Blog de Héctor Trillo

El gobierno está estudiando incentivar la repatriación de capitales con el objeto obvio de promover inversiones. En realidad, de lo que se trata es de atraer especialmente los capitales negros mediante lo que comúnmente conocemos como blanqueo , seguramente pagando una tasa ínfima de impuesto respecto de lo que hubiera correspondido pagar de haber operado dentro de la legalidad. Aparentemente se busca también, al menos por lo que ha trascendido, que los capitales que retornen se vuelquen a obras de infraestructura , esto equivale a decir que se sometan a planes del gobierno respecto de qué obras deben hacerse, cuándo y dónde.

Esta cuestión del blanqueo , lo mismo que las reiteradas moratorias impositivas, tiene necesariamente que ser pasada por el tamiz de la ética, a la que parecen tan afectos en sus discursos de tablado nuestros actuales gobernantes cuando declaman y acusan a todo el mundo (literalmente) de todo. La realidad es que si pretendemos analizar éticamente el premio que significa para el evasor, y el castigo para el cumplidor, estamos ante una evidente paradoja, ya que así las cosas lo ético se vuelve exactamente lo contrario, y viceversa. Ello sin contar el hecho de que los propios actuales gobernantes aún no han rendido debida cuenta de los fondos girados al exterior por la provincia de Santa Cruz provenientes de las regalías petroleras abonadas en los años 90.

Pero, si acercamos un tanto la lupa, podremos ver que muchas veces la evasión está originada en el propio sistema tributario en el que estamos inmersos desde hace muchos años. La casi infinita cantidad de gabelas; los innúmeros sistemas de información, retención, percepción; las llamadas tasas progresivas siguiendo el conocido sofisma de que quien más tiene más paga para violar la obvia ley de la proporcionalidad; y el castigo que constituye poder resultar víctimas de inspecciones masivas en caso de no hacer lo que el gobierno quiere; son factores que evidentemente tienden a operar en un sentido ampliamente negativo. Una cosa es pagar impuestos como corresponde, y otra muy distinta es someterse a un sistema arbitrario, rapiñero y profundamente distorsivo, amén de castigador del éxito de manera casi resentida, para decirlo como corresponde.

En estos momentos, en los que han proliferado sistemas de retención y percepción basados en brumosas normas y fundamentados en incompletos y erróneos registros difundidos en páginas oficiales de Internet, son muchos los supuestos contribuyentes que pagan ingentes sumas de dinero sin motivo alguno. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ante reclamos claros y concretos por incluir indebidamente a supuestos contribuyentes, contesta estólida que luego de corregido el error podrá tramitar la repetición (devolución) del gravamen . El famoso solve et repete , es decir pague y pida la devolución. Una tarea sencilla si las hay y con el consiguiente perjuicio financiero y económico a cargo del afectado. Baste recordar, por ejemplo, que en materia tributaria la repetición de impuestos origina magros intereses desde el momento en que se presenta la demanda de repetición.

Hay que resaltar el hecho de que estos sistemas de retención-percepción se aplican cada vez más a impuestos de pago mensual, como por ejemplo Ingresos Brutos o el IVA en el nivel nacional, lo cual desde cualquier especialista constituye una insana política tributaria. Aunque la verdad es que entre nosotros lo insano hace rato que ha pasado a ser la cosa más natural del mundo en la materia.

A todo este panorama hay que agregar el llamado impuesto al cheque, que pese a que finiquita a fin de este año, ha sido incluido en el Presupuesto 2009, con lo cual queda claro que, o por el Congreso o por los otrora denostados D.N.U. (decretos de necesidad y urgencia) que aplicaba el sultanato será renovado como siempre. Así las cosas, no son pocos los que le huyen a la llamada bancarización .

Todas y cada una de estas aristas, y muchas otras, llevan a que la economía informal en la Argentina constituya fácilmente el 45% o más de la operatoria total. En buen romance, permanentemente se generan enormes sumas de dinero negro, que muchas veces se pasan a divisas y son giradas al Exterior cuando las papas queman.

Es decir que no solamente tenemos hoy por hoy cifras cercanas a los 150.000 millones de dólares de argentinos en el Exterior y en negro, sino que además, esa cifra se incrementa seguramente todos los días, a menos, claro está, que sus dueños se la gasten.

Ahora bien, un blanqueo de capitales es una ratificación de la inseguridad jurídica a menos que constituya el pie de apoyo de una nueva plataforma de enlace entre el trabajo productivo y la laboriosidad en todos los ámbitos, incluido el financiero, y la legalidad. Y en tal caso estaríamos ante una nueva paradoja: la constitución de un orden tributario justo, equitativo y eficiente, pero conformado sobre la base de cimientos falaces y mentirosos. Con lo que en realidad, más que perdonar lo que hay que hacer es cobrar los impuestos que correspondan y garantizar una verdadera y sana intangibilidad futura. Se encuentran vigentes planes de pago a largo plazo que tranquilamente podrían aplicarse para una regularización dentro de la ley.

Hay una gravosa carga de ilegalidad, de inmoralidad y de falta de ética inclusive en el discurso oficial. Desde funcionarios que se meten en todo, hasta la convicción de que existen mentirosos patoteros que elaboran índices de precios impresentables porque son falaces, torpes, y hasta insidiosos. Todo junto, adobado por patéticos casos de corrupción, como el ventilado de la valija llena de dólares en un avión oficial, o Skanska, o las acusaciones nunca del todo concretadas pero sí expresadas, del ex ministro Lavagna al ministro de Planeamiento que derivaron en su momento en un real y concreto caso de cartelización en los precios de materiales de construcción que se le venden especialmente al Estado. Y la salida del Dr. Lavagna del gobierno de Néstor Kirchner.

A todo esto se suma un accionar rayano en la ridiculez basado en el intervencionismo, los controles de precios, las prohibiciones de exportaciones, los actos de venganza y odio al campo, las eternas moralinas hacia los empresarios , las acusaciones de extorsión, de avaricia, de falta de patriotismo, y mil etcéteras.

En un cuadro de situación como el planteado resulta casi un chiste suponer que los capitales vendrán a la Argentina a ponerse a disposición de personajes funestos y resentidos que sin embargo tienen el poder de acusar, atacar, mandar inspecciones masivas, no otorgar permisos de exportación, exigir todo tipo de información privativa de las empresas, y nuevamente mil etcéteras.

¿Quién puede asegurar que en poco tiempo quienes hubieran adherido al blanqueo no resultarían escrachados (una verdadera especialidad del oficialismo) en listas difundidas en la web como paradigmas de la maldición antipatriótica? ¿No se sigue cantando en los actos la famosa marcha que invita, cual una guerra torpe y regresiva, a combatir al capital?

Evitar la informalidad implica establecer un sistema jurídico político que respete las instituciones, que termine con las arbitrariedades y las bravuconadas, que dé garantías a quienes crean riqueza y a toda la población en general de que sus derechos no serán violados impunemente todos los días. No importa tanto la política que se siga, no importa tanto si las tasas de impuestos son unas u otras, se trata simplemente de poner límites y de asegurar plenamente que serán respetados en todos los planos y por todos los habitantes de la república, en un orden legal y ante una Justicia verdaderamente independiente, y no como la actual que sobresee por falta de méritos a personajes sospechados y sospechosos de trampas verdaderamente impresentables. Y esto por sólo citar un ejemplo.

La tarea es muy ardua. Es muchísimo el camino que debe recorrerse para crear en la gente, y en el mundo entero, la sensación de que ahora sí en la Argentina se respetan los derechos de las personas; se respeta el derecho de propiedad, se respeta el derecho de elegir y de vivir como nos plazca en tanto no violemos la ley. ¿Cómo podrá garantizarse la estabilidad tributaria si ni siquiera si toma en cuenta que están presupuestándose ingresos provenientes de un impuesto cuya vigencia no está prevista para el año próximo?

Alguien recordaba en estos días la famosa ley de intangibilidad de los depósitos del año 2001, una verdadera obra del surrealismo de nuestros políticos y de la política en general, dado que constituía una genuina y absurda redundancia. Vino entonces a nuestra mente una pregunta basada en una atroz sensación de estar ante un tembladeral: ¿se respeta acaso hoy mismo la intangibilidad de los depósitos de las AFJP o de la Anses?

El blanqueo, si se produce, seguramente le servirá a unos pocos. No queremos ser mal pensados pero hasta es posible que le sirva a esos funcionarios hoy por hoy faltos de mérito . Tal vez cueste por otra parte distinguir acerca del origen de los capitales blanqueados, lo cual puede crear un serio problema ante la Unidad de Investigaciones Financieras y hasta ante la DEA. Es probable que ciertos narcotraficantes acudan presurosos a la ventanita abierta cual resurrección de Lázaro. Estamos en las antípodas de la ética, pero declamándola.

La ética y la moral no se declaman. Se practican. Y para levantar el dedo acusador es preciso tener bien limpia la mano. Cosa que efectivamente no ocurre entre nosotros. Desde hace ya unos cuantos años.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2008 &n bsp; HÉCTOR BLAS TRILLO

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DE ESCASECES Y ACAPARAMIENTOS

Observamos en estos últimos tiempos una marcada escasez de monedas, lo que provoca todo tipo de comentarios en los medios y en la población en general Es interesante, creemos, poner en claro algunas cosas respecto del funcionamiento de los mercados, porque no siempre las apreciaciones que se hacen parecen contar con una cierta dosis de lógica perfectamente visible a poco que analicemos la cuestión

Ante todo diremos que nos lleva a escribir sobre este asunto una información difundida precisamente en todos los medios según la cual una empresa de caudales resultó acaparadora de una cantidad muy importante de monedas. Se habla de varios millones de pesos.

Lo primero que habría que dilucidar es si es o no legal que una empresa se quede con las monedas, como nos enseñaron a nosotros siendo niños a guardarlas en una alcancía, salvando claro está todas las distancias. ¿Es legal o no que alguien resuelva ahorrar su dinero en monedas en lugar de hacerlo en billetes o en divisas? Una primera impresión indica que no habría razón de fondo para pretender que es ilegal guardarlo en la forma en que queramos. Excepto que por razones de interés general una ley dispusiera lo contrario. Aún así, el interés general habrá de comprender el interés particular y no al revés. Nadie tiene por qué sacrificar su propio interés para contentar al resto, porque ese solo hecho hace que el interés deje de ser general . Es decir que aún en el caso de que fuera ilegal acaparar o guardar monedas, queda por verse si es o no legítimo, tomando en cuenta los derechos y garantías de las personas.

En los tiempos del primer peronismo, una campaña publicitaria hacía referencia a la necesidad de combatir el agio y la especulación . El agio es el beneficio que se obtiene de descontar documentos o letras. Y es también la especulación sobre el alza o la baja de los fondos públicos. La especulación, aparte, es una operación comercial con el ánimo de obtener lucro. Finalmente, el agiotaje , dice el diccionario que es el uso abusivo de la especulación. La campaña en cuestión (más allá de los errores en la expresión utilizada) apuntaba a que los comerciantes, asustados por las tasas de inflación, guardaran sus mercaderías en lugar de venderlas, con el objeto de no perder su capital en metálico. Sin embargo, y pese a que muchos comerciantes fueron a dar con sus huesos en la cárcel de Villa Devoto, la cuestión crematística no dejó de ser fundamental. Es la economía, estúpido , podríamos decir.

La especulación, en su definición más pura, esto es: la realización de operaciones comerciales con el ánimo de obtener ganancias, forma parte de la vida misma y es inherente a la condición humana. Todos y cada uno de nosotros intenta procurarse los medios para vivir mejor materialmente (lograr el mejor sueldo, obtener la mayor ganancia, etc)

Ahora bien, ¿qué cosa es abusiva y qué cosa no lo es? Si pasamos al término agiotaje que no era mencionado en la propaganda oficial de la época excepto circunstancialmente, podríamos decir que tal situación se da cuando alguien se comporta de una manera extremadamente avariciosa, por decirlo de algún modo. Caemos entonces en la necesidad de definir qué cosa es abusiva, qué cosa es extrema y cuándo se da efectivamente la avaricia. Son juicios de valor y cada uno podrá definirlos a su modo. Ahora bien, ¿hay leyes que definan estos conceptos y lo hagan taxativamente aplicando a su vez sanciones a quienes los practiquen? Que sepamos, no. Y también aquí nos animamos a decir que si las hubiera, no serían legítimas. Porque las mismas razones que señalamos más arriba respecto de las monedas.

Y volviendo en consecuencia a la cuestión de las monedas, podemos decir que los bancos tienen normas regulatorias de parte de su entidad madre, el Banco Central, que los obliga a distribuir determinada cantidad de monedas entre sus clientes. Hace algunos años, se habían instalado también máquinas que leían los billetes y entregaban monedas a cambio de manera automática. Estas máquinas por alguna razón que desconocemos no han proliferado y más bien han tendido a desaparecer o lo hicieron definitivamente.

¿Por qué faltan monedas?, es la pregunta que oímos a diario. Y las causas que se esgrimen suelen ser variadas. Desde que vale más el metal que las compone que su valor fiduciario, que se utilizan en los medios de transporte, etc. Y la más importante de todas: que ciertas empresas las acaparan para venderlas luego.

Entendemos que estas causas u otras pueden razonarse desde una lógica más o menos mercantilista, pero no por eso invalidante. Hay un momento en que comienza a ser negocio guardarse las monedas. Y ese momento no es cualquier momento. Tiene que haber, sin duda alguna, un cuadro de escasez previo que lleve al punto en que vale la pena guardarse las monedas que son imprescindibles para viajar en colectivo, por ejemplo.

Cualquiera de nosotros tenderá a guardarse las monedas porque sabe que va a necesitarlas para viajar y que no las tendrá si se las gasta. Y las empresas de transporte es muy probable que intenten venderlas, no lo sabemos. Pero donde hay demanda hay precio. Así es la cosa.

Por lo tanto, si hay un cuadro de escasez previo, lo que corresponde es buscar las causas de ese cuadro, para resolverlo y terminar con el problema. El resto es atacar las consecuencias pero el problema no se resolverá de ese modo.

Veamos: los precios han subido como consecuencia de la inflación, por lo que la cantidad de monedas requeridas en las transacciones es cada vez mayor. Si se utilizan más monedas una posible solución sería emitir series de mayor valor de manera masiva. Por ejemplo de dos pesos, y aún de 5 pesos. La medida de eliminar los monederos de los colectivos por un sistema de tarjetas magnéticas es positiva, pero sólo resolverá el problema muy parcialmente, ya que la pérdida de valor como decimos es un incentivo al incremento del uso. Lo mismo ocurre con los billetes. Por ejemplo el de $ 100.- ha quedado hace rato chico y deberían imprimirse billetes de $ 500 o incluso de $ 1.000.-

Vemos en las últimas emisiones que el metal ha sido cambiado por uno de menor calidad y eliminando las monedas plateadas de 5 centavos, que pasaron nuevamente a ser doradas. Esto significa que si el valor del metal de tales monedas es superior al fiduciario, al menos en este punto las autoridades han acertado, ello suponiendo que tal valor del metal hubiera sido efectivamente una de las causas de la escasez, porque en realidad las autoridades no lo han explicado en ningún momento, que sepamos.

Ahora bien, volviendo al agio, la especulación o la escasez, resulta obvio de toda obviedad que la población intente guardar aquello que le garantiza conservar mejor sus ahorros o facilitarle la vida cotidiana. Cuando una persona decide comprar dólares, por ejemplo, lo hace con ese objetivo. Lo mismo si compra oro o cuadros o casas o lo que fuera. Cada uno según sus posibilidades.

Es sabido que por ejemplo los países petroleros regulan la producción según varíe el precio internacional del crudo. Y que los países productores de cereales y oleaginosas, guardan en silos sus productos esperando el momento oportuno para la venta. Todo esto no es considerado ilegal. Al contrario.

Por una cuestión casual, esta mañana vino a nuestra mente el tiempo en que era habitual que ante los anuncios de aumentos en los combustibles a partir de las 24 hs, las estaciones de servicio cruzaran las mangueras y dejaran de expenderlos. El gobierno de turno se desgañitaba acusando a los estacioneros de ser especuladores e instaba a la población a denunciarlos. Sin embargo, y simultáneamente, cuando se anunciaba un aumento en el precio de la ficha del Subte, la venta de los cospeles ser limitaba a 2 por persona con el argumento de que de lo contrario la gente acaparaba las fichas antes de que aumentaran. Claro, Subterráneos de Buenos Aires era del Estado en esos momentos, y los estacioneros no.

Acá puede verse muy claramente la doble moral: llenar los tanques de combustible ante el evidente aumento es legal y los estacioneros deben venderlo a pesar de que se perjudiquen porque al reponerlo al nuevo precio cuanto más tengan que reponer más pierden. Llenarse los bolsillos de cospeles de Subte es, en cambio, incorrecto, porque otra gente puede quedarse sin fichas. También habría gente que se quedaría sin combustibles ante el incremento de la demanda que siempre produce la seguridad de que el precio de venta será elevado un rato más tarde.

Mientras en un caso se critica al empresario (Estación de Servicio) por no vender, en el otro se DISPONE desde el propio Estado no hacerlo (Subte). Si la excusa era que las fichas no alcanzarían, la lógica indica que deberían haber hecho muchas más, sobre todo si se tiene en cuenta que en esos años las subas de precios eran harto frecuentes. Pero no. El Estado acaparaba fichas al tiempo que acusaba al empresario privado de hacer lo propio con sus productos.

La escasez de bienes demandados hace subir su precio hasta tanto la demanda sea satisfecha. La satisfacción de la demanda depende de que se incremente la oferta, de que suba el precio o de que aparezcan bienes sustitutos. No hay misterio en esto.

El misterio por lo general lo crean los intervencionistas cuando pretenden que al realidad no sea lo que es.

La falta de monedas origina, sin duda, un mercado. Este puede ser declarado ilegal. Pero la falta de monedas es una situación previa, sin ninguna duda. Baste decir que durante varios años no ha habido escasez de las mismas, aún incluso después de haber incorporado los sistemas de monederos para pagar el boleto en el transporte urbano.

