Blog de Héctor Trillo

Pérdidas por la Crisis

Crisis Internacional: Hechar Leña al Fuego



En un interesantísimo artículo publicado en el diario Ámbito Financiero (11/03/09) el economista Agustín Monteverde señala algunos aspectos de gran relevancia que corroboran nuestra reiterada opinión respecto de las acciones que los gobiernos están llevando a cabo para tratar de salir de la crisis.

Hemos hecho referencia en trabajos anteriores a nuestras enormes diferencias en cuanto al tratamiento que están intentado dar a la crisis económica y financiera en la que se encuentra el mundo los principales bancos centrales del orbe.


Hemos señalado que medidas tales como la baja de tasas como la inyección de moneda son las mismas que llevaron a la situación actual a lo largo de los últimos 25 años por lo menos. Precisamente los créditos masivos a tasas bajas para que la gente pudiera acceder a viviendas propias fue el puntapié inicial de la llamada crisis de las hipotecas. Esto es, la punta del iceberg.

Porque de tal manera se exacerbó la demanda mediante la ilusión de que el dinero era más barato de lo que en realidad era, al tiempo que no se exigían las garantías necesarias y suficientes ante la perspectiva de que la propia demanda produjera subas de precios en los bienes para cubrir cualquier defección.

Hasta que la enorme bola de nieve comenzó a derretirse.


El economista Monteverde hace algunas señalizaciones que consideramos de absoluta presencia para explicar lo que pasa.

Dice por ejemplo que lo que hace falta es corregir las distorsiones acumuladas. Y si bien no explica cuáles son, es obvio que tales distorsiones son las que ha provocado el intervencionismo y que sólo se corregirán mediante el default de los factores que han llevado a cabo malos negocios u otorgado malos créditos. No hay, entendemos, demasiado misterio en esto, aunque decirlo resulte especialmente crudo.

El presidente Obama continúa con las recetas fiscales de su antecesor (Bush), aunque con diferencias en los sujetos que recibirán su asistencia , dice Monteverde. Es decir, asistir, pero cambiando el destinatario. Señala el autor que la política fiscal no constituye una herramienta potente para suavizar los traumas del ajuste, apreciación con la que coincidimos en un todo. Y está más que a la vista que así es.

Claro, incrementar el gasto público significa generar un déficit fiscal adicional muy superior comparativamente al efecto sobre el PBI que tal incremento supone, en los EEUU (o donde fuere). Monteverde dice que por cada 10 puntos de expansión del gasto, sube un punto el PBI. Señala también que los planes de infraestructura padecen un largo período de maduración, con lo cual por supuesto coincidimos pero no nos parece lo más importante.

Otro aspecto que sí nos resulta verdaderamente prístino es que los auxilios irán dirigidos, al menos en un tercio, a industrias estructuralmente no competitivas. Que es lo mismo que ha venido haciéndose en nuestro país a lo largo de varias décadas.

El plan no es suficiente para disimular las pérdidas, señala. Las pérdidas son tan monstruosas que en un día o dos se absorben tanto el plan de Bush como el de Obama juntos. Las pérdidas de capital acumuladas de sólo 15 días superaron el PBI anual de EEUU. Notable.

La merma en la riqueza de los hogares norteamericanos llega a los 20 billones de dólares, que representa un quinto del patrimonio total de las familias estadounidenses. Falta sumar allí las pérdidas del sector financiero y del estatal norteamericanos, dice Monteverde.

A su vez trae a cuento que durante la crisis del 30, la merma patrimonial alcanzó al 40%, es decir, el doble de la actual.

Los salvatajes fiscales terminan licuando el capital privado, requerirán nueva inyección de capital, seguirán incrementando el gasto público mientras que la contracción de la actividad y la deflación de precios derrumbarán los recursos fiscales.

Así las cosas , el primer año de la gestión demócrata podría culminar con un pavoroso déficit presupuestario de más de un billón y medio de dólares.

La verdad es que inyectar liquidez donde nadie está dispuesto a tomarla, aún a tasa cero, resulta un sofisma. Es un absurdo que sólo puede conducir a empeorar las cosas. Aún a tasas cero o incluso negativas puede ser conveniente no tomar ningún crédito, porque la baja de los precios puede resultar un mejor negocio.

Negocios y empleo caen entonces todavía más y se agravan así las cosas cada día.

Cuando en la Argentina se produjo la impresionante devaluación del año 2002, que el gobierno de entonces y su ministro de economía Remes Lenicov había calculado en $ 1,40 por cada dólar siendo que a los dos meses el valor de la divisa había alcanzado los $ 4.-, la caída de ingresos en divisas y la pérdida de patrimonios fue realmente monstruosa y superó largamente el 60% a nivel de hogares, por ejemplo.

El camino elegido por los gobernantes de entonces fue, sencillamente, el de licuar las obligaciones del Estado en moneda local haciendo que ésta pierda su valor rápidamente. Las consecuencias fueron absorbidas por la comunidad y, al impulso de los buenos precios de las commodities , en algunos años se recuperaron los valores de los tiempos de la llamada convertibilidad (aunque podríamos hilar un poco más fino allí en lo que se referiere a su vez a la pérdida de valor del dólar a nivel internacional).

Si bien en muchos aspectos las situaciones no son comparables con la crisis internacional actual, hay sí algunos puntos en común: un endeudamiento elevado sostenido en un tipo de cambio fijado artificialmente (que tiene su parangón en la fijación de tasas de la FED, por ejemplo), un gasto elevado en divisas, contando con los recursos que provendrían del endeudamiento externo supuestamente infinito para mantener el tipo de cambio artificial (equiparable a la idea de que la ayuda o el salvataje de los bancos centrales puede llegar a cifras astronómicas sin problema alguno, lo cual no es cierto), y así siguiendo.

En suma, la Argentina vivió por encima de sus posibilidades durante la llamada convertibilidad hasta que estalló la bomba de la realidad. Así por ejemplo los EEUU vivieron por encima de sus posibilidades al gastar más de lo debido mediante endeudamiento y déficit creciente, hasta que la llamada burbuja estalló por el lado de las hipotecas subprime y los ahora famosos apalancamientos (evidente rémora de nuestra recordada bicicleta) se derrumbaron día tras día y semana tras semana.

La realidad, volvemos a decirlo una vez más, es que los Estados avanzados del planeta, y por añadidura los restantes países, deberán hacerse cargo de la crisis como mejor puedan, asumiendo que la ayuda monetaria se topa con la llamada trampa de la liquidez (la gente prefiere no gastar ni endeudarse y permanecer líquida). Ya son monstruosas las pérdidas, inevitables por lo demás.

Es decir que ya se ha recorrido una buena parte del camino. Falta aún un tramo, que nadie puede saber con exactitud qué tan largo es.

Ese tramo deberá ser recorrido inevitablemente, por más ayudas, salvatajes y bajas de tasas que se intenten. Tal vez algunas pérdidas se disimulen o se socialicen, pero serán pérdidas inevitablemente.

Y recordamos como paradoja final que el intervencionismo no hace sino distorsionar y cambiar de manos las pérdidas como los plumeros hogareños cambian la tierra de lugar. No evitarlas.

Y mientras la idea siga siendo que lo que ocurre hoy en el mundo es consecuencia de la liberalidad de los mercados y no esencialmente del intervencionismo de los bancos centrales mediante el manejo de las tasas de interés, todavía el daño puede ser mayor al que inevitablemente hubiera de resultar.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 11 de marzo de 2009

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Realidad Económica y Política

EL DISCURSO PRESIDENCIAL Y LA REALIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA


En estos días en los que la crisis económica y financiera mundial se ha acentuado de manera peligrosa, se hace necesario mantener la cabeza fría e intentar por todos los medios recurrir a los que saben, despojados de consignas ideológicas tanto como se pueda.

Probablemente este comentario que sigue sea más político que los que le han precedido en todos estos años. Después de todo en la Facultad nos enseñaban Política Económica y es obvio que la vinculación entre una cosa y la otra termina por refundirse cuando la escalada ha sido lo suficientemente importante como convertirlas en la misma cuestión.

El discurso de la Presidenta en el Congreso en oportunidad de la apertura del período de sesiones tuvo la característica de ser una enumeración más o menos taxativa de los sucesos acaecidos a lo largo del año que transcurrió desde el 1º de marzo del año 2008. La enumeración estuvo cargada de subjetividades producto de lo que podríamos llamar la opinología tan cara al gobierno del matrimonio Kirchner.

Nos centraremos en aspectos económicos intentando así y todo dejar de lado cuestiones meramente políticas, como el llamado al diálogo a la oposición, una especie de chanza casi de mal gusto, si se nos permite, dados los antecedentes.


La tendencia presidencial a sermonear a los opositores y a los díscolos, intentando reflejar su punto de vista como la verdad incontrastable dista mucho de acercarse al criterio de unidad política que mínimamente debería privar si es que se intenta acordar algo con quienes no piensen exactamente como nuestros gobernantes. Lamentable este es un aspecto que conforma parte del estilo de gobernar de los Kirchner y probablemente no se modifique, lo cual no queda sino lamentar. Esto de reemplazar un supuesto pensamiento único por otro no creemos que colabore en absoluto en cuanto a contar con una unidad basada en acuerdos programáticos básicos que permitan, de a poco, ir restaurando las instituciones y por consiguiente el Estado de Derecho.

El evidente desconocimiento sobre temas económicos y financieros hace incurrir a la Dra. de Kirchner en innúmeras fallas de razonamiento. Y afirmaciones tales como esa de Los que toda la vida pronosticaron lo que iba a pasar sobre nosotros, sobre ellos, sobre el mundo y sobre la historia, no aciertan en ninguna de las medidas... no toman en cuenta que no solamente muchos pronósticos de conocidos economistas, como el caso del argentino Guillermo Calvo cuando pronosticó el llamado Tequila, sí acertaron y sobradamente. Al tiempo que la propia presidenta no acertó cuando en EEUU dijo muy suelta de cuerpo que el mundo desarrollado necesitaba un Plan B y nosotros los argentinos no, siendo que es obvio que la sucesión de manotazos de ahogado de estas horas indica exactamente lo contrario al menos en lo que a la Argentina se refiere. Es más, el propio Néstor Kirchner creyó que acertaba cuando apostaba sus fichas a Domingo Cavallo en tiempos de Carlos Menem.

Es verdad que muchos diagnósticos han sido equivocados. La economía es considerada una ciencia social y por lo tanto sujeta a los vaivenes de las reacciones humanas, siempre impredecibles por más sistemas econométricos que pretendan deducirlas. Pero no es cierto que todos los pronósticos hayan fallado. A lo largo de la historia de las últimas centurias el acierto político económico norteamericano es un dato incontrastable, por más que sea políticamente incorrecto decirlo. Y si se trata de recordar desaciertos debemos empezar localmente por decir que el economista Remes Lenicov pronosticó un dólar de $ 1,40 a comienzos de 2002 y un mes y medio después lo teníamos a $ 4.-. Luego podremos hablar sí de los economistas liberales que no acertaron al decir que el billete norteamericano llegaría en ese año a $ 10.-, algo muy reiterado por los economistas adherentes a este grupo gobernante. Economistas que por otra parte incursionaron en el periodismo en un diario económico y financiero cuyo eslogan es que defiende lo nuestro, como si esa fuera la función de un periódico, y no la de informar.


Otro aspecto que hay que señalar es el de la amenaza de más y más intervencionismo a la que hizo referencia la presidenta, cuando dijo que enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos (como si se tratara de conceptos diferentes) exijan. Si tenemos en cuenta que en la Argentina funcionarios de segundo o tercer orden prepotean a la gente, dibujan índices de precios, prohíben exportar carnes o granos o leche, envían listas de precios máximos sin membrete al Mercado de Liniers, etc. no queremos ni imaginar qué cosas pueden llegar a ser necesarias ni cómo se implementarán en caso de que el Congreso no quiera aprobarlas. Supuesto, claro está, que se envíen antes de firmar los consabidos decretos de necesidad y urgencia para luego solicitar entonces una ratificación.

Es decir, que el cuadro intervencionista-violador de la Constitución en el que nos encontramos no hace presagiar lo que se ha dado en llamar un clima de negocios. Más bien sigue sin hacerlo presagiar. Y tal vez, hace más agorero cualquier presagio.

Estamos en manos de gobernantes que son capaces de hacer cualquier cosa con el dinero, con las AFJP, con el sector rural, con las exportaciones, con los planes de canje, con el manejo de fondos públicos sin rendición de cuentas, con lo que se les ocurra. Esta es la realidad que nos toca vivir.

La mención a la resolución 125 estuvo tan fuera de lugar como de tiempo y espacio, ya que ésta vencía a fines de octubre de 2008. Mencionar que hubiera sido beneficiosa cuando el propio gobierno hubo de modificarla al menos dos veces antes de enviarla al Congreso nos lleva a pensar a cuál de las variantes de la resolución se refiere, por otra parte.

La realidad es que todo aquello de positivo que los sectores oficialistas pudieran encontrar en el gobierno actual, se topa con esa otra realidad que dice que hay abundante arbitrariedad, sobrada descalificación del pensamiento de los demás, ataques insólitos y vergonzosos a la prensa, manejo discrecional de fondos, confiscaciones de ahorros de futuros jubilados, mentira recurrente en la elaboración de índices, sostenimiento de funcionarios psicóticos de armas llevar que se hacen proteger en la plaza pública por pintorescos campeones de un símil del boxeo, piqueteros ex funcionarios que toman a trompadas a indefensos ciudadanos que se manifiestan (y encima desde atrás), blanqueos de capitales luego de haber prometido traje a rayas para los evasores, etc. etc.

Mientras tanto el mundo, a nuestro juicio, intenta apagar el incendio arrojando más nafta al fuego. Porque la verdadera causa de la crisis ha sido el exceso de crédito a tasas artificialmente rebajadas por las políticas de los bancos centrales, en especial de la Reserva Federal norteamericana. De manera que la inyección de moneda tiene un efecto similar al que ha venido produciendo en la Argentina, justamente. El intervencionismo no hace más que desviar las verdaderas motivaciones de las voluntades humanas, y por lo tanto altera innúmeras variables hasta provocar el derrumbe. Esto pasó en los años 30, pasó también en la Unión Soviética. Y pasó muchas veces entre nosotros, como por ejemplo con el llamado rodrigazo, luego de la inconcebible inflación cero de Gelbard, o con el plan Bónex, o con el fin de la llamada convertibilidad.

Una buena parte de la población mundial prefiere ahorrar en dólares y quedarse en ellos, debido a la confianza que imprime la dinámica de la economía norteamericana, que es de lejos la más versátil del mundo. Y en esa parte de la población estamos también los argentinos, incluso el ex presidente Kirchner al sacar los fondos de Santa Cruz en los años 90. Así, el mundo financia gratuitamente el enorme déficit norteamericano, que tiene esencialmente un origen bélico.

Pero las políticas que los líderes del G 7 intentan implementar no constituyen ni de lejos la forma de corregir los malos créditos, sino de transferir a los acreedores las pérdidas que deberían asumir los deudores.

En momentos de escribir estas líneas tenemos una real declinación de la actividad económica en la Argentina, en parte provocada por la crisis internacional, y en otra proporción tal vez bastante más alta en la increíble política llevada a cabo con el sector rural, en todos los sentidos, en todos los aspectos casi sin excepción. Y no de ahora, ya que esta política que podríamos denominar anticampo la inició el furibundo Dr. Lavagna y su insólito camino de penalizar con mayores retenciones a quienes no bajaran los precios. Una forma de proceder que jamás hemos visto en ningún texto serio de economía. Vienen a nuestra mente los calificativos utilizados por el insigne ex ministro para referirse a los dirigentes agropecuarios: primates, ignorantes en materia económica y otras lindezas.

No cabe sino concluir con el viejo adagio tan reiterado entre profesionales: en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009

PD: Al momento de estar enviando este trabajo, se produjo la reunión entre la llamada "Mesa de Enlace" y el Gobierno, oportunidad en la que se arribó a un principio de acuerdo sobre algunos puntos que comentaremos en todo caso en otro trabajo. Es importante sí señalar que la asistencia de la señora presidenta a esta reunión es positiva en sí misma, constituye un gesto y significa reconocer de alguna manera la existencia del problema, base fundamental para comenzar a resolverlo. Y resolver el problema agropecuario puede signifcar un espaldarazo importantísimo. Es apenas un escalón de una larga escalera el que se ha subido, pero es algo. Al menos es un pequeño atisbo de cordura, luego de largos años de carecer de ella a nuestro modo de ver. Esperemos los acontecimientos y veamos cómo continúa esta fundamental cuestión, sobre todo porque el enojo en el Interior ante el desprecio y la prepotencia reinantes, es muy grande.

Reflexiones sobre el superábit fiscal

El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta el constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad J.B.Alberdi


Oíamos en una radio capitalina un reportaje al ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández en el cual el periodista formulaba básicamente preguntas de tipo político, vinculadas a las alianzas que están supuestamente en gestación con miras a las próximas elecciones legislativas de este año. Hasta aquí, nada digno de destacar, como no sea que los acuerdistas de otrora hoy cercanos al gobierno, no son acuerdistas, y los acuerdistas de otrora que hoy están en la oposición, siguen siendo acuerdistas.

Sin embargo, en un pasaje del diálogo, el Dr. Fernández hizo una extraña comparación que motivó que nuestras orejas se pararan, literalmente. Dijo algo así como que si alguien le pregunta al Dr. Néstor Kirchner o al Ing. Mauricio Macri respecto de la conveniencia de mantener superávit fiscal, ambos responderán que sí. Pero mientras el primero ha destinado el dinero proveniente de dicho superávit a atender necesidades de la población, el segundo lo hubiera destinado a pagar el total de la deuda externa porque con toda seguridad éste no habría negociado una quita del 75% como sí lo hizo el Dr. Kirchner.

La mezcla conceptual que produjo el ex ministro en tan pocas palabras es enorme. No es nuestra intención en este caso ni siquiera acusar a Kirchner, ni mucho menos defender a Macri. Simplemente estos dos políticos fueron puestos como ejemplo de lo que representa el progresismo versus la derecha política. Es decir, la biblia y el calefón, si nos atenemos a los parámetros de la intolerancia argentina que tan bien ha reflejado Fernández en esta grosera comparación.


En otras oportunidades hemos señalado que en la Argentina el superávit fiscal no ha sido genuino, desde el momento que fue provisto por los derechos de exportación (las llamadas retenciones), que a su vez fueron posibles en virtud del sostenimiento de un tipo de cambio elevado por encima de los precios de mercado, merced a una política monetaria basada en la emisión espuria de billetes de banco para comprar con ellos los dólares excedentes provenientes de las exportaciones de productos primarios. Exportaciones que a su vez se incrementaron como consecuencia de los muy buenos precios internacionales que posibilitaron incluso interesantes inversiones en el sector agropecuario. Esta es la causa esencial de la inflación que venimos soportando, ya que tal superávit obtenido de esa forma espuria, es luego gastado por el Estado en obras o en subsidios (cosa a la que Fernández denomina necesidades de la población ) inyectando de ese modo los excedentes de pesos emitidos y avivando el incremento de los precios.

Ahora bien, no es función del Estado manejarse con superávit. La función del Estado es la de mantener las cuentas públicas equilibradas atendiendo aquellos preceptos señalados en el Preámbulo de nuestra Constitución. Inclusive si el Presupuesto indica la existencia de superávit, o si éste a su vez excede lo presupuestado, ese dinero debe efectivamente destinarse a los fines enumerados en la cita alberdiana del comienzo de esta nota. Eso no lo dice el progresimo ni la derecha ni la izquierda , lo dice la Constitución Argentina y lo reafirma Juan Bautista Alberdi. No sabemos qué piensa Macri al respecto. Pero es sabido que ciertos excedentes superavitarios han sido manejados discrecionalmente durante años por, justamente, Alberto Fernández cuando era funcionario.

Pero, con todo, lo que nos parece muy importante y digno de comentar es el tema de la quita del 75% de la deuda externa. Fernández considera un logro del gobierno kirchnerista haberle hecho el proverbial pelito al campo a los acreedores a los que se obligó a conformarse con migajas. Y además da por sentado que Macri no haría eso, y lo hace críticamente, señalándolo con el dedo. Insistimos en que no sabemos qué piensa el ex presidente boquense al respecto y poco importa, porque con independencia de las personas, acá lo que está en juego es la moral, tanto pública como privada.


Fernández tranquilamente podría haber estado entre los que aplaudieron y vociferaron en el Congreso cuando el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saa anunció el default. A este ex ministro le parece correcto, y además digno de mención y de comparación, el no respetar las obligaciones contraídas. Y le parece pésimo que un ocasional adversario político sostenga en hipótesis lo contrario. No podemos dejar de resaltar a su vez que el pasado de Fernández dista bastante mucho de ser progresista .

Recordamos haber señalado en muchas oportunidades que la Argentina debió respetar sus obligaciones y no imponer una quita como lo hizo. Porque la verdad es que más que negociar lo que la Argentina hizo fue imponer. Eso ha derivado en innúmeros problemas internacionales, entre los cuales está que no tengamos fuente de financiamiento y debamos entonces recurrir a Hugo Chávez o al robo a las AFJP. O al blanqueo de capitales y la moratoria impositiva y previsonal, entre otras lindezas.

El progresista Lula Da Silva no entró en default y pese a ello ha logrado revertir la situación complicadísima en la que se encontraba Brasil a comienzos de los 2000. ¿Acaso hay algún punto en común entre Lula y Macri? Habría que preguntarle a Alberto Fernández, pero cabe suponer que en tal caso habría una conjunción entre progresismo y derecha por demás llamativa.

Brasil tiene hoy acceso al crédito internacional a tasas muy convenientes, el llamado riesgo país es extremadamente bajo comparado con el nuestro y sus relaciones internacionales son evidentemente promisorias. En cambio nosotros estamos aislados del mundo con una presidenta que se sube al escenario para anunciar planes para la compra de calefones o cambios en el sistema de pago de los boletos de colectivo, (en lugar de que la Casa de Moneda resuelva el problema de la escasez de metálico, dicho sea de paso). La diferencia es tan evidente que cabe preguntarse si Fernández intentó elogiar o criticar a Kirchner.

Si la situación de nuestro país hubiera sido la de afrontar el pago de la deuda, mediante una refinanciación a largo plazo, otra sería la cuestión. El superávit fiscal, en caso de ser genuino, implica haber cumplido en el ejercicio con las obligaciones surgidas de la Constitución en forma satisfactoria y por lo tanto es efectivamente un excedente. Si esto es así, ese excedente debe ser destinado al pago de la deuda, y no a repartir subsidios y dádivas. Y si no se cumplió con las obligaciones constitucionales, entonces la administración está comportándose de manera deficiente y debe modificar eso. Por lo demás, tal superávit también se destina al pago de los vencimientos de la deuda.

No nos parece que estemos diciendo algo que no se sepa. Afrontar nuestras obligaciones en lugar de comportarnos como los proverbiales piolas para afirmar como lo hiciera Lavagna que si alguien le presta a la Argentina a tasas enormes, sabe los riesgos que corre para luego lanzar tácitamente el también proverbial corte de manga, o, si los lectores lo conceden, el alpiste.

En definitiva, lo que Fernández ha hecho es mostrarnos su estatura moral. Y lo hecho tal vez sin darse cuenta. Él considera correcto dejar de afrontar los compromisos asumidos, incorrecto asumirlos, beneficioso tener superávit ficticio sin ser buenos administradores, y algo lógico que esto sea así.

Mientras tanto, desde el Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853 un lúcido Juan Bautista Alberdi nos recuerda cuáles son nuestras obligaciones y cuáles las del Estado, que es único y permanece en el tiempo, cualesquiera que hubieran sido sus administradores ocasionales.

Si el gobierno de Kirchner decide hacerle caso a Rodríguez Saa y no pagar la deuda, lo que hace es comprometer a todos los argentinos. No a algunos sí y a otros no. El Estado soberano no tiene nada que ver con las ideologías o los métodos predominantes.

Quien no cumple con sus compromisos falta a su palabra y a su ley. Y quien sí los cumple, respeta los principios fundacionales y actúa conforme a derecho. El resto es pura cháchara.

La presión tributaria ha crecido en la Argentina de manera endemoniada. Los ajustes tarifarios han llegado al paroxismo dejando así de lado la consigna subsidiadora en evidente estado de agotamiento. Las cifras de ajuste por índice de precios se han ridiculizado por la impresentable manía de mentir los índices, lo cual constituye una forma de default al no pagar a los tenedores de bonos indexados lo que les corresponde. Mentiras y cortes de manga, no respeto de las obligaciones contraídas, reparto de dinero entre los amigos, y subsidios a empresas y no a consumidores forman parte del universo ético y progresista de este ex ministro. Un paradigma de la realidad que nos toca vivir a todos.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 5 de febrero de 2009

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La Declamación de la Emergencia Agropecuaria

El anuncio presidencial del decreto de ratificación de la emergencia agropecuaria, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 22.913 y concordantes, estuvo rodeado de un discurso cargado de apreciaciones fuera de lugar.


La vieja ley de emergencias agropecuarias lleva el número 22.913 y fue promulgada el 15 de setiembre de 1983 (durante el gobierno de facto del general Bignone, para más datos) y modificada o complementada en 149 oportunidades según el portal www.infoleg.gov.ar.


Con toda seguridad quienes estén vinculados a la actividad agropecuaria conocerán los distintos vericuetos de esta ley y muy probablemente habrán tenido oportunidad de haberse acogido en alguna oportunidad a la misma.

Esta ley crea una Comisión de Emergencia Agropecuaria en el área del Ministerio de Economía, que habrá de presidir el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, determina su conformación y funcionamiento y finalmente, en apenas 17 breves artículos, define el funcionamiento de las emergencias agropecuarias y su escalón más alto: el desastre.

Como bien sabrán los productores, el procedimiento consiste en presentar a nivel provincial la documentación que avale el daño en los campos como efecto de desastres naturales, justipreciándose el mismo en porcentaje del total. Aquellos que muestren que su producción se ha visto afectada en más del 50% entran en emergencia, y quienes superen el 80%, en desastre. Los beneficios son de carácter impositivo y crediticio, y pueden llegar a la exención transitoria de gravámenes si el Poder Ejecutivo así lo dispone en el caso de desastre agropecuario, o diferimiento si se trata de emergencia.


Las provincias extienden los certificados de emergencia o de desastre, según la información que reciben de los municipios y así funciona el sistema. Es independiente el tratamiento impositivo provincial del nacional. Es decir que las provincias cuando declaran la emergencia en determinados partidos o departamentos, inician el mecanismo tal como se describe. Finalmente la Nación adhiere y dispone lo mismo a nivel Nacional, corroborando lo actuado por las provincias.

En otras palabras; se trata de un procedimiento aceitado y estándar que funciona desde hace por lo menos 25 años.

¿Cuál es el criterio seguido por la presidenta de la República cuando sale a declamar que otorga un beneficio que implica un esfuerzo patriótico cuando en realidad se trata de un estándar con un cuarto de siglo de vigencia y que además resulta imperioso, ya que de todas maneras los impuestos no resultan cobrables donde no hay producción o ventas?.

La verdad es que la alusión presidencial acerca de que ningún otro sector tiene la posibilidad de contar con un beneficio similar es un comentario político de muy poca monta. Da la impresión de que la presidenta no termina de digerir lo ocurrido con la resolución 125 y no puede evitar pasar facturas en sus discursos aún ante actos de gobierno que en sí son automáticos y están basados en una vieja ley que no hace más que cumplir, como corresponde.

El comentario de la Dra. Kirchner sobre que otros sectores no tienen en su favor diferimientos impositivos no se ajusta a la realidad, desde el momento en que existen diversos regímenes promocionales vigentes y una impresionante gama de subsidios que favorecen a otros sectores. Baste agregar que por ejemplo en el sector industrial no existen retenciones a las exportaciones y por lo tanto el valor del dólar es uno solo. Es decir que la presidenta ha intentado hacer lo que generalmente en el ámbito de la urbanidad no debería hacerse jamás: echar en cara el favor. Encima cuando no hace otra cosa que cumplir con un deber legal que así aparece presentado como una concesión graciosa y no como lo que verdaderamente es. Concesión graciosa que por otra parte no debe existir en un Estado de Derecho, agregamos.

Otro aspecto que también anunció la presidenta es el del reemplazo del sistema de otorgamiento de cartas de porte para el traslado de cereales, un tema que ha dado lugar a no pocos comentarios y conjeturas. Digamos que se pretende establecer un mecanismo de obtención de las cartas de porte de manera gratuita y por Internet en lugar de hacerlo a través de determinadas asociaciones como la Federación Agraria. En esto existen argumentos encontrados. Por un lado hay quejas dado que se han denunciado irregularidades en el otorgamiento de estas cartas de porte que con el procedimiento anunciado serían eliminados. Pero también está en juego el arancel que se paga por obtener este documento, que al pasar a ser gratuito deja sin ese recurso a las entidades encargadas de otorgarlo. Entre ellas la Federación Agraria. Aunque la inmensa mayoría de tales cartas de porte las emite la Federación de Acopiadores de Cereales.

Aparte de eso se menciona la dificultad que puede existir en lugares del Interior donde se hace difícil el acceso a Internet. Si bien esto es cierto, también lo es que actualmente infinidad de obligaciones fiscales deben cumplirse por ese medio y por lo tanto no parece haber una complicación adicional.

Queda claro sí que se le quita una fuente de recursos a una entidad enfrentada con el gobierno, lo cual da lugar a toda clase de suspicacias a nuestro entender justificadas, viendo cómo actúa este gobierno y el anterior (baste tener en cuenta los antecedentes del Secretario de Comercio para entender perfectamente el orden de los factores).

El decreto del Poder Ejecutivo reconociendo la emergencia posee una redacción que al menos a nosotros nos llama un tanto la atención. Lo transcribimos:

Art. 4 - El MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, ambas dependientes del citado Ministerio y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, dictarán las disposiciones aclaratorias, interpretativas y complementarias destinadas a instrumentar la fiscalización y aplicación operativa de la presente medida a los productores afectados efectivamente por la sequía.

Ahora bien, como decimos el procedimiento tiene 25 años de vigencia, y ha sufrido 149 modificaciones y complementos legales durante ese lapso. Se supone por lo tanto que está bastante bien aceitado como para funcionar de manera plena sin demasiados agregados. El párrafo remarcado en negrita muestra una suerte de celo excesivo que puede dar lugar a innúmeras medidas complementarias ante hechos absolutamente demostrables, comprobados incluso satelitalmente, y que por lo tanto no requerirían nada más. Y, lo que más nos conmueve, es eso de que resulten afectados efectivamente. ¿Cabe otra posibilidad? ¿Es necesario resaltar en la redacción de un decreto esto? Uno podría pensar que en tal caso todo debería resultar reafirmado de igual modo. Por ejemplo, y en el mismo artículo y para no abusar, habría que hablarse de la entidad efectivamente autárquica , o de la Secretaría y la Oficina ambas efectivamente dependientes del citado Ministerio. O la efectiva fiscalización y efectiva aplicación efectivamente operativa.

Entendemos que hemos sido suficientemente claros. El pez por la boca muere. Y creemos que ya va siendo hora de terminar con las declamaciones y empezar, de veras y efectivamente, con las declaraciones.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 27 de enero de 2009

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El Elogio del Consumo



Hay que tener cuidado al elegir los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos . J.L.Borges



Probablemente de manera inesperada para muchos, la presidenta Cristina Fernández llamó días pasados a la población a consumir para poder así conservar su empleo. La idea-fuerza es que si dejamos de consumir, los productores de bienes dejarán de producir dado que no tienen compradores para sus productos y por lo tanto cerrarán sus fábricas o disminuirán dramáticamente la producción de tales bienes. Esto es lo que se conoce como la paradoja del ahorro y que consiste en que, en tiempos difíciles, la gente tiende a consumir menos y guardar más, para asegurarse de tener algo si la situación se agrava, pero al hacerlo, lo que logra es que la situación empeore todavía más.

Es curioso pero esta observación presidencial tiene una connotación directa con el sistema de precios y conlleva a una profunda contradicción entre los sostenido por los actuales gobernantes en la materia y la realidad del mercado.


Por un lado se acepta lisa y llanamente (tal vez sin proponérselo) que es la ley de la oferta y la demanda de bienes y servicios la que marca las pautas de inversión y producción futuras. Por el otro es también esta ley la que determina el sistema de precios, ya que si el consumo baja como producto del exceso de conservadorismo , por así decirlo, no solamente caerá la producción sino que antes de ello bajarán los precios. Tal vez este último aspecto no estuvo en la mente de la señora presidenta, dada la particular visión que suele tener respecto del sistema de precios. Pero una de las consecuencias directas de la recesión es la deflación, la baja generalizada de precios por falta, justamente, de consumo. Y tal baja de precios es determinante de que muchas empresas quiebren. Dicho de otro modo al llamar a la población a consumir es equivalente también a contribuir a que se sostengan los precios y no bajen . Hay que recordar que medidas como la obligación de pagar $ 200 a jubilados y a aquellos trabajadores que tuvieran un ingreso neto de $ 1.240.- mensuales, o el mantenimiento de la devolución de IVA en pagos con tarjetas de débito apuntan a mantener o incrementar el consumo básico, cosa que hasta cierto punto puede lograrse si los precios no suben al incrementarse la demanda, lo cual no parece demasiado lógico. Ello aparte de que las subas de tarifas, pasajes, impuestos y demás juegan en sentido contrario.

En el mundo está buscándose justamente mantener la actividad mediante incentivos. Mucha gente ha reducido su consumo y prefiere atesorar dinero ante la perspectiva de quedarse sin trabajo, o ver disminuido el mismo, con lo cual la recesión en lugar de disminuir, aumenta. La Dra. Kirchner no ha dicho nada que no hubieran dicho con hechos y palabras los principales referentes de los bancos centrales del mundo entero. Prestar dinero a tasas bajas, ofrecer créditos, es una forma evidente de intentar incentivar el consumo. Pero cuando la expectativa general es que los precios caerán y los empleos se reducirán, nadie parece dispuesto a gastar, volviendo más dramática la situación.

La presidenta peca evidentemente de ingenua si supone que la población de la Argentina masivamente tomará en cuenta sus dichos y hará en consecuencia lo que ella le diga. En la práctica lo que ha venido ocurriendo en estos lares es que todo el mundo intenta conservar sus ahorros pasándose a dólares y guardándolos en el colchón o en cajas de seguridad, cuando no está en condiciones de sacarlos del país. Excepto, claro está, aquellos cuyos ingresos son tan magros que cualquier pesito adicional lo destinan al gasto.

La contracara de la paradoja del ahorro es la refutación que ha hecho el economista austríaco F. A. Hayek; quien decía que cuando el ahorro se incrementa, se produce una baja de la tasa de interés debido al aumento justamente de la oferta de fondos, y que al final del camino vuelve el equilibrio y producción y consumo retoman su ritmo. Pero para ello es preciso pasar por la sima (con s ). El sistema tiende a volver al equilibrio, y un exceso de ahorro baja las tasas de interés de modo genuino, incentivando de ese modo a la toma de préstamos para invertir.

Por su parte, J. Keynes sostuvo que justamente es en estas situaciones cuando el Estado debe salir a gastar para mantener los niveles de demanda agregada. Esto es: inversión y consumo. Ello resulta posible cuando el Estado puede tomar deuda de particulares que ahorran dinero, como ocurre con los bonos del Tesoro Norteamericano en estos días. O también con la emisión de moneda, lo cual puede resultar en una estanflación. Pero en la Argentina la situación es bastante diferente.

En verdad, el Estado está utilizando los fondos apropiados a las AFJP para intentar incentivar el consumo, de una manera keynesiana clásica pero con el toque argentino de no trepidar en violar la propiedad privada. Al mismo tiempo los insólitos aumentos de tarifas eléctricas (que se suman al denominado PUREE, es decir al sistema de premios y castigos derivados del uso racional de la energía eléctrica) son un genuino desincentivo al gasto; esto es: al consumo.

Es decir que estamos ante una contradicción evidente. Mientras la Dra. Kirchner intenta llamar a la reflexión para que se siga consumiendo, los precios de ciertos servicios públicos (electricidad, gas) aumentan de manera rabiosa y encima más que proporcionalmente cuanto más se consume, invirtiendo de ese modo el principio de que la compra en cantidades genera descuentos y no incrementos. Mientras por un lado se asume la lógica de la ley de oferta y demanda, por el otro se pretende derogarla.

Todo esto se enmarca también, y hay que decirlo, en la vieja discusión respecto de la llamada sociedad de consumo, defenestrada desde siempre por los intelectuales de todo tipo y color, pero especialmente por los llamados progresistas.

Estos referentes no han hecho sino criticar desde siempre cosas tales como el deme dos o los shoppings , con argumentos tan disímiles como complementarios. Desde que existen quienes pueden consumir mientras otros no tienen para comer, hasta la frugalidad de las compras compulsivas y cuestiones por el estilo. Con todo lo que esto tenga de verdad, y tiene bastante de eso, lo cierto es que si el consumo cae la situación se agrava. Que una persona que se define a sí misma como progresista entienda esto es un verdadero progreso, con perdón del retruécano.

Esto lleva también a repasar un poco el llamado distribucionismo. Hemos señalado muchas veces que el distribucionismo forzado mediante exacciones estatales es un genuino castigo al éxito. Quienes más ganan (rezan en sus plegarias progresistas quienes nos gobiernan), deben contribuir mucho más que el resto de la población al sostenimiento del bienestar general. Exactamente eso es lo que se intenta con las tarifas de luz o de gas crecientes, pero a medida que aumenta el consumo. El adagio según el cual quien más tiene más paga , incluye la sobre proporción. Quien más tiene paga, y lo hace más que proporcionalmente, no solamente paga más. Es también evidente que este sistema aplicado a las tarifas de gas y luz no es ni más ni menos que una nueva variante de la recién defenestrada tablita de Machinea. Además, como tal tablita se aplica sobre los consumos y no sobre los ingresos, se darán miles de casos en los que personas con bajísimos ingresos caerán en categorías intermedias con incrementos altísimos. Y no serán pocos los pudientes que tendrán su bulincito pagando monedas de consumo, como si se tratara de miserables jubilados, dado que como se sabe los servicios domiciliarios no tienen en cuenta el patrimonio del consumidor, sino solamente la propiedad en cuestión.

Para no extendernos demasiado, podremos entonces resumir ya el mensaje que desde el propio Poder Ejecutivo se nos transmite: consumir más y pagar más que proporcionalmente si lo hacemos. Y no ahorrar o hacerlo menos porque así conservaremos el trabajo.

No hay que olvidar que en la Argentina se han establecido múltiples sistemas de cruces de información para cazar ricos , por así decirlo. Y tales sistemas apuntan a detectar los movimientos bancarios, de tarjetas de crédito, de tenencia de cajas de seguridad e inclusive de escuelas a las que mandamos a nuestros hijos con la noble finalidad de detectar si evadimos impuestos, en principio. Pero violando todo lo que sea necesario el derecho a la privacidad e inclusive el secreto bancario. Todo ello para finalmente caer en un apresurado blanqueo de capitales y la correspondiente moratoria fiscal y previsional, que dicho sea de paso está a un tris de ser reglamentado y se anuncia que se enviarán cartas a los locadores de cajas de seguridad invitándolos a presentarse. El sólo hecho de que la A.F.I.P. cuente con los datos de estas personas es una severa violación del secreto bancario, llevada adelante, además, con la intención de apretar.

Siendo así las cosas, la gente sabe que si por casualidad exhibe capacidad de consumo corre el riesgo de ser cazada por la A.F.I.P., o por el benemérito Sr. Montoya. Porque entre las contradicciones de estos modelos que no son tales, se incluye la que estamos comentando de llamar al consumo para finalmente castigar a quien consume. Ni hablar de lo que puede ocurrir con quienes blanquean capitales, en el marco de la propia U.I.F. (Unidad de Investigaciones Financieras) o incluso a nivel internacional en lo referido al narcolavado.

Cuando las papas queman la población intenta guardar su dinero para poder contar con él si llegara a quedarse sin trabajo, lo cual está ocurriendo manifiestamente. Como decimos en la Argentina el ahorro no va a los bancos sino a los colchones en moneda dura. El Estado incentiva el consumo de heladeras, automóviles o bicicletas (estas últimas sin segundas intenciones), lo que se le ocurra al burócrata detrás de su escritorio. Lo hace con el dinero habido de las AFJP, es decir con el desahorro forzoso de los futuros jubilados. Al mismo tiempo pretende que la gente desahorre voluntariamente, pero que consuma, no que se pase a dólares porque eso obviamente no le sirve y equivale a la fuga de capitales. Pero la gente hace eso justamente porque tiene miedo de dejar el dinero en el sistema. Es más, tiene miedo del dinero argentino. No solamente de quedarse sin fondos o sin empleo.

Tiene también miedo de endeudarse. Tiene miedo en general. Y así las cosas, se guarece cuanto puede.

Por consiguiente, toda declamación en favor del consumo resulta ociosa si el marco general en el que se desarrollan las cosas, ocurre todo lo contrario.

En la Argentina no se puede exportar sin permiso, se aprieta a productores y comerciantes para que bajen sus precios, se acorrala al campo, se desploman los títulos públicos con mentiras estadísticas, se apropian fondos de ahorristas (ahora en las A.F.J.P.). No parece que muchos vayan a hacerse eco del pedido presidencial. En verdad, si no se hacen eco, actúan en contra del deme dos y de la sociedad de consumo. Y eso es progresismo puro. ¿O no?.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 19 de enero de 2009

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Economía Argentina 2008

Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse?: lo que Diógenes exigía a Alejandro: que no le haga sombra J.B. Alberdi.


Exactamente el 27 de noviembre de 2007 escribimos un artículo que titulamos El ajuste llegó para quedarse . En él reflejábamos la necesidad que ya tenía el entonces gobierno del presidente Néstor Kirchner de generar caja para poder seguir adelante dentro del esquema trazado.

Nada nuevo: subir retenciones, bajar subsidios mediante suba de tarifas, aumentar impuestos o generar inflación adicional constituían los recursos a mano para aumentar la disponibilidad de las arcas. Así fue desde el final del gobierno de Néstor Kirchner y continuó siendo en los primeros meses del gobierno de Cristina Fernández. El drama se puso de manifiesto cuando el 11 de marzo el ministro de economía Lousteau dictó la ya famosa resolución 125 fijando retenciones móviles a las exportaciones de ciertos cereales y oleaginosas. El mecanismo no era original, dado que ya venía aplicándose a las exportaciones de petróleo (y continúa hoy).

Pero la inesperada reacción de las entidades rurales descolocó a propios y extraños. En verdad, la reacción fue de las llamadas bases antes que de los dirigentes. Es que el sistema de la resolución 125 implicaba abolir los mercados de futuros, y fijaba el monto de ingreso máximo en pesos, moneda que viene perdiendo su valor a un ritmo del 20 o 25% anual.


Ante el fracaso de esta medida evidentemente recaudatoria, el gobierno de Cristina Fernández decidió atacar otros flancos. Ya en 2007 se había modificado por medio de la ley 26.222 el sistema de adhesión a las AFJP. Luego de un año de publicidad tendenciosa y francamente malintencionada, se logró que un millón de personas aproximadamente se pasaran del régimen mixto de las AFJP, al sistema enteramente estatal, lo cual implicaba que el Estado se hiciera de los fondos acumulados por estas personas y de los aportes corrientes de ahí en más.

El afán recaudatorio continuó su curso. La necesidad de caja se hizo cada día más elocuente. Así, a pocos meses de modificado el sistema de adhesión a las AFJP, se decidió su eliminación y la expropiación de los fondos acumulados. Al mismo tiempo, de dispusieron aumentos tarifarios del orden del 200% en electricidad y gas (según se comenta, en algunos consorcios el aumento en la electricidad llega al 400%). También se ajustaron los valores de los combustibles líquidos en promedio un 50% o más durante el transcurso de 2008, pese a las bajas producidas en la cotización del petróleo en el mundo, que significaron que pasara a valer prácticamente la cuarta parte de su precio máximo en el mes de julio pasado.

Hasta acá lo que podríamos llamar la previa. Obviamente la frutilla de la torta fue la sanción de la ley de blanqueo de capitales y moratoria impositiva y previsional. Al momento de escribir estas líneas se rumorea que el nuevo Secretario de Ingresos Públicos piensa enviar un proyecto para producir una nueva modificación a la ley penal tributaria para agravar las penas de los evasores. En realidad, lo que se intenta hacer es prácticamente obligar al blanqueo con amenazas de mayores sanciones. También está planeándose una modificación al Monotributo mediante un (cuándo no) régimen de información de parte de los contribuyentes que implique declarar su patrimonio. La razón de esto es que el atraso en el ajuste de los valores de ingresos de las distintas categorías del Monotributo se ha vuelto un incentivo al llamado enanismo fiscal. Esto es: mantenerse en categorías de esta forma de tributar en lugar de inscribirse en el régimen general de ganancias e IVA.


En dirección contraria, y por razones político-gremiales esencialmente, se ajustaron los mínimos no imponibles en Ganancias y se eliminó la llamada tablita de Machinea.

Con estos antecedentes y ante esta realidad local , por así llamarla, entramos entonces en el plano internacional. Los conflictos en Oriente Medio entre israelíes y palestinos, o entre indios y paquistaníes pueden repercutir seriamente en la incertidumbre general que tiñe de negro el horizonte económico y financiero. La crisis no ha concluido por más que se sostenga lo contrario.

Las voces tranquilizadoras se oyen por doquier. Todo parece haberse ajustado y resuelto mediante la inyección ilimitada de billetes de banco para favorecer el crédito a bajas tasas y el consiguiente salvataje de empresas en problemas. Esta política se ha extendido a nivel mundial.

Los Estados devalúan sus monedas. Los ahorristas se refugian en el dólar. Las pérdidas de los tenedores de títulos y acciones de las entidades con problemas han sido monstruosas. La gente no quiere correr riesgos y pocos son los dispuestos a endeudarse en estas condiciones. Todo el mundo parece preferir esperar, y esto desespera a los encargados de la política monetaria de los bancos centrales del mundo industrializado. Es lógico que así sea. Es lógico que los funcionarios se desesperen y es lógico que los ahorristas no quieran correr riesgos.

Ahora el presidente electo norteamericano anuncia un plan de reducción de impuestos que se financiará con el incremento de la deuda pública, ya que la corrida hacia el dólar ha venido incluyendo la compra de títulos del tesoro. El plan consiste en salvar y asistir. Ayudar y perdonar. Y endeudarse para poder pagarlo. Esperemos dé resultados positivos y no signifique tirar la pelota hacia adelante.

A muchos les ha ido muy mal. Incluso fueron estafados. O defaulteados miserablemente con argumentos tales como si pusieron la plata a tasas tan altas en la Argentina, sabían los riesgos que corrían (Dr. Lavagna dixit). Los países emergentes son riesgosos. Los países industrializados son riesgosos. El mundo es riesgoso.

Únicamente se salva, al parecer, la moneda norteamericana. Y eso es así porque la economía de EEUU es una de las más dinámicas del mundo. Y, con todos los problemas que ha presentado, lo cierto es que el Estado norteamericano no supera el 25% del PBI de esa nación, mientras que el de Europa alcanza y supera el 50%. Es decir que EEUU se mueve mucho más dentro de las leyes del mercado que la vieja Europa. India o China, por su parte, con todo lo que puedan ser, representan un aporte mínimo al PBI mundial al lado del europeo o el norteamericano.

Entre nosotros las cosas no terminan de adaptarse a la situación que se vive internacionalmente. En materia de exportaciones estamos cayendo en razón de los problemas con las retenciones, las prohibiciones y los precios máximos. El tipo de cambio no se ha dejado ajustar a los niveles que el mercado indica porque el intervencionismo lo ha impedido en razón de la fuga de capitales que viene produciéndose. Los planes de créditos blandos, ayudas varias, heladeras baratas y autos económicos sabemos dónde terminan antes de que empiecen (¡y no terminan de empezar!, con lo cual no se vende ni con planes ni sin ellos).

La presión tributaria es insoportable y supera cómodamente el 50% para quienes trabajan en blanco. El INDEC sigue falseando estadísticas e índices de precios. La devaluación no puede acelerarse por las razones apuntadas (y porque además exacerbaría la inflación por la aceleración de la velocidad de circulación de la moneda que se produce con la huída hacia el dólar).

Así las cosas, el 2009 será un año francamente recesivo. Con crecimiento cero o decrecimiento. Fuga de capitales y tipo de cambio oscilante provocado por el Banco Central para tratar de evitar la huída masiva al dólar.

La Argentina no está acomodándose al mundo. Las expectativas por el cambio de gobierno en EEUU se han magnificado como suele ocurrir entre nosotros, porque siempre esperamos soluciones mágicas. La búsqueda de inversiones en el mundo no dará resultados y la política de blanqueo de capitales arrojará problemas legales adicionales.

El gobierno kirchnerista no ha pensado ni un segundo en abrir la economía. Al contrario. Solamente piensa en cerrarla. Limitar importaciones. Restringir exportaciones para supuestamente favorecer el mercado de consumo local. Ofrece créditos con el dinero habido de las AFJP a gente que tiene miedo de tomarlo porque no sabe si conservará su trabajo para pagar. Prácticamente quiere obligar al blanqueo como obligó a los ahorristas a perder sus fondos en las AFJP. Succionar recursos de donde sea y como sea, cerrar fronteras, estrechar filas, y vivir con lo nuestro, como sugiere desde que lo conocemos el inefable Aldo Ferrer. Claro que lo nuestro es el yuyito, es la producción primaria, son las vacas. Y todo eso se lo persigue con argumentos psicodélicos, en lugar de promoverlo (es decir, no castigarlo) porque es la base del desarrollo productivo sostenido y eficiente.

Bien, digamos que no pensamos, pese a todo lo que estamos afirmando, que el año 2009 vaya a resultar tan dramático como han sostenido no pocos economistas. Más bien creemos que será complicado pero que no habrá un nuevo default explícito de la deuda, ni aumentará tan dramáticamente la desocupación. Probablemente sea necesaria una refinanciación, pese a que también se sostiene que no hará falta.

En estos días se han recuperado un poco los precios de las commodities. Esto puede significar un cierto respiro en materia de ingresos por retenciones a las exportaciones. Claro que para eso habrá que permitir exportar y terminar con esta historia de que vamos a poner de rodillas al campo.

El aumento del costo de la vida afectará mucho a la clase media. Los peajes, las tarifas, los combustibles, los transportes de pasajeros, etc. Todo lo que se ha mantenido congelado durante un lustro pegará el gran salto como ya está ocurriendo. Lo que podría haberse hecho progresivamente termina haciéndose de golpe con el resultado traumático consecuente. Probablemente el impacto en el bolsillo, y en la psique, de los sectores medios será bastante más dramático que el cierre de las cuentas públicas. Cuando la población empieza a sentir el cimbronazo, se contrae más y más. Deja de salir. Deja de ir de vacaciones. No cambia su auto. Se detiene como en esas imágenes del terror que producen los grandes cataclismos. Eso también hay que achacárselo al gobierno kirchnerista, por no haber ajustado los valores ante la depreciación forzada de la moneda por el sostenimiento del dólar alto durante tanto tiempo.

Bajarán los alquileres, bajarán las propiedades. Bajarán las ventas y muchos negocios bajarán sus persianas o negociarán bajas en las locaciones. Eso está ocurriendo en estos momentos y con creces, además. Y continuará ocurriendo.

Suben las prepagas, las cuotas de los colegios privados. Los ajustes se generalizan. EL AJUSTE se generaliza.

Demasiado intervencionismo para complicar la vida de la gente. Demasiada soberbia. Demasiado desparpajo cargado de mentiras estadísticas. La clase media prefiere guardarse. Responde así al contradictorio mensaje que significa no consuma electricidad o gas, pero sí consuma comprando electrodomésticos y automóviles.

Apagar luces, usar menos combustibles, no cambiar de auto, gastar menos gas, cambiar las lamparitas, no salir a comer afuera, no viajar y pagar peajes insólitos, no calefaccionar sus piletas . Y ahora que la clase media no gasta porque todo es más caro y supuestamente puede pagarlo, el Estado sale a ofrecer créditos para que sí gaste. En el bizarro mundo intervencionista las contradicciones no sólo son posibles, son inherentes al modelo.

Si observamos que en estos años el Poder Ejecutivo la señal fue no permitiremos exportar para garