Blog de Héctor Trillo

Pese a que desde el Gobierno se niega una y otra vez que existan controles, lo cierto es que poco a poco va intensificándose la presión sobre las empresas para que no incrementen los precios.

Comenzaremos este comentario señalando una vez más lo obvio: la política monetaria llevada adelante por el Gobierno es inflacionaria, es por eso que el país tiene hoy una inflación creciente. Y por supuesto que el problema no se solucionará atacando las consecuencias, sino que es preciso abocarse a las causas.

Como tantas veces hemos señalado, las causas de la inflación son esencialmente monetarias, y en el caso argentino, como se sigue adelante con la política expansiva de la cantidad de dinero para comprar excedentes de divisas, se produce inflación inexorablemente. La sobreabundancia de pesos es inflacionaria, y es por eso que el Banco Central trata de reducir el circulante mediante la colocación de Lebacs. Sin embargo, esa política produce un endeudamiento creciente y una tendencia a la suba de tasas de interés. A su vez, el Banco Central debe pagar esos intereses aumentando de ese modo las presiones inflacionarias y también de la tasa de interés.

La base del problema está en que la política elegida de sostener un tipo de cambio artificialmente alto es necesaria para hacer competitiva la producción local. De manera que en lugar de encarar desde su origen el problema de la ineficiencia, lo que se hace es utilizar un artilugio monetario para lograr el efecto deseado sin necesidad de “hacer los deberes”.

Esto no es nuevo ni en el país ni en el mundo. Durante un tiempo el sistema se sostiene, sobre todo cuando se arranca de una crisis terminal y con una memoria inflacionaria adormecida por una larga década de estabilidad. La enorme capacidad ociosa de los tiempos de la crisis, poco a poco ha ido disminuyendo y mucha gente ha ido consiguiendo trabajo pese a que los sueldos son muy bajos en moneda dura, precisamente para hacer competitiva la producción local.

Actualmente la economía argentina ha llegado al punto en que es imprescindible la llegada de nuevas inversiones si se pretende seguir creciendo luego de la recuperación. Y es aquí donde aparece el problema inflacionario, dado que decidir invertir en un país sin seguridad jurídica y con discursos y actitudes políticas que para nada generan el llamado “clima de negocios” es casi imposible.

El país sigue teniendo un superávit fiscal notable y único. De tal modo que el Estado tiene un “colchón” importante para solventar obra pública y para cumplir entre otras cosas con las obligaciones asumidas en el canje de la deuda, al menos en parte. Podríamos decir aquí que afortunadamente tiene el superávit que tiene, de lo contrario el problema inflacionario, hoy todavía incipiente, se habría desatado con toda la furia hace ya bastante tiempo

Muchas veces nos hemos referido a estas cuestiones de manera que nuestra opinión no es nueva en este sentido y no hacemos más que reiterarla aquí. Pero lamentablemente nos vemos obligados a ser reiterativos ante la insistencia tozuda del Gobierno por controlar precios y evitar las consecuencias de esta política. La suba de los precios no es ni un fenómeno paranormal ni una plaga. Tampoco es el resultado de conspiraciones como suelen sostener sectores ideológicos que no se han detenido a observar, sin entrar en demasiados detalles, que los más favorecidos por la devaluación (exportadores e industrias), mal pueden conspirar contra el sistema que tanto les ha dado. Ello sin dejar de decir que pensar que toda una comunidad (la que fuere) conspira contra algo es una generalización absurda e inconsistente por donde se la mire.

El Gobierno, y el presidente en particular, insiste en una política “acuerdista”, como se ha dado en llamar. Pretende negociar con empresarios representativos de sectores claves, listas de precios congelados de algunos productos por lo menos. Así es como en estas horas ha logrado acuerdos con representantes de empresas lácteas. Estos acuerdos comprenden unos pocos productos y son por tiempo limitado, y encima si uno lee los detalles verá que el compromiso asumido es tal siempre y cuando no cambien las condiciones del mercado Es decir que prácticamente nada. Esto no es casualidad y entendemos que el Gobierno no puede ignorarlo. Es decir que desde la ministra Miceli hasta el propio presidente de la Nación saben que estas cosas no sirven para mucho. Kirchner pretende lograr una tasa de inflación por debajo de los dos dígitos, mientras el propio presupuesto nacional aprobado y promulgado por él mismo contempla un techo de dos dígitos. Estamos ante una ilusión, desgraciadamente. Probablemente se apunte a las expectativas, no lo sabemos con exactitud. Pero lo cierto es que la modificación de las expectativas puede hacer que el problema del recrudecimiento inflacionario se postergue un tiempo, pero no que se evite.

Las pujas salariales son la otra pata de la cuestión. El sector público se encuentra rezagado en general y las presiones sindicales son crecientes. Y también lo son desde el ámbito de la CGT, pese a los acuerdos logrados por el Gobierno con ésta última. Y ni hablar de las tarifas de servicios, que continúan congeladas y probablemente sigan así por bastante tiempo.

Otro aspecto que hay que señalar para evitar confusiones es que los precios no son cualquier cosa, sino el resultado de la simple ley de oferta y demanda. Un producto se vende a mayor precio si hay quien lo pague, de lo contrario debe bajar porque no se vende. Esta obviedad parece ser negada absolutamente. Por ejemplo por aquellos que sostienen que los precios se acomodaron para arriba cuando el dólar estaba en cuatro pesos y jamás bajaron. Aparte de que esta afirmación es decididamente falsa, lo cierto es que un precio no baja si hay compradores. Y si baja por presiones del Gobierno entonces el bien se agota o aparece el mercado negro, como suele ocurrir con la llamada “reventa de entradas” para espectáculos.

Por eso la ministra Miceli anuncia líneas de crédito y el Gobierno todo está empeñado en llevar adelante promociones de inversiones en varias áreas. Lograr incrementar la oferta es parte de la solución.

En resumen el Gobierno continúa avanzando sobre la idea del control liso y llano de precios cuyas consecuencias todos conocemos, la promoción de inversiones que ha dado lugar históricamente a todo tipo de corruptelas (recuérdense los galpones de Delconte, por ejemplo), las líneas de crédito blando que, otorgadas por bancos del Estado terminan favoreciendo a sectores amigos, la presión tributaria que prosigue incólume en medio de un sistema francamente retrógrado y distorsivo, y el endeudamiento público a tasas exorbitantes mediante las Lebacs para tratar de mantener el circulante monetario en términos razonables.

Naturalmente que la recuperación económica a tasas del 9% anual es un ingrediente sumamente estimulante, pero hay que comprender que recuperar niveles de producción no es, en sí mismo, sinónimo de crecimiento. Cuando se cuenta con capacidad ociosa y con gran tasa de desocupación, es bastante sencillo reactivar pagando bajos salarios y exportando, pero a medida que la situación vuelve a la normalidad (y la normalidad buscada, hay que decirlo, es la que existía en 1998), las complicaciones se suceden.

Lamentablemente el discurso presidencial suele ser el de echar culpas a empresarios o grupos económicos, un fantasma que no aparece por ningún lado y menos todavía cuando el propio Kirchner se reúne a solas como Alfredo Coto luego de haberlo acusado prácticamente de ladrón públicamente. La búsqueda de culpables, sobre todo si son difusos, no resuelve los problemas, sino que los incrementa..

Vienen a nuestra mente aquellas acusaciones de “golpes de mercado” o de “mercados que se enojan”, por ejemplo. Una especie de demonización que no conduce a ninguna parte, salvo a ignorar una y otra vez dónde está el meollo de la cuestión. O a pretender ignorarlo, que es peor.

Mientras tanto, Bolivia se apresta a subir el precio del gas que nos vende pese a todo cuanto se diga en contrario, Uruguay se acerca a un acuerdo bilateral con EEUU aunque tenga que romper con el MERCOSUR, Brasil continúa sosteniendo ese discurso híbrido y muy habilidoso en términos diplomáticos, y Chile y México continúan creciendo aislados casi totalmente del resto de América Latina.

Buenos Aires, 14 de enero de 2006

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

El año 2005 será recordado en Argentina por varios aspectos, algunos duraderos, otros efímeros. Algunos trascendentes y otros nimios. Pero todos marcarán la impronta de un gobierno que la promediar su mandato debe definir si el curso de acción que conlleva lo conducirá inexorablemente a repetir viejas experiencias, o si por el contrario se revisará a fondo la concepción política y de economía del país.

El año 2005 ha sido fundamental desde el punto de vista económico para la Economía Argentina por varias razones. Sin ninguna duda que la primera y fundamental fue la salida parcial del default Las negociaciones que condujeron al canje de la deuda externa culminaron con un porcentaje de aceptación del orden del 76%, lo cual implicó una quita cercana a los 70.000 millones de dólares. Al mismo tiempo quedó sin resolver el resto de la deuda pública, esto es el 24%, que significa una cifra de 24.000 millones de la misma moneda que han quedado fuera de la conversación e inclusive de las cuentas públicas. Una verdadera espada de Damocles sobre la cual prácticamente no se dice una palabra, pero que implica un riesgo enorme, en especial en lo que se refiere al movimiento del dinero de las reservas, que debe ser cuidadosamente manipulado para evitar embargos, lo cual significa entre otras cosas que debe ser colocado en lugares seguros y a tasas muy bajas (del orden del 2% anual), impidiendo así una rentabilidad adecuada dentro del llamado señoreaje (renta de la colocación de las reservas públicas).

El otro punto que sin duda ha adquirido una gran relevancia en la economía argentina fue el del retorno de la inflación. Este fenómeno, que es esencialmente monetario, ha sido una consecuencia directa del modelo expansionista neokeynesiano aplicado por el Gobierno, al que se suma el mantenimiento de un tipo de cambio alto sostenido mediante compras de divisas a precios artificialmente elevados y la llamada política de sustitución de importaciones , que consiste en reemplazar por producción nacional los productos importados cuya llegada se complica precisamente por el encarecimiento artificial del tipo de cambio que señalamos. De ello deriva el atraso tecnológico y la merma de la calidad de los bienes ante la falta de competencia internacional. Amén de una tendencia a la suba de precios precisamente impulsada por la falta de competencia.

Un tercer aspecto es el de la cancelación anticipada de la deuda con el FMI. Una medida llevada a cabo a las apuradas, en un marco decididamente alejado de la institucionalidad y con el estigma de haber sido tomada para no quedar descolocados frente a la decisión brasileña en el mismo sentido, tomada 48 hs antes. El pago anticipado de una deuda con tasas de interés excepcionalmente bajas como las que aplica el Fondo no resiste el menor análisis financiero, aunque escapa a nuestro entender la finalidad política que sin duda encierra. Lo cierto es que los dólares que los exportadores liquidan obligatoriamente y que el Estado adquiere mediante emisión de moneda fueron destinados al pago de esa deuda, al tiempo que las Lebacs emitidas para retirar de circulación esa misma moneda emitida, pagan hoy por hoy tasas entre el 8 y el 15% en dólares.

Un cuarto aspecto que no podemos dejar de señalar es que siendo 2005 un año electoral en Argentina, motivó la ya tradicional suba del gasto público, provocando un recalentamiento de la economía y azuzando los índices inflacionarios. Ello originó luego una de las últimas medidas del Dr. Lavagna, como fue la reactivación del llamado fondo anticíclico al tiempo que anunciaba que finalmente el gasto público se ceñiría estrictamente a lo presupuestado, aunque por seis meses únicamente, dado que para el ex ministro hacer política económica implica cambiar permanentemente para adaptarse a las circunstancias. La idea de la intervención permanente en la economía argentina conlleva desde ya abrir y cerrar paraguas según como esté el clima, aunque ello conlleve el riesgo cierto de alejar definitivamente la llegada de inversiones fundamentales para el desarrollo.

Obviamente que la salida del ministro de economía luego de denunciar actos de corrupción en la obra pública constituyó el baldón político del año, aunque hubiera sido minimizado por algunos sectores vaya uno a saber por qué. Se recuerda que tales actos de corrupción implicaron la interrupción de líneas de crédito por parte del Banco Mundial hacia Argentina, y el tema hasta el día de hoy no ha sido ni siquiera elevado a la categoría de investigable, que sepamos.

No podemos dejar de mencionar la Cumbre de las Américas en Argentina con la llegada del presidente norteamericano al país. En general los analistas de economía coinciden que el manejo que se hizo de esta cuestión ha sido por lo menos deficiente. Si bien la Argentina tomó distancia del ALCA para mantenerse cerca del Mercosur y hacer fuerza en conjunto por la abolición de los subsidios agrícolas en los países centrales, no era necesario llegar incluso a actitudes de neta descortesía como anfitriones. Precisamente en esa Cumbre, recordamos, George Bush dijo públicamente que estábamos en condiciones de arreglarnos solos con el FMI, y que era necesario avanzar sobre la corrupción, punto este que se encadena perfectamente con lo ocurrido después pero que también fue soslayado por los comentarios de la prensa.

Otros aspectos de relevancia pueden señalarse, como por ejemplo la reciente elección de Evo Morales en Bolivia o el creciente acercamiento a Hugo Chávez para financiar lo que deja de financiarse en organismos multilaterales de crédito. Hoy tenemos el problema de las papeleras uruguayas, que ha motivado la internacionalización de las prácticas piqueteras , con la complacencia del gobernador entrerriano y del intendente de Gualeguaychú, aspecto este que convierte a una práctica ilegal y prepotente, en algo avalado por el Estado argentino internacionalmente. Si bien es probable que en un punto se concilie, es un tema muy preocupante porque la relación con el Uruguay puede tener implicancias serias en varios frentes, dada la cercanía ideológica de su gobierno con el nuestro y su participación en el Mercosur. En materia energética como se sabe la cuestión no pinta para nada bien, sobre todo por la falta de inversiones originada en la política seguida en la materia, que incluye al día de hoy la anunciada continuidad del congelamiento de tarifas domiciliaras durante 2006

La desocupación ha bajado bastante y si encuentra en el orden del 14% si consideramos desocupados a quienes perciben planes de ayuda gubernamentales, que entendemos es lo que corresponde. Y esta merma se condice con el crecimiento de la economía, que alcanzó una cifra notable del 9,2%.

La nueva ministra de economía Felisa Miceli ha profundizado la línea acuerdista en materia de precios, considerándola vital para frenar expectativas inflacionarias, cuando es sabido y conocido que la inflación no se detiene con este tipo de medidas, sino que más bien se exacerba ya que la tendencia a “cubrirse” es un dato. Y nadie está libre de caer en las fauces acusatorias presidenciales, por lo demás.

Es a estas alturas evidente que la llegada de inversiones a la economía argentina requiere una política seria y consistente en el tiempo, enmarcada en la seguridad jurídica y en el respeto de las instituciones consecuente. Cualquier marco regulatorio que se disponga, más allá de las opiniones personales de cada uno, debe ser mantenido en el tiempo y garantizada la estabilidad de las normas. Resulta imposible pensar en inversiones a 20 o 30 años en un esquema en el cual un mes parece un siglo.

Y precisamente la preocupación que hoy se da en materia de inversiones es especialmente importante, dado que la capacidad ociosa instalada ha sido prácticamente cubierta por la reactivación, excepto en el sector automotor, lo cual implica que la demanda agregada creciente solo puede ser satisfecha con mayor producción y que ésta requiere de nuevas inversiones. A eso apuntan los distintos incentivos crediticios y las desgravaciones impositivas, que pretenden suplir la llegada genuina de inversiones, del mismo modo que pretende suplirse la falta de competitividad con un dólar alto y salarios bajos en dólares. No hay que dejar pasar que todo incentivo es pagado por el resto de la economía, que sufre en consecuencia el desincentivo resultante.

Nuestra conclusión es que los aspectos de la economía argentina que podemos signar como positivos, tales como haber negociado con buenos resultados el canje de la deuda, deben ser acompañados por políticas serias y duraderas que garanticen a los inversionistas el llamado clima de negocios. Por lo demás, el Estado debe emprender de una buena vez una reforma que conduzca a la eficiencia del gasto público tanto en la esfera nacional, como en la provincial y municipal. Es imprescindible terminar con los artilugios monetarios que pretenden volver competitivo lo que no es. Es indispensable concluir con los llamados impuestos distorsivos en la economía, en especial los derechos de exportación, que implican un desaliento a mayores inversiones en las áreas más rentables y el consecuente desarrollo industrial genuino que se asocia precisamente a estos sectores. Es imprescindible llegar a un acuerdo en la coparticipación federal, aún pendiente, que signifique además terminar con los llamados adelantos transitorios. En verdad, lo ideal sería volver al sistema federal de la Constitución, donde cada provincia recaude sus impuestos sin necesidad de recurrir a los impuestos nacionales “de emergencia” (como el impuesto a las ganancias) durante 70 años para ser manejada su distribución por el poder político de turno.

Es preciso emprender el camino de la sana política económica, permanente y estable, al tiempo que se adecua la asignación de los recursos públicos a la genuina eficiencia del Estado en aquellos aspectos en los cuales resulta impensable que delegue, tales como la seguridad, la educación y la salud pública. La tarea es ímproba, sin duda. Y todo está por hacer.

De no ser así, las cosas terminarán deteriorándose más temprano que tarde, y la inflación irá menguando poco a poco la recuperación lograda. Toda política económica y monetaria que signifique alterar factores de mercado, debe ser medida en tiempo y beneficios y no es concebible que pueda eternizarse, que es lo que ocurrió con la llamada convertibilidad.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2005

Copyright © Cdor. Héctor Blas Trillo - Reservados todos los derechos contador@hectortrillo.comEstudio Héctor Blas Trillo
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La inflación es un fenómeno esencialmente monetario y no de márgenes de utilidad o “carteles” que suben precios. De la comprensión del problema depende la solución. El punto es si se desea resolver el problema o por el contrario se pretende postergar sus efectos.

Los acontecimientos acaecidos en la semana que concluye muestran a las claras que estamos ante la evidencia de que el problema inflacionario ha llegado para quedarse, tal como hemos venido señalando desde hace más de un año. Sorprende especialmente la falta de claridad técnica observada en los funcionarios en general, y de Economía en particular. Si bien puede ser entendible (aunque de ningún modo justificable por el daño que infiere a la población) que el ala política del gobierno acuse a empresarios incluso con nombre y apellido de pretender obtener ganancias excesivas o “injustificadas”, no parece de buen tino que la recientemente designada ministra del área anuncie medidas de fiscalización de precios a cargo de intendentes bonaerenses como parte de las “medidas antiinflacionarios” encaradas por el Gobierno Nacional.

Es obvio que ni los “carteles”, ni los empresarios que pretenden ganar dinero o incluso muchísimo dinero no producen en sí inflación, y por lo tanto el razonamiento es, desde el vamos, muy poco técnico, por no decir otra cosa. Los primeros, es decir los “carteles” constituyen una violación de las leyes de competencia que deben ser sancionados tal y como corresponde. En cuanto a los márgenes de ganancia, nada tienen que ver con un proceso inflacionario aún visto desde el punto de vista más elemental. Nadie paga por un producto lo que no vale, y si paga por él, entonces lo vale. Es tan sencillo que cuesta creer que verdaderos técnicos y economistas puedan caer en el discurso político de acusar a comerciantes de un problema monetario generado por la política elegida de sostenimiento de tipo de cambio alto. O competitivo, como le gusta decir al Presidente. Volvernos competitivos sin serlo, porque siéndolo, no es necesario un tipo de cambio artificialmente elevado.

Los artilugios monetarios como el del tipo de cambio elevado artificialmente, se sostienen con emisión de moneda no requerida por el mercado. Ese solo hecho produce

inflación. La moneda excedente, como los tomates excedentes, o el producto que fuere, provoca baja de valor, precisamente por ser sobreabundante. Es por eso que el aire es gratis aún siendo imprescindible.

No es que queramos caer en lecciones elementales de economía, sino que nos preocupa sobremanera el sesgo acusatorio que han tomado los hechos. Enviar a intendentes con grupos de personas a verificar precios es la antesala de cosas peores que ya hemos vivido, y varias veces. Que un comerciante quiera vender un producto a un precio más elevado es cosa de él, y es nuestro derecho no comprarlo. Pero que el comerciante tema ser atacado, saqueado, sitiado por un piquete o algo por el estilo por vender libremente un producto al precio que quiera es gravísimo. Es verdad que se reitera oficialmente que de ninguna manera es éste el fin perseguido, pero dudamos de que alguien pueda estar tranquilo ante este panorama.

No queremos caer en comentarios de tinte político, pero no podemos dejar de observar una realidad: el modelo económico de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto ha llegado a su fin, porque los efectos no deseados, o como se dice ahora los “daños colaterales” son cada vez más evidentes y es necesario salir a corregir el problema con medios técnicos, sobre los cuales podremos discutir, estar de acuerdo o no estarlo. Pero con medios técnicos, no con discursos altisonantes acusatorios y hasta clasistas.

Los datos con que contamos muestran en noviembre un crecimiento del índice de precios del orden del 1,2%, valor que podrá disimularse un poco y de hecho estimamos que no se corresponde con la realidad, pero que muestra a las claras que estamos en un problema generalizado de suba de precios de toda la economía, es decir, de un proceso inflacionario desatado, con tasas todavía bajas para nuestra historia, pero descomedidas en el marco internacional. Recordamos a quienes nos siguen que a principios de este año, nuestras estimaciones estaban en el orden del 13 o 14% para todo el período, cosa que podrá morigerarse tal vez con los corsés sobre algunos precios “pactados” con supermercadistas, pero que no es más que una postergación, volvemos a decir.

Los productos que se venden en los supermercados, con ser cruciales para la vida ciudadana, no son ni el 10% de los bienes y servicios en general que maneja una economía. Tomar a tales establecimientos como el centro del problema es, además, limitante y francamente discriminatorio. Las bajas de precios acordadas por la Licenciada Miceli llevan a preguntarse si los bienes producidos alcanzarán a satisfacer la demanda a tales precios reducidos, o si en cambio se producirá desabastecimiento. Porque una demanda excedente debe ser satisfecha y para ello es preciso una producción adicional, que requiere inversiones. Basta el ejemplo del gas para comprender lo que queremos decir.

En la Argentina han subido y continúan subiendo TODOS los precios, y también los salarios. Desde alquileres hasta taxímetros, desde tasas e impuestos hasta servicios médicos.

Cabe preguntarse si algún inversor está dispuesto con este panorama a instalar un supermercado, por ejemplo. O un tambo.

La preocupación del Dr. Lavagna respecto a la necesidad de promover inversiones era similar a la que muestra la flamante ministra Miceli. La búsqueda de aprobación del nuevo régimen de desgravación de ganancias invertidas en bienes de capital a punto de sancionarse muestra claramente la paradoja de que es necesario lanzar ofertas para lograr lo que el mercado no logra: más inversión.

Los márgenes de utilidad de las empresas son los posibles. Y es lógico que cada empresario pretenda ganar más dinero, porque para eso se dedica al comercio o a la producción. Que algunos precios suban debe ser convalidado por el mercado, es decir por la demanda. Y si no hay suficientes medios de pago, algunos precios bajarán.

Quien compra fideos deja de comprar carne. Así de sencillo. A menos que el Estado convalide el nuevo escalón con emisión de moneda, que es lo que viene ocurriendo.

Si observamos el nuevo Presupuesto Nacional veremos que la inflación estimada para 2006 marca un tope máximo del 11%. Es decir que el propio Gobierno acepta que los precios subirán un 11%. ¿Esto significa que si los precios son “remarcados” hasta allí ello es razonable y no un abuso, pero si llegaran a ser incrementados un 12% sería irracional y abusivo?.

Hemos podido escuchar a conocidos periodistas afirmando que la baja del 15% acordada con algunos empresarios demuestra que los márgenes de ganancia eran amplios y que pueden ser menores. ¿Esto quiere decir que el fenómeno inflacionario desaparecerá si los comerciantes y empresarios ganan menos dinero?, ¿O se limitará a un módico 11% que para tales periodistas “está bien”?.

Resaltamos este punto porque nos parece que tanto discurso errado contribuye a torcer la idea que el hombre común puede hacerse de qué cosa es la inflación.

Vender algo más barato aumenta su consumo, y si el precio no sube debe aumentar la producción, o el bien se agota, como el gas. Y para aumentar la producción, insistimos, hay que invertir, para lo cual hacen falta reglas de juego claras, estabilidad en las normas, seguridad jurídica, y no exponernos a que un piquete o un grupo de saqueadores comandado por quienquiera que fuere nos quite bienes y haciendas ante la mirada impávida de las autoridades, como ha ocurrido y probablemente ocurra nuevamente, lamentablemente.

Quienes cuentan con algunos años tal vez recuerden que en los años 50 los almaceneros iban a parar a la cárcel de Devoto por “especular y subir los precios”. La moneda nacional tiene hoy 13 ceros menos que la vigente en 1969. ¿Es esto culpa de especuladores y comerciantes deshonestos?. ¿Combatiendo la deshonestidad se combate la inflación?.

Estamos ante la lucha contra los molinos de viento. Estamos en la antesala de un problema mucho mayor. La inflación es el impuesto más injusto y afecta primero que a nadie a quienes perciben remuneraciones fijas.

Pretender derogar la ley de la oferta y la demanda es una vieja aspiración desde el emperador Diocleciano en adelante. El resultado es de todos conocido. Al menos eso creíamos.

Esperemos que la sensatez vuelva allí donde parece haberse escurrido. Hemos tenido una recuperación notable y ya superamos incluso los niveles productivos de 1998, los mejores de la historia. Continuar creciendo implica morigerar el gasto público y hacer eficiente la administración, de manera que la asignación de recursos sea por lo menos buena. La baja de los impuestos puede lograrse si el dinero proveniente de ellos no se malgasta, para poder contar con los servicios que presta el Estado sin tener que abonarlos dos veces, como ocurre con la seguridad o con la educación. Por ejemplo, bajar la carga pública que significa cumplir con innumerables exigencias de los entes de recaudación de impuestos, por ejemplo, bajaría dramáticamente los costos de administración de cualquier empresa, sea esta pyme o no.

El camino a seguir es claro y conocido, pero de eso no se habla, al menos hasta ahora.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2005

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Mientras el presidente del Banco Central reconoce la necesidad de subir las tasas de interés para contener el rebrote inflacionario, el gobierno sigue empeñado en postergar los efectos inflacionarios de un plan que genera inflación por definición.

En los últimos días los indicadores de precios al consumidor para el mes en curso han mostrado variaciones positivas inquietantes, sobre todo en materia de alimentos de la denominada canasta básica. Como tantas veces hemos señalado, resulta difícil predecir en qué momento los precios alcanzarán los porcentajes de la devaluación, pero sin ninguna duda que lo harán, y posiblemente más temprano que tarde en la medida en que ya se ha superado prácticamente la capacidad ociosa resultante de la crisis. En estos momentos, en que el crecimiento sostenido ha llegado a valores de producción de 1998, comenzamos a recorrer el camino de la imperiosa necesidad de inversiones, junto con una inevitable suba de precios que como se sabe el gobierno trata de controlar mediante procedimientos demasiado conocidos en nuestro país.

Desde el Banco Central, la llamada "ortodoxia" monetaria de retirar de circulación la emisión utilizada para comprar excedentes de divisas para sostener el precio por encima del valor de mercado, es acompañada por la suba de tasas que también se requiere cuando el proceso inflacionario comienza a marcar el rumbo, aparte de la elevación natural que provoca el endeudamiento requerido precisamente para lograr el cometido de retirar la moneda emitida del circulante.

A todo esto, las sucesivas negativas del ministro de economía respecto de una negociación con el FMI una y otra vez se chocan con la realidad de que tanto al organismo multilateral como a la Argentina les resulta conveniente arribar a un acuerdo.

La deuda a refinanciar es del orden de los 18.400 millones con el Fondo hasta 2007, lo cual aparece como imprescindible.

El Dr. Lavagna no ha querido avalar tasas en dólares por encima de 8,5% anual, y por eso declaró desierta la semana pasada la licitación de los nuevos Boden 2015, pero ello le crea problemas en lo que resta del mes de setiembre, y deberá recurrir a fondos del Tesoro para hacer frente a algunas obligaciones financieras.

La idea de dejar caer el dólar ha hecho decir al presidente del Central que ésta no produciría una baja de los precios, lo cual es cierto, pero probablemente no por las razones que la generalidad de la población tiende a creer. Los precios de los bienes, sobre todo los minoristas, distan de haber alcanzado el porcentaje de ajuste que sí tuvo el dólar, que para peor está inflado artificialmente. De manera que es razonable suponer que, o bien continuarán subiendo (algo que eufemísticamente o no hoy se llama "reacomodamiento"), o bien no bajarán si el tipo de cambio cae. De hecho ningún precio cae si la gente lo paga, y si no lo paga no es el precio.

Mientras tanto el gobierno sigue tratando de fomentar las inversiones, que como venimos diciendo resultan imprescindibles para crecer. Y este intento se afianzará en el curso de esta semana mediante la presentación de un proyecto de desgravación en el impuesto a las ganancias de las compras de bienes de capital. La idea, para nada novedosa, consiste en que en tales casos el dinero invertido sería considerado un gasto y por lo tanto quedaría desgravado directamente el primer año de la inversión, sin necesidad de seguir el tradicional proceso de amortizaciones o incluso de amortización acelerada.

Insistimos en el punto de que las promociones son consecuencia de la evidencia de que sin ellas las inversiones no llegan, o no llegan lo suficiente. Del mismo modo de que los acuerdos de precios y las medidas "ortodoxas" en materia monetaria que comentamos, son indicativas de que la inflación es un dato.

Otro aspecto de interés es que el Banco Mundial está listo para aprobar en enero un nuevo programa de créditos para nuestro país. Se habla de una cifra de U$S 3.000 millones a tres años y se trata de un programa de asistencia que reemplazará al que vence.

Existe la idea de que el Banco Mundial junto con el BID financien la reconversión del Plan Jefas y Jefes para que 500.000 personas que hoy cobran este tipo de plan se integren al plan Familias, que consiste básicamente en ayudar a las madres siempre y cuando vacunen y envíen a sus hijos al colegio. El programa resulta al parecer exitoso en otros países donde está aplicándose, pero muestra a las claras el cuadro de situación en el que desgraciadamente nos encontramos.

La salida del grupo Suez de Aguas Argentinas se enmarca en el retiro progresivo de inversiones del país galo de América Latina, pero también es un indicio cierto de la situación en que se encuentran las mal llamadas "privatizadas". La renegociación de los contratos ha venido avanzando en un marco de necesidad por parte de las empresas de aceptar imposiciones en muchos casos bastante inconsistentes (como el sistema de premios y castigos por no bajar los consumos eléctricos modificado sobre la marcha e incluso con implicancias retroactivas), ante la realidad de que una salida puede significar una pérdida mayor. Pero lo cierto es que la falta de inversiones en áreas clave, como la petrolera, indican un progresivo retroceso en la calidad de los servicios, que se acrecentará de continuarse con la misma política.

Los efectos supuestamente beneficiosos del tipo de cambio alto, como hemos dicho muchas veces, se contraponen con el encarecimiento de la tecnología de punta que debe importarse, y con la imposibilidad de sostener tarifas políticas y pretender inversiones que deben pagarse en divisas.

Los modelos de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto son inflacionarios y regresivos en materia de tecnología. Es un dato de la realidad. Y la necesidad de una reforma estructural del Estado en todos sus niveles para convertir a la Argentina en un país eficiente, tiene un costo político demasiado elevado como para afrontarlo en tanto y en cuanto la economía más o menos continúe en crecimiento, y máxime en un año electoral.

Veremos entonces cómo continúa la política económica luego de las elecciones, fecha para la cual todo lo que sea ajustes de precios, salarios y tarifas, ha venido postergándose.

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2005

© Héctor Trillo

Las decisiones y proyectos económicos apuntan siempre en la misma dirección.

En el proyecto de presupuesto para el año 2006 no se prevén cambios en el sistema tributario. Es más, el gobierno ha venido diciendo que el único impuesto que considera “distorsivo” es el de las transacciones financieras (impuesto al cheque), por lo que parece haber dejado de lado definitivamente la pauta establecida en la mismísima plataforma electoral del actual presidente, en el sentido de tender a liminar progresivamente las llamadas retenciones a las exportaciones, que en verdad son derechos de exportación. A fin de año deberán votarse las leyes que extienden los llamados impuestos de emergencia, tales como Ganancias, Bienes Personales y el citado impuesto al cheque. Muchos tal vez no tienen presente que la Constitución Nacional determina que los llamados impuestos directos deben ser votados y aplicados por las provincias, por lo cual que lo haga la Nación solamente puede permitirse en estado de emergencia. El viejo impuesto a los Réditos (hoy a las Ganancias) subsiste en tal condición desde los años 30. Esto tiene relación directa con la coparticipación federal, un tema del cual nos ocuparemos en profundidad en algún momento, pero que pone en manos del Estado Nacional ingentes recursos que se reparten según determinados criterios, y a ellos se suma en los últimos años la entrega de los llamados ATN (adelantos transitorios de la Nación) a determinadas provincias para atender necesidades de diverso tipo.

El índice de precios, a todo esto, sigue contenido por una diversidad de controles directos e indirectos que ejerce el gobierno, tales como acuerdos de precios de cortes cárnicos o lácteos, los propios derechos de exportación, el cuasicongelamiento de las tarifas de todos los servicios públicos, los boicots ordenados desde la tribuna presidencial, etc. Así las cosas, el alza registrada durante agosto parece que su ubicará entre el 0,5 y el 0,7%, y ya sobre finales de dicho mes, nuevos anuncios tales como la prohibición de faenar animales vacunos de menos de 300 kg, y en curso de la semana que acaba de conluir las amenazas a las petroleras con un incremento en los derechos de exportación (que hoy por hoy están en el 45% del valor bruto exportado), a través de las expresiones del presidente que dijo textualmente que “ya sabemos las medidas que tenemos que tomar” en el caso de que se avance con un incremento en el precio de las naftas. Como reiteradamente hemos señalado, se trata de amenazas cumplibles mediante simples decretos de necesidad y urgencia, con lo cual la seguridad jurídica jamás sentará las bases para lograr un desarrollo sostenido.

Es por eso que continúan surgiendo nuevos planes de promoción en industrias, pymes, regiones, etc, con el objeto de lograr que algunas inversiones vengan al país. En esta línea se inscribe el proyecto de producción de un teléfono celular nacional, que demandará una inversión de $ 3.000.000.-, de los cuales $ 800.000.- aportará el Estado. Como decimos, lástima que no se nos da a nosotros una ayuda de un porcentaje semejante para emprender nuestra labor cotidiana. Y a todos, claro está.

La realidad es que sin esa ayuda evidentemente el proyecto no parece viable, y con esa ayuda, el precio de venta final del producto está altamente subsidiado por el Estado, que requiere para ello fondos del erario que contribuyen a impedirle entre otras cosas que baje los impuestos distorsivos.

El desastre acontecido en EEUU ante la llegada del huracán Katrina dejó fuera de funcionamiento a varias refinerías y provocó una tendencia a la suba adicional del petróleo, aparte de crear incertidumbre respecto de la política monetaria futura norteamericana, haciendo que algunos fondos de inversión se vuelquen a los llamados mercados emergentes, como el nuestro, provocando de ese modo una suba de los bonos surgidos del canje de la deuda que treparon por este efecto hasta un 8% en una semana. A lo expresado se suma que la tasa de largo norteamericana sigue siendo baja (4,5%) agregando incentivos adicionales.

Por su lado, la provincia de Buenos Aires, ha informado que se ofrecerán créditos por U$S 800.- millones dentro del tercer tramo del plan denominado Fuerza Pyme a través el Banco de la Provincia. Los créditos se otorgan con subsidios por lo que la tasa que se cobra es del 5% para un año y hasta el 8% para cuatro años. En este sentido cabe señalar que las tasas subsidiadas a unos sectores son abonadas por otros que no resultaren favorecidos, originando por lo demás las consabidas pujas sectoriales, traducidas en los clásicos lobbies para poder “entrar”, como ocurre siempre con todo tipo de planes promocionales.

En otro orden, se ha profundizado el diálogo entre el Mercosur y la UE para avanzar en una liberación multilateral de la Organización Mundial de Comercio En verdad, en nuestra opinión, la UE necesita ampliar su campo de acción para poder abaratar sus enormes costos de producción, producto del sostenimiento de un sistema cerrado y sumamente gravoso en materia de la llamada atención social, por ejemplo.

Un tema para comentar es que el Congreso tiene previsto tratar una nueva reforma en materia tributaria para otorgar mayores facultades a la AFIP en cuanto al control y pago de los aportes provisionales, previéndose penas de prisión de hasta 6 años (algo de eso ya está vigente en la ley antievasión), y también se busca que pueda deducirse del impuesto a las ganancias la remuneración del personal doméstico, como un incentivo para blanquear a esos trabajadores.

La recaudación tributaria de agosto superó los 10.200 millones de pesos, y el total de los primeros 8 meses del año sobrepasa los 78.000 millones de igual moneda. Un 18% más que en igual lapso de 2004. Por su parte la industria textil superó su mayor marca histórica de producción, acontecida en 1997, según datos de la Fundación Pro Tejer. Las exportaciones de cereales y oleaginosas crecieron en el primer semestre un 31% con respecto a igual período del año anterior. También entre diciembre y julio las ventas de alimentos crecieron casi el 9% según lo informado por las cadenas de supermercados. Estos y otros datos positivos, llevan a pensar en la necesidad imperiosa de definir un rumbo, fijar las y mantenerlas dentro de ciertos parámetros previsibles, lo cual lamentablemente no viene ocurriendo, como señalamos una y otra vez.

Es evidente que la campaña electoral ha alterado bastante la marcha de una cierta lógica productiva. Se observa en determinados sectores una especie de anticipación de lo que puede llegar a pasar luego del 23 de octubre. En lugar del clásico “wait and see” se tiende a aumentar stocks antes de que aumente el costo de los insumos.

El problema de la energía sigue vigente, tanto en electricidad como en gas, esencialmente. Según informes privados hay más de 4.000 millones de dólares frenados a la espera de una definición de fondo que clarifique el panorama a largo plazo. La baja de la tasa de IVA a los fertilizantes químicos, produce en los fabricantes de estos productos los mismos efectos que en toda la cadena agropecuaria que se mueve con la tasa diferencial del 10,5%: los insumos siguen gravados al 21%, generando saldos técnicos de difícil recuperación por parte de los productores o fabricantes.

En cuando a la exploración petrolera en zonas marítimas, la exigencia de asociarse con Enarsa (la petrolera estatal de reciente creación) arroja dudas y faltan definiciones, por lo que no avanza como se esperaba que lo hiciera. Ni de lejos.

Sin embargo, diremos también que el gobierno se apresta a suscribir una carta de entendimiento con Aguas Argentinas para la creación de un fideicomiso por 500 millones de pesos anuales a aportar por partes iguales entre la empresa de capitales franceses y el Estado Nacional. El Ente Regulador decidirá el destino de estas inversiones, que será siempre el de ampliaciones en la red. El ajuste de tarifas del agua domiciliaria, lo mismo que el de la electricidad y el gas, quedará para el año entrante.

Y vamos a terminar este trabajo haciendo una referencia al gasto público, medido en porcentaje del PBI. Nos referimos al gasto primario, no financiero. En 1990 la relación era un 19,4% del PBI, en 1994 era un 24,2%, en 2001 (año del desencadenamiento de la crisis), un 25,2% (récord). Hoy, estimado para el año en curso, tal porcentaje ascendería al 24,8%. En 2001 había un gran déficit, y éste se seguía cubriendo con endeudamiento externo, de manera que buena parte del gasto se pagaba con deuda. Hoy hay superávit, y el gasto se paga con los impuestos excesivos y distorsivos que el Dr. Lavagna ni siquiera está dispuesto a discutir porque considera al asunto una cuestión “ideológica”. Tal vez sea así, pero nos permitimos afirmar que más allá da las ideas que cada uno pueda tener, en general estamos de acuerdo en que un sistema como el vigente no puede convertirse en definitivo. No hay que olvidar que las retenciones a las exportaciones se basan primordialmente en el tipo de cambio alto sostenido artificialmente, lo cual provoca incentivos inflacionarios, al tiempo que deteriora el avance tecnológico por el encarecimiento de las importaciones de productos de última generación..

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2005

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El gobierno sigue tomando medidas, y anunciando otras, con el único objetivo de controlar los precios atacando las consecuencias y dejando prácticamente intactas las causas de los incrementos.

Al momento de escribir estas líneas no se conoce todavía el incremento en el índice de precios al consumidor, pero las estimaciones oscilan entre el 0,5% según datos oficiales y 0,9% si partimos de informaciones privadas. La diferencia es llamativa, dado que una estimación es prácticamente el doble de la otra, pese a que en términos absolutos no estemos hablando de grandes cifras. Digamos que el margen de error llama la atención por lo enorme.

Según información periodística, en una reunión en el Ministerio de Economía entre funcionarios y empresarios vinculados a la industria frigorífica y consignatarios de hacienda, se ha manifestado la preocupación por el fracaso de los acuerdos de precios para 5 cortes cárnicos. Al mismo tiempo, la veda al faenamiento de animales de menos de 300 kg, que regirá desde el 1° de noviembre y apunta a aumentar la oferta de hacienda en estos meses, apunta según los funcionarios al mediano plazo y se vincula, según dicen, con la necesidad de aumentar los stocks vacunos del país. Y como se espera que de todas maneras haya una merma estacional en la oferta, se plantea la necesidad de tomar “medidas más drásticas” que en principio serían las de establecer un tope en los precios de toda la res por un lapso de 90 días.

También en materia de retenciones a las exportaciones se habla de la posibilidad de cambios. En principio se trataría de aumentar los derechos de exportación a los cueros. Aunque no hay mayores precisiones, al parecer existe una puja entre lo que pagan los frigoríficos por los cueros y lo que esperan recibir por ellos las curtiembres, pese a que un acuerdo entre ambos sectores había concluído en la promesa de un aumento. Esta cuestión afecta, naturalmente, al precio de la carne, ya que la rentabilidad de los frigoríficos tiene que ver también con la comercialización de los cueros..

La prórroga y modificación del PUREE, es decir del sistema de premios y castigos por consumo de electricidad, apuntó no solamente a evitar el problema de sus usuarios que recibieron juntas multas del año 2004 y del 2005, sino también a bajar la incidencia del rubro electricidad del hogar en el índice de precios. Es decir, a morigerar los indicadores inflacionarios.

El gobierno sigue comprando excedentes de dólares y colocando Lebacs para esterilizar el impacto de la emisión de moneda. Hasta el momento, el costo financiero del endeudamiento en estas letras no supera el llamado señoreaje, es decir la tasa obtenida por la colocación de las reservas en poder del BCRA, pero indudablemente neutraliza al menos parcialmente el ingreso por ese concepto. Y la tendencia como se sabe es a achicar más la diferencia entre el ingreso y el gasto financiero. Cabe decir que viene mermando el ingreso de dólares por liquidación de exportaciones por razones puramente estacionales, pero también porque existe una tendencia a la suba del tipo de cambio que hace que ingresen menos dólares para colocaciones en pesos, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas ofertas de Lebacs siguen sin ser indexadas, como se había anunciado que lo serían.

Otro dato que puede interesar es que está estudiándose otorgar créditos hipotecarios a tasa subsidiada del 5% anual para préstamos por cifras de hasta $ 80.000.-. Esta medida se enmarca en el rubro promociones, como venimos diciendo, y apunta a corregir la tasa de interés del 13 o 14% sobre este tipo de préstamos atacando la consecuencia y trasladando la diferencia a otros sectores de la comunidad, dado que el subsidio naturalmente saldrá del Tesoro, es decir de la recaudación tributaria y de la inflación generada por la expansión de circulante.

Como se sabe, las bajas tasas de interés son consecuencia siempre de una política monetaria seria y estable en el tiempo, sin cambios bruscos y arbitrarios mediante decretos o resoluciones motivados incluso por razones electorales, como puede verse en estos días lamentablemente. La garantía de una moneda sana, la seguridad jurídica y la estabilidad en las normas tributarias y financieras que deberían emanar siempre del Poder Legislativo, como lo establece la Constitución Nacional, sin duda ayudarían a crear las condiciones para que el precio del dinero baje por la baja del riesgo.

Y para ir terminando, diremos que se han tomado medidas limitantes de la importación de juguetes y calzado, que impactarán lógicamente sobre China y Brasil esencialmente. La idea, una vez más, es proteger a la industria local, lo cual implica, lógicamente, que los precios de estos productos no bajarán por efecto de la competencia externa. Hay que recordar que tanto el real brasileño como el yuan chino han venido apreciándose con respecto del dólar, lo cual iría en contra de las exportaciones de estos países, pero, sin embargo, la explicación que ha dado es que esta apreciación en el caso de Brasil ha dificultado la exportación de su producción de calzado a Europa y EEUU, y ello generaría la necesidad de canalizar los excedentes hacia nuestro país. En el caso de China simplemente las exportaciones a la Argentina vienen creciendo y de 26 millones de dólares en 2003 llegarían a 74 millones en el corriente año.

Y un dato final es que se permitirá la cotización en Bolsa de los certificados de plazo fijo. Con esta medida se pretende extender los plazos de colocación de fondos en los bancos, que en general son cortos al no ser indexados a menos de un año y ante la incertidumbre reinante. La propuesta la había hecho el presidente del Banco Central Martín Redrado a poco de asumir en esa función, y finalmente se concretará, al parecer.

Sin embargo, una medida de este tipo puede tener un efecto adverso para quien tenga la necesidad de vender un certificado por una colocación a una tasa determinada que haya sufrido un alza. Es decir, un certificado colocado al 5% anual bajará su precio si la tasa para el mismo lapso sube al 6%, dado que el adquirente querrá obtener por el título la tasa vigente al momento de comprarlo.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2005

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La preocupación por la inflación se encamina a la búsqueda de eufemismos, tales como el de "reacomodamiento" de precios. Mientras tanto, el endeudamiento crece y el dólar sigue bajando su cotización

Al momento de escribir estas líneas, el índice de precios al consumidor no ha sido divulgado, aunque se estima que estará entre el 1,1 y el 1,2% para el mes de julio. El diario Ámbito Financiero titula en su tapa que tal incremento es "muy bueno", al tiempo que anuncia para agosto un 0,7%, según algunas proyecciones.

En verdad, la contención de la inflación mediante presiones sobre las empresas y en especial sobre los supermercados, al tiempo que se postergan los ajustes de tarifas de servicios públicos, transportes y combustibles en general, no parece en absoluto ser una buena noticia. Resulta particularmente curioso que se considere bueno encorsetar la presión inflacionaria, cuando en realidad es la demostración de que el problema está más vigente que nunca.

En otras oportunidades nos hemos referido a estos problemas, y hemos cuestionado que se apunte a una economía en crecimiento mediante la utilización de promociones diversas, que no hacen otra cosa que demostrar que estamos ante la falta de inversiones, y por ello es necesario recurrir a esquemas promocionales. Como en aquellas huelgas generales donde la gente paraba por miedo o por los clavos "miguelito" y que los dirigentes consideraban un éxito, y los medios en general avalaban tal postura, estamos ante lo contrario.

El así llamado "reacomodamiento" de precios es, como hemos señalado en anteriores oportunidades, el ajuste de los precios ante la devaluación acontecida y ante la emisión de moneda resultante de ella, desde 2002 hasta el presente. Y lo razonable es esperar que la tasa de incremento de los precios al consumidor se equipare a la de los precios mayoristas, y ambas se equiparen a la tasa de aumento del valor del dólar. El tiempo que tarde en ocurrir tal hecho depende de múltiples factores, tales como el atraso en los precios o tarifas resultante de las presiones o prohibiciones gubernamentales, o la falta de mercados. Nada más.

De manera que hablar de reacomodamientos es hablar de inflación, pero no llamándola así. Y en este marco es particularmente significativa la unanimidad que existe en la calificación.

Mientras tanto, y concomitantemente, se intenta desde el Ministerio de Economía sostener un tipo de cambio que se vuelve insostenible. La emisión de moneda para comprar excedentes de divisas y el endeudamiento (mediante la emisión de Lebacs y Nobacs) para sostener el tipo de cambio en valores artificialmente elevados continúa provocando el triple efecto que en otras épocas condujo al desastre: crecimiento galopante de la deuda pública, impulso inflacionario y aumento del déficit cuasifiscal (es decir, aumento del monto que paga el Estado por intereses sobre las Lebacs y Nobacs emitidas).

En esta semana el Central tomó cerca de $ 1.400 millones por Lebacs en pesos y alrededor de 20 millones en dólares. Cabe destacar que esta institución salió a colocar 300 millones en la divisa. Según Martín Redrado, presidente del Banco Central, se absorbieron unos $ 2.000.- millones en total, dado que hubo cancelación de redescuentos por algo más de $ 600 millones, de parte de algunos bancos.

lavagnaRecordamos aquí que el Dr. Lavagna ha decidido dejar de emitir letras ajustadas por CER, de manera que las colocaciones señaladas lo han sido a tasa fija y sin indexaciones. En las colocaciones a 49 días la tasa de corte fue del 5,95%, en tanto que para 175 días se llegó al 7,50%, en ambos casos anual.

Naturalmente que en tanto las expectativas respecto del tipo de cambio sean que se sostendrá o incluso bajará un poco, estas tasas de interés son sumamente atractivas, y al mismo tiempo le bajan una carga financiera al Estado de proporciones, ya que con las letras indexadas se llegará a pagar tasas mucho más altas que las consignadas.

En general los inversores se concentran en los plazos más cortos y rechazan hacer colocaciones en dólares. Cabe decir para terminar con este punto que los vencimientos totalizaban 1.511 millones de pesos.

Digamos que se produce hoy el vencimiento y pago de alrdedor de 1.600 millones de dólares, una cifra importantísima que si se vuelca a pesos puede hacer que baje aún más el tipo de cambio, que se ubica en los valores más bajos en 17 meses. Es por ello que desde el Central se realiza una nueva emisión de Boden 2012 por 500 millones de dicha moneda, que con tasas en torno al 8% anual tal vez despierte un cierto interés entre los inversores.

Por otra parte, en el día de ayer el Dr. Lavagna se reunió con varios economistas del llamado Grupo Fénix, entre ellos Aldo Ferrer, Roberto Frenkel, Miguel Bein y Javier Gonzáles Fraga. Allí quedaron en evidencia algunas cuestiones, tales como los sobreprecios y la demora en las contrataciones de obra pública, mencionados por el ministro, y también los préstamos al campo por parte del Banco de la Nación, que de 12.000 solicitados solamente se otorgó el 10%. También Lavagna consignó que el gobierno está desendeudándose, pese a que la deuda está alcanzando ya los niveles anteriores al default y apuntó a la difusión que le dan los medios al problema inflacionario, que provoca expectativas negativas, repitiendo de ese modo un argumento bastante común en la Argentina de los últimos 60 años por lo menos.

Se habló en esa reunión entre otras cosas de indexar el tipo de cambio, de hacer una canasta de monedas secreta, tipo Singapur, para ajustar el valor de la divisa y se llegó al punto en que el ex ministro Aldo Ferrer propuso lanzar la "fase dos"del plan económico. En fin, las clásicas recetas estuvieron puestas sobre el tapete ante un ministro en general muy prudente que básicamente se limitó a escuchar y a rechazar.

Lo cierto es que como hemos señalado tantas veces, este modelo funciona con un tipo de cambio alto, bajos salarios y atraso tecnológico producto del encarecimiento de las importaciones. La competitividad está pensada en términos de artilugios monetarios para el mercado interno, y tipo de cambio alto para lograr divisas por exportación de productos primarios que dejen una tajada en materia de derechos de exportación.

Justamente en materia de derechos de exportación, el presupuesto 2006 apunta a que las industrias que mejoren sus exportaciones en ese año con respecto a 2005, sufrirían una merma en las retenciones. Cuestión de hacer cuentas, digamos, para tales industrias, si les conviene o no exportar ahora en tanto no tengan cerrados los contratos. Esta baja de las retenciones favorecería especialmente al sector siderúrgico, y también a las automotrices, autopartistas y productores de agroalimentos, que tributan en general el 5%, tasa que se eliminaría para los incrementos de exportaciones medidos por trimestres contra el año actual.

Digamos que ya está vigente la libre disponibilidad de los saldos favor técnicos de IVA por inversiones en bienes de capital.

No hay mayores novedades en la cuestión de las tarifas, y tampoco en las negociaciones con el FMI, excepto que está buscándose el apoyo europeo, o más bien la renovación de tal apoyo, especialmente de Francia, España y Alemania.

Y finalmente, las bondades climáticas han favorecido razonablemente el ahorro de energía (ello amén de los castigos por incrementos en los consumos familiares), mientras el barril de petróleo supera los 62 dólares, récord histórico absoluto.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2005

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Los ejemplos sobran: desde los llamados impuestos distorsivos, como las retenciones a las exportaciones o el impuesto a las transacciones financieras, hasta las exacciones provinciales que en muchos casos terminan en verdaderos shows mediáticos, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires, pasando luego por las tasas de abasto y otros impuestos y gabelas varias de carácter municipal, se suman a lo largo y a lo ancho de todo el país, prácticamente.

La voracidad fiscal parece no tener límites. Desde el poder político y en general desde los medios de difusión, se insiste en la necesidad de combatir la evasión, sin distinguir que dentro de quienes no pagan no solamente están los evasores que cometen delitos como la defraudación fiscal, sino también morosos por razones diversas, entre las cuales sin ninguna duda se encuentra la dificultad de pagar y es por ello que el propio Estado a través de la AFIP posterga una y otra vez el Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA) para incitar al menos a la regularización de deudas. Claro que bajo la espada de Damocles de los embargos de cuentas bancarias, en muchos casos sin que el contribuyente hubiera recibido notificación fehaciente con antelación.

El tema es realmente serio. En materia legislativa, los llamados “planes antievasión” contienen una importante cantidad de presunciones que pueden derivar en la aplicación de la ley penal tributaria, por ejemplo, siendo que desde siempre un proceso penal debe basarse en hechos objetivos y concretos, y no en supuestos, por más razonables que fueren éstos y por más que las leyes tributarias los contengan.

El combate de la evasión, es decir: de las defraudaciones de toda índole que normalmente se suscitan no puede ni debe dar lugar a arbitrariedades. Seguramente en esto coincidiremos todos.

Pero el mensaje que llega al público en general es que quienes no pagan impuestos son siempre evasores, lo cual manifiestamente es erróneo y probablemente no sea inocente.

El hombre común piensa de inmediato en facturas apócrifas o ventas o empleos en negro, cuando en realidad dentro de los contribuyentes registrados, es decir, dentro de quienes están “dentro del zoológico”, como ha dicho el secretario de Ingresos Públicos, el porcentaje de evasión no es tan alto, sobre todo si se toma en cuenta que las grandes empresas en general, principales contribuyentes del sistema, suelen trabajar dentro de la legalidad. Y quienes están fuera del sistema difícilmente pasen a estar dentro de él si la acción fiscalizadora se centra únicamente en el “zoológico”, para insistir con la metáfora del Dr. Abad.

El abundamiento de modificaciones legales en las cuales se “adjetivan” los supuestos de infracción, tiene también lo suyo a la hora de analizar la forma de legislar. Es común en las reformas recientes que aparezcan adjetivos calificativos de las infracciones, como por ejemplo hablar de “graves deficiencias” en la registración, lo cual deja en manos del campo judicial el justiprecio de qué cosa es grave y qué cosa no dentro de la misma falta. Y según lo sea, la sanción será más o menos importante.

En el transcurso del mes de junio la recaudación a nivel nacional superó los 11.054 milones de pesos, bastante más de lo previsto, que rondaba los 10.000 millones como máximo. Esta cifra representa un incremento del 16,8% si comparamos contra junio de 2004. Muy por encima, obviamente, de la tasa de inflación si medimos el mismo período y aproximándose, en todo caso, a la suma de dicha tasa más el incremento del PBI. El total recaudado en el primer semestre llega casi a los 57.800 millones de pesos, los cuales representan un 17,9% más que lo recaudado en el primer semestre de 2004. Recalcamos que estas cifras corresponden a la recaudación a nivel nacional, es decir de la AFIP. Impuestos nacionales, tributos aduaneros y aportes y contribuciones provisionales. A ello hay que sumar las recaudaciones provinciales por impuestos tales como ingresos brutos, inmobiliario, sellos tasas y contribuciones varias tanto provinciales como municipales Y dentro de éstas últimas las “innovaciones” que señalábamos al comienzo.

Desde el punto de vista de un Estado necesitado de superávit el resultado puede considerarse más que halagüeño. Pero no podemos dejar de ver los aspectos negativos que la tributación superavitaria genera en el funcionamiento macro y macroeconómico.

Naturalmente que el pago de impuestos ocasiona una merma en la demanda de bienes y servicios y afecta a las inversiones, en tanto y en cuanto el Estado utiliza parte del superávit para adquirir dólares y evitar que el tipo de cambio baje de los niveles en que se encuentra, con los efectos sobre el déficit cuasifiscal y el impulso inflacionario que reiteradas veces hemos comentado.

Desde el Ministerio de Economía ha trascendido que los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias no serán modificados, pese a que los montos resultan hoy por hoy ridículos teniendo en cuenta la enorme devaluación operada en el peso. Del mismo modo, los balances de las empresas, que se han ajustado por inflación para reflejar los efectos de la crisis acontecida, siguen manteniendo los valores históricos para fines fiscales, originando ganancias ficticias en muchos casos de gran magnitud. Y aquí se da la curiosidad de que pese a que el ajuste por inflación impositivo sigue prohibido por la Ley de Convertibilidad, no ocurre lo mismo cuando el balance a considerar el que determina el Impuesto sobre los Bienes Personales (figura del Responsable Sustituto) que deben abonar los accionistas sobre sus tenencias a valor patrimonial proporcional.

Las dificultades para obtener reintegros en lapso razonable, la falta de equidad entre las tasas de interés aplicadas por mora versus las que se consideran para la repetición de impuestos, los adelantos que constituyen los llamados anticipos, las retenciones y percepciones y el impuesto al cheque (transacciones finacieras) origina costos financieros que no están reflejados a la hora de analizar la presión fiscal tomando en cuenta únicamente las tasas que se aplican. No es lo mismo abonar un impuesto en el mes de abril de 2006, que haberlo abonado prácticamente en su integridad durante el año 2005 en forma de anticipos, retenciones y demás. Si consideramos que el propio Estado ofrece Lebacs a tasas de interés que se suman al CER podemos fácilmente establecer una diferencia anual del orden del 10 o 12% sobre los montos pagados anticipadamente. Es decir que sin entrar demasiado en detalles, abonar antes implica pagar bastante más, y tal diferencia no es reconocida por el Fisco al momento de pagar el saldo.

El desarrollo en profundidad de un tema como el que planteamos en este artículo, excede largamente la intención que nos lleva a escribirlo. De lo que se trata es de tomar real conciencia y dimensión de dónde estamos.

Hay que tener en cuenta que el Estado, en ejercicio del poder de policía, tiene todo el derecho de fijar impuestos, tasas y gabelas, como también lo tiene de establecer una política económica y una sana asignación de los recursos. Podríamos decir que tiene el derecho y también tiene el deber.. Pero precisamente por ello la razonabilidad y la no confiscatoriedad deben privar a la hora de tocar el bolsillo de todos los habitantes del país, amén de esforzarse por brindar servicios acordes con la recaudación, en punto a mejorar la eficiencia y evitar la duplicación de gastos que significa que la población deba recurrir a entes privados para lograr una mejor educación para sus hijos, una mayor seguridad para sus hogares y una mejor atención de su salud.

No se alcanza a entender, por ejemplo, por qué a la Secretaría de Ingresos Públicos no le sucede una Secretaría equivalente que vigile los egresos. Por qué no se establecen auditorías con la necesaria independencia para controlar las erogaciones nacionales, provinciales y municipales. Hay reconocidas instituciones, como los colegios y consejos profesionales, que podrían aportar lo suyo en la materia, evitando de ese modo las suspicacias y las realidades que implican los organismos públicos encargados de tales funciones, que por supuesto dependen del poder político.

Otra cuestión que también debería ponerse sobre el tapete es la de la coparticipación federal. Más allá de la postergadísima instrumentación, está en juego el federalismo que quedó sentado en la propia constitución de 1853. Como se sabe, la recaudación de impuestos debería estar a cargo de las provincias y no de la Nación, como ocurre desde los años 30. Cabe recordar que impuestos como el de las ganancias son “de emergencia”, precisamente por ese hecho: porque deberían ser provinciales. A la coparticipación se le ha sumado en los últimos años un rubro conocido en general como “ATN”, sigla que significa “adelantos transitorios de la Nación”, que a estas alturas adolecen de un alto grado de arbitrariedad, en donde entran en juego factores políticos casi con toda seguridad.

Si bien desde el gobierno se reitera la necesidad de que los contribuyentes soliciten sus facturas y hasta se ha instaurado la figura del “agente encubierto” para tratar de detectar comerciantes que no entregan tal documento en regla, lo cierto es que una parte de la economía funciona en negro y cualquier entendido sabe que si pasara de la noche a la mañana a funcionar en blanco se produciría un verdadero parate, por transformarse en insostenible la presión fiscal.

Mencionar estos aspectos, cosa que normalmente no vemos en los medios, nos parece de gran importancia en tren de analizar hacia dónde vamos.

Todo el mundo sabe que una reforma del Estado es una tarea por demás postergada. En algún momento hasta se habló de reformar nuevamente la Constitución para poder ajustar algunas cuentas, volver al federalismo electoral y terminar con figuras como la del llamado “tercer senador”. Ciertas instituciones vinculadas al estudio de factores económicos tienen desarrollados trabajos sumamente detallados y profundos respecto de la manera de encarar una reforma que vuelva razonable y virtuosa la gestión pública. La necesidad de encarar tal reforma entendemos que no escapa al criterio de nadie, más allá de que no haya acuerdo sobre qué reformar y cómo hacerlo.

El Estado de derecho en la república debe centrarse en la necesidad de recaudar impuestos dentro de la razonabilidad y bajo criterios de justicia basados en la Constitución, y por ende en la equidad y en la igualdad. Es imprescindible que el Estado exponga en qué gasta el dinero que con tanto esfuerzo acercan los contribuyentes, del mismo modo que es fundamental mejorar la asignación de recursos para volver más eficiente la economía.

La devaluación de comienzos de 2002 ha otorgado al Estado un “colchón” de notable importancia, cuya contrapartida ha sido la baja general de los valores en moneda dura de patrimonios, ingresos y sueldos de toda la población. El Estado ha asumido el compromiso de utilizar parte del superávit en atender los planes de ayuda a los necesitados, pero es obvio que un criterio de transparencia implicaría poner en manos de entidades de bien público independientes del poder político tal distribución.

Se sabe que el gasto público ha subido considerablemente, y en un año electoral es posible que ciertos desajustes en la materia se produzcan, habida cuenta la experiencia.

Es incomprensible que todavía no tengamos una legislación aceitada y concreta sobre la forma de financiamiento de los partidos políticos, como también lo es que sigamos con las listas sábana o nuevamente dejemos de lado las llamadas internas abiertas que posibilitarían por lo menos un soplo de aire fresco a tanto aparato partidario.

Indudablemente, hablar de estos temas implica incursionar en política. Pero es que la política cuesta dinero y el uso racional, austero y sobre todo equitativo del dinero público es esencial.

Luego de la crisis, el país ha venido sosteniéndose por el colchón devaluatorio, los costos de producción devaluados, la sustitución de importaciones por la subvaluación del peso, y las ganancias de los exportadores por la misma razón, pese a que las retenciones a las exportaciones agrarias oscila el 23,5% bruto del valor total.

Las promociones industriales, de triste historia, pretenden lograr las inversiones que no vienen por sí solas como debería ocurrir. El costo de tales promociones recae sobre toda la población, exacerbando aún más la presión tributaria sobre los sectores que pagan sus impuestos.

Consideramos que es importante señalar estos puntos, por lo menos desde nuestra experiencia profesional de tantos años. Es importante y no pretendemos con ello vincularnos a concepciones políticas de ninguna índole.

Que el país funcione dentro de un marco de seriedad, responsabilidad, equidad y sobre todo eficientemente y respetando las leyes está en la esencia del crecimiento a largo plazo que tanto hace falta.

Abandonar ciertas prácticas no es sencillo, pero mientras no se abandonen, el futuro no nos deparará los logros que todos esperamos.

La voracidad fiscal debe ceder paso a la razonabilidad antes de que sea tarde.

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
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Es evidente que el índice de precios al consumidor del mes de junio provocó un verdadero cimbronazo en las estructuras del poder ejecutivo. Las medidas tomadas a lo largo de estos meses, sumadas a las promesas de los funcionarios e inclusive a las opiniones de reconocidos economistas, algunos de los cuales fueron descalificados no hace mucho tiempo por el propio presidente de la Nación, en el sentido de que “la inflación” estaba relativamente controlada se han dado de bruces con la realidad.

Es insólito que a pocos días de concluir junio, e incluso ya comenzado julio, todos los especialistas auguraban un índice del 0,5 o como mucho del 0,6%. El 0,9 es, por lo tanto, por lo menos el 50% más de lo previsto cuando ya todos los números estaban echados. Cabe sospechar, lamentablemente, que los números que habían trascendido no eran los que verdaderamente debían ser, sino otros. Y no nos atrevemos de ningún modo a juzgar intencionalidades, pero sí por lo menos dejar un margen de duda.

Aclaramos antes de continuar que el término “inflación” para referirse a índices de precios, lo consideramos incorrecto, ya que en lo que corresponde es referirse al costo de la vida, o simplemente al índice de precios al consumidor.

Ello así porque tal índice es en verdad un ponderado de consumos estándar de una familia tipo, y un cambio en los precios relativos de algunos de esos consumos puede alterar el número final sin reflejar en sí mismo una tasa inflacionaria.

Lo cierto es que, más allá de esta aclaración que juzgamos pertinente, las medidas restrictivas de los excedentes monetarios que emite el Estado para comprar dólares, más medidas tales como el encaje del 30% a los capitales “golondrina”, más los acuerdos de precios, las canastas sociales y demás, no han sido otra cosa que paliativos ante una realidad.

Y la realidad es que la emisión de moneda resultante de la devaluación del año 2002, aún no se ha trasladado a los precios como debería ocurrir. En estos momentos, aproximadamente los índices de precios minoristas crecieron un 64%, los mayoristas un 150% y el tipo de cambio un 190%, todo desde el comienzo de la crisis.

La lógica matemática indica que tales tasas de ajuste deben tender a igualarse en el futuro. El único aspecto en duda, en nuestra opinión, es en cuánto tiempo.

De manera que cabe también mencionar, que cuando se habla de “reacomodamientos” de precios se incurre en un eufemismo que se derrumba fácilmente ante la pregunta de ¿por qué hay precios que necesitan reacomodarse?. La respuesta, naturalmente es: porque antes el Estado los desacomodó.

Es que mientras desde el Banco Central y en las usinas del Ministerio de Economía, se vende y compra el dólar a un valor muy superior al que tendría si se dejara flotar libremente, por otro lado se intenta de mil maneras que tales o cuales precios de OTRAS cosas no se incrementen. Es decir, el dólar sí, el resto, no.

Esto es una irrealidad que se sostiene durante un tiempo, pero que finalmente caerá inexorablemente.

Obsérvese que la política denominada de “sustitución de importaciones”, se basa en este precepto: siendo el dólar caro, importar es carísimo, y por lo tanto produzcamos localmente que podemos competir. Pero ello implica vender los productos locales a un precio mayor que el que debería ser en condiciones de competencia, y a una calidad inferior. Estas desilgualdades tienden a nivelarse siempre.

Del mismo modo, el colchón que obtiene el Estado mediante las retenciones a las exportaciones, que es logrado por la misma causa, es decir, por sostener el dólar a un precio elevado artificialmente, terminará desapareciendo en tanto y en cuanto los precios y los costos presionan al alza por las razones apuntadas.

Un modelo económico de este tipo funciona con salarios bajos, precios bajos, país barato, y exportaciones de productos competitivos en el exterior, que obviamente son básicamente los primarios.

Por lo demás, y tal como venimos reiterando, la crisis energética es una realidad palpable. Se ha aumentado la importación de gas oil, y seguirán los problemas con los demás fluidos. Todo dependerá de la intensidad del frío, pero es obvio que estamos lejos de quedarnos tranquilos. Basta con oir y ver la campaña publicitaria cotidiana en el sentido de no consumir energía. Es decir, en lugar de obtenerla para satisfacer la demanda, lo que se postula es que no se consuma lo que hay. Algo así como achicarse para crecer. Es un absurdo.

Bien, para el mes de julio, el índice de precios al consumidor se espera que crezca más del 1%, y en el acumulado del semestre se llegó al 6,1%. Comparando junio de 2005 contra junio de 2004 estamos en el 9%.

La necesidad de realizar inversiones nuevas se topa con las inseguridades jurídicas y de toda índole que se observan en punto a los contratos, a las leyes, a la vida cotidiana en nuestras calles, e incluso a los cambios de color de no pocos reconocidos políticos.

Asistimos en estas horas a las secuelas del desastre terrorista en Londres, que mucho o poco, tendrá sus efectos en los mercados y probablemente en el petróleo, que ya pasó los 60 dólares el barril, y que en la medida en que localmente se pretenda mantener tarifas de combustibles sumamente bajas, aumenta la brecha y sin ninguna duda contribuye negativamente sobre cualquier intento de inversión en exploración, por más que se hubieran instituido regímenes promocionales al respecto.

También nos encontramos con un clima sindical muy inestable, donde personajes como Hugo Moyano se ha quedado con la conducción de la CGT oficial, en un evidente acuerdo con el poder político. Mientras tanto, los gremios de distintos flancos e intereses, presentan permanentemente disputas que concluyen en medidas de fuerza y reclamos salariales que no pueden controlarse desde la llamada Central Obrera. Y mucho menos desde el poder central.

La presión sobre los salarios intenta ser amainada con ajustes oficiales, que encuentran poca acogida en las provincias, cuyas “cajas” no tienen la holgura de la Nacional.

Y políticamente, asistimos a la división que no por esperada deja de ser preocupante, entre las huestes de Duhalde y las de Kirchner, cuyo debate, en medio de los pronósticos que nosotros venimos haciendo, resulta literalmente de otro planeta. Mientras el gasto público sigue subiendo y no parece preocupar demasiado, dado que sigue habiendo un importante superávit fiscal.

Las perspectivas en materia de inflación siguen apuntando a tasas anuales bastante más elevadas de las previstas en el presupuesto Nacional, tal como venimos sosteniendo desde principios de año. Es que el país está en el brete de seguir creciendo a partir de nuevas inversiones que superen el 22 o 23% del PBI anual, o que los precios se incrementen ante el primer estímulo de demanda, dado que la capacidad ociosa proveniente de los años 90 ha quedado cubierta

Un dato que no deja de ser preocupante es que los inversores externos que colocan dinero en bonos postdefault ajustados por CER, hacen diferencias de gran importancia en dólares, consecuencia de las distorsiones del mercado que venimos señalando. Incluso se han oído voces pidiendo una nueva devaluación que impidiera a ciertos capitales “golondrina” alzarse con sus ganancias en dólares. Y el Estado sigue endeudándose en Lebacs para poder retirar el circulante que inyecta para comprar excedentes de dólares.

Abrimos ahora un compás de espera ante las vacaciones de invierno y la feria judicial. Esperamos que al retomar dentro de unos 10 días nuestra labor, nos encontremos ante una perspectiva al menos un tanto mejorada.

Buenos Aires, 8 de julio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
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En términos generales podemos decir que la evolución de la economía no ha dejado de moverse dentro de los carriles que impone esta suerte de pragmatismo intervencionista en que nos movemos. Los indicadores económicos muestran un crecimiento que ha sufrido una cierta desaceleración luego de alcanzados los niveles del año 1998, ante la necesidad de nuevas inversiones para las cuales el gobierno aplica medidas de lo más variadas e imprevistas, pero siempre dentro de ese afán de correr detrás de lo que anda mal para darle un grado de entonación, para luego ir sobre los aspectos que sufren alteraciones como consecuencia de haberse intentado un remedio para los primeros.

El ejemplo más claro de lo que decimos es sin duda el problema energético, dado que la falta de negociación de los contratos con las llamadas “privatizadas” ha derivado en exceso de consumo y escasez, lo cual a su vez creó la necesidad de importar gas y fuel oil y también de reducir las exportaciones de gas a Chile de manera drástica.

El Estado ha enmarcado su política económica dentro de un esquema de promoción de inversiones, tasas de interés diferenciales para Pymes y desgravaciones tributarias de diversa índole, con el objeto de logar así precisamente las necesarias inversiones de capital que favorezcan el crecimiento.

Como muchas veces hemos señalado, la necesidad de armar ofertas para poder vender un producto indica, claramente, que de por sí no se vende o no lo hace lo suficiente. De donde podemos fácilmente concluír que todos estos esquemas promocionales apuntan a incentivar inversiones que solas no vendrían jamás.

Podemos asegurar, si temor a error, que este mecanismo nos coloca en un mundo económico donde la certeza respecto de las reglas de juego no existe. Y donde además, el orden de los factores puede ser cambiado con una rapidez notable. Baste también como ejemplo el siguiente: en los primeros tiempos que siguieron a la devaluación, el Estado dictó una serie de normas para obligar a exportadores a liquidar sus dólares de invemidato, a los importadores los obligó a presentar declaraciones de necesidades de importación, etc, todo con el objetivo de hacerse de la mayor cantidad de dólares posible. Actualmente, apenas un par de años después, el proceso se ha revertido absolutamente y el Estado busca por todos los medios que los exportadores demoren la liquidación de sus divisas, y que los importadores anticipen sus compras de dólares. Y así podríamos seguir.

Hace unos días, el Estado decidió restringir la llegada de los llamados “capitales golondrina” mediante el incremento del encaje (del 20 al 30%) no remunerado y del monto, que pasó de U$S 500.000 a U$S 1.000.000 por el término de un año por lo menos. El objetivo es evitar que tales capitales vengan a hacer diferencias con las impresionantes tasas en dólares que terminan pagando las Lebacs para luego “salir” rápidamente. De inmediato, parece ser que aparecieron empresas argentinas efectuando colocaciones en títulos prestando el nombre a capitales extranjeros. Esto no nos consta y no sabemos si al Gobierno sí, pero lo cierto es que como consecuencia de ello, la misma restricción señalada para no residentes comenzó a aplicarse también a los locales, con un monto tope mínimo de 2.000.000 de dólares. Es decir, en suma, que acá no hay manera de determinar razonablemente cuáles serán las reglas que regirán la semana próxima para el ingreso y permanencia de capitales, para las compras o ventas de divisas, para las colcaciones o retiros del sistema, etc.

Esto puede ser muy bienintencionado, pero es pésimo. Y además es consecuencia del intervencionismo en el mercado de cambios, porque la necesidad de mantener el dólar a valores cercanos a los $ 3.- es la que origina todos estos cambios. Atacar la consecuencia no parece ser nunca la solución.

Siguiendo con otros temas tenemos que probablemente los índices de precios no puedan ser sostenidos en niveles de 0,5% mensual, lo cual ya de por sí es bastante alto. En efecto, luego de los meses de mayor presión tributaria (abril y mayo) y llegado el aguinaldo, más bien parece que puede haber un incentivo importante a la demanda de bienes y servicios que seguramente repercutirá en los precios.

Normalmente se habla de aumentos “puntuales”. Subirá el pan, subirán las expensas, subirá el alquiler. La inflación es la suba generalizada de precios y eso es lo que está ocurriendo. A veces unos, otras veces otros. Pero todos, poco o mucho, van subiendo. Y los salarios también. Y los reclamos sindicales. Y los aumentos por decreto.

La desocupación ha bajado bastante pero no por debajo del 16 o 17% si tomamos como desempleados a los beneficarios del plan Jefes. Avanzar requiere inversiones, eso sin duda.

La suba del petróleo por encima de los 60 dólares y su altísimo precio al día de hoy deja margen al gobierno para obtener mayores valores absolutos por retenciones, ya que los hidrocarburos pagan el 45%. Ello ayuda al superávit del Estado, pero también torna complicadas las inversiones en el sector petrolero, por el afán del Estado de mantener el precios local de los combustibles.

Finalmente parece que se iniciará la negociación con el FMI, organismo que sigue solicitando mayor superávit, renegociación de los contratos con las “privatizadas”, sistema tributario razonable y sin distorsiones (como las retenciones a la exportación). A ello agrega ahora no seguir emitiendo moneda para comprar excedentes de dólares, lo cual provoca incentivos inflacionarios y suba de tasas (porque el Estado sale tomar el dinero emitido en forma de Lebacs), incluir a los bonistas que no adhirieron al canje de deuda, etc.

El año electoral y la suba del gasto público son otras dos importantes cuestiones a considerar. Porque es sabido que no se trata de algo imperceptible, por más que alguien quisiera disimularlo.

La tasa de crecimiento del PBI continúa en torno del 7%, considerando el arrastre, pero hay algunos analistas, que incluyen al propio Dr. Lavagna, que estiman un poco menos.

Y en materia de seguridad jurídica, a lo que ya señalamos debemos agregar que continúa el discurso agresivo y hasta descalificatorio cada vez que empresarios dicen algo que no le gusta al Poder Ejecutivo.

Y un elemento final que nos parece verdaderamente cuestionable: se ha señalado que el Gobierno no deolvería el dinero del plan canje de automóviles de los años 90, a menos que los empresarios del sector inviertan ese dinero en ampliar sus plantas o mejorar su producción. No era eso lo acordado, de manera que el cambio es simplemente una decisión unilateral que, si nos moviéramos con las expresiones presidenciales, equivaldría a una suerte de extorsión. Pero esencialmente de lo que se trata es de que una vez más no se h a cumplido un contrato. Y el silencio resultante nos parece más preocupante todavía, dicho esto con la mejor de las intenciones.

Buenos Aires, 30 de Junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Asesor y consultor de empresas

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Con el objeto de dilucidar algunas dudas, abordaremos en las siguientes consideraciones el tratamiento del impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias (conocido vulgarmente como “impuesto al cheque” que es como lo denominaremos a lo largo del presente comentario) analizando para ello el decreto 534/04, dictado en el mes de mayo de ese año. Al respecto cabe mencionar que se ha dispuesto una baja de la tasa general (que entre los créditos y los débitos en las citadas cuentas suma 1,2%) que se produce en realidad mediante la mecánica del llamado “pago a cuenta” de otros impuestos. En otras palabras la tasa sigue siendo la misma pero se abre la alternativa de utilizar una porción de ella para aplicar al pago del impuesto a las ganancias (IG) y a la ganancia mínima presunta (GMP). Es destacable el hecho de que solamente puede tomarse a cuenta de estos impuestos, y no del IVA o de Bienes Personales.

La manera de aplicar el cómputo tiene algunas particularidades que nos proponemos explicar brevemente para luego avanzar sobre otros aspectos de esta norma, que en verdad ha vuelto a aplicar el criterio del pago a cuenta de este impuesto, abandonado a comienzos de 2002.

El decreto citado dispone que se tomará como pago a cuenta el 34% del impuesto aplicado a las ACREDITACIONES en cuentas de entidades financieras. Es decir, sobre el 0,6%, ya que el otro 0,6%, sobre los débitos, no originará créditos fiscales.

De manera que el monto a computar como pago a cuenta de los otros impuestos es, en definitiva, de 0,204 puntos.

La ley del impuesto al cheque incluye además otras operatorias, que son (a) las efectuadas entre entidades financieras sin utilización de cuentas y (b) los movimientos de fondos propios (entre cuentas del mismo titular) o los movimientos de fondos de terceros . En estos casos el pago a cuenta es el 17% del total del impuesto, que es, como queda dicho, del 1,2%. En suma la tasa de crédito fiscal termina siendo la misma en todos los casos.

La puesta en vigencia del régimen es el 1° de mayo de 2004 y puede aplicarse para anticipos o declaraciones juradas de ejercicios comerciales que tengan su cierre a partir de esa fecha. Es decir que no pueden tomarse estos pagos a cuenta para aplicar al pago de obligaciones provenientes de ejercicios anteriores.

Si hubiera un remanente no compensado, éste podrá trasladarse a futuros ejercicios hasta su agotamiento, pero no es posible compensarlo con otros impuestos, ni pedirse su reintegro, ni transferirse a terceros.

El decreto de marras también hace referencia al hecho de que el monto computado como pago a cuenta no será deducible del impuesto a las ganancias, lo cual resulta obvio, ya que desde el momento en que se lo utiliza como crédito de impuesto, no es lógico que se lo tome como gasto.

Hay un aspecto que merece que nos detengamos en el análisis, y es el orden en que tenemos que tomar el pago a cuenta a los efectos de cumplir con las obligaciones fiscales, ya que tiene sus implicancias, dado que el monto computable con tal carácter no origina saldos a favor que puedan aplicarse al pago de otros impuestos, cosa que sí ocurre con los saldos a favor del impuesto a las ganancias, por ejemplo. De manera que utilizar en primer término el pago a cuenta aparece como lo más lógico.

En le caso de empleados en relación de dependencia sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias, el cómputo del pago a cuenta se efectuará en la liquidación anual de tal impuesto, para lo cual el empleado deberá informar mediante nota con carácter de declaración jurada su situación impositiva al empleador.

A su vez en el caso de los socios de sociedades de personas, el crédito fiscal del pago a cuenta se atribuirá en proporción a su participación en tales sociedades, y luego cada socio deberá proporcionar su utilización al incremento de la obligación fiscal personal que provenga de las mismas. En otras palabras, que si esas personas tienen otras ganancias, el pago a cuenta surgido de su participación en sociedades de personas no es computable para el pago del impuesto que surja de tales ganancias.

Cabe mencionar que la RG 1674 de la AFIP, que reglamenta la norma que estamos comentando, dispone que en el caso de anticipos, podrá utilizarse el crédito fiscal pendiente de imputación a la finalización del mes anterior al del vencimiento de tales anticipos.

En todo este tratamiento hay un viejo problema que no ha sido resuelto por la norma que estamos comentando, y es el que se presenta cuando el pago de los anticipos y retenciones de los impuestos a las ganancias excede el monto de determinación final de la declaración jurada. Porque puede ocurrir, y ocurre, que dado que los anticipos se establecen sobre la base de los montos de impuestos abonados en el año anterior, si la determinación del impuesto del año corriente da una cifra menor puede presentarse el caso de que tengamos saldos a favor por anticipos pagados. Si bien existe la posibilidad, acotamos, de pedir una reducción de tales anticipos cuando estimamos que nuestro saldo de impuestos será menor, no siempre se efectúan tales presentaciones en tiempo y forma, o no siempre las estimaciones son correctas, naturalmente.

En estos casos, si aplicamos al pago de los anticipos los créditos del impuesto al cheque, éste queda incorporado en aquellos, por así decirlo, y por lo tanto perdería el carácter de pago a cuenta a ser compensado con futuras obligaciones en los impuestos a las ganancias o a la ganancia mínima presunta. Por consiguiente si nuestras declaraciones juradas presentan saldos a favor por pagos en exceso de anticipos, ¿pueden tales saldos utilizarse contra otras obligaciones tributarias, como el IVA, o es preciso desglosar de ellos el pago a cuenta computado, dado que éste no es trasladable a otros impuestos?. Este problema ya lo teníamos en oportunidad de la vigencia de los pagos a cuenta durante el año 2001 y comienzos de 2002, por eso decimos que no es nuevo.

Si bien esta cuestión puede parecer menor, no lo es en muchos casos. Hay empresas muy importantes que tienen una enorme carga de impuesto al cheque, con lo cual pueden producirse grandes diferencias a compensar. No debemos perder de vista el hecho de que un pago a cuenta es equivalente a un anticipo de cualquier impuesto, y que por ello constituye una carga financiera que puede ser relevante. Y aunque no lo fuera tanto, es obvio que cualquier contribuyente quiera utilizar antes que nada sus saldos a favor para reducir el peso financiero y económico de sus obligaciones fiscales.

Y para finalizar, dos cuestiones adicionales. La primera es que si hubieran quedado saldos sin utilizar de la vigencia del pago a cuenta del impuesto al cheque que finalizó el 18 de febrero de 2002, tales saldos pueden utilizarse ahora. Y la segunda es que el decreto establece un plazo de 3 meses para evaluar la evolución de la recaudación fiscal y también la utilización de cuentas bancarias. Como el proverbial dicho: nada es para siempre.

Buenos Aires, 19 de junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
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Entre nosotros digamos que la salida del default y el canje de la deuda, finalmente concretado, ha hecho que la consultora Standard and Poors sacara a nuestro país de la condición de “default”, por lo cual los fondos de inversión están ahora autorizados a comercializar bonos argentinos. Esto implica, naturalmente, un retorno a la normalidad, al menos en un principio. Como se sabe, restaurar la confianza lleva años, pero los negocios con títulos posdefault ajustables por inflación, por ejemplo, son tal cosa hoy.

Precisamente la tendencia a colocarse en pesos en títulos indexados para hacer diferencia en dólares, dado que la divisa norteamericana sigue “planchada”, aumenta la llegada de los llamados “capitales golondrina”, que acuden raudamente a hacer grandes diferencias en cortos lapsos. Por eso el gobierno ha dispuesto alargar a un año el plazo de ingresos de divisas con fines de colocación financiera. Además, ha establecido la obligación de dejar como encaje no remunerado el 20% de los montos ingresados por tal fin. Es decir que una vez más se acude a la mecánica de evitar la consecuencia en lugar de corregir la causa.

Porque la causa es la tasa de interés creciente y la indexación de los títulos en pesos provocada por la decisión del gobierno de mantener el tipo de cambio alto, dado que para tal fin debe emitir moneda que luego retira mediante colocaciones de Lebacs a tasas crecientes, tal como venimos reiterando semana a semana.

Otro aspecto a comentar es que la recaudación del mes de mayo ha superado los 12.000 millones de pesos, un número esperado pero igualmente altamente positivo. Sin embargo, como siempre decimos, cuando la recaudación aumenta se produce un enfriamiento de la economía, dado que lo que se paga en impuestos y genera superávit, se deja de gastar.

El gobierno sigue comprando dólares masivamente, y ha llegado en el mes de mayo a una cifra de 1.500 millones de esa moneda, buena parte mediante emisión pura de moneda, y el resto mediante los fondos del tesoro, es decir del superávit, depositados en el Banco Nación.

La suba de los salarios mínimos desde 450 pesos a 630 escalonada en 3 meses, no es más que el reconocimiento de las llamadas “asignaciones no remunerativas” otorgadas por decretos del Estado con anterioridad, que ascendían a 150 pesos netos y se convertirán en 180 pesos brutos para cubrir el efecto de las retenciones previsionales al incorporarse al sueldo. Es decir que significan un aumento de los costos para las empresas y no una mejoría de salarios real. En este aspecto reiteramos lo que siempre decimos también: los salarios suben cuando aumenta la productividad, al tiempo que baja la desocupación. Pero no lo hacen por efecto de decretos o disposiciones, que a la larga se vuelven contra los mismos trabajadores presionando los índices de inflación y fomentando todavía más el empleo en negro. Es que es indispensable tener en cuenta que las normas impuestas producen cambios en los mercados, y éstos deben ser analizados antes de tomar las medidas, porque después las consecuencias se hacen inevitables. Claro que acá están en juego los reclamos sindicales, que antes que nada apuntan a las llamadas “cajas” que afectan, precisamente, a los propios sindicatos. Lamentablemente.

Digamos para ir terminando que en Italia la Corte ha determinado que no tiene jurisdicción sobre la deuda argentina en materia de default, ya que los bonos en poder de acreedores del país peninsular están emitidos bajo legislación de otros países, como el Reino Unido o Alemania. Este aspecto favorece a nuestro país en materia de reclamos por la deuda, dejando de lado el hecho de que moralmente siempre el no pagar lo adeudado deja una secuela de desconfianza enorme por parte de quienes se sienten estafados. Lo cierto es que aún está pendiente qué cosa se hará con los bonistas que no entraron en el canje, y es sabido que cualquier gestión para acordar con el FMI implica el reconocimiento de que tales obligaciones no se extinguieron ni mucho menos.

En estos días se han producido algunas novedades a nivel internacional que juzgamos de gran trascendencia para el acontecer la economía mundial tanto en el corto como en el largo plazo. Como lo que habitualmente hacemos es referirnos a la repercusión que puedan tener entre nosotros los sucesos internacionales, no profundizaremos en el análisis de la cuestión europea tras las dos derrotas consecutivas, en Francia y en Holanda, de la propuesta de una constitución para toda la comunidad de naciones del Viejo Mundo. Pero nos parece importante hacer una mención más o menos amplia dado que el efecto sobre modelos transplantados a América Latina, como el Mercosur por ejemplo, se enmarcan en un esquema bastante similar en cuanto a las previsiones futuras.

Es sabido que la Unión Europea está chocando con innúmeros problemas provenientes de décadas de proteccionismo y de la prolongación /sine die/ de subsidios y seguridades del llamado “Estado benefactor” sin que se analicen debidamente los resultados sobre los sectores promovidos o protegidos, por ejemplo.

Europa toda está sufriendo una falta de competitividad notable con relación a no pocos países de Asia, Oceanía e incluso de América del Norte. Ello es debido a varios factores, entre los cuales los costos del sostenimiento de beneficios y subsidios adquiere características importantísimas. Piénsese por ejemplo, que la Comunidad hace más de 50 años que protege al agro, lo cual excede todo marco de razonabilidad, más allá de la opinión que cada sector pueda tener respecto del proteccionismo económico. Es decir, puede parecer lógico establecer protecciones por un tiempo con una finalidad determinada, pero cuando tales protecciones se vuelven indefinidas, en términos meramente económicos cabe pensar si no sería mejor estudiar una “reconversión”, como se le llama hoy al cambio de objetivo económico en tal o cual área.

A esto se suman las restricciones inmigratorias y el control de la natalidad que van llevando al Viejo Continente a tener una población de gente mayor, jubilada, subsidiada, protegida, contenida y todo lo demás, que está perfecto pero que hay que pagarlo.

La llegada del euro a Europa ha provocado una suerte de corsé para los mecanismos devaluatorios nacionales que en casos como el de Italia permitían cada 3 o 4 años restaurar la competitividad, como acaba de ocurrir en la Argentina con la devaluación de comienzos de 2002. Es decir, cuando el gasto excesivo en el sostenimiento de políticas proteccionistas se hacía intolerable, una devaluación devolvía las cosas a un estadio anterior. Esta modalidad, que siempre calificamos como artilugio monetario, permitía sostener la fantasía de que se podía pagar hasta lo impagable. Italia en particular ha sabido imponer controles de precios y demás, como nosotros, pero sin llegar al grado de desastre al que se llegó aquí en otras épocas. Tales controles pretendían evitar las consecuencias de las devaluaciones, como pasa aquí hoy en día, precisamente.

Lo cierto es que el euro, como moneda común, no contempla estas expresiones locales, y por ende actúa de manera similar a lo que fue la llamada convertibilidad entre nosotros. A medida que se sobrevalúa, deja fuera de competencia definitivamente a la industria y el comercio locales. Europa tiene un enorme reaseguro en el ingreso de turismo. Es un plus que da miles de millones de euros por año a los viejos países que la conforman. Este dato no suele ser tenido en cuenta por los países americanos que pretenden tomar la experiencia comunitaria para trasladarla a estas playas.

Precisamente la sobrevaluación del euro, en parte producto de la caída del dólar como consecuencia del enorme déficit norteamericano de los últimos años, ha contribuido al descontento de verse compelidos varios países a revisar sus números. Por ejemplo, Alemania ha establecido modificaciones en los sistemas de subsidios por desempleo, tomándolos a cuenta de la futura jubilación de las personas involucradas. Francia y otros países han comenzado a “tercerizar” la producción de bienes de grandes marcas, el llamado /outsourcing/ va imponiéndose poco a poco en la vieja Europa protegida, para bajar los costos laborales que se tornan imposibles de sostener. Esto hace años que ocurre en Asia, como todos podemos comprobar observando etiquetas de prendas o electrónicos donde se indica el lugar de fabricación de grandes marcas japonesas, por ejemplo.

La derrota del “sí” en Holanda tiene además ribetes de catástrofe, porque nadie esperaba una cifra de rechazo como la que finalmente se obtuvo: el 61,7% dijo “no”.

Bien, las perspectivas para estos países terminan siendo las de tratar de sostener hasta lo imposible el proteccionismo del “eatado benefactor”, subsidios al agro incluidos. Esto es visto como un perjuicio para nuestro país, dado que obviamente somos productores de bienes primarios a gran escala. Sin embargo, consideramos que Europa puede marchar rápidamente a una seria crisis económica con un atraso tecnológico que ya se hace evidente, por lo demás. Piénsese que los adelantos en tecnología de los últimos 50 años, desde la computación a Internet, desde los satélites de comunicaciones a la telefonía celular, tienen origen estadounidense o japonés, esencialmente. Europa debe buscar formas de competencia, lo cual no es sencillo porque implica recortar beneficios adquiridos y sostenidos casi como un axioma.

La caída del euro en estos días, que ha bajado a 1,23 dólares por unidad y sigue la misma tendencia, es la manera monetaria de tratar de volver a competir allí donde los mercados se retraen.

Observando la situación local, en principio estas cuestiones no producen un efecto en el mediano plazo. La Argentina hace años que tiene problemas para exportar a Europa productos primarios, y no solamente por proteccionismos del tipo subsidios y topes, sino también por imposición de sanciones colaterales, como la búsqueda de objeciones sanitarias y cosas así. Pero es importante tener muy en cuenta el final de estas experiencias colectivas, que si bien todavía no ha llegado, está cada vez más próximo.

Cabe recordar que el Mercado Común no nació esencialmente para protegerse, sino para competir, que obviamente no es la misma cosa. En efecto, aquellas medidas iniciales de Francia y Alemania de los años 50 apuntaban al establecimiento de la llamada Escuela Austríaca en materia económica, siguiendo la línea de Jaques Rueff y de Federico Von Hayek. Es decir la llamada “economía social de mercado” basada en la “teoría relativa del valor”. Esto es: una liberalidad acotada por razones de Estado pero creciente y punzante. Capaz de avanzar por encima de proteccionismos e intervenciones indefinidas.

Esto no fue así, naturalmente. Porque poco a poco, la propensión a brindar seguridades a cualquier costo y sin límites terminó en el punto en que hoy estamos: falta de competitividad, tercerización, desocupación creciente, sociedad con mucha gente mayor jubilada, poca gente joven y demás. Y precisamente el voto negativo a la constitución europea pretende afianzar las fronteras locales para sostener así lo que a estas alturas parece insostenible.

© Héctor Trillo

Es interesante señalar que según los datos que se conocen se ha producido en el trimestre inicial de este año un incremento de las exportaciones en cantidades, con descensos en los precios. En efecto, las exportaciones en el lapso señalado subieron un 13% con relación al mismo período de 2004, y la descomposición de este porcentaje indica que en cantidades la suba fue del 18%, mientras los precios bajaban algo así como un 4% promedio. Estos datos fueron publicados por el diario La Nación del sábado 28 de mayo. Se trata de cifras oficiales y sería interesante que se expusiera la metodología de cálculo, especialmente de las cantidades, ya que obviamente requiere un complejo trabajo de homogeinización en cuanto a las unidades. También se informó que la cantidad de firmas exportadoras pasó de 11.300 entre 2001 y 2004, a 14.000, con una participación creciente de empresas pequeñas y medianas.

Es evidente que el crecimiento en divisas de las exportaciones fue posibilitado por la gran devaluación de comienzos de 2002, aparte de la notable suba de precios internacional de algunos productos primarios, tales como la soja y el petróleo. A ello se agrega la pérdida de valor del dólar con relación a otras monedas, como el euro.

Sin duda la devaluación, que alcanza hoy el orden del 200% fue un incentivo de gran importancia dado que los costos de producción ni de lejos alcanzaron semejante porcentaje, al tiempo que el mercado interno se vio a su vez favorecido por la falta de competencia externa debido a los altísimos precios de los productos importados.

En nuestra opinión, allí donde hay un mercado siempre aparecen interesados en cubrirlo, y lógicamente la favorable situación del comercio exterior como consecuencia de lo señalado ha sido un incentivo de importancia liminar. A tal punto lo fue, y lo sigue siendo, que hizo factible la imposición de retenciones que oscilan, mayoritariamente, entre el 23,5 y el 45% de los montos brutos exportados.

Así las cosas, mientras el mercado local era abastecido partiendo de la capacidad ociosa instalada a fines de 2001 a precios crecientes en niveles del 50% o del 100% respecto de los vigentes en tiempos de la convertibilidad (algunos rubros prácticamente no se modificaron, tales como las tarifas de servicios, los peajes y otros), la salida al exterior posibilitó un crecimiento sostenido en la producción, las ventas y las utilidades de las empresas abocadas a la exportación.

Pero debemos recalcar que los efectos logrados, tal como surge entendemos del mismo comentario que estamos realizando, están basados en dos pilares: el sostenimiento del tipo de cambio elevado de manera artificial, y la cotización internacional del dólar y de los productos que estamos en condiciones de exportar, como la soja. Es decir, que no se trata de una mejora relativa en las calidades o en la productividad local que nos permitirá ser competitivos hacia el futuro en un marco de equilibrio.

El sostenimiento del tipo de cambio, tal como reiteramos con insistencia, implica medidas monetarias de explansión que se traducen en inflación y déficit cuasifiscal, del mismo modo que el mantenimiento de tarifas irreales provoca desinversión en áreas fundamentales, como las de la exploración y explotación petrolera y gasífera.

La Argentina está importando gas oil y fuel oil en crecientes cantidades, y también como se sabe importa todo el gas que puede de Bolivia. Estas importaciones resultan imprescindibles para mantener un nivel de producción acorde con el crecimiento del orden del 8% que venimos manteniendo aún con la tendencia a la baja.

A todo esto se suma la necesidad de generar un marco de seguridad jurídica a muy largo plazo, que más allá de la línea que siga, debe fijarse de manera definitiva.

Porque el marco natural es el de un país donde llegan las inversiones, mejoran las tecnologías, crece la productividad (es decir mejora la eficiencia) y se sostiene un estado de derecho sólido y duradero. Las mejoras tecnológicas se retrasan cuando el tipo de cambio encarece su importación. Del mismo modo que la sustitución de importaciones consecuencia de los altos precios de importación, genera una producción local de escasa calidad comparada.

Hay que tener en cuenta que el reclamo de un dólar “competitivo” es, en realidad, la corroboración de que si el tipo de cambio no es incrementado artificialmente, el país no es competitivo. Esto, que parece Perogrullo, es necesario recalcarlo. Porque esquemas similares han sido mantenidos durante los últimos 60 años, salvo escasos períodos.

Es sabido, por ejemplo, que en materia de empaquetado de productos, las empresas se han resignado a una calidad intermedia que los haga exportables a América Latina o al Mercosur. Es decir que pese a que estamos en condiciones de producir a precios en principio de competencia con el Primer Mundo, pese al flete, no parece haber un incentivo suficiente. El problema, sin embargo, está a nuestro entender en la posibilidad de mejorar el empaquetado, para lo cual se requiere a su vez alta tecnología que debe ser importada.

El superávit comercial del comercio exterior, en el lapso que comentamos, fue de 2.300 millones de dólares, una cifra más que interesante. Pero insistimos en que hay que tener en cuenta que las limitaciones que imponen los precios a los productos importados son importantes. No es que no se importa más porque no se necesita, sino porque no hay mercado que pueda pagarlo.

La necesidad de replantear la administración del Estado, tanto nacional como provincial y municipal para hacerla realmente eficiente, con controles externos adecuados, en un marco de austeridad y con específicas atribuciones, es un aspecto que prácticamente no existe en el discurso del gobierno actual. Igualmente, el sistema tributario sostenido en las retenciones a las exportaciones, por ejemplo, constituye un verdadero baldón a la hora de solicitar nuestro país que los países centrales no protejan sus productos agropecuarios mediante subsidios. Pero además de ello, se trata de una quita notable a los sectores que terminan siendo rentables por imperio de la política monetaria en buena medida. Es decir, una transferencia de ingresos lisa y llana, entre otras cosas posibilitada por los bajos costos en dólares, y por los bajos sueldos.

El bajo nivel de vida del habitante medio de nuestro país, está vinculado directamente con la baja productividad, y ésta se incrementa con tecnología, con inversiones, con maximización de la asignación de los recursos, y con seguridad jurídica. Piénsese que el PBI per cápita en la Argentina está en el orden de los 4.000 dólares anuales contra 25 o 30.000 de los países industrializados.

Ahora bien, es un dato alentador que las exportaciones crezcan, que haya superávit, que surjan nuevos emprendimientos a la luz del nuevo mercado que se gesta. Pero siempre es importante tener en cuenta que los mercados surgidos de medidas partidas de artilugios monetarios, como el sostenimiento del cambio alto, tienen una duración muy limitada. Y eso es obvio. Rápidamente las presiones sobre los precios, el aumento del endeudamiento público (que se produce hoy vía Lebacs o Boden) y su consecuencia: el déficit cuasifiscal, termina destruyendo las mejores intenciones.

Cuando vemos todavía hoy en el conurbano enormes galpones y fábricas abandonadas, sabemos que en general se piensa en la política económica seguida por Cavallo, por ejemplo. Y por lo general los argumentos que se leen, y que especialmente son esgrimidos por algunas cámaras empresarias, indican que hubo una apertura indiscriminada de las importaciones. Este razonamiento es incorrecto, o más bien incompleto. Lo que hubo fue una apertura indiscriminada de importaciones con el tipo de cambio fijo. Eso es lo que hizo que pudieran demandarse infinitos dólares necesarios para la importación que siempre iban a poder adquirirse al mismo precio: un peso. Por ello, en la medida que el tipo de cambio se retrasó por imperio de la fijación llamada convertibilidad, la importación masiva terminó hundiendo las industrias medias. Pero hay que tener presente que muchas de tales industrias se gestaron al amparo de regímenes de protección y cierres de fronteras que posibilitaban el encarecimiento de sus productos y bajaban la calidad para el mercado local. Algo de eso está pasando ahora nuevamente. Hay más industrias, hay más producción, pero baja la calidad y volvemos a las reparaciones y arreglos de máquinas y elementos que poco a poco se vuelven obsoletos y son la corroboración del retraso tecnológico.

Buenos Aires, 28 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

Tal como hemos venido sosteniendo la desaceleración del ritmo sostenido de crecimiento de la economía comienza a aparecer en los diversos indicadores como una sombra que se cierne sobre el comportamiento en general de la dirigencia, tanto política como económica.

El incremento de la tasa de desocupación, que pasó de 12,1% en el último trimestre de 2004 a un 13% en el primer trimestre de este año se una señal de alerta (este valor sube al 16,6% si se no se consideran empleados aquellos que perciben subsidios estatales ). También lo es que en abril se hubiera producido una baja del 0,9% en las ventas en supermercados.

Como hemos venido expresando, el modelo expansionista y de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto sostenido artificialmente no deja de ser una gloria pasajera, ya que en el correr del tiempo la presión de costos, precios y salarios, va produciendo una merma en los márgenes de utilidad y una consecuente baja en los niveles de producción.

El Estado sostiene el cambio comprando grandes cantidades de dólares excedentes con emisión de moneda, para luego contraer el circulante mediante colocaciones de letras del Banco Central a tasas cada vez más altas y en muchos casos indexadas. De tal manera que se aumenta el endeudamiento público y se genera un déficit cuasifiscal (financiero) creciente. Las tasas de interés por Lebacs a 49 días, que hace dos semanas pagaban una tasa de 5,30%, se elevaron ya al 6,1% anual.

La recaudación tributaria, por otra parte, se mantiene en valores verdaderamente récord. Se espera para mayo un monto en torno de los 12.000 millones, cifra a todas luces en materia de superávit fiscal, que a su vez se estima en el orden de los 4.000 millones de pesos para ese sólo mes.

Los recursos del superávit, que con estas estimaciones ya superaría los 10.000 millones de pesos en lo que va del año, son utilizados en parte también para comprar dólares desde el Banco Nación, evitando de esa manera una mayor emisión. Pero es preciso recordar que el superávit es dinero restado al mercado productivo, y por lo tanto a las bondades de su crecimiento, deben contrapesarse los efectos negativos de la contracción económica que genera.

La continua compra de dólares llega ya a los 51.000 millones de pesos desde el comienzo de esta política, la mayor parte de los cuales son, como decimos, emisión pura. El crecimiento de la economía, en torno del 8,4% interanual luego de haber alcanzado topes superiores al 9%, no cubre ni de lejos la inyección monetaria. Por eso las presiones sobre los precios son una constante, lo mismo que los conflictos gremiales por suba de salarios, cada vez más frecuentes y generalizados.

Luego del levantamiento del embargo en Nueva York, en otro orden, se han producido nuevos embates por parte de los genéricamente denominados “fondos buitre”, que intentan al momento de escribir estas líneas, nuevos embargos de títulos por 12.500 millones de dólares en Luxemburgo y también trabar fondos líquidos para el pago de intereses de bonos provenientes del plan Brady, que cuenta con garantía de títulos del tesoro norteamericanos. Sin abundar demasiado en este aspecto, podemos decir que la puja sigue y seguirá, más allá de que pueda concretarse el canje del 76% de la deuda, que viene postergándose desde el 1° de abril pasado.

Varias veces hemos dicho que de una forma o de otra, el Estado argentino deberá encontrar una forma de reabrir el canje, aunque se le llame de cualquier otra forma, ya que los casi 24.000 millones de dólares que presionan sobre cualquier tipo de activos de propiedad de la Argentina, seguirá sufriendo embates de manera casi rutinaria, dificultando tanto como sea posible la vuelta a la normalidad internacional. Y ello es bastante lógico, ya que la defensa de los intereses de cada parte está en juego. Entendemos que el gobierno, y en especial el ministro Lavagna, continúa siguiendo una estrategia que contempla una línea dura, pero con un horizonte calmo, tal como lo hiciera precisamente con el canje, que luego de la propuesta inicial de Dubai fuera mejorado ostensiblemente en una etapa posterior a mediados del año anterior.

La crisis energética sigue su curso, y no parece haber demasiados visos de normalización. Se mandó al Congreso el proyecto de promoción de inversiones para la exploración y explotación del área marítima, se fijaron premios y castigos a los consumos domiciliarios e industriales de electricidad y de gas, se fomenta por todos los medios posibles el ahorro de energía, se reduce la cantidad de gas exportado a Chile, y se busca acordar de algún modo un ajuste de tarifas que permita destrabar la postergadísima renegociación de los contratos con las prestadoras de servicios públicos que se encargan de los derivados del petróleo. En lo que respecta a Bolivia, la situación es por demás complicada, más que nada por la situación interna del país del Altiplano, y una sana expectativa no permite ser optimistas respecto de la importación de gas boliviano.

Digamos también que el ministro Lavagna se ha interesado especialmente en el ingreso de los llamados “capitales golondrina”, es decir, en los capitales que ingresan al país para hacer negocios financieros por un corto lapso. Al respecto, las normas establecen un tope de U$S 500.000 dólares por mes y un plazo mínimo de 6 meses de permanencia. Este plazo se prolongará a un año. Es interesante hacer un comentario sobre cuál es el mecanismo de control en esta materia: el propio Banco Central envía inspecciones a los bancos y entidades financieras. En estos momentos están en marcha nada menos que 180 inspecciones, según información del Ministerio de Economía.

Los “capitales golondrina” acuden porque el afán de sostener el tipo de cambio produce, como venimos sosteniendo, una suba progresiva en las tasas de interés, al tiempo que la emisión de moneda resultante impulsa hacia arriba los índices inflacionarios, lo que hace sumamente rentable la colocación en pesos durante un período más o menos breve para luego “salir” recomprando dólares.

Todo se trata, como se ve, de diversas operatorias en torno de una política monetaria que se basa en el sostenimiento de un tipo de cambio irreal para tener un mercado supuestamente competitivo y lograr la sustitución de las importaciones. El viejo modelo keynesiano. Pero las sustituciones de importaciones deben alcanzar el margen de calidad que permita la competencia internacional, lo cual solo es viable con la mejor tecnología, aspecto insalvable cuando menos por la imposibilidad de afrontar los costos de la alta tecnología que debe importarse a un tipo de cambio donde el peso se muestra evidentemente subvaluado. De manera que el final del camino, en este aspecto, es el que ya conocemos.

En nuestra opinión toda política basada en artilugios monetarios puede ser aplicada por un lapso determinado, más o menos breve, teniendo en cuenta una situación determinada. Por ejemplo: la convertibilidad fue útil en el período inicial luego de la hiperinflación. Del mismo modo la expansión monetaria luego de la pavorosa devaluación de comienzos del 2002, surte efectos positivos en cuanto a la reactivación de la capacidad ociosa, pero termina rápidamente cuando tal capacidad se cubre y lo que se requiere son nuevas inversiones de largo aliento, para lo cual hace falta establecer reglas de juego claras, de largo plazo, en un estado de derecho sólido. El camino de los cambios permanentes, de la cuasiarbitrariedad de poner o quitar retenciones, de los “superpoderes” o de los decretos de necesidad y urgencia, no contribuye a fijar tales reglas permanentes. Esta realidad por lo tanto, está cargada seguramente de las mejores intenciones, pero dista de marcar el rumbo de la previsibilidad indispensable.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar