En los últimos días los indicadores de precios al consumidor para el mes en curso han mostrado variaciones positivas inquietantes, sobre todo en materia de alimentos de la denominada canasta básica. Como tantas veces hemos señalado, resulta difícil predecir en qué momento los precios alcanzarán los porcentajes de la devaluación, pero sin ninguna duda que lo harán, y posiblemente más temprano que tarde en la medida en que ya se ha superado prácticamente la capacidad ociosa resultante de la crisis. En estos momentos, en que el crecimiento sostenido ha llegado a valores de producción de 1998, comenzamos a recorrer el camino de la imperiosa necesidad de inversiones, junto con una inevitable suba de precios que como se sabe el gobierno trata de controlar mediante procedimientos demasiado conocidos en nuestro país.
Desde el Banco Central, la llamada "ortodoxia" monetaria de retirar de circulación la emisión utilizada para comprar excedentes de divisas para sostener el precio por encima del valor de mercado, es acompañada por la suba de tasas que también se requiere cuando el proceso inflacionario comienza a marcar el rumbo, aparte de la elevación natural que provoca el endeudamiento requerido precisamente para lograr el cometido de retirar la moneda emitida del circulante.
A todo esto, las sucesivas negativas del ministro de economía respecto de una negociación con el FMI una y otra vez se chocan con la realidad de que tanto al organismo multilateral como a la Argentina les resulta conveniente arribar a un acuerdo.
La deuda a refinanciar es del orden de los 18.400 millones con el Fondo hasta 2007, lo cual aparece como imprescindible.
El Dr. Lavagna no ha querido avalar tasas en dólares por encima de 8,5% anual, y por eso declaró desierta la semana pasada la licitación de los nuevos Boden 2015, pero ello le crea problemas en lo que resta del mes de setiembre, y deberá recurrir a fondos del Tesoro para hacer frente a algunas obligaciones financieras.
La idea de dejar caer el dólar ha hecho decir al presidente del Central que ésta no produciría una baja de los precios, lo cual es cierto, pero probablemente no por las razones que la generalidad de la población tiende a creer. Los precios de los bienes, sobre todo los minoristas, distan de haber alcanzado el porcentaje de ajuste que sí tuvo el dólar, que para peor está inflado artificialmente. De manera que es razonable suponer que, o bien continuarán subiendo (algo que eufemísticamente o no hoy se llama "reacomodamiento"), o bien no bajarán si el tipo de cambio cae. De hecho ningún precio cae si la gente lo paga, y si no lo paga no es el precio.
Mientras tanto el gobierno sigue tratando de fomentar las inversiones, que como venimos diciendo resultan imprescindibles para crecer. Y este intento se afianzará en el curso de esta semana mediante la presentación de un proyecto de desgravación en el impuesto a las ganancias de las compras de bienes de capital. La idea, para nada novedosa, consiste en que en tales casos el dinero invertido sería considerado un gasto y por lo tanto quedaría desgravado directamente el primer año de la inversión, sin necesidad de seguir el tradicional proceso de amortizaciones o incluso de amortización acelerada.
Insistimos en el punto de que las promociones son consecuencia de la evidencia de que sin ellas las inversiones no llegan, o no llegan lo suficiente. Del mismo modo de que los acuerdos de precios y las medidas "ortodoxas" en materia monetaria que comentamos, son indicativas de que la inflación es un dato.
Otro aspecto de interés es que el Banco Mundial está listo para aprobar en enero un nuevo programa de créditos para nuestro país. Se habla de una cifra de U$S 3.000 millones a tres años y se trata de un programa de asistencia que reemplazará al que vence.
Existe la idea de que el Banco Mundial junto con el BID financien la reconversión del Plan Jefas y Jefes para que 500.000 personas que hoy cobran este tipo de plan se integren al plan Familias, que consiste básicamente en ayudar a las madres siempre y cuando vacunen y envíen a sus hijos al colegio. El programa resulta al parecer exitoso en otros países donde está aplicándose, pero muestra a las claras el cuadro de situación en el que desgraciadamente nos encontramos.
La salida del grupo Suez de Aguas Argentinas se enmarca en el retiro progresivo de inversiones del país galo de América Latina, pero también es un indicio cierto de la situación en que se encuentran las mal llamadas "privatizadas". La renegociación de los contratos ha venido avanzando en un marco de necesidad por parte de las empresas de aceptar imposiciones en muchos casos bastante inconsistentes (como el sistema de premios y castigos por no bajar los consumos eléctricos modificado sobre la marcha e incluso con implicancias retroactivas), ante la realidad de que una salida puede significar una pérdida mayor. Pero lo cierto es que la falta de inversiones en áreas clave, como la petrolera, indican un progresivo retroceso en la calidad de los servicios, que se acrecentará de continuarse con la misma política.
Los efectos supuestamente beneficiosos del tipo de cambio alto, como hemos dicho muchas veces, se contraponen con el encarecimiento de la tecnología de punta que debe importarse, y con la imposibilidad de sostener tarifas políticas y pretender inversiones que deben pagarse en divisas.
Los modelos de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto son inflacionarios y regresivos en materia de tecnología. Es un dato de la realidad. Y la necesidad de una reforma estructural del Estado en todos sus niveles para convertir a la Argentina en un país eficiente, tiene un costo político demasiado elevado como para afrontarlo en tanto y en cuanto la economía más o menos continúe en crecimiento, y máxime en un año electoral.
Veremos entonces cómo continúa la política económica luego de las elecciones, fecha para la cual todo lo que sea ajustes de precios, salarios y tarifas, ha venido postergándose.
Buenos Aires, 26 de setiembre de 2005
© Héctor Trillo
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