El mercado no es en sí mismo simpático. Como no lo lo es el granizo cuando rompe los autos o destruye un sembradío. Simplemente existe y funciona como tal. La irrupción de proverbiales salvadores intentando buscar culpables no resuelve los problemas.

Cuando determinados productos son vendidos a bajo precio porque el gobierno así lo dispone, tales productos tienden a agotarse, a escasear. Eso genera de por sí un mercado negro, como ocurre actualmente con los combustibles. Los valores hasta ahora ridículos de los productos energéticos han llevado a un exceso de consumo y a una falta de inversiones. También ha llevado a quienes necesitan de los combustibles a guardar todos los litros que puedan. Y ha llevado a terceros a acaparar combustibles siempre que les sea posible para vendérselos a quienes imperiosamente los precisan para levantar una cosecha, por ejemplo.

La economía es la ciencia de la escasez, y quienes pretenden imponer su aparente criterio ético ante la necesidad de unos y de otros, deben tener en cuenta que la escasez genera desesperación, corridas y acelera todos los tiempos. Si el gobierno está dispuesto a resolver los problemas de escasez, (de moneda, de combustibles o de lo que fuera), debe tomar medidas en esa dirección. Si bien pudiera ocurrir que hubiera quienes acaparen monedas para venderlas y hacer su negocito, insistimos, esto no es más que una consecuencia. Y no al revés.

Mientras finalizamos este comentario, oímos en la radio una vez más que se intenta suprimir los monederos de los colectivos y reemplazarlos por tarjetas magnéticas. ¿Por qué durante varios años no hubo problemas de monedas pese a que ya existían los monederos? ¿Por qué se suprimieron las máquinas expendedoras de monedas ingresando billetes? ¿Por qué antes de existir los monederos tan mentados también solía haber problemas con las monedas?

Si los comentaristas de hoy intentaran responder a estas preguntas tal vez encontraran los problemas que nosotros estamos mencionando: la pérdida de valor de la moneda que exige mayor cantidad de unidades para adquirir un boleto o lo que fuere, el progresivo desinterés por las unidades de menor valor que sin embargo no son reemplazadas por monedas de mayor valor, una política de fabricación y distribución intensiva que imposibilite las carencias terminando con cualquier atisbo de negocio , etc.

Mientras tanto, nadie se desprenderá de lo que necesita. Mal que les pese a muchos.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2008 HÉCTOR BLAS TRILLO

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MAYOR PRESIÓN TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La presentación del proyecto de presupuesto para el año 2009 en la Ciudad de Buenos Aires se enmarca en la cada vez mayor necesidad de los estados provinciales de retocar alícuotas y eliminar exenciones impositivas con el objeto de cubrir el bache que les viene produciendo la inflación por un lado y la falta de un régimen de coparticipación integral y renovado según las pautas establecidas en la reforma constitucional de 1994, por el otro. A ello hay que agregar, en este caso particular, las razones políticas subyacentes ante la realidad de que un partido de oposición, con un candidato presidenciable , está a cargo nada menos de que del distrito federal lo que sin duda acarrea consecuencias políticas.

Así las cosas, siendo que las fuentes de recursos propios pasan esencialmente por las tasas de impuestos sobre los ingresos brutos y secundariamente el anticuado impuesto de sellos, es en estos gravámenes donde recae la fuerza de la necesidad fiscal, que contradice claramente, tal como siempre ocurre, las declamadas promesas electorales. Tal vez haya retoques en el impuesto automotor pero difícilmente vuelva a modificarse el ABL )luego del incremento sufrido en este año), excepto por el cambio de valuación de las propiedades, que siempre puede ofrecer novedades.

El proyecto de presupuesto tiene algunas previsiones básicas: un aumento de la recaudación de $ 959 millones ($ 664 millones que provendrán de los incrementos en ingresos brutos y $ 295 millones de sellos).

MARCO GENERAL

Antes de ir a los cambios en sí, digamos que el proyecto prevé una tasa de inflación del 12% para todo el año 2009, tasa que juzgamos muy modesta. También estima el crecimiento de la economía en el orden del 3% anual, a la luz de la desaceleración que ha venido produciéndose y que es presume continuará, debido, entre otras cosas, al negativo marco internacional como consecuencia de la crisis financiera existente.

LOS CAMBIOS EN INGRESOS BRUTOS

Se prevé que la industria local, es decir aquella que tiene sus establecimientos y comercializa en el ámbito de la ciudad, pase a tributar el 1% sobre sus ingresos brutos (actualmente se encuentra exenta). De por sí la industria está gravada a una tasa del 3% cuando las manufacturas no son elaboradas en el ámbito capitalino. También se prevé incrementar del 1,5% al 3% la tasa el impuesto, es decir nada menos que el 100% de suba, en la construcción.

En el caso de los supermercados la tasa vigente del 2% será elevada al 3% y en lo que respecta a los hipermercados, donde la tasa ya se encuentra en el 3%, pasará al 3,5%.

Por el lado de los servicios financieros, que actualmente se encuentran alcanzados por una tasa del 4%, la suba será de un punto, pasando entonces al 5%.

Es importante resaltar que este es un impuesto denominado en cascada , es decir que no permite la compensación entre lo pagado al proveedor y lo que finalmente se carga al consumidor, como ocurre con el IVA. Es por esta razón fundamentalmente que las tasas no son demasiado elevadas, como ocurre efectivamente en el caso del IVA, pero el efecto sobre los precios es contundente porque la acumulación en la cadena de comercialización suma costos siempre.

En realidad, ya algunas provincias han producido cambios o están por hacerlo en la misma dirección en que lo hace ahora la Ciudad. A esto hay que sumarle un intricado sistema de retenciones y percepciones a cargo de proveedores y bancos, lo cual implica una carga financiera por el adelanto del tributo, que en muchos casos termina siendo pagado en exceso originando recursos y trámites nada sencillos para intentar el recupero de lo pagado de más.

SELLOS

El impuesto de sellos había sido eliminado prácticamente luego del llamado Pacto Fiscal de los años 90. Solamente ha seguido vigente para ciertas operaciones, como la compraventa de inmuebles, excepto que se trate de la casa habitación, operatoria exenta del gravamen. En los demás casos, la compraventa se encuentra gravada al 3% del valor de la escritura. Aquí se prevé un incremento del 50%, llevando la tasa al 4,5%. Obviamente que el efecto de este incremento recaerá entonces sobre aquellas operaciones vinculadas con inmuebles destinados a comercios, oficinas o incluso inversión.

Con todo, el verdadero cambio en este tributo es el retorno al antiguo sistema de gravar todos los contratos, en principio a una tasa general del 0,8%. Esto significa que, como ocurría antes de la reforma del Pacto Fiscal, todas las operaciones comerciales en las que se celebre un contrato a título oneroso estarán alcanzas por el impuesto y la tasa será aplicable sobre el monto total del contrato. Es decir que en el caso en que se establezcan cuotas mensuales o de otro tipo, deberán sumarse para determinar el valor total previsto y sobre eso se aplicará la tasa.

La experiencia nos muestra que una vez retomada la senda de la aplicación de este gravamen, rápidamente surgirán tasas diferenciales como ha ocurrido sobradamente en el pasado. De manera que no es de extrañar que aún en el transcurso del año próximo, se produzcan cambios en el 0,8% general previsto. Y que sean hacia arriba en ciertos casos, por supuesto.

CONCLUSIONES

Los gravámenes a los consumos causan inmediatos incrementos de precios. Si éstos a su vez son corroborados por la emisión monetaria tal como ha venido sucediendo en estos años, se produce un incremento de la tasa de inflación provocando el deterioro de los ingresos de la población en general. Además, una enorme masa de recursos resulta monopolizada por la Nación en tanto dado que las llamadas retenciones a las exportaciones o el impuesto al cheque, que en conjunto representan una cifra del orden de los 14.000 millones de dólares, no son coparticipables.

La presión tributaria no se reduce a las alícuotas aplicadas, como suele asumirse. Los métodos retentivos y perceptivos de los gravámenes constituyen una carga administrativa para los agentes de recaudación (proveedores y bancos en general) y un costo financiero para los contribuyentes que anticipan así, pagos. La carga administrativa incluye también regímenes de información de diversas características, todo lo cual implica mayores costos, y a la larga o a la corta, mayores precios.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 4 de octubre de 2008

Consultor en Temas Tributarios

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Mientras el gobierno tardíamente intenta integrarse al mundo mediante el un acuerdo con los holdouts y el pago al Club de París, las tensiones crecen en el ámbito local.

El evidente intento del gobierno de incorporar al mundo financiero a la economía argentina contrasta con las afirmaciones de la presidenta en EEUU. Allí, nuestra primera mandataria utilizó argumentaciones descalificantes y en absoluto basadas en conocimientos ya no digamos técnicos, sino cuando menos empíricos de la realidad financiera internacional. No entraremos en los detalles que damos por conocidos por parte de nuestros amables lectores, aunque nos baste decir al menos que un país como el nuestro, muy justamente calificado de atípico por tener la cantidad de recursos que tiene y por haber ocupado una de las primeras posiciones a comienzos del siglo 20, se presente como consejero económico ante nada menos que la economía más poderosa del planeta, que proviene de un país cuya independencia se celebró menos de 40 años antes que la nuestra. El desequilibrio y la incertidumbre financiera dio lugar a que la señora presidenta se refiera despectivamente al casino sin tomar en cuenta que justamente su intento de insertarse en el mundo es, ni más ni menos, que su intento de insertarse en tal casino . En realidad, consideramos que se trata de un muy serio prejuicio ideológico que puesto sobre el tapete produce un poco de vergüencita, por provenir de nuestra primera mandataria y por su reiteración. Que un político de un país como el nuestro pretenda dar consejos a los empresarios, financistas y economistas de las naciones más avanzadas del planeta resulta bastante inapropiado, por decirlo de un modo suave.

Es que mientras parece ser que la política exterior argentina se centra en dar consejos al mundo financiero y económico, en nuestro ámbito interno crecen las tensiones sin solución de continuidad.

El progresivo aumento del gasto público, la tasa de inflación y el patético surrealismo de negarla, el valor del dólar sostenido mediante emisión espuria de moneda; son todos síntomas flagrantes de una situación que se tensa cada día más.

Las pujas por las subas de salarios al tiempo que se pretende relativamente frenar el tipo de cambio por el riesgo inflacionario convierten a las fuerzas productivas y laborales en verdaderos cumulonimbos en los que fuerzas contrapuestas se revientan unas contra otras. Salarios que suben en dólares quitan competitividad mientras el intento de impedir la suba del tipo de cambio (cuando el dólar se revaloriza lentamente en el mundo) nos retrotrae a los tiempos de la tablita de Martínez de Hoz o de la llamada convertibilidad de Cavallo. Las quejas de las viudas de la UIA (como muy justamente llamó algún periodista a los hoy por hoy reticentes empresarios aglomerados en esa entidad lobista) muestran a las claras que la Luna de Miel ha terminado. Al menos en parte. No hay que olvidar que el tipo de cambio sigue siendo prácticamente un 50% más alto para los exportadores industriales que para los agrícolas, mientras los insumos importados les cuestan a todos lo mismo.

A esto se suma la maraña de subsidios para disimular a su vez la tasa de inflación socializando las mayores tarifas de los combutibles o del transporte, por citar algunos ejemplos. En lugar de sincerar la tasa de inflación (más allá de la desvergonzada defensa de la mentira del Indec), se la disimula con subsidios porque éstos no se reflejan en los índices de precios.

Es obvio que el sector más eficiente de nuestra economía es el agropecuario. Esa es la razón, junto con los mejores precios internacionales, que permite aplicar los exhorbitantes impuestos a las exportaciones (denominados eufemísticamente retenciones ) de los productos del sector, que constituyen el origen del superávit primario. Para ello se requiere una conjunción de tales precios internacionales y un tipo de cambio alto forzado por emisión de moneda. Pero este esquema resiente la producción de bienes exportables apenas se producen algunos desequilibrios de precios o se encarece el costo interno. Ya desde el vamos, podríamos decir, se quita rentabilidad al sector más eficiente para premiar al que no lo es tanto. Y ni qué hablar el incomprensible conflicto desatado con las llamadas retenciones móviles o las prohibiciones y restricciones a las exportaciones (pedidos de permiso , arbitrariedades de funcionarios,etc)

En otras oportunidades hemos señalado, además, que el tipo de cambio alto deteriora la tecnología porque encarece la importación de bienes de capital de última generación. Con lo cual tenemos una conjunción curiosa de desincentivos a la producción de bienes de alto rendimiento y eficiencia, un incentivo a la producción de bienes de menor calidad o baja tecnología, y una propensión a subir los salarios y retrasar el tipo de cambio para evitar disparar aún más la tasa inflacionaria.+

La sensación que tenemos es que la administración del matrimonio Kirchner ha tomado cierta nota de dónde están los verdaderos problemas e intenta, pese a su contradictorio discurso, ocupar cierto espacio de la llamada ortodoxia económica. Desde los ajustes de tarifas pasando por las negociaciones con los holdouts o el arreglo con el Club de París son una clara muestra de ello.

Es interesante, para ir terminando, citar un pasaje textual de la señora presidenta dicho en EEUU: No creemos en esa fantasía que nos contaron, desde el Consenso de Washington, que el Estado había desaparecido, que el mercado todo lo asignaba y que el mercado todo lo resolvía. Por esa conficción terminamos en 2001 y por esa convicción ustedes están con este problema hoy: por creer que no hay que intervenir, que no hay que regular, que no hay que controlar.

Este párrafo en particular nos resulta particularmente interesante para marcar, a vuelapluma, algunas perlas. (a)Nunca los EEUU dejaron de intervenir en los mercados, entre tantísimas otras cosas subsidiando al agro, como la Argentina se ha cansado de cuestionar en todos los foros, incluída la ronda de Doha. (b) En la Argentina de 2001 teníamos, por ejemplo: tipo de cambio controlado fijado por el Estado; sistema proteccionista integrado en el Mercosur; sistema de aportes compulsivos jubilatorios; colegiación profesional obligatoria, sobretasas aduaneras, sistema de educación pública con programas oficiales, fijación o supresión de impuestos por decisión del Poder Ejecutivo, esquema salarial basado en mínimos obligatorios , indemnizaciones obligatorias en lugar de seguros de desempleo, CGT y sindicatos con personería gremial otorgada por el Poder Ejecutivo, sistemas de transportes públicos digitados por el Estado, etc. etc.

En otras palabras: el Estado no ha dejado de existir en el mundo, ni ahora ni antes. El Estado argentino, por ejemplo, vendió algunas empresas y dio la mayoría de ellas en concesión a particulares, lo cual significa que ni siquiera se desprendió de esos activos. Ese discurso según el cual el Estado desapareció puede ser vendido en una tarima en González Catán, pero no en el centro mismo del capitalismo. El Estado hasta 2001 se había desprendido para mal o para bien de las principales causas que llevaron a la hiperinflación hacia 1989: empresas públicas con tarifas políticas, ineficienca, déficit galopante, falta de inversiones (que llevó a la carencia casi absoluta de servicios públicos), emisión espuria de moneda, etc. Pero de ninguna manera el Estado dejó de tener preponderancia en los aspectos que mencionamos y en muchísimos otros.

En definitiva, y más allá del error conceptual en que incurre la señora presidenta, el punto en cuestión es si lo que pretende dar como ejemplo es el retorno a la Argentina de los años estatistas, donde no operaba la libre asignación del mercado y donde en apenas unas pocas décadas se destruyó todo lo que se había contruido en la primera mitad del siglo 20. Porque en esos años de enorme intervencionismo y estatismo, en EEUU se avanzaba a pasos agigantados siguiendo los modelos del Consenso de Washington.

En realidad, una economía funciona no cuando un grupo de funcionarios se sientan a discurrir qué hacer cómo y cuándo con los recursos de todos, sino cuando los recursos de todos se asignan basados en los intereses de cada uno, que no son contrapuestos sino complementarios, en un marco legal y dentro de un sistema jurídico que garantice los derechos de las partes, tal como señala la Constitución Nacional. Eso es lo que no se hace en la Argentina, y eso es lo que causa los problemas históricos que tenemos. La anomia y el abuso de poder son la verdadera razón por la cual la Argentina se ha atrasado en el mundo.

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2008

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EL CAMINO DE LOS PRINCIPIOS

La crisis financiera que soporta el mundo ha provocado todo tipo de consideraciones y dio lugar a innúmeras opiniones sobre las bondades o maldades del llamado capitalismo. Pero algunos principios no deben abandonarse, y algunas verdades de a puño deben ser tenidas en cuenta siempre.<--!break-->

En el tramo final de la remake de la película Perfume de Mujer, el personaje de Al Pacino (el ciego coronel Slade) se presenta como defensor del Charlie Simms (Chris O Donell), el alumno del colegio Bird que sin proponérselo fue testigo de una travesura estudiantil. En el alegato magistral que formula, el Coronel Slade hace saber al comité de disciplina del colegio y a todos los alumnos y profesores asistentes que Charlie ha llegado a la encrucijada de su vida y que ha optado por tomar el camino correcto (que no es otro que el de callar quiénes fueron los autores del incidente), el camino de los principios, que dan temple y forjan el carácter. El Coronel recuerda que esa actitud de mantenerse fiel a sus principios pese a que el director de la escuela ( alguien aquí, no diré quién dice) había querido literalmente chantajearlo diciéndole que si no colaboraba no sería recomendado para continuar su carrera en Harvard, cosa que no podría lograr de otro modo dada su condición humilde. Y en una frase memorable Slade afirma que eso se llama integridad.

Efectivamente, el joven Charlie Simms mantenía sus principios y sacrificaba su futuro, pero prefería callar y no delatar a los culpables. Dice algo más el Coronel Slade, dice que él no sabe si Charlie hace bien en callar o no, lo cual parece contradictorio pero no lo es, porque el miedo no es zonzo y el futuro del chico está en manos del director de la escuela.

Todo este introito viene a cuento respecto de lo que está ocurriendo en las finanzas mundiales y que ha dado lugar a amplias controversias respecto del rol asumido por la Reserva Federal norteamericana en cuanto a salir a salvar a determinadas entidades para evitar males supuestamente mayores. A ello se suman también los intervencionismos europeos y japoneses, y de otras entidades centrales de países como China o la India.

Los entes financieros rectores del mundo globalizado han llegado también a la encrucijada de su vida. ¿Han optado por el camino de los principios, que es el más duro y el que forja el carácter?, ¿O más bien han preferido el camino fácil y laxo de salir a salvar entidades con dineros públicos haciéndose cargo de las pérdidas e intentando evitar la debacle?. Y finalmente, ¿lograrán evitar tal debacle?

No vamos a repetir aquí lo que todo el mundo sabe de las entidades, desde Merril Lynch hasta AIG, desde Lehman Brothers a Morgan Stanley, pasando por el HBOS de Gran Bretaña o el Lloyds TSB. O Fannie Mae, o Freddie Mac. No queremos agobiar con cifras a nuestros sufridos lectores, tampoco.

La realidad es que la impresionante inyección de fondos de parte de los bancos centrales para hacerse cargo de los malos créditos otorgados por firmas de primer nivel mundial por miles y miles de millones de dólares (se habla de un intervencionismo total de un billón de dólares sólo de parte de los EEUU) puede servir para postergar la situación límite, para suavizarla un poco en el tiempo, para evitar debacles políticas perentorias, pero no para corregir la esencia de lo que fue mal hecho. Viene a nuestra mente lo ocurrido en la década del 70, primero con forzada salida del patrón oro y luego con la galopante emisión de dólares para contrarrestar la escalada en el precio del petróleo en lugar de encarar seriamente la búsqueda de sustitutos generadores de energía.

También hay que decir que no se trata acá de si el capitalismo está en crisis o no, como suelen sostener curiosos detractores que defienden sistemas que, pese a su filiación comunista, tienen en sus carteras millonadas de títulos del Tesoro Norteamericano como reservas (caso China), o satanizadores del mundo occidental que si embargo depositan sus ahorros por millones en bancos suizos o norteamericanos y veranean en sofisticadas playas del mundo capitalista.

La curiosa mención irónica de la presidenta Cristina Kirchner respecto de que aquel Primer Mundo pretende darnos lecciones para luego derrumbarse estrepitosamente mientras nosotros estamos al parecer incólumes gracias al modelo de Kirchner, De Vido, Moreno, Ferrer y compañía, resulta absolutamente grotesca si al mismo tiempo observamos que a las apuradas unos días antes la misma señora presidenta salió a ofrecer el pago al contado de la vieja deuda con el llamado Club de París para precisamente insertarse en el mundo financiero y no quedar prendados como hasta ahora de nuestros amigos venezolanos a tasas exhorbitantes en dólares. El llamado riesgo país es precisamente una consecuencia de ello, entre otras cosas, ya que se trata de un cálculo basado en la sobretasa que paga la Argentina para financiarse.

La economía denominada real , es decir la no financiera, sufre el cimbronazo en los precios de las commodities , o de las propiedades, o de productos de diversa índole que ven disminuídas sus demandas por el encarecimiento del crédito, que retrae el consumo.

Los recursos para salvar empresas de la índole que fueren, provienen del Tesoro, de la emisión o del endeudamiento. Es decir que la comunidad en su conjunto, solidariamente, saldrá a pagar los malos negocios de los otros. O sea que en buen romance todos seremos un poco más pobres.

Salvando las distancias es lo mismo que ha ocurrido en la Argentina cuando la crisis de 2001. El Estado salió a corregir los dislates devuando la moneda, aplicando corralitos y corralones, pesificaciones asimétricas y demás yerbas que llevaron a la tumba a varios. Así se licuaron los pasivos del Estado, y se eliminaron las llamadas cuasi monedas, ayudados por los altos precios de las commodities entre otras cosas, pero generando un fenómeno de fuga de capitales, alta inflación y daños colaterales provocados por la desaparición de la confianza que ocasionaron la violación de todos los contratos y el default. La evidente falta de inversiones en estas playas, aún comparándonos con países Latinoamericanos no hace mucho postergadísimos, es la pegajosa muestra de lo que estamos diciendo.

Que los Estados salgan a cubrir las pérdidas de las empresas no es un concepto principista, evidentemente. Si no se participa en las ganancias (excepto por el cobro de impuestos) tampoco aparece como lógico que haya que hacerse cargo de los quebrantos. Pero esto, que es para nosotros una obviedad, parece ser ignorado en estas pampas, aunque no lo ignora en absoluto el pueblo norteamericano.

El miedo político a la proverbial hecatombe es un dato de la realidad. Y bancarse ciertas consecuencias no es fácil, no es el camino más sencillo, naturalmente.

Si todas las inversiones hechas en estos años en el mundo, y que supuestamente fueron generadas por los llamados apalancamientos siguen estando, su pérdida de valor no equivale a la destrucción, de manera que el concepto remanido del tsunami tampoco se ajusta a la realidad. Porque un fenómeno natural de esa envergadura todo lo destruye.

Ahora bien, los bancos centrales nacidos durante el siglo 20 tuvieron como función primordial el sostenimiento del valor de las monedas, lo cual implica salir a cubrir con fondos las corridas que pudieran producirse. Para ello es necesario tener fondos de reserva (por eso lo de Reserva Federal ). Pero, y centrándonos en el caso de los EEUU, la Reserva Federal se nutre de fondos provenientes de impuestos y también del endeudamiento (los Bonos del Tesoro) que masivamente se genera cuando la gente, movida por la desconfianza, prefiere vender acciones y deshacer posiciones para comprar los bonos del Estado norteamericano. De tal modo que los fondos para cubrir los malos créditos salen precisamente del endeudamiento, esencialmente. Dicho de otro modo, me endeudo para ayudar a quien hizo un mal negocio. Como fin altruista parece muy bueno, como negocio es pésimo.

Si pensamos que EEUU tiene hoy por hoy un déficit fiscal del orden de los 600.000 millones y ahora sale a bancarse un billón de dólares para salvar la ropa, es fácil colegir qué tan pronto volverá el eco de semejante operación. Tal vez la cuestión no llegue tan lejos si es que el simple anuncio detiene el pánico, pero no podemos obviamente asegurarlo.

Todo el mundo dice que si esto no se hace la situación será más critica todavía y podría generarse un cuadro tan grave como el del año 30. Creemos sinceramente que este punto está por verse.

Pese a que la crisis de las hipotecas tiene casi un año, en el último trimestre la economía real norteamericana creción más de un 3%. Los procesos de ajuste constituyen pérdidas básicamente para los tenedores de bonos de riesgo o los accionistas de las instituciones adquiridas o ayudadas por el Banco Central.

Las industrias no han dejado de funcionar en el mundo. Nadie a salido a destruir nada. Y si bien ha habido en el país del Norte un incremento de la desocupación, no parece dejar de ser un cuadro cíclico que hasta el momento no tiene la importancia que algunos pretenden atribuirle. Aunque naturalmente no es divertido que alguien se quede sin trabajo, todo depende de los mecanismos de reaseguro que pudieran aplicarse.

Los apalancamientos , es decir lo que acá llamábamos la bicicleta , forman parte del sistema financiero y no son evitables porque se suprima el capitalismo, porque las finanzas son universales y los países más cerrados se encuentran inmersos en la necesidad de contar con papel moneda reconocida como medio de pago. Esta es la realidad. A menos que retornemos a la economía de trueque, las finanzas seguirán gobernando el orbe, con gustos y disgustos.

Porque el punto según el cual este tipo de crisis significa el fin del capitalismo es también una curiosa simbiosis ideológico-mística. El capitalismo existe como tal en todos los países, cualesquiera fueran los regímenes que los rigen. Mientras exista una moneda de papel, existirán finanzas y bancos, se llamen de una u otra forma.

Tal vez resulte crudo decir las cosas como son: nadie que pueda especular para obtener una mejor ganancia dejará de hacerlo, tanto en el mundo capitalista como en el mundo comunista o socialista. Nadie venderá sus bienes en un momento inoportuno, a menos que se equivoque, nadie rifará su esfuerzo porque determinadas autoridades le pidan solidaridad (a criterio de otros, no de sí mismo). Es conocida la fama de China en cuanto a su dura idiosincracia negociadora. Es también conocido cómo actúan países de menor cuantía, como Cuba, en materia de turismo o del pago de sus deudas con Argentina, por ejempo. El capital no deja de ser capital porque esté en manos de Estados.

Afrontar la realidad de que al mundo lo mueven intereses y no sentimientos, siguiendo la máxima de Churchill, parece ser lo más acertado, pero también lo menos digerible para el espectro ideológico de tendencia intervencionista-estatista.

Aún en la peor de las situaciones recesivas la economía mundial no llegará a los niveles de desastre de los años 30, la solidez de la infraestructura, la división internacional del trabajo (hoy llamada globalización ) y la rapidez de las comunicaciones, sumado todo al prodigioso adelanto tecnológico, pueden significar que existan momentos difíciles, pero de ninguna manera tan críticos como los de otrora.

Y la socialización de las pérdidas puede constituir también una forma de atender las dificultades, por supuesto.

Pero no deja de ser una cuestión moral hacer cargo a los otros de los errores propios. Y tanto en una situación como en la otra, si quienes pierden no son los directamente involucrados por haber tomado decisiones equivocadas, entonces estamos en presencia de víctimas inocentes.

Volvemos entonces al mundo de los principios: quien deba hacerse cargo de sus errores, que se haga cargo. Y quien por la razón que fuere no participó de esas decisiones, que no se vea involucrado en ellas. Pero si indirectamente todos sufrimos por lo que ocurre, que al menos no sea porque nos obligan a hacernos parte de la paga.

¿Es que acaso cuando los gobiernos, (de EEUU o de Europa o de donde sea), deciden intervenir y socializar las pérdidas no están haciendo cargo en el mundo entero a gentes de clases menos adineradas o incluso indigentes de los males?. ¿Por qué, si esto es así, sin embargo ciertos sectores calificados a sí mismos como de progresistas se alegran de ello si deberían sentir piedad por las víctimas?. Porque cuando el Estado sale a cubrir las pérdidas de los poderosos recurre a los dineros de toda la población, perjudicando de tal modo a los menos favorecidos, ¿o no?.

¿Y cuál sería entonces, la forma en el que el mundo evitaría que ocurran ciertas situaciones como la planteada? ¿Volver al trueque?, ¿otorgar a los funcionarios la panacea de las soluciones que según tantos no tiene el mercado?

En la encrucijada de su vida, el mundo desarrollado ha optado a nuestro juicio por el camino más fácil y laxo, que obviamente no es el de los principios. Las consecuencias de ello llegarán más temprano que tarde, quieras que no.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 20 de setiembre de 2008

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En declaraciones radiales el Dr. Aldo Ferrer ha dado su visión sobre determinados puntos de la actividad económica que entendemos merecen ser clarificados debidamente.

En declaraciones a Radio América de Buenos Aires, el Dr. Aldo Ferrer (ex ministro de economía del país a comienzos de los años 70 y actual allegado al gobierno de la Dra. Cristina Kirchner) que consideramos cuando menos discutibles. Por eso es que nos proponemos dar nuestro punto de vista contradiciendo abiertamente el enfoque del citado profesional.

En primer lugar, consultado sobre la situación planteada en el INDEC, de todos conocida, afirmó que se trata de una cuestión administrativa y que el problema real no es el INDEC sino la inflación. Cuesta entender este razonamiento, aún en el caso del Dr. Ferrer, porque es evidente que el problema que genera la consuetudinaria y persistente deformación de las estadísticas de precios ocasiona perjuicios a, por ejemplo, los tenedores de bonos ajustados por CER, con lo cual se defaultea de manera recurrente deuda pública y se incrementa el riesgo país. Es decir el cálculo matemático de la tasa de interés por encima de la referencia internacional que es la tasa del tesoro norteamericano.

En segundo lugar, afirmó que los precios están subiendo más de lo conveniente . Es decir que según podemos colegir hay un incremento de precios que sí resulta razonable. Digamos aquel famoso un poquito de inflación del que hablaba el Dr. Alfonsín. Cabe recordar que la inflación es una estafa a los tenedores de billetes de curso legal, cuya desvalorización constituye una quita a su tenencia de dinero, provocada por la política monetaria del Banco Central. Avalar ese poquito de inflación , que de eso se trata, significa afectar antes que a nadie a los sectores de ingresos fijos, y entre ellos a quienes ganan menos en primer lugar.

El tercer aspecto que abordó fue el del tipo de cambio. Para el Dr. Ferrer el valor de la divisa norteamericana está muy bajo, siendo necesario practicar una nueva devaluación de entre el 20 y el 30% a fin de mantener un dólar desarrollista . Es decir, a fin de mantener una competitividad falaz a través de un artilugio monetario, siendo que precisamente es por tal motivo que se ha desatado la inflación existente. Así, este profesional insiste en la viejísima receta de corregir las ineficiencias del sistema mediante una baja de los ingresos en dólares de la población, en lugar de recurrir a correcciones en la administración nacional, provincial y municipal con el objeto de hacerlas eficientes y posibilitar una baja de la carga tributaria y administrativa a cargo de empresas y particulares, cada día más agobiados para poder cumplir con la maraña burocrática de obligaciones de todo tipo provenientes especialmente de los organismos encargados de la recaudación tributaria.

Otra notable referencia que hizo el Dr. Ferrer, está vinculada al crecimiento alcanzado en estos años. En este aspecto afirmó que tal crecimiento se logró con recursos propios , olvidando que la infraestructura existente a comienzos de 2002 y que había quedado en su mayoría ociosa producto de la crisis, se gestó entre otras cosas gracias al endeudamiento externo que recrudeció en los años 90 y que finalmente fue defaulteado . En efecto: entre el monto de la quita de la deuda externa del año 2005, y los llamados holdouts (los acreedores que no aceptaron la quita) estamos en una cifra cercana a los 100.000 millones de dólares que no fueron pagados pero que se utilizaron para solventar operaciones de inversión o de gasto dentro del país. Es decir que al menos semejante cifra que contribuyó al desarrollo de infraestructura y mejoramiento en general de los servicios, nunca se pagó, lo cual constituye una apropiación, y no un recurso propio.

Corresponde recordar aquí la afirmación del Sr. Ignacio de Mendiguren al periodista José Eliaschev por radio Nacional en el año 2001, cuando afirmara que nunca antes la industria nacional había estado tan tecnificada, tan modernizada. De Mendiguren se lamentaba en ese reportaje con Eliaschev de que el tipo de cambio fuera bajo, al tiempo que ponderaba la mejora tecnológica alcanzada. Una curiosa simbiosis de amor y odio, por decirlo así, al modelo del Dr. Cavallo.

Actualmente el Estado nacional está recurriendo a fondos del Anses con el objeto de fortalecer las finanzas, lo cual fue considerado positivo por el Dr. Ferrer en tanto y en cuanto el destino de los fondos fuera la atención de obra pública o la ayuda a empresas para que mejoren su producción . Pero resulta que los dineros que superavitariamente maneja la Anses, son los que una y otra vez son retaceados a los jubilados, hasta el punto de estar discutiendo un ajuste para el mes de marzo próximos, lo cual resulta una verdadera enormidad, si se tiene en cuenta el achatamiento del pirámide de ingresos de la clase pasiva a partir de los sucesivos ajustes de los mínimos mientras los montos superiores a $ 1.000 se mantenían constantes a lo largo de 14 años. Ello aparte de la tasa de inflación en la que nos encontramos inmersos, que vuelve hasta impiadosas las demoras en ajustar tales valores.

A todo esto, la verdadera rapiña que implican los sistemas de retención y percepción de impuestos elaborados por los organismos encargados de la recaudación, y que afectan a prácticamente toda la comunidad, también terminan siendo considerados recursos propios pese a que todos sabemos de la infinidad de casos en los que nos aparecen débitos en cuentas bancarias o retenciones y percepciones de todo tipo en las cobranzas por ventas de todo tipo de productos con porcentajes determinados desde páginas de Internet y según los criterios de los funcionarios, entre tantísimas otras variantes recaudatorias absolutamente ilegítimas.

El profesional no dejó de hacer sus conocidas referencias políticas atacando a la derecha que supuestamente está agazapada para copar el escenario político y a los errores de apreciación de conocidos economistas que no observaron que antes era necesario un enorme endeudamiento y ahora esto no es preciso debido a que contamos con recursos genuinos. Ni una palabra de los 100.000 millones de dólares del proverbial pelito al campo . Ni una palabra tampoco del creciente endeudamiento publico al que se recurre mediante emisión de Lebacs y Nobacs, o los Boden colocados en Venezuela a tasas ridículamente altas.

La verdad es que más allá de quiénes tengan razón o no, va siendo hora de que en la Argentina los profesionales se sienten a debatir académicamente y con cifras, y no con discursos de ocasión donde verdaderas calamidades como lo que ocurre con el INDEC sean tratadas con semejante grado de liviandad. Y también dejando de lado esta vieja obsesión por intentar descalificar a los otros en lugar de dedicarse a ponderar con cifras, con datos y con genuinos argumentos, la realidad positiva que quienes así se expresan parecen ver con una claridad meridiana.

Bien, para terminar diremos que el Dr. Ferrer también manifestó su impresión de que el dólar podría dispararse hacia abajo lo cual a su juicio debe ser evitado a toda costa. Y como sabemos la forma de evitarlo es emitir moneda para comprar excedentes, es decir, de seguir creando inflación.

La conclusión es que estamos fenómeno, que estaremos mejor si devaluamos, y que la inflación la pararemos con controles de precios y dibujos en el INDEC. Si esto es así, y no parece ser otra cosa, el criterio académico ha sido definitivamente abandonado por ciertos profesionales allegados al poder actual, como el caso que comentamos.

Buenos Aires, 11 de setiembre de 2008

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Las decisiones tomadas en materia de pago al contado de la deuda con el llamado Club de París, lo mismo que la estatización de las compañías Aerolíneas Argentinas-Austral constituyen decisiones políticas por varias razones que analizamos someramente en este trabajo.

Tanto un caso como el otro venían dando vueltas desde hace tiempo. Muchas veces nos hemos referido a la necesidad de negociar con el Club de París como una manera de intentar insertarse en el consenso internacional de naciones. También dijimos que era necesario (y así pensamos que ocurriría también muchas veces) arreglar las cuentas con los holdouts, por cuanto nos pareció siempre que una cosa sin la otra constituía una especie de renguera que no solucionaba el problema de fondo.

La presidenta resolvió, de momento, tomar el toro por las astas y cancelar la deuda con el Club de París utilizando para ello parte de las reservas del Banco Central. Es decir, algo similar a lo que hizo Néstor Kirchner con la deuda con el FMI en su momento.

La medida resultó inconsulta y sorpresiva. Tal como parece ser están acostumbrados los Kirchner, las decisiones se discuten en la alcoba, en el Calafate o donde fuere entre cuatro o cinco allegados (lo que Balbín llamaba el microclima ) y colorín colorado. Ni los ministros, ni el presidente del Central, ni los conocidos economistas oficialistas, tuvieron voz o voto. Acá las cosas se deciden al mejor estilo de Carlos V, tan sólo por citar un rey de características omnipresentes y omnisapientes.

A partir del anuncio, las voces más variadas se hicieron escuchar. Muchas a favor, otras en contra. La realidad es que se tomó una decisión política: cancelar la deuda de un saque para que no haya intervención del FMI auditando y fijando condiciones. Y se hizo con reservas y no con fondos del Tesoro porque seguramente éstos, de existir, tendrán otros destinos. Muchos agregaron que tal vez así se abría la puerta a la financiación del tren bala . No sería extraño. Nada es extraño en la Argentina kirchnerista. O todo lo es.

Pero lo cierto es que, lo mismo que ocurriera con la cancelación de la deuda con el FMI, la sensación que deja este tipo de decisiones en los mercados es la de que el gobierno argentino pretende evitar que se lo audite. Teniendo en cuenta entra tantísimas otras cosas el falseamiento consuetudinario de las estadísticas que llevan a cabo las autoridades del INDEC de la mano del Secretario de Comercio, tal razonamiento tiene más vigencia que nunca. En consecuencia por un lado el país hace una pésima operación financiera pagando al contado lo que podría pagar en cuotas a una tasa de interés del 4 o el 5% (contra el 15,4% que se le pagó a Venezuela), y por otro lado se produce un efecto inverso al deseado.

Ello aparte de la utilización de las reservas, que deja desguarnecido el flanco del tipo de cambio de modo que si se produjera una corrida de proporciones, el billete verde superaría largamente los $ 4.- por unidad.

El otro aspecto que mencionamos al comienzo es el de la estatización de Aerolíneas-Austral (en adelante diremos Aerolíneas). Por un lado se han hecho declaraciones de todo tipo en favor de tal estatización, incluso denuncias públicas de vaciamiento que lógicamente deberán ser probadas y hasta el momento no han indicios de que ello vaya a ocurrir. Por otro lado, del proyecto original enviado al Congreso en el que se hablaba de una posible nueva privatización nada queda. Ahora Aerolíneas será del Estado y está prohibido directamente volver a privatizarla. La pregunta obvia que surge es ¿por qué?. ¿Por qué razón alguien se fuerza por impedir que un producto o servicio de características comerciales no pase jamás a manos privadas?. Quien prohíbe algo debería explicar claramente por qué lo hace. Pero no hay una explicación plausible. En absoluto. El argumento de las rutas no rentables y todo lo demás no es suficiente para explicar el por qué de la prohibición, de ninguna manera.

En el medio ha quedado el acta acuerdo firmada por el funcionario Jaime con la empresa Marsans que habla de una valuación de la empresa por el método de los fondos descontados, que es lo que correspondería hacer. Acta y método que seguramente la empresa española reclamará. Pero, una vez más nos preguntamos para qué.

Para poder determinar el valor de una empresa es necesario analizar el contexto en el cual funciona. Y el contexto acá lo determina el Estado argentino. Es el que autoriza rutas, tarifas, subsidios, frecuencias. Es el que dice si alguien está vaciando o no a la empresa. Es el que supuestamente asignará valor sin discusión posible a los activos. ¿Y cuáles son los activos?. Seguramente no los aviones que hace años que no vuelan y que están decididamente obsoletos. No. Los activos son las rutas, la marca, la facilidad de volar y fijar tarifas, el monopolio del cabotaje...O casi.

De manera que acá también tenemos una decisión política. Volver la empresa aerocomercial al Estado porque eso es lo que se desea hacer y se supone, tal vez, que es lo que la gente quiere. Y posiblemente sea así. Si tomamos en cuenta las experiencias de Aerolíneas en manos privadas observamos que no han sido buenas. Más bien fueron malas o pésimas. Pero también es cierto que el contexto general era pésimo a su vez. Tarifas congeladas, precios ascendentes de los combustibles, obligación de volar a destinos no rentables con aviones de gran porte, etc. ¿Todo eso seguirá siendo así una vez que se determine el precio y suponiendo que Marsans lo acepte y no recurra al CIADI?.

En los viejos tiempos Aerolíneas era un virtual monopoiio que fijaba tarifas y autorizaba o no a otras empresas a volar rutas de cabotaje con aviones de gran o mediano porte, pero con las tarifas fijadas por Aerolíneas. Y los llamados Charters estaban prohibidos. ¿Volveremos a eso?

La sensación que nos queda es que tanto en un caso como en el otro se ha obrado precipitadamente, intentando lograr un golpe de efecto, menospreciando el interés económico o financiero en aras de un interés político. Dijimos por qué pensamos eso. Ya estamos viendo las consecuencias del pago al Club de París, que no son para nada las esperadas por los optimistas. ¿Pronto veremos los mismos resultados con Aerolíneas, más allá de aque ahora misteriosamente los gremios afectados han decidido volar e intentan hacerlo a horario en todos los casos pese a la falta de aviones, al mal mantenimiento y a la mala paga?.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2008

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Pretendemos en este trabajo hacer una breve reseña de la situación norteamericana, tras la crisis de las hipotecas que parece no terminar nunca y ante las inminentes elecciones presidenciales de noviembre.

Cuando se habla de EEUU suelen despertarse todo tipo de apasionamientos, de los cuales prácticamente nadie en el mundo está libre, excepto, tal vez, los propios norteamericanos. Sabiendo como sabemos que así son las cosas, intentaremos este breve análisis de la situación económica del coloso del Norte.

Según los datos dados a conocer, en el segundo trimestre del corriente año la economía de ese país creció un 3,3%, ello pese a los problemas financieros de todos conocidos, y también a pesar de los temores (y las afirmaciones de encumbrados dirigentes) de una recesión poco menos que inevitable y profunda. Cabe tener presentes los presagios sobre una depresión similar o aún mayor a la de 1929.

No se trata de que no haya problemas y gravísimos. Los datos son por demás elocuentes. En materia de nuevas viviendas, por efecto de la crisis inmobiliaria, hubo una caída en la construcción de nuevas unidades de casi el 16%, esto es algo más de medio punto del PBI. También hay recesión en el sector automotor, es decir en la llamada industria de industrias , que aunque en un rango menor que el inmobiliario, no deja de ser un problema de gran magnitud.

La fortaleza de la economía norteamericana supera con contundencia draconiana las falencias, que no han sido pocas en estos años.

Las ventas crecieron un 4,8%, (a tal punto que el incremento de la demanda debió ser satisfecho con existencias previas), hasta en un punto y medio del PBI.

Podemos observar que por ejemplo el sector externo, es decir las exportaciones, han crecido en conjunto más de un 13%, mientras que las importaciones por su parte han caído. En conjunto el sector externo explica 3 puntos del PBI del efecto expansivo. Naturalmente que juega en ello la pérdida de valor del dólar, que produce un encarecimiento de las importaciones y una merma en el valor de las exportaciones, en parte cubierto por la suba de precios en dólares, justamente como consecuencia de la devaluación de la moneda entre otras cosas.

El consumo privado creció un 1,7% y el gasto público lo hizo un 3,9%.

Si comparamos la situación norteamericana con la Europa de la zona euro y el Japón, podemos observar algunos contrastes llamativos: El Reino Unido quedó estancado en su crecimiento en tanto que la Europa del euro en su conjunto cayó un 0,8%. mientras que el Imperio del Sol Naciente caía un 2,4%

En el último año EEUU creció un 2,2% contra el 1,% de la eurozona, el 1,4% de Gran Bretaña y el 1% de Japón.

Por supuesto que todavía está por verse cómo sigue la película. Porque el fantasma recesivo no ha desaparecido ni mucho menos. La cantidad de medidas tomadas por el gobierno norteamericano para apuntalar el sistema financiero y estimular el consumo también habrá de tener sus consecuencias. Si los países europeos se contraen, sus compras a EEUU caerán también, mientras que el paquete fiscal destinado a incrementar el consumo ya cumplió su ciclo, por así decirlo.

La FED por su parte parece dispuesta a incrementar las tasas de interés, que como se sabe han venido cayendo hasta alcanzar niveles ridículos por lo marcadamente negativos respecto de la inflación. Si esto ocurre contribuirá a la revalorización de la divisa, pero al mismo tiempo opera como un freno a la actividad externa en su sesgo más favorable, que es, sin dudas, la tendencia a disminuir el déficit de la balanza comercial. Pero, claro, las bajas tasas han colaborado con la devaluación y con la inflación, afectando al bolsillo de los norteamericanos hasta un punto en el que parece imprescindible dar marcha atrás.

La situación de la banca ha mostrado largamente las complicaciones a que se ha llegado por la vía de los malos negocios. Tampoco resulta tan fácil hoy por hoy acceder al crédito. Es decir que para nada está claro el panorama y esto lo recalcamos una vez más.

Pero no queremos dejar de hacer algunas consideraciones acerca del comienzo de la crisis. La llamada crisis de las hipotecas tuvo su origen en que la generación de créditos garantizados por títulos hipotecarios produjo un incremento en el valor de las propiedades dando lugar a que los deudores hipotecarios generaran una cadena de financiamiento hasta llegar a un punto en el que comenzaron a tener dificultades con el pago de sus deudas. Así las cosas, los títulos hipotecarios iniciaron el derrumbe, las propiedades comenzaron a perder valor y el fuerte cimbronazo descolocó a las entidades financieras tenedoras de los títulos, que debieron soportar grandes pérdidas.

Esto es lo que se dio en llamar también la gran burbuja, que fue vista en general como un elemento profundamente negativo y que ahora da lugar a las consecuencias en el sector afectado, corriéndose luego a otros sectores, como el automotor, según se ha dicho.

Es rigurosamente cierto que llevar adelante una burbuja puede provocar finalmente un estallido. Pero también es digno de observarse que mientras tal burbuja se generaba, creció de manera llamativa la demanda de bienes y servicios vinculados con el sector de la construcción. Materiales, mano de obra, artefactos electrodomésticos y demás mejoraron sus números de manera notable. Y lo hecho, hecho está.

Con esto queremos decir, ni más ni menos, que más allá del tendal que pudiera dejar la burbuja, también es cierto que ha dejado durante el tiempo que duró una grata secuela de producción y trabajo. Ahora hay que analizar qué pasa con los valores de las propiedades, cuya baja parece ser bastante más moderada que lo esperado, máxime teniendo en cuenta la pérdida de valor del dólar que venimos comentando.

Como no faltaron quienes denominaron lo ocurrido como una crisis del capitalismo corresponde aclarar que la operatoria del mercado siempre tiene topes y pisos que deben ser justipreciados. Cuando ocurre que se llega a la cima, nadie quiere deshacer posiciones hasta que, finalmente, alguno comienza a hacerlo, produciéndose la caída hasta llegar a la sima, justamente. Para posteriormente resurgir de ella.

La pujanza de la economía norteamericana tiene que ver con el sistema jurídico político en el que se desarrolla. La esencia del sistema está muy por encima de estrategias ocasionales, e incluso del intervencionismo, cuyo efecto es corto y limitado. Y por lo general acarrea efectos no deseados muchas veces en mayor medida que sus supuestas virtudes.

Entendemos que es por estas razones que, pese a todos los augurios, y pese a que aún no se han disipado ni mucho menos los nubarrones, EEUU sigue su curso ascendente incluso respecto de las principales economías del mundo, es decir el G7.

La elección presidencial que se avecina, habrá de marcar la impronta de cómo será el futuro cercano. Demócratas y republicanos, más allá de la campaña y de las chicanas políticas naturales y obvias, deberán intentar fortalecer el frente externo y la moneda. Deberán combatir rápidamente el pavoroso déficit fiscal que soportan entre otras cosas por el enorme gasto bélico.

Sin embargo, no es posible hoy por hoy descuidar la cuestión del terrorismo abandonando a la buena de Dios la tarea que han iniciado en conjunto para combatir, o al menos poner a raya, a los enemigos del sistema. Se han cometido a nuestro juicio muchos errores que tal vez podrían haberse evitado. Y decimos esto desde nuestra modestísima posición de Contadores Públicos que además estamos muy lejos. Pero el peor de los errores que puede cometerse es el de la inacción, el de la concesión. Porque tanto una cosa como la otra implica una derrota segura. Y esa derrota sí que puede hacer caer a niveles insospechados a la economía norteamericana. No hay que olvidarse que para ciertas culturas EEUU es directamente un ente demoníaco que debe ser destruido como sea, por lo cual cualquier intento de pacificar las aguas debe ser medido dentro del ámbito en que corresponde que se haga.

Si bien el tema es realmente álgido y meternos en él puede no ser lo más acertado, hemos oído comentarios lanzados con bastante ligereza sobre el rumbo a seguir. Insistimos en que no somos quiénes para dar lecciones a nadie. Pero si el pueblo norteamericano sufriera hoy un atentado de características similares al del año 2001, (o aún de muchísimo menor proporción) el daño económico sería enorme.

Entonces, y para concluir, es ahí donde vemos el peligro más serio para el futuro inmediato. Demócratas o republicanos deberían tener elaborada una estrategia seria y con verdaderas posibilidades de éxito. Ello, claro está, más allá de cualquier otra cuestión.

No avanzamos aquí sobre la política exterior norteamericana, ni la pasada ni la presente. No es nuestro tema.Pero debemos recordar que los atentados de 2001 llevaron varios años de gestación, mientras la política norteamericana miraba hacia otro lado. Entendemos que el pueblo elector aprendió la lección y se volcará hacia el candidato que mejor garantice el camino a seguir. No se trata de uno u otro. No hay que dejar de recordar que a comienzos de los años 60 la escalada en Vietnam tuvo la impronta de un gobierno demócrata, al que siguió uno republicano.

Como lo que ocurre en el país del Norte nos afecta a todos, y lo hace en nuestra vida económica y financiera también, es imprescindible analizar estos aspectos, que son, insistimos, los fundamentales. De ellos depende la fortaleza futura de la economía norteamericana, no de las hipotecas ni de los automóviles ni del tipo de cambio. Estas cuestiones podrán tener sus efectos en lo inmediato, en los próximos meses, ahora. Pero no hacia el futuro. El futuro está en la defensa del sistema jurídico y político al que nos referimos más arriba.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 31 de agosto de 2008

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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La presentación que hizo el secretario de comercio en el Senado da lugar a ciertas observaciones que entendemos básicas para entender el proceso inflacionario como lo que realmente es.

En estas líneas no diremos seguramente nada que ya no hayamos dicho en ocasiones anteriores. Pero es importante volver sobre este asunto luego de la disertación del secretario Guillermo Moreno en el Congreso. Intentaremos hacer un análisis lo más desapasionado posible con la finalidad de clarificar conceptos básicos del funcionamiento de la economía, y marcar, claro está, aquellos puntos que a nuestro entender resultan absolutamente erróneos, como pretendemos demostrar una vez más.

El funcionario mencionó que en estos momentos no están dadas las condiciones para que se desarrolle un proceso inflacionario. Ello en virtud de ciertos aspectos básicos (a) la ausencia de déficit fiscal y (b) la balanza comercial ampliamente favorable al país. Incursionó luego en otras cuestiones, tales como la necesidad de controlar los costos de las empresas para que, vía márgenenes de utilidad, hacer factible el manejo de los precios. Así y todo, resaltó la necesidad de controlar los costos de las empresas para, a partir de ello, definir márgenes de utilidad y poder saber si existen utilidades desmesuradas. En otras palabras, si bien no están dadas las condiciones para que exista la inflación, ésta podría existir a menos que la secretaría de comercio controle costos, márgenes de utilidad y precios. Suena realmente extraño, es como afirmar que como no debe llover tendremos que controlar que no llueva.

Dejando de lado el estilo de este curioso personaje, sus apreciaciones en primera persona ( me bajen las tasas de interés por ejemplo) y sus ataques a otros expositores, cosa que no es sencillo de hacer para nosotros, insistiremos en nuestro modo de ver las cosas.

La inflación es un fenómeno esencialmente monetario y se define como la suba generalizada de precios. Para que tal suba se produzca es necesario al menos uno de los siguientes factores: (1)que existan menos bienes y servicios disponibles, (2) que aumente la cantidad de circulante monetario, (3) que suba la cantidad de moneda circulante más que lo que sube la cantidad de bienes y serivicios disponibles o (4) una combinación de al menos dos de estos elementos.

El país ha venido recuperándose a tasas del 8 o del 9% anual con lo cual resulta obvio que se produjo un incremento importantísimo de la cantidad de bienes y servicios disponibles. En los últimos 6 años, por tomar el dato desde el comienzo de la crisis, el PBI ha crecido (descontando la variación del dólar) no menos del 50%. Pero la cantidad de moneda en circulación ha crecido mucho más. Y ha crecido mucho más porque el Estado ha estado comprando dólares a precios superiores a los que fija el mercado durante todos estos años mediante la emisión de moneda. Por tal razón, si a comienzos de 2002 el circulante rondaba los 20.000 millones de pesos, hoy supera los 100.000 millones. Tenemos pues la evidencia palpable numéricamente de que la cantidad de moneda ha crecido de tal modo de avalar los aumentos de precios generalizados que han venido y vienen produciéndose.

