Blog de Héctor Trillo

LA ECONOMÍA Y LOS FANTASMAS

Esto que estamos viviendo no es capitalismo sino un anarco capitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie Cristina F. de Kirchner

La frase con la que encabezamos este comentario fue dicha por la presidenta la semana pasada en Cannes, en la reunión del llamado G-20. Lo primero que vino a nuestra mente al oír sus palabras fue aquello de y por casa cómo andamos.

La presidenta también recomendó a los integrantes del llamado G-20 que “dejen de controlar en qué gasta cada país” y en lugar de ello “comiencen a ver qué hace cada banco de inversión y las calificadoras de riesgo”.

No vamos a entrar en chicanas semánticas pero la verdad es que mientras la presidenta habla de que nadie controla a nadie termina diciéndonos que en realidad se controla en qué gasta cada país, para pasar a recomendar que éste último tipo de control deje de hacerse, lo cual equivale a una proverbial vía libre para el gasto.

Así y todo lo cierto es que la Unión Europea intenta que los países miembros adapten sus presupuestos a sus posibilidades dentro del marco de la sociedad que han hecho al integrar dicha Unión. Es decir, de lo que se trata es de que se adecuen a aquello a lo que se han comprometido para que la asociación sea viable.

La señora de Kirchner repite con demasiada frecuencia el cliché según el cual el problema es de la economía financiera, que se opone a la economía real. Y a eso le agrega el también la conocida crítica a las calificadoras de riesgo, que parte de la base de que son éstas las que originan los problemas, más que decirle a inversores y público en general dónde ven más riesgos. Es decir, culpa al mensajero.

Hemos señalado en otros trabajos que la economía incluye la financiación como una herramienta fundamental para su funcionamiento. Sin ella, la actividad se reduciría a operaciones de contado y los dineros ahorrados no tendrían ningún incentivo para ser prestados. En verdad no tendría razón de ser ahorrar dinero, que tan sólo podría ser invertido o gastado.

Como puede verse por el absurdo, ningún país del planeta podría entonces contar con endeudarse, y estirando un poco más el razonamiento, también debería dejar de emitir moneda de papel, dado que ésta no es otra cosa que una promesa de pago. Es decir, una forma de financiarse.

Obviamente que no es éste el sentido de lo que la señora pretende dar a sus palabras, tampoco queremos pasarnos de la raya o hacernos los tontos.

Pero es que el razonamiento siempre es conveniente llevarlo a las últimas consecuencias para poder determinar el sentido último al que conducirían ciertas acciones.

Como también la presidenta aludió a quienes ganan fortunas delante de una computadora sin producir nada, es importante dejar en claro que los movimientos de dinero y de títulos producen justamente ganancias (y pérdidas) más o menos importantes, tal como todos nosotros lo hacemos cuando si tenemos capacidad de ahorro colocamos el dinero en un banco a la mejor tasa posible. Esto también es obvio.

Los problemas que aquejan al mundo hoy están vinculados al intervencionismo estatal. Es decir que la cosa es exactamente al revés. No es que por no intervenir y controlar se generaron los problemas, sino que es por haberlo hecho. Y tampoco se trata de no controlar aquello a lo que específicamente se han comprometido entre sí los integrantes de la UE. La llamada crisis de las hipotecas tuvo su origen en préstamos “blandos” otorgados en EEUU merced a un voluntarismo que llevó a bajar las exigencias el otorgamiento de créditos. La clásica promoción a bajas tasas para poder acceder a viviendas hizo que muchos receptores de tales créditos terminaran no pudiendo pagarlos. En lo esencial el problema de fabricar tasas bajas de interés implica que quienes se endeudan no dimensionen adecuadamente el riesgo, y quienes prestan intenten cubrirse sacándose de encima el crédito concedido lo antes posible. Así se emitieron títulos “securitizados” por las hipotecas y se armó la gran bola de nieve que llevó al alud.

Decíamos al comienzo que luego de los dichos de la presidenta nos preguntamos por lo que ocurría en la Argentina.

El intervencionismo estatal exacerbado que vivimos en estas horas provoca bruscas oscilaciones en los títulos nacionales, genera rumores de todo tipo y se complementa con la aplicación de medidas rústicas y francamente negativas para resolver los problemas, como el impresentable control cambiario en marcha.

Hace pocas horas, la presidenta del Banco Central expresó en una disertación en la Biblioteca Nacional que la compra de dólares por parte de la gente estaba siendo incentivada por el periodismo, y que las medidas tomadas implicaban una “profundización del modelo” tendiente a evitar que los rumores y las críticas generaran consecuencias negativas para la economía nacional.

Sólo con observar que en nuestro país hace más de cuatro años que hay clara fuga de capitales bastaría para poner un poco de luz sobre las oscuras intenciones de ciertos medios periodísticos a los que aludió la señora Marcó del Pont. Pero queremos ser más explícitos.

La verdad es que muchísimas veces nos hemos referido en nuestros comentarios a la impresionante creación de moneda de los últimos años. Primero para mantener alto el valor de las divisas artificialmente y poder así aplicar retenciones a las exportaciones y afirmar que hay superávit; luego para simplemente mantener alto el consumo y no permitir un “enfriamiento” de la economía. Estos argumentos han sido centrales en el “modelo” y el primero de ellos ya regía plenamente cuando la conducción económica estaba a cargo de Roberto Lavagna. Éste profesional declaraba públicamente que quienes pedían que bajara el precio del dólar en ese entonces, lo hacían porque querían viajar a Miami. Nos hemos referido a ello en varias oportunidades y especialmente señalamos que no es con ironías descalificatorias como se resuelven los problemas. Porque quienes pueden tomarse vacaciones en Miami no están demasiado preocupados por el valor del dólar, pero sí lo están quienes necesitan adquirir tecnología, por ejemplo. Porque la verdad es que el famoso artilugio del dólar competitivo, tan defendido por las autoridades de la UIA, produce altos precios de insumos importados y un verdadero atraso tecnológico para nuestro país, como puede observarse claramente hoy en el parque automotor, para citar un ejemplo. Ello más allá de las insólitas medidas que prohíben las importaciones de productos de imperiosa necesidad, como repuestos de lavarropas y de heladeras de uso doméstico. En tiempos del Dr. Lavagna, éstas últimas medidas no regían, pero anticipamos varias veces que el día llegaría. Y no por ser autorreferenciales es que lo decimos, sino porque es obvio que a medida que aumenta el gasto público y también el privado como consecuencia de la gran emisión de moneda, se produce un incremento en dólares de los costos, por no ser posible mantener el ritmo de crecimiento del tipo de cambio dado que se dispararía la inflación ya de por sí muy elevada. En otras palabras, cerrar importaciones mediante prohibiciones es, en la práctica, lo mismo que cerrarlas por tener el tipo de cambio demasiado alto y hacer imposible el consumo de bienes importados. En ambas situaciones se busca mejorar la balanza comercial en el sentido de que arroje un saldo a favor de la Argentina.

En la actual coyuntura, el intervencionismo a ultranza es la causa de los rumores y los miedos. Y no al revés. Y la presidenta propone al mundo más intervencionismo al tiempo que pretende que no se controle el gasto. Si la situación que se le presenta a pequeños ahorristas que intentan adquirir cifras de 100 o 200 dólares no es anárquica, qué cosa lo es.

No pretendemos ni por asomo enmendar la plana de las autoridades argentinas, pero sería bueno que contaran con un asesoramiento tal vez un poco más variopinto, integrando en una especie de foro a profesionales de la economía con distintos puntos de vista, en lugar de descalificarlos públicamente como tantas veces ha hecho la presidenta.

La actual intención de moderar los subsidios es una prueba contundente que conviene no dejar pasar. Porque si la señora Marcó del Pont habla de profundizar el modelo cabe preguntarse entonces por qué eliminar o disminuir justamente aquello que es parte fundamental del mismo: los subsidios.

El argumento de que hay gente que puede pagar los mayores costos es casi irreverente. Siempre hubo y habrá gente que puede pagar los mayores costos, como siempre ha habido gente que puede viajar a Miami. Pero parece que antes era funcional al “modelo” y ahora dejó de serlo.

Otorgar a determinados sectores la capacidad de consumir por encima de sus posibilidades; electricidad o lo que sea, es lo mismo que otorgar hipotecas a bajo costo, señores. Subsidiar es hacer que el Estado se haga cargo de la diferencia. Es exactamente igual a dar créditos “blandos”. Alguien habrá de pagar la diferencia de tasa.

Y para terminar una obviedad: los rumores, cuando son ridículos, no influyen en la gente. Lo hacen cuando se vinculan con hechos probables. Y un gobierno que toma medidas como las que hoy están vigentes en el mercado cambiario no puede esperar que la gente no se asuste.

Tampoco puede esperar que los opositores no intenten sacar tajada. Ni que los que quieren hacer negocios hagan lo propio.

Es el famoso “a río revuelto”, ¿verdad? Entonces la pregunta que hay que hacerse es quién ha sido que revolvió las aguas. Y está más que claro que las mentiras estadísticas y el intervencionismo a ultranza y las prohibiciones arbitrarias son la causa principal de que se hubiera generado incertidumbre.

Los argentinos tenemos sobrada experiencia en todo esto.

Hace un tiempo la propia presidenta pidió a la gente que no comprara dólares. El Dr. Pesce, vicepresidente del Banco Central dijo hace pocos días que era mejor quedarse en pesos.

En verdad, cuando las cosas funcionan, no tiene por qué ser mejor una alternativa que la otra.

Es obvio que quedarse en pesos para ganar más implica que alguien se hará cargo de la diferencia. Y otra vez lo mismo.

Francamente no necesitamos de calificadoras de riesgo para saber dónde pararnos. Es suficiente con leer u oír estos discursos.

Y al menos por la información con que contamos, no son pocos los integrantes del actual gobierno los que creen a pie juntillas en las teorías conspirativas. Ni por un segundo se detienen a observar lo que ha hecho el Estado con el INDEC, con la AFJP, con las reservas del Banco Central, con las arbitrariedades para importar y exportar, con los controles de precios, y mil etcéteras.

No son fantasmas, entonces, son realidades.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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Una buena administración permite reducir la carga tributaria. La auditoría fiscal brinda un reaseguro de gran importancia.

Una segunda opinión, nunca está demás.

Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de los gobiernos, esperan una cosa que es contraria a la naturaleza J. B. Alberdi

La actual circunstancia que vive el mundo en materia económica no es una novedad. En numerosas oportunidades nos hemos referido a esta cuestión. Y especialmente lo hemos hecho para señalar una y otra vez que el intervencionismo y el expansionismo monetario no conducen a otra cosa que a una escalada del problema.

En términos generales la posición ideológica en las cuestiones económicas se divide, hoy en día, entre los llamados ortodoxos y los considerados heterodoxos.

Los primeros tienden a considerar que para poder salir de la crisis lo que hace falta es proceder a ajustar los gastos en aquellos países en los que el endeudamiento ha llegado a niveles insostenibles. Los segundos estiman que una baja en los gastos a lo único que conduce es a una recesión y por lo tanto a mayores dificultades y a una crisis todavía mucho más grande.

A unos y a otros les asiste algo de razón. Bajar los gastos permite en principio reducir la tasa de endeudamiento cuando se trata de economías deficitarias. Pero también es cierto que gastar menos provoca una desaceleración del ritmo de la economía, una baja de la demanda de bienes y servicios que deteriora aún más la situación haciendo bajar los ingresos de los Estados y creando mayores déficit.

Consideramos que esta clase de análisis adolece de fallas bastante elementales. Trataremos de explicarlo brevemente.

Un país determinado se endeuda más y más como consecuencia de que gasta más dinero del que recauda. Este dato es objetivo y no admite dudas. Ahora bien, ¿cuando en una economía determinada se decide gastar dinero adicional se toma en cuenta la posibilidad futura de cancelar la deuda que se origina con mayores ingresos?

Existe un concepto en la teoría económica que es bastante elemental, y que es aquel de la optimización en el uso de los recursos. No solamente cuenta cuánto dinero se gasta, sino cómo y en qué se gasta. Y si ese dinero será o no recuperado y en qué condiciones y plazos.

Tomemos un ejemplo simple y cotidiano. Supongamos que invertimos en un negocio cualquiera. Por ejemplo un kiosco. Incurrimos en una serie de gastos que esperamos cubrir con la ganancia que nos deje el negocio luego de un determinado tiempo de funcionamiento. Los primeros tiempos son duros, luego sobreviene el beneficio si las cosas funcionan como esperábamos. ¿Hacen esta clase de cuentas los Estados soberanos?

Por supuesto que un Estado no es un negocio y la perspectiva de obtener beneficios es bastante más compleja y tal vez de largo plazo. Si decidimos gastar en computadorizar el sistema educativo, por ejemplo, es porque esperamos mejorar el nivel de educación para que en un lapso de una o dos generaciones podamos contar con un material humano de gran calidad que mejore sustancialmente nuestra productividad. Es eso lo que generará una mejora en los ingresos generales. Así llegarán capitales y se harán inversiones aprovechando la mano de obra de alta calificación. Es un ejemplo que tomamos.

Veamos otro ejemplo tal vez un poco más gráfico y directo. Si para llevar a cabo un trámite determinado, como por ejemplo renovar un registro de conducir, debemos invertir 4 horas en un día laborable, estamos restando esa cantidad de horas a nuestro trabajo. Si imaginamos que en el año unos 5 millones de personas renuevan su registro, tenemos 20 millones de horas de trabajo perdidas en un sólo trámite. Si ese trámite nos llevara la mitad de ese tiempo, podríamos trabajar en el año 10.000.000 de horas más. Esas horas equivalen a 1.250.000 días de trabajo de 8 horas cada uno para una persona. 5.208 años si tomamos los días hábiles en torno de los 240 por año.

En términos generales cuando en el mundo se habla de ajustar o no las economías, lo que está queriendo decirse es que se seguirá gastando lo mismo o que se gastará menos. Lo que no se ataca ni considera es qué se hará con la eficiencia. Si un Estado gasta una determinada cantidad de dinero para que la población renueve su licencia de conducir, pero el tiempo del trámite se reduce a la mitad, la mayor eficiencia es de una evidencia conmovedora. Se nos dirá que el trámite en general lo pagan quienes solicitan el documento en cuestión. Digamos que es así al menos entre nosotros, pero es un costo que la Nación paga como tal. No poder ocuparnos de nuestras obligaciones laborales reduce la productividad y por ende incrementa los costos.

Estos ejemplos que damos pueden multiplicarse por miles. Y son vistos en todo el mundo. No estamos, por cierto, hablando de la Argentina en particular aquí.

Entonces, tanto la posición de los llamados ortodoxos, como la de los llamados heterodoxos, adolece de una falla de origen: no considerar la calidad y sólo detenerse en la cantidad.

Para decirlo de otra manera: si seguimos gastando lo mismo pero nos volvemos el doble de eficientes, estaremos reduciendo el gasto a la mitad sin haber restado un solo peso del presupuesto. Por supuesto que esto dicho linealmente y suponiendo una equivalencia absoluta. Pero sin duda que la relación es directamente proporcional.

Pero insistimos: ¿alguien ha visto que analistas y opinólogos hagan verdadero hincapié en el uso adecuado de los fondos? Nosotros confesamos que muy rara vez.

Pongamos las cosas de otro modo. Grecia y otros países están en situación crítica porque durante años han gastado de más y no pueden pagar sus obligaciones. Ahora se determina un ajuste que consiste entre otras cosas en reducir los sueldos de quienes se desempeñan en la administración pública. Esta gente, disconforme, rendirá menos y los tiempos administrativos tenderán a incrementarse como consecuencia de la disconformidad, las huelgas, las protestas, etc. La recaudación a su vez caerá más todavía.

La visión heterodoxa de que no debe reducirse el gasto también enfrenta la misma cuestión. Si venimos gastando mucho y mal y no hacemos nada para mejorar la calidad del gasto, seguiremos gastando mucho y mal. Si hasta ahora no pudimos dejar de endeudarnos más y más, tampoco dejaremos de hacerlo en lo futuro, dado que no estamos cambiando nada como para que eso ocurra.

Por lo tanto probablemente lo que habría que hacer es, como siempre ocurre en la vida, un poco de cada cosa. Mirar en qué gastamos, llevar adelante auditorías independientes, hacer eficientes las gestiones y reducir el tramiterío y la burocracia.

A estas alturas es probable que alguno de nuestros amables lectores estén pensando que tal vez creamos haber descubierto la pólvora. En absoluto. Cualquier economista sabe lo que aquí con nuestras largas o cortas luces tratamos de explicar. Y nos atrevemos a pensar que los políticos también en general lo saben.

¿Por qué entonces no se encaran las soluciones lógicas mediante planes de mediano plazo que permitan ir corrigiendo el exceso de gasto improductivo haciendo eficientes las economías? Porque es más fácil crear la ilusión de que son los políticos quienes vienen a sacar las castañas del fuego ayudando a los que no pueden o dicen no poder, creando el llamado Estado de bienestar, y buscando congraciarse con los votantes mediante la benevolencia y la caridad.

En términos generales, y por nuestra larga experiencia al menos, los políticos no hacen las cuentas para ver cómo y quién pagará los gastos y las deudas. El caso argentino es un dato incontrastable. En pocos años se eliminaron 13 ceros de la moneda nacional, sufrimos el “rodrigazo”, la salida de la “tablita cambiaria”, el “desagio”, el “plan Bónex”, el “corralito”, el “corralón”, la “pesificación asimétrica”, la apropiación de los fondos de las AFJP, la aplicación de impuestos exorbitantes a las exportaciones, y general un sin fin de “festivales de bonos” tendientes a seguir pagando y pagando a como dé lugar el gasto creciente para mantener la ilusión del bienestar. Ello sin contar el hecho de que por dos veces dejamos de pagar cifras de miles y miles de millones de dólares de deuda externa, contraída justamente para seguir solventando el excesivo gasto. Y como frutilla de la torta, un 25 o 30% de inflación anual acumulada según datos de provincias como Santa Fe; inflación que tiene su origen en la emisión de dinero espurio para financiar el gasto público.

Hablamos de la Argentina porque es lo que mejor conocemos todos. Los políticos se vanaglorian de dar planes de ayuda, asignaciones por hijo, electromésticos, computadoras, etc. Todo eso no es más que un certificado de pobreza para gran parte de la población. Se recurre a la caridad para ayudar al supuesto o real necesitado, con lo cual la necesidad se hace crónica y el problema sigue sin resolverse. Es increíble pero los políticos se jactan de su fracaso, porque el éxito sería que nadie necesitara recurrir a la caridad pública, no que cada vez más gente la requiera.

En la Argentina todo debe ser gratuito o muy barato. Apenas se produce una suba estacional del precio del tomate, por ejemplo, aparece un funcionario archiconocido (verdadero mono con navaja) a prohibir su venta. Y una reciente encuesta en la ciudad de Buenos Aires arroja que un 50% de la población cree que la inflación se combate...¡controlando los precios!.

Por eso los políticos apuntan para ese lado. Porque la gente “compra” eso. Una especie de cuento de Hadas, el reino de Nunca Jamás, claro está.

Tales o cuales servicios pueden y deben prestarse, pero no son gratuitos. Alguien los paga.

Cuando se subsidia al transporte, por ejemplo, el Estado se hace cargo de la diferencia en el precio del boleto. Es decir, ¡no es que el boleto no suba de precio, sino que el Estado paga la diferencia!

El conflicto de intereses, que es el título de este comentario, está originado entonces en el choque que existe entre la cultura política que sabe que repartiendo planes y ayudas se consiguen votos, y el hecho de que tales planes y tales ayudas cuestan muchísimo dinero, que suma “gasto” y origina endeudamiento cuando los recursos no alcanzan. Y cuando los recursos alcanzan, se gastan en eso y no en llevar adelante obras que mejoren la eficiencia y por ende la productividad.

Si algo ha sido constante en Europa en este último medio siglo es la política del beneficio, de la cobertura social, de la ayuda y la protección a desocupados o marginados. Lo cierto es que ninguna cobertura o protección resulta finalmente gratuita y los Estados soberanos deben pagarla de algún modo. De lo contrario, como ha ocurrido, el endeudamiento crece a niveles insoportables hasta que finalmente sólo queda la opción del default, dado que la variante devaluatoria (tan común hace unos años) quedó prácticamente eliminada por la adopción de una moneda común. Los gobiernos europeos en general, y los socialistas en particular, han promovido hasta el hartazgo la idea de que se podía vivir indefinidamente gastando más de lo que se puede. Esa responsabilidad es esencialmente política. Es la política y sus representantes los que una y otra vez se presentan como los buenos y generosos que se oponen a la fría ley del mercado. Pero cuando se produce el desastre, amables lectores, la culpa no es de ellos, sino del capitalismo salvaje. Y últimamente de la globalización, que no deja de ser la consabida división internacional del trabajo y que nada tiene que ver con el gasto excesivo e improductivo.

La Europa generosa y dadivosa, (especialmente fronteras adentro, porque a los inmigrantes los destrata de manera inhumana, quizás porque no votan) no es un producto de la libertad de comercio, sino de la decisión de los gobernantes de llevar adelante el Estado de bienestar sin medir los gastos. Esto es lo que ocurre también en la Argentina, aunque con un claro sesgo populista. El conflicto que señalamos lleva pues a la inexorable necesidad de pagar la fiesta. En eso están los europeos (y también los norteamericanos, aunque su gasto excesivo tenga razones bastante diferentes), y pronto estaremos también los argentinos.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 1º de octubre de 2011

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Una segunda opinión, nunca está demás.

ACTUALIDAD ECONÓMICA: La mano dura oficial

Algunos piensan, qué duros que son, por qué están con la ministra de Industria que mete licencia acá y allá. Si eso es para lograr más trabajo y producción en la Argentina, tenemos la obligación de hacerlo por los 40 millones de argentinos Cristina Fernández de Kirchner

En estas breves palabras expresadas por la presidenta de la Nación durante un acto de celebración del 60º aniversario de Mercedez Benz Argentina, en el partido de La Matanza, podemos encontrar el lumpen de la base ideológica que la guía y también la esencia de nuestro profundo disenso con ese modo de ver las cosas. No hace falta más.

Aún así, agregaremos más, siempre tomándonos del mismo discurso que pretendemos comentar. Porque somos contestes de que no sólo aquello que abunda no daña, sino que además corrobora.

Las palabras de la presidenta hicieron hincapié en el gran crecimiento de la industria automotriz argentina; destacando la participación creciente de autopartes de fabricación nacional. Y también que la firma de marras vuelva a producir camiones en el país luego de 20 años de no hacerlo.

Naturalmente siempre el crecimiento de la industria, o del agro o de los servicios o de lo que sea, es una buena señal en términos económicos y redunda, evidentemente, en una mejoría general de las condiciones económicas del país. Ello así en tanto tal mejora sea genuina y no producto de artilugios monetarios y promociones varias, porque si ese fuera el caso, estaríamos ayudando a unos con el dinero de los otros.

Entendemos que, en términos generales y muy lamentablemente, esto es lo que viene ocurriendo en la Argentina.

Baste traer a cuento la surrealista disposición oficial según la cual quien importa debe exportar lo que sea por un valor similar para entender el verdadero zafarrancho en el que estamos metidos.

Es sabido que mientras la industria percibe por las exportaciones que realiza dólares al cambio oficial de $ 4,24 aproximadamente por unidad de dólar, mientras que el exportador de soja solamente recibe $ 2,756 por cada dólar. Es obvio que toda la ayuda que puede llegar a recibir la industria, cualquiera sea ella, proviene de recursos fiscales, el principal de los cuales es este. El Estado se queda con $ 1,484 por cada dólar de soja exportado. Dinero que ingresa a rentas generales, obviamente. Y que como sabemos salvo en casos específicos no se coparticipa, además.

La presidenta también hizo una mención a la falta de cloacas y de agua potable en La Matanza, un juego político de bajo vuelo porque de ese tipo de cuestiones deben encargarse los municipios y no la presidenta de la república. Pero dejemos esto que no es lo fundamental, aunque no está demás señalarlo, porque hay una tendencia muy marcada en la Argentina en atribuir todos los logros al accionar particular de los presidentes. Y eso no sólo no es cierto, sino que es imposible.

Vayamos entonces a la frase inicial de este comentario. La ministra “mete licencia acá y allá” significa que arbitrariamente una funcionaria colaboradora del Poder Ejecutivo hace lo que le viene en ganas. Eso se llama arbitrariedad, discrecionalidad. Y, corriendo un poco hacia arriba o hacia abajo el listón: amiguismo.

No pretendemos poner en duda la honestidad intelectual y moral de la señora Déborah Giorgi, pero entregar semejante poder a una persona no solamente va en contra de la constitución y de las leyes, sino que apunta a un grado de soberbia inconcebible en un Estado de Derecho. Nadie puede saber de todo tanto como para decidir qué sí y qué no y en qué cantidades y cuándo y cómo y por qué y para qué. Es tan absurdo que agobia. Sin embargo se dice, se afirma, se toma como un logro, y a nadie se le mueve un pelo.

Sigamos: si para lograr más trabajo en la Argentina sacamos fondos de un lado (el campo) para ponerlos en otro (la industria), no creamos más trabajo, sino que desplazamos el trabajo de un lado al otro. Podrá argüirse que la industria genera más trabajo que el campo, pero nosotros consideramos que eso no es así. Las grandes industrias cuentan con un grado de tecnificación tan grande que cada vez es menor la mano de obra ocupada para igual producción. Hoy en día la mano de obra se ocupa esencialmente en servicios, no en industria. Por su parte el campo en sí mismo ocupa gente, obviamente, pero básicamente lo que su desarrollo genera es agroindustria, con lo cual el resultado termina siendo más o menos similiar al que produce el desarrollo de la industria al que alude la presidenta. Con una diferencia: el costo.

Quitar dinero de un sector altamente eficiente (el sojero) para dar ayudas a General Motors o a quien fuera no parece ser una manera de hacer crecer, sino de que crezca uno a costa del otro. Esta es la verdad.

Ahora bien, la otra pregunta es por qué de todas maneras crece la Argentina. Y la respuesta está, justamente, en el campo y en la agroindustria como base. No es que la industria automotriz no haya crecido mucho, es que el crecimiento debe medirse en términos de rentabilidad, y ésta en términos de productividad. Dicho de otra manera: lo que permite medir genuinamente el crecimiento es el resultado neto. Y tal resultado se obtiene de comparar la producción con los costos. Producir muchísimos bienes a un costo que casi no deje utilidad, puede ocupar mano de obra o lo que sea, pero no hace crecer al país en su conjunto como debería. La maximización del beneficio, la mejor utilización de los recursos es la que lo hace.

Y no caben dudas de que los recursos en la Argentina, deben volcarse a los sectores más productivos y eficientes, sin desmerecer a ningún sector.

¿Fabricaría nuevamente camiones Mercedez Benz si tuviera que venderlos con el dólar a $2,756? Si la respuesta es no, entonces el anuncio presidencial encierra un sofisma. Porque a algún precio cualquiera puede fabricar algo, si alguien le presta o le regala el dinero.

No queremos personalizar en esa empresa y lo aclaramos. El tipo de cambio que estamos refiriendo es un dato, y evidentemente quien hace las cuentas toma los $ 4,24 que vale el dólar.

Otro aspecto que también mencionó la presidenta es el referido a la comparación entre sector financiero y sector productivo. Esta dicotomía, que consideramos una verdadera falacia, no es nueva, en especial en sectores llamados heterodoxos. Veamos: no existe producción si no existe financiamiento. Tanto es así que la propia presidenta habló de financiar la producción, el trabajo, la apertura de fábricas, la dación de créditos. Y dijo algo que verdaderamente nos sorprendió: “para eso queremos el sistema financiero, porque si no piensan que pueden terminar siendo gallinas y empollar dinero”.

Es interesante preguntarse por qué razón el Estado argentino lleva emitidos bonos denominados Letras del Banco Central y Notas del Banco Central (Lebacs y Nobacs) por más de 20.000 millones de dólares. O por qué la inmensa cantidad de bonos emitidos por el Estado son todos al portador mientras las acciones deben ser nominativas.

Es interesante a su vez preguntarse para qué quiere el dinero quien emite un bono y lo toma. Para qué lo quiere el Estado.

Es obvio que lo hace para llevar acabo alguna operación, la que fuera. A lo mejor se trata de una operación anterior que desea cancelar, o como se dice en la jerga, refinanciar.

Digámoslo aún de otro modo: nadie toma dinero y paga un interés por él para quedarse observando el dinero como si fuera el Tío Rico. Está bien claro.

Ahora bien, el trasfondo de lo dicho por la presidenta es que hay un dinero especulativo y otro creativo. Detalle que implica suponer que un dinero prestado para crear una fábrica, por ejemplo, es diferente del dinero prestado para consumir un bien, o a su vez de otro destinado a adquirir un bono. Un bien que debe ser producido por una fábrica, y que si esa fábrica no tiene quien se lo compre porque no hay crédito al consumo, carece de sentido que lo produzca. Si para tener dinero se endeuda o emite un bono, tal bono no difiere en principio de ningún bono público o de otra índole emitido por quien fuere.

La cadena o apalancamiento de préstamos especulativos, tiene siempre como objetivo el fin último que es el bien producido. El gasto al que se destinan en general los recursos obtenidos por el Estado mediante endeudamiento, consiste en el consumo de bienes producidos.

Puede resultar cansador repetir que ningún bono, ningún préstamo, ningún endeudamiento tiene otro motivo que financiar la adquisición de bienes y de servicios.

Y cuando se produce el traslado de un bono de un tenedor a otro, eso es porque el segundo prefiere adquirirlo y el primero necesita el dinero, del mismo modo que ocurre cuando se descuenta un cheque o un pagaré.

Para finalmente decirlo con todas las letras, las distinciones entre lo financiero y lo económico; o entre lo especulativo y lo productivo, son un sofisma. El fondo de la cosa es que se emiten papeles garantizados o no por determinados bienes o por créditos. Y nada más.

Y en definitiva, es muy loable la pretensión de lograr más trabajo y producción en la Argentina. Pero la razón de ser de la producción de bienes es su comercialización, para lo cual hace falta un mercado de créditos al consumo.

No es cerrando las fronteras como se mejora la situación de una economía, sino volviéndola competitiva mediante una mayor eficiencia. Y esto se logra con reglas de juego claras, con seguridad jurídica y con respeto a los contratos.

La razón por la cual las medidas proteccionistas e inflacionistas son bien vistas por muchos empresarios, es que prefieren esta clase de arreglos a tener que salir a competir con el mundo.

Fabricar más piezas locales, otro de los desafíos presidenciales, da trabajo a los argentinos y evita tener que importar tales piezas. Eso a su vez mejora la balanza comercial.

Pero todo excedente de dinero debe ser aprovechado para adquirir en el Exterior aquello que no producimos y necesitamos. Nuevas tecnologías, nuevas máquinas, nuevos desarrollos industriales. El objeto del balance comercial favorable es el consumo de tal balance en cosas útiles

La producción local es complementaria de la importación, y productora de los bienes para su exportación. Forzarla mediante fronteras cerradas, “licencias” de la ministra” y trabas de todo tipo, no permite hacerla competitiva. Todos tenemos bien presente la calidad de tantos materiales y repuestos de lo que fuere fabricados localmente. Es obvio que no se logra la calidad de la competencia externa porque no hay inversiones y tecnología suficientes. Eso no se logra con “mano dura” y arbitrariedad, sino con seguridad jurídica y estado de derecho, con una moneda sana que no sea emitida a troche y moche para paliar gastos improductivos de carácter político. Con una genuina política monetaria, seria y predecible. Es así como se logra trabajo para todos, y trabajo de calidad y bien remunerado.

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ACTUALIDAD ECONÓMICA: ¿LE ASISTE ALGO DE RAZÓN A MOODY´S?

La calificadora internacional ha emitido un informe con relación a lo que podría pasar dentro de un año o un año y medio con el sistema bancario argentino. Los banqueros y en general los economistas han contestado con lo que pasa hoy, pero no resulta claro por qué no podría pasar lo que el informe señala.

Como es de público conocimiento, la calificadora internacional Moody´s le bajó la nota al sistema bancario argentino, pasándola de estable a negativa. Más específicamente, la conocida agencia hizo referencia a la sostenibilidad en el tiempo del sistema, a sus perspectivas en un lapso comprendido entre un año y un año y medio. El informe se refiere a las políticas fiscales y monetarias expansionistas que están impulsando el crecimiento económico, el consumo y los niveles inflacionarios a niveles (sic) difíciles de sostener”.

Si acercamos la lupa podemos observar que la calificación en principio dirigida al sistema bancario, en verdad está referida a la política macroeconómica impulsada por el gobierno. En otras palabras: no parece que sea el sistema bancario el que tendrá problemas, sino que los problemas los tendrá el “modelo” y esto afectará al sistema bancario.

Prácticamente desde todos los sectores vinculados al quehacer financiero y bancario se han alzado voces de protesta y de reclamo ante la situación planteada. Por un lado se afirma que el sistema bancario ofrece índices de solvencia, liquidez y fortaleza más que adecuados. Por el otro se califica de “temerario” el informe que comentamos. Y se recuerda que por el tamaño y menor grado de conexión con otros sistemas, casi no sufrió las crisis bancarias de los países centrales.

Nos limitamos a transcribir de manera rápida los cuestionamientos desde lo que podríamos llamar el punto de vista técnico y dejamos de lado opiniones políticas que nos parecen absolutamente irrelevantes. Especialmente las que apuntan a defenestrar a estas calificadoras con argumentos tales como que en otras oportunidades han fracasado en sus pronósticos. Ello así en virtud de que si estamos analizando éste caso, y nos referimos a sus implicancias, mal podemos entrar a discutir los aciertos o desaciertos pasados de tal o cual agencia de calificaciones. Si, en virtud de fallas anteriores lo que califica Moody´s carece de valor, hablar o discutir la calificación es una entelequia. No lo vemos así, pensamos que es relevante lo que afirma, y tenemos razones para suponer que tan equivocada no está.

EL PANORAMA ACTUAL

Según datos publicados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las consultoras ACM y Econviews, entre otros, podemos tener un somero panorama de la situación fiscal actual y de su perspectiva para el año próximo.

En el año 2010 las cifras netas de superávit fiscal, una vez deducidos los costos financieros, arrojaron algo más de 3.000 millones de pesos. Para el año 2011, las estimaciones apuntan a un déficit de poco más de 30.000 millones, que pasarán a 52.300 millones en 2012. Se cuentan aquí los incrementos en los ingresos, en el gasto primario y en los intereses de la deuda. No pretendemos explayarnos en del detalle de las cifras, pero las mismas marcan una tendencia concreta con la tasa de inflación esperada y el hecho de que los gastos han venido creciendo más que los ingresos y la perspectiva es que esta misma tendencia continuará en el futuro, especialmente si como resulta previsible el actual gobierno resultará reelecto en octubre próximo.

El financiamiento del déficit en el corriente año se producirá recurriendo a los llamados depósitos públicos del Banco de la Nación, a las reservas y a las utilidades del Banco Central y a los recursos excedentes provenientes de la ANSES.

En la medida en que se continúe con la política monetaria expansionista e incentivadora del consumo, las fuentes de financiación no alcanzarán para cubrir el desfasaje. Esta realidad ha sido señalada por innumerables profesionales, mucho antes de la “nota” que estamos comentando.

Los intentos del gobierno para saldar las cuentas con el Club de París apuntan, naturalmente, a obtener fuentes de financiamiento internacional, hoy vedadas especialmente por la deuda que tiene el país con ese Club. Si no se llega a un acuerdo, y es evidente que se dilata cada vez más esa posibilidad, el creciente déficit fiscal deberá ser cubierto de otra forma. Y precisamente el punto que no debemos dejar de tener bien presente es el de determinar quién y cómo absorberá el desbalance creciente.

OTRAS DISQUISICIONES

Si como es de prever de las elecciones de octubre resulta además que el oficialismo vuelve a tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso, es muy probable que se traten allí proyectos de ley como el de reformulación de la Carta Orgánica del Banco Central, o el de declarar a las instituciones bancarias de interés público.

No son cuestiones menores. El Banco Central luego de que el Poder Ejecutivo echara, de mal modo y absolutamente fuera de la legalidad al ex presidente Martín Redrado, ha incorporado a la institución encargada de preservar el valor de la moneda a la lista de organismos disponibles para hacer y deshacer según los designios de los funcionarios cercanos a la presidencia de la Nación. En otras palabras, se ha terminado la autonomía y también la independencia del centro neurálgico de la decisión financiera.

La calificación de servicio público para las instituciones bancarias cambia radicalmente su función como negocio financiero, dado que pasarían a ser simples instrumentos para promover o desarrollar actividades que a juicio de las autoridades políticas resultaran convenientes. Es decir que las posibilidades de mantener una rentabilidad se reducirían notablemente. Y ni qué hablar de la tenencia de títulos públicos en el caso de que el Estado nacional, por imperio de las circunstancias deficitarias, decidiera refinanciar la deuda y por ende canjear tales títulos por otros a mayor plazo, como tantas veces ha ocurrido.

A ello se suman otras cuestiones tales como el control estricto sobre las compras de divisas que muestra a las claras la intención de desdoblar el mercado cambiario fomentando la operatoria informal a mayores precios, la emisión de moneda en torno del 40% anual, la regulación de las tasas de interés y el manejo discrecional de los encajes bancarios para ajustarlos a los enfoques políticos vigentes.

CONCLUSIONES

El flujo y reflujo de fondos y en general la operatoria financiera está y estará sujeta a los vaivenes de los enfoques políticos vigentes. Proyectos en danza como los mencionados probablemente se traten y se aprueben, al tiempo que el Banco Central continuará utilizando las reservas para pagar deuda, lo cual constituye una anomalía muy seria respecto del respeto del valor de la moneda local. También es posible que se recurra a otras fuentes de financiación. De hecho la falta de ajuste por inflación de los balances de las empresas multiplica la presión tributaria de manera notable. El actual viceministro Feletti ha dicho públicamente que el modelo “populista” (sic) se profundizaría. Sus expresiones no han sido debidamente enmendadas por lo que cabe suponer que tuvo el visto bueno de sus superiores para expresarse de ese modo. Y la verdad es que la profundización del tal “populismo”, por definición, requiere la apropiación por parte del Estado de rentas provenientes de particulares y de empresas. Las llamadas “rentas extraordinarias” son siempre carne de cañón. Aquel que gana un poco más en la Argentina, puede prepararse que algún impuesto nuevo le caerá.

Por lo tanto, y más allá de cualquier otra consideración, Moody´s claramente está hablando de lo que podría sobrevenir, y no de la situación actual del sistema bancario. Y en tal sentido, no parece improbable que su pronóstico se cumpla.

Decir esto puede aparecer como “agorero” y cosas por el estilo, pero entendemos que no es atacando al mensajero como se aclaran estas cuestiones. A Moody´s se le ha respondido con la situación actual, pero Moody´s está hablando de la situación futura. Distinguir la diferencia está en la base para ensayar una respuesta que hasta ahora no hemos visto.

Si hay efectos negativos destacables dentro de este “modelo”, ellos son los producidos por el efecto inflacionario, por la fuga de capitales y por la falta de inversiones genuinas. La baja productividad es también una consecuencia de varios años de mantenimiento del tipo de cambio alto (algo que ya no ocurre) y de los subsidios y demás formas de ayuda, que tienen a anquilosar una situación insostenible por ser económicamente inviable. O “sustentable”, como gustan decir no pocos profesionales.

Si las cosas continúan así, o incluso se profundizan, fácilmente podemos asignar grandes posibilidades de que de acá a un año o dos se produzca una situación insostenible para la rentabilidad del sistema bancario. Dicho de otro modo: Moody´s no está tan equivocada en sus supuestos.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 30 de agosto de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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Una buena administración permite reducir la carga tributaria. La auditoría fiscal brinda un reaseguro de gran importancia.

Una segunda opinión, nunca está demás.

LA VIVIENDA Y LA POLÍTICA

“Es la economía, estúpido” James Carville, asesor de campaña de Clinton

El problema del acceso a la vivienda se manifiesta de diversas formas en el mundo entero. En los países menos desarrollados se da de forma parecida a la que nosotros conocemos. En los más desarrollados se ven barrios donde la gente vive hacinada y en condiciones de higiene francamente precarias. En ciertos regímenes totalitarios se observa gran cantidad monoblocs que se asemejan a las estructuras que se obtienen de los juegos para armar de los niños, en los que se amontonan las familias y se acomodan como pueden. En lugares más primitivos, la gente sobrevive en chozas e inclusive en cavernas. Y, todavía peor, una gran cantidad de seres humanos vive directamente a la intemperie.

En el mundo viven, con sus más y sus menos, unos 7.000 millones de habitantes. Hace poco más de un siglo, la cifra total no superaba, según las mejores estimaciones, los 1.000 millones.

Las necesidades habitacionales crecieron de manera inusitada ante el notable mejoramiento de la expectativa de vida producto, a su vez, de los avances científicos y tecnológicos.

Así, acceder a una vivienda se ha convertido cada vez más en un drama de dimensiones inusitadas.

Si bien en cada región del mundo esta ingente cuestión intenta resolverse, no en todas partes se utilizan las mismas políticas, obviamente. Lo cierto es que, en general, salvo escasísimas excepciones, el problema persiste y se acrecienta.

Si bien nuestra intención es referirnos a lo que ocurre en la Argentina, la mención del problema a nivel mundial tiene por objeto contextualizar la cuestión. De ninguna manera intentamos caer en el conocido proverbio del “mal de muchos...”

Para intentar paliar al menos esta situación es necesario cuantificarlo. Luego definir qué se supone que es posible hacer. Y finalmente, asignar urgencias.

Desde nuestra perspectiva, todas las políticas seguidas desde hace no menos de 6 décadas han fracasado u obtenido resultados muy parciales e insuficientes. Por el contrario, las distorsiones y abusos producto de legislaciones populistas y supuestamente asistencialistas no han dejado de destruir lo poco o mucho que podría haberse avanzado en la materia.

Durante 30 años (hasta mediados de los 70) rigió en el país una ley que congelaba los alquileres, impedía los desalojos y manifiestamente mostraba la absoluta negación del problema inflacionario, producto precisamente de políticas monetarias erradas y erráticas. Así las cosas, aquellos inmigrantes que en la primera mitad del siglo XX construían alguna piecita con sus ahorros para tener un alquiler que le sirviera de paliativo en sus últimos años en este mundo, vieron cómo un Estado omnipotente y abusador les destruía su sueño de manera definitiva. Propietarios e inquilinos llegaron a matarse por esta absurda política surgida durante el gobierno peronista de los años 40 y 50. Hemos conocido casos en donde el monto mensual llegó a ser tan ridículo que ni valía la pena molestarse a intentar cobrarlo.

El Estado, en su furibundo intervencionismo, ideó una y otra vez políticas de construcción de barrios y casas para entregar de manera más o menos organizada, a todos aquellos que se anotaban en los diversos planes. Pero también, y muy especialmente, a aquellos a los que se deseaba favorecer por conveniencias políticas.

Surgieron así barrios en algunos casos tristemente célebres, como el conocido como Fuerte Apache.

Para no hacer esto demasiado largo, podemos decir que todos los planes de viviendas encarados por organismos como el FONAVI y los sistemas de créditos blandos como la circular 830 del Banco Hipotecario, en tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín, o aquella famosa circular 1050 de los años de la dictadura militar, no lograron ser otra cosa que tímidos paliativos en el mejor de los casos, mientras la mayoría aparecía adornada de corruptelas y asignaciones a “los amigos” del poder de turno.

En la actualidad, los planes consisten en entregar fabulosas sumas de dinero a fundaciones o a personas vinculadas con el llamado “campo social” lo cual equivale a violar elementales normas de control de gastos de Estado. Y no sólo eso, sino que parte del prejuicio de suponer que ciertas gentes son más buenas que otras según sea su ideología. La vieja confusión entre virtudes e ideas, que lleva a algunos a pretender apropiarse de la ética. Y de los fondos públicos.

A todo lo antedicho se ha venido sumando, en los últimos años, esa especie de dormidera de la autoridad constituida para establecer o restablecer el orden público, en general con el argumento falaz de no “criminalizar la protesta social”, razonamiento que constituye la antesala de la anomia, que finalmente termina aplicándose a las ocupaciones ilegales de tierras.

Está muy fresco en la memoria de la población lo ocurrido en el Parque Indoamericano, donde luego de una intervención de la Policía Federal un día, al siguiente se permitió la ocupación del predio en medio de una verdadera oda a la barbarie. Gente arrojándose piedras, exhibiendo armas de fuego, incendios y cortes de calles y autopistas mientras la presidenta de la República interrumpía la transmisión en vivo de semejante despropósito para, mediante la cadena nacional, ocuparse de otra cosa. Un despropósito mayor aún.

Más allá de cómo y quiénes organizan y lucran con las “tomas” de espacios públicos o de predios particulares, lo cierto es que existe una convalidación expresa o tácita, de tal modo que quienes usurpan obtienen un premio por ello. Una y otra vez ha quedado demostrado que así es. Todas las villas de emergencia que pululan en la Capital Federal se han originado en ocupaciones ilegales. Y ahí están, creciendo todos los días sin que nadie se atreva a poner las cosas en su lugar, sino todo lo contrario.

Lo mismo está ocurriendo por estas horas en Jujuy, donde luego de la represión que terminó costando nada menos que cuatro vidas, se ha presentado un proyecto de expropiación de un solar privado a fin de lotearlo entre los ocupantes. Una verdadera ignominia, si se toma en cuenta que la función del Estado es, antes que ninguna otra, hacer respetar los derechos adquiridos, ello con independencia de ocuparse de ayudar a quienes lo necesiten mediante el uso de fondos públicos. Dicho de otra manera: una cosa es que se asignen tierras fiscales o incluso se expropien terrenos de particulares con la debida indemnización, y otra muy distinta es que se convalide una usurpación.

Pero, con todo, la cuestión es intentar imaginar cómo debe encararse la solución de fondo. Porque es sabido que los planes de ayuda de la índole que fueren constituyen artilugios que son usados políticamente para comprar voluntades. Esto dicho en general y casi sin excepciones es lo que ha ocurrido desde hace varias décadas. Ningún gobernante regala nada, y mucho menos de su propio peculio. En los últimos tiempos, por el contrario, tal peculio crece de manera exorbitante sin que aparezca una justicia supuestamente independiente que investigue. El dinero para construir viviendas es obvio decirlo que proviene de las arcas públicas. Todo el dinero utilizado en todos los planes oficiales, cualquiera sea su modalidad, surge de la recaudación tributaria o de la emisión espuria de moneda. Inclusive en los casos en los que los favorecidos deben pagar una cuota, es obvio que la misma se encuentra subsidiada fuertemente, siendo toda la población la encargada de pagar la diferencia.

El problema de la vivienda responde, en sí mismo, a una cuestión bastante más general y tiene que ver con la concepción económica y política de un Estado soberano. La existencia de seguridad jurídica y de una moneda o unidad de cuenta confiables son esenciales. Las tasas de interés no son producto de especulaciones o de teorías conspirativas y “golpes de mercado”, sino la consecuencia de la inestabilidad monetaria y jurídica.

La razón por la cual un país como el nuestro no recibe inversiones a gran escala y no avanza en ningún proyecto industrial serio, es precisamente esa. No hay otra forma de lograr el crecimiento dentro del llamado capitalismo que no sea la de volverse menos burocráticos, más eficientes, menos arbitrarios.

La tendencia a una mayor estabilidad fiscal, jurídica y monetaria, es la base para una mejora en la productividad. No es inflando el valor del dólar como nos volveremos competitivos. Es insólito que las inversiones no lleguen masivamente a estas playas siendo que, como se afirma, nos va fenómeno y crecemos a tasas chinas.

No es subsidiando o estableciendo tarifas diferenciales como se logra el crecimiento y en definitiva el desarrollo. Cualquier ayuda es un paliativo. No un método para combatir la pobreza o el subdesarrollo. Esto hay que entenderlo de una buena vez. Y ya es hora.

El actual gobierno reparte todo tipo de prebendas, subsidios, asignaciones familiares. Interviene en todos los mercados, fija los precios, cambia los índices, usa las reservas del Banco Central, emite moneda, reparte feriados. Todo parece estar mal hecho a menos que el omnipresente gobierno nacional organice un acto en el que la presidenta pontifique, ante la amalgama de funcionarios afines que están allí para aplaudir, la verdad revelada que los argentinos no hemos entendido.

Y la verdad es que los funcionarios y los políticos no son más que seres iguales que nosotros que un día se vistieron la casaca. Tan buenos y tan malos, tan justos y tan descarriados como cualesquiera de los habitantes de este suelo.

Que tengan o no una cuota de poder, no los convierte en omnisapientes. Esto también es una obviedad que claramente la presidenta de la Nación no ha entendido. En verdad no parecen haber entendido este razonamiento tan simple la inmensa mayoría de los políticos. Primero se destruye la moneda mediante políticas expansionistas, luego se destruye el Estado de Derecho porque la realidad no se condice con su parecer, y finalmente se pretende resolver el descalabro económico y financiero con más y más intervencionismo. Intervencionismo que llevan a cabo personas de carne y hueso como cualesquiera de nosotros.

Si observamos la realidad económica y social, rápidamente podremos comprobar que se multiplica todo tipo de subsidios, controles, asignaciones, rebajas, planes “para todos”, ayudas, repartos, y mil etcéteras. Y sin embargo el estándar de vida ha caído de manera segura y seguida a lo largo de varias décadas.

La moneda se ha deteriorado al punto de haber perdido trece ceros en algo más de 40 años. Y como vamos, más temprano que tarde perderá algún cero más.

La construcción de edificios de todo tipo se ha multiplicado en las ciudades en los últimos años. La razón fundamental es que para muchos ahorristas constituye una reserva patrimonial mucho mejor que la tenencia de cualquier papel. Pero hay otra razón que no se menciona actualmente: el Estado ha dejado de intervenir en el mercado de los alquileres. Es eso lo que posibilita que mucha gente “ahorre en ladrillos”, como ocurría antes de la desastrosa sanción de la ley de congelamiento de los alquileres que señalábamos al comienzo.

Quienes contamos algunos años, recordamos las sucesivas intervenciones en el mercado de alquileres en los años 70 y 80. Todas ellas posteriores a la derogación de la funesta ley de congelamiento.

Sólo en los años 90 se dejó de lado esta política. Y curiosamente, si bien hubo algunos amagues durante éste y el anterior gobierno, la cosa no pasó a mayores y finalmente al menos hasta ahora no se ha tocado el mercado, excepto por la prohibición de colocar cláusulas de ajuste monetario en los contratos, cuestión que obliga a tomar recaudos y muchas veces infla los precios iniciales.

Pero sí se ha producido un fenómeno que podríamos llamar concomitante. La prohibición de construir edificios por falta de infraestructura en cloacas, agua de red o tendido eléctrico y de gas domiciliario. Es decir, en lugar de reclamar que el Estado o las empresas concesionarias mejoren la infraestructura, lo que se hace es intentar impedir que se construya, violando así el derecho de propiedad de quienes en su terreno desean construir. Sin indemnización alguna, por supuesto.

La verdad es que el asistencialismo es funcional a la compra de votos. El llamado Estado benefactor regala y subsidia, creando la ilusión en las gentes de que todo aquello que necesiten lo obtendrán sin esfuerzo alguno.

En términos económicos termina siendo preferible estar siempre de lado de los que reciben; y no de quienes hacen el esfuerzo de producir. Es así como la productividad no mejora como debería, mientras los empleos públicos o aquellos trabajos inventados por las leyes mediante subsidios, crecen y crecen sumando más y más ineficiencia.

No hay aliento a la producción o a la inversión lisa y llana cuando no se respetan contratos, derechos o condiciones. No hay aliento al ahorro en moneda nacional cuando se sabe que la moneda pierde rápidamente su valor y que encima el propio Estado miente al respecto.

Una economía sólida, ordenada, respetuosa de la ley y sostenida en el Estado de Derecho es la base para el crecimiento sostenido y ordenado, que alienta la llegada de capitales, la inversión y el trabajo.

Este tipo de concepción jurídico política no existe casi en la Argentina. Y no existe desde hace muchos años. Tantos como los que llevamos debatiendo la falta de viviendas.

Intereses de clase, facciosos, arribistas, se agregan a esta verdadera puesta en escena. Los llamados “pueblos originarios” reclaman tierras de sus antepasados, reclamo al que se suman intereses políticos arribistas y facciosos. Los “sin techo” se constituyen en una forma de poder de clase o de casta. No importa demasiado dónde vivían y dónde dormían el día anterior. Basta que estén donde deben estar en el momento indicado para la “toma”, y luego anotarse para percibir la ayuda

El camino de la bondad puede estar plagado de buenas intenciones por parte de gente de bien y que intenta ocuparse de las necesidades de los demás. El camino elegido favorece el populismo y la facciosidad política.

Acceder a la vivienda desde la política es, casi de seguro, entrar en la prebenda y en la dádiva. En la transacción a cambio de votos. A la vivienda se accede desde la economía.

Quizás lleve mucho tiempo, quizás no haya para todos. Eso puede ser. Pero entonces sí el Estado puede aportar lo suyo, desde organizaciones no gubernamentales y apolíticas, con el debido control de los fondos, las auditorías y las rendiciones de cuenta. Como también marca la Constitución Nacional

Héctor Blas Trillo Buenos Aires, 7 de agosto de 2011

La presidenta de la república volvió a plantear una vieja dicotomía como si se tratara de una elección que puede motivarse mediante un consejo vertido por la dirigencia política.

¿Quién no recuerda aquella famosa afirmación de Lorenzo Sigaut “el que apuesta al dólar pierde”? ¿Quién no tiene presente aquella otra de Juan Carlos Pugliese “le aposté al corazón y me contestaron con el bolsillo”? Más atrás en el tiempo, pero no por ello menos vigente, Juan Domingo Perón decía “¿alguien vio alguna vez un dólar?”

Sucesivos gobiernos y sucesivos políticos en la Argentina han intentado desactivar la preferencia por el dólar como refugio de valor, incluso con afirmaciones nacionalistas del tipo “yo vivo en la Argentina y me manejo en pesos”; repetida incluso por comentaristas políticos o periodistas a lo largo de muchos años.

Hace ya muchos años que la economía en serio se maneja en dólares. Incluso en los tiempos de la llamada convertibilidad, el dólar siguió siendo la unidad de cuenta para la inmensa mayoría de la población. La apelación a que “somos argentinos” y “debemos defender lo nuestro”, nunca sirvió para nada.

Sin embargo parece tener más rédito político seguir recurriendo “al corazón” en lugar de buscar las causas por las cuales los argentinos hemos decidido proteger nuestros ahorros en moneda extranjera y no en la moneda local.

La respuesta entendemos que es obvia y no entraremos en detalles en aras de la brevedad, como se dice habitualmente.

La moneda argentina ha sido degradada una y otra vez, y sigue siéndolo. La evidencia de los controles de precios no hace sino corroborar este aserto. Nadie confía en aquello cuyo valor debe ser respetado por obligación y no porque conviene. Y los controles de precios, vistos desde el ángulo opuesto, implican intentar a lo bruto que la moneda no se desvalorice. Algo así como las “lomas de burro” en lugar de los semáforos o los indicadores de velocidad máxima.

Ahora la presidenta ha recurrido a una variante que también ha sido utilizada otras veces. Aquella según la cual lo mejor para los argentinos es invertir en acciones en lugar de comprar dólares. Sin embargo, hay sobradas razones por las cuales esto no ocurre y por eso es necesario pedirlo.

Por un lado, las acciones están sujetas a un mercado bastante reducido y las variaciones de sus precios pueden ser muy grandes de un día para el otro y por razones incluso políticas. Un ministro que salga a decir que tal o cual empresa no puede ajustar sus tarifas, o que debe seguir tal o cual política de dividendos pueden ser motivos para grandes bajas. Inversamente, una política intervencionista que redunde en un proteccionismo a tal o cual actividad, puede provocar un incremento notable en minutos.

Además de la injerencia estatal, existe un sinnúmero de factores que puede dar lugar a grandes cambios. En definitiva, tener acciones implica estar atentos a lo que puede ocurrir cotidianamente, dedicarse a estudiar lo que pasa y en definitiva estar encima del negocio. Los ahorristas no hacen eso. Por eso prefieren masivamente comprar dólares o, en su caso, colocar el dinero en plazos fijos para comprar luego dólares con el resultado de sus colocaciones. En estos momentos el dinero puesto en tales condiciones oscila los 25.000 millones de dólares, una cifra nada desdeñable que muestra además que cuando existe una cierta garantía de conservación del valor de la moneda, la gente opta por los pesos. Y no es que la garantía la ponga Guillermo Moreno y sus controles de precios. No. La garantía es la de que la tasa de interés sea superior a la devaluación de la divisa norteamericana.

Otro dato que es de suma importancia es que las acciones actualmente no son al portador. Cualquier adquisición de acciones es nominativa y por lo tanto el comprador queda registrado como tal. No ocurre lo mismo con los títulos públicos, que sí son al portador. Una curiosa heterogeneidad tratándose en definitiva de inversiones por parte de la gente.

Lo cierto es que todos sabemos lo que puede llegar a ocurrir por quedar “escrachados” y sujetos a verificación. Lo mismo está ocurriendo en la compra de dólares, y es por eso que ha aumentado considerablemente el volumen operado en el llamado dólar libre, o “blue”.

Otro aspecto que hay que considerar es que mucha gente tiene temor a que le apliquen un nuevo impuesto a las operaciones financieras. Las operaciones financieras como tales no están exentas del impuesto a las ganancias para las empresas, sí lo están para las personas físicas. Pero esto puede cambiar. Hay proyectos presentados al respecto.

Y como hemos dicho muchas veces a la hora de la creación de nuevos impuestos acá no hay oposición. Tardan minutos en ponerse de acuerdo opositores con oficialistas. En estos momentos existen diferencias vinculadas a cuestiones más de fondo, como ser la función que debe cumplir el Banco Central, de lo contrario muy probablemente ya estaría consumada la nueva figura tributaria.

La apropiación de los fondos de las AFJP ha servido una vez más para no confiar en el Estado en lo que respecta a una futura jubilación. La gente no espera que el día que se jubile podrá irse de vacaciones a las Islas Baleares, como los alemanes o los ingleses. Sabe que eso no va a ocurrir nunca, que el aporte jubilatorio es en realidad un impuesto y que en definitiva y con mucha suerte obtendrá una remuneración mínima, que ni para la subsistencia le alcanzará. Es decir que sus posibilidades de pasarla más o menos bien en los años otoñales, dependerán antes que nada de conservar sus ahorros sin dejarlos jamás en manos del Estado.

Por lo tanto, he ahí una razón más para intentar aportar lo menos posible y colocar en dólares lo más que se pueda. Esto es lo que hace la mayoría de la gente que tenga alguna capacidad de ahorro.

Y quien nos lee, si está en tal situación, lo sabe muy bien.

Los argentinos tienen fuera del país algo así como 150.000 millones de dólares y por supuesto esto no es casualidad. A lo largo de los años, las políticas monetarias e también las impositivas han sido desastrosas. La absoluta falta de confianza en el respeto al estado de derecho ha invadido a toda la sociedad. Es inútil mantener discursos de ocasión. No son creíbles.

A tal punto no lo son, que el propio Néstor Kirchner derivó las regalías petroleras de su provincia al extranjero, como todo el mundo sabe. Y se comenta en el mundillo político que no son pocos los representantes del pueblo que protegen sus dinerillos en dólares, en el colchón o donde sea.

La historia es recurrente. Rodrigazo, plan Bónex, corralito, corralón, default. Vaciamiento de las cajas de jubilaciones, apropiación de los fondos de las AFJP. Estafas devaluatorias, pesificaciones. Es lógico que la gente no quiera correr riesgos. O por lo menos que sean los menos posibles.

Por lo tanto, volvemos al comienzo de este comentario: no es pidiéndole a la población que compre acciones como se logra que se compren acciones, sino adoptando políticas que lleven a comprar acciones. Más bien el pedido presidencial produce el efecto inverso.

Nadie nos pide que hagamos aquello que vemos que nos conviene. Lo hacemos directamente. Y si tienen que pedírnoslo, lo más probable es que revisemos cualquier decisión tomada en esa dirección.

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 19 de julio de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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Intervencionismo y corrupción

La ciencia económica es considerada una ciencia social y por lo tanto no exacta. Como se sabe, existen dos tendencias en el mundo, más o menos definidas. Una apunta al intervencionismo y entendemos que es absolutamente mayoritaria, y la otra a la libertad más o menos irrestricta en materia económica.

Las razones por las cuales han proliferado a lo largo de los siglos lo que nosotros llamamos las teorías intervencionistas, se basan en el hecho de que el mercado libre genera al parecer enormes injusticias, y que éstas deben ser corregidas por la acción del hombre, en tanto ser racional.

Frases tales como “el pez grande se come al chico” forman parte del acervo popular y están en el meollo de las razones por las cuales el mercado es considerado, en muchísimos casos, como una suerte de demonio de características etéreas y hasta deletéreas.

Nosotros consideramos que el mercado cuando funciona libremente regula de manera automática los distintos factores, y la distribución de los bienes y servicios se asigna entre la población según esfuerzos y capacidades. A la larga o a la corta, son los resultados, en el sentido económico del término, los que deciden producir o dejar de hacerlo, aumentar o disminuir el volumen producido, o buscar variantes mediante innovaciones para mejorar la performance. No es este el espacio para ampliar nuestras explicaciones sobre el funcionamiento del mercado, dado que el objeto de estas líneas es intentar explicar por qué el intervencionismo se relaciona tan estrechamente con la corrupción, tal como ocurre en la Argentina de hoy.

Decíamos que el mercado funciona y regula los distintos factores económicos. Y agregamos que ello también ocurre cuando priva la intervención estatal. Es decir, el Estado no elimina el odiado mercado, sino que altera su funcionamiento originando distorsiones, reemplazos e informalidades de todo tipo.

Un producto que sufre el congelamiento de su precio tiende a dejar de ser producido, o a modificar su formato, o a ser reducido su tamaño, o a abaratar su empaquetado, o a venderse en el mercado informal, o a cualquier otra forma que el amable lector imagine como necesaria para cubrir la brecha que se produce entre su precio real y aquel que los funcionarios deciden que debe ser.

Este simple ejemplo puede ser trasladado sin temor alguno a todos los bienes y servicios de una economía, sin excepción alguna. E incluyendo la remuneración por el trabajo.

Intentar referirnos a la corrupción dentro de la noción intervencionista nos lleva necesariamente a comentar qué ocurre durante la libertad económica.

Más allá de estar de acuerdo o no con la manera en la que el mercado regula las relaciones entre los seres humanos es importantísimo poder separar los actos ilegales, dado que éstos no tienen vinculación con el concepto de libertad de comercio. Como por razones políticas o simplemente por desconocimiento suelen confundirse las cosas, es necesario dejar sentado que las estafas, los abusos monopólicos o las “burbujas” financieras nada tienen que ver con la libertad del mercado, sino con actitudes llevadas a cabo por individuos o empresas violando la ley, o inclusive amparándose en leyes intervencionistas. La “libertad de ejercer toda industria lícita” no incluye aprietes o carteles, para citar ejemplos.

Ahora bien, ¿cómo son las cosas en el mundo intervencionista? Nos limitaremos a una breve descripción del caso argentino, intentando ser lo menos politizados posible.

El intervencionismo tiene tantas variantes como personas hay en el mundo con ganas de intervenir. Como nadie es exactamente igual a nadie, nadie tiene exactamente la misma idea de qué hacer en un momento determinado con las infinitas variables económicas. Los países avanzados tienen en general un extensísimo marco regulatorio que tratan de mantener estable tanto como resulte posible, de manera que los habitantes de ese mundo saben más o menos a qué atenerse y el mercado se acomoda a esa situación. Como el intervencionismo implica favorecer a unos en detrimento de otros, como línea general esa manera de encarar la economía hace que los países inmersos en el sistema crezcan menos, pero por regla general no se cae en cambios cotidianos de las reglas del juego, y mucho menos se cae en la arbitrariedad.

Lamentablemente no es lo que podemos decir de la Argentina, donde como todos sabemos un funcionario o dos pueden decidir si vendemos o no, si exportamos o no, cuánto, cómo, a qué precio e inclusive si se nos autoriza o no la venta, según como sea nuestro comportamiento. En el extremo, tenemos incluso un secretario de Estado que considera que quien importa por una determinada cifra debe exportar por un valor similar. Lo cual viene a significar que no todos los ciudadanos pueden llevar a cabo las compras que necesitan o desean, sino sólo aquellos que hacen arreglos con exportadores para que sus exportaciones figuren a nombre de esos importadores.

Puede colegirse, sin demasiado conocimiento, que todo este entramado de regulaciones, prohibiciones y permisos implica una merma en el grado de avance de la economía. Pero también puede uno imaginar que los permisos, las autorizaciones y los cupos, requieren una firma, y que esa firma bien puede ser obtenida si se da algo a cambio.

Todos los controles de precios apuntan a que los bienes y los servicios se vendan a un precio menor al que determina el mercado. Toda limitación a las importaciones significa una merma en la competencia y un encarecimiento de los productos fabricados localmente. Toda restricción a las exportaciones deteriora la balanza comercial, desalienta la producción de bienes exportables y afecta en consecuencia toda la actividad económica vinculada al mercado externo, mercado que también se ve seriamente afectado cuando se traban las importaciones.

Cuando determinados funcionarios tienen la posibilidad de disponer de recursos públicos para otorgar subsidios de cualquier tipo, es fácil imaginar que tal otorgamiento puede fácilmente tener un precio. Cuando tales funcionarios pueden disponer aceptar que un producto valga un poco más, eso también puede tener un precio.

Contar con información respecto de una decisión de devaluación un día antes, puede significar una transferencia de ingresos de millones de dólares en minutos. Y así podríamos seguir en todos los rubros que quisiéramos.

Por eso, si acercamos un poco la lupa a lo ocurrido en estas horas con la Fundación Madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, podemos observar claramente como la disposición de inmensas sumas de dinero, por más fines altruistas que tuviera, puede dar lugar a la corrupción más despiadada, si es que se comprueba lo que hasta el momento parece bastante obvio.

El Estado argentino ha intervenido, de una forma u otra, en prácticamente todos los sectores de la economía. Pareciera ser que nada funcionaría si no es de la mano de alguna ayuda o colaboración estatal. Pero quienes obtienen un crédito blando, una promoción industrial, una limitación a las importaciones de productos que compiten con los suyos, etc. saben muy bien que conseguir la preferencia oficial tiene un precio. No decimos necesariamente que ese precio sea en dinero. Baste ver cómo se asignan recursos a provincias y municipios amigos, y se es reticente con quienes no gozan de tal amistad. Cómo se persigue a ciertas empresas o grupos empresarios, y cómo jamás se pone la mira en otros.

Incluso en ciertos casos, como la participación provincial en los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja, la preferencia está escrita: quienes adhieren, reciben una especie de coparticipación, quienes no lo hacen, no reciben nada.

La verdad es que en la Argentina tenemos un intervencionismo con un altísimo grado de arbitrariedad, de discrecionalidad. Esto genera clientelismo, “capitalismo de amigos”, selección según gustos y pareceres del funcionario a cargo de la firma. Empleos públicos, “contratados” y conchabados en oficinas creadas ad hoc, se multiplican. Aún sin querer incursionar en la política como tal, es imposible sustraerse al hecho de que el clientelismo significa repartir recursos entre los adherentes, los familiares y los amigos

La corruptela que todo esto que someramente describimos cuesta al país miles de millones de dólares. No sólo por lo que de manera contante y sonante debe erogar el Estado para mantener el sistema, sino por el desaliento que produce entre los inversionistas, tanto locales como extranjeros.

También genera costos la falta de inversiones en sectores claves, como el energético. Lo que obliga a importar crecientes cantidades de combustibles líquidos y gaseosos, que deben pagarse a precios internacionales por lo general muy caros como consecuencia de la incertidumbre en el Medio Oriente, especialmente.

El sistema intervencionista genera corrupción, y no solamente entre nosotros. Y cuanto más arbitrario y discrecional es, más corrupción. Genera amiguismos, nepotismos y clientelismos de diversa índole. Genera gasto público creciente. Genera ineficiencia. Genera muchos daños colaterales. Pero especialmente genera corrupción.

Nadie en su sano juicio puede esperar que el otorgamiento de un beneficio resulte gratuito. No sólo le cuesta al resto de país. También cuesta, como decimos, pertenecer al sector privilegiado que recibe el beneficio.

El efecto es, en esencia, letal. Por eso en nuestro país aparecen los casos de corrupción que aparecen. Y hablamos de corrupción en el sentido más amplio. Se corrompe la política, se corrompe la economía, se corrompe la vida misma.

Un párrafo sobre lo que ocurre en Europa. Podemos señalar la situación de Grecia, que es hoy por hoy el país más comprometido. Pero también podemos hablar de muchos países de la Comunidad Económica. La esencia del fracaso es el intervencionismo que, motivado por la política, ha decidido cubrir cada día más de ayudas a todo el mundo. El llamado “Estado benefactor” es la pretensión de atender a todos y a todo con recursos públicos que, llegado un punto, no alcanzan. Eso lleva al endeudamiento y finalmente a la crisis y al default. Y eso a su vez lleva al ajuste, que puede adquirir diversas características. Devaluación, inflación, recorte de gastos, etc. En estas horas han trascendido las declaraciones del primer ministro británico en el sentido de llamar a quienes no tienen recursos que no tengan más hijos, porque de ellos debe ocuparse luego el Estado.

En el caso argentino, la inflación del 25% anual promedio que estamos soportando, más la presión tributaria más alta de la historia, más la apropiación de fondos de los futuros jubilados (tanto lo acumulado en las AFJP como el aporte mensual corriente), más la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de deuda, más la disposición de “utilidades” de dicho banco que en realidad son diferencias de cambio por sucesivas devaluaciones, más la emisión lisa y llana; son la forma de ajuste permanente elegida. El intervencionismo lleva a gastar lo que no se tiene porque el reclamo siempre es creciente, y si alguien obtiene algo que otro debe pagar, ese otro intenta pasar al bando de los que reciben. Y así hasta el infinito.

Héctor Blas Trillo 16 de junio de 2011

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Ecotributaria

Economía y Tributación

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Dividendos Políticos

Mediante un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 441, la presidenta de la república ha eliminado un inciso del artículo 76 de la ley 24.241 que instituyó, en el año 1993 el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.). Este inciso había sido corroborado por la ley 26.425 mediante la cual se dispuso la apropiación por el Estado Nacional de los fondos en poder de las A.F.J.P., que de tal modo resultaron disueltas.

Es importante recordar lo que se disponía en dicho inciso, lo transcribimos: f) En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia respectiva

Es decir, la obligación de parte de las A.F.J.P. de no poder contar con más del 5% del derecho de voto en asambleas fue expresamente mantenida por la ley de apropiación de los fondos de las A.F.J.P. en el año 2008, votada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y puesto en vigencia durante este mismo gobierno.

Por lo tanto el cambio producido en la normativa vigente ha consistido esencialmente en modificar una ley sancionada por este mismo gobierno mediante un decreto de necesidad y urgencia. No somos juristas y no queremos meternos en terrenos que no nos corresponde, pero resulta cuando menos incoherente que lo aprobado por ley y promulgado por el Poder Ejecutivo hace apenas dos años, ahora haya sido anulado mediante un decreto de ese mismo Poder Ejecutivo.

Se discute si era tan necesario y urgente proceder de este modo y lo cierto es que, más allá de que algunos considerandos del decreto hablan de la premura por los cierres de los balances y las convocatorias a asambleas, resulta bastante lógico que el procedimiento sea cuestionado.

Ahora bien, cuál es en verdad el trasfondo, el elemento subyacente que ha provocado este repentino cambio. Según la propia presidenta de la Nación ha manifestado públicamente, ciertas empresas se niegan a distribuir dividendos con lo cual perjudican a sus accionistas; fueron en términos generales sus expresiones. Y ésta parecería ser la razón de fondo.

Es conveniente dilucidar algunos aspectos para mejor claridad de quienes pudieran ser sorprendidos en su buena fe. Incluso la propia presidenta, de ser el caso.

En primer lugar, la limitación del 5% en la participación del capital accionario en poder de la ANSES tuvo su origen en un aspecto básicamente institucional: limitar la participación de integrantes financieros en las decisiones operativas de las compañías. Ello así en virtud de que sabía que al crearse las AFJP se generaría un mercado de capitales de gran importancia que volcaría parte de sus ingresos en acciones de empresas. Su injerencia en asuntos comerciales o técnicos no se consideraba beneficiosa. Y este mismo criterio se mantuvo en 2008 cuando las tenencias de las AFJP fueron expropiadas por el Estado.

En segundo lugar, las acciones responden a criterios de emisión que son disímiles y que sería necesario clarificar en cada caso. Hay acciones con derecho a un voto, a 5 votos, preferidas, diferenciales y sin derecho a voto. Con lo cual no necesariamente una participación en el capital accionario confiere proporcionalidad de votos.

En tercer lugar, la distribución de dividendos otorga a los accionistas dinero contante y sonante al momento de su percepción, pero la no distribución de dividendos lo que hace es revalorizar la tenencia accionaria, por cuando el valor patrimonial proporcional es ahora mayor.

Para decirlo del modo más simple: no es cierto que se perjudiquen los accionistas si no se distribuyen dividendos, porque ello es reemplazado por un mayor valor de sus acciones.

Ahora bien, más allá del caso particular difundido y planteado por los gobernantes (el caso Siderar, integrante del grupo Techint), lo cierto es que cuando las compañías no distribuyen cantidades importantes de dividendos es porque tienen previsto llevar adelante proyectos de inversión, aumento de producción, mayores existencias de materiales, etc. Es decir, no se trata de que se guardan el dinero en una caja fuerte al mejor estilo del Tío Rico de la historieta. Sino que ese sobrante utilitario forma parte del capital de giro del negocio de alguna forma. Lo cual hace estimar un mejoramiento futuro de la compañía, con lo cual la valorización de las acciones que cotizan en la Bolsa suele ser superior al valor patrimonial proporcional señalado.

En términos redondos, Siderar anunció el reparto de dividendos por $ 1.500 millones, cuando cuenta con utilidades acumuladas y no repartidas de $ 6.500 millones y según ha salido en los diarios y ha sido afirmado por el ministro de economía Boudou, parece ser el meollo de toda esta cuestión.

Se comenta que el grupo Techint ha venido desarrollando proyectos de inversión en Brasil, en detrimento de la Argentina, por razones de conveniencia comercial e industrial, lo cual a su vez es mal visto por las autoridades locales.

Tanto el aspecto de los dividendos no distribuidos como el de la supuesta inversión en otro país no constituyen sino decisiones empresarias que tienen que ver con el futuro de la empresa, valorizan la tenencia accionaria, y conforman una mejor perspectiva. Sin embargo, para los gobernantes no es así. O al menos manifiestan que no es así.

Lo que ha trascendido es que la ANSES requiere de los abultados dividendos que podría repartir Siderar para engrosar sus arcas y seguir sosteniendo un sistema de reparto de subsidios cada vez más caro y menos sostenible.

La presión para colocar nuevos directores en esa y otras empresas tiene que ver esencialmente con cuestiones políticas. La tendencia a participar más de los directorios pretende influir en las decisiones, si no es por imperio del voto, que no sería mayoritario en ningún caso, al menos por imperio del corporativismo estatal. Es decir, por los proverbiales contactos con el Poder Ejecutivo, que en una país donde está tan vapuleado el Estado de Derecho puede significar cualquier tipo de arbitrariedad.

A ello se suma que la intención del Poder Ejecutivo, al menos por lo que ha trascendido, no es la de colocar en funciones directivas a técnicos provenientes del sector privado y de trayectoria en funciones similares, sino a militantes de una organización política denominada La Cámpora y que es regenteada entre otros por el hijo del fallecido ex presidente.

Todo lleva entonces a una sola conclusión, de lo que se trata es de lograr dividendos políticos. Ocupar espacios para que las empresas por presión y arbitrariedades diversas se vean obligadas a hacer lo que los gobernantes desean en cada momento.

Estas presiones se han venido dando desde hace varios años. Prohibiciones de importaciones o de exportaciones. Curiosos canjes entre quienes exportan para poder importar. Precios controlados. Canastas de bajo costo para liberar otros precios. Otorgamiento o no de subsidios. Dificultades o no para obtener permisos de importación o de exportación. Facilidades o no para la obtención de créditos blandos o regímenes diferenciales. Y un sinnúmero de etcéteras.

La industria y el comercio en la Argentina se encuentran hoy por hoy condicionados de mil maneras en un marco de absoluta inseguridad jurídica y signados por el intervencionismo más arbitrario y hasta prepotente que jamás pudieron imaginarse muchos.

Es en esta realidad que hay que analizar lo que ocurre con la cuestión del intento de nombramiento de directores del Estado en las empresas. Esta y no otra.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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Una buena administración reduce la carga fiscal. Una segunda opinión nunca está demás.

Apuntes Sobre la Libertad Económica

Todo reglamento que es pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio más fecundo

Juan Bautista Alberdi

La tendencia al intervencionismo no es un fenómeno exclusivo de los argentinos. En términos generales, en mayor o en menor medida, el mundo se ha ido volcando progresivamente hacia lo que se llama proteccionismo, que de manera muy amplia significa intentar corregir los efectos que son considerados negativos de la existencia de la libertad económica.

La idea predominante hoy por hoy es que un grupo de personas, o tal vez una sola persona, encerrada en su oficina y provista de una computadora, puede decidir qué cosa es mejor para millones de congéneres. Modificar para impedir o para permitir, para negar o para consentir, para estimular o para deprimir.

La idea subyacente es que el mercado se equivoca, es salvaje, se desliza despiadadamente sobre los más necesitados y destruye todo en favor de los más poderosos.

¿Es esto esencialmente cierto?

Lo primero que hay que decir es que el mercado en sí no es un ente capaz de portarse mal o bien, sino que constituye la fuerza de la necesidad económica de los seres humanos.

El intercambio de bienes y servicios, de capacidades y de posibilidades. De todo aquello que es escaso y a la vez necesario.

El salvajismo tiene como lugar común la idea de que los poderosos se imponen siempre a los más débiles, que resultan de ese modo destruidos. Cabe entonces que nos preguntemos quiénes son más débiles y por qué lo son.

Si nos referimos a países o regiones del mundo lo que observamos es que son más débiles quienes tienen menor desarrollo relativo, ya sea por carecer de capitales o de una población suficientemente preparada para afrontar las exigencias de la tecnología. De allí las grandes migraciones hacia países o regiones más desarrolladas, donde estas gentes llegan para llevar a cabo las tareas más simples o también las más rudas. Los pueblos desarrollados y que gozan de una educación superior y de un bienestar acorde, no son proclives a realizar las tareas más pesadas o de menor jerarquía.

Por lo tanto lo segundo que puede decirse se deriva de lo primero. Los pueblos más atrasados relativamente migran para ocupar las posiciones más humildes en los lugares más avanzados. Allí educan a sus hijos y buscan que éstos superen a sus padres y se eduquen para mejorar su posición socioeconómica.

Si todo este movimiento se produjera dentro de un clima de absoluta libertad, ello implicaría en primer lugar el verdadero y digno respeto de los llamados derechos humanos, tan proclamados hoy por hoy políticamente y tan poco puestos en práctica.

Las barreras proteccionistas no atacan tanto a los bienes y servicios como a las personas que pretenden mudarse de país. Barreras de todo tipo se yerguen a modo de elevados muros que pretenden impedir que la marea humana se desplace de un sitio a otro. Quienes habitualmente proclaman la necesidad de atención y protección al desprotegido o al desvalido, no dudan un instante a la hora de establecer fronteras que para ellos deberían ser infranqueables. En otras palabras: más allá de una determinada línea, que los seres humanos se las arreglen como puedan.

Esta actitud no es nueva. En verdad, si lo pensamos un poco, fácilmente comprobamos que así ha ocurrido desde el comienzo mismo de los tiempos.

Se argumenta muchas veces que los inmigrantes quitan el trabajo a los locales, sin detenerse a pensar que el trabajo que aquellos hacen es, por lo general, el que éstos se niegan a realizar.

El intervencionismo, en este punto como en cualquier otro, no mejora sino que empeora el estándar de vida de la población afectada. Tanto de quienes no pueden entrar como de quienes están dentro. Porque la llegada de mano de obra barata produce un mayor bienestar económico de toda la población en su conjunto, y no una merma.

Los gobiernos de los países desarrollados adoptan estas actitudes prohibitivas porque eso es lo que demanda la gente en general. Por un lado existe una buena dosis de xenofobia inmanente, y por el otro se ha generalizado la idea de que quienes llegan de otras latitudes quitan el trabajo a los locales cuando eso no es cierto, porque los locales no hacen por lo general esos trabajos. Y aún si los hicieran lo que molesta es la competencia, que justamente es uno de los pilares del liberalismo económico. Por eso por ejemplo el preámbulo de la Constitución Argentina habla de la aceptación de todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar este suelo y no hace distinciones sobre las tareas que vengan a realizar.

Entonces los gobiernos de todas las latitudes y de todos los formatos, desarrollados o no, lo que buscan son formas de proteccionismo, de intervencionismo, de “corrección” de los errores o de las maldades del mercado. Todo ello produce no la desaparición del mercado, no la abolición de la ley de oferta y demanda. No. Produce un cambio de reglas de juego que hace que el mercado se acomode a un nuevo escenario. Basta ver lo que ocurre en regímenes totalitarios vigentes como China o Cuba. En este último país, más cercano y conocido incluso por el turismo, el mercado negro es una constante histórica en todos los órdenes de su vida. Lo mismo ocurre en el lejano gigante asiático, aunque esa realidad se desconozca.

Ahora bien, podrá decirse que las gentes que apenas sobreviven en las condiciones más paupérrimas es imposible que se trasladen de un país a otro y es cierto. Un porcentaje de la población más pobre del planeta está signada por la postergación más absoluta. Por un lado habrá que ver qué hacen los gobiernos para lograr que ciertos pueblos se desarrollen pese a no tener en su suelo condiciones naturales amigables con la producción, pero nunca el desarrollo de burocracias supuestamente destinadas a atender los atrasos relativos repartiendo bienes o dinero han servido para mucho más que para dedicar párrafos políticamente correctos en “cumbres” por lo general llevadas a cabo en lugares paradisíacos. Porque la verdadera forma de sacar de la pobreza a esos pueblos, y a todos, pasa por la libertad de producir y de crear en un ambiente de respeto de derechos y garantías. Allí donde las reglas son fijadas partiendo de la base de la libertad del hombre, la propiedad privada, la protección legal del patrimonio, la disposición de los bienes, la educación. Lo que hizo grande a Japón no fue la riqueza de su suelo.

Si observamos el caso argentino podemos ver claramente cómo el intervencionismo avanza día a día sin solución de continuidad. Este fenómeno no es nuevo y en verdad se da universalmente.

Cuando se elige el camino de la intervención aparece entonces un grupo de funcionarios designados para tal fin, que mueven los hilos diariamente de la forma que mejor les parece para intentar paliar los efectos del salvajismo del mercado. Cada intervención que llevan a cabo, provoca efectos no deseados dada la infinita cantidad de variables que se mueven como consecuencia de esa intervención. Eso da lugar a nuevas medidas intervencionistas tratando de corregir los efectos no deseados que produjeron aquellas medidas iniciales, lo que a su vez provoca nuevos e indeseables efectos en otros factores económicos. Y así hasta el infinito.

Dejando de lado las especulaciones sobre actitudes políticas más o menos populistas y centrándonos únicamente en los efectos económicos, podemos ver aquí, en la Argentina, cómo el Estado interviene en prácticamente todo, siempre con el afán de corregir las maldades del libre mercado. Incluso sin tomar en cuenta que hace rato que tal libre mercado ha dejado de existir, precisamente en razón de las intervenciones.

Se otorgan subsidios, planes de ayuda, asignaciones por hijo, créditos blandos. Se establecen promociones, se direccionan créditos, se otorgan beneficios impositivos, se controlan precios, se vigilan los costos empresarios, se piden informes sobre las utilidades para justificar o no los precios. Se controlan e impiden exportaciones, ídem importaciones. Se controla el tipo de cambio. Se buscan acuerdos regionales para lograr intercambios con los países vecinos, que se modifican una y otra vez cuando las circunstancias son desfavorables a la Argentina, que es lo mismo que hacen los países vecinos cuando las circunstancias les son desfavorables a ellos. Se vigila la compra de divisas, la venta, la tenencia, el uso que se hace de ellas. Se modifican planes de estudio para adecuar la enseñanza en línea con la idea de que el mercado per se es algo oprobioso y demoníaco. Se viola el sistema jurídico legal en cuanto sea menester. Desde la eliminación de los secretos bancario y fiscal, hasta la sustracción de ahorros mediante sistemas de retención impositiva.

Casi todos los días aparecen nuevas medidas, nuevos controles, nuevas intervenciones. Un día se fijan precios máximos de las naftas, otro día se los libera. Más tarde se vuelve a la fijación. Y así. Lo mismo ocurre con permisos de importación, con permisos de exportación. Se incentivan producciones y se desalientan otras. Y luego a la inversa.

Mientras tanto, si la Argentina crece no es como consecuencia de todo este maremágnum intervencionista, sino porque los precios internacionales de los productos primarios que vendemos son muy buenos. Es decir, si el país crece es a pesar del intervencionismo y no por él.

Es fácil observar lo que ocurre en el mundo desde esta perspectiva. Por un lado tenemos una Europa cerrada y burocrática, gastadora, emperrada en mantener supuestos beneficios entre su población que se vuelven insostenibles por falta de recursos. Ahora bien, ¿por qué faltan esos recursos? Porque el sistema es costoso y poco competitivo. Esa es la razón y no otra.

Esto pretende ser un breve apunte sobre algunos aspectos en los que puede verse el inmenso deterioro al que ha conducido el intervencionismo. Y no sólo eso. La dependencia de la población inerme bajo la égida de los jefes políticos y los burócratas que tienen el poder de fijar precios, salarios, impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo, amén de emitir la moneda de curso forzoso.

La Argentina en particular tiene, salvando algunos períodos, más de 80 años de intervencionismo de todo tipo. Estamos seguros de que no alcanzaría una vida entera si pretendiéramos leer toda la legislación tendiente a promover el bienestar de la población, el desarrollo de la economía y la protección de los más pobres. Y sin embargo el país está en uno de los pozos más profundos de su historia, con un porcentaje altísimo de la población bajo la línea de pobreza y dependiendo de subsidios y planes de ayuda, o de empleos públicos otorgados en feudos provinciales o municipales.

El atraso tecnológico se hace sentir todos los días, y cualquier producto de avanzada cuenta 3 y hasta 4 veces más que en los EEUU, si es que nuestros funcionarios autorizan el ingreso al país.

La infraestructura ha sido virtualmente desmantelada a lo largo de los años. Los ferrocarriles fueron destruidos por falta de inversiones y de rentabilidad. El sistema de caminos se sostiene a duras penas mediante el recurso de esas verdaderas aduanas interiores que llevan la forma de peajes.

Los mercados más intervenidos han sido mermados cuando no destruidos. Y aquellos en los que no se llegó a extremos, se muestran exhaustos. No se producen inversiones, no se generan nuevos polos de desarrollo, no se buscan combustibles fósiles, no se instalan nuevos medios de transporte ni se construyen autopistas ni se acondiciona el sistema ferroviario.

Nadie está dispuesto a arriesgar capital para que un grupo de políticos decida luego intervenir arbitrariamente en todo cuanto se le ocurra y en el momento que le parezca.

Alguien podrá pregunta por qué esto ocurre en la Argentina y no en EEUU o en Brasil, por citar ejemplos. La respuesta es muy simple: el grado de intervencionismo es proporcionalmente muy inferior en esos u otros países. No es que no exista y que no cause daño, sólo que el daño es menor porque además de no alcanzar el grado de arbitrariedad y torpeza que muestra el nuestro, se mantiene en el tiempo mediante legislación más o menos duradera, que hace que los potenciales o reales inversores sepan qué ocurrirá en ese aspecto con un cierto grado de certeza.

Algo decididamente imposible entre nosotros en la situación política actual.

La libertad económica no es una utopía. Los países más libres de la Tierra han evolucionado y crecido a velocidades extraordinarias. Esto es evidente en países como EEUU, Canadá o Australia. Países prácticamente contemporáneos del nuestro.

La libertad económica no es absoluta en ellos. Por supuesto. Es relativa y diríase que cada vez es más relativa, lo cual no constituye un avance sino un retroceso. Porque hablando de libertad, si no somos libres de disponer de lo que es nuestro porque ciertas regulaciones lo impiden o dificultan, no somos en verdad libres. Es por ello que, aun no siendo absoluta la libertad económica, la tendencia debe ser siempre hacia una mayor dosis de ella. El secreto del desarrollo de la humanidad es la liberación de las fuerzas de quienes la integran. Nunca el sometimiento a reglamentos que so pretexto de organizarla, en verdad sólo la restringen.

Héctor Blas Trillo 18 abril de 2011

La inflación es un impuesto sin legislaciónMilton Friedman

Aún a riesgo de resultar reiterativos nos vemos en la necesidad de volver sobre la cuestión de la inflación. En este caso a raíz de las nuevas declaraciones que se conocieron de parte del ministro de Economía de la Nación.

El citado funcionario prefirió referirse a la gran dispersión de precios existente, al tiempo que recomendó a la población efectuar sus compras en el Mercado Central, ubicado en la localidad de Tapiales, en la Provincia de Buenos Aires, que tiene precios claritos y que se mantienen, afirmó.

Esta recomendación recordó a muchos los dichos de la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Lita de Lázzari, y su recurrente latiguillo: camine señora. Diríase que ésta afirmación fue tomada con sorna una vez más, porque siempre generó burlas y chistes cuando la señora de Lázzari lo decía en su programa de televisión.

Los dichos del ministro se corresponden con los avisos publicitarios aparecidos en los últimos tiempos en diversos medios, en los que se listan precios de algunos productos cuyos valores son, verdaderamente, más que convenientes con relación a los que podemos encontrar en los negocios cercanos a nuestros domicilios.

Por diversas razones, especialmente porque se trata de un mercado concentrador al cual deben convergir no pocas mercaderías de consumo cotidiano para su distribución, se genera en ese lugar una gran competencia, que es, en verdad, la negada madre de todas las batallas en materia de precios. Algo le queda al ministro Boudou de su paso por la universidad del C.E.M.A., reconocida por su pensamiento liberal y de la cual forman parte economistas como Carlos Rodríguez o Roque Fernández.

Pero la pretensión de que el país entero se dirija al Mercado Central a comprar frutas y verduras es realmente inconsistente, por no decir que directamente absurda.

El funcionario pretende, con esa recomendación, resolver el problema que representa lo que él llama dispersión de precios, que equivale a decir, entendemos, que los precios son sumamente diversos y requieren, justamente, de caminar bastante para encontrar los mejores.

Por supuesto que es necesario, y muchos de nosotros lo hacemos, eso de buscar precio, especialmente cuando se trata de adquirir algún producto de cierto valor, pero no sólo eso. También es común que las amas de casa, y en general toda la población, busquen ofertas o días de descuento en supermercados y tiendas.

El punto a dilucidar es precisamente por qué razón se produce tal dispersión de precios. El ministro no lo ha dicho, que sepamos. Prefirió referirse una vez más al hecho de que son los empresarios (una especie de casta maléfica, digamos) quienes suben los precios, y es el gobierno el que acude allí donde los aumentos se producen para tratar de resolver el problema. El proverbial Estado que todo lo puede y todo lo resuelve, caso contrario el mundo sería inviable.

Aparte de que al gobierno le va bastante mal en este curioso menester, a juzgar por los resultados, no es correcta la afirmación de que él no aumenta los precios. Basta ver lo que ocurre con las novedades impositivas que recibimos todos los días para comprobarlo. Y ni qué hablar de preguntarle a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires respecto del impuestazo que acaba de producirse en el impuesto inmobiliario o el llamado impuesto a la herencia.

La inflación es un fenómeno monetario y se produce por la expansión de moneda sin el correlato del aumento de la producción de bienes y servicios. Si el PBI crece al 8 o 9% anual y la expansión de moneda alcanza al 30 o 35%, está claro dónde está el problema.

La dispersión tiene un solo origen: la falta de certeza sobre el valor de la unidad de cuenta; esto es: del peso.

En condiciones normales, es decir cuando la inflación prácticamente no existe, los precios de bienes y servicios son masivamente conocidos. Es decir que la población sabe en general lo que cuesta cada cosa, excepto que se trate de elementos muy específicos y de poco uso corriente. Por ejemplo: todo el mundo sabe lo que cuesta una gaseosa o un par de zapatillas, pero tal vez nadie sepa lo que cuesta una arandela o un grifo. En esa situación, la gente no necesita caminar tanto. Cuando alguien le pide un precio por encima del que conoce, no tiene más que ir al negocio de al lado o de la otra cuadra.

Pero cuando el proceso inflacionario se agrava, los precios suben en conjunto en toda la economía, pero no lo hacen todos en todo lugar al mismo tiempo. Entonces la gente empieza a perder noción de lo que valen la mayoría de las cosas. Así las cosas, si en condiciones de estabilidad no sabemos lo que cuesta una canilla o un repuesto para el auto, en inflación se pierde la noción de lo que puede costar aquello más común y corriente (pan, galletitas, gaseosas, fideos, frutas). De allí la dispersión.

Los bienes y servicios cada vez más dejan de tener un precio conocido, para decirlo en otras palabras. Y ello ocurre porque la moneda es inestable y poco confiable. Y eso, estimado ministro, no es culpa de los empresarios, sino de los fabricantes de moneda, es decir: del gobierno.

La inconsistencia de enviar a 40 millones de personas a comprar al Mercado Central es tan ridícula que no merece siquiera una mención. En su momento nos referimos tangencialmente a la publicidad que comentamos más arriba, que resulta a todas luces tan absurda que la persistencia en la afirmación es realmente inadmisible.

Boudou no habla porque sí, sin embargo. Reproduce el discurso oficial. Discurso que no es nuevo y que al menos en la Argentina tiene varias décadas: la culpa es de los empresarios, que en épocas de estabilidad decidieron portarse bien pero ahora tienen actitudes destituyentes y de pillos. La moneda argentina ha perdido 13 ceros desde 1969 hasta hoy, y para estos funcionarios ello se debe a comerciantes inescrupulosos y no a la Casa de Moneda y a la política monetaria del Banco Central.

Claro, no creemos que el ministro, que es licenciado en economía, desconozca el problema. Porque además no se trata de una cuestión que requiera largos años de estudios y análisis matemáticos, sino que se trata de un dato básico.

Así las cosas, la inflación pretende ser negada por este gobierno. Pero en gobiernos anteriores se hacían engañifas de diverso calibre para intentar disimularla. Desde los índices de precios descarnados (neologismo referido al hecho de excluir la carne en el cálculo) hasta la mentira de los índices provisorios que luego se corregían siempre de manera favorable para quela tasa del mes siguiente reflejara un salto menor. Éste último mecanismo produjo graves perjuicios a los acreedores, especialmente en tiempos de la hiperinflación.

Obsérvese sin embargo que la tasa de inflación reconocida por un INDEC francamente politizado e inútil, es de un 10% anual aproximadamente. Y aún esa tasa es enorme. Supera largamente a la de Brasil, por ejemplo, donde la flamante presidenta está intentando impedir que en ese país el flagelo inflacionario pase del 4 o el 5% anual. El presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo pretendía aprobar para este año incluía una tasa de inflación del 8%, que es una especie de certificación de que al menos ese porcentaje está asegurado.

La inflación es la fuente de financiamiento del gobierno. Es la estafa institucionalizada por la cual el Estado emite moneda devaluando la que tenemos en nuestros bolsillos. Es la entronizadora de la pobreza. Y es culpa de los gobernantes y no de la población, empresaria o no.

La verdadera forma de que los precios suban es que suba más la cantidad de moneda circulante que la cantidad de bienes y servicios. Existen otros factores que operan en la misma dirección, por ejemplo el llamado outside credit, que es el crédito incremental producto de la emisión y que hace que quienes lo obtienen gasten más pero no a cuenta de que otros (los prestamistas) gasten menos. Esto también es consecuencia de la expansión monetaria. La responsabilidad de que esto ocurra es del gobierno, y de nadie más.

Recordamos entonces, para terminar, que un peso actual equivale a 10.000.000.000.000 (diez billones) de pesos moneda nacional de 1969. A su vez, para adquirir un dólar se requieren 4 pesos, es decir 40 billones de pesos moneda nacional. Culpar de esto a “los empresarios” es, diríase, bastante más que un absurdo. Y no sólo por la generalización en que se incurre, sino por la increíble capacidad de negación que lleva al ministro de economía a evitar el uso del término “inflación”. De eso no se habla, podría decirse.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 27 de enero de 2011

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El modelo inflacionario sigue incólume dentro de la línea política de un gobierno que no lo ve como un problema, sino como una solución a sus problemas de financiamiento.

La inflación es un fenómeno monetario y por lo tanto es responsabilidad de quien autoriza o avala la emisión de moneda antes que de nadie más. En una economía de trueque la inflación es una entelequia.

En estos últimos días hemos asistido a declaraciones del más variado tono de parte de especialistas y de funcionarios del gobierno, entre las que se destacan las dichas por la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Tomamos pues éstas en particular para basar la trama argumental que sigue.

Dijo esta funcionaria: Los que dicen que comprando los dólares que sobran en el mercado estamos generando inflación, atentan directamente contra la política de tipo de cambio real, y, a través de ella, contra el desarrollo de la industria, el despliegue del mercado interno y el aumento del empleo .

Empecemos por decir que no parecen declaraciones propias de un presidente del Banco Central, sino más bien las de un secretario de industria o cosa por el estilo. Esto, que parece una simple formalidad, no deja de ser un síntoma, porque el Banco Central no está para manejar el desarrollo de la industria, sino para preservar el valor de la moneda. Por otra parte, hay secretario de industria. Pero veamos.

El Estado argentino compra los dólares no porque sobran, sino porque todo exportador debe liquidar obligatoriamente sus divisas, y hacerlo al cambio digitado monetariamente por el gobierno. Esto como punto de partida.

Podemos reiterar acá las consecuencias de la emisión de moneda para adquirir dólares a un precio mayor que el de mercado mediante la emisión de moneda espuria, que es lo que posibilita la falsa idea de que existe un superávit fiscal primario que luego se consume en gasto corriente, obra pública o subsidios y no se destina, como correspondería, a adquirir divisas para pagar las obligaciones de la deuda.

La inflación se genera por comprar dólares a 4 pesos cuando la propia funcionaria nombrada ha dicho que sin la intervención estatal el billete verde caería a $ 2,80 por unidad. Con lo cual está diciéndonos que no solamente se emiten esos $2,80 para adquirirlo, sino que además se emiten $ 1,20 más. Como se sabe, luego el propio Banco Central seca la plaza recurriendo a la emisión de títulos (Lebacs y Nobacs) por los que paga un interés, todo lo cual aumenta la deuda pública.

Hemos señalado muchas veces que la competitividad no se genera con artilugios monetarios, sino con ordenamiento y eficiencia del gasto público y privado, con buenas administraciones y con tecnología de punta. En otras palabras, es bajando costos como mejora la eficiencia, no inflando artificialmente el valor de la moneda norteamericana. La postergadísima reforma del Estado duerme el sueño de los justos.

La política económica seguida en estos últimos años fue llamada en su momento modelo industrialista precisamente por hacer hincapié en el mismo punto que señala esta señora. Así las cosas, mientras esa industria comercializa sus productos al exterior con un dólar de $ 4.- un productor de soja, de trigo o de maíz apenas si sobrepasa la mitad de ese valor. Esto viene ocurriendo en los últimos años. Es decir, una impresionante transferencia de ingresos del sector agropecuario al sector industrial con el ánimo de industrializar el país, si pensamos que existe buena fe, desde ya. Esta misma política fue seguida con algunas diferencias luego de la segunda guerra mundial por el creador del movimiento hoy gobernante: Juan Perón. Y luego continuada por casi todos los gobiernos posteriores, civiles y militares.

Pero ¿qué pasa que la industrialización nunca termina de concretarse y hoy más que nunca dependemos de las exportaciones de soja para hacernos de divisas? Pasa que la industria nacional no tiene incentivos para mejorar su tecnología porque prácticamente no tiene competencia externa, excepto aquella que proviene de determinados vínculos comerciales y con un montón de restricciones surgidas de la todopoderosa secretaría de comercio.

La industria en la Argentina sigue siendo escasa, mala y cara, tanto como lo era hace 40 o 50 años. Y la tecnología ni hablar. Una computadora o un celular de última generación cuesta en el país el triple o el cuádruple de le cuesta en Miami, cuando el ingreso promedio per cápita argentino es misérrimo si pretendemos compararlo con el estadounidense. Este panorama baja el nivel de vida de la población, incrementa el percentil de pobreza, y contribuye a la mala distribución de la riqueza, que tanto parece preocupar a nuestros actuales gobernantes.

Las consecuencias de esta política están a la vista: inflación creciente, pobreza anquilosada, intervención cada día más agobiante de parte de funcionarios que aparecen como santos salvadores metiéndose en cada rincón de nuestra economía para otorgarnos subsidios, planes, créditos, cuotas, cupos, tipos, modos, calidades, cantidades, aguinaldos, bonificaciones, recuperos, préstamos sin interés y toda la parafernalia discursiva que cualquiera puede conocer y ampliar tanto como quiera no ya desde el famoso buscador de Google, sino ingresando en las páginas oficiales de cuanto ministerio o secretaría se le ocurra. El mundo parece que no funcionaría si no fuera por las bondades de la presidenta de la república y su séquito progresista .

Siguiendo con el problema de las divisas, es sabido que las trabas puestas por el gobierno a la compra de moneda extranjera son innumerables. Desde ridículos topes mensuales hasta obligaciones tales como contar con cuentas bancarias, información a suministrar de la AFIP y a la AFIP, documentos, papeles y justificaciones de diversa índole. Obligaciones que en condiciones normales no se exigen para comprar ninguna otra cosa. Y que por supuesto muestran a las claras que más allá de pretender controlar evasiones tributarias y cosas así, como tanto se reitera en el discurso oficial, la verdad es que lo que se intenta es desalentar la adquisición de divisas. Lo cual sumado a la obligación de vender las provenientes del comercio exterior, aumenta el volumen a adquirir por el Banco Central al que se refiere la funcionaria de las declaraciones que estamos comentando. Ello aparte de generar el mercado negro de divisas, hoy denominado blue .

Ahora bien, la inflación que todo esto produce le sirve al gobierno para financiar el gasto. Las tasas de interés son marcadamente negativas en la Argentina, y las altas tasas de inflación provocan un incremento notabilísimo en la recaudación fiscal (del orden del 40% anual), al tiempo que licuan los pasivos oficiales en moneda local.

Los subsidios y planes de ayuda, completan el cuadro de situación. El relato oficial es que no hay inflación o es muy baja, y si la hay es por culpa de productores y comerciantes inescrupulosos o destituyentes , y los funcionarios se encargan de paliar los efectos de tanta perversión mediante el recurso de ayudar a los no incluidos . Al mismo tiempo, ni subsidios ni ayudas se cuentan a la hora de determinar los precios con los que se mide la inflación, y no sólo en el devaluado INDEC, sino también en las mediciones de consultoras privadas. Lo cual equivale a decir que aún las mejor intencionadas mediciones de la inflación real adolecen de serias deficiencias.

El gobierno argentino ha venido negando la inflación casi desde sus inicios. La intervención del INDEC ocurrió a fines de 2006, pero ya antes había serios indicios, con controles de precios (que se camuflaban como acuerdos ), retenciones selectivas a la exportación para castigar a productores díscolos, y otras lindezas, entonces a cargo del Dr. Roberto Lavagna.

Las restricciones a las importaciones posibilitan además, el encarecimiento de los productos locales, y la merma de la calidad. Una verdadera pintura del atraso, no del progreso.

Lo que cabe preguntarse a estas alturas es por qué la economía sigue creciendo. Y es obvio que lo hace porque el mercado internacional es altamente favorable en materia de precios para aquello que la Argentina produce más fácilmente y con mayor productividad: la producción primaria.

Así y todo, el intervencionismo a la violeta de la secretaría de comercio ha dejado maltrechos a varios sectores productivos, tales como el cárnico o incluso el triguero. Con resultados deplorables que no parece que estuviera dispuesto a asumir el gobierno. Baste decir que el pan ha trepado a $ 8.- el kg cuando se esperaba que no superara los $ 2,50. Y ni hablar de la carne vacuna, cuyos valores se han disparado hasta el punto de superar los precios en varios de los cortes a los vigentes en el Uruguay, por ejemplo, cuya política fue la de ocupar los mercados internacionales abandonados por la Argentina.

El atraso en materia energética es otra realidad industrial que la señora Marcó del Pont dice estar favoreciendo con ésta política. La falta de exploración y la reticencia a explotar hidrocarburos es una realidad. Como también lo es la creciente necesidad de importar combustibles líquidos, gas y electricidad. Y por más que un ministro salga a colocar multas por deficiencias en el servicio eléctrico en momentos de altísimas temperaturas, lo cierto es que todo el mundo sabe que el mantenimiento ha mermado de manera segura y seguida. Y que las razones de tal merma hay que buscarlas en la penosa política tarifaria seguida. Al punto que en el caso de las naftas ha debido liberarse el mercado luego del inconcebible techo impuesto en el mes de agosto pasado por la secretaría de comercio.

No existe hoy otra posibilidad que la de esperar una inflación promedio del 30 o 35% para el año 2011, con una creciente marginalidad y con la sensación de que todas las ayudas y subsidios no alcanzarán a resolver nada. Es que efectivamente no alcanzarán. Apenas serán un paliativo que además surtirá efectos en el año electoral que ha comenzado.

Mientras tanto, el sostenimiento del tipo de cambio mediante los ardides explicados más arriba, no hace sino exacerbar la inflación de manera de retrasarlo progresivamente, al tiempo que se incrementan los costos de producción en dólares y se reza para que esa moneda pierda valor en el mundo.

No sabemos qué cuentas hizo la señora Marcó del Pont para afirmar que el dólar caería a $ 2,80 si el Central no compra a $ 4.- Pero esta afirmación conlleva el surrealismo de seguir comprando luego de 7 años, muy caro aquello que podría comprarse más barato, lo cual, aparte de ser un absurdo, no es gratis. Porque las consecuencias inflacionarias y la pobreza consecuente son una realidad.

Baste decir que si verdaderamente el Estado dejara de seguir esta política monetaria, la divisa caería primero, pero la demanda para adquirir bienes importados provocaría en muy cortísimo plazo la suba en el valor. Por otro lado, los exportadores conservarían sus divisas sin venderlas esperando mejores precios, y los compradores de divisas, se apurarían a adquirirlas antes de que suban. Es decir, funcionaría el mercado. Palabra que como sabemos no existe en el vocabulario de ambas presidentas, la del Banco Central y la de la República Argentina.

Buenos Aires, 16 de enero de 2011 HÉCTOR BLAS TRILLO

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LA CONFUSIÓN PRESIDENCIAL

"La primera economía del mundo acaba de transferir a su propio gobierno 600 mil millones de dólares. ¿Qué dicen ahora los loros que siempre repiten recetas?" Cristina F. de Kirchner en Berazategui 4/11/10

Empezaremos estas líneas haciendo mención al hecho de que tenemos bien en claro lo que es un discurso de barricada. Conocemos de sobra el estilo de la presidenta de la Nación y también el de su difunto esposo. Sabemos muy bien que para el público que asiste a los actos en los que se reparte algún tipo de beneficio va allí para aplaudir y vitorear. Todo esto es archiconocido no sólo por nosotros, sino también por la inmensa mayoría de quienes nos leen.

Pero no podemos dejar de desmenuzar algunos párrafos de la señora presidenta en su discurso de celebración del cincuentenario de la fundación de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

El párrafo con el que comenzamos este comentario encierra unas cuantas falacias, pese a su brevedad. Y ello sin dejar de considerar una vez más el insulto innecesario, insulto que dio motivo a que alguien del público gritara “gorilas”, a lo que la presidenta respondió algo así como que los chimpancés son más simpáticos, aunque los loros también...pero repiten sin saber lo que dicen.

Obviamente la alusión vino a cuento de lo ocurrido a fines del año pasado con respecto al decreto de necesidad y urgencia para el uso de reservas del Banco Central, hecho que todos recordamos y que motivó el ilegal pedido de renuncia del presidente de dicha entidad. Como alusión es impactante por lo ofensiva, pero vacía de contenido se la trasladamos al plano técnico, legal e incluso discursivo.

De movida nomás hay que decir que la Reserva Federal de los EEUU no transfirió 600.000 millones de dólares al gobierno de ese país, sino que anunció un plan para transferir de manera progresiva y a lo largo de varios meses una suma de dinero que podría llegar a alcanzar esa cifra. El objetivo de dicha medida es la compra de bonos del tesoro y títulos de deuda en poder de entidades financieras con el objeto de aumentar la liquidez e intentar favorecer la inversión debido al bajo costo del dinero. Objetivo que se lograría entre otras cosas porque semejante inyección provocaría una baja en el valor de dólar con relación a las demás monedas.

Debemos resumir entonces lo ocurrido entre nosotros, y especialmente los motivos, porque he aquí el quid de la cuestión.

El Poder Ejecutivo dictó un DNU solicitando las reservas del Banco Central por un monto cercano a los 7.000 millones de dólares para hacer frente a pagos de la deuda externa. Tal DNU fue firmado y publicado apenas 3 o 4 días después de finalizar el período ordinario de sesiones del Congreso y sin que la presidenta de la Nación convocara a Sesiones Extraordinarias. Además, el grueso de los vencimientos de la deuda se producirían en el mes de agosto, por lo cual resultaba cuando menos extemporánea la premura.

Todo lo que ocurrió después está muy fresco en la memoria de todos nosotros, pero es interesante destacar por qué motivo la mayoría de los profesionales de la economía se oponían, en términos técnicos(es decir, más allá de la legalidad de un DNU dictado en esas condiciones), a semejante medida.

El argumento básico era que la utilización de reservas disminuye el activo del Banco Central, que es primordial para conservar el valor de la moneda. A su vez, la conservación del valor de la moneda, es una de las razones de ser del Banco Central, según la propia Carta Orgánica.

El argumento esgrimido por el oficialismo, en lo que se refiere exclusivamente al uso de reservas y dejando de lado el resto del aspecto legal, es que el uso de las mismas que hace que la Argentina sirve para cumplir sus compromisos sin tener que endeudarse a tasas elevadas, mientras que si no se utilizan se quedan allí percibiendo un mínimo interés por su colocación.

Hay que decir que el grueso de las reservas del Banco Central provienen de la balanza comercial favorable al país, es decir del hecho de que se exporta más de lo que se importa. Y como los exportadores tienen la obligación de vender las divisas el Banco Central las adquiere. Cómo las adquiere: en un altísimo porcentaje mediante la emisión de moneda. Posteriormente, como tal emisión genera evidentes impulsos inflacionarios, el propio Banco neutraliza el efecto emitiendo títulos de deuda (Lebacs, Nobacs) con los que retira de circulación esos pesos emitidos para comprar las divisas, y comprometiéndose al pago de una tasa de interés que, según las épocas y plazos, puede llegar a superar el 15% en dólares.

En otras palabras, no es que se cancela deuda mediante divisas propias, sino que tales divisas no son propias, sino “prestadas”, y la contraprestación son los títulos de deuda mencionados o los billetes circulantes. Al momento de escribir éstas líneas, el monto de Lebacs en circulación asciende a $ 56.477,12 millones de pesos, y de Nobacs $ 16.256,34 millones. Esto es: alrededor de 18.740 millones de dólares. Los pesos emitidos siempre son pasivo para el Banco Central, cuando se retiran de circulación mediante la emisión de bonos, se convierten en pasivo remunerado.

De principios de este año hasta ahora, el valor de la moneda cayó casi un 25%. Y si consideramos la canasta básica alimentaria, tal pérdida llega al 40% en apenas 10 meses según cálculos que consideramos serios.

Y justamente eso es lo que decían los “loros” que ocurriría. Empezando por el mismísimo Martín Redrado, que se cansó de repetir este concepto. No importa tanto acá si Redrado o cualquiera otro resulte simpático o sincero o mejor o peor técnico o lo que sea. Sí importa decir que el argumento en este caso es irrefutable: si nos quedamos sin el activo que sostiene los pesos, estos pierden su valor. Y el tema del excedente de divisas por sobre el circulante, es un sofisma porque la verdad es que siempre existe una explicación lógica para su existencia. Porque no es posible que Banco Central tenga dólares sin haberlos adquirido.

Ahora bien, el gobierno norteamericano tiene como uno de los objetivos por los cuales decide emitir moneda, justamente la pérdida de valor de la misma, para poder resultar competitivo en el mundo y mejorar su situación económica. Pero el gobierno argentino no tiene ese objetivo, y no lo tenía cuando decidió apropiarse de las reservas y destinarlas al pago de la deuda.

Por lo tanto no se trata de que los economistas repiten como “loros” semejante cosa sin saber lo que dicen, sino que semejante cosa es cierta.

Dejando de lado, insistimos, el tono agresivo e insultador utilizado por la presidenta, lo cierto es que acaba de incurrir en un nuevo sofisma, posiblemente como producto de su ignorancia sobre el tema. Ella no es economista, como no lo era su marido. Y hace apenas unos días la señora dijo públicamente que menos mal que ella y su esposo no habían dejado la economía en manos de los economistas, que es más o menos como decir que menos mal que no dejamos la cirugía en manos de los cirujanos. Hay comentarios que definen por sí solos el grado de seguridad jurídica que puede llegar a existir en la Argentina, entre tantas otras cosas.

La presidenta no muestra su mejor perfil al insultar a quienes no coinciden con su modo de ver, sino que además una profesional del asunto, y por lo tanto puede fallar, como decía Tusam. Y falló. Y confundió aserrín con pan rallado, recordando a un viejo profesor de matemática que teníamos en el secundario.

La economía está definida como una ciencia social, es decir que no es considerada una ciencia exacta. Y por lo tanto está sujeta al imponderable comportamiento humano. Cualquier pronóstico puede resultar equivocado si en el medio ocurre un atentado como el de las Torres Gemelas, por citar un ejemplo. Pero hay algo en lo que seguramente jamás fallará: la inflación es un fenómeno monetario, solamente existe cuando existe moneda de cambio. Es imposible que haya inflación en una economía de trueque. El manejo del valor de la moneda es siempre responsabilidad del poder político, porque es quien tiene el monopolio de la emisión. Y por lo tanto si en la Argentina tenemos inflación es por culpa del manejo monetario, en el que tiene gran injerencia el Banco Central de la República Argentina, sea quien fuere su presidente.

Nos quedamos entonces con una explicación que no es tal: los economistas no sirven para nada y repiten como loros. Y con una verdad de Perogrullo: la moneda se desvaloriza cuando se la emite sin respaldo. Acá y en los EEUU. La diferencia es que ellos la emiten con ese fin. Y nosotros no.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010

El Ágora

EL CEPO IDEOLÓGICO DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO

La situación política y económica que se presenta en la Argentina tras la repentina muerte de Néstor Kirchner debe ser analizada, a nuestro juicio, tomando en cuenta las opciones posibles dentro del planteo que ofrecen las distintas fracciones del espectro ideológico. Es decir, no solamente se trata de intentar definir qué ocurre dentro del grupo gobernante ante la desaparición física del líder y conductor, sino que además tenemos que ver qué otras alternativas tenemos disponibles.

Pues bien, en nuestra opinión no vemos variantes posibles en cuanto al esquema ideológico predominante, aunque sí es posible un mayor grado de institucionalización, lo cual sería fundamental.

Trataremos de analizar someramente lo que adelantamos en estas líneas previas.

EL SINDICALISMO

El sindicalismo se mueve desde hace varias décadas dentro del régimen de sindicato único por rama de actividad, con obra social propia, personería gremial y aportes compulsivos de los trabajadores que los empleadores están en obligación de retener del sueldo y depositar. La evidente coacción que implica este accionar contribuye a la conformación de las cajas de todos conocidas y que son la verdadera y primordial causa de que el sindicalismo en la Argentina sea una especie de casta al frente de la cual se ubican dirigentes de por vida, que se enriquecen y conforman el núcleo duro con el cual deben negociar de la mejor manera que puedan los gobernantes.

EL EMPRESARIADO

En el orden empresario, las cámaras ad hoc se constituyen con el ánimo de defender intereses sectoriales, lo cual significa en realidad buscar apoyos y contactos para establecer privilegios de sector. Tanto sea por quitas impositivas, créditos blandos, protección arancelaria, etc

EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO

Los bancos oficiales constituyen la prenda de valor de los distintos gobiernos, al disponer éstos últimos la distribución de créditos subsidiados a determinados sectores, que en general están relacionados con las cámaras empresarias citadas y que son las que bregan para obtener tales ventajas financieras. Los bancos privados, por su parte, se montan en el sistema y adquieren títulos públicos, que tienen un rendimiento muy alto, de modo de mostrar buenos resultados con la premisa obvia de mantener en sus activos los títulos referidos.

EL TIPO DE CAMBIO COMPETITIVO

Está de moda la idea de mantener un tipo de cambio alto, lo cual implica emitir dinero para adquirir excedentes de divisas y encima hacerlo a un precio superior al de mercado. De esta forma se crea la ficción de una competitividad que por la propia definición del modelo (tipo de cambio competitivo) indica que no existe.

LOS IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES

Son impuestos que pueden aplicarse justamente porque existe un tipo de cambio alto,aunque también puede darse por el alto valor de los productos exportados en el mercado internacional. Aquella porción que responda al concepto de tipo de cambio alto, es por definición absolutamente inflacionaria, ya que proviene de la emisión de moneda excedente para adquirir dólares caros.

EL SISTEMA DE PRECIOS

La idea predominante es que los precios deben ser legales entendiendo por tal cosa la determinación del Estado de fijarlos o, cuando menos, acordarlos. Este tipo de intentos ha servido desde siempre para calmar los ánimos de los consumidores que se encuentran con las ingratas nuevas cada vez que concurren al supermercado. Pero lo cierto es que la propia dinámica de la emisión inflacionaria provoca la inflación. En otras palabras, los productos son una parte de la transacción, la otra es la moneda que se usa para el pago. Si ésta última no sostiene su valor, es inútil esperar una estabilidad de precios.

LOS SALARIOS Y LOS SALARIOS MÍNIMOS

El sistema salarial tiene varias facetas en la Argentina. Desde aquello de igual remuneración por igual tarea resulta inaplicable en la práctica porque las zonas del país son sustancialmente diferentes y no es lo mismo trabajar en La Quiaca que en Avellaneda o en Tierra del Fuego. Pero también la fijación de remuneraciones mínimas puede resultar generadora de desocupación o mercado negro en la medida en que no esté en equilibrio la oferta y la demanda de empleo. Si es muy alta la desocupación, el salario tiende a bajar, y si el Estado intenta impedirlo por ley, aparece o se incrementa el empleo en negro. Y pese a que la Constitución establece este principio de igualdad, el mismo es legalmente violado de diversas formas, por ejemplo en los regímenes promocionales de Tierra del Fuego.

LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES SALARIALES

Es una constante histórica la gravosidad laboral. La cantidad de aportes y contribuciones que se aplican a los salarios provocan una diferencia enorme entre el costo para el empresario de cada empleado y el salario de bolsillo de éste último. Ello genera empleo en negro y empleados contratados especialmente en el Estado, de modo de evitar de algún modo tal gravosidad.

LOS MÁRGENES DE UTILIDAD

Desde las usinas de los distintos gobiernos se recuerda recurrentemente que tal o cual empresa o grupo empresario está ganando mucho . Así las cosas, algunos gobernantes intentan bajar el margen de utilidad del sector o sectores involucrados. Si lo logran, la baja de los precios subsecuente produce un incremento de la demanda, provocando desabastecimiento. Éste debería desaparecer con nuevas inversiones, pero éstas no ocurren porque precisamente la intervención estatal en los márgenes de utilidad desalienta tales inversiones. Nadie invierte si además de los riesgos naturales del mercado su negocio pasa a depender de la voluntad de los funcionarios de turno.

EMPRESAS GRANDES VS. PYMES

La recurrente idea de que hay que favorecer a las PYMES porque éstas generan trabajo encierra la falacia de no analizar los costos de tener múltiples administraciones para cada producto que se produce en lugar de tener dos o tres. En efecto, 50 PYMES fabricantes de zapatos es posible que den más trabajo a más gente, pero ello es así porque requieren 50 administraciones. De tal modo, los precios tienden a no ser competitivos en el mercado internacional porque para lograr tal competitividad se requiere producción a escala. Además, esta clase de política conduce al achicamiento empresario, porque de esa manera se consiguen ventajas impositivas y crediticias. Y tales ventajas impositivas y crediticias, constituyen a su vez todavía un mayor costo para el país y una menor competitividad, ya que otros sectores deberán hacerse cargo de la diferencia.

LAS IMPORTACIONES

Otra creencia generalizada es que es necesario limitar importaciones y favorecer la producción nacional. La producción nacional se genera por sí sola y no necesariamente porque se prohíban las importaciones. Ello puede verse históricamente en innumerables rubros. Por otro lado, los clásicos fuertes de la producción argentina (en general la actiividad agropecuaria y petrolera, inlcuso pesquera) carecen absolutamente de competencia exterior.

La apertura de importaciones favorece la competencia y baja los precios, mientras el cierre logra el efecto inverso. Aparte de afectar la calidad, ya que al no existir competencia no hace falta mejorarla.

Esto viene ocurriendo con intermitencias desde hace muchos años. Suele confundirse, además, apertura económica con apertura económica con control cambiario, que es una cosa diferente. El control cambiario (por ejemplo la llamada convertibilidad) hace que cualquiera pueda importar la cantidad que desee comprando los dólares al mismo precio. Ello no ocurre cuando el mercado funciona realmente, porque el aumento de la demanda de divisas hace que éstas suban de precio y hay un momento en que ya no conviene comprar.

LAS EXPORTACIONES

Mientras por un lado se intenta favorecer las exportaciones con devoluciones o exenciones impositivas, por el otro se aplican masivas retenciones (impuestos) a aquellas que son más rentables. De tal manera se perjudica a los sectores que resultan eficientes y se favorece a los que no lo son. Así se deteriora la calidad y la competitividad del país. Esto se hace generalmente con el argumento de dar trabajo porque se sostiene que la industria da más trabajo que el campo, cuando en realidad hoy por hoy lo que más gente ocupa son los servicios.

EL SISTEMA TRIBUTARIO

Las enormes distorsiones del sistema tributario se han incrementado notablemente en los últimos años. Desde la abolición del secreto bancario y fiscal, pasando por la creación de una inusitada cantidad de regímenes de información que constituyen una verdadera carga pública que corre por cuenta y riesgo de los contribuyentes.

Al mismo tiempo, se han multiplicado diversos regímenes de retención y percepción de impuestos, nacionales y provinciales, a cargo de instituciones financieras y también de los propios clientes. En muchos casos estos sistemas no tienen en cuenta la capacidad contributiva ni la territorialidad, generando enormes saldos a favor de los contribuyentes que resultan, de difícil o imposible recuperación, la cual, si se logra, se obtiene a valores absolutamente devaluados y sin intereses.

PROGRESIVIDAD E IMPUESTOS A LOS ACTIVOS

Otros aspecto que afecta enormemente las inversiones es la progresividad de los impuestos a las ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas. El incremento de tasas según crece el valor absoluto de las ganancias, desalienta el éxito y es evidentemente contrario al principio de igualdad ante la ley.

Los impuestos a las ganancias son siempre un punto en contra para cualquier inversión, es por eso que cada tanto aparecen proyectos de desgravación de las utilidades si éstas se reinvierten. Confesión de parte, que le dicen.

Pero a su vez, los impuestos sobre los Bienes Personales (que originalmente iba a llamarse a las manifestaciones conspicuas de riqueza ) y a la Ganancia Mínima Presunta gravan en general los activos, y no el patrimonio neto, cosa que suele confundirse con facilidad incluso entre profesionales. Es factible que alguien posea activos por varios millones de pesos, pero también pasivos equivalentes, pese a lo cual ha de pagar estos impuestos sobre los activos. Esta curiosa confusión es tan común como incomprensible. Lo mismo ocurre con el impuesto inmobiliario o con las patentes de los rodados. Obsérvese la incongruencia notable de considerar riqueza un activo sin tener en cuenta si es propio o se adeuda total o parcialmente.

LOS IMPUESTOS SOBRE LOS CONSUMOS

Los impuestos a los consumos son probablemente bastante más equitativos de lo que resultan para la ideología predominante. Si las tasas son las mismas y afectan a todos los productos por igual (como ocurre en otros países) provocan que sólo deben pagarse cuando se consume, de modo que se alienta el ahorro y se lo premia, fomentando de ese modo la creación de capitales.

LOS RICOS

En general son tan envidiados como mal vistos. Por un lado siempre surgen dudas acerca de cómo hicieron su dinero, al mismo tiempo que se pretende que sean ellos quienes paguen el proverbial pato de la boda , sea cual fuere el origen de la necesidad. Naturalmente no es cierto que las fortunas se adquieran de forma ilegítima (Susana Giménez, Maradona, Ginóbili, Palito Ortega), y mucho menos ilegal; aunque sí es sabido que mucha gente se enriquece por la función pública o por contactos que se aprovechan de los aspectos débiles del sistema que venimos enumerando (quitas impositivas, emprendimientos con apoyo estatal, créditos blandos, etc). Más allá de la ilegitimidad, concepto que debería ser revisado judicialmente, los ricos lo son por sus méritos, y tratar de quitarles lo que poseen no sólo los hace huir con su dinero, sino que asusta a los potenciales y futuros ricos, nacionales o extranjeros. Aquello que es ilegal debe ser denunciado y probado en la justicia, que debe obrar en consecuencia. Resulta absurdo y casi salvaje, por lo demás, pretender hacer justicia cobrándole impuestos adicionales. El delito no da lugar a impuestos, sino a confiscación de bienes.

LA AYUDA SOCIAL

Así se la llamaba antes y así puede llamársela ahora. Implica repartir dinero o bienes entre personas de bajos recursos, asignarle cantidades mensuales, asegurarle que algo habrán de recibir a fin de mes. Así se genera la dependencia del poder político, la sumisión al puntero , la humillación y la denigración del ser humano. Pero como es ayuda este tipo de actitudes suele ser apoyado mayoritariamente. Y quienes se esfuerzan por producir, más temprano que tarde adquieren una tendencia lógica a no ser los zonzos que no participan del festín. Este tipo de ayuda es, realmente, una forma de dádiva de lo más abyecta.

EL EMPLEO PÚBLICO

El ex funcionario kirchnerista Julio Bárbaro publicó un trabajo no hace mucho en el que defendía de manera insólita el reparto de empleo público para resolver el problema de la desocupación. Esta idea, aparte de otros cuestionamientos que no son el lei motiv de este artículo, puede llevarse al extremo y simplemente significar que toda la mano de obra activa acceda al empleo público por más improductivo que sea. Es mucho más cómodo estar empleado con tareas redundantes en la municipalidad de un pueblo que arar la tierra en el medio del campo. Es un ejemplo, claro está, pero la tendencia en las provincias es esa desde el momento en que los gobiernos disponen de dinero de la llamada coparticipación federal (el Estado Nacional recauda y reparte) y simplemente emplean gente que luego se convierte en votante de sus gobernantes. Es increíble que una persona instruída y además participante de la política nacional, postule como válido el método de repartir puestos públicos para resolver el problema de la falta de trabajo. Cualquier adjetivo descalificatorio puede caberle a esta visión. Es como el viejo adagio keynesiano de hacer pozos y taparlos luego para mantener a la gente ocupada y pagarle un sueldo.

Existen muchos otros aspectos de la composición de nuestra idiosincracia que no se desvían de los aquí señalados. Siempre la tendencia es la misma o muy parecida.

Por ello, ingresar como funcionario o político implica salvarse . Conseguir algún amigo cercano al poder lo mismo. Pasar a ocupar un cargo en un sindicato o en una cámara permite escalar económicamente. Formar parte del círculo áulico es un objetivo tan deseado como el de esos jóvenes que se presentan en los casting para lograr un lugarcito en algún programa de TV.

Obsérvese que esta cultura que brevemente intentamos resumir en estas líneas, no distingue banderías políticas. La izquierda vive pidiendo (planes, ayudas, comida, casas, útiles escolares, jubilaciones, mejores salarios o lo que sea), la derecha adhiere a buena parte de esas causas so pena de resultar políticamente incorrecta. Nadie se atrevería a señalar que la asignación universal por hijo es en verdad una simple dádiva para sus padres. Y mucho menos se plantearía que las computadoras deberían ser para las escuelas y no para los alumnos. Y ni qué hablar de mencionar que los empleos improductivos generan demanda de bienes que nadie produce.

Esta mentalidad es general. Acá estamos en un mundo ideológico en el que oponerse al Banco de la Nación o reprobar las diversas formas de intervención estatal (controles de precios, salvataje de empresas en quiebra, fijación de salarios, coerción jubilatoria) son inimaginables, incluso aunque la Constitución dijera otra cosa.

Existe una pretensión sublime de vivir como en el primer mundo, pero recibiendo todo gratis y sin esfuerzos. Que el Estado se ocupe de la salud, de la vivienda, de los precios, de los salarios, de las tasas de interés, de las jubilaciones, de los márgenes de utilidad, de la intermediación , etc.

El éxito es en general mal visto. Ningún famoso tiene buena prensa, desde un empresario hasta un conductor de TV o un adinerado jugador de fútbol o de tenis. No parece ser motivo de análisis el esfuerzo que cada uno de ellos ha debido hacer para alcanzar su posición. Simplemente, si tiene que reparta , así es posible vivir de lo que producen otros.

Con todo lo políticamente incorrecto que pueda resultar esto que aquí decimos, la realidad es que el mundo no se sostiene ni avanza sobre estos postulados facilistas. Lo que mejora el nivel general es la producción y el trabajo en tanto sea productivo. La mejoría tecnológica, la mayor eficiencia, el mayor esfuerzo remunerado.

El sistema político debe apoyar el éxito y no castigarlo. Los impuestos deben ser a los consumos e iguales para todos. Si determinados sectores requieren ayuda, ésta debe estar encauzada a posibilitar trabajo y no a mantener el statu quo. La vida en una comunidad debe estar basada en leyes y no en arbitrarias decisiones de funcionarios. Los partidos políticos deben tener ideas definidas y ofrecer alternativas basadas en la cultura del esfuerzo y del trabajo, del ahorro, de la moneda sólida, de la responsabilidad en el gasto público.

Las ayudas siempre deben surgir de leyes y reglamentos claros, precisos, con nombre y apellido y con fecha de devolución. Con los intereses respectivos.

Ningún esquema funciona cuando se pretende ayudar a unos a costa de los otros. En conjunto quien ayuda debe hacerlo voluntariamente porque la coerción es una imposición.

Entiéndasenos. Esta es una visión, la nuestra, que intenta destripar de una vez por todas qué es lo que nos pasa como país.

Debe apuntarse siempre a la eficiencia y a la calidad. A la competencia y a la moneda sólida. Al esfuerzo y no a la dádiva. Al trato igualitario a todos los sectores. Y sobre todo a la libertad y al respeto de las instituciones. Nada es absoluto, por cierto, pero hay que tender a eso.

Cuando un banco oficial otorga créditos baratos está fomentando emprendimientos que tal vez no se desarrollarían si los créditos tuvieran un valor de mercado. La pregunta entonces que cabe hacerse es: ¿puede ser un exitoso emprendimiento aquél gestado en semejante cultivo? La sombra de la crisis de las hipotecas en EEUU sobrevuela este concepto. Prestar dinero a baja tasa o inclusive a tasa negativa teniendo en cuenta la inflación existente, lleva a lo que se conoce como el falso riesgo, es decir, emprender algo total es gratis. No hacerlo porque consideramos que puede irnos bien. Y luego si nos va mal, paciencia. Alguien pagará.

Por supuesto, no se trata de no ayudar y de dejar a todo el mundo en banda, se trata de hacerlo desde la cultura del trabajo, del sacrificio y del esfuerzo personal.

El cepo ideológico en que nos encontramos tiene décadas de instalado y no solamente es patrimonio de nuestro país. En mayor o en menor medida se da en otras latitudes también. El Estado Benefactor que todo lo resuelve está destruyendo a Europa, se diga lo que se diga. Y el inmenso gasto norteamericano está dejando fuera de combate al gobierno demócrata en demasiado poco tiempo. Hay que pensar en promover el bienestar general no en otogarlo de manera gratuita y sin nada a cambio.

El tema da para un libro entero, obviamente. Acá esbozamos a vuelapluma lo que entendemos es la quintaesencia del problema.

Y finalmente hemos de decir que de ningún modo nos oponemos a la existencia de cámaras empresarias, de sindicatos o de lo que fuere. Pero todo debe funcionar en el marco de las intituciones y en el respeto de la ley, empezando por la mismísima Constitución. Si las decisiones sobre bienes y haciendas quedan en manos de funcionarios que resuelven prohibir vender o comprar porque a ellos les parece mejor, por ejemplo, lo que ocurre es que está violándose de un plumazo el esencial derecho de propiedad. Y si esto es así, las organizaciones empresarias o sindicales se volcarán a pedir para sí alguna ventaja, algún privilegio, lo que sea. Y así todo el sistema institucional sucumbe.

Romper este círculo vicioso probablemente requiera un acuerdo amplio entre las distintas fuerzas políticas. Acuerdo que no avizoramos por el momento, lamentablemente. Pero que en nuestro modo de ver es imprescindible para salir de esta inercia cargada de arbitrariedad en la que nos encontramos.

Héctor Blas Trillo 1º de noviembre de 2010

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

ECOTRIBUTARIA

Economía y tributación

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No son pocos los aspectos positivos que muestra la economía mundial de cara a la situación de la Argentina. Pero la falta de una política económica que apunte realmente a la inversión y a la seguridad jurídica puede resultar lapidaria. Nos ocupamos en este comentario de aspectos específicamente económicos, intentando tanto como es posible evitar opiniones de orden social .

LA SITUACIÓN ACTUAL

La Argentina es uno de los pocos países del mundo que sigue apostando al impuesto inflacionario. Con una tasa del 25% anual por lo menos, resulta difícil disimular o negar la realidad. No sólo ante una evidencia práctica, sino inclusive ante la propia confesión a partir de la presentación de Presupuestos que llevan dentro de sí supuestos inflacionarios del orden del 8 o el 9%.

La inflación es la que subsume debajo de la llamada línea de pobreza a una capa cada vez más importante de la población, por más que desde las esferas del gob ierno se indique lo contrario. La diferencia entre los datos que surgen de consultoras particulares e inclusive oficiales de algunas provincias muestran una diferencia de prácticamente el 100% entre el piso de ingresos que muestra el INDEC y el resto. Estamos hablando de algo más de $ 1.000 que señala el ente estatal intervenido, y $ 2.000 que surge de cálculos conservadores privados.

El impresionante sistema de subsidios montado por el Estado disimula de manera dramática los índices inflacionarios. La falta de adecuación de las tarifas de los servicios públicos a la pérdida de valor de la moneda llega en casos como el transporte urbano de pasajeros a 3 y hasta 4 veces menos que su valor real.

Las modificaciones propuestas a la ley de entidades financieras intentando establecer pautas direccionales de los préstamos bancarios considerando a tales entes como prácticamente entidades de bien público que deben ser controlados a fin de que sus negocios sean hechos de acuerdo al color del poder político de turno resultan absolutamente inconducentes. Al mismo tiempo, el absurdo enfrentamiento con el FMI tiene solamente una razón de ser: evitar que los auditores de ese organismo vengan a auditar y terminen diciendo lo que el mundo entero sabe: que las estadísticas del INDEC son incorrectas y falsean la realidad.

El país está creciendo inducido por el enorme gasto público, pero esencialmente lo hace por la situación internacional, que es favorable a los precios de las materias primas, que son nuestro fuerte. Dejando de lado la certeza de los guarismos oficiales, lo cierto es que el empleo ha venido creciendo luego de la crisis de 2008/2009, al mismo tiempo que crece la economía. China y Brasil son grandes demandantes de materias primas la primera, y de automóviles el segundo. Y cada vez lo son más, en la medida en que a ellos les va bien. El crecimiento del gasto público aumenta las presiones inflacionarias, porque proviene en buena medida de la emisión. Y tales presiones no son gratis, como queda dicho, porque afectan a los sectores de ingresos fijos, y especialmente a los más rezagados (salarios informales, jubilados, etc).

La llamada “inclusión social” tiene su veta positiva desde el punto de vista de incentivar el consumo. Así, los dos millones de jubilados incorporados recientemente al sistema, o la asignación universal por hijo; suman consumidores al mismo tiempo que presionan sobre la demanda y los precios. Sin inversiones de envergadura (superiores al 25% anual del PBI) resulta directamente imposible mantener la demanda sin subas en los precios. Esto sin contar el hecho de que en una economía pujante no es posible mantener indefinidamente subsidios y ayudas económicas sin pagar las consecuencias. Para consumir es preciso producir, dicho de manera simple.

La falta de inversión en infraestructura (caminos, rutas, ferrocarriles) es elocuente. Lo mismo en estratégicos sectores como el energético (exploración petrolera, gasífera, hidroelectricidad). Por lo demás, el intervencionismo es lo suficientemente dañino como para que los gobernantes vayan dándose cuenta. Esto de limitar exportaciones, importaciones, volúmenes de producción, y cosas por el estilo, no parece orientado a un Estado de derecho. Y si esto no se logra, no habrá nunca inversiones suficientes, sea quien fuere el gobernante.

Las altas tasas de liquidez en el mundo también son un fuerte incentivo. Desde las grandes economías se mira a los países emergentes para llevar adelante en ellos inversiones rentables. Esto no está siendo aprovechado adecuadamente, por las razones apuntadas.

Otro aspecto que no podemos dejar de señalar es el uso de las reservas para el pago de deuda pública. Es evidente que las reservas tienen su origen en la compra que hace el Banco Central a los exportadores y que tal compra se hace básicamente con emisión de moneda. Esa moneda es un pasivo para el banco, que así es llamado “no remunerado”, pero que cuando se convierte en Lebacs (es decir, en bonos de deuda del Estado), pasa a ser “remunerado”. Lo cierto es que en un caso como en el otro se trata de un pasivo. Es obvio que en el caso de las Lebacs ello implica un costo financiero, pero ¿cuál es el efecto cuando solamente se trata de moneda emitida que entra en circulación? En la medida en que dicha moneda exceda los parámetros de crecimiento económico el destino es inflacionario. Esta realidad se manifiesta con un Estado que compra dólares para “sostener” el tipo de cambio y poder aplicar retenciones a las exportaciones que luego nomina como “superávit”.

Esta realidad es decepcionante y limitante a su vez. Porque entre otras cosas el propio gobierno está viendo que el tipo de cambio no puede crecer tanto como la tasa de inflación, porque sería absolutamente insostenible la presión sobre los precios. Así, se constituye a la vez en una suerte de bloqueo a la tasa de inflación, tal como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia económica argentina.

EL AÑO ELECTORAL

Estamos a las puertas del año electoral, como todos sabemos. Eso significa en nuestra querida Argentina un mayor gasto público, una mayor presión inflacionaria subsecuente. Llegado el caso incluso una corrida hacia adelante para que los próximos gobernantes se encarguen de arreglar el problema. Esto no es un prejuicio sino la historia viva de la realidad argentina.

En todo caso aún con todas las perspectivas favorables en la economía mundial para los países como el nuestro, lo probable es que buena parte se dilapide en cuestiones políticas y obras preelectorales. El contrapeso que por estas horas se da en el Congreso, tiene más que ver con cuestiones políticas, que con la realidad económica tal como nosotros la interpretamos. Así se promueven proyectos de ley que incentivan el gasto público sin dejar debidamente considerados aspectos que tienen que ver con el financiamiento o, inclusive, con el cálculo actuarial, como es el caso del porcentaje mínimo de jubilaciones.

Es obvio que la política de subsidios será sostenida a toda costa. Cambiarla es aceptar que las tarifas habrán de subir. Y más allá de su efecto en la población, no podrá disimularse su efecto en los índices inflacionarios, contenidos artificial y mentirosamente entre otras cosas mediante el recurso de no reconocer que cualquier subsidio implica un recálculo de tales tarifas para que, al menos en teoría, se refleje la inflación real tomando en cuenta lo que éstos significan. Dicho de otro modo: si un boleto de colectivo debería costar $ 4.- y cuesta $ 1,10, el índice de inflación toma este segundo valor sin tomar en cuenta que la diferencia la pone el gobierno vía subsidio.

Y finalmente, hay que decir que el superávit de cuenta corriente externa está deteriorándose como consecuencia del incremento del consumo que señalamos, sin la debida correlación con el incremento de inversiones externas. Así las cosas: lo que no se produce se importa. Por más que desde la subsecretaría de comercio se limiten importaciones. El aumento de importaciones en mayor proporción que el de exportaciones, deteriora el saldo de cuenta corriente al que nos referimos. Buenos Aires, 11 de octubre de 2010

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La expansión del gasto que se produce como consecuencia de la emisión de moneda espuria, o lo que es equivalente la emisión de moneda para mantener un tipo de cambio por encima del de mercado, no puede ser sino inflacionaria

Algunos Antecedentes

Se diga lo que se dijere, el proceso inflacionario se reanudó en la Argentina a partir del momento en que el gobierno del Dr. Duhalde resolvió aplicar una política de cambio alto con el objeto de tornar competitivo al mercado argentino en el concierto internacional. Esta política fue apoyada incondicionalmente por cámaras empresarias, como la UIA, y también por instituciones que aglutinan a productores agropecuarios.

La sola idea de suponer que mediante un artilugio monetario la Argentina pasaría a ser un país en crecimiento y con altas perspectivas de desarrollo resulta cuando menos simplista y apresurada. Los efectos de la emisión de moneda para sostener un tipo de cambio son desvastadores para el valor de esa moneda. Comprar más caro lo que puede comprarse más barato durante varios años (el dólar) mediante el recurso de emitir no puede resultar neutro bajo ningún punto de análisis al que queramos recurrir.

Lo cierto es que en este modelo se engacharon todos, incluyendo al propio Estado, que de esta manera pudo aplicar el gravosísimo impuesto a las exportaciones, denominado por una falla de origen: retenciones a tales exportaciones.

Mientras se salía de la recesión, el modelo no afectó mayormente a los precios, excepto el salto inicial producido por la estafa devaluatoria que dejó en la vía a todos quienes poseían alguna forma de moneda convertible de curso legal y que de un saque dejó de serlo. Una vez que la enorme capacidad ociosa originada en las enormes inversiones de los odiados años 90 comenzó a llenarse, los precios iniciaron la carrera ascendente.

Como se sabe, casi desde el comienzo del gobierno del Dr. Kirchner, siendo ministro el Dr. Lavagna, se afianzaron criterios de controles de precios denominados acuerdos , y se aplicaron y modificaron tasas de impuestos a las exportaciones que se modificaban para castigar o beneficiar a determinados sectores productivos primarios, en la medida en que acomodaran los precios a los intereses del Estado, y no de la realidad económica. Aquella famosa descripción de impuesto distorsivo y de corta vida aplicada por el propio gobierno a las retenciones a las exportaciones se convirtió de la noche a la mañana en una forma de obligar a los productores a bajar precios internos para no ser sancionados con mayores retenciones.

En 2006 aparecieron los permisos de exportación y la prohibición generalizada de exportaciones de carne. Ambas medidas, lo mismo que todos los controles en las empresas, manifiestamente inconstitucionales pero aceptadas en un contexto determinado de amplio silencio de parte de empresarios e incluso de medios de comunicación.

A todo esto, el sector industrial no sufría los embates de esta errática política intervencionista tendiente a paliar los efectos producidos por el impulso inflacionario que ella misma generaba. En efecto, la industria en general podía percibir los valores de sus exportaciones al valor inflado artificialmente del dólar, sin quita ni retención alguna.

Unos cuantos sostuvimos ya en aquellos años, que la situación no podría sostenerse indefinidamente, y que más temprano que tarde por algún lado reventaría.

Los precios internacionales de las materias primas fueron un factor relevante en este panorama. La Argentina se vio favorecida en el famoso tema de los términos del intercambio, echando por tierra la histórica teoría de que éstos siempre serían desfavorables para los países agroexportadores.

Efectivamente, los precios internacionales ayudaron sobremanera a una política económica que no tenía otro pilar que no sea el sostenimiento de un elevado gasto mediante el recurso de emitir moneda para comprar dólares caros y luego aplicar retenciones a las exportaciones para generar un superávit ficticio y luego salir a gastarlo en obra pública o subsidios.

Un Presente Brumoso

Lo que ha venido observándose en los últimos 4 años es una espiralización de la tasa de inflación que una y otra vez a tratado de paliarse mediante intervencionismos y arbitrariedades de todos conocidas. Ya a comienzos de 2007 se intervino el INDEC con el objeto de bajar los índices y no reconocer el fenómeno sino parcialmente.

Actualmente el tipo de cambio está atrasándose pese a que el Banco Central sigue comprando para no dejar que caiga. Esto no es un sofisma. Los exportadores están obligados a liquidar sus dólares y convertirlos en pesos, y luego, si quieren, podrán comprar con esos pesos los dólares que antes debieron vender, con ciertas limitaciones y topes. En una economía abierta probablemente muchos de esos dólares no ingresarían al circuito pesos, cayendo entonces drásticamente la oferta de dólares y por lo tanto neutralizando la emisión de moneda sin un mayor efecto en el tipo de cambio.

Ahora bien, por qué el dólar se atrasa. Los motivos son varios. Por un lado el Estado vende dólares aunque a veces pretende restringir la demanda mediante trabas burocráticas (topes, identificación del comprador, datos fiscales, etc.). Como al mismo tiempo los compra, puede vender al menos una buena parte sin mayores problemas. Y con ello impedir que el precio baje, pero también que el precio suba, como de hecho viene haciéndolo.

Es por lo tanto el propio Banco Central el que determina mediante este procedimiento cuál es el tipo de cambio que debe regir. Y lo hace con el objeto de mantenerlo más o menos estable y de ese modo intenta paliar artificialmente el impulso inflacionario de la inyección de moneda. El viejo truco del tipo de cambio que se atrasa para controlar así la tasa de inflación.

La pérdida de valor del dólar frente a otras monedas no es reflejada en absoluto por esta política, cosa que sí hace Brasil, por ejemplo. Por eso mejora el comercio exterior con Brasil, que acomoda el real al valor internacional relativo del dólar. En otras palabras: en Brasil si el dólar de deprecia en el mundo, también se deprecia en reales. En la Argentina no.

El anuncio de un tipo de cambio estable hace que la gente tienda a desprenderse de sus tenencias adquiriendo bienes tales como automóviles o departamentos con sus billetes ahorrados en el colchón.

También favorece las colocaciones en pesos porque cualquier tasa de interés es positiva en dólares. Y

las colocaciones ayudan a formar un fondo prestable para adquirir bienes tales como línea blanca, ropa o viajes en cuotas. Pero hay que tener en cuenta que tales colocaciones en pesos no son por lo general a plazos muy largos, porque la incertidumbre respecto de hasta cuándo podrá sostenerse un tipo de cambio determinado siempre está presente.

También fomenta la fuga de divisas en determinado momento. El atraso cambiario siempre es un incentivo para la compra, porque siempre aumenta la demanda de aquello que está barato y es útil.

A su vez la alta inflación incentiva el consumo. A la gente le quema el dinero si tiene que guardarlo en su casa, (cosa que suele ocurrir por miedo a las salideras y a los impuestos y retenciones varias que se generan ante cualquier depósito bancario); porque en tal caso sufre de lleno los efectos de la desvalorización de la moneda.

Todas las reacciones descriptas tienen un lazo común; y éste es el de la falta de credibilidad en la moneda local y la incertidumbre respecto de si en algún momento otra megadevaluación puede destruir los ahorros.

La expectativa no es que esto ocurra en el corto plazo, y por eso las colocaciones en pesos se ubican dentro de ese rango. Mientras el Banco Central cuente con reservas como para afrontar cualquier corrida más o menos seria, el riesgo de una devaluación extraordinaria es bajo, pero no es cero.

Un Futuro Complejo

El gobierno apunta a mantener alto el nivel de actividad económica sin importarle demasiado el acicateo a la inflación, máxime tomando en cuenta que 2011 es un año electoral. Ello con independencia de que la estrategia dé resultado.

Brasil está absorbiendo buena parte de las exportaciones, especialmente en el rubro automotor. Los precios de las materias primas tienden a afianzarse lo cual favorece la aplicación de retenciones a las exportaciones e incentiva la producción de soja, que ya ningún miembro del gobierno defenestra. En un esquema inflacionario la población se desprende rápidamente de los pesos, porque es más confiable tener los bienes tanto como sea posible.

Ahora bien, como tantas veces ha ocurrido en la historia reciente, cuando el tipo de cambio es inducido a la estabilización y mantenido artificialmente bajo, se fomenta la compra de divisas y por lo tanto la salida de capitales.

Por más que el gobierno intente incentivar la inversión lo cierto es que ésta no crece ante la incertidumbre reinante, encabezada por la cada vez más evidente falta de seguridad jurídica. Por eso la soja ha dejado de ser un yuyo .

Según el último informe de la CEPAL, durante 2009 América del Sur recibió inversiones por 54.454 millones de dólares. A Brasil fueron 25.949 millones, a Chile 12.702 millones, a Colombia 7.201 millones, y a la Argentina 4.895 millones. El resto a otros países de la región. No existe relación entre el monto de inversiones recibidas y el tamaño de las economías involucradas, excepto claro está el caso de Brasil. Debajo de la Argentina, y muy cerquita, está Perú, con 4.760 millones de dólares de inversiones externas.

Si se observa el Índice de Competitividad Global, nos encontramos con que las cuestiones que más afectan a nuestro país son: la inestabilidad de las políticas públicas, la inflación, el acceso al financiamiento y la corrupción. Por esas razones en una escala de 139 países, la Argentina se encuentra en el puesto 87

Si tenemos que dar nuesra opinión diremos una vez lo mismo que siempre hemos señalado: el principal problema argentino es la anomia, la inseguridad jurídica, la falta de apego a la ley. Podremos ser más o menos estatistas, más o menos reguladores, más o menos progresistas, lo que no podemos es hacer lo que se nos ocurre como país según como nos levantemos cada mañana, violando desde la Constitución hacia abajo, todo.

Crecimiento e Inflación

El crecimiento que hoy muestra la economía de la Argentina tiene que ver con los incentivos monetarios y un gasto público exacerbado. Se vincula también con los precios de las materias primas. Ayuda incluso el nuevo canje de la deuda. Colabora la seguridad del pago de la deuda aunque sea mediante el uso de reservas.

Pero es sabido que tanto la emisión espuria de moneda como el pago de la deuda externa mediante el uso de reservas terminan siendo gravosamente inflacionarios. Y a ello hay que sumar la modificación incluso del plan monetario del corriente ejercicio, que llevó la emisión prevista de 19 a 30.000 millones de pesos para todo 2010, si es que se cumple.

Por eso, y más allá de todo, la realidad es que un esquema de este tipo no puede durar. Como tampoco duró demasiado el otro, el del dólar alto, el de los controles de precios, el del cierre y limitación de exportaciones cárnicas u otras. El de limitación de importaciones.

Todos los desvíos voluntaristas que se desarrollan en una oficina y se aplican a destajo por encima de la propia Constitución y de las leyes, no pueden sino tener consecuencias desgraciadas más temparano que tarde. El peligro de la estanflación está a la vuelta de la esquina.

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