Blog de Héctor Trillo

El Ágora

En estos días, merced a un proyecto de ley presentado en la cámara baja por el diputado oficialista Héctor Recalde, se ha reactivado un viejo debate: el de la participación en las utilidades empresarias por parte de los trabajadores.

La reforma constitucional del año 1957, elaborada y aprobada durante el gobierno de facto del General Pedro Eugenio Aramburu y con el peronismo proscripto, incorporó a su plexo el artículo numerado 14 bis, en el que se establecen una serie de derechos, que incluyen la participación de los obreros, justamente, en las utilidades empresarias.

Este derecho, consagrado constitucionalmente, nunca fue reglamentado y por lo tanto, salvo en algún convenio colectivo como el de la firma Firestone, no se encuentra vigente, lo cual constituye a todas luces una omisión inexcusable, como tantísimas otras en materia de respeto de los derechos y garantías constitucionales, empezando por los establecidos en el artículo 14, el que antecede al que comentamos.

Lamentablemente, la discusión no se ha iniciado dentro de un ambiente de calma y respeto por los derechos constitucionales en general, con lo cual es dable esperar que la intromisión de mezquinos intereses políticos y de los otros, se inmiscuirá en la cuestión, por lo que puede presagiarse un fracaso más bien temprano que tarde, y aún pese a que de alguna forma se apruebe.

Cuando el clima político está enrarecido (y vaya si lo está por estas horas) es bastante torpe intentar presentarse como paladines de la defensa de los derechos de los postergados, sobre todo cuando quien es el autor del proyecto lleva décadas de militancia como abogado de la CGT sin haber hecho absolutamente nada anteriormente con relación a este tema.

Ahora bien, para poder hacer este pequeño introito, que es un comentario político y nos hacemos cargo de ello, es que incluimos este tema dentro de nuestra serie EL ÁGORA, que es precisamente el ámbito que tenemos reservado para la discusión.

Pero yendo a la cuestión concreta, y moviéndonos en términos económicos tenemos unas cuantas cosas para señalar, muchas de las cuales seguramente serán tomadas como una crítica al proyecto y no como el señalamiento de desvíos que debieran resolverse si se pretende augurar éxito, que es lo que pretendemos.

Muchos son los aspectos que afectan hoy por hoy las utilidades (y las pérdidas) de las empresas en beneficio de los trabajadores. No hay que dejar de recordar que los regímenes tributarios y previsionales, lo mismo que los derechos laborales y sociales tienen como objetivo principal proteger a los trabajadores. A tal punto es así que hasta el consagrado derecho de huelga no rige cuando los empresarios pretenden aplicarlo (el llamado lock out).

Veamos a vuelapluma algunas cuestiones que afectan directamente las ganancias de las empresas en beneficio de los trabajadores:

- La fijación de precios y salarios según órdenes oficiales

-La obligación de vender o regalar productos o servicios a determinados grupos por razones diversas.

-La diversidad de regímenes de retención y percepción de impuestos y cargas previsionales, información, control cruzado, documentación y registros de todo tipo que implican importantes gastos (y saldos a favor impositivos de dudosa recuperación devaluada) a cargo de las empresas.

-Las obligaciones ante el sistema jubilatorio en su conjunto, las ART, el seguro de vida, etc. a cargo también de las empresas para garantizar la seguridad laboral con el consiguiente costo administrativo y financiero a cargo de las empresas.

-Las leyes de asociación sindical y los derechos de los delegados y sindicalistas en cuanto a la preservación de sus empleos mientras desempeñen sus cargos.

Por supuesto que la enumeración que hacemos no es taxativa ni mucho menos. Lo cierto es que todos estos aspectos, en mayor o menor medida, implican un costo relevante para cualquier empresa y su objetivo es el de intentar proteger, defender e incrementar en lo posible el bienestar de los trabajadores. Todo ello tiene un costo, y como tal implica una reducción de las utilidades de las empresas.

Un elemento no menor es el vinculado a las asociaciones de defensa de los consumidores. Se supone en la sociedad en que vivimos, que los consumidores son los más débiles de la cadena de la comercialización y por lo tanto quienes requieren ser protegidos por la acción del Estado. Así, la legislación apunta en esa dirección. Los consumidores son de algún modo subsumidos como trabajadores, que a su vez son considerados los débiles pero en la cadena de la producción.

Consumidores y trabajadores cuentan así con una extensísima gama de recursos legales para protegerse de los supuestos embates que pudieran sufrir de los empresarios individualmente o en conjunto a través de sus empresas. Obsérvese que incluso existe legalmente el llamado ombudsman, que defiende intereses de los habitantes en general, pero nunca que sepamos los de los empresarios en particular.

Esto, dicho sea de paso, está en la base de la moral media de países como el nuestro. Moral que consiste en decretar en todos los planos que los empresarios y las empresas deben ser poco menos que dejados a la buena de Dios mientras que trabajadores y consumidores deben ser defendidos de embates diabólicos y angurrientos de parte los genéricamente llamados poderosos.

Sabemos que estas afirmaciones pueden dar lugar a controversias. Por ello queremos dejar en claro a qué apuntamos. En una sociedad libre y en un estado democrático, la bonanza de unos se corresponde con la bonanza de los otros. Mayores inversiones generan más trabajo y todo ello genera mayor bienestar.

En un mercado organizado bajo las normas de un Estado de Derecho el respeto institucional implica entre otras cosas garantizar la libertad y la defensa de los intereses de TODOS los habitantes, no de unos sobre los otros, cualesquiera sean las prioridades que quieran disponerse.

Bien, como el derecho a la participación en las utilidades en las empresas deviene del artículo 14 bis de la Constitución es interesante traerlo a cuento en su totalidad. Veamos

Artículo 14. bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

La transcripción entendemos que no es ociosa, porque permite tener una visión completa del actual cuadro de situación no sin dejar de analizar el espíritu que llevó a los constituyentes a redactar este artículo. Se apunta casi íntegramente a atender necesidades de la población supuestamente más débil y se da por sentado que los fuertes del esquema son los empresarios y sus empresas. Y dejamos esto señalado para no abundar.

Si observamos el primer párrafo podemos comprobar rápidamente que no solamente no está reglamentada la participación en las ganancias empresarias. Tampoco podemos decir que existan en el país condiciones dignas y equitativas de labor o igual remuneración por igual tarea. La organización sindical no es ni libre ni democrática, dado que desde la sanción de la ley 14.250 y su antecedente un decreto-ley del régimen de facto instaurado el 4 de junio de 1943 existe en el país el sindicato único por rama de actividad con personería gremial otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional, la afiliación es compulsiva y los aportes sindicales son obligatorios.

El sistema jubilatorio es compulsivo y ha sido eliminada hace unos meses la opción por un sistema mixto que implicaba un ahorro personal en las AFJP. El resto de los derechos, salvo el de huelga, distan de haberse cumplido alguna vez. En materia de empleo público, la tan declamada estabilidad ha sido reemplazada por el empleo de los contratados, que por millones se encuentran en las administraciones nacional, provinciales y municipales, fuera del sistema de trabajo en relación de dependencia sin que luego de más de medio siglo se hubiera corregido esta grave anomalía.

La jornada limitada de labor está supeditada a las necesidades económicas de los trabajadores, quienes se ven en muchos casos en la obligación de tener dos trabajos o de completar sus ingresos con horas extras o changas.

Los convenios colectivos determinan una y otra vez ajustes no remunerativos, un eufemismo para que los empleados cobren más dinero sin tener que soportar sobre la diferencia aportes y contribuciones previsionales, además de no conformar esas cifras montos computables para indemnizaciones o sueldo anual complementario. Lo que proverbialmente podemos llamar sin temor a equivocarnos diferencias en negro.Si la propia ley dice que los convenios colectivos pueden mejorar las condiciones laborales pero no empeorarlas ¿es acaso una mejora otorgar diferencias de sueldo no remunerativas con las consecuencias apuntadas?

El derecho de huelga a degenerado en piquetes, tomas de fábricas y bloqueos apañados (y en muchos casos inducidos y fomentados) por las autoridades nacionales.

La declamada intención de que la remuneración sea igual por igual tarea se topa con realidades tan disímiles como la de pretender que un empleado de un taller mecánico en Callao y Libertador cobre lo mismo que su equivalente en San Antonio de los Cobres o en La Quiaca. Aparte de las diferencias legales existentes con los trabajadores de Tierra del Fuego, que cuentan con beneficios adicionales por región.

Cabe preguntarse entonces si en este marco es razonable esperar que una distribución de utilidades con control sindical de las empresas contribuirá a mejorar la relación de los distintos factores de la producción y atraerá las inversiones de capital imprescindibles para crecer en serio; o simplemente nos quedaremos en una puja distributiva de carácter menor con la consiguiente toma de posiciones de sindicalistas forjados al amparo de una legislación antidemocrática y restrictiva de las libertades de elección y de afiliación.

No está mal discutir estos temas, estamos seguros de ello. Preguntarse por ejemplo qué ocurrirá con las empresas que no reparten utilidades por tener menos empleados que el piso establecido en el proyecto. O qué ocurrirá con dos empresas de igual rubro, grandes ambas, una con utildades mayores y otra con utilidades menores o incluso pérdida. Si consideramos que debe retribuirse de manera igualitaria a quienes realicen la misma tarea, es fácil suponer que habrá controversias de parte de quienes consideran que todo cuanto perciben es remuneración; ello así en virtud de que una mayor remuneración está en consonancia con una mayor eficiencia, única forma de subir los salarios.

No hay que dejar de recordar que si en la Argentina existe un 40% de empleo informal es por algo. Analizar las razones resulta a nuestro entender prioritario y no vemos que desde la organización sindical unitaria se ingrese en serio en el análisis en punto a resolver el tema. Si algo se hace, para mal o para bien, se lo hace desde el Ministerio de Trabajo o desde la AFIP. El sindicalismo no parece interesado en resolver el entuerto.

Y el entuerto tiene tres o cuatro patas que son fundamentales. La primera es la aceptación de rubros no remunerativos como forma de pago de parte del sueldo, lo cual es la negación misma del sistema y la aceptación lisa y llana de que las cargas sociales resultan impagables. La segunda es la recurrencia durante décadas a trabajadores “contratados” por el Estado, es decir, la insistencia en negar la condición evidente de empleados en relación de dependencia justamente por las mismas razones (y por la cláusula impuesta en el 14 bis sobre la estabilidad del empleo público, que de ese modo se evita) La tercera es la economía informal, que supera largamente ese 40% señalado respecto del personal. Una economía informal que tiene su presente y su ausente en la desbordada presión tributaria y también en la impresionante cantidad de obligaciones administrativas a cargo de los empleadores con el objeto de garantizar supuestamente los derechos de los trabajadores. 55 años después de la sanción del artículo 14 bis, casi la mitad del empleo no está registrado, y si le sumamos los conceptos no remunerativos y los “contratados” estamos tranquilamente por encima del 50%.

El acercamiento de las posturas a la realidad política y económica tiene aristas bien claras. No se trata de desregular el mercado laboral necesariamente (en definitiva si algo está desregulado en la Argentina es justamente el empleo público contratado y los montos no remunerativos). Se trata de encarar el tema desde una perspectiva lógica, con una reforma integral del sistema tributario, reconociendo además que la prohibición por la todavía vigente ley de convertibilidad de ajustar los balances por inflación genera utilidades ficticias que pagan impuestos y estarán sujetas al reparto. Se trata de aceptar que ciertos preceptos del 14 bis sólo son aplicables en determinadas condiciones y que las mismas deben ser normadas adecuadamente. Hay que legislar partiendo de la realidad y no al revés. Hay que aceptar que hay esclavitud en la Argentina textil. Y que tal esclavitud tiene su origen en las exigencias inauditas de un sistema perverso y absorbente que se vuelve económicamente insostenible y por eso ocurre lo que ocurre.

En definitiva: de lo que se trata es de encauzar la economía dentro del los preceptos constitucionales. La economía y la vida misma. Ello no ocurre, como puede comprobarse todos los días. Y por eso, la propuesta del diputado Recalde tiene un cierto tufillo a defensa de intereses corporativos, más que a una sana intención de ajustarse a derecho.

Obviamente excede el marco de este comentario ingresar en cuestiones ajenas al tema laboral. Pero dentro de él, es obvio que los desvíos que hemos señalado deben ser atacados en conjunto. Y sobre todas las cosas, las normas deben ser de carácter general, sin exclusiones, sin discriminaciones a favor o en contra por tamaño. La ley es igual para todos o no es ley.

Buenos Aires, 20 de setiembre de 2010 HÉCTOR BLAS TRILLO

La Perversidad de la Inflación

La inflación es un fenómeno monetario y solamente puede ser reducida o eliminada si la expansión de moneda guarda relación con el crecimiento del producto bruto.

La preocupación del gobierno y de distintos sectores de la comunidad por la aceleración del proceso inflacionario es saludable si de alguna manera se busca una solución razonada y coherente para combatir el flagelo.

En otras épocas, conspicuos periodistas hoy encaramados en posiciones de adhesión al actual gobierno o en la antípoda, para el caso es igual, llegaron a comparar el proceso inflacionario con una epidemia de cólera. Tamaño dislate tiene que ver no solamente con el desconocimiento. No podemos imaginar determinadas mentes más o menos elaboradas suponiendo que los procesos inflacionarios son producto de una especie de virus; una calamidad o un castigo divino.

Hasta no hace demasiado tiempo, el proceso inflacionario desatado en la Argentina a partir de la estafa devaluatoria del año 2002, tuvo relación directa con el tipo de cambio alto y la emisión monetaria subsecuente. La esterilización de la moneda excedente mediante la emisión de bonos de deuda (básicamente las llamadas NOBACS y LEBACS) no dejó de ser un recurso de corto alcance. El gobierno ha llegado a suponer que el superávit primario provenía de una mejor administración cuando en realidad la única causa relevante fue el producido de los impuestos a las exportaciones (las llamadas retenciones) que pudieron aplicarse en virtud, precisamente, del tipo de cambio alto. Y también, claro está, de los precios elevados de las llamadas commodities en el mercado internacional.

De manera que si no se hubiera mantenido el tipo de cambio elevado artificialmente, probablemente un alto porcentaje de los impuestos a las exportaciones no hubiera podido aplicarse. Es decir que, excepto por los mayores precios, solamente en un cuadro de emisión monetaria espuria para comprar dólares caros fue posible recaudar recursos y considerarlos superávit. Recursos que no eran otra cosa que emisión pura.

El gobierno ha preferido reiterar una y mil veces el concepto absolutamente infantil de que la inflación se producía porque tal o cual sector aumentaba sus precios sin motivo. Tal falacia ha sido repetida hasta el cansancio también por muchos comunicadores, y no solamente aquellos que participan de la fiesta mediática de la televisión pública y sus sucedáneos.

Dicen que quienes toman como ciertas y repiten tantas veces gruesas falsedades terminan creyéndolas. Y algo por el estilo parece haber ocurrido en la Argentina.

Justamente en estas horas ha reaparecido la figura del secretario de comercio Moreno, un personaje del cual carece de sentido reiterar su triste historia, pero a todas luces clave para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Moreno reivindica la creencia de que los precios son manejables desde una oficina. Y, dicen, que también recurre a métodos extorsivos hasta con un arma sobre la mesa. No nos consta pero son muchos los que repiten esto. Alguna vez tuvimos la oportunidad de escucharlo hablar en la radio a este señor, en el que fue posiblemente el único reportaje que concedió en su vida. En aquel momento lo que repetía al estilo de un bando militar era que ellos (el gobierno) no iban a permitir que los precios de tales o cuales productos se dispararan. Es decir, no daba a conocer las medidas tendientes a detener el proceso inflacionario mediante el control de los medios monetarios, sino que se limitaba a decir, cual celador de escuela, que acá no habría subas de precios porque él no iba a tolerarlas. El que sí toleró semejantes afirmaciones de carácter autoritario e inconstitucional, fue el periodista que lo entrevistaba.

Es obvio que esta clase de metodologías, aparte del tinte fascista que encierran, han demostrado ser una y mil veces una verdadera estupidez. Y es obvio que el daño que se ha producido en sectores como el energético y el cárnico es inmenso. Mientras tanto, como se sabe, se ha dañado el sistema estadístico de manera irreparable por muchos años, mediante la intervención del Instituto de Estadísticas y Censos para amañar las cifras y mostrar una realidad inexistente.

En este marco, tenemos hoy en día un rebrote inflacionario que está siendo impulsado por un expansionismo monetario originado en supuestas utilidades del Banco Central producidas por las devaluaciones. También se recurre a métodos poco claros como el recurso de destinar divisas de las reservas al pago de deuda pública por medio de la emisión de moneda. Las reservas del Banco Central provienen de la emisión de moneda para comprarlas. Si luego se recurre al traspaso de tales reservas al gobierno para que éste pague deuda y para ello se emite moneda si se trata de obligaciones en pesos, tal emisión se duplica.

Al mismo tiempo, es obvio que si el gobierno no comprara divisas mediante el recurso de la emisión, éstas caerían de precio, con lo cual quiere decir que, una vez más, el gobierno está comprando caro lo que en verdad cuesta más barato. Y para ello, reiteramos, sigue emitiendo moneda.

Las falacias sobre el proceso inflacionario resultan grotescas y poco edificantes si pensamos en depositar confianza en las autoridades que además recurren a estos métodos de la denominada contabilidad creativa.

El actual ministro de economía presenta un cuadro de abundante verborragia, y suele quedar prisionero de afirmaciones bastante poco serias si las observamos técnicamente. En verdad suele pasar el aviso, por decirlo de algún modo, como si tuviera siempre la obligación de defender las acciones del actual gobierno poniendo a todos los antecesores en la antesala del infierno. El método lo usan también los políticos, especialmente el matrimonio Kirchner. Pero el Dr. Boudou es un economista, no un político. Y más allá de que tal método siempre resulta poco creíble, lo cierto es uno espera de un funcionario técnico algo más que chicanas verbales.

Pues bien, el ministro ha hecho referencia varias veces al hecho de que determinados planes de ayuda o ajustes jubilatorios favorecen el consumo y mejoran la situación general. Ha hecho comparaciones en lo que se refiere a montos jubilatorios y ha llegado a decir que son los más altos de Latinoamérica.

Como cualquiera ha de poder notar, todos los ajustes juntos efectuados al sector pasivo y a todos los demás sectores no ha mejorado la situación de postergación de una enorme cantidad de población en la Argentina. Se calcula que cerca del 40% de los habitantes de la república están hoy por hoy debajo de la línea de pobreza.

Ocurre que la mejoría del estándar de vida no se logra mediante ajustes nominales de ingresos en una moneda que no es confiable para la población y que pierde su valor día tras día por efecto de la emisión constante. Pero hay más: la comparación con otros países es incompleta si no se toman en cuenta los precios de los bienes en tales países. Dicho de otra manera: lo que cuenta no es lo que gana en dólares un individuo sino para cuánto le alcanza ese dinero. Este dato tan simple y obvio es directamente omitido en el discurso ministerial, lo cual resulta cuando menos alarmante y lo vuelve absolutamente increíble. O no sabe, u oculta la referencia obvia a los precios. Qué será peor, nos preguntamos.

La verdad es que la suba de ingresos por efecto de la asignación de recursos que en definitiva provienen de la emisión de moneda no mejora la calidad de vida de nadie.

El gobierno nacional mantiene un entramado sistema de subsidios que provienen básicamente de los recursos fiscales obtenidos entre otras cosas mediante la emisión de moneda para comprar dólares excedentes a un precio superior al de mercado. Estos subsidios no son tomados en cuenta para analizar los precios de los bienes o servicios subsidiados. Así, si un boleto de colectivo cuesta poco más de un peso, ese es el valor que toma el INDEC para calcular el incremento promedio de los precios. Esto más allá de las anomalías y tropelías de todo tipo cometidas en ese organismo estadístico. La falacia es evidente. El precio no es el precio si no se computa todo lo que se paga para que un servicio pueda llevarse a cabo. Por lo tanto, tal cifra es una mentira. Y punto.

En horas de escribir estas líneas han aparecido comentarios periodísticos del secretario del confederación sindical única de la Argentina con personería gremial, don Hugo Moyano, que hicieron acordar aquellos dichos del Dr. Raúl Alfonsín respecto de que un poco de inflación no viene mal. La inflación es una estafa y es un impuesto. Es una estafa porque la emisión espuria de moneda desvaloriza los pesos que podamos tener en nuestros bolsillos, y es un impuesto porque es la manera de hacerse de recursos por parte de un Estado voraz sin tener que recurrir a impolíticos ajustes nominales hacia abajo.

Y, como todo el mundo sabe, las principales víctimas de este accionar francamente deshonesto, son los asalariados y los jubilados. La gente de renta fija. La gente a la que el Sr. Moyano dice defender.

El origen del problema es siempre el mismo: intentar mantener un nivel de gasto público por encima de todas las posibilidades. Hacerse de recursos para ello a como dé lugar. Todas las políticas limitantes de importaciones (salvo casos de dumping demostrados y claros), y las inconcebibles trabas a las exportaciones tienen como resultado el deterioro del mercado afectado por tales medidas y la suba de los precios y la escasez. Sin embargo se persiste en eso. Y cuando la economía anda un poco mejor, como en estas horas, se considera un triunfo de personajes funestos y patoteros o de la producción agrícola que hasta ayer nomás se defenestraba.`

Se llega así al extremo de intentar en el Congreso terminar con la payasada del INDEC, invirtiendo tiempo y esfuerzo en obtener logros políticos de cuestiones que no deberían haber aparecido siquiera. Las energías que deberían utilizar nuestros legisladores para resolver verdaderos problemas nacionales, que son innúmeros; son utilizadas para estos temas, u otros como el caso del presidente del Banco Central, el uso de las reservas, o la modificación de la ley de entidades financieras para que los bancos privados dejen de ser tales y se conviertan literalmente en cotolengos.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010

El camino de la inflación reprimida termina en el caos y la paralización. Cuanto más empuja la inflación los precios hacia arriba, tanto más refuerza el Estado la presión de su aparato represivo. Pero cuanto más ficticio se hace el sistema de los precios controlados, tanto mayor es el caos económico y el descontento general y tanto más se debilita la autoridad de Gobierno o su pretensión de seguir ostentando un carácter Wilhelm Röpke

Prácticamente desde la salida de la llamada convertibilidad, los gobiernos que se sucedieron en la Argentina llevaron adelante una política de expansión monetaria mediante la subvaluación del tipo de cambio con emisión de moneda.

Esta política fue de cierta utilidad en los primeros tramos, cuando la crisis económica local y la desocupación subsecuente podían aguantar debido entre otras cosas a la enorme capacidad ociosa resultante. En aquellos primeros dos años, la pérdida de la riqueza de los habitantes mediante el recurso devaluatorio, y la licuación de pasivos estatales por la misma razón, contribuyeron en gran medida a que la emisión de moneda espuria no repercutiera seriamente en los precios y en los salarios. Pero una vez llevado a cabo el ajuste inicial donde cada sector debió asumir las pérdidas en beneficio de un Estado que dejó en el camino a ahorristas, acreedores, tenedores de pesos convertibles y propietarios en general, el proceso inflacionario empezó a desarrollarse con intensidad.

Fue entonces, hacia mediados de 2005, que las voces de alarma empezaron a socavar el discurso del modelo industrialista , más que nada porque la realidad comenzaba a imponerse. El por entonces todavía ministro Roberto Lavagna abandonó el criterio de que los impuestos a las exportaciones eran transitorios, distorsivos y tendientes a paliar la crisis en los sectores más débiles hasta que la economía se recuperara. Es que la economía iba poco a poco volviendo a los niveles de 1998 y las presiones inflacionarias comenzaban a mostrarse en su verdadera dimensión.

El canje de la deuda externa en ese mismo año cerró otra parte del aprovechamiento del Estado argentino que tuvo como víctimas a todos aquellos que le prestaron dinero al país. La inmensa licuación de la deuda alcanzaba, según las expresiones jactanciosas del Dr. Néstor Kirchner (hablaba entonces y ahora de ahorro , cuando en verdad se trataba y se trata de una genuina apropiación) a la friolera de 67.000 millones de dólares. El Estado, el mayor deudor de la historia del país, se favorecía inmensamente a expensas de los crédulos, como diría el propio Lavagna en otras palabras.

La reforma del Estado, de la que tanto se había hablado incluso en tiempos del Dr. Duhalde y del mismo ministro de economía, rápidamente fue archivada. Y mientras los gobernantes gastaban alegremente los recursos obtenidos mediante el artilugio devaluatorio, todos los economistas aceptaban que teníamos un superávit primario del orden de los 3 o 4 puntos del P.B.I.

Más allá de las subas de los precios de las materias primas en el ámbito internacional, la Argentina no había hecho absolutamente nada para ser más eficiente y competitiva en el mundo. Ni había hecho, ni hace. No había, ni hay, por lo tanto, casi ninguna razón para atribuirse méritos por lograr el tan mentado superávit fiscal de hace algunos años. Si hubo algún superávit , éste provino de los ahorros del default, de la devaluación que bajó dramáticamente los gastos del Estado en moneda dura, y de la aplicación de impuestos a las exportaciones y a los débitos y créditos bancarios.

En la segunda mitad del 2005, el Dr. Lavagna inició el proceso de castigo a aquellos productores que subían los precios, como si tal suba fuera consecuencia de una suerte de conjura avarienta.

El dato no es menor. Pero también es cierto que la pérdida de valor de la divisa norteamericana hizo creer a muchos que los aumentos de los precios internacionales eran en su totalidad tal cosa, cuando en una buena proporción tales aumentos no eran otra cosa que ajustes por pérdida de valor de la moneda. Con todo, el fenómeno del alza de los valores internacionales de granos, oleaginosas, petróleo y otros fue realmente extraordinario y permitió una importantísima expansión.

Cuando la economía local empezó a mostrar los efectos inflacionarios producto de la enorme inyección de moneda en forma de subsidios, obra pública, gasto político, etc. que el gobierno consideraba superávit producido por los impuestos a la exportación; apareció el verdadero problema en toda su dimensión.

Fue entonces cuando el Dr. Lavagna inició el derrotero de castigar a quienes aumentaban los precios, como si los aumentos fueran consecuencia de una cierta mala onda o viveza y no el resultado de un aumento generalizado de la cantidad de circulante y la presión de la demanda agregada. No sólo eso. El desfase entre los precios en el mercado internacional versus el mercado local pretendió subsanarse con los impuestos a las exportación. Más de una vez hemos escuchado al por entonces ministro hablar de castigo a los díscolos, y de primates de la economía a quienes no estaban de acuerdo con su punto de vista. De inmediato se iniciaron los acuerdos de precios, que el gobierno se resistía a llamar control. Y el propio presidente Kirchner salió públicamente a atacar a una petrolera por el incremento del precio del gasoil.

Cuando a comienzos de 2006 se produjo la renuncia del Dr. Lavagna, el ministerio de economía quedó en manos de Felisa Miceli, quien en su primer discurso habló del control de la inflación por la vía de los controles de precios. En el medio quedaban las pegatinas tratando de pillos a los productores agropecuarios y otras lindezas comparables, fácilmente, a lo que hoy ocurre en Venezuela.

Finalmente, a comienzos de 2007 el gobierno argentino decidió cortar por lo sano: atacar al mensajero. El secretario de comercio, designado unos meses antes por Néstor Kirchner, intervino de manera verbal al I.N.D.E.C.. Se hizo cargo sin dejarlo escrito en ninguna parte, tal como hace habitualmente por lo demás. Se inició entonces el patético proceso de dibujar los índices. Es decir, de mostrar una realidad que no es tal, dado que la realidad no podía cambiarse. Se desplazó a los funcionarios técnicos de carrera y se designó en su lugar a grupos de allegados al punto de vista oficial, que básicamente es inverso a la lógica de cualquier encuestador: hacer que el resultado no pase de una cierta cifra en lugar de arribar a la cifra que originen los cálculos.

Es obvio de toda obviedad que ninguno de los métodos elegidos para el supuesto combate de la inflación ha dado el menor resultado. Más bien todo lo contrario. El incremento de la masa monetaria es casi una constante. El gasto público sube a un ritmo superior al 40% anual mientras la tasa del IPC (precios al consumidor) arroja menos del 10%. Y los ingresos fiscales (cargados de irregularidades como por ejemplo registrar como tales las retenciones y percepciones indebidas de impuestos) lo hacen a poco más de un 30%. Un valor al que aún despejándolo de mejoras recaudatorias o del crecimiento de la economía está a todas luces alejado de la tasa de inflación oficial, dejando al descubierto una vez más la burda patraña. El espectacular gasto se cubre con emisión de moneda proveniente entre otras cosas de las ganancias del Banco Central producto de la pérdida de valor del peso. Un verdadero sofisma.

Los acuerdos salariales de estos últimos tiempos han sido cuestionados en diversos sectores por considerar que son generadores de inflación, cuando en realidad lo único que hacen es reconocer la inflación existente. Las subas en los precios no generan la inflación, sino que la inflación genera las subas de precios. Y los salarios, guste o no, son el precio del trabajo.

Luego de seis largos años de inflar el tipo de cambio para convertir en competitiva a una economía que no lo es, el mecanismo no da para más. Ahora es necesario contenerlo, de manera de frenar con este nuevo artilugio monetario la tasa de inflación. Con las subas de salarios y de precios al consumidor en torno del 30 o del 40% anual es obvio que el retraso cambiario se acelera rápidamente, tal como ha ocurrido en innúmeras oportunidades en la Argentina.

El superávit que otrora provenía de los impuestos a las exportaciones aprovechando el tipo de cambio alto y los precios de las commodities ha sido absorbido por el gasto estatal en la maraña de subsidios cruzados y ayudas sociales de todo tipo. El perverso mecanismo de pretender transformar la realidad mediante el recurso de dar dinero se choca con la evidencia.

Mientras precios y tarifas subsidiados ocultan la tasa real de inflación mucho más allá incluso de las torpes patrañas del I.N.D.E.C. las ayudas sociales en dinero o en especies pretenden mostrarnos un índice de pobreza fraguado por la dádiva. Las inversiones externas se han retirado de estas playas. Ninguna empresa de envergadura a nivel internacional tiene prácticamente proyectos de inversión en la Argentina, a excepción hecha de aquellas que pueden tener intereses creados dentro del espacio que también el Dr. Lavagna calificó de capitalismo de amigos. Y no mucho más.

Los problemas causados a la industria de la alimentación son muy grandes. No solamente por lo que está ocurriendo debido a la prohibición fáctica de las importaciones, que ha dado lugar a represalias de parte de China como es el caso del aceite de soja; sino también en el mercado de las carnes, del trigo y del maíz. El intervencionismo con ánimos regulatorios de precios ha sido y es nefasto. Si observamos el mercado de la energía podemos ver que, luego de largos años de subsidios y controles, prácticamente nos hemos consumido las reservas gasíferas y petrolíferas, siendo imperioso recurrir al gas boliviano o de Trinidad y Tobago, al fueloil o al gasoil de Venezuela y otros países, y a la electricidad brasileña. Si bien se han anunciado inversiones en exploración petrolera, éstas están vinculadas directamente con las promesas de un mercado externo liberado para las nuevas iniciativas, con facilidades fiscales y crediticias. Es decir, en un marco regulatorio de transferencias de ingresos de quienes están a quienes llegan. Más de lo mismo, porque lo que pudiera obtenerse en un lado, se gastará en el otro. Así de triste es la realidad argentina.

Los precios suben porque el mercado los paga. Y esta realidad pretende ser negada una y otra vez no solamente por mediocres políticos de esta parte del continente americano. No es solamente cuestión de oportunismo o de populismo. La confusión se extiende al mundo entero y son muchos los países que han pretendido y pretenden tocar el cielo con las manos mediante recursos regulatorios decididos por unos cuantos funcionarios entre cuatro paredes. Así se suceden las crisis, como ahora la europea.

Röpke tenía muy en claro las cosas: el camino de la inflación reprimida termina en caos y paralización. Y a todo ello hay que sumarle en la Argentina la falta de seguridad jurídica, que es el genuino corolario de la negación del mercado. La panacea de éste se ha convertido en la panacea del Estado. Una verdadera torpeza.

HÉCTOR BLAS TRILLO RAMOS MEJÍA, 22 DE MAYO DE 2010

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DE GRECIA SIN AMOR

Nadie puede sorprenderse ante los acontecimientos actuales en la economía de Grecia. En verdad, tanto economistas como políticos saben, en general, cómo termina la fiesta. Pero no muchos parecen dispuestos a decirlo abiertamente.

Por distintas razones, es cierto. Pero todos saben cómo termina. En economía todo es posible, menos evitar las consecuencias. Repetir estos conceptos es, hoy por hoy, de Perogrullo. Pero no lo ha sido a lo largo de unos cuantos años.

El problema de Europa es esencialmente la falta de competitividad que le impide mantener un estándar para el que, literalmente, no le da el cuero. La economía norteamericana, por su parte, es inmensamente más dinámica, ya que se aviene a las leyes básicas del mundo de los bienes escasos: la oferta y la demanda, el respeto del Estado de Derecho, la ley de quiebras, etc.

Luego de la llamada crisis de las hipotecas, provocada en nuestra opinión por la sobre intervención de una Reserva Federal ávida de encargarse de las leyes del mercado, el gobierno norteamericano decidió intervenir con el método de salvataje esencialmente keynesiano que consiste en emitir moneda para que los actores en dificultades sean sostenidos económicamente mediante ayudas financieras y el sostenimiento de tasas de interés bajísimas, cuando no directamente nulas. No es la primera vez que lo hace. Algo parecido ocurrió con la crisis del petróleo en los años 70.

Pero la fiesta que supone disponer de la máquina de hacer billetes es una ilusión. El gran generador de la burbuja que condujo a la crisis fue, precisamente, el intervencionismo, que consistió en prestar dinero a tasas bajas y sin garantías suficientes para incentivar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.

Con todo y pese a todo, es obvio que los E.E.U.U. tienen esa dinámica de la que hablamos en otras oportunidades y que se basa en el hecho de que prácticamente el 75% de su economía funciona dentro de las leyes del mercado, mientras que la llamada eurozona, tomada en su conjunto, mantiene en manos estatales un porcentaje superior al 50%. Es decir, las leyes del mercado son negadas mucho más en Europa, siendo además la economía en conjunto bastante más pequeña.

La Unión Europea tiene normas que establecen que, por ejemplo, sus miembros no pueden tener un déficit superior al 3% de su P.B. I. . Se ha dicho que en Grecia, por cuestiones políticas y otras, el déficit ha crecido a cerca de un 13% de su P.B.I. Algo parecido ocurre en varios de los países miembros de la Unión.

Sin explayarnos tanto como para volvernos muy aburridos tenemos que decir que las pautas de integración del Mercado Común están destinadas a zanjar aspectos vinculados con la competitividad, que obviamente no es la misma en los 27 miembros que lo integran. Ese 3% permitido es una de tales pautas.

Pero la política del Estado Benefactor, que rige las democracias europeas, no parece entrar en razones. Y cuando no dibuja cifras como ocurre entre nosotros, sale con la lengua afuera pidiendo ayuda y prometiendo que para dentro de unos años el problema estará resuelto.

¿PARA QUÉ SIRVE LA AYUDA?

En última instancia la ayuda significa que los demás integrantes deben colaborar con la ineficiencia del país en cuestión. Ayudar a Grecia es eso. Es un país que funciona a pérdida y esa pérdida hay que cubrirla para que vuelva a fojas cero la falta de competitividad.

Esto que decimos lo hacemos con simpleza y salteándonos varios pasos. Pero es así. ¿Soluciona el problema salir a dar ayudas financieras a países en dificultades por falta de eficiencia comparada? Absoluta y definitivamente no. Y eso es independiente de que, para ayudar, se recurra a la emisión de moneda, a endeudamiento o a excedentes fiscales. Porque el problema lo tiene el país ineficiente. Simplemente se busca que no sea el causante el que pague, sino que lo hagan entre todos en forma mancomunada. Es decir, diluir en lo posible el efecto de la crisis. Disimularlo. No es lo mismo que lo paguen los griegos que si lo hacen todos los países de la Unión. Es como un club o las expensas de un consorcio, digamos.

Pero que quede bien en claro una vez más: no se resuelven estos problemas saliendo a tapar baches pasados con ayudas. Es obvio que una vez utilizado el dinero para cubrir el agujero, nuevos agujeros se generarán a menos que, precisamente, se ajuste la economía griega. Y he aquí el gran dilema.

PRESIÓN FISCAL, INFLACIÓN Y AJUSTE

¿Cómo puede ajustarse la economía griega? Esencialmente puede intentar volverse más eficiente y gastar mejor su dinero. Este es el ideal. Tecnificarse, volverse menos burocrática, ajustar su administración, encarar una visión como Nación de mayor grado de conocimiento, educación, etc. Iniciar el camino de la reforma del Estado para hacerlo más útil y competitivo. Eso hace competitiva a una economía y así se logra recaudar más impuestos y gastar menos, hasta alcanzar el equilibrio. Este camino difícilmente sea el elegido. Es costoso, largo, poco visible en lo inmediato. Es, sobretodo antipolítico, como también lo es el ajuste.

Es más, si verdaderamente se hubiera pensado en el camino de la eficiencia, hace rato que se hubiera iniciado el derrotero. Y esto evidentemente no es lo que ha ocurrido.

Otra posibilidad de la que se ha hablado en estos días, es la de que Grecia salga del euro y vuelva a su moneda propia, el dracma. Así las cosas, podría llevar adelante una gran devaluación similar a la nuestra de 2002 y acabar con el problema. Una devaluación es, en esencia, una estafa a quienes confiaron en su moneda, una manera de trasladar a toda la comunidad el costo de la fiesta, y en definitiva una mentira, que lamentablemente suele digerirse mejor que la verdad.

La emisión de moneda local para cubrir el déficit del P.B.I. evita la recurrencia al euro, implica mermar el poder adquisitivo, disminuye el patrimonio líquido y también arrastra a la baja el valor de propiedades y empresas. Visto desde arriba, se haga lo que se haga la fiesta se paga. Y la emisión habrá de darse, de manera masiva, si se retorna al dracma y se concede una devaluación como forma de distribuir el costo de la fiesta.

La presión tributaria adicional entraría en lo que últimamente se denomina ajuste entre nosotros. Es una denominación cargada de desprecio, pero ese desprecio es evidente y eminentemente político. Como fácilmente puede colegirse, nada de lo que hemos señalado en los párrafos anteriores es otra cosa que un ajuste. Pero la población suele dormir mejor con una devaluación masiva, que es tomada como una catástrofe natural o poco menos, que una decisión de bajar salarios o subir impuestos, que es achacable a un gobierno y por lo tanto a los gobernantes de turno.

EL FUTURO

Grecia es uno de los 16 países de la Unión Europea que tiene como moneda el euro. Esto implica un verdadero corsé, igual que lo era la convertibilidad entre nosotros. Eso significa que, ante la menor competitividad, sólo es posible terminar la distorsión con más eficiencia. Si la economía alemana produce bienes y servicios en una determinada cantidad utilizando determinado capital, Grecia debería lograr lo mismo. Y el resto de los integrantes de la Unión lo mismo. De lo contrario el desfasaje subsiste. Y por más que se intente solucionarlo mediante ayudas y compensaciones varias, no se logra otra cosa que trasladar la ineficiencia de unos al costo de la eficiencia de otros, dañando (y no favoreciendo) la competitividad del conjunto.

De los 16 países citados, son 13 los que han superado el porcentaje del 3% mencionado al comienzo de estas líneas. No estamos ante un caso aislado, estamos ante la generalización de un problema que es inherente al sistema elegido.

Europa ha alcanzado un importantísimo grado de desarrollo y una evidente mejoría en los estándares de vida de su población a partir de la Segunda Gran Guerra. Pero ello se ha debido a la acumulación de capital per cápita, a la tecnología, a la mejor educación y a tantos factores que tienen que ver con la productividad. No a la proverbial quintita de fronteras cerradas y beneficios a rolete.

E.E.U.U. por su parte, sabe que la aplicación de recetas keynesianas tiene un límite. Que es posible inyectar dinero mientras la población tenga confianza en su dólar y no más. Sabe que debe detenerse a tiempo porque una vez pasado ese límite será muy difícil volver.

Es bueno recordar que en 1971 la onza troy de oro costaba 35 dólares y hoy vale 1.200 . Es decir que hoy hace falta contar con casi 35 veces más dinero para comprar lo mismo. Si bien el valor de la tal onza pudo haber variado y seguramente lo ha hecho, lo cierto es que lo que muestran estas cifras es que los norteamericanos no han hecho las cosas todo lo bien que ellos mismos podrían llegar a pensar.

Digamos que tanto la crisis del petróleo en los años 70, como la guerra de Irak luego del atentado a las Torres, y ahora la crisis de las hipotecas originaron fuertes emisiones de dólares y pavorosos déficit. Esos déficit se resolvieron con emisión en gran parte. El efecto no es neutro, como se ve con ese solo dato que vertimos.

Acá lo que está por verse es si la moneda europea común puede subsistir ante las desigualdades de productividad señaladas, el alto porcentaje de participación estatal y la evidente tendencia a no respetar los márgenes de déficit que los mismos miembros establecieron. Y cuando hablamos de subsistir tal moneda, hablamos también de su valor comparado. Porque si la pérdida de valor es muy grande para el euro, habrá nuevos cimbronazos y muy probablemente los países más industrializados del grupo no quieran seguir pagando la comodidad de los que gastan de más alegremente porque ajustar es costoso políticamente y volverse más eficiente lleva mucho tiempo.

FIN DE FIESTA

Lo que vemos hoy es el desencadenante de una estructura económica basada en el sostenimiento de fantasías relativas, por así decirlo. Países viejos, con tradiciones importantes, con enfoques humanitarios y socialmente atractivos que no tienen en cuenta que las cosas cuestan dinero, y que el dinero no sobra, y que no todo se puede alcanzar negando la realidad económica o considerándola salvaje. La realidad pasa su factura. Porque como dijimos al comienzo en economía todo puede hacerse, pero no es posible evitar las consecuencias.

El desastre griego, con muertos incluidos, tiene como responsables principales a quienes pergeñaron un sistema que no es viable, que no puede sostenerse indefinidamente. También son responsables los intelectuales, los ideólogos, los que se llenan la boca de compromisos sociales que luego esperan que sean pagados por los demás. Algo de todo esto nos resulta excesivamente familiar.

Tal vez el pueblo griego, como el nuestro, soporte mejor la idea de una catástrofe natural. Allí los responsables encontrarán la puerta para salir del marasmo. Pero una vez más quedará expuesta la realidad: no es posible violar las leyes de la economía sin pagar las consecuencias. Y tal como está ocurriendo con Grecia, lo mismo ocurrirá con varios otros miembros de la Unión si no arreglan sus cuentas. Y como esto último es demasiado difícil, lo más probable es que se busquen procedimientos alternativos para regular las cosas y que la suciedad no se note. Pero se notará.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 8 de mayo de 2010

ACTUALIDAD ECONÓMICA: EL PESO DE LA INTERVENCIÓN

“Los precios de mercado son los transmisores de cantidad de informaciones económicas dispersas y sirven para compartir y sincronizar muchos conocimientos personales; por lo tanto, intentar manipular el mercado conlleva un problema de falta de información” (Friedrich Von Hayek)

Es rigurosamente cierto que en economía puede hacerse cualquier cosa, lo que no puede lograrse es evitar las consecuencias.

Esto lo sabe cualquier estudiante de economía. Pero parece que no lo saben los políticos en general, y los actuales gobernantes en particular.

Es por ello que una y otra vez se insiste en cometer los mismos errores. Se avanza con las mismas torpezas. Se lidia con los mismos fantasmas.

La presidenta del Banco Central pretende que los bancos presten dinero para la producción y no para el consumo, sin tener en cuenta que no hay producción posible si no hay consumo. Y no hay consumo suficiente para una producción exacerbada si no hay créditos para comprar lo producido. A menos que algo de lo que leemos en los diarios se nos escape, la señora Marcó del Pont insiste con la vieja idea de que prestando barato se logra incrementar la producción y con ello se mejora la oferta de bienes y servicios, dando trabajo y mejorando la situación de la economía.

Lo mismo creyeron los norteamericanos cuando incubaron la llamada crisis de las hipotecas.

Lo que pretende la flamante presidenta del Central es que los dineros que los bancos le prestan hoy a la entidad madre por las Lebacs que emite, se ofrezcan ahora a pequeñas y medianas empresas y, en general, a todo aquel que pretenda producir. Dado que la señora Marcó del Pont considera que producir bienes mediante créditos a bajas tasas es reactivador y no es inflacionario, esto es lo que intenta lograr. Uno se pregunta por qué, si esto es lo correcto, no se hizo así durante todos estos años. Lo cierto es que hasta el presente el gran tomador de excedentes monetarios ha sido justamente el Banco Central, evitando así la presión sobre los precios. Al menos en una primera etapa. Porque luego el dinero emitido para comprar dólares a valores inflados vuelve al Estado como retenciones a las exportaciones y es considerado superávit y gastado en obras y subsidios. He ahí la causa primigenia de la inflación.

Los bancos prestan al Central porque así se aseguran una tasa y la cobranza de ella. No ocurre lo mismo cuando prestan a miles y miles de particulares con mayores o menores garantías. El Estado ha sido desde hace muchísimos años el gran tomador de dinero en la Argentina, y el principal causante de las tasas de interés elevadas. Y no sólo por ser el gran demandante de crédito, sino por ser el emisor de moneda espuria.

Otra idea que subyace en esto es la que de que financiar al consumo reaviva la inflación porque los bienes ofrecidos no son suficientes.

¿Cuál es la razón por la cual se demanda dinero prestado para comprar bienes y no se demanda dinero prestado para producirlos en por lo menos la misma proporción? Esta pregunta merece una respuesta. Un ensayo de respuesta. No la hemos visto hasta ahora.

Si los consumidores pagan por un bien un precio y por la financiación que reciben una determinada tasa de interés ¿es acaso ello inconveniente y tales consumidores debería hacer otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Tal vez consultar en cada caso con las autoridades del Banco Central?

¿Cuál es la razón para suponer que demandar bienes de capital es sustancialmente diferente de demandar bienes para consumir? Digamos que los primeros se supone que están destinados a producir nuevos bienes y los segundos no. Veamos si esto es así: todo bien producido es consumo futuro. Un bien destinado a producir otro, se consume. Pero un bien de consumo hace que quien lo compra esté en condiciones físicas y psíquicas de producir más bienes. De tal manera que al menos en un análisis rápido lo que podríamos decir, tomando un ejemplo, es que si un banco da crédito a un fabricante de tornillos, éste aumentará su producción. Esto funcionará si hay consumidores para los tornillos, de lo contrario producirlos es lo mismo que fabricar heladeras en la Antártida. Y en definitiva todo esto es el huevo y la gallina y depende del cristal con que se mire.

El punto en cuestión es determinar por qué razón la gente consume algo aún con créditos a tasas consideradas elevadas, no impedir que estos créditos existan. Cosa que por lo demás, y como es obvio, es contraproducente. Es absurdo imaginar que impidiendo el crédito al consumo aumentará la demanda de bienes producidos

Veamos otras cuestiones: la presidenta de la Nación ha dicho hace un par de días que el aumento de la oferta monetaria no produce inflación. Fue terminante en su afirmación. ¿Es cierto esto?

Dada una cantidad de bienes y servicios, la suba de la cantidad de moneda disponible provoca un incremento de los precios . Es una simple cuestión matemática. Pero para la señora de Kirchner no es cierto en absoluto.

Podemos discutir ciertas cosas, pero las verdades matemáticas no parecen ser discutibles. Si tenemos 10 pesos y 10 manzanas, cada una costará un peso. Si pasamos a tener 100 pesos pero siempre 10 manzanas, cada una subirá de precio hasta llegar a 10. A menos que algo se nos escape y no nos hubiéramos dado cuenta. Pero dada la simpleza de este ejemplo cabe preguntarse si la señora presidenta no debería haber dado ella un ejemplo contundente de que esto no es así

El Estado argentino emite moneda. Esto es inflacionario en la medida en que tal emisión esté vinculada con comprar dólares caros o con financiar déficit. En ambos casos estamos ante una mayor cantidad de moneda lanzada al ruedo sin incremento de la cantidad de bienes. Por eso tenemos inflación en la Argentina.

Otro tema que ha dado que hablar por estas horas es el precio de la carne. Los más grandecitos seguramente no han de sorprenderse de que estas cosas ocurran. La realidad es que aún para cualquier lego es obvio que la política seguida en estos años ha sido nefasta en la materia. Por un lado los pisos para la faena inaugurados durante la gestión del Dr. Lavagna en el año 2005, por el otro la surrealista prohibición de exportaciones que arrancó en el año 2006 de la mano de una resolución del ministerio de economía a cargo de Felisa Miceli. A ello se le suman los controles de precios, los aprietes a frigoríficos y supermercados, las listas de precios máximos que han circulado sin firma durante años en el Mercado de Liniers, la presión tributaria creciente, las arbitrariedades de la ONCCA, los permisos especiales de exportación, regímenes de información de diversa índole y calidad, controles burocráticos y toda clase de intervención originada en supuestas pioladas de parte de miles y miles de productores, y una tonelada de etcéteras.

La situación ha derivado en una evidente merma de la participación argentina en el mercado internacional. Superada ampliamente en exportaciones cárnicas por Brasil e incluso por el Uruguay. Es tan obvio que conmueve. La realidad es que el stock ganadero se ha mantenido o incluso a bajado con relación a años anteriores y por eso la carne no alcanza. Es insólito que esto pretenda resolverse cerrando las exportaciones en lugar de dejar que se produzcan más animales.

Pero la presidenta de la Nación ha salido a decir que en realidad los productores retienen animales en sus campos para ganar más. Aparte de que ganar más es la finalidad de cualquiera que produce o comercializa algo (y no queremos aplicar aquí golpes bajos referidos a las finanzas del Matrimonio), la verdad es que todos los años y desde siempre, la ganadería tiene períodos en los cuales la venta es abundante, y otros en los que la venta se retrae. Y las razones son siempre las mismas: cuando hay pasto, los animales se engordan. Cuando no hay pasto. Los animales se venden. Siempre hay incrementos de precios cuando se produce una escasez. Pero la señora pretende que la escasez en este caso es un acto de codicia o avaricia, y no una realidad comercial producto de la estacionalidad de los bienes en juego.

Hay un punto de equilibrio para que los animales puedan venderse cuando están “terminados” y no antes. Ni después.

Un animal vendido antes de alcanzar su peso óptimo, no logra el precio por kilo que lograría en tal condición. Ello es así porque el rinde (la carne que se obtiene al faenarlo) es porcentualmente menor si está incompleto. Y si el animal se pasó de su peso óptimo, ello significa que ocupó campo, consumió pasto y atención veterinaria más tiempo que el necesario, para finalmente ser vendido en condiciones también deficientes, ya que un animal pasado de peso tiene mucha grasa y también rinde menos carne, por lo que el kilo se paga menos.

Por lo tanto, lo que acá está pasando no es algo nuevo en la materia. Lo único nuevo es que ahora hay menos animales por las razones señaladas. Y por eso cuando se produce un problema estacional como éste, suben mucho los precios. A ello se suma la sequía acontecida en los últimos años, que ha tenido un efecto importante sobre la producción.

También es cierto que muchos productores, ante la prepotencia y la arbitrariedad, han preferido volcarse a la soja y no tener problemas. La pregunta que habría que hacerle a quienes se rasgan las vestiduras por esto, es qué harían ellos en igual situación.

Hay algunas cosas que también tenemos la obligación de preguntar ¿sabe la señora todo esto que decimos o no? ¿no tiene asesores que le explique, si es que no lo sabe, cómo es el ciclo productivo de un vacuno? ¿es posible que no lo sepa?

¿Ud, amigo lector, prefiere invertir en vacas y someterse a los altibajos emocionales del Matrimonio, a las prepoteadas de Moreno, a los insultos de los políticos y a los cierres de exportación y los infinitos controles y urgencias burocráticas, o prefiere tirar semillas de soja, ganar más y dormir tranquilo? La respuesta es obvia. Tan obvia que para la propia presidenta parece ser que la llamada sojización dejó de ser un problema y pasó a ser una virtud.

Nadie se resiste a ganar dinero, ¿no es verdad, señora de Kirchner? Es la realidad, que al decir de César Fernández Moreno, tiene más de 25 renglones por foja.

Iniciamos este comentario con una cita del gran economista austríaco F. Von Hayek. Lo terminamos con otra del mismo autor:

Un intercambio y uso eficiente de los recursos sólo se consigue a través del mecanismo de precios. Así pues, una economía planificada, producirá aquello que aleatoriamente decida la junta central, sin que tenga que coincidir necesariamente con la demanda de la población ni con criterios de eficiencia, ya que es imposible tener en cuenta todas las preferencias de la sociedad.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010

www.hectortrillo.com.ar

ACTUALIDAD ECONÓMICA: EL BANCO CENTRAL ES OTRA JOYA DE LA ABUELA

A estas alturas entendemos que no caben dudas acerca del fin último del decreto 2010/09 por el cual se dispuso de urgencia la creación del llamado Fondo del Bicentenario apenas tres días después de haberse cancelado el Período Ordinario de Sesiones del Congreso correspondiente al año pasado.

En un trabajo anterior decíamos, con otras palabras, que la política argentina nunca ha reparado mientes en aprovechar el dinero acumulado en donde fuere, en tanto el gobierno pudiera echarle mano. Volvemos a insistir en esto.

Durante muchos años políticos civiles y militares hicieron cualquier cosa con la política económica en general, y monetaria y financiera en particular. Así, desde el 1º de enero hasta la fecha, el peso moneda nacional vigente al 31/12/69 perdió la friolera de 13 ceros.

Hemos escuchado múltiples explicaciones acerca del fenómeno inflacionario en el país. Hoy día ciertos economistas, algunos diputados oficialistas (uno de ellos banquero, Carlos Heller), y no pocos gobernadores adherentes al criterio de utilizar reservas del Banco Central para supuestamente garantizar el pago de la deuda externa, repiten a quien quiera oírlos que lo mejor que puede hacerse para el país es gastarse parte de esas reservas y no tener que pagar tasas de interés exorbitantes para conseguir financiación. Las propuestas de modificación de la Carta Orgánica con el argumento de que la actual es también neoliberal es otra chantada más. La Carta Orgánica fue reformada en 1992 para adaptarla entre otras cosas a la llamada convertibilidad, no a la libertad de cambios. Se le quitaron funciones al Central para obligarlo a mantener el tipo de cambio, no la libertad económica.

También desde estos mismos sectores se ha dicho y reiterado hasta el cansancio que la inflación en la Argentina, ese verdadero cáncer que hoy sumerge en la pobreza al 40% de la población, obedece a múltiples causas sin tomarse en serio que las cosas no pueden haber aumentado 10.000.000.000.000 veces de no haberse multiplicado torpe e irresponsablemente la cantidad de moneda circulante. Es inconcebible que estos sectores tengan todavía cierta prédica y hasta adopten una postura diríase que profesional para explicar la estafa más grande la historia de la república que viene sucediéndose, con algunos intervalos, a lo largo de más de 60 años.

La emisión de moneda para comprar dólares caros, como lo ha hecho el actual gobierno con el objeto de mantener un tipo de cambio competitivo es en realidad una inmensa inyección de moneda espuria a los efectos de pagar la diferencia entre el valor de mercado y el valor competitivo, triste entelequia para asegurarse los recursos a repartir para comprar voluntades.

Las demás causas de la inflación, las que fueren, mueren en sí mismas si no existiera moneda de curso forzoso, ésta es la cruda realidad.

Precisamente lo ocurrido en estos últimos años, durante la permanencia de Martín Redrado al frente del Banco Central, fue que la entidad se dedicó a comprar divisas sosteniendo su precio, pese a que hubiera podido adquirirlas más baratas. Esta política no se condice con la pauta establecida en la carta orgánica del Banco Central de preservación del valor de la moneda.

El irracional conflicto generado con el ahora ex presidente de ese banco ha tenido otras motivaciones que también hemos descripto en este espacio. La manera en que se hicieron las cosas por parte de la presidenta de la república ha sido violatoria de normas constitucionales y dio lugar a que las recomendaciones jurídicas al Licenciado Redrado, solicitadas por éste al sector legales de la entidad, fueran negativas. El tema de fondo es que el presidente del Central puede ser sometido a procesos penales, corriendo un riesgo personal si no hace las cosas bien, para decirlo cortito.

Digamos que las cosas habían pasado de castaño a oscuro. Una cosa era comprar dólares caros con emisión al tiempo que luego se emitía deuda mediante LEBACS y NOBACS para intentar contener la expansión monetaria (cosa que no evita que tal expansión pase al Estado vía supuesto superávit fiscal provisto por las retenciones a las exportaciones), y otra muy distinta es un D.N.U. dictado de apuro y con evidente intencionalidad a horas de cerrado el Congreso para derivar nada menos que 6.500 millones de dólares, con el riesgo cierto de exponer los movimientos de divisas del banco a los embargos de los acreedores que no aceptaron el canje de deuda de 2005.

Mucha gente de recursos medios o bajos fue históricamente desposeída de sus bienes y su salario por las políticas inflacionarias de todos los gobiernos irresponsables que utilizaron ese mecanismo para financiar desde sus cuentas bancarias hasta sus proyectos más descabellados. Esta es la verdad.

Acá hay que sacarse la careta de una buena vez. El país ha estado gobernado la mayor parte de estos 60 años de los que hablamos por gobiernos de origen popular y supuestamente preocupados por mejorar los estándares de vida de la gente.

Las políticas proteccionistas, dirigistas e intervencionistas se han multiplicado por doquier. Y no es cierto que durante los años de la convertibilidad en la Argentina hubiera existido neo liberalismo. Y no lo es porque justamente el sostenimiento de un tipo de cambio fijo es la fijación del precio de toda la economía; es decir, la antítesis del concepto liberal de que el precio de las cosas debe fijarlo el mercado.

El gobierno del matrimonio Kirchner ha venido sosteniendo en estos años la necesidad de acumular reservas en el Central y se ha jactado de sus logros en la materia. Lo hizo incluso cuando desvió casi 10.000 millones de dólares para pagar al F.M.I. sin quita alguna, mientras jubilados, trabajadores y público en general sufría enormes pérdidas por la pesificación asimétrica y otras menudencias. Y los acreedores comunes, por así decirlo, quitas de hasta el 75% de su capital invertido. En esa oportunidad se hizo caso omiso a cualquier advertencia respecto de que las divisas utilizadas para el pago eran la consecuencia de la emisión de pesos (pasivo no remunerado) y luego de letras del Banco Central (pasivo remunerado) y no dinero propio.

Esta arrogante e inconsulta medida (en opinión de profesionales serios, y no entre advenedizos y oportunistas) hizo que el país llegara luego a tener que pedir prestados fondos mediante letras y títulos a tasas insólitas en dólares. Pero eso sí, el F.M.I. no iba a meterse a decirnos qué debíamos hacer.

El precio de tal disposición no ha sido medido debidamente, que sepamos. Tasas altísimas durante años, pérdida del valor de la moneda, pérdida de confianza de los mercados internacionales (no son muchos los que seriamente se arriesgan a invertir en un país que se niega a ser auditado debiendo el dinero que debe y habiendo dejado de pagar el 75% de su deuda), expectativa de otros acreedores por obtener la misma suerte (especialmente el Club de París), etc. Y finalmente falta de financiación.

El gobierno nacional se propuso disponer de cuantos recursos pudiera y de donde fuera. Aparte del vitoreado default , por supuesto. Se aumentaron retenciones a las exportaciones y se cayó en el conflicto con los ruralistas. Se aplicaron nuevos impuestos y subas de alícuotas de retenciones y percepciones. Se dispuso la apropiación de los fondos de las A.F.J.P. apenas unos meses después de haberse modificado el sistema con la esperanza (frustrada) de que con la propaganda contraria al sistema mixto (el de AFJP) la gente se pasaría masivamente al sistema de reparto. El llamado blanqueo de capitales y las moratorias dictadas con el objeto de lograr más y más recursos de donde fuere. El uso de fondos de fideicomisos, el endeudamiento con el Banco de la Nación, con el PAMI, con los bancos y con cuanto recoveco pudiera tener dinero guardado, le siguieron a estas verdaderas rapiñas. Todo con un solo objetivo: poder mantener el gasto público en niveles astronómicos.

Hoy mismo se buscar reabrir el canje de deuda mediante un mecanismo que obliga a los acreedores a aportar una cantidad de dinero para luego poder cobrar en el futuro sus acreencias con la quita a la que se arribe. También se obtienen recursos de los aportantes obligatorios del sistema jubilatorio que antes iban a las AFJP y ahora no lo hacen más.

Nosotros planteamos en algún momento que tal vez el gobierno buscara apropiarse de las A.R.T. y hasta creímos que no se intentaría nuevamente atacar las reservas del Banco Central. Ello precisamente porque tomábamos en cuenta la política oficial de acumulación de tales reservas. No ha sido así. El gobierno ha modificado radicalmente su política. Y su supuesto o real interés en acumular reservas ha devenido en este nuevo escenario no vigente hasta ahora: usar las reservas para lo que sea porque es mejor eso, ya que están paradas, que tener que endeudarse a tasas del 15%. Esto no es lo que vino haciendo en estos 6 años de gobierno matrimonial.

Esta gente no ha entendido (o no quiere decir que entiende) que el uso del dinero fuerte que respalda el circulante deja sin protección a éste y por lo tanto el estallido inflacionario no puede sino devenir en poco tiempo.

El supuesto uso de reservas excedentes es un sofisma. El dinero circulante no es todo el dinero, por así decirlo. ¿Qué ocurriría si se produjera una corrida bancaria de proporciones y la gente intentara retirar sus depósitos para comprar dólares? Esos depósitos no están sumados en el circulante. Y esto ya ha pasado en el país muchas veces.

El Banco Central tiene alrededor de 8.000 millones de dólares en concepto de reservas que son los encajes obligatorios de los depósitos de los clientes de los bancos. Tiene deudas y ventas a futuro. En fin, su activo es su pasivo, no está allí porque sí.

El uso de esas reservas para gasto corriente no es ni siquiera el cambio de un activo por otro. La animalada es evidente.

Pero hay más. Obsérvese que el concepto de reservas disponibles o excedentes encierra una peligrosa trampa: cuanto más sube el precio del dólar, más reservas excedentes quedan. A su vez la devaluación genera ganancias al Banco Central. Ganancias que por supuesto no son tales, pero que el gobierno ha venido utilizando.

Ahora, la señora Marcó del Pont ha asumido la presidencia del Banco. Lo ha hecho sin acuerdo del Congreso pero es en todo caso ya un tema menor en medio de tanto conventillo. Lo cierto es que esta señora ha creído desde siempre que el Estado está para prestar dinero barato, castigar a los ricos, repartir entre los necesitados y conceptos similares. Más allá de la propia situación económica que cada uno de estos funcionarios (como la citada señora) tienen, lo cierto es que en principio lo que intentan hacer es repartir el dinero de los otros, y no el suyo.

El señor Carlos Heller, diputado oficialista, regentea como se sabe el Banco Credicoop, que no es para decir qué barato que resulta para la gente. Y ni hablar de los planes de ayuda oficial a Pymes, campo, inquilinos, automovilistas por primera vez, compradores de heladeras, etc. Todos ellos han caído en desuso, por así decirlo, y no es una novedad que tales planes terminan sirviendo para los amigos y nada más.

Por eso hay un Banco Nación o un Banco Provincia. El que no quiere verlo es porque tiene razones para no querer. No porque no lo vea. Esto lleva décadas.

Y el Banco de Desarrollo, sobre el que Heller insiste, tiene un antecedente pernicioso y corrupto en la Argentina. Corrupción que no se resuelve con decir que esta vez sí las cosas van a ser sanas y limpias. ¿No lo sabe Carlos Heller? ¿No saben Marcó del Pont, la señora Vaca Narvaja, el matrimonio Kirchner, Aníbal Fernández, Felisa Miceli, Guillermo Moreno y tantos, tantísimos otros, qué ocurre con los dineros depositados por la gente en bancos oficiales?

¿O es que realmente creen que cuando se produjo la debacle de 2001/2002 los banqueros eran todos privados? Más de la mitad de los depósitos del sistema financiero están en poder de bancos estatales, y lo estaban también en 2001.

Todo el dinero del llamado superávit primario (producido justamente por la aplicación de retenciones a las exportaciones, posibles gracias al tipo de cambio alto sostenido con emisión de moneda) debió haberse destinado a comprar divisas para con ellas pagar la deuda. Al menos eso. Pero es lo que se hizo. Ese dinero se gastó en subsidios, en ayuda a los amigos y colaboradores, en planes otorgados alegremente a fuerzas de choque vistas por televisión en la propia Plaza de Mayo pegándole a la gente. El propio Néstor Kirchner ha dicho no hace mucho que nosotros tenemos la calle y siempre que habla de los dineros públicos utiliza frases del tipo nosotros le dimos tal o cual beneficio, como si fuera él el dueño. Lo mismo hacía la Jefa Espiritual de la Nación a comienzos de los años 50.

El problema es bastante más generalizado de lo que cualquiera pudiera suponer. Si Néstor Kirchner promete distribuir reservas entre los gobernadores, éstos buscarán apoyo para que el Fondo del Bicentenario o lo que venga después sean aprobados al menos por una de las dos cámaras del Congreso, que es lo único que necesitan los D. N.U. luego de la patética reforma constitucional de 1994 tramada entre radicales y peronistas.

En efecto, es más fácil aprobar un D.N.U. que una ley, señores. Éste es sistema democrático al que aluden los adláteres del Matrimonio.

Lo cierto es que el uso de las reservas permitirá al gobierno disponer de ingentes sumas de dinero del presupuesto, que de este modo sobrarán. Saldrá así a cubrir la catastrófica situación de varias provincias, que se agrava día a día, por lo demás. Y así las cosas, en poco tiempo el índice de pobreza superará largamente el 50%. Ésta es la cruda realidad a la que nos conduce esta gente.

Lamentablemente, y tal como están planteadas las cosas, no es mucho lo que podemos hacer los ciudadanos que creemos tener algún argumento para rebatir tanta desidia

Este no es un país liberal, ni neoliberal, ni siquiera es democrático en su esencia. Es un país con un alto componente fascista en el que hoy por hoy el 35% del PBI es gasto público, como en tiempos del primer Perón. Una cifra insostenible que intenta pagar el Estado mediante infinitas obligaciones y exacciones. Las corporaciones, las cámaras, los sindicatos de origen fascista y tantos otros grupos se ponen de pie para respaldar la ignominia sin querer entender que el retroceso de la Argentina en el concierto de naciones, ante el mundo, ante los países cercanos (Chile, Uruguay, Brasil) tiene como culpable a la llamada clase dirigente argentina.

Un gobierno autoritario, patotero, maniqueo. Rodeado de prepotentes y embusteros, insultadores profesionales, genuflexos repetidores de los mismos textos, con el mismo léxico y con las mismas palabras que ordenan sus jefes. Una y otra vez. Un punto de vista o el contrario. Da lo mismo.

Las reservas del Banco Central son la joya de la abuela que les queda. Y van por ella. Como dicen que siempre han dicho los Kirchner: van por todo.

En realidad, queridos lectores, van por nada. Porque sólo puede esperarlos el vacío. En su maniquea búsqueda de enemigos han encontrado a todos: el campo, los medios, la iglesia, el partido judicial, las privatizadas, los neoliberales, los economistas profesionales, Cobos, De Narváez, la derecha, Lilita Carrió, Clarín, Papel Prensa, las AFJP, los movileros, Mirtha Legrand, Susana Giménez, Marcelo Tinelli...todos son golpistas, conspiradores, traidores, antipatrias...Todos. TODOS.

Parece que hay una parte de la sociedad que ha empezado a comprender el alcance de ese discurso maniqueo, vacuo, inconsistente, cargado de mentiras y errores históricos y conceptuales.

Para el 2011 no falta tanto. Y está visto que por más que se recurra a la caja, la gente ha de decir que no.

Esperemos que así sea, para por lo menos intentar recuperar un poco de la sensatez perdida hace ya mucho tiempo.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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Acerca de la asignación universal por hijo

En estos días ha retornado el debate acerca de la creación de una asignación universal por hijo que no tenga ningún tipo de cobertura social. Decimos que ha retornado porque la idea no es para nada nueva y no solamente en nuestro país.

El basamento ideológico de este tipo de ayudas se fundamenta en el llamado Estado asistencialista, o Estado benefactor , que tiene una amplia raigambre en los países de la vieja Europa en general y también se extiende, aunque un poco más tímidamente, a EEUU, Canadá o Australia.

Nos limitaremos a analizar, someramente, la situación en nuestro país, básicamente en aras de la brevedad.

En una de las tantas presentaciones públicas de la presidenta Cristina Fernández, ésta se refirió, hace un par de meses, a que existen en nuestro país 12.400.000 niños y adolescentes de los cuales 2.810.713 no tienen ningún tipo de cobertura social. La Dra. Fernández estaba en esa oportunidad anunciando el lanzamiento de un programa de Ingreso Social con Trabajo, concepto de por sí difuso que no intentaremos analizar.

Lo cierto es que allí la presidenta se refirió a la falta de toda cobertura social de esos niños ya que sus padres trabajan en la economía informal o simplemente no cobran el salario familiar previsto para aquellos trabajadores en relación de dependencia.

Sin demasiados vericuetos, conviene desmenuzar un poco estas afirmaciones.

En la Argentina existen aproximadamente 4.000.000 de monotributistas que efectivamente no perciben salario familiar. Muchos de ellos trabajan en el Estado, tanto nacional como provincial o municipal. Es decir que todos ellos son llevados por el propio Estado a esa situación que ahora se plantea como dramática y que es preciso corregir.

También se habla de un 10 u 11% de desocupación y es un cálculo bastante común el de que al menos el 40% de los trabajadores lo hacen de manera informal.

En otros trabajos nos hemos referido a las razones de esta situación: la presión tributaria, la necesidad de mantener salarios bajos en dólares para poder ser competitivos, el costo de las llamadas cargas previsionales para relación de dependencia y la falta de demanda de bienes y servicios en blanco por sus excesivos precios. En otras palabras: tenemos una situación estructural que hace insostenible el funcionamiento de un mercado transparente donde todos los factores se encuentren dentro de la formalidad. Cualquiera puede interiorizarse rápidamente lo que cuesta en la Argentina montar un simple taller o un kiosco cuando se intenta hacer todo por derecha.

Es el intervencionismo el que lleva a la arbitrariedad, a la falta de seguridad jurídica y al desaliento a la llegada de capitales (que por el contrario huyen).

De manera que la razón de la falta de cobertura social de la que habla la presidenta hay que buscarla en estas cuestiones y tratar de corregirla. Ella misma habla de los asalariados en relación de dependencia que sí tienen asignaciones familiares para sus hijos. Si quienes no están en relación de dependencia son monotributistas , no dejan de estar dentro de la legalidad (a menos que se disfrace esa relación de dependencia, que es lo que hace el propio Estado, como queda dicho y reiterado). Es decir que la propia legislación, vistas así las cosas, adolece del defecto de no considerar la cobertura social de los hijos de quienes son independientes y por lo tanto monotributistas . Dicho de otra manera: aún no trabajando en negro millones de personas tienen a sus hijos sin esta cobertura a la que alude la presidenta.

Es decir que para todos los casos, las razones de tales carencias hay que buscarlas en la propia legislación de fondo, en los esquemas tributarios nacionales y provinciales, en la maraña burocrática que alguna vez dio lugar a la denominación genérica de máquina de impedir y otras lindezas que tienen un origen y formato: el Estado intervencionista. Por supuesto que hay otras cuestiones que también afectan al sistema, pero si no se comienza por corregir lo que está en manos de los propios legisladores y ejecutores, difícilmente pueda pretenderse cambiar las cosas.

Y justamente es el meollo del problema lo que no se ataca. Al contrario. Se profundiza el intervencionismo, se multiplica la inseguridad jurídica, se exacerba el abuso de parte de funcionarios de segundo o tercer orden, etc.

Falta agregar aquí que los trabajadores autónomos que no son monotributistas , es decir aquellos que están inscriptos en los impuestos a las ganancias y al valor agregado, no pueden deducir los $ 43.200 como adicional del Mínimo no Imponible del primero de estos impuestos, como sí pueden hacerlo los empleados en relación de dependencia. En efecto, los autónomos pueden deducir por igual concepto la suma de $ 9.000.-. Sí pueden descontar de sus ganancias las cargas de familia, igual que los empleados en relación de dependencia. Estos últimos, de tal modo, por un lado perciben asignaciones por sus hijos y por el otro pueden deducir anualmente en el impuesto a las ganancias un monto que actualmente es de $ 5.000.- por cada uno si son menores de edad o incapacitados. Entonces, mientras estos últimos tienen una doble contemplación legal para sus hijos (la percepción de asignaciones familiares exentas del impuesto a las ganancias y la deducción del importe anual citado por cada hijo) los autónomos no cuentan con ninguna de las dos. Así está escrito y así rige desde hace varios años.

Veamos ahora qué cosa es esto de la cobertura social de la que casi 3.000.000 de chicos carecen.

En la Argentina existe educación pública en todos los niveles de carácter gratuito. Existe también salud pública gratuita. En otras palabras existe legalmente la posibilidad de que los chicos se eduquen y se mantengan saludables simplemente dentro del orden público. Si esto no funciona de manera razonable, cabe entonces preguntarse por qué. Pero no es que no exista ninguna cobertura. Por otra parte la mentada cobertura no habrá de lograrse con $ 180 por cada hijo menor, tal como viene lucubrándose que ocurrirá. Una caja de antibióticos cuesta eso.

La verdad es que estas formas de asistencialismo tienen más un tufillo de demagogia de lo que en principio aparentan. Normalmente lo que ocurre es que dado que es políticamente correcto ayudar al carenciado, nadie en su sano juicio parece oponerse a esto. Y por lo tanto de inmediato los medios no oficiales (tan odiados hoy por estos ocasionales gobernantes) salen a apoyar medidas de este tipo porque de lo contrario aparecerían como desalmados y resultarían demonizados. Es decir que se logra el efecto de tener consenso porque de lo contrario se es malo y perverso.

A la luz de lo que venimos comentando, ¿puede colegirse que es así, que quienes pudieran no estar de acuerdo con esta metodología son malos y perversos? ¿O más bien deberíamos preguntarnos por qué razón el Estado en lugar de cumplir su rol y ordenar estructuralmente su funcionamiento tal como de sobra lo han prometido estos mismos gobernantes se dedica a intentar emparchar con asistencialismo lo que él mismo origina?

Hay también un dato más que no deja de ser cuando menos incomprensible: al menos en el proyecto que viene comentándose se habla de la exigencia de que los chicos que reciban la ayuda deberán asistir regularmente al colegio. Es decir que si no lo hacen dejarán de tener esta cobertura. Entiéndasenos: se le asigna la cobertura si van al colegio, si no, no. Mientras se pretende que no estén desatendidos socialmente , se los castiga desatendiéndolos si no hacen lo que se les pide. Impresionante.

¿Tendremos tal vez en poco tiempo un nuevo discurso presidencial estableciendo una ayuda universal para todos aquellos que no han cumplido con el requisito de ir al colegio o los dejaremos sin cobertura social alguna (presidenta Fernández dixit)?

Una conocida economista de Zambia, llamada Dambisa Moyo, ha escrito un interesante libro que se llama Dead Aid (literalmente Ayuda-Muertos). Dice esta autora que la falta de incentivos para producir que genera la ayuda provoca la detención de la economía, agravando aquello que supuestamente venía a solucionar.

Transcribimos de ella un párrafo que entendemos no tiene el menor desperdicio y que verdaderamente es para colgar en un cuadro y leer todos los días luego de oír las noticias o leer el periódico:

La única forma real de combatir la pobreza es mediante el comercio. Valor por valor. Pero los demagogos del mundo no quieren eso. Demonizan al lucro; el comercio les parece algo sucio y menor éticamente, y adoran la dádiva que los pone por encima del mundo, aunque no solucionen nada y lo empeoren todo. Lo importante es mantener la autoimagen altruista. Por eso nunca son capaces de imaginar que los impuestos que cobran para repartir destruyen intercambios lucrativos, la eliminación de las barreras a la contratación libre de trabajo, y mucho menos de pensar en una política de reducción de la carga fiscal.

Un dato final que no debemos dejar de mencionar, es que la distribución de dinero funciona de manera similar a los aumentos de salarios, es decir, incentiva la demanda de bienes y servicios. Si la productividad no aumenta en igual medida, lo que se produce es una suba generalizada de precios y debe ser cubierta con emisión monetaria, que puede ser anterior o posterior al hecho en sí.

En la Argentina se ha emitido mucha moneda de forma espuria para mantener alto el tipo de cambio y poder recaudar impuestos vía retenciones a las exportaciones. Dinero que luego se ha volcado a obra pública y a ayudas varias. Esto fue presentado siempre como superávit fiscal , cuando en realidad es simplemente un artilugio monetario desprovisto totalmente del concepto de competitividad. La falta de competencia ha pretendido reemplazarse creando un dólar competitivo, lo cual pone en evidencia claramente que en lugar de mejorar la estructura para ser competitivos, pretendemos resolver el problema asignando un mayor valor al dólar y emitiendo moneda para pagarlo.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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Aclaraciones sobre la cuestión de los paraísos fiscales

Se le ha dado amplísima difusión al acuerdo celebrado con el Principado de Mónaco vinculado al levantamiento de los secretos bancario y fiscal. Es fundamental, sin embargo, poner las cosas en su lugar más allá de la publicidad oficial.

Los convenios de intercambio de información o de doble imposición son bastante comunes entre los países y buscan, dentro de una lógica a nuestro modo de ver bastante discutible, una mayor transparencia el relación con el comportamiento fiscal y en general con la operatoria que puede estar originada en operaciones ilegales.

Centralizándonos únicamente en los acuerdos que apuntan al intercambio de información debemos señalar que la República Argentina tiene firmados convenios del estilo con varios países, como por ejemplo España, Perú, Brasil o Chile. Acaba de firmarse ahora un acuerdo con Mónaco y existe uno con EEUU que data del año 1981 pero que como no fue ratificado por ambos países (Argentina y EEUU) no se encuentra en práctica.

Como hemos señalado en un trabajo anterior, en las reuniones del G 20 se hizo hincapié en la necesidad de establecer pautas de intercambio informativo con el objeto de combatir la evasión impositiva, el lavado de dinero, e inclusive de evitar las crisis financieras. Allí estuvo la Argentina en la persona de su presidenta encabezando el discurso-sermón tendiente a detectar las consecuencias de las decisiones políticas que condujeron a eso, y no para señalar cómo modificar tales políticas, que constituyen las causales.

Es curioso pero digno de señalar que así como existe un convenio no vigente con EEUU desde hace 28 años, siendo que los argentinos por ejemplo es hacia donde más derivan fondos, también la Argentina ha cerrado las puertas a los auditores del FMI con argumentos bastante poco convincentes pero que en definitiva encierran un ocultamiento de información, siendo que además nuestro país es socio de dicho organismo.

Combatir la evasión fiscal o el narcolavado son fines en sí mismos que implican una calidad moral superlativa y un comportamiento transparente en el manejo de las cuentas públicas, algo de lo que la Argentina de las últimas décadas al menos carece más que notoriamente. Sólo baste mencionar la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, los actos de corrupción cuya dilucidación parece dormir en los cajones de algún fiscal, el envío de los fondos de Santa Cruz, justamente a un paraíso fiscal, por parte de su gobernador Néstor Kirchner y tantos otros ejemplos. Si a ello le sumamos el recientemente finiquitado blanqueo de capitales tenemos un perfil que verdaderamente no se condice con la calidad moral a la que nos referimos. Digamos que no estamos para sermonear a nadie. Y creemos sinceramente que no somos ni de lejos los únicos.

La AFIP actualmente viene reteniendo los fondos de impuestos que debe reintegrar a exportadores con el argumento de que éstos han realizado sus exportaciones a países de baja o nula tributación (denominación técnica de los paraísos fiscales) para triangular de allí a terceros destinatarios. En nuestra opinión la verdadera razón de la no devolución de los impuestos es la necesidad imperiosa de recaudar y mostrar números positivos. Aún y cuando tales números sean en realidad falaces. ¿Acaso no es lo que viene ocurriendo con los datos del INDEC impúdicamente desde comienzos de 2007?

Es que más allá de ciertos supuestos la realidad es que, por ejemplo, para la aplicación de tributos a las exportaciones en el caso de commodities existen precios de referencia dado que se trata de un mercado transparente. Y es sobre tales precios sobre los que se aplican las tasas de retención fijadas por el Estado. Si esta operatoria es legal (y lo es), entonces no queda del todo claro qué es lo que está buscándose en estos casos, como no sea lo que nosotros suponemos.

Aún así, si las exportaciones fueron efectivamente realizadas, el componente fáctico se ha cumplido en lo que respecta a la normativa vigente para la devolución de los impuestos involucrados (especialmente el IVA sobre los insumos). Esto ocurre aún en los casos en que los bienes exportados no cuenten con precios de referencia o no constituyan mercados transparentes. La necesidad de parte de la AFIP en punto a asegurarse que todo esté bien lo que hace es demorar durante largos meses, (incluso podrían ser años) la devolución de los tributos. Es una verdadera abertura al vacío de consecuencias imponderables.

Obsérvese que el Fisco, en caso de duda razonable y con una legislación acorde a su pretensión, podría por ejemplo exigir garantías reales, como se hace en muchos otros casos. En lugar de ello, recurre al sofisma de no pagar lo que debe porque no está seguro de que el acreedor (el contribuyente) hubiera obrado bien. Algo así como no pagar las expensas del edificio porque el portero a juicio del moroso barre mal la vereda.

Volviendo específicamente a la cuestión del intercambio de información entre países, hay que señalar una vez más que no se trata de ninguna manera de una apertura indiscriminada donde todo el mundo que opere con tales o cuales plazas será incluido un listado y subido a Internet. Los contribuyentes deberán encontrarse bajo fiscalización del organismo fiscal y es preciso que las actuaciones conduzcan razonablemente a la suposición de que podrían existir operaciones no declaradas que involucren a los países con los que existen convenios.

La presión sobre los países de baja o nula tributación para que suministren información no se condice, insistimos, con el comportamiento general de muchos países que no entran en esa categoría, como por ejemplo el Reino Unido o los mismísimos EEUU. Y ni qué hablar del nuestro con los antecedentes que someramente enumeramos. Y la realidad es que los argumentos del G 20 dejan bastante que desear, porque si bien es imperioso evitar operaciones ocultas e ilegales, también lo es que la punta del ovillo no está allí sino en el funcionamiento mismo del sistema financiero internacional, cargado de intervenciones de todo tipo y favorable al otorgamiento de ayudas allí donde todo el mundo sabe que jamás serán devueltas o a valores tan ridículos que incentivan la inversión dado el bajo riesgo concomitante, colaborando de ese modo con la generación de burbujas que luego se intenta acotar con más y más intervencionismo.

Otro punto es el manejo de la drogadicción, que si bien no es nuestro tema no deja de resultar al menos contradictorio. En efecto, mientras la producción y venta de narcóticos es ilegal, no lo es su tenencia para consumo. Y en determinados países la legislación es todavía más permisiva. Más allá de nuestra propia opinión respecto de la necesidad de legalizar bajo ciertas formas la venta de sustancias hoy prohibidas, lo cierto es que no es razonable que se opere de manera contradictoria. Y eso ocurre y no ha sido, que sepamos, tema del G 20, siendo que las drogas son las generadoras de los mayores volúmenes de dinero negro del mundo. La verdad es que si el consumo es legal, la producción y venta no pueden seguir siendo ilegales. O una cosa o la otra.

Dejamos para el final una de esas perlas a las que no terminamos de acostumbrarnos

El titular de la Secretaría de Ingresos Públicos señaló: Recibí instrucciones precisas de la presidenta Cristina Kirchner, quien nos ha encomendado la tarea de acentuar la percepción de riesgo y la gestión fiscal respecto de los grandes operadores económicos.

Este tipo de comentarios siempre llevan una curiosa pátina de perversión. ¿Hacían falta recibir precisas instrucciones presidenciales para cumplir con su deber? ¿Por qué habrá que acentuar la tarea respecto de los grandes operadores económicos y no de los demás? ¿Es que conviene ser pequeño o mediano operador económico para estar a salvo?

Ese tufillo de resentimiento y de falta de ecuanimidad consecuente con las acciones de no pocos funcionarios de actual gobierno no hace sino abrir un mar de dudas respecto de los objetivos finales.

Porque adicionalmente el tema fue planteado como si se tratara de una apertura indiscriminada de archivos para mostrar lo que todos y cada uno hacen con su dinero y con sus bienes, lo cual está prohibido por la propia Constitución Nacional, y luego termina en una difusa orden presidencial sin la cual parece que las cosas no hubieran sido ni siquiera del modo en que son.

Investigar, obtener información sobre presuntos evasores, fiscalizar, lograr el objetivo de evitar operaciones espurias es perfectamente legal. No de ahora, sino de siempre. Y es función de los organismos públicos intervinientes lograr la mayor eficacia posible sin órdenes de ningún tipo. Simplemente porque es su deber.

Más allá de los anuncios la ciudadanía espera todavía aclaraciones y definiciones sobre los casos de corruptelas manifiestas, como la cuestión de la efedrina y el apoyo a la campaña presidencial, la valija de Antonini Wilson, los fondos de Santa Cruz o la bolsa de Felisa Miceli.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 17 de octubre de 2009

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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Nuevos requisitos para acreditación de entidades exentas

Resumimos a continuación las características principales de la nueva norma, la Resolución General (AFIP) 2681 que sustituye a la anterior RG (AFIP) 1815

La AFIP ha resuelto suprimir el sistema de empadronamiento establecido en la resolución 1815 y sus modificaciones. La nueva resolución consta de 42 artículos y 3 anexos, y señalamos los aspectos esenciales

Se establece a partir del 1/1/2010 una nueva forma de acreditar la condición de sujeto exento en el impuesto a las ganancias. En tal sentido, se crea el "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias".

El certificado de exención también se aplicará para la alícuota reducida o exenta del impuesto a los débitos y créditos.

Las entidades que soliciten el "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias" deberán:

- Estar inscriptas y poseer C.U.I.T. ;

- Poseer el alta en el impuesto a las ganancias y de corresponder en el IVA;

- Tener actualizada la información respecto de su forma jurídica, mes de cierre de ejercicio, actividades económicas y el domicilio fiscal declarado;

- Haber cumplido -en caso de corresponder- con la presentación de las declaraciones juradas del IVA y de los Recursos de la Seguridad Social de los últimos 12 meses vencidos a la fecha de la solicitud, y haber cumplido con la última presentación de la DDJJ del impuesto a las ganancias y la prevista por la resolución general (DGI) 4120.

Para solicitar el certificado de exención se deberá confeccionar el F. 953 mediante el programa aplicativo "AFIP DGI - CERTIFICADO DE EXENCIÓN EN GANANCIAS - Versión 1.0" y remitirlo mediante transferencia electrónica.

Posteriormente, los responsables deberán efectuar un seguimiento en línea del estado del trámite de solicitud, y lo finalizarán una vez que concurran a la AFIP a presentar determinada documentación.

Los "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias" serán otorgados por períodos anuales, coincidentes con el ejercicio fiscal de la entidad, y producirán efectos a partir de la fecha de vigencia que el mismo establezca y serán oponibles a terceros a partir de la fecha en que sean publicados en la Web de la AFIP.

Las renovaciones anuales serán efectuadas en forma automática mediante un sistema diseñado por el Fisco que validará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las entidades correspondientes en un plazo de entre 60 y 90 días previo al vencimiento de los certificados vigentes. En caso de detectarse incumplimientos, éstos serán publicados en el servicio web "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias" opción "Control de incumplimientos para renovación de certificado", para que las entidades procedan a subsanarlos con el objeto de obtener la renovación del certificado.

Las entidades que al 1/1/2010 posean un certificado de reconocimiento vigente serán incluidas automáticamente en el presente régimen y obtendrán el "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias" con la vigencia que le corresponda, según el mes de cierre de la entidad. Por su parte, las entidades que tengan el reconocimiento en trámite al 1/1/2010 deberán cumplir dentro de 60 días con las nuevas disposiciones comentadas. Por último, destacamos que se efectúan precisiones con respecto a las adecuaciones necesarias que deben realizar las entidades exentas para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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A través del dictado de la Resolución General 2675/09 (AFIP) la Administración Federal de Ingresos Públicos procedió a crear el Registro de Claves Bancarias Uniformes con el objetivo de unificar las distintas modalidades de pago de distintos conceptos cuyos beneficiarios son los contribuyentes. A continuación, detallamos los principales aspectos de la resolución:

REGISTRO DE CLAVES BANCARIAS UNIFORMES

Se crea el "REGISTRO DE CLAVES BANCARIAS UNIFORMES" el cual será utilizado por la Administración Federal, para realizar los pagos en concepto de devoluciones, reintegros, reembolsos y demás regímenes de restitución de fondos a contribuyentes, responsables y administrados, así como a cesionarios que resulten destinatarios de créditos cedidos conforme al Código Civil por parte de los contribuyentes y demás responsables acreedores originarios de los fondos a restituir.

Los sujetos mencionados deberán declarar ante esta Administración Federal, una Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de acuerdo con lo establecido en la presente, como requisito previo imprescindible para el cobro de sus acreencias.

OPERACIONES EXCLUIDAS DEL RÉGIMEN

El procedimiento de pago a través de Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) establecido en esta resolución general, no resultará de aplicación para:

a) El beneficio previsto por el Título III de la Ley N º 25.865, reglamentado por el Artículo 89 del Decreto Nº 806 del 23 de junio de 2004 (Reintegro aportes autónomos).

b) El reintegro indicado en el Artículo 27 del Decreto Nº 806/04 (monotributo).

c) Los regímenes de bonificación establecidos en el Artículo 19 de la Resolución General Nº 1966, sus modificatorias y complementarias, en el Artículo 17 de la Resolución General Nº 1967, sus modificatorias y complementarias y en el Artículo 22 de la Resolución General Nº 2278, sus modificatorias y complementaria (planes de pagos).

d) Lo dispuesto en la Resolución General Nº 1575, sus modificatorias y complementaria.

e) Los pagos a legaciones extranjeras.

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR LA CLAVE BANCARIA UNIFORME (C.B.U.)

A efectos de informar la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.), el interesado deberá ingresar, a través del sitio "web" del Organismo (http://www.afip.gob.ar), al servicio de "Declaración de CBU para cobros de origen tributario, aduanero y de la seguridad social - opción información alta/modificación/ consulta".

A tales fines se accederá mediante la utilización de la "Clave Fiscal" habilitada con Nivel de Seguridad 3 o superior. Este servicio, calificado como no delegable, sólo podrá ser utilizado por el Administrador de Relaciones o Subadministrador de Relaciones definidos en la mencionada resolución general.

De tratarse de una unión transitoria de empresas (UTE), deberán informarse las Claves Bancarias Uniformes (C.B.U.) correspondientes a la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de cada uno de los componentes de dicha unión transitoria.

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA CLAVE BANCARIA UNIFORME

La Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) informada, antes de ser dada de alta será corroborada por esta Administración Federal, con la información obtenida de acuerdo con el procedimiento establecido en el Capítulo A de la Resolución General Nº 2386 y su modificación, a efectos de verificar la respectiva relación "C.U.I.T. titular o cotitular/C.B.U.".

En aquellos casos en que no pueda llevarse a cabo la verificación de la relación "C.U.I.T/C.B.U.", las entidades bancarias mediante el servicio "e-Ventanilla" obtendrán en forma semanal el archivo correspondiente a la entidad y confirmarán o rechazarán la relación.

El resultado será transmitido a este Organismo a través de "Internet", ingresando al servicio "Declaración de CBU para cobros de origen tributario, aduanero y de la seguridad social opción confirmación", dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la información.

Una vez cumplida la validación de datos indicada en los artículos anteriores, este Organismo procederá a dar de alta la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) informada.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2009

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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EL ÍNDICE DE PRECIOS Y EL COSTO DE LA VIDA

En estos días estamos viviendo en materia de índices de precios una situación verdaderamente inédita. Por un lado el gobierno intenta demostrar que los valores surgidos de INDEC son ciertos y confiables mientras prácticamente toda la población argentina, salvo algunos sectores muy afines al oficialismo, considera a tales índices como mentirosos.

Si bien las autoridades atribuyen a esta opinión generalizada un origen mediático, ello no obsta a que se hayan intentado algunos cambios en el organismo estadístico, con el objeto de modificarla. Dicho de otro modo: para el gobierno actual la gente está equivocada, pero por las dudas intentemos algo para modificar esa creencia.

Si bien consideramos que el nuevo director ha incurrido en la práctica consuetudinaria de salir a descalificar a quienes opinan diferente y por lo tanto para nada halagüeño, ello no quita que en algún punto el gobierno parece haber acusado el golpe. Nos gustaría hacer nuestro pequeño aporte al tema, anticipando que no somos especialistas.

Los cálculos referidos al índice de precios tienen una larga historia de disensos. Recordamos en los años 80 cuando se hablaba de la inflación mensual y se indicaba un porcentaje (igual que ahora) pero partiendo de datos finales provisorios. Durante el transcurso del mes siguiente, tales datos se cambiaban por los definitivos, y éstos daban siempre un índice mayor que aquel provisorio original, pero entonces se tomaba el provisorio del mes siguiente contra el definitivo, dando lugar a un nuevo porcentaje que dejaba colgada esa diferencia del mes anterior. Esto evidentemente no era casualidad. El porcentaje consignado terminaba, mes tras mes, siendo menor al real, que uno solamente podía encontrar en las publicaciones completas de los índices.

Lo mismo ocurría en tiempos del índice de precios descarnado, es decir, aquel que no incluía a la carne. Un verdadero galimatías estadístico que pretendía medir el índice de precios sin considerar el consumo de carne. Una entelequia de aquellas.

Pero en definitiva lo que siempre se ha sostenido es que el índice de precios, que antes era denominado costo de vida, mide en realidad la inflación en la Argentina, cuando en rigor no es exactamente así. Veamos la definición que hace Wikipedia de esto:

El costo de vida es un concepto teórico que representa el valor o coste de los bienes y servicios que los hogares consumen para obtener determinado nivel de satisfacción. El índice de coste de vida es un índice que indica cuánto se incrementa (o modifica) el costo de los hogares para mantener un mismo nivel de satisfacción

El cálculo del coste de vida es un problema difícil porque se basa en conceptos subjetivos (nivel de satisfacción). Como estimador del costo de vida suele usarse el IPC (índice de precios al consumidor) sabiendo que hay diferencias importantes: el IPC se refiere a una canasta fija de bienes y servicios; en un costo de vida debería tenerse en cuenta que los hogares hacen sustituciones de productos cuando los precios cambian.

Más allá de las diversas triquiñuelas que puede haber utilizado el INDEC en estos años, es interesante analizar un poco el fondo del problema. Nosotros no somos especialistas en estadística pero sí conocemos bastante respecto de la forma de cálculo y las diversas ponderaciones.

La realidad es que el índice de precios parte de la base de una composición determinada del consumo hogareño promedio, que es lo que la enciclopedia llama canasta fija de bienes y servicios. En cambio el indicador del costo de la vida debería tomar las sustituciones cuando los precios se modifican. Tales sustituciones deberían a su vez reflejar si se produce un cambio o no en el nivel de satisfacción y ésta medirse en términos de costo. Tarea compleja si las hay. No es lo mismo satisfacerse la sed con una gaseosa que hacerlo con agua de la canilla. La sed se satisface igual, pero el plus que representa beber una refrescante bebida edulcorada se resigna en el segundo caso. ¿Cómo se mide esto?.

Al menos por lo poco que ha trascendido del mecanismo utilizado por el INDEC para medir los precios hoy en día, más parece que estuviera intentando calcular el costo de la vida y no el índice de precios al consumidor. Aún así, ni uno ni el otro representan con exactitud el índice de inflación, que es la suba generalizada de precios (o su baja en sentido inverso) y no contempla los cambios en las preferencias.

En efecto, por lo que se sabe la mecánica elegida consiste en sustituir determinados bienes del índice cuando éstos, por razones estacionales, por ejemplo, son reemplazados por otros en el consumo general. A simple vista uno puede colegir que esto puede dar lugar a cualquier cosa a menos que la metodología sea ampliamente difundida y conocida número por número (como era antes de la intervención del organismo en enero de 2007) y por lo tanto factible de ser cuestionada o al menos permitir las comparaciones sobre bases reales.

Pero si el reemplazo de bienes y servicios afecta el nivel de satisfacción lo que en verdad estamos intentando medir, insistimos, es el costo de la vida y no el IPC o la inflación. Incluso si no modificamos la canasta, como debería ocurrir en el cálculo del IPC, la suba del mismo tampoco refleja la inflación de manera precisa e inocultable. Puede haber cambios de precios relativos que al mes siguiente vuelven a cambiar provocando en tal caso indicadores negativos. Aún así, se aproxima más al concepto de moneda de valor corriente el IPC.

Imaginemos por un momento un escenario donde todos los bienes y servicios que requiere la economía fueran, por ejemplo, carne y arroz. Supongamos que la canasta está compuesta únicamente por tales bienes y que tiene un costo de $ 100.- al mes. A su vez, supongamos que la ponderación indica que las familias consumen mensualmente $ 50.- de carne y $ 50.- de arroz. Simplificando todavía más las cosas, podemos decir que el índice (que no es la misma cosa que el porcentaje de cambio) es 100.

Ahora supongamos que al mes siguiente la carne sube de precio y por lo tanto para consumir la misma cantidad que en el mes anterior necesitamos $ 60.-. Supongamos también que el precio del arroz no varió. Si el consumo fuera el mismo en el segundo mes, el costo total ascendería ahora a $ 110.- , el índice sería 110, y el incremento porcentual sería, obviamente, del 10%.

Si las familias modifican en este segundo mes sus hábitos en razón de la suba del precio de la carne, podría ocurrir que consuman ahora menos carne y la misma cantidad de arroz, es decir $ 50 de carne y $ 50 de arroz. Pero como la carne en este segundo mes es más cara, las familias comerían menos.

En la práctica nada es absoluto, claro está. Y ésta situación puede darse en determinados sectores que por ahí pueden disminuir un poco los consumos dado que tal vez descuidan un poco los volúmenes y tienen sobrantes que arrojan a la basura. En cambio aquellas familias con menores recursos probablemente pasen a consumir todavía menos carne para pasarse al arroz y mantener el gasto total en $ 100.- consumiendo lo necesario aunque en proporciones diferentes.

Sin embargo, tanto en un caso como en el otro lo que podemos sí observar es que la calidad de vida sufrió una merma. Unos tienen que cuidarse más, otros tendrán que comer comida diferente y probablemente de menor calidad para no excederse en su gasto mensual.

Insistimos en que estamos dando un ejemplo y agregamos que no pretendemos juzgar la calidad nutricional de los alimentos que elegimos para esta abstracción teórica. Podría ser al revés, que aumentara el precio del arroz y bajara el de la carne. Pero como la carne es más preciada por los argentinos en general, nos parece más acertado suponer que es ésta la que aumenta su precio y que privarse de ella para reemplazarla por arroz produce una merma en el grado de satisfacción. Si el arroz subiera su precio y la carne permaneciera sin cambios, también habría un porcentaje de baja en la satisfacción, obviamente.

Siguiendo con el caso, podemos ver que si el INDEC toma la variante de suponer que la gente consume ahora más arroz y menos carne hasta la concurrencia del gasto mensual, este seguirá siendo de $ 100.- Y si esto es así, el IPC no habrá variado y por lo tanto aquello que común y erróneamente se denomina índice de inflación sigue inalterable. La falacia es evidente.

Podemos agregar más factores, tales como por ejemplo que al bajar el consumo de carne como consecuencia de la suba de su precio, éste tienda a bajar, mientras que ante el incremento del consumo de arroz el precio de éste tienda a subir. Esto efectivamente ocurrirá en una segunda instancia, pero no queremos hacer un análisis que resulte brumoso y complejo, sino más bien apuntamos a lo evidente.

Normalmente la ponderación de la canasta es muy compleja e integrada por una enorme gama de bienes y servicios, que se agrupan por rubros, que a su vez se considera que insumen un porcentaje del gasto total de cada familia. Y esos rubros están integrados por subrrubros y luego por bienes y servicios en proporciones preestablecidas. Tocar esta canasta y hacerlo todos los meses en función de estacionalidades o cambios ocasionales no solo no está en su definición, sino que no nos parece lo más acertado para medir el IPC. Además, como decimos, si la metodología no está plenamente determinada y es difundida cabalmente todos los meses, es imposible saber qué se tocó y qué no. Y en definitiva, las bases terminan siendo no comparables entre un mes y el otro.

Pero volvamos a nuestro ejemplo: si una familia tenía por costumbre consumir en un mes una determinada cantidad de carne y de arroz y debió modificarla como consecuencia del cambio en los precios, su calidad de vida ha bajado. Es decir que su costo de vida ha subido, ¡y sin embargo su gasto total ha sido el mismo!

Por eso, si el INDEC modifica la composición de la canasta todos los meses en función de cambios estacionales o lo que fuere, aunque lo haga con total honestidad y a conciencia, no está midiendo el índice de precios. Y por lo tanto no está suministrando la información que dice suministrar.

En el ejemplo sencillísimo que elaboramos ¿ha habido o no incremento del IPC?, sí lo ha habido: fue del 10%. ¿Y el costo de vida? podríamos decir sobre él que si una familia pretende mantener la misma calidad de vida debería incrementar su gasto un 10% y por lo tanto también esa sería la suba de su costo de vida. ¿Y cuándo el costo de vida se vería afectado de manera diferente?, cuando pese a la sustitución de bienes no pudiera sostenerse el valor 100. Es decir, cuando aún consumiendo más arroz y menos carne necesitáramos más de $ 100, para mantener la supervivencia. Pero esto tampoco es del todo cierto. Porque la sustitución en sí misma implica como decimos una merma en la calidad de vida que en la práctica es muy difícil de medir.

Lo que sí queda perfectamente en claro, es que la modificación de los componentes de la canasta lleva a que el índice de precios arroje incrementos menores en tanto y en cuanto encontremos los sustitutos. Y solamente se reflejaría un incremento cuando tales sustitutos, los que fueren, también aumentaron sus precios.

Por lo tanto y en nuestra opinión, el INDEC no está suministrando la información que se le requiere sino otra. Y este es el nudo gordiano del problema que nos ocupa.

La variación en el valor de la moneda no depende de sustituciones o de cambios de precios relativos, sino de la suba o la merma generalizada de precios. Es esto lo que hay que medir y no otra cosa. Y es esto lo que no está ocurriendo, según lo que las propias autoridades del INDEC afirman.

Buenos Aires, 15 de agosto de 2009

HÉCTOR BLAS TRILLO

Las Heras 648 - 1704 Ramos Mejía (B.A.) (011) 5254-5820

Los bienes suntuarios y el Estado de Derecho

Cuando apenas éramos adolescentes e ingresábamos a la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, nos sorprendíamos cotidianamente oyendo e incorporando más tarde nuevas palabras a nuestro vocabulario. La economía tiene, como toda ciencia, su lenguaje propio, su cadencia, su jerga.

Así, a poco andar, descubrimos, entre tantas, una palabreja que hasta entonces nos había sido vedada por nuestro escaso conocimiento en esas lides: suntuario.

Observamos en el discurrir del estudio de la tributación, que aquello que para las autoridades era considerado suntuario, era gravado a tasas mayores, con el argumento de que, justamente, por ser suntuario , quien quisiera los bienes (o servicios) incluidos en el rubro, debería pagarlos proporcionalmente más caros.

Claro, dado que el mayor precio desalienta el consumo, estos bienes, pensábamos, dejarían de consumirse, o el consumo sería reducido también más que proporcionalmente, logrando de esta forma un extraño efecto: que quien hubiera querido disfrutarlos, dejara de hacerlo.

Es que suntuario es aquello vinculado con el lujo, con la demasía, con el exceso de bienes innecesarios, dice el diccionario de la RAE poco más o menos. Luego decidir qué bienes entran en esta categoría no es un tema menor. A su vez, resulta violado el principio de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas.

Alguna vez le planteamos a nuestro profesor de Impuestos I el curioso galimatías que para nosotros significaba intentar que algo se consuma menos o se pague más caro que lo que proporcionalmente correspondería, siendo que de ese modo la ley de oferta y demanda terminaría poniendo las cosas en su lugar, desalentando o bajando su consumo, mermando la recaudación tributaria, y reduciendo o directamente dejando sin trabajo a los productores de tales bienes.

En esos tiempos todavía éramos demasiado jóvenes como para poner en tela de juicio otro efecto que al cabo la propia experiencia nos fue mostrando: el paso del tiempo hace que aquello que mucha gente podría considerar lujoso en una época, pase a ser indispensable pocos años después. Y que lo que para unos es un lujo, para otros es una necesidad imperiosa. A su vez existen bienes que mientras para algunos son extremadamente preciados, para otros resultan absolutamente indiferentes.

También comenzamos a reflexionar sobre otro interesante detalle a nuestro modo de ver: ciertos bienes en algunas sociedades o naciones resultan imprescindibles, mientras que en otras pueden considerarse verdaderas excelsitudes.

En otras palabras, concluimos, sin saberlo, aceptando lo que podríamos llamar la teoría de la relatividad aplicada a la economía.

El tiempo, el lugar, el precio relativo, las preferencias personales; jugaban y juegan un papel fundamental en lo que se vincula con la necesidad. Pero no es todo.

Hay también factores imponderables que convierten en estrictamente necesario aquello que hasta ayer nomás era poco reclamado.

Y también puede ocurrir que mientras para unos es imprescindible contar por ejemplo con un aire acondicionado, para otros puede resultar contrario a su salud y preferir en su lugar el modesto ventilador o incluso el abanico.

Y así damos en el otro punto al que queríamos llegar: ¿Es suntuario aquello que es caro únicamente? ¿O será suntuario también aquello que siendo barato resulta lujoso y sobrante, que por lo demás no son la misma cosa? Tranquilamente podemos vivir sin golosinas y sin gaseosas. Podemos arreglarnos con ropa elaborada en serie y de segundas marcas y podemos, en definitiva, vivir como lo hacían nuestros abuelos a costos muy inferiores a los que normalmente se manejan hoy. De hecho, mucha gente vive a valores muy inferiores, y no estamos hablando de indigencia. Si no lo hacemos es porque nuestras posibilidades económicas nos lo permiten. Y al hablar de posibilidades hablamos genéricamente también de precios y de ingresos.

Mucha gente, sobre todo mayor, se arregla con muy poco. Mientras otra no puede prescindir de cremas y afeites varios para conservar la tersura de su piel, calzar zapatos o lucir trajes de afamadas marcas para concurrir a una reunión social o simplemente para mostrarse mejor. Sin ir más lejos (y hablamos en este caso siempre de la ciudad e Buenos Aires), todavía existían las pelotas de trapo con las que organizábamos los picados.

En definitiva concluimos (hace ya muchos años) que aquello que se considera suntuario puede no serlo más un buen día. O no haberlo sido nunca. Mientras que aquello que jamás fue tomado como lujoso bien puede haberlo sido siempre sin que los funcionarios encargados de aplicar discriminatorias gabelas se hubieran dado cuenta.

O, tal vez, sí se hayan dado cuenta pero resultaba y resulta ser políticamente incorrecto modificar la tendencia.

Lo cierto es que, volviendo al principio de estas reflexiones, el efecto que logran representantes y funcionarios al establecer impuestos desproporcionados contribuye, en verdad, a nivelar para abajo. Deja sin trabajo a mucha gente y no recauda más impuestos. Pero consigue que quienes desean disfrutar de ciertos bienes no puedan hacerlo o se les dificulte o encarezca sobremanera. Suena bastante parecido a la envidia ¿no?.

¿Nos dirá el amable lector que esto tal vez tenga que ver con las tarifas y sobrecargos de la electricidad o el gas? ¿Acaso con la tenencia de automóviles más caros o con la realización de viajes al exterior? ¿Quizás con el repetido adagio de que quien más tiene más paga al que nos hemos referido en otras oportunidades?

Quizá recuerde entonces que a poco de iniciado el gobierno de la Alianza en 1999 se produjo el famoso impuestazo del Dr. Machinea que estableció, entre otras cosas, un impuesto adicional al agua mineral, dado que los pobres toman agua de la canilla. O tal vez soda, vaya uno a saber.

¿Cuántos impuestos tiene una factura de agua corriente, por ejemplo? Fácilmente el 50 o el 60% del valor que se paga. Entiéndasenos: una factura de $ 100 conlleva impuestos por aproximadamente $ 57, según las estimaciones que profesionalmente se hacen de la carga impositiva total. Es decir que el agua corriente cuesta 43 pesos y el resto son impuestos. El cálculo surge de tomar los impuestos explícitos en la factura, más lo que no figuran allí, tales como Ganancias, Ingresos Brutos, Ganancia Mínima Presunta, Bienes Personales Responsable sustituto, y todas las demás cargas y gabelas incluyendo en ellas las contribuciones previsionales y las diversas tasas nacionales, provinciales y municipales.

¿Qué porcentaje representa este valor? Siéntese el lector: ¡El 132%!

Y estas gabelas las aplica el mismo funcionario que luego revisa las listas de productos para elegir aquellos que habrá de considerar suntuarios para proponer para ellos alícuotas adicionales.

Alguna vez relatamos que un ministro a cargo de las obras públicas de los años 80 dijo que su gobierno había comenzado a colocar medidores de agua para evitar su derroche. Y que se había comenzado por la zona norte, donde abundan las piscinas. Este buen señor mostraba así la pátina que muestran los inventores del suntuarismo. ¡Es que en verdad, quien consume agua para llenar su piscina, gasta mucha agua, pero no la derrocha! La derrocha quien deja una canilla abierta o la manguera regando la vereda durante horas.

El funcionario de marras no se dio cuenta del detalle y el entrevistador tampoco. Ese es el principal problema. Porque en definitiva los funcionarios actúan sobre la base de una determinada mentalidad. Esa mentalidad no es patrimonio exclusivo de los funcionarios, obviamente.

Alguna vez un periodista que solía hablar, como Kirchner, de la angurria empresaria , (que no la suya propia) se refirió a un accidente de aviación, ocurrido frente a las costas norteamericanas, como causado por cortocircuitos originados en las pantallas interactivas colocadas en los respaldos de los asientos. Casi disfrutaba describiendo el hecho de que la desgracia se había producido porque cierta burguesía pretendía disfrutar de un vuelo más placentero. No usó esas palabras, pero se notaba en el tono una suerte de goce ante la desgracia. Cosa que seguramente negará con todas sus fuerzas, pero que resultaba indisimulable.

Es que ese avión con tantas comodidades resultaba suntuario como tal y por lo tanto resultaba difícil de soportar que alguien pudiera disfrutarlo.

Ese periodista aún trabaja en los medios, aunque no tiene la preponderancia de otros. No tiene importancia nombrarlo. Aunque tal vez no falten quienes lo ubiquen y reconozcan.

La triste realidad es que la retracción de consumo de esta clase de bienes por su excesiva carga tributaria no convierte en pobres a los ricos ni en ricos a los pobres. Tan solo es la neurótica necesidad de sentir que quien puede gozar no habrá de hacerlo porque se lo impedimos.

En aquellos años juveniles que describimos al comienzo de estas líneas, estaba de moda una canción de protesta, como le decíamos entonces, que provenía, si no recordamos mal, de los tiempos de la guerra civil española y que en un par de sus versos rezaba algo así como que habrá de llegar el día en que la tortilla se invierta, y los pobres coman pan, y los ricos mierda...

Quienes la cantaban y gozaban con ella, tal vez no notaron nunca que el afán igualitario que a la vez proclamaban, habría de indicar antes y ahora que todos debían comer pan. Y no como tristemente repetía el estribillo, que lo harían en venganza y que ahora los ricos comerían mierda como antes la habían comido los pobres. Es decir, lo que proclama esta línea argumental es una igualdad que en verdad sólo puede conseguirse nivelando para abajo, porque en la vida hay personas más capaces que otras. Pero cuando acercamos un poco la lupa vemos que en verdad a lo que se apunta es a que los otros no disfruten de aquello que no podemos disfrutar nosotros. Y llevado al extremo, que esos otros coman mierda o se caigan con su avión y se mueran. En este último caso obviamente que la apreciación es inconsciente, en el primero es explícita y hasta convertida en estribillo de una canción de guerra.

La pobreza inmanente es la del espíritu. Y la venganza como norte solo conduce al desastre. Al desastre como sociedad, como nación.

Si verdaderamente se quiere cumplir con el espíritu de la Constitución a lo que hay que apuntar es a la igualdad de los impuestos y de las cargas públicas. A la igualdad ante la ley. Operar en sentido inverso no solamente no es cumplir con la ley fundamental, que en todo caso es un bien jurídico, es partir de la idea de que quienes son mejores deben repartir o no disfrutar de su bienestar. Y es así como finalmente huyen capitales y personas. Y finalmente baja la inversión, se pierden empleos y baja la calidad de vida de toda la comunidad.

Hablábamos del tiempo. El tiempo convierte en popular aquello que alguna vez pudo haber sido exclusivo. El automóvil, el avión, la computadora, el teléfono celular, lo que sea, no hace tanto eran preciados bienes de los que muy pocos disfrutaban. La accesibilidad se logra no debilitando a quien los produce, no discriminándolo.

El día en que en la Argentina se reflexione sobre estos temas (y tal vez otros que no acuden a nuestra memoria en estos momentos), habremos empezado a admirar a quienes creativamente desarrollan su capacidad y su inventiva, y con tales recursos se vuelven adinerados. Y no como consecuencia del nepotismo de los cargos públicos o de pegarla en algún programa de TV.

Y una palabritas finales para el dinero y la riqueza. La posesión de riquezas suele ser bastante castigada por ciertos moralistas. Los argumentos más usados van hacia el lado de quien posee se vuelve esclavo de sus riquezas, avaro o lo que sea. En una sociedad libre todos tenemos derecho de hacer con nuestros bienes lo que queramos. Y nadie tiene derecho a quitárnoslos porque considera que son muchos. Y el Estado tiene a su vez la obligación de respetar la Constitución y las leyes. Y más allá de eso, tiene la función de respetar la individualidad y también la de promover el bienestar general. Persiguiendo (o combatiendo) al capital no es como se logra mejorar la calidad de vida. Y menos todavía si la persecución es arbitraria o clasista. Los derechos y las garantías de las gentes son esenciales para vida en un Estado de Derecho.

La obligación legal de quienes poseen riquezas es la de pagar sus impuestos y cumplir en general con sus obligaciones como cualquier hijo de vecino. Cualquier exceso de rigor hacia ellos implica una discriminación inaceptable en términos constitucionales. Pero también es la causa fundamental de que las inversiones y las propias personas terminen huyendo de la Argentina. Esta es la razón y el principio liminar de nuestra decadencia.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2009 HÉCTOR BLAS TRILLO

Los diarios reflejan el enfrentamiento que se ha producido en el Congreso español a raíz de la situación económica en la península. Allí, el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero sufrió una virtual censura encubierta que afectará sin duda el futuro del mandato socialista.

Los embates contra la política económica gubernamental vinieron de todos los frentes. Desde el principal contendor Mariano Rajoy, líder del derechista PP, hasta el nacionalista vasco Josu Eukoreka o su equivalente catalán Josep A. Durán Lleida.

Zapatero debió reconocer ante los diputados que su gobierno falló a la hora de prever el impacto de la crisis internacional, permitiendo de ese modo que la desocupación trepara a los cuatro millones de personas, algo así como el 17% de la población activa.

Esta breve introducción está destinada a mostrar el clima que se vive en la Madre Patria como consecuencia de la debacle económica, de la cual los opositores parecen querer desengancharse, mientras los oficialistas intentan un mea culpa fundamentado, para decirlo cortito, en errores del intervencionismo.

Zapatero propuso un cambio en el modelo productivo, que en los últimos 10 años estuvo basado esencialmente en el sector inmobiliario y de la construcción. De tal forma, adelantó que se destinarán nada menos que 25.000 millones de euros para distribuir entre un Fondo para la Economía Sostenible (20.000 millones) y otro de Inversión Local (los 5.000 millones restantes). También propuso reducir de 20 a 15% el impuesto de sociedades en tanto éstas estén dentro de las consideradas pequeñas y medianas empresas, categoría que se alcanza si se tienen menos de 25 empleados y una facturación anual de menos de 5 millones de euros. Para lograr tal disminución de tasa, tales empresas deberán mantener su plantilla de personal. Es decir que las empresas más grandes no tendrán el beneficio pero sí podrán desprenderse de personal, mientras que las más pequeñas sostendrán el personal abonándole el sueldo con la baja de la tasa del impuesto citado. En otras palabras: el Estado pagará de su presupuesto el sueldo de tales trabajadores. También anunció Zapatero que se bajaría el gasto público en 1.000 millones y se establecerá un subsidio directo de 2.000 euros para la compra de automóviles nuevos. La medida de bajar el gasto apunta a reducir el déficit público y el endeudamiento estatal, pero al mismo tiempo las otras medidas van en sentido contrario. A su vez, bajar el gasto público implica reducir la demanda de bienes y servicios por parte del sector público, lo cual es recesivo.

La verdad es que cualquier parecido con el caso argentino no es pura coincidencia. Es, antes bien, la razón de ser del esquema elegido para intentar impulsar la economía mediante artilugios que significan favorecer a unos y perjudicar a otros. Igual que acá.

Si durante estos años el modelo se fundamentó en la construcción hasta que estalló la burbuja, ahora lo que se busca es un modelo de crecimiento renovado a partir de sectores innovadores y ligados al fomento de las energías renovables a los que definió como una economía verde y sostenible. Si alguien pretende no decir nada nuevo no creemos que pueda encontrar una forma mejor de hacerlo.

El derrumbe de la burbuja inmobiliaria tuvo su origen en la sobredemanda producida por los créditos a bajas tasas, como lo hemos señalado reiteradas veces. Es decir, tuvo su origen exactamente en los mismos factores con los que ahora se pretende innovar: créditos blandos, subsidios y combos.

La economía española ha sido golpeada fuertemente por la crisis porque adhirió al esquema seguido por EEUU y del cual se contagió Europa armando esa gran bola de nieve de bonos securitizados que se vendían una y otra vez como garantías seguras para nuevos préstamos y colocaciones diversas hasta que el sistema dijo basta cuando alguien no pudo pagar.

Lo que le pasó a España es que durante estos años ha creído que puede crecer indefinidamente mediante ayudas y créditos blandos. Y lo que pretende hacer es otorgar nuevas ayudas y nuevos créditos blandos, pero a otros sectores. Y punto.

Hace un par de años, el gobierno de Zapatero había instituido un subsidio de 2.500 euros por cada bebé nacido, al tiempo que limitaba cada vez más la llegada de inmigrantes con argumentos francamente xenófobos, como aquel de las expulsiones de los extranjeros que cometen actos violentos, lo cual implica una violación del criterio de igualdad ante la ley que priva en toda sociedad democrática moderna.

Ahora se anuncia que se entregará a cada alumno entre 10 y 11 años una computadora portátil. La limitación a esas edades nos resulta incomprensible. Pero lo cierto es que con esto entre otras cosas evidentemente se incentivará el mercado de las computadoras portátiles. Y más allá da la utilidad educativa que pudiera tener, lo cierto es que no se entregarán computadoras a niños que no puedan adquirirlas en razón de estar sus padres desempleados o por ser de familias pobres. No. Se les entregarán a todos los niños de esas edades. En realidad dice la noticia que se les facilitarán, lo cual puede significar alguna forma de subsidio que para el caso es lo mismo: Centenares de miles de niños recibirán de manera subsidiada o gratuita un elemento que es muy importante para su instrucción y que será pagado por todos los demás habitantes, aún a pesar de que quienes reciben tales computadoras estuvieran en condiciones de adquirirlas por sus propios medios sin problemas.

Sin abundar, cabría aquí también preguntarse por qué computadoras portátiles y no de las otras, que son sensiblemente más económicas. La respuesta no puede encontrarse en otra parte que no sea en la manía intervencionista de quienes creen que ellos pueden resolver, cual dioses, lo que no puede resolver la realidad económica. Y, claro, la educación es un tema por demás sensible y nadie puede oponerse a todo lo que contribuya a ese objetivo. Pero también está educándose a la población ibérica a recibir dádivas, combos y subsidios varios sin trabajar.

Rajoy por su parte afirmó que la economía necesita un plan general, que pasa por corregir nuestras rémoras estructurales, es decir, hacer reformas. Es decir, nada. Porque decir eso y no decir nada de nada es lo mismo.

A su vez el líder derechista pidió una flexibilización del mercado de trabajo a los efectos de que las empresas puedan manejar con menos costos las variaciones en la plantilla. Este tipo de medidas son ampliamente resistidas por los sindicalistas, que ven menguar sus recursos, aún a pesar de que en España existe el seguro de desempleo. Pero a la larga, si las empresas no pueden sostener sus ventas no podrán sostener su personal. Y si los lineamientos del mercado de trabajo son más rígidos, los costos serán mayores, pero las cosas ocurrirán igual. De lo contrario no tendrían hoy por hoy cuatro millones de desocupados.

Lo que queremos decir, un poco para ir concluyendo, es que los métodos intervencionistas no resuelven los problemas sino que cambian la tierra de lugar, como decía una vieja publicidad respecto de los plumeros.

La desorientación de la dirigencia política española es bien visible. Todo el mundo esperaba que la fiesta siguiera para siempre. Y no fue así. Y ahora se pretende enfocar, con una especie de rayo que ilumina la jungla, el sector adecuado al que hay que estimular, porque el estimulado hasta ahora no era el que debía haberlo sido. Un galimatías diabólico, realmente.

Finalmente, nos cabe señalar muy claramente que cualquier ayuda tiene un costo y éste debe ser medido actuarialmente para determinar si termina siendo beneficioso en un lapso razonable. De lo contrario la elección resulta más costosa que el beneficio y eso implica una baja del estándar de vida general que termina deteriorando aquello que se quiso favorecer.

Que los niños (todos los niños) tengan acceso a la computación es un fin loable. Pero es necesario evaluar qué tipo de computación habrá de utilizarse y cuál es su costo. Acercar cultura no implica acercar libros de tapas duras y hojas brillosas. Implica en todo caso acercar libros.

España se ha desarrollado notablemente en los últimos 30 años, luego de la muerte del dictador Francisco Franco y a partir del llamado Pacto de la Moncloa y el ingreso a la Comunidad Europea. Pero poco a poco ha conformado un Estado Benefactor fundamentado en la importación de tecnología dentro de la Comunidad, y sobre todo en los ingresos por turismo. A ello hay que agregar que el conglomerado comunitario constituye un encierro en fronteras más grandes. Porque los bienes fabricados dentro de esquemas de sobreprotección son demasiado costosos y no compiten con sus equivalentes del mercado asiático, por ejemplo. Y esta realidad, nos guste o no, hay que afrontarla con la debida consideración. La tecnología permite bajar los costos relativos de los bienes fabricados, mientras que el Estado Benefactor los encarece. Y la tecnología europea, aún la más avanzada, no está a la altura de la norteamericana e incluso de la japonesa, excepto tal vez en algunos campos. Baste pensar dónde se han desarrollado los mayores adelantos tecnológicos del mundo de los últimos 70 años, por poner una fecha, para darse cuenta de lo que queremos señalar.

En nuestra opinión España debería tender a salir de este tipo de políticas del estilo a-ver-a-quién-ayudamos-ahora y volver a las fuentes de la sana competencia y la libertad económica. No es con iluminados dirigentes políticos que resuelven a quiénes les damos y cuánto les damos como se arreglan las fallas estructurales a las que se refiere Rajoy. Porque las fallas estructurales tienen su origen justamente en el intervencionismo, y pretenden subsanarse con otro intervencionismo. Lo cual. obviamente, no ocurrirá.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Las Heras 648 1704 Ramos Mejía (B.A.)

(011) 5254-5820 y (011) 154-4718968

www.hectortrillo.com.ar

AÑO ELECTORAL: UN MAR DE DUDAS

En un interesante trabajo publicado por el economista Enrique Szewach en el diario Ámbito Financiero del miércoles 29 de abril se plantean distintos escenarios para el día posterior a los comicios de junio.

Esencialmente, el economista habla de la incertidumbre, tal como tantas veces la hemos referido en nuestros comentarios. Incertidumbre provocada entre otras cosas por el enorme grado de improvisación y la creciente arbitrariedad reinante.

Szewach habla del contexto político según el resultado electoral. También se refiere a la situación internacional y finalmente el grado de arbitrariedad con que se maneja la economía desde el gobierno.

De estos tres aspectos el que podemos resaltar como no contemplado mayormente por nosotros hasta ahora es el del resultado electoral y sus implicancias.

Si en el actual contexto vemos con frecuencia el alto grado de improvisación reinante, o la forma en que se generan conflictos absolutamente inútiles, a los que se suman anuncios a las apuradas sin contenido ni adecuación práctica, todo ello sin ningún tipo de referencia institucional, podemos deducir que el panorama es, hoy mismo, bastante turbio.

Qué pasará luego del 28 de junio si el partido gobernante pierde las elecciones en términos generales es una gran incógnita. Y también lo es si gana.

Porque la realidad es que mientras los ingresos podrán crecer, digamos un 15%, el gasto está en vías claras de duplicación en cuanto a crecimiento. Las importaciones se limitan o cierran de mil maneras, las exportaciones están restringidas, la sequía ha jugado su papel en la producción primaria, sumada al conflicto agropecuario.

Las provincias tienen crecientes problemas y los déficit han comenzado a multiplicarse. La verdadera andanada inconstitucional recaudatoria llevada a delante por la provincia de Buenos Aires, de la mano de un aparentemente bonachón gobernador es terrible. Y todo con el único objeto de rapiñar fondos de donde fuere y como fuere.

Y si en este marco se ha suspendido la retención a los cheques a cobrar en ventanilla con destino a ARBA en concepto de unos ingresos brutos provinciales a sujetos que no son contribuyentes de ese impuesto pero que no tienen recursos a la mano como no sea acudir a la Justicia, el panorama es realmente patético.

Aún así, las provincias deberán emitir deuda forzosa y probablemente retornar a las llamadas cuasi monedas. También podrán ir a canje voluntario de deuda pública o directamente al default. A todo esto los sindicatos y en especial la CGT pero también la C.T.A. pretenden ocupar espacios de poder solicitando aumentos absolutamente inaplicables, mientras intentan incorporar en las listas sábana cargadas de candidatos testimoniales a sindicalistas para defender la quintita indefendible de un trabajo que merma día a día a la luz de los acontecimientos descriptos.

¿Cuál será la política fiscal, cuál la cambiaria, cuál la monetaria o la de deuda pública para el segundo semestre del año? No existe que sepamos un solo borrador que permita colegir qué se hará. NI tampoco qué se propone para el caso de que el oficialismo pierda las elecciones.

El discurso de que si el kirchnerismo pierde viene la explosión es un discurso chabacano, alarmista, de muy poco vuelo. Y esencialmente es un discurso tendiente a atemorizar a la población, como el recordado voto cuota en su momento.

La realidad es que los mismos políticos que hoy siguen defenestrando un sistema que hace 10 años que no se aplica, formaban parte de ese sistema hasta la médula, como puede verse en tantos videos en Internet, para dolor de cabeza de los antidemocráticos miembros del organismo de origen dictatorial llamado COMFer.

Nosotros no somos, como se sabe, analistas políticos. Pero es obvio que si la composición del Congreso se modifica y desaparece la mayoría automática que levanta la mano cuando lo pide el jefe, podemos llegar a estar en problemas. Vendrá seguramente una lluvia de D.N.U. (o medidas autóctonas violatorias de la ley, como las recordadas resoluciones prohibiendo exportaciones) con infinidad de normas y contra normas tendientes a incentivar lo inincentivable.

Actualmente la actividad interna está muy vinculada a la demanda externa. Hoy por hoy el sector externo representa casi el 40% del P.B.I., cuando en los 90 no superaba el 20%. De manera que la crisis internacional puede producir (y de hecho está produciendo) una notable desaceleración de la demanda externa, ello más allá de las increíbles decisiones de organismos como la O.N.C.C.A. o de funcionarios como el secretario de comercio en materia de importaciones y exportaciones.

Szewach recuerda que en estos tiempos se han venido aplicando normas de lo más contradictorias, tales como cancelar anticipadamente deuda pública no vencida (FMI) o defaultear. Subsidiar consumos energéticos o incrementar hasta un 400% las tarifas eléctricas. Usar fondos públicos para alentar el consumo privado o secar el sistema financiero de crédito para dicho sector, con el objeto, agregamos, de alentar la inversión de las Pymes.

Se han expropiado las AFJP para que discrecionalmente un funcionario del P.E. disponga de los fondos. Se ha puesto en marcha un blanqueo de capitales sin tomar en cuenta datos básicos tales como la ley penal cambiaria que hoy pretende subsanarse con un dictamen del Banco Central (¡dos meses después de estar en vigencia el blanqueo!). Se ha dispuesto coparticipar de alguna manera las retenciones de la soja, cuando la merma en la producción ha sido notable por efecto de la crisis del campo, de los valores internacionales y de la sequía. Se insiste en que si la 125 se hubiera aplicado la cosa no sería tan grave, pero eso no se corrige como correspondería, dado que implica un daño a la producción de ser así.

Acá se pasa de la heterodoxia a la ortodoxia sin solución de continuidad, afirma el economista que venimos citando.

Y, claro, la amenaza de la explosión , una verdadera ironía del destino peronista que ha gobernado la Argentina la mayoría de los 26 años de democracia que llevamos a cuestas. Incluso ha gobernado la mayoría de las provincias, en casi todo ese lapso, en especial la de Buenos Aires, hoy deficitaria y con innúmeros problemas que la llevan a violar la propiedad privada de manera grosera, torpe y hasta infantil.

No podemos colegir con exactitud qué ocurrirá en el segundo semestre en materia política. Si la presidenta renunciará como anticipó el piquetero-inocente Emilio Pérsico, funcionario del gobierno que es una mezcla del surrealismo patotero de D Elía y el neorrealismo de barricada de Jorge Ceballos.

Pero que repite el discurso oficial, sin duda alguna.

En este cuadro de situación todo es posible. Por eso en los primeros tres meses del año casi 6.000 millones de dólares salieron del país, mientras el gobierno intenta atraer capitales con el blanqueo. Intenta impedir importaciones para que no se usen dólares para pagarlas. Intenta que los exportadores saquen la soja de los silos bolsa para sumar divisas, y también intenta vía encajes bancarios favorecer la posición en reservas del Banco Central.

El futuro es hoy por hoy un mar de dudas. Nada está encarrilado y nadie sabe cómo seguirá la película.

La campaña iniciada en estas horas apunta a defenestrar a opositores con discursos descalificadores, como cuando Kirchner se detiene a afirmar que De Narváez tiene plata, como si ese hecho por sí sólo lo descalificara para ejercer un cargo político. Y como si el propio Néstor Kirchner fuera poco menos que un indigente.

Es realmente notable la baja calidad de los discursos y esto no es nuevo. No se conoce una sola idea coherente casi en ningún sector. Y desde el oficialismo se habla del modelo cuando en realidad tal modelo no existe ni jamás existió. Artilugios monetarios, controles de precios, falseamientos de datos estadísticos, prohibiciones inconstitucionales, no devoluciones de impuestos con argumentos fuera de la ley, proliferación de regímenes de retención tributaria provincial violatorios de los derechos elementales de los ciudadanos y habitantes en general, etc.

Con este cuadro de situación se sale también a hablar de los agoreros que pretenden que el gobierno tal vez no llegue a su fin. Pero ¿a qué agoreros se refieren? ¿A Pérsico?, ¿a Néstor Kirchner y su explosión ? ¿A los anuncios oficiales en los que se reitera que se intenta retornar a los 90 donde los mismos actores también estaban?

Solo nos queda reiterar lo que dijimos al comienzo: UN MAR DE DUDAS

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 30 de abril de 2009

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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EL MODELO ES LA ARBITRARIEDAD

La decisión del Poder Ejecutivo de crear un Fondo Federal Solidario con parte del producido de los derechos de exportación de soja es una intervención más en dirección contraria a la resolución de los problemas planteados en el sector agropecuario

Las reuniones que ha venido celebrando la llamada Mesa de Enlace con los representantes del Poder Ejecutivo intentaron emparchar una situación que se ha tornado insostenible. Del lado de los ruralistas se ha buscado mantener un diálogo guardando las formas, mientras que de parte del Gobierno ha venido a jugándose a dos puntas (por no decir que a una sola) desde los albores mismos del kirchnerismo.

Sin el ánimo de hacer demasiada historia, baste recordar las prohibiciones de exportaciones de carnes y sus derivados, lácteos, trigo o maíz. La creación de sistemas de permisos de exportar puestos a disposición de funcionarios con poderes discrecionales y toda la gama de idas y vueltas en materia de devoluciones por fletes, cantidades, pesos, distancias a puerto y demás que intentaron llevarse a la práctica luego de la recordada sanción de la Resolución 125 en marzo del año pasado por parte del Ministerio de Economía.

A ello se suma la persecución sufrida a los productores en el mercado de Liniers, los topes en el kilaje de los terneros para faena (modificados una y otra vez) las ventas forzadas de hacienda de proveniencia militar, las clausuras a los consignatarios, la difusión de carteles publicitarios y los discursos acusando a los productores de avaros, golpistas, destituyentes, piqueteros de la abundancia y pillos entre otras lindezas como la recordada del ex ministro Lavagna, que llamó a los productores primates.

Hay mucho, muchísimo más, como la improvisación de la creación de feed lots para hacienda holando, por ejemplo. O aquel decreto anunciando que los fondos provenientes del remanente de retenciones a la soja (el yuyo ) serían destinados a hospitales, caminos y escuelas. De lo contrario no habría ninguna de las tres cosas, podríamos agregar.

Bien. Está claro y más que claro que el actual Gobierno no ha tenido la intención de ajustar sus números a la realidad socioeconómica que nos toca vivir. No se trata de salvar a nadie de culpas, nos apresuramos a decir, pero es obvio que se perdieron oportunidades increíbles y que los mercados cárnicos, de lácteos, y en general agrícolas han perdido contra nuestros competidores y no tanto, como es claramente el caso de Brasil y del Uruguay.

Nosotros venimos observando una dialéctica basada en el oportunismo político, en la chicana, en la búsqueda del agujero donde meter la frase justa para poder ganar la pulseada verbal mientras se deteriora seriamente la producción agropecuaria, encima afectada ahora por la sequía de la que estamos saliendo, con un perjuicio inconmensurable para el país todo.

Nos preguntamos a quién puede favorecer que la situación económica no se encamine hacia un desarrollo sostenido en un mundo pujante en el que se aprovechen las oportunidades, como lo hacen, justamente, nuestros vecinos. Nos preguntamos seriamente a quién ha de resultarle beneficioso no terminar de ponerse de acuerdo respecto de una política agropecuaria en serio, con reglas claras y previsibles, cualesquiera éstas sean, en lugar de tantas, tantísimas idas y venidas en torno de lo mismo. Las amenazas de volver a un I.A.P.I., los discursos con cajas destempladas del ex presidente respecto de lo que es bueno y lo que es malo para todos los habitantes de la Nación, las acusaciones y los insultos de todo tenor y calibre de funcionarios de rango medio, como el ministro del interior, o de diputados como el Sr. Kunkel o la Sra. Vaca Narvaja, por sólo citar algunos.

La verdad es que en términos económicos toda esta parafernalia a nuestro juicio surrealista no conduce a una mejora de la situación, sino a todo lo contrario. Apuntarse un poroto por ganarles de mano a los adversarios o viceversa no es una ecuación que cierre en términos de bienestar económico. Podrá cerrar políticamente para una elección, pero no significará jamás pasar a una situación mejor en términos productivos o de bienestar. Y la larga, claro está, el desastre será inevitable, como tantas veces nos ha ocurrido.

La última novedad fue la creación de un momento para otro, de este fondo llamado federal solidario, con el objeto de destinar un 30% de los recursos provenientes de los derechos de exportación de la soja.

Observamos un grado de improvisación y arbitrariedad crecientes en los anuncios presidenciales. Todo parece un intento de ganar de mano, de dividir al otro, de hacer los movimientos por sorpresa sin otra finalidad que posicionarse políticamente.

Obsérvese que el Fondo del que hablamos se crea sin contar el hecho de que la soja vale hoy la mitad que en su mejor momento en julio pasado. Y que además no se consideran los derechos de exportación de los demás productos primarios. La soja, el yuyo, es el principio y el fin de todas las cosas, al parecer.

Siempre es interesante leer los considerandos de estas normas tomadas al atardecer de un día cualquiera sin consultar a nadie más que a un círculo íntimo en general integrado por personas que desconocen supinamente el funcionamiento de aquello sobre lo que legislan. Veamos algunos:

Que con la finalidad de asegurar el máximo de valor agregado en el país para obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, para promover, proteger y conservar las actividades nacionales productivas de bienes y servicios, los recursos naturales, las especies animales y vegetales; para la estabilización de los precios internos a niveles convenientes y mantener el volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, propiciar la redistribución de ingresos de actividades favorecidas hacia otras que lo son menos y atender las funciones fiscales; el Estado Nacional ha establecido derechos de exportación a determinados productos.

Si nos tomamos el trabajo de leer lo que podríamos llamar la plataforma política del año 2003, podremos comprobar que las retenciones a las exportaciones eran un impuesto distorsivo necesario durante la emergencia para intentar paliar los efectos, justamente, de la crisis, con la promesa de su eliminación a la brevedad posible. Este considerando no hace referencia a nada de eso, como se ve. Queda a cargo del Poder Ejecutivo determinar qué actividades son favorecidas, cuáles no, cuándo, cómo y en qué proporción, etc.

Que en ese orden, adoptamos esta medida para crear un FONDO FEDERAL SOLIDARIO que tenga por destino financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.

No queremos cansar a nuestros amables lectores con estas transcripciones, pero no podemos dejar de comentar éste considerando en particular. La financiación a la que hace referencia este párrafo es prácticamente la misma que la del decreto según el cual el Poder Ejecutivo iba a destinar los excedentes de retenciones surgidos de la Resolución 125, cosa que se frustró como consecuencia de lo ocurrido en el Senado, que es de todos conocido. Cabe preguntarse por qué razón durante todos estos meses no se hizo esto, y también por qué razón eran necesarios ingresos adicionales provenientes de las retenciones móviles para hacerlo hace apenas unos meses, cuando la situación internacional era absolutamente mejor que la actual, y ahora no hacen falta tales recursos. O también por qué ahora puede disponerse del 30% de los fondos provenientes de estas retenciones y antes, cuando la soja valía el doble, no. Todo esto es incomprensible.

Lo que no es incomprensible es que las provincias están en su mayoría con la soga al cuello en materia financiera y que la situación se ha tornado insostenible. También es rigurosamente cierto que esta suerte de coparticipación crea en gobernadores e intendentes un verdadero conflicto de intereses, como consecuencia de que ahora recibirán recursos (al menos promesas de ello) y no será simplemente que el Estado Nacional se los quite vía retenciones. En otras palabras: los ruralistas no podrán cargar contra sus diputados y senadores como venían haciéndolo, porque ahora al menos una parte del dinero, un resto, les volverá.

Pero es un resto, insistimos. Porque justamente los derechos de exportación el gobierno considera que no son coparticipables en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución (lo dice específicamente otro de los considerandos).

Es la soja y es el 30% porque la señora presidenta, su marido y su grupo íntimo han considerado que así está bien. Podría haber sido otro número, otros productos, algunos, todos o ninguno. La señora presidenta y su marido, más tres o cuatro personas más, lo decidirán. O lo cambiarán esta noche, o mañana. O no.

Mientras tanto, desde la O.N.C.C.A. otros funcionarios deciden si alguien puede exportar, cuánto, cuándo, cómo, en qué condiciones.

Y otros funcionarios deciden cuál será la inflación de cada mes a informar por el IN.D.E.C. Y cuál la desocupación, o el índice de pobreza. O lo que fuere.

Estamos realmente en el reino de la arbitrariedad. Los diputados que acaban de votar el adelanto de las elecciones simplemente fueron a levantar la mano porque así se lo ordenaron, como lo hicieron todos estos años. El problema está en que la oposición está cada vez más unida y junta más gente. Por eso la intención de sesionar para tratar el tema de las retenciones juntó nada menos que a 109 diputados, una cifra muy grande y cercana a los 129 necesarios para tener quórum. Y esto, dicen no pocos analistas, asustó al matrimonio presidencial.

Es muy probable que así hubiera ocurrido. No lo sabemos. Pero queda en el aire la sensación de que algo de eso hubo.

Nos cabe decir, a modo de reflexión, que esta medida con toda seguridad no será de cumplimiento efectivo, como no lo han sido tantas medidas tomadas de apuro especialmente durante el gobierno de la señora Cristina Fernández.

El colofón de todo esto es que los ruralistas no se ven beneficiados con esta curiosa medida. Y cuando algunos ministros han salido a mencionar días pasados cuántos fondos habían sido destinados al sector como producto de la emergencia agropecuaria, resultó cuando menos grotesco oír las cifras. Dos mil millones de pesos en números redondos, para una producción primaria que supera en grandes rasgos anualmente los 150 mil millones, con retenciones que llegaron a cifras inusitadas, del orden de los 40.000 millones de pesos. Y encima el dinero devuelto está considerado en la vieja ley de emergencia agropecuaria, y que el gobierno no hizo más que avanzar en su cumplimiento.

Al momento de concluir estas líneas, nos enteramos de que un nuevo paro de actividades se iniciará esta noche por una semana. Los dirigentes hablan de lo alentar cortes de rutas, y piden a los funcionarios que no los alienten tampoco con declaraciones insultantes como suelen hacer.

La verdad es que insistimos en señalar nuestra desazón. Ayer mismo estaba cortado el puente Pueyrredón por un grupo piquetero, pero los funcionarios se quejaban de los cortes de ruta de sectores del campo. Distinta vara para medir lo mismo, tal como lo ha señalado de manera desfachatada el propio presidente del partido justicialista en más de una oportunidad.

Esperemos que finalmente todos y cada uno de los actores de esta tragicomedia, que en definitiva somos todos, hagamos algo por mejorar esto. Hay que terminar con la arbitrariedad y volver al Estado de Derecho, si es que alguna vez verdaderamente existió.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009

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