La liquidación de divisas por parte de los exportadores ha superado largamente a la demanda las mismas por parte de los importadores, y esa diferencia ha sido adquirida por el Banco Central básicamente mediante la emisión de moneda. La idea de mantener el tipo de cambio alto, o competitivo, conlleva pagar más de lo que vale por el dólar, para decirlo de manera simple. Y ello significa para este gobierno emitir más moneda. Una especie de despilfarro monetario, dicho esto sin ninguna mala intención. En verdad, el Estado podría adquirir los excedentes de dólares con recursos genuinos provenientes de los fondos del Tesoro Nacional, esto es, de la recaudación tributaria, pero no es eso lo que hace salvo en contadas excepciones.

En general el Banco Central ha venido retirando esos excedentes monetarios para no exacerbar la demanda agregada y afectar así los precios. Lo ha hecho, como ya es sabido, básicamente con la emisión de Letras o títulos. Las conocidas Lebacs y Nobacs. De tal modo, siempre se ha dicho que el BCRA seca la plaza y evita que se dispare la inflación debida a la emisión. Esta medida es considerada (y realmente así es) ortodoxa, y por lo tanto suponemos contraria a las ideas predominantes en el gobierno. Sin embargo, no se le ha hecho asco al asunto. Digamos que el gobierno se jacta de ser heterodoxo sin serlo verdaderamente.

Ahora bien, justamente la sobrevaluación del dólar, o la subvaluación del peso, es la primera razón por la cual pudieron aplicarse las retenciones a las exportaciones. Como se sabe, tales retenciones son en esencia el superávit fiscal, junto con el llamado impuesto al cheque. Es decir que si no se hubiera subvaluado el peso, y el dólar hubiese caído a menos de $ 2.- como tantas veces afirmaron no pocos funcionarios del gobierno kirchnerista, las retenciones no hubieran podido aplicarse, o al menos no hubieran podido aplicarse en la dimensión en que se han venido aplicando y por lo tanto el superávit, en caso de existir, hubiera sido casi insignificante.

Como ese superávit es utilizado para subsidiar empresas y sectores, y también para hacer obra pública, lo que en realidad ocurre es que el dinero emitido primariamente para mantener caro al dólar se vuelca a la demanda de bienes y servicios presionando sobre los precios. Otra cosa sería si el Estado comprara los excedentes de divisas con impuestos recaudados, pero no es el caso general, como decimos.

Este aspecto del funcionamiento monetario no ha sido citado siquiera por el funcionario Moreno. Es decir que ni siquiera lo ha considerado. Por eso supone (creemos) que no tiene que haber inflación.

Para Moreno, si se controlan los costos de las empresas y se manejan los márgenes de utilidad, se evita la inflación. Hay varias cosas para aclarar, sin embargo.

Los costos también son precios, eso en primer lugar y para clarificar semánticamente el panorama. Los precios de venta al público, o al mayorista o al fabricante, no tienen que ver con la decisión personal de cada uno de los factores intervinientes de fijar márgenes de ganancia excesivos . Cada uno intentará, por lógica, fijar el mayor margen posible. El punto es si el mercado lo resiste-. Un fabricante de pastillas obtendría una ganancia fabulosa si consiguiera vender cada paquete a un millón de pesos, pero es obvio que no puede venderlo a ese precio. De tal manera que la lógica de los costos y los márgenes de utilidad da por sentado, erróneamente, que el producto será adquirido de todos modos, y ello no es así.

El producto en cuestión será adquirido si el comprador tiene el poder adquisitivo para hacerlo, y si además le parece razonable su precio. Los bienes y servicios se consumen según las necesidades en tanto y en cuanto los precios estén acordes con ellas.

Entra acá a jugar el concepto de la llamada demanda inelástica para ciertos productos. Pero hay que observar que la inflación no es la suba de determinados productos, sino la suba de TODOS los productos. Esto para no entrar en detalles respecto de que ninguna demanda por inelástica que sea implica que la cantidad de oferentes se mantendrá incólume y no habrá quienes quieran vender sus productos a menor precio para poder ganar mercado.

Otro argumento curioso, y que si bien no tenemos presente que Moreno lo hubiera mencionado, suele estar siempre en estas maneras de razonar que podríamos llamar oficiales , es el de la llamada cadena de intermediación . Se acusa a que en el medio hay quienes se quedan con las ganancias . Ello probablemente sea así en algunos o muchos casos, pero eso no significa que exista inflación, sino que hay alguna forma de ineficiencia en tal cadena. Es decir, algunos o varios productos serán más caros de lo que serían si la cadena fuera más eficiente, pero eso no significa que esos productos, y todos los demás suban de precio como ocurre cuando hay inflación. Los factores de ineficiencia son encarecedores de ciertos precios, pero no inflacionarios.

Durante los años en los que en la Argentina no hubo inflación, o incluso hubo deflación, la cadena de distribución de ciertos productos era la misma o muy similar a la que es hoy. Era la misma gente además, con la misma idiosincracia. Y sin embargo no había inflación. Si somos eficientes podremos vender un producto a menor precio, y si no lo somos el precio será mayor. De ese producto o inclusive de TODOS los productos. Pero aún así eso no implica que los precios suban permanentemente. Es decir que no es la intermediación la causa de la suba corriente de todos los precios. Es causa de ineficiencia si es mala. Es causa de que tengamos un nivel de vida más bajo que en países más eficientes que el nuestro, pero no es inflacionaria.

Bien. Acerquemos ahora un tanto la lupa a los márgenes de utilidad. Digamos primero que para definir si tales márgenes son desmesurados hace falta un poco más que la aplicación de la pura lógica. ¿Es desmesurado lo que gana un jugador de fútbol que llena estadios y genera millones de dólares de recaudaciones y venta de productos asociados?. ¿Es desmesurado lo que gana una estrella del cine o de la televisión? ¿Es desmesurado lo que gana Bill Gates?. Fijar pautas de desmesura implica un juicio de valor acerca de qué cosa es la mesura . Si vamos a poner un tribunal que diga qué cosa es una ganancia mesurada y qué cosa es una ganancia excesiva estamos en problemas. Porque las actividades comerciales, empresariales, de inventiva o de lo que fuere son tantas y tan variadas y con resultados tan imprevisibles que implica un acto casi divino pretender trazar parámetros. ¿Cuánto puede valer el agua en el Sahara?.

Pero el punto es todavía otro: si determinamos un margen de ganancia razonable a juicio de Moreno o de quien fuere, pero los costos nos suben un 300%, ¿qué hacemos? ¿Subimos los precios un 300%? En otras palabras, controlar márgenes de utilidad no influye en los precios de los productos, sino en la relación entre precios de compra y de venta. Por lo tanto, como razonamiento para detener el alza de precios, o de cualquier precio en particular, es cuando menos incoherente.

Tenemos también que decir algo respecto del intervencionismo. Los costos de las empresas, su manejo financiero, sus formas de comercialización y de distribución; y, en definitva, su política comercial es privativa de ellas y no resulta ajustado a derecho que los funcionarios pretendan invadir el ámbito de decisión de particulares y empresas. A su vez, los funcionarios o el Estado no tienen derecho a fijar los precios porque así lo dispone la Constitución Nacional. Como ocurre en otros campos, la anomia parece haberse apoderado de todo en la Argentina del siglo XXI.

Controlar los costos es controlar los precios de los insumos, que quede bien claro. Controlar los márgenes es pretender que los productos lleguen al consumidor a un precio a partir de un costo disminuido artificialmente, de lo contrario entramos en el absurdo que señalábamos más arriba. La venta de productos a precios menores a los de mercado produce la escasez de los mismos, el desabastecimiento. O el mercado negro. O una combinación de ambas cosas. Como claramente ocurre hoy con los combustibles.

Mientras, el Estado sigue generando inflación y suponiendo que tiene superávit fiscal cuando en realidad prácticamente no existiría tal superávit si no recurriera al artilugio monetario del dólar alto.

Como puede verse, hemos dejado de lado en estas líneas la cuestión de la soja y los aspectos más candentes de estos días. Lo hicimos adrede, porque creemos que puede dar lugar a interpretaciones que no son las que esperamos generar.

Merece un párrafo también el remanido concepto de la especulación. Porque suele ser la otra condición de los malos de la película que parecen quererlo todo para ellos: Nadie vende sus productos en momentos en que no resulta oportuno hacerlo. No lo hacen los particulares, ni las empresas, ni los mismísimos Estados. Es una condición natural esperar el mejor momento para vender, que se corresponde con el mejor momento para comprar del demandante. Por lo tanto, las especulaciones tampoco son inflacionarias, porque no implican vender todo más caro cada día, sino que algunos productos se venderán más caros en un momento dado y otros deberán liquidarse por falta de ventas, como ocurre con los fines de temporada textil. Quedarse con existencias remanentes puede ser un pésimo negocio. Tanto por pasar de moda los productos como por la inmovilidad de capital que implica.

Digamos también que ni los precios internacionales del petróleo ni los precios internacionales de los alimentos son inflacionarios per se. Que suban los derivados del petróleo o que suba la comida es terrible y nos afecta a todos, claro está. A algunos puede que los afecte favorablemente si son productores. Pero tales subas implican cambios de precios relativos, no inflación.

Si en una familia ahora resulta más caro comer, probablemente sus integrantes no se vayan de vacaciones, o compren menos ropa, o no cambien tan seguido su auto (en caso de tenerlo y poder cambiarlo, lógicamente). Eso no es inflación. Los productos que pasan a consumirse menos o que son prescindibles verán mermada su demanda y tal vez bajen sus precios. Incluso ciertos productos como los derivados del petróleo están viendo mermar su demanda en el llamado Primer Mundo por su elevado precio. Mucha gente prefiere pasarse a la bicicleta y dejar de usar el auto. Ello provocará tal vez una suba en el precio de las bicicletas. Pero eso, insistimos, son cambios de precios relativos. Y no inflación.

Costos, precios e inflación, que no se conviertan en impostores por no conocer debidamente los mecanismos del mercado. Y la verdad es que, hay que decirlo, a estas alturas no sabemos si estas confusiones no son generadas adrede.

Realmente que un funcionario a cargo de la secretaría de comercio exponga de la forma en que lo hizo Moreno con semejantes yerros conceptuales es muy grave. Sobre todo en el ámbito del Senado.

Moreno prendió en cierto modo el ventilador contra ex funcionarios como Guadagni, que según dijo desmanteló la secretaría de comercio de tiempos de Alfonsín y así privó al país de excelentes controladores de costos. Lo curioso es que luego de eso vino el período de estabilidad más largo del último siglo, lo cual implica una marcadísima contradicción entre aquello que defiende Moreno, y la realidad más palpable.

Durante los años de la convertilibidad el país controló el tipo de cambio, pero no los precios ni los costos. Lo hizo de una manera particular, evitando emitir moneda excepto que ingresaran divisas. Ese mecanismo fue la base de la credibilidad y de la falta de inflación. La explosión posterior se debió al déficit y a la falta de productividad similar a la existente en el país de origen de la moneda fuerte, pero este sería otro análisis. Lo cierto es que no hubo que controlar costos, ni márgenes, ni precios. Bastó con reemplazar la moneda local por una moneda cuya emisión no dependía de factores aleatorios y poco serios. Nada más.

Nosotros nunca hemos compartido el criterio de fijar un precio, y menos el de la divisa. Hubiéramos preferido siempre contar con una moneda dura que no dependiera de artilugios tales como mantener alto el tipo de cambio emitiendo más y más. Simplemente lo dejamos claro una vez más. Dado que nos vimos obligados a referirnos a ese período. Si la productividad argentina fuera similar a la de EEUU, y si no hubieran existido los pavorosos déficit votados por todos los diputados y senadores de entonces (y de ahora), otro hubiera sido el cantar. Pero insistimos, ello excede el marco de este trabajo.

Arribamos así a la conclusión de que el ministro de economía en la práctica, ya que Carlos Fernández no se ha presentado a exponer siquiera en el Senado, pretende establecer motivaciones y resultados que sólo pueden ser positivos si son controlados por una secretaría de Estado. La cual al ocuparse de los costos, lo hará tanto de la fabricación de huevos de gallina, como de supositorios para la gripe de los bebés. Pasando por cuanto rubro se le ocurra a quien quiera tomarse el trabajo de imaginarse los millones de productos de una economía. En esto sí que sería interesante que pudiera privar la mesura.

Pero es evidente que hay una decisión política para que este funcionario (que según dicen llegó al Congreso acompañado por un grupo de guardaespaldas o algo así) esté donde está diciendo las cosas que dice.

Y no caben dudas, además de que la frutilla de la torta fue la defensa que hizo de la estadística inflacionaria oficial, luego de haberse intervenido el INDEC y haberse desplazado a sus técnicos como sabe todo el mundo.

La realidad, llegado cierto punto, supera verdaderamente a la ficción.

Buenos Aires, 11 de julio de 2008 DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

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La votación en el Congreso Nacional de la llamada Resolución 125 ha dado lugar a una serie de cuestionamientos basados en la legalidad e inclusive en la legitimidad.

La votación en la Cámara de Diputados implicó la ratificación de la Resolución 125 del Ministerio de Economía, por lo que en la práctica se aceptó que el Poder Ejecutivo tiene atribuciones para aplicar impuestos o incluso incrementarlos a su leal saber y entender. De hecho, el proyecto que en definitiva ratifica tal resolución, implica el impulso de una ley con aplicación retroactiva al 13 de marzo pasado, y que además sus disposiciones se encuentran vigentes pese a no haber ley en momentos de tal votación.

Estamos acostumbrados ya de sobra a las enormidades jurídicas, pero eso no significa que debamos dejar de decirlo sino más bien al contrario. No podemos esperar que quienes han apoyado este verdadero intríngulis legal, se apliquen a resorverlo. Quienes se encargaron de contribuir a la generación de un problema difícilmente puedan encargarse de resolverlo. Pero así están dadas las cosas.

Las alícuotas que están aplicándose en materia de las llamadas retenciones , son confiscatorias según la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, esto lo sabe todo el mundo. Pese a ello, se insiste en esa línea y mientras tanto la Corte Suprema no parece tomar cartas en el asunto ni aún ante la presentación que ha formulado la provincia de San Luis.

El proyecto aprobado en diputados menciona en su artículo segundo, las atribuciones para sancionar esta clase de tributosque le confiere al Poder Ejecutivo el Código Aduanero, a través de la ley 22.415, al Poder Ejecutivo, lo cual no hace más que poner de relieve la impresionante contradicción que implica intentar sancionar mediante una ley lo que por un lado se ratifica vigente, y por el otro se justifica en una ley también vigente.

El proyecto votado crea precios múltiples para el girasol y la soja, de acuerdo a diversos parámetros que se toman como referencia. Por un lado se mencionan los productores de menos de 300 toneladas de girasol o de soja, dice el artículo 6, a los que se le aplicará una alícuota del 30% mediante el régimen de compensaciones que luego comentaremos y que está en la médula de la norma.

Para quienes produzcan entre 301 y 750 toneladas de uno u otro producto se le compensará la diferencia pisitiva del valor resultante de la aplicación de la alícuota de las disposociones ratificadas y el que hubiere correspondido por la aplicación de la alícuota vigente antes del 11 de marzo pasado.

Para quienes produzcan hasta 1500 toneladas de uno u otro producto, se le aplicarán las compensaciones citadas hasta las 750 toneladas tal como se han descripto.

El régimen de compensaciones, como se sabe, significa que el Estado primero retiene según lo que dispone la resolución-ley y luego devuelve las diferencias para lo cual exige el cumplimiento de determinados requisitos, entre los cuales está el de contar con inscripción en la AFIP y no tener deudas con el ente fiscal, las que en tal caso serán descontadas.

La determinación de si existen deudas con la AFIP y el monto de las mismas puede originar largas controversias e interminables demoras, como también todo el mundo sabe, lo cual no deja de ser una cuestión de primordial importancia que citamos porque corresponde hacerlo, aunque en el desarrollo de este trabajo no sea el punto que queremos analizar.

Otro aspecto que también surge del proyecto-resolución aprobado es el de los reintegros de fletes, denominados compensaciones al transporte de granos producidos en las provincias extrapampeanas desde el lugar de su producción hasta su destino final dentro del territorio nacional. Siempre para el caso de la producción de soja o de girasol y siempre y cuando se declare una producción menor a 1.500 toneladas de uno u otro producto. A su vez, el reitegro solamente está referido al transporte de hasta 750 toneladas. Es decir, 750 toneladas para quienes en zona extrapampeana hubieran producido hasta 1500, de uno o del otro producto.

Como puede verse, la cuestión es bastante discriminatoria, no es para nada sencilla y no aclara en ningún momento qué ocurre si el productor en cuestión produce tales cifras de uno Y el otro producto, es decir si es la suma de ambos o no.

La ONCCA deberá hacerse cargo del manejo de este magma devolutivo. Se supone que hay, según cifras oficiales, hasta 72.000 productores de soja que están dentro del rango, y no se sabe a ciencia cierta cuántos habrá de girasol. Y menos de ambos productos.

El proyecto-resolución no dice de cuánto será el subsidio-devolución del flete.

En definitiva, el precio para los productos consignados dependerá de la cantidad producida y de la distancia al puerto, con variantes intermedias por lo menos hasta ahora no definidas.

Finalmente, todo el régimen finalizará el próximo 31 de octubre, según se consigna en el paradigmático (para los cabuleros) artículo 13.

Bien, del resultado final favorable al Estado que resulte de las diferencias entre las retenciones existentes al 11 de marzo y las nuevas retenciones móviles será destinado, según el proyecto, al Fondo de Distribución Social, destinado a la construcción de hospitales públicos y centros de salud en un 50%, viviendas populares (sic) urbanas o rurales en un 20% y fortalecimiento de la agricultura familiar en un 10%. El restante 20% estará dirigido a la construcción o mejoramiento de caminos rurales. Aclaramos que tal destino de los fondos diferenciales es aplicable no solamente para la cosecha 2007/2008, sino también para la cosecha 2008/2009, después veremos.

Tenemos hasta aqui una verdadera maquinaria burocrática de proporciones pantagruélicas, si se nos permite la comparación gastronómica. Probablemente bastante más de 100.000 solicitudes de devoluciones, compensaciones y rebajas serán presentadas ante la ONCCA para que esta entidad analice tonelajes, distancias al puerto, precios (que varían todos los días) y al mismo tiempo envíe los antecedentes a la AFIP para que ésta revise por los años no prescriptos, que son por lo menos 6, si el solicitante no posee deudas por impuestos, multas por presentaciones fuera de término, intereses por pagos no efectuados en término y demás para en todo caso enviar las correspondientes notificaciones (hemos comentado en un trabajo reciente que un cliente de nuestro Estudio recibió 7 intimaciones en un sólo día, una de las cuales lo era por 47 centavos) que el contribuyente-beneficario deberá por supuesto responder ofreciendo el descargo, las pruebas o la boleta de pago de los montos reclamados con más lo intereses resarcitorios correspondientes hasta la fecha de la efectivización. En el caso de no estar de acuerdo, por supuesto deberá estar a resultas de lo que decida el Fisco, que puede demorarse varios meses siempre y cuando no pase a mayores.

El proyecto-resolución-ley habla de 30 días para la devolución-compensación, pero esto en el caso de estar al día con el criterio de la AFIP. Y justamente por nuestra vasta experiencia es que recalcamos que se trata del criterio del ente recaudador, y no genuinamente de las deudas, que es un concepto bastante poco aplicable a los reclamos fiscales, esencialmente por la impresionante cantidad de leyes, resoluciones, dictámenes, notas externas, aclaraciones y (últimamente) interpretaciones formuladas a través de la página web del Fisco.

Consideramos que este verdadero intríngulis legal por el cual, aparte del maremágnum burocrático al que se somete a los productores, resulta cuando menos absolutamente contrario al basamento de la igualdad ante la ley. La osadía con la que se pretende separar a unos productores de otros según distancias y cantidades producidas es, de por sí, alarmante. A ello se suma la retroactividad con la que pretende aplicarse la ley, que incluso se aplica pese a no estar vigente, con lo cual no se comprende para qué se legislará.

La asignación de los recursos al Fondo de Redistribución mencionado ha surgido de las modificaciones a la resolución original debido al conflicto que ésta ha generado, lo cual indica que éste destino resulta impuesto claramente por las circunstancias y su cumplimiento sujeto a factores absolutamente aleatorios, como ser los precios de los productos en el mercado internacional, la cantidad cosechada de los mismos, las toneladas resultantes, y hasta la distancia a los puertos. Ello hasta el 31 de octubre, porque como el proyecto-resolución-ley nada dice qué ocurrirá para la campaña 2008/2009 no queda en absoluto claro si se aplicará algún sistema de compensaciones a partir de la fecha citada, o de devoluciones, o de reintegros, o de todo junto para qué tonelaje y por cuánto tiempo.

En verdad, estamos ante el mundo del intervencionismo, programado y ejecutado por intervencionistas, que alegremente intervienen en todo aquello sobre lo que discurren en un momento determinado, o en el siguente, o en el anterior, según surja de las acciones y reacciones de la gente, de los mercados, del costo de los fletes, de las distancias, de los precios unitarios, del clima, de los métodos de siembra llevados a cabo, de la subdivisión de las tierras, de lo que los interesados (o los intereses) le sugieran y miles y miles de etcéteras. El mundo económico y fiscal en manos de la soberbia de mentes dispuestas a pensar en todo y en todos, de una óptica propia, diferente en cada caso, en cada momento y en cada lugar. Mientras las víctimas, es decir el pueblo todo, contemplan azoradas cómo se dispone de sus bienes y de su trabajo, puestos así en manos de funcionarios a la sazón amigos del gobernante de turno, o de sus familiares. Mientras un verdadero magma humano de legisladores electos como resultado de listas sábana y designaciones a dedo (incluso del candidato presidencial), determina mediante presiones y aprietes varios, si vota a favor o en contra de miles y miles de cuestiones que en general desconoce de manera supina, pero que implica una afectación patrimonial evidente. Así es como después, en el final del camino, el desastre se hace presente, miles de millones de dólares se refugian en puertos más seguros, y los propiciadores del desquicio se quejan de los proverbiales "golpes de mercado", que no son otra cosa que la evidencia del "raje" del capital hacia otras playas. Por razones obvias, además.

Si esto no es un verdadero intríngulis legal, nos preguntamos qué cosa lo será. Y nos preguntamos también si es posible pensar en un país con seguridad jurídca y garantía de legalidad partiendo de semejantes antecedentes.

Buenos Aires, 9 de julio de 2008 DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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En estos años han venido ocurriendo muchas cosas en materia económica. En particular el intervencionismo y la prepotencia. Pero en particular se puso sobre la mesa un impensado impostor: la mentira.

Que mentes con formación universitaria supongan que pueden controlarlo y dirigirlo todo resulta inexplicable al menos en el dominio de la mente humana. Que además de ello reposen en la mentira obvia, evidente, palmaria, para tratar de imponer una realidad que no existe, es bastante más que inexplicable. Es ridículo. Es indecente.

Sin embargo, esto ha venido ocurriendo en la Argentina de estos últimos años.

Desde nuestra formación universitaria, como profesionales de las ciencias económicas, preferimos no incursionar en el terreno meramente político, aunque está claro que hay un vínculo directo entre la política dirigida a controlarlo todo y la economía, la llamada ciencia de la escasez.

La dirigencia política actual se ha visto obligada a adentrarse en un mecanismo perverso de controles y prepotencia, para luego caer en la mentira más flagrante, más evidente, más obvia. Más cuestionada por prácticamente todos, como es el caso de la adulteración de datos del Instituto de Estadísticas y Censos.

Pero, sin embargo, la absurda intervención al INDEC no es más que una consecuencia de un largo entramado de sinrazones.

Luego de la megadevaluación que significó una estafa descomunal para los tenedores de pesos convertibles y una inmensa licuación de pasivos y pérdida de valor de activos e ingresos para toda la población de la Argentina, siguió la imposición del default con una quita inaudita, histórica y pantagruélica a acreedores de todo el mundo. El gran deudor, el Estado argentino, dejó un tendal de proporciones únicas sin el menor atisbo de culpa. Al contrario. Se vio ampliamiente beneficiado no sólo por lo que dejó de pagar de su propia deuda, sino por lo que dejó de pagar en moneda dura en los contratos con empresas, particulares y empleados públicos en general.

Desde las usinas del poder político se tildó a los otrora prestamistas de delincuentes o de torpes al prestar dinero a tasas tan altas sabiendo el riesgo que corrían. El ex ministro Lavagna lo dijo tantas veces como se lo preguntaron, palabras más o menos: si alguien presta de esa manera, sabe que corre riesgos. También repitió estas lindezas en ex presidente Kirchner.

La Argentina aplicó entonces el proverbial pelito al campo que decíamos cuando niños en nuestros juegos cuando en nuestros juegos intentábamos apropiarnos indebidamente de algo.

El Dr. Lavagna estaba hablando, sin embargo, de su propia empresa, de su propio país. Él, en nombre de la Argentina, les decía a los acreedores: joróbense por habernos prestado dinero. Así de sencillo y patético.

Luego del canje de títulos impuesto, los acreedores no aceptaron en una proporción cercana al 25% las condiciones. El monto suponía en ese entonces unos 25.000 millones de dólares, que el Dr. Lavagna directamente hizo borrar de las cuentas públicas, como si no existiera. Como si hubiera dicho: el que no quiere lo que le doy, quiere decir que no quiere nada . En verdad, fue el Estado argentino, quien lo dijo, por supuesto. Y aún hoy sigue vigente este acto de indecencia.

Así las cosas, la Argentina quedó fuera del mundo financiero y debió recalar en la Venezuela de Hugo Chávez para colocar títulos a tasas leoninas en dólares, al tiempo que transformó la deuda con el FMI en deuda en Lebacs y Nobacs también a tasas leoninas que prácticamente triplican a las que se abonaban al Fondo. Y sin renunciar a la asociación con el citado ente, además. Porque el país sigue siendo socio del FMI.

Las famosas retenciones a las exportaciones, hoy en el centro del panorama político, económico y social del país, constituían para el ministro y también para el entonces presidente Kirchner un impuesto distorsivo , transitorio y que tendería a desaparecer en la medida en que se superara la emergencia.

El Dr. Lavagna, con estos antecedentes, fue candidato a presidente de la Nación luego de romper con el partido en el gobierno. Obtuvo un importante caudal de votos, lo cual demuestra que muchas de las cosas que hizo fueron dadas por buenas y merecedoras de semejante premio por una cantidad importante de gente. Finalmente volvió a pactar con el ex presidente y retornó al partido del gobierno. Sin embargo, en los medios pareció olvidarse que para un acuerdo hacen falta por lo menos dos. En este caso Lavagna y Kirchner.

Es cierto que muchas veces el hombre común no puede ni tiene por qué comprender los mecanismos profundos de una actitud o de decisiones que afectan la economía. Es más fácil ver aquello que está en la superficie luego de años de discursos lavadores de cerebros: la deuda externa era ilegítima, los vivos de siempre se robaron todo... Así, la algarabía en el Congreso cuando Adolfo Rodríguez Saa anunció la suspensión del pago de la deuda fue la demostración palpable de la inmoralidad en la que en definitiva incurría la república toda. El fundamento de esta anomalía fue siempre el mismo: se tomaron préstamos para robarse el dinero, por lo tanto no los pagaremos. Es ta curiosa forma de razonamiento implica que el prestamista debe conocer para qué y cómo será utilizado el dinero que presta, o embromarse. No es la Argentina la que toma el dinero, sino un grupo encaramado en el poder en un momento dado.

Pero la Argentina es un país soberano y el poder político existente en momentos del endeudamiento era absolutamente legítimo y constitucional desde 1983. Y muchos de los que formaban parte de ese poder político eran cómplices de haber aprobado año a año el endeudamiento. Prácticamente todos los de los vítores en el Congreso en aquella infausta jornada en la que Rodríguez Saa anunciaba el default, lo eran.

Si toda esa gente se sintió feliz de haber estafado al mundo, ¿por qué habría de sentirse culpable de borrar de un plumazo la deuda de los acreedores que no aceptaron la quita?

Los controles de precios para tratar de frenar la inflación provocada por la emisión de moneda que el Estado venía haciendo para comprar dólares más caros, eran disfrazados de acuerdos cuando todo el mundo sabía que no lo eran. Las retenciones a las exportaciones no solamente no disminuían sino que se incrementaban y siguen subiendo. Era y es obvio que el esquema no cierra si no se cuenta con superávit. Pero también es evidente, aunque no para todo el mundo, que ese superávit es producto de la emisión de moneda, porque es ella la que permite el dólar caro y es así que pueden aplicarse entonces retenciones a las exportaciones. En otras palabras, no se trata de un superávit logrado por una mejora en la eficiencia, sino por un artilugio monetario inflacionario.

Los dólares ingresados no se compran con el dinero del superávit, ya que éste se destina a subsidios, ayudas a las provincias y obra pública. Se emite más y más moneda, como decimos. Así crece la demanda agregada pero los bienes y servicios disponibles lo hacen a un ritmo mucho más lento en el mejor de los casos.

El freno a los precios mediante controles o subsidios no es más que una mentira respecto de la inflación real subyacente. Si los precios no son los que deberían ser porque la diferencia la pone el Estado no significa que no haya inflación, sino justamente que la diferencia la pone el Estado vía subsidios. Y si los precios no son los que deberían ser porque están controlados, entonces el subsidio lo pagan los productores de tales bienes.

Actualmente se nota una caída en la cotización del dólar y no faltan quienes afirman que ésta es producto de una decisión política para castigar a quienes salieron asustados a comprar dólares y también a los industriales que se favorecían con el tipo de cambio alto pero hicieron poco o nada para poner al sector agropecuario dentro de la horma oficial. Así como antes Lavagna subía o bajaba retenciones para castigar o premiar a los productores de bienes exportables según su comportamiento en materia de precios internos, así el Banco Central estaría ahora enfrascado en castigar o no mediante su política monetaria a quienes apoyaron o dudaron del gobierno. Más surrealismo no se puede pedir.

Tenemos entonces una historia reciente plagada de alquimias y mentiras. Una manera de conducir la economía basada en el fraude, en la estafa pública, en la penitencia . Y no en el sano criterio de hacer más eficiente la economía argentina, o la normalización de la deuda externa para poder insertar al país en el concierto de naciones. A ello se suma la permanente búsqueda de culpables y la diatriba más atroz, representada últimamente por lo que se ha dado en llamar fuerza de choque, esto es, grupos de fanáticos y extremistas soliviantados con fondos públicos para realizar tareas sucias tales como expulsar a trompadas a manifestantes pacíficos de la Plaza de Mayo.

Y para colmo, los mecanismos de premios y castigos hace ya rato que llegaron al mercado exportador. Prácticamente no se puede exportar un producto sin el visto bueno de la Secretaría de Comercio, con lo cual el sistema está regido no por la lógica de una legislación determinada, sino por la sumisión o no a las decisiones de la prepotencia oficial. Nadie está exento de que un cargamento de lo que sea duerma en el puerto el sueño de los justos porque un funcionario se ha enojado .

Y la frutilla de la torta está, claro, en la notable transferencia de ingresos al Estado con la excusa de que ciertas ganancias son extraordinarias , concepto que nadie en su sano juicio podrá definir jamás pero que además implica que no somos dueños de nuestros bienes cuando el Estado, por la razón que fuere, considera que son muchos . Esto y la abolición del derecho de propiedad son la misma cosa.

Pero, más allá de la evidente violación de normas, leyes, contratos, y de la propia Constitución Nacional, lo que no puede dejar de observarse es que nadie está en condiciones de asegurar sus inversiones en la Argentina.

Alguien ha dicho por ahí que nadie tocará las ganancias extraordinarias de las máquinas tragamonedas, seguramente con la clara intención de hacer referencia al llamado capitalismo de amigos . Es probable que sea así. Pero ni siquiera eso puede asegurarse.

Hemos visto caer en estos días a conspicuos allegados del gobierno, como el conocido empresario del aceite Urquía. Nadie puede estar seguro de nada cuando reina la arbitrariedad y el capricho.

Y finalmente diremos que estas opiniones que estamos volcando surgen de la íntima convicción de que resulta necesario tomar posición sobre lo que ha venido ocurriendo en el país en todos estos años, y no solamente ahora con el problema suscitado ante el incremento de las retenciones impuesto por el Poder Ejecutivo y finalmente llevado al Poder Legislativo.

Y justamente porque tal incremento tributario fue elevado al Parlamento es que resulta claro que el Poder Ejecutivo ha comprendido que es necesario legitimar su accionar. Es una clara confesión de parte que nos exime de otros comentarios.

Sabemos que hablar de indecencia resulta duro, pero enmarcamos el término desde el punto de vista de la urbanidad, del apego a la ley, del respeto del prójimo, del votante, del ciudadano y más aún del habitante de la Nación. La mentira es indecente, la prepotencia también. Dejamos para la Justicia llevar adelante las investigaciones sobre sonados casos ocurridos en todos estos años vinculados con cohechos y demás. Pero las cuestiones que hemos mencionado en este trabajo surgen claramente de declaraciones públicas de los funcionarios, surgen de la evidencia de lo ocurrido con la moneda, con los ahorros, con el valor de los bienes, con las acreencias y con las deudas de todos los habitantes de la Nación. Prácticamente no existe una encuesta profesional de precios que no indique que la inflación difundida por el INDEC es irreal. Ni siquiera los números de recaudación que el propio Estado difunde están en consonancia con el índice inflacionario oficial.

Es por todo esto que pensamos que más allá de la alquimia económica, se ha pasado a la indecencia, lo cual es infinitamente peor.

El deterioro del panorama en el tema de las retenciones ha llevado al gobierno a una curiosa disyuntiva en la cual tal vez únicamente perdiendo podría ganar. Pero aún así, eso sería apenas el comienzo del reconocimiento de un estado de cosas que ya no es sostenible. Hace falta consolidar el Estado de Derecho, no con pactos que se vayan en detalles intrascendentes, sino que definan las bases de la organización de la Nación como un todo, con definiciones, con parámetros de conducta pública general no moficicables y aprobados por todos los partidos políticos.

Esperemos que sea todavía posible.

Buenos Aires, 30 de junio de 2008 DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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Los acontecimientos políticos de dominio público han complicado sensiblemente una situación que tiene su origen real en un modelo denominado productivista que en realidad no es más que keynesiano en toda su dimensión.

Naturalmente que insistir en las razones que hemos argumentado desde hace varios años sobre por qué el modelo económico elegido es inflacionario resultaría reiterativo. Del mismo modo, las causas de la escasez, que devienen como es sabido de los controles de precios y de las distintas trabas producidas por un intervencionismo a ultranza que convierte en impredecible cualquier escenario.

Dicho en otras palabras: nadie está demasiado dispuesto a arriesgar capital cuando las condiciones del mercado dependen no solamente de éste sino de decisiones políticas como por ejemplo producir aumentos en los impuestos a las exportaciones de características confiscatorias o directamente cerrar exportaciones. Y éstos no son más que ejemplos.

El panorama es decididamente complicado. Más bien es malo. Dejemos de lado acá comentarios sobre acciones políticas del sector que provinieren. Digamos sí que los problemas de escasez de energía o de productos de la canasta básica se han incrementado en estos últimos tiempos, pero no han surgido

a raiz del problema del campo, como desde no pocos medios se difunde de manera recurrente.

La cuestión de las llamadas ganancias extraordinarias producidas por la escalada de los precios internacionales de los alimentos debe ser medida técnicamente, y no basarse en declamaciones, como ocurre.

Los gravámenes a las exportaciones que se aplican, no solamente devienen en confiscatorios por su magnitud, sino que se basan en ingresos brutos y no en utlidades. De modo tal que cualesquiera fueran éstas últimas, y cualquiera que fuera la calificación que quiera dárseles, en verdad no sabemos de qué montos estamos hablando.

No sabemos cuáles son esas utilidades, qué monto representan del ingreso bruto de los exportadores. Sí sabemos que el gobierno central ha reculado en los casos que él denomina como pequeños y medianos productores . Casos en los que directamente presume que las utilidades son menores, pero iguala en un determinado punto quiénes son los que obtendrían utilidades menores y presupone que en todos casos tales utilidades menores lo son en porcentajes idénticos. O en caso de ser diferentes no le interesa. Esto constituye de por sí una falacia técnica descomunal, ni observada, ni analizada, ni cuestionada por los principales referentes de la profesión dentro de las agrupaciones políticas, que sepamos.

Es decir que se toma como un dato que hay ganancias extraordinarias , se toma como un dato que en un punto de producción deja de haberlas, y se presume en ambos casos que los volúmenes porcentuales de tales ganancias son idénticos para todo el universo incluido. O, como decimos, la diferencia que pudiera existir no interesa.

Es por eso que en estas líneas no pretendemos incursionar en los aspectos políticos de la cuestión, sino señalar lo que a nuestro criterio constituye la norma básica de la gravabilidad de las ganancias: su determinación, contante y sonante.

Por su parte la provincia de San Luis ha planteado la inconstitucionalidad de las retenciones (impuestos) de exportación, en el sentido de que al ser aplicadas éstas se restan ganancias a las empresas, y de tal modo se resta volumen al impuesto a las ganancias que le corresponde a tales empresas, siendo éste último coparticipable. Es decir que lo que a nuestro criterio se plantea con un sentido técnicamente correcto es que, a partir de la reducción del ingreso bruto de los contribuyentes, se retrae la ganancia neta obtenida y el impuesto resultante, que debe ser coparticipado. De tal modo, de manera directa el porcentaje de retenciones deteriora los ingresos tributarios coparticipables y afecta ésto a la provincia.

Acá entran en juego otras cuestiones, como ser el hecho de que el gobierno central sostiene que la aplicación de retenciones está dentro del marco constitucional (artículo 4), y que además subsiste la llamada ley de emergencia económica.

El texto del artículo de la Constitución es el siguiente:

Art. 4º .- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.

En una rápida lectura parece surgir claramente que los derechos de importación y exportación aportan al tesoro nacional y proveen por lo tanto a los gastos de la Nación. Pero acá entran en juego unas cuántas cosas que deben provenir de las leyes que reglamentan su ejercicio .

Porque hay que definir qué cosa serán los gastos de la Nación, y qué cosa las inversiones, y qué cosa resultará razonable y finalmente, y ya en otro orden, cuándo estaremos cayendo en la confiscatoriedad. Ello amén de determinar por ley la coparticipación federal de los impuestos, cosa que debería haberse hecho en 1996 y aún no se ha hecho.

Es una realidad que si este esquema no reconoce límites el daño que puede hacerse a los estados provinciales puede ser muy grande si la Nación abusa del derecho de recurrencia a los derechos de exportación. En realidad, el daño puede hacerse también a la Nación toda, porque el exceso de imposición provoca el desaliento de la inversión, como es sabido.

Consideramos que sería muy útil que la Corte Suprema se expidiera en este aspecto con la mayor rapidez posible. Porque más allá de lo que ocurriere es obvio que el enfrentamiento ha llegado a extremos en los que cuesta imaginar una forma de retorno.

Los planteos que se hacen desde el gobierno, y que se reiteran una y otra vez, son de que éste tiene el derecho de regular los mercados y de recaudar impuestos en defensa del interés común, para decirlo de una manera llana. Ello más allá de los argumentos políticos y de verdaderas chicanas tales como el planteo de que ciertos sectores no quieren las retenciones como origen de la disputa cuando claramente el motivo de ésta no son las retenciones sino el último incremento producido durante la gestión de Martín Lousteu en el Ministerio de Economía. Si bien también es cierto que son muchos los que están en desacuerdo con el régimen de retenciones a las exportaciones, comenzando por el propio gobierno kirchnerista, que ha dicho desde el año 2003 que las mismas son distorsivas y transitorias en tanto se supera la crisis económica.

Si bien la verdad es que las autoridades políticas no parecen muy afectas a respetar las decisiones de la Corte, como ha ocurrido en el caso de las jubilaciones, por ejemplo, es una realidad que la expedición en el sentido de lo planteado por San Luis es de una necesidad pública esencial.

La vieja jurisprudencia indica que gravámenes que superen 33 puntos del ingreso son confiscatorios. La presión tributaria en conjunto hace rato que ha superado (y por lejos) tal puntaje, sin que ocurriera absolutamente nada.

Y cuando decimos que hace rato no nos estamos refiriendo únicamente a los gobiernos del matrimonio Kirchner sino a varios años hacia atrás inclusive. Quizás falte definir cómo se debería considerar el porcentaje en cuestión.

Es decir que una medida directa como es el hecho de aplicar 35 o 40 puntos de retención sobre un ingreso bruto de exportación no implica siquiera la suma de gravámenes aplicables sobre utilidades, patrimonios, activos o cualquier otra base de medición. Simplemente es un porcentaje directo sobre un ingreso, que además no se aplica en todos los casos sino solamente cuando se exporta, lo cual por otra parte implicaría considerar la situación global de ingresos del contribuyente en cuestión, ya que no que vende en el mercado local no está sujeto a retenciones, aunque su precio se ve afectado por tal gravamen.

Bien, más allá de estas disquicisiones y de la necesidad de resolver el conflicto con la intervención del Poder Judicial de la Nación, están en juego cuestiones muy concretas como la desaparición de los mercados de futuros, en razón de la aplicación de las llamadas retenciones móviles que significan, simplemente, que a mayor ingreso bruto se aplicará una mayor retención. En un mercado inflacionario, con un intervencionismo despiadado en los índices de parte del Instituto encargado de la medición de los mismos, resulta muy difícil contar con datos concretos, pero está claro que los costos de producción suben de una manera manifiesta, en tanto que los valores de exportación tienden a reducirse por aplicación de tales retenciones móviles . Este es el verdadero dilema planteado y la razón del origen del conflicto.

Las tibias modificaciones que ha encarado el gobierno muy a las cansadas y sin demasiada convicción no han sido tomadas favorablemente. Por otra parte el engorro burocrático que implica reclamar devoluciones de impuestos en los casos de los pequeños y medianos productores es una obviedad para cualquiera que simplemente ingrese a la página del Ministerio de Economía y lea las resoluciones. Con lo cual ni chicos ni medianos ni grandes están conformes. Y más allá de que hubiera una rendición incondicional , como ha dicho un conocido activista que regentea los sillones más cercanos al poder, lo cierto es que el incentivo a la producción exportable es virtualmente nulo. Y por lo tanto, aún así no se alcanzará una mejora sino un deterioro en la masa de producción exportable.

Una vez más el modelo intervencionista a ultranza produce más daño que beneficio. Y por ello debería ser revisado adecuadamente. Ello más allá de declaraciones y acusaciones de parte de oficialistas u opositores.

La recurrencia a los intervencionismos aplicados en otras latitudes suele ser una peligrosa arma de doble filo. Es conocida nuestra opinión acerca de que cualquier intervencionismo provoca reacciones en los mercados y acerca o aleja inversiones de unos sectores a otros. Pero el intervencionismo a mansalva, el intervencionismo del pulgar que sube o baja, no solamente provoca la acción de sectores corporativos por no quedarse afuera , sino que también genera esa incertidumbre patológica que todo lo paraliza, que es la que lamentablemente hemos empezado a vivir. Nadie sabe a quién le tocará en la próxima. Nadie sabe cuánto, cuándo y cómo.

Pero sí todos saben que inclusive cuando le toca a unos, les toca también a los demás. Cuando se llega a un cierto rango de intervención, nadie asuma su cabeza porque puede ser descubierto y convertirse en la próxima víctima . Esa es la realidad.

Y una reflexión final: no es con el miedo que se construyen las grandes naciones. Un principio tan básico parece que está siendo olvidado en la Argentina actual.

Buenos Aires, 15 de junio de 2008 DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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Aportamos en este trabajo algunos aspectos de la situación en materia de energía, cuya gravedad parece no ser tenida debidamente en cuenta por gran parte de la población.

Hacia fines de la semana pasada, más precisamente el jueves, el consumo de energía eléctrica alcanzó su pico histórico: 18.670 megavatios. El anterior pico había acontecido en junio del año anterior y, según palabras del ministro De Vido, en aquellos momentos la reserva era de tan sólo 200 megavatios, mientras que en la actualidad alcanza los 1.400 megavatios.

La realidad es que el consumo ha ido en aumento y si bien en el verano no se superaron los picos históricos, al parecer viene creciendo el acumulado, en parte por el crecimiento poblacional y de la economía, y en parte porque al estar retrasadas las tarifas se incentiva el consumo doméstico. Hay datos de construcciones recientes que carecen de instalación de gas y solamente cuentan con cableado eléctrico para todos los artefactos domésticos.

El consumo de energía hidroeléctrica ha venido incrementándose en las horas picos, alcanzando topes del 70%.

La inauguración de dos turbinas en la central de Campana (General Belgrano) aportará al sistema 550 megavatios, estando pendiente agregar una turbina de vapor con lo cual se alcanzará una generación de 820 megavatios en total.

A su vez estamos importando energía de Brasil, con mínimos de 800 MW y máximos de 1.500 MW diarios. A su vez una cifra pequeña pero que de todos modos ayuda, de alrededor de 60MW provenientes de Paraguay.

Entre enero y marzo de este año el crecimiento de la demanda eléctrica alcanzó el 3,8% y se espera un crecimiento del 7,6% entre mayo y octubre.

La cuenca del Comahue, de la cual dependen varias represas hidroeléctricas, tienen poca agua y por lo tanto los niveles de exigencia que pueden pedírsele son limitados. Atucha I genera 360 MW y Atucha II apenas está en proceso de construcción luego de estar parada durante años (se inició su construcción en 1981)

La central de Los Timbúes en Santa Fe (termoeléctrica) todavía está en construcción.

En suma, durante el invierno crecerá la demanda pero también en principio tenemos una mayor oferta de energía eléctrica, un poco a los ponchazos, pero más energía al fin

Es decir que estamos funcionando al límite. Todo ello si tomamos en cuenta además los cortes programados en las empresas, el plan denominado energía Plus , el PUREE y las lámparas de bajo consumo que iban a repartirse masivamente. A todo lo que hay que sumar el cambio de huso horario durante el verano, que para las provincias andinas resulta dramático.

Al menos por lo expresado por el subsecretario de Combustibles de la Nación, Alejandro Rodríguez, el cuello de botella habrá de prolongarse hasta 2011. La verdad es que solamente podemos tomar esto como una expresión de deseos.

Probablemente el enfriamiento que viene observándose en la economía producto del conflicto con el campo que es de dominio público, contribuya a bajar la demanda y acomodar un poco los tantos, pero no deja de ser un dramático premio consuelo.

En lo que se refiere al gas, las cosas no van mucho mejor. La demanda creció en 7 años algo así como un 20%, pero no fue acompañada por un crecimiento similar de la oferta. Según el ingeniero Montamat el déficit anda en torno de los 20 millones de metros cúbicos diarios.

Bolivia por su parte está enviando al país no más de 2 millones de metros cúbicos diarios cuando a estas alturas debería estar mandando 7 u 8 millones con una expectativa de poder enviar en poco tiempo más 20 millones, una vez concluido el gasoducto del Noroeste. Pero los problemas de inversión y generación en el país del Altiplano hacen muy difícil poder contar con el fluido en un plazo más o menos razonable. Por lo demás, por contrato Bolivia debe proveer en primer lugar a Brasil.

Otro problema en materia de gas es el precio. Mientras el millón de BTU (unidad calórica británica) está en torno de los 8 dólares, el gas extraído de Salta se abona 1,50 dólares. Y el gas licuado regasificado en el buque Excelsior que se encuentra anclado en Bahía Blanca está en torno de los 14 dólares el millón de BTU.

Otro problema que no es menor es que las usinas termoeléctricas en caso de carecer de gas deben reemplazarlo por gasoil. Y aquí hay un dato que aportó días pasados Francisco Mezzadri y es que el millón de BTU de gas traducido a gasoil cuesta 27 dólares. En otras palabras: para lograr la misma energía que se obtiene con un millón de BTU que cuesta 1,50 dólares en Salta, 8 en Bolivia, y 14 en Bahía Blanca, tenemos que pagar 27 dólares. Nada menos que 18 veces más que el precio de la unidad calórica en Salta.

Hay estimaciones respecto de lo que le costará al país en este año mantener el sistema energético razonablemente en funcionamiento: unos 4.500 millones de dólares. Contra 3.000 millones del año anterior.

ALGUNOS DATOS ADICIONALES

A fines de 2001 el barril de petróleo costaba 20 dólares, hoy supera los 130 cómodo.

La producción local viene cayendo desde 1998, y ya lo hizo un 33%. En estos 10 años las exportaciones petroleras cayeron nada menos que un 90%. Con las reservas en baja por falta de exploración es posible que en 2009 hayamos perdido el autoabastecimiento. Porque si bien es cierto que hace falta importar gasoil, o fueloil, o gas, hasta ahora hemos venido siendo exportadores netos.

En el mundo el gas significa un 20% del total del consumo de energía. Pero en la Argentina representa el 50%. Y en Brasil sólo el 8%.

Además, en el país el 60% de la generación de energía eléctrica depende del gas. Y hay más de 1,5 millones de vehículos impulsados con GNC. Desde 2004 viene declinando la producción de gas, y desde 2002 las reservas cayeron un 40%. Sin embargo el gobierno impulsa nuevas centrales eléctricas que funcionan con gas.

Y finalmente un dato que también nos parece significativo es que el precio marginal de un kw/h de electricidad es de $ 490 aproximadamente, pero se cobra alrededor de $ 100 a los consumidores. La diferencia obviamente es subsidio.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico acumula un défitic de 6.300 millones de pesos como consecuencia de hacerse cargo de estas diferencias.

QUÉ HACER

No es nuestra especialidad el tema energético pero hemos tomado estos datos de distintas publicaciones especializadas a los efectos de hacernos una composición de lugar del verdadero estado de situación en que nos encontramos. Es obvio que lograr un marco de seguridad jurídica para incentivar de algún modo las inversiones, junto con un sinceramiento de tarifas y una estabilidad fiscal están en la base de las pautas a seguir. No resulta razonable continuar por el camino que llevamos, creemos que eso es obvio.

El notable deterioro del sistema energético pretende subsanarse con parches varios y recurriendo a países vecinos inestables, como Bolivia, o que están en proceso de crecimiento, como Brasil, y por lo tanto en cualquier momento tanto uno como el otro pueden dejarnos literalmente en banda.

El fondo de toda la cuestión pasa sin ninguna duda por la necesidad de restablecer el Estado de Derecho, tarea que no es para nada fácil si tomamos en cuenta la situación política y social imperante. Hoy mismo se desarrolla un conflicto de gran magnitud con epicentro en el sector agropecuario, pero que en realidad no es más que la proverbial punta del iceberg de una problemática mucho más profunda. La impresión general es que cualquiera puede violar los derechos de los otros si siente que algún derecho propio le ha sido violado, porque recurrir a la Justicia no resulta una opción válida.

Por un lado se ha desarrollado una anomia creciente, y por el otro una real sensación de incredulidad se ha apoderado de la población en general.

En un marco tan complicado como el presente, bueno sería que las distintas agrupaciones políticas más o menos representativas, llegaran a un acuerdo marco sobre unos cuantos puntos básicos, cosa de asegurar al menos una línea de conducta con la firme voluntad de respetarla en cualquier circunstancia.

Días pasados oíamos en la radio a un ministro afirmar, por ejemplo, que si la soja pasaba un cierto valor no contemplado en ciertas escalas, sería cuestión de barajar y dar de nuevo. En este caso, tal alusión al juego de los naipes, tiene que ver directamente con el derecho a disponer de la propiedad. Y cuando el derecho de propiedad de algún modo en manos de decisiones políticas resulta absolutamente imposible asegurar inversiones, por ejemplo.

Si bien el riesgo cero no existe, el riesgo de someter los patrimonios a decisiones de políticos a la sazón encargados de decidir, incluso por encima de la propia ley suprema, es uno de los peores.

Bien, esta es nuestra opinión respecto de cómo iniciar un círculo virtuoso. No es imposible, en rigor ha ocurrido en otras oportunidades en nuestro país. Hay que garantizar, de manera conjunta, incluso con la Iglesia y la propia Corte Suprema, que ciertos aspectos de la vida cotidiana funcionarán sólo de una determinada manera, y que nadie podrá violarlos ni cambiarlos por ninguna razón no prevista.

Buenos Aires, 6 de junio de 2008 DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

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Nuestro reciente comentario acerca de los problemas del modelo económico elegido por el gobierno dio lugar a diversos intercambios con los lectores. Es por eso que volvemos sobre esta cuestión desde una óptica específicamente descriptiva de lo que entendemos está pasando.

El modelo elegido por el gobierno actual, y también por el anterior, es inflacionario por definición. Esto lo hemos señalado muchas veces y hemos intentado explicar por qué a partir de datos de la realidad cotidiana y también desde modelos teóricos.

La inflación es un fenómeno esencialmente monetario y no existiría en una economía de trueque. Por lo tanto todos los demás elementos que suelen ser considerados por los economistas como causas de la inflación (exceso de demanda, inflación de costos, etc.) son, a nuestra manera de ver, simples consecuencias de la inyección de moneda que efectúa el Estado.

El modelo inflacionario es llamado productivo por el gobierno, o de tipo de cambio competitivo , o industrialista también. El expresidente Kirchner alguna vez lo calificó de neokeynesiano . La denominación es lo de menos, por supuesto.

La razón de ser de este modelo es el sostenimiento de un tipo de cambio elevado artificialmente, como tantas veces hemos señalado. El Estado argentino hace ya un largo lustro que emite moneda para adquirir dólares a un precio superior al de mercado. Lo hace sistemáticamente, considera que el sostenimiento de un peso subvaluado es esencial para mantener el esquema implementado. Y lo es.

El crecimiento económico ha sido muy firme luego de la debacle de comienzos de 2002. La gran devaluación de ese año dejó atrasados en dólares los valores de todos los bienes y servicios de la economía nacional. Sólo fue posible negociar, a valores exorbitantes desde ese momento y aún hasta el presente, un sólo elemento sin recibir ninguna crítica por eso: el dólar. Desde los albores de este modelo , cualquiera que quisiera comercializar un producto a precios multiplicados por 3 o 4, sería considerado un apátrida especulador por lo menos. Excepto que lo que quisiera vender fuesen dólares.

La aplicación de derechos de exportación ha sido desde esos comienzos, uno de los pilares fundamentales del superávit fiscal, sino el único. Este impuesto, considerado distorsivo y transitorio por el propio gobierno, fue escalando posiciones (y tasas) pasando a ser a la vez factor de castigo para los precios rebeldes o distribuidor de la riqueza para los discursos desde el atril, a barrera de protección para evitar que los valores internacionales de los alimentos afecten las posibilidades de compra de los argentinos.

Pero la realidad transita otro andarivel. El Estado emite moneda para adquirir los dólares por encima de los valores del mercado. Esto, que ha sido dicho y reiterado muchas veces por los funcionarios gubernamentales y por la propia presidenta, no es más que la cruda realidad. El Estado argentino sostiene adrede el tipo de cambio. Para ello recurre a emisión de moneda con el objeto de pagar más caro lo que en realidad podría comprar mucho más barato. Lo dicho, el único bien que puede venderse caro en la Argentina es el dólar.

Es precisamente a través del tipo de cambio caro que pudo sostenerse y aumentar cada vez más el nivel de las llamadas retenciones; es decir, los derechos de exportación, el impuesto a las ventas al exterior. Las tasas aplicables a algunos productos como la soja, el petróleo o el girasol, superan o se aproximan al 50% del valor bruto de venta.

Como es sabido, el Banco Central retira de circulación los excedentes de moneda emitida mediante la creación de títulos de deuda (las Lebacs y las Nobacs) para evitar de manera puramente ortodoxa el excedente monetario, frenando así la presión sobre los precios locales que sin duda ejerce tal excedente.

Pero, al mismo tiempo, el Estado recauda una cifra cercana a los $ 40.000 millones por derechos de exportación por año. De allí, básicamente, surge el superávit fiscal, que se espera supere este año los $ 20.000 millones; es decir, la mitad de la recaudación proveniente del rubro.

Si bien los precios internacionales de los productos sujetos a este impuesto son muy elevados y eso favorece su aplicación, es una realidad que jamás se podría recaudar una cifra como la señalada si, por ejemplo, el dólar se comercializara en el mercado a $ 2.- por unidad. Dicho de otro modo: si el dólar tuviera un valor cercano al de mercado, el monto del impuesto sería sensiblemente menor. O tal vez nulo.

¿Y qué se hace con el dinero que proviene de este gravamen a las exportaciones actualmente? Se lo utiliza para pagar gastos corrientes del Estado y obra pública. También se lo destina para entregar subsidios a determinados sectores, o para los llamados planes sociales.

Esto significa que el dinero emitido para sostener artificialmente alto el tipo de cambio, vuelve al Estado como recaudación por retenciones a las exportaciones y finalmente termina como gasto o subsidio incrementando el circulante.

Por eso es inflacionario.

Cuando el Estado entrega un subsidio a, por ejemplo, una empresa de transporte colectivo de pasajeros, lo que hace es, en una primera observación, evitar que el precio del boleto suba. Pero si escarbamos un poco lo que vemos es que un boleto de colectivo puede valer 80 o 90 centavos gracias a ese subsidio recibido por la empresa. El Estado pone entonces la diferencia para que la empresa no tenga que vender el boleto a, digamos, 2 pesos. ¿Pero entonces el boleto vale 90 centavos o vale en realidad 2 pesos pero la diferencia la pone el Estado? Es evidente que el gobierno está haciéndose cargo de la diferencia entre estos dos valores con el dinero que recauda y que proviene, entre otras cosas, de las retenciones a las exportaciones, que como queda dicho son posibles esencialmente gracias al tipo de cambio alto.

Ahora bien. ¿Por qué a la empresa en cuestión no le alcanza el boleto de 90 centavos? Porque sus costos han subido, han subido los sueldos de su personal, los precios de los repuestos, el valor de las unidades y hasta los impuestos y cargas que paga. De tal modo que el subsidio viene a convalidar el salto acontecido en la generalidad de los costos de la empresa. Eso se llama inflación.

Esta explicación, aunque simple, muestra a su vez otra faceta que debe ser tenida en cuenta: dado que el boleto de colectivo se mantiene en su valor de 90 centavos, el índice de precios no se ve afectado y por lo tanto ésta inflación no se refleja en el índice. Es decir que más allá de la intervención en el INDEC de parte del Poder Ejecutivo y la reconocida trampa en el cálculo en que se incurre, observamos que tampoco se toma en cuenta el verdadero precio de los productos que resultan subsidiados para medir la inflación.

El problema inflacionario, como puede verse, no es entonces obra de mentes demoníacas o de individuos insensibles y abusivos. En realidad, tales afirmaciones por demás comunes son absurdas y hasta contradictorias. Los esquemas económicos y políticos no requieren que la gente sea buena, solidaria y altruista, sino de reglas de juego claras y que fomenten la competencia libre y genuina. Culpar a determinada gente de crear inflación es una falacia encaminada a quedar absueltos de responsabilidad. El único fabricante de moneda es el Estado. Y la inflación, reiteramos, ni existiría si no hubiera moneda.

Alguna vez, el hoy retornado al justicialismo Roberto Lavagna, dijo despectivamente que quienes querían el dólar barato lo hacían porque así podrían viajar a Miami. Los que pueden viajar a Miami no necesitan un dólar barato. Pero los argentinos que quieren conservar un nivel tecnológico al menos cercano al del llamado Primer Mundo, sí necesitan no ya un dólar barato, pero sí al menos un dólar a valores de mercado.

Porque la otra pata del modelo inflacionario de tipo de cambio alto es el atraso tecnológico que genera. Los precios locales para los argentinos no son los internacionales porque el modelo lo impide. No porque las cosas sean así y nada más que así. El viejo fantasma del presidente Perón preguntando si alguien vio alguna vez un dólar vuelve una y otra vez a revolotear nuestras cabezas. Hay que poder ver los dólares para estar en el mundo. Eso es lo que hace la mayoría de los países, incluso nuestros limítrofes Uruguay, Brasil o Chile. Porque dado que los argentinos ganamos pocos dólares (por ser éstos artificialmente caros) nos resulta mucho más caro adquirir la tecnología de última generación. Una Notebook resulta inaccesible para una familia de clase media, mientras que en el Primer Mundo está al alcance de cualquiera.

El Estado argentino protege a los sectores menos eficientes con el dinero proveniente de los sectores eficientes y competitivos. La distribución así entendida no hace más que favorecer a quienes menos producen o lo hacen mal, gracias al producido de quienes mejor compiten y venden al mundo sus productos. Mientras se alienta la ineficiencia y el atraso tecnológico, se mata la gallina de los huevos de oro .

El gobierno pretende, a todo esto, mantener el modelo acusando a empresarios y productores no solamente de insolidarios o aprovechados. También lo hace controlando precios o colocando en posiciones clave a funcionarios prepotentes, mentirosos y que reconocidamente actúan de manera amenazante. Esto ha salido publicado en todos los diarios a lo largo de años, sin que se observe ni una sola reacción oficial que intente desmentirlo. Más allá entonces de la prepotencia o del arma en el escritorio a la hora de negociar, el Estado se entromete en las empresas, en sus costos, en su línea de producción, en sus márgenes de ganancia, en los precios de venta, en los salarios de los trabajadores, en los vales alimentarios, en las leyes de indemnizaciones, en las líneas de crédito, en los subsidios, en los permisos para exportar, etc.

El gobierno se entromete en TODO con el objeto de tratar de evitar lo inevitable: la aceleración de la inflación. Y lo único que consigue es generar problemas de desabastecimiento, reacciones y huelgas (o lockouts).

En realidad, se intenta atacar la consecuencia. Disimular los índices mediante subsidios o directamente mintiendo en las estadísticas. Mandando piquetes a estaciones de servicio o acusando de golpistas y otras lindezas a productores agropecuarios. Todo junto y todo revuelto.

Si el país ha recuperado sus estándares de mediados de 1998 esto ha ocurrido por el efecto de la utilización de la capacidad ociosa y de los precios internacionales de las commodities. No por el intervencionismo o la retórica acusatoria.

No por la prepotencia o los abusos de derecho. No por las violaciones a derechos constitucionales básicos. No por el cambio de reglas de juego permanente. No por la suba o la baja del pulgar presidencial.

No ha habido reforma del Estado. Ninguna. Pese a que se prometía. No ha habido tendencia a eliminar los derechos de exportación, al contrario. No se ha hecho ni se hace nada por corregir el modelo inflacionario. Nada. ¿Qué destino puede esperarnos? ¿A qué puerto podremos arribar así?

Es fácil observar que hoy por hoy el atraso tecnológico es una realidad. Basta ver algunas cosas que se ofrecen en las pautas publicitarias televisivas que no están dirigidas exclusivamente a la Argentina para comprobarlo.

Convertir al Estado argentino en eficiente implica gastar menos, corregir ineficiencias nacionales, provinciales y locales. Eliminar impuestos distorsivos. Dejar flotar el tipo de cambio. Dejar que los precios y salarios poco a poco se acomoden al mercado internacional. Como lo hicieron nuestros vecinos uruguayos, brasileños o chilenos.

Sabemos que no es fácil. El capitalismo prebendario tiene raíces muy hondas en la Argentina. Y desde hace muchos años.

Pero un modelo intrínsecamente inflacionario no puede conducirnos a buen puerto. De eso podemos estar seguros, lamentablemente.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 11 de abril de 2008

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

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ACTUALIDAD ECONÓMICA: GANAR, PERO NO MUCHO

Sin las retenciones (impuestos a la exportación), la inflación sería más alta. El deber del Estado es ser árbitro del bienestar general. Si fuera por el campo no tendría que haber ningún tipo de retenciones y si la soja llega a valer 10.000 la tonelada, quedarse con la renta y que sólo se siembre soja

Estas palabras fueron dichas por el ministro de economía, Martín Lousteu, según fue publicado en La Nación el domingo pasado. En esta afirmación está resumida la irracionalidad en la que nos encontramos en materia económica y vale la pena detenerse para analizar brevemente estos conceptos.

En primer lugar, la inflación es definida como la suba generalizada de precios, no la suba de algún precio o algunos precios en particular, concepto que corresponde al llamado cambio de precios relativos . El cambio de precios relativos produce cambios en la demanda pero no inflación. En efecto, dada una determinada cantidad de bienes en la economía, si el precio de algunos sube, su demanda bajará y se buscarán bienes sustitutos, que tenderán a subir al tiempo que los primeros tenderán a bajar. La única forma en la que la suba de ciertos precios provoque inflación es que sea convalidada con emisión de moneda de lo contrario es matemáticamente imposible que dada una cantidad de bienes y una cantidad de moneda, puedan adquirirse tales bienes con la misma cantidad de moneda existente previamente.

En segundo lugar, los impuestos a las exportaciones han sido considerados por estos mismos gobernantes como distorsivos y de aplicación transitoria dada la emergencia económica. Efectivamente así han sido descriptos en la propia plataforma de los candidatos Kirchner. Pero esencialmente, aplicar impuestos a las exportaciones es contra natura, y es también una contradicción respecto del reclamo de nuestro país para que los países desarrollados supriman los subsidios

a los productos que nosotros exportamos. Además, siendo que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, una diferenciación impositiva implica un trato desigual a quien vende al extranjero.

En tercer lugar, y de manera concomitante, el desarrollo económico implica incrementar justamente las exportaciones, para poder importar aquellos bienes que el país necesita incrementando el intercambio y posibilitando una mejor tecnología. Es por eso mismo que esta clase de impuestos son llamados distorsivos, porque implican un trato desigual y contrario a los intereses del país en materia de desarrollo económico.

El deber del Estado no es ser árbitro del bienestar general , sino promover el bienestar general que no es la misma cosa. Promover el bienestar parece razonable y un deber constitucional. Podrá equivocarse el político en la metodología que elija, pero nunca erigirse en árbitro. El árbitro es el juez, es el que decide qué cosa es justa y qué cosa no lo es, y esa labor le corresponde a la Justicia en caso de controversias entre partes. Disponer arbitrariamente de los bienes ajenos no es un acto de justicia porque atenta contra el derecho constitucional de propiedad, al igual que el concepto de promoción del bienestar.

Pero el punto que nos resulta absolutamente incomprensible y para colmo en boca de un economista, es el de que si la soja llega a valer 10.000 dólares la tonelada, quedarse con toda la renta y que sólo se siembre soja . ¿Esto significa que hay que evitar sembrar el producto que da mayor renta para cambiarlo por uno que da menos renta? ¿Eso es lo que generará bienestar? El absurdo es no solamente evidente, sin peligrosamente inadmisible. Es negar la naturaleza de los bienes de la economía. Es negar la ciencia de la escasez y reemplazarla por una especie de voluntarismo decididor según el cual los funcionarios dirán qué sembrar, cuánto, cuándo y cómo en función de las necesidades que ellos evalúan correctas. Y si el mercado dice otra cosa, aún al extremo de que un producto valga 20 o 30 veces que otro, habrá que dedicarse a producir ese otro si tales funcionarios así lo consideran. Es terrible.

Nos falta analizar brevemente qué cosa ocurre con el producido de las exportaciones. Es decir, qué pasa con las divisas y con la renta. Veamos:

Los dólares provenientes de las exportaciones deben obligatoriamente ser liquidados en el Banco Central. Es decir que el ingreso de divisas es el que posibilita que la institución bancaria madre se quede con la moneda dura y posea reservas que nos sirven como reaseguro y de las cuales este mismo gobierno se jacta dado el nivel alcanzado.

Aún en el caso de que no se apliquen derechos de exportación, la renta de quienes exportan se reparte por la vía impositiva con el Estado nacional, los Estados provinciales y los municipios. En realidad, la carga tributaria que sufre la actividad económica en general supera el 50% del ingreso bruto. Y aclaramos que no estamos hablando de su renta bruta, sino del ingreso total. De la renta se paga impuesto a las ganancias a la tasa del 35%. El agro paga muchos otros impuestos y tasas (ingresos brutos, IVA, inmobiliario, tasa vial, tasas de abasto, guías de traslado, aportes jubilatorios obligatorios, sobretasas al consumo de energía, etc.) A su vez, cuando sus directivos perciben honorarios también cargan en sus declaraciones juradas los montos percibidos, pagando impuestos sobre ellos. Y por supuesto que como cualquier hijo de vecino pagan impuestos en todas las compras que realicen, ya se trate de insumos para la actividad o para la vida particular de cada uno.

De tal manera que el concepto genérico de que alguien se queda con toda la renta tiene más bien las características de un prejuicio ideológico antes que ser una descripción de una realidad.

El ministro ha pretendido, entonces, que la renta debe ser menor de la que es. Y además, ha pretendido y pretende que pasado una cierta cantidad, los campos se usen para otra cosa que no sea sembrar soja, aún a pesar de que convenga sembrarla y por diferencias superiores a 20 veces el valor de otros productos.

La falta de sentido común de esta clase de afirmaciones es tan flagrante que debería ser suficiente como para descalificarse a sí misma y descalificar al dicente desde el punto de vista profesional. Pero esto no ha ocurrido, que sepamos. Más bien parece algo relativamente lógico entre nosotros: que se prohíba exportar, que se restrinjan las utilidades, que se intente restringir la siembra de determinados productos caros y se incentive la de productos de menor precio, etc.

Una concepción tan equivocada no sale de los libros, seguramente. Los países más postergados en materia alimentaria han desarrollado tecnología para proveerse de alimentos o, en su defecto, han desarrollado otra clase de tecnología de manera de generar los recursos que le permitan luego adquirir los alimentos que no producen. Japón es el ejemplo típico, pero ni de lejos el único.

El valor del producido es lo que enriquece al país, no a los productores de tal o cual bien. Es el país quien recibe las divisas y es el país quien ingresa ingentes sumas en concepto de impuestos, tasas y contribuciones. Negar el principio de la maximización del beneficio implica colocar en un lugar preponderante la mala utilización de los recursos, la cual obviamente no mejorará el bienestar tanto como la buena. Concebir a la utilidad particular de alguien como la negación del bienestar del otro es un prejuicio ideológico inaceptable en los tiempos que corren. La riqueza de las personas es la riqueza de las naciones, y ésta no debe ser confundida con la soberanía. Es el aumento del capital per cápita el que mejora los ingresos medios de la población. Por eso los salarios son tan altos en el llamado Primer Mundo.

Es el Estado soberano quien establece la carga impositiva y obliga a dejar las divisas en el Banco Central. Utilizar la tierra para producir la décima o la vigésima parte de lo que podría producir es realmente una tontería. Debemos revisar esta clase de afirmaciones. Cualquiera sea nuestro punto de vista sobre el rol del Estado.

Nadie siendo ineficiente mejora tanto como podría. Y es ineficiente quien malgasta sus recursos produciendo bienes cuyo valor de venta es sustancialmente inferior al mismo costo.

HÉCTOR BLAS TRILLO

&n bsp; Buenos Aires, 26 de marzo de 2008

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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