En estos años han venido ocurriendo muchas cosas en materia económica. En particular el intervencionismo y la prepotencia. Pero en particular se puso sobre la mesa un impensado impostor: la mentira.
Que mentes con formación universitaria supongan que pueden controlarlo y dirigirlo todo resulta inexplicable al menos en el dominio de la mente humana. Que además de ello reposen en la mentira obvia, evidente, palmaria, para tratar de imponer una realidad que no existe, es bastante más que inexplicable. Es ridículo. Es indecente.
Sin embargo, esto ha venido ocurriendo en la Argentina de estos últimos años.
Desde nuestra formación universitaria, como profesionales de las ciencias económicas, preferimos no incursionar en el terreno meramente político, aunque está claro que hay un vínculo directo entre la política dirigida a controlarlo todo y la economía, la llamada ciencia de la escasez.
La dirigencia política actual se ha visto obligada a adentrarse en un mecanismo perverso de controles y prepotencia, para luego caer en la mentira más flagrante, más evidente, más obvia. Más cuestionada por prácticamente todos, como es el caso de la adulteración de datos del Instituto de Estadísticas y Censos.
Pero, sin embargo, la absurda intervención al INDEC no es más que una consecuencia de un largo entramado de sinrazones.
Luego de la megadevaluación que significó una estafa descomunal para los tenedores de pesos convertibles y una inmensa licuación de pasivos y pérdida de valor de activos e ingresos para toda la población de la Argentina, siguió la imposición del default con una quita inaudita, histórica y pantagruélica a acreedores de todo el mundo. El gran deudor, el Estado argentino, dejó un tendal de proporciones únicas sin el menor atisbo de culpa. Al contrario. Se vio ampliamiente beneficiado no sólo por lo que dejó de pagar de su propia deuda, sino por lo que dejó de pagar en moneda dura en los contratos con empresas, particulares y empleados públicos en general.
Desde las usinas del poder político se tildó a los otrora prestamistas de delincuentes o de torpes al prestar dinero a tasas tan altas sabiendo el riesgo que corrían. El ex ministro Lavagna lo dijo tantas veces como se lo preguntaron, palabras más o menos: si alguien presta de esa manera, sabe que corre riesgos. También repitió estas lindezas en ex presidente Kirchner.
La Argentina aplicó entonces el proverbial pelito al campo que decíamos cuando niños en nuestros juegos cuando en nuestros juegos intentábamos apropiarnos indebidamente de algo.
El Dr. Lavagna estaba hablando, sin embargo, de su propia empresa, de su propio país. Él, en nombre de la Argentina, les decía a los acreedores: joróbense por habernos prestado dinero. Así de sencillo y patético.
Luego del canje de títulos impuesto, los acreedores no aceptaron en una proporción cercana al 25% las condiciones. El monto suponía en ese entonces unos 25.000 millones de dólares, que el Dr. Lavagna directamente hizo borrar de las cuentas públicas, como si no existiera. Como si hubiera dicho: el que no quiere lo que le doy, quiere decir que no quiere nada . En verdad, fue el Estado argentino, quien lo dijo, por supuesto. Y aún hoy sigue vigente este acto de indecencia.
Así las cosas, la Argentina quedó fuera del mundo financiero y debió recalar en la Venezuela de Hugo Chávez para colocar títulos a tasas leoninas en dólares, al tiempo que transformó la deuda con el FMI en deuda en Lebacs y Nobacs también a tasas leoninas que prácticamente triplican a las que se abonaban al Fondo. Y sin renunciar a la asociación con el citado ente, además. Porque el país sigue siendo socio del FMI.
Las famosas retenciones a las exportaciones, hoy en el centro del panorama político, económico y social del país, constituían para el ministro y también para el entonces presidente Kirchner un impuesto distorsivo , transitorio y que tendería a desaparecer en la medida en que se superara la emergencia.
El Dr. Lavagna, con estos antecedentes, fue candidato a presidente de la Nación luego de romper con el partido en el gobierno. Obtuvo un importante caudal de votos, lo cual demuestra que muchas de las cosas que hizo fueron dadas por buenas y merecedoras de semejante premio por una cantidad importante de gente. Finalmente volvió a pactar con el ex presidente y retornó al partido del gobierno. Sin embargo, en los medios pareció olvidarse que para un acuerdo hacen falta por lo menos dos. En este caso Lavagna y Kirchner.
Es cierto que muchas veces el hombre común no puede ni tiene por qué comprender los mecanismos profundos de una actitud o de decisiones que afectan la economía. Es más fácil ver aquello que está en la superficie luego de años de discursos lavadores de cerebros: la deuda externa era ilegítima, los vivos de siempre se robaron todo... Así, la algarabía en el Congreso cuando Adolfo Rodríguez Saa anunció la suspensión del pago de la deuda fue la demostración palpable de la inmoralidad en la que en definitiva incurría la república toda. El fundamento de esta anomalía fue siempre el mismo: se tomaron préstamos para robarse el dinero, por lo tanto no los pagaremos. Es ta curiosa forma de razonamiento implica que el prestamista debe conocer para qué y cómo será utilizado el dinero que presta, o embromarse. No es la Argentina la que toma el dinero, sino un grupo encaramado en el poder en un momento dado.
Pero la Argentina es un país soberano y el poder político existente en momentos del endeudamiento era absolutamente legítimo y constitucional desde 1983. Y muchos de los que formaban parte de ese poder político eran cómplices de haber aprobado año a año el endeudamiento. Prácticamente todos los de los vítores en el Congreso en aquella infausta jornada en la que Rodríguez Saa anunciaba el default, lo eran.
Si toda esa gente se sintió feliz de haber estafado al mundo, ¿por qué habría de sentirse culpable de borrar de un plumazo la deuda de los acreedores que no aceptaron la quita?
Los controles de precios para tratar de frenar la inflación provocada por la emisión de moneda que el Estado venía haciendo para comprar dólares más caros, eran disfrazados de acuerdos cuando todo el mundo sabía que no lo eran. Las retenciones a las exportaciones no solamente no disminuían sino que se incrementaban y siguen subiendo. Era y es obvio que el esquema no cierra si no se cuenta con superávit. Pero también es evidente, aunque no para todo el mundo, que ese superávit es producto de la emisión de moneda, porque es ella la que permite el dólar caro y es así que pueden aplicarse entonces retenciones a las exportaciones. En otras palabras, no se trata de un superávit logrado por una mejora en la eficiencia, sino por un artilugio monetario inflacionario.
Los dólares ingresados no se compran con el dinero del superávit, ya que éste se destina a subsidios, ayudas a las provincias y obra pública. Se emite más y más moneda, como decimos. Así crece la demanda agregada pero los bienes y servicios disponibles lo hacen a un ritmo mucho más lento en el mejor de los casos.
El freno a los precios mediante controles o subsidios no es más que una mentira respecto de la inflación real subyacente. Si los precios no son los que deberían ser porque la diferencia la pone el Estado no significa que no haya inflación, sino justamente que la diferencia la pone el Estado vía subsidios. Y si los precios no son los que deberían ser porque están controlados, entonces el subsidio lo pagan los productores de tales bienes.
Actualmente se nota una caída en la cotización del dólar y no faltan quienes afirman que ésta es producto de una decisión política para castigar a quienes salieron asustados a comprar dólares y también a los industriales que se favorecían con el tipo de cambio alto pero hicieron poco o nada para poner al sector agropecuario dentro de la horma oficial. Así como antes Lavagna subía o bajaba retenciones para castigar o premiar a los productores de bienes exportables según su comportamiento en materia de precios internos, así el Banco Central estaría ahora enfrascado en castigar o no mediante su política monetaria a quienes apoyaron o dudaron del gobierno. Más surrealismo no se puede pedir.
Tenemos entonces una historia reciente plagada de alquimias y mentiras. Una manera de conducir la economía basada en el fraude, en la estafa pública, en la penitencia . Y no en el sano criterio de hacer más eficiente la economía argentina, o la normalización de la deuda externa para poder insertar al país en el concierto de naciones. A ello se suma la permanente búsqueda de culpables y la diatriba más atroz, representada últimamente por lo que se ha dado en llamar fuerza de choque, esto es, grupos de fanáticos y extremistas soliviantados con fondos públicos para realizar tareas sucias tales como expulsar a trompadas a manifestantes pacíficos de la Plaza de Mayo.
Y para colmo, los mecanismos de premios y castigos hace ya rato que llegaron al mercado exportador. Prácticamente no se puede exportar un producto sin el visto bueno de la Secretaría de Comercio, con lo cual el sistema está regido no por la lógica de una legislación determinada, sino por la sumisión o no a las decisiones de la prepotencia oficial. Nadie está exento de que un cargamento de lo que sea duerma en el puerto el sueño de los justos porque un funcionario se ha enojado .
Y la frutilla de la torta está, claro, en la notable transferencia de ingresos al Estado con la excusa de que ciertas ganancias son extraordinarias , concepto que nadie en su sano juicio podrá definir jamás pero que además implica que no somos dueños de nuestros bienes cuando el Estado, por la razón que fuere, considera que son muchos . Esto y la abolición del derecho de propiedad son la misma cosa.
Pero, más allá de la evidente violación de normas, leyes, contratos, y de la propia Constitución Nacional, lo que no puede dejar de observarse es que nadie está en condiciones de asegurar sus inversiones en la Argentina.
Alguien ha dicho por ahí que nadie tocará las ganancias extraordinarias de las máquinas tragamonedas, seguramente con la clara intención de hacer referencia al llamado capitalismo de amigos . Es probable que sea así. Pero ni siquiera eso puede asegurarse.
Hemos visto caer en estos días a conspicuos allegados del gobierno, como el conocido empresario del aceite Urquía. Nadie puede estar seguro de nada cuando reina la arbitrariedad y el capricho.
Y finalmente diremos que estas opiniones que estamos volcando surgen de la íntima convicción de que resulta necesario tomar posición sobre lo que ha venido ocurriendo en el país en todos estos años, y no solamente ahora con el problema suscitado ante el incremento de las retenciones impuesto por el Poder Ejecutivo y finalmente llevado al Poder Legislativo.
Y justamente porque tal incremento tributario fue elevado al Parlamento es que resulta claro que el Poder Ejecutivo ha comprendido que es necesario legitimar su accionar. Es una clara confesión de parte que nos exime de otros comentarios.
Sabemos que hablar de indecencia resulta duro, pero enmarcamos el término desde el punto de vista de la urbanidad, del apego a la ley, del respeto del prójimo, del votante, del ciudadano y más aún del habitante de la Nación. La mentira es indecente, la prepotencia también. Dejamos para la Justicia llevar adelante las investigaciones sobre sonados casos ocurridos en todos estos años vinculados con cohechos y demás. Pero las cuestiones que hemos mencionado en este trabajo surgen claramente de declaraciones públicas de los funcionarios, surgen de la evidencia de lo ocurrido con la moneda, con los ahorros, con el valor de los bienes, con las acreencias y con las deudas de todos los habitantes de la Nación. Prácticamente no existe una encuesta profesional de precios que no indique que la inflación difundida por el INDEC es irreal. Ni siquiera los números de recaudación que el propio Estado difunde están en consonancia con el índice inflacionario oficial.
Es por todo esto que pensamos que más allá de la alquimia económica, se ha pasado a la indecencia, lo cual es infinitamente peor.
El deterioro del panorama en el tema de las retenciones ha llevado al gobierno a una curiosa disyuntiva en la cual tal vez únicamente perdiendo podría ganar. Pero aún así, eso sería apenas el comienzo del reconocimiento de un estado de cosas que ya no es sostenible. Hace falta consolidar el Estado de Derecho, no con pactos que se vayan en detalles intrascendentes, sino que definan las bases de la organización de la Nación como un todo, con definiciones, con parámetros de conducta pública general no moficicables y aprobados por todos los partidos políticos.
Esperemos que sea todavía posible.
Buenos Aires, 30 de junio de 2008 DR. HÉCTOR BLAS TRILLO
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