad constituye un rubro gravado por BP. Es decir que no debe tomarse el activo únicamente, sino tomarlo neto del pasivo que corresponda a la explotación.

Cabe decir también que en el caso de tenencia de acciones o cuotas parte de sociedades regidas por la ley 19.550 que tuvieren en su activo inmuebles rurales, tales sociedades deberán liquidar el impuesto sobre los BP (como responsables sustitutos) según el patrimonio neto que surja del balance comercial, es decir que en estos casos no se toma el balance impositivo, porque esto es lo que dispone el artículo incorporado a continuación del artículo 25 de la ley del gravamen. El pago hecho es de carácter definitivo y constituye un pago a cuenta en cabeza del contribuyente titular de las acciones o cuotas parte.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

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El paro del sector agropecuario termina este fin de semana en medio de acusaciones y “sacadas de pelota”. Desde los más variopintos grupos de ideólogos hasta la dirigencia del campo, las acusaciones resultan llamativamente absurdas.

Empezamos estas líneas con una reseña de los avisos publicados por el gobierno en todos los medios:

EL PAÍS AVANZA, LOS DIRIGENTES DEL CAMPO PARAN

¿NO SERÁ QUE QUIEREN AUMENTAR EL PRECIO DEL PAN, LA HARINA Y LA CARNE?

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS SUS INGRESOS FUERON 33.000 MILLONES DE PESOS MÁS QUE EN LOS 90 Y SUS TIERRAS VALEN UN 200% MÁS EN DÓLARES.

TUVIERON RÉCORD DE COSECHAS, RÉCORD DE INGRESOS Y RÉCORD DE EXPORTACIONES.

La parafernalia nos cuesta a todos los habitantes de esta tierra unos cuantos pesos. Nos cuesta el paro, nos cuesta la inflación que el gobierno produce y quiere negar, nos cuestan los avisos de propaganda que citamos. Y no parece que se tome debida nota de todo ello.

El gobierno mantiene ese discurso clasista y voluntarista que caracteriza a quienes suponen que la vida de millones y millones de personas se maneja desde oficinas que “vigilan los precios”. Ya nos ocupamos del tema con bastante intensidad en nuestro comentario anterior. La idea de que ganan mucho y no se conforman, se repite una y otra vez, como el hecho de que si se conformaran podría modificar de cuajo la realidad de que los precios suben y seguirán subiendo. Es el voluntarismo de la mentalidad intervencionista. La dirigencia agropecuaria debería convencer a miles de productores de vender más barato sus productos, aún si pudieran venderlos más caro, y si paran, es porque el gobierno no se los deja vender más caro. El galimatías recurrente no incluye en sus cuentas la pérdida de valor de la moneda, que haría modificar la denominación del “aumento” y lo convertiría en “ajuste”.

La idea de que los “grupos económicos” y las “grandes corporaciones” hacen lo que quieren también subyace en todo esto. En otras palabras, estamos nuevamente como en los años 50 o en los 80. La culpa de lo que nos pasa está en unos cuantos vivos que hacen lo que quieren y pretenden presionar al gobierno para que no se entrometa en sus demoníacos designios e intereses. Y cuando la fiesta se acabe, seguramente volveremos a oír aquello del golpe de mercado. Insólita frase acuñada a fines de los 80 cuando la hiperinflación era considerada por algunos comunicadores como una enfermedad ajena a la voluntad de los funcionarios.

La solicitada de la Sociedad Rural, aparecida el viernes 8 en los diarios capitalinos hace referencia al ataque publicitario del gobierno e incluso aclara errores técnicos de la ministra de economía respecto de la colaboración del campo en los ingresos nacionales.

El discurso ruralista es esencialmente realista y señala que la manipulación de los mercados y el cambio constante de reglas son, esencialmente, elementos negativos.

Más allá de estas opiniones, es claro y lo hemos señalado en varias oportunidades, que una cosa es hacer política económica y otra es esta suerte de sube y baja cotidiano, que modifica derechos de exportación, kilaje para faena, precios de referencia para aplicar retenciones, etc.

Pero debemos decir también que desde sectores del campo se busca poner la responsabilidad en la cadena de comercialización de los productos y en la operatoria informal, lo cual constituye un error de proporciones.

Varias veces hemos escuchado a dirigentes del campo señalar que la baja del precio de la hacienda (consecuencia de la inconcebible medida de prohibición de exportaciones adoptada el 8 de marzo) no se tradujo en bajas similares en los precios de la carne porque el sector frigorífico se quedó con la diferencia. En esta afirmación, en muchos casos explícitamente, se incluye una cuota de ataque a la viveza de la industria para aprovecharse de la situación.

Y en esta semana que concluyó, varias veces hemos oído y leído que el problema de la carne está en la intermediación porque además nadie la investiga. Esto último como indicativo de que la operatoria incluye un alto grado de informalidad.

No es posible que se digan estas cosas excepto en un marco de pretender poner culpas en el otro para intentar corporativamente arrimar agua al molino propio.

El error es grave. La informalidad en la Argentina abarca a casi el 50% de la actividad económica y no es un problema exclusivo de tal o cual industria. Ni muchísimo menos.

La baja de precios se produce por exceso de oferta, como ocurrió con la hacienda en pie luego del disparate oficial de prohibir exportaciones. Pero no hubo exceso de oferta de carne, sino de ganado en pie. El mercado de consumo absorbió el precio del producto sin mayores problemas, y por lo tanto una baja del precio debería haberse gestado artificialmente y hubiera provocado un incremento de la demanda que llevaría a la suba del precio.

Las cosas, tal como se han planteado por parte de varios dirigentes del sector agropecuario llevan la situación a un verdadero clímax del absurdo: que si se controlara a frigoríficos y carniceros se acabaría el problema del precio alto de la carne. Esto no sólo no es correcto sino que dado que no son pocos los funcionarios que sin entender tienen poder suficiente como para hacer disparates, podría dar lugar a nuevas medidas equivocadas y errores infantiles como los cometidos.

El problema inflacionario argentino no está ni en la ganancia, ni en la venta informal, ni en la intermediación, ni en la cadena de comercialización, ni en la ineficiencia. El problema inflacionario es un problema monetario y es el gobierno nacional el encargado de fijar la política monetaria.

Ningún precio de ningún producto puede sostenerse más barato que el internacional por mucho tiempo, porque es obvio que ello inclinará naturalmente a los productores hacia la exportación. Y la prohibición de exportar inclinará a los productores a no producir esos bienes y a producir otros. El mismo efecto provocan los controles de precios y los cambios de reglas de juego. Y todo ello significa subas de precio relativas, es decir de los bienes involucrados, incluso más allá de la tasa de inflación.

Y ningún discurso acusatorio oficial puede cambiar esta realidad.

Por lo tanto, la discusión resulta bizantina. O para decirlo de otro modo, estéril.

También se repite a cada rato que el paro es político e ideológico.

En nuestra opinión, los paros (o las huelgas) siempre tienen un componente político. Decirlo no es decir nada nuevo, ni es nada malo que así sea. Pero cuando el gobierno dice que el paro es, en verdad, ideológico, cae en un nuevo error. Las agrupaciones que adhirieron al paro conforman sectores ideológicos absolutamente diferentes. Y de hecho, la Sociedad Rural siendo la más enfrentada en ese plano con el gobierno, se sumó a la medida a último momento sin haberla propiciado en absoluto. Es decir que no estaba de acuerdo pese a su disenso con la política oficial.

En fin. Que aún en el enfoque meramente político el discurso es equivocado por donde se lo mire.

Y finalmente, los precios no dependen de decisiones sectoriales, sino de la oferta y la demanda, aún en los más acérrimos regímenes que se oponen a ello en el mundo entero. De manera que pretender que tales o cuales sectores garanticen precios, o los quieran hacer subir, o bajar porque las empresas ya ganan bastante, o lo que fuere, es un absurdo. Si un precio es más bajo que lo que el mercado pagaría, el bien se agota. Si es más caro, el bien baja de precio.

Obsérvese si no, dónde están los actuales problemas: los combustibles líquidos, la electricidad, el gas, los transportes de personas, los productos de la llamada canasta básica. Allí donde hay precios controlados o congelados, aparece el problema inexorablemente.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

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Economía y tributación

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