La inflación es un fenómeno esencialmente monetario y no de márgenes de utilidad o “carteles” que suben precios. De la comprensión del problema depende la solución. El punto es si se desea resolver el problema o por el contrario se pretende postergar sus efectos.
Los acontecimientos acaecidos en la semana que concluye muestran a las claras que estamos ante la evidencia de que el problema inflacionario ha llegado para quedarse, tal como hemos venido señalando desde hace más de un año. Sorprende especialmente la falta de claridad técnica observada en los funcionarios en general, y de Economía en particular. Si bien puede ser entendible (aunque de ningún modo justificable por el daño que infiere a la población) que el ala política del gobierno acuse a empresarios incluso con nombre y apellido de pretender obtener ganancias excesivas o “injustificadas”, no parece de buen tino que la recientemente designada ministra del área anuncie medidas de fiscalización de precios a cargo de intendentes bonaerenses como parte de las “medidas antiinflacionarios” encaradas por el Gobierno Nacional.
Es obvio que ni los “carteles”, ni los empresarios que pretenden ganar dinero o incluso muchísimo dinero no producen en sí inflación, y por lo tanto el razonamiento es, desde el vamos, muy poco técnico, por no decir otra cosa. Los primeros, es decir los “carteles” constituyen una violación de las leyes de competencia que deben ser sancionados tal y como corresponde. En cuanto a los márgenes de ganancia, nada tienen que ver con un proceso inflacionario aún visto desde el punto de vista más elemental. Nadie paga por un producto lo que no vale, y si paga por él, entonces lo vale. Es tan sencillo que cuesta creer que verdaderos técnicos y economistas puedan caer en el discurso político de acusar a comerciantes de un problema monetario generado por la política elegida de sostenimiento de tipo de cambio alto. O competitivo, como le gusta decir al Presidente. Volvernos competitivos sin serlo, porque siéndolo, no es necesario un tipo de cambio artificialmente elevado.
Los artilugios monetarios como el del tipo de cambio elevado artificialmente, se sostienen con emisión de moneda no requerida por el mercado. Ese solo hecho produce
inflación. La moneda excedente, como los tomates excedentes, o el producto que fuere, provoca baja de valor, precisamente por ser sobreabundante. Es por eso que el aire es gratis aún siendo imprescindible.
No es que queramos caer en lecciones elementales de economía, sino que nos preocupa sobremanera el sesgo acusatorio que han tomado los hechos. Enviar a intendentes con grupos de personas a verificar precios es la antesala de cosas peores que ya hemos vivido, y varias veces. Que un comerciante quiera vender un producto a un precio más elevado es cosa de él, y es nuestro derecho no comprarlo. Pero que el comerciante tema ser atacado, saqueado, sitiado por un piquete o algo por el estilo por vender libremente un producto al precio que quiera es gravísimo. Es verdad que se reitera oficialmente que de ninguna manera es éste el fin perseguido, pero dudamos de que alguien pueda estar tranquilo ante este panorama.
No queremos caer en comentarios de tinte político, pero no podemos dejar de observar una realidad: el modelo económico de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto ha llegado a su fin, porque los efectos no deseados, o como se dice ahora los “daños colaterales” son cada vez más evidentes y es necesario salir a corregir el problema con medios técnicos, sobre los cuales podremos discutir, estar de acuerdo o no estarlo. Pero con medios técnicos, no con discursos altisonantes acusatorios y hasta clasistas.
Los datos con que contamos muestran en noviembre un crecimiento del índice de precios del orden del 1,2%, valor que podrá disimularse un poco y de hecho estimamos que no se corresponde con la realidad, pero que muestra a las claras que estamos en un problema generalizado de suba de precios de toda la economía, es decir, de un proceso inflacionario desatado, con tasas todavía bajas para nuestra historia, pero descomedidas en el marco internacional. Recordamos a quienes nos siguen que a principios de este año, nuestras estimaciones estaban en el orden del 13 o 14% para todo el período, cosa que podrá morigerarse tal vez con los corsés sobre algunos precios “pactados” con supermercadistas, pero que no es más que una postergación, volvemos a decir.
Los productos que se venden en los supermercados, con ser cruciales para la vida ciudadana, no son ni el 10% de los bienes y servicios en general que maneja una economía. Tomar a tales establecimientos como el centro del problema es, además, limitante y francamente discriminatorio. Las bajas de precios acordadas por la Licenciada Miceli llevan a preguntarse si los bienes producidos alcanzarán a satisfacer la demanda a tales precios reducidos, o si en cambio se producirá desabastecimiento. Porque una demanda excedente debe ser satisfecha y para ello es preciso una producción adicional, que requiere inversiones. Basta el ejemplo del gas para comprender lo que queremos decir.
En la Argentina han subido y continúan subiendo TODOS los precios, y también los salarios. Desde alquileres hasta taxímetros, desde tasas e impuestos hasta servicios médicos.
Cabe preguntarse si algún inversor está dispuesto con este panorama a instalar un supermercado, por ejemplo. O un tambo.
La preocupación del Dr. Lavagna respecto a la necesidad de promover inversiones era similar a la que muestra la flamante ministra Miceli. La búsqueda de aprobación del nuevo régimen de desgravación de ganancias invertidas en bienes de capital a punto de sancionarse muestra claramente la paradoja de que es necesario lanzar ofertas para lograr lo que el mercado no logra: más inversión.
Los márgenes de utilidad de las empresas son los posibles. Y es lógico que cada empresario pretenda ganar más dinero, porque para eso se dedica al comercio o a la producción. Que algunos precios suban debe ser convalidado por el mercado, es decir por la demanda. Y si no hay suficientes medios de pago, algunos precios bajarán.
Quien compra fideos deja de comprar carne. Así de sencillo. A menos que el Estado convalide el nuevo escalón con emisión de moneda, que es lo que viene ocurriendo.
Si observamos el nuevo Presupuesto Nacional veremos que la inflación estimada para 2006 marca un tope máximo del 11%. Es decir que el propio Gobierno acepta que los precios subirán un 11%. ¿Esto significa que si los precios son “remarcados” hasta allí ello es razonable y no un abuso, pero si llegaran a ser incrementados un 12% sería irracional y abusivo?.
Hemos podido escuchar a conocidos periodistas afirmando que la baja del 15% acordada con algunos empresarios demuestra que los márgenes de ganancia eran amplios y que pueden ser menores. ¿Esto quiere decir que el fenómeno inflacionario desaparecerá si los comerciantes y empresarios ganan menos dinero?, ¿O se limitará a un módico 11% que para tales periodistas “está bien”?.
Resaltamos este punto porque nos parece que tanto discurso errado contribuye a torcer la idea que el hombre común puede hacerse de qué cosa es la inflación.
Vender algo más barato aumenta su consumo, y si el precio no sube debe aumentar la producción, o el bien se agota, como el gas. Y para aumentar la producción, insistimos, hay que invertir, para lo cual hacen falta reglas de juego claras, estabilidad en las normas, seguridad jurídica, y no exponernos a que un piquete o un grupo de saqueadores comandado por quienquiera que fuere nos quite bienes y haciendas ante la mirada impávida de las autoridades, como ha ocurrido y probablemente ocurra nuevamente, lamentablemente.
Quienes cuentan con algunos años tal vez recuerden que en los años 50 los almaceneros iban a parar a la cárcel de Devoto por “especular y subir los precios”. La moneda nacional tiene hoy 13 ceros menos que la vigente en 1969. ¿Es esto culpa de especuladores y comerciantes deshonestos?. ¿Combatiendo la deshonestidad se combate la inflación?.
Estamos ante la lucha contra los molinos de viento. Estamos en la antesala de un problema mucho mayor. La inflación es el impuesto más injusto y afecta primero que a nadie a quienes perciben remuneraciones fijas.
Pretender derogar la ley de la oferta y la demanda es una vieja aspiración desde el emperador Diocleciano en adelante. El resultado es de todos conocido. Al menos eso creíamos.
Esperemos que la sensatez vuelva allí donde parece haberse escurrido. Hemos tenido una recuperación notable y ya superamos incluso los niveles productivos de 1998, los mejores de la historia. Continuar creciendo implica morigerar el gasto público y hacer eficiente la administración, de manera que la asignación de recursos sea por lo menos buena. La baja de los impuestos puede lograrse si el dinero proveniente de ellos no se malgasta, para poder contar con los servicios que presta el Estado sin tener que abonarlos dos veces, como ocurre con la seguridad o con la educación. Por ejemplo, bajar la carga pública que significa cumplir con innumerables exigencias de los entes de recaudación de impuestos, por ejemplo, bajaría dramáticamente los costos de administración de cualquier empresa, sea esta pyme o no.
El camino a seguir es claro y conocido, pero de eso no se habla, al menos hasta ahora.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2005
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Economía y tributación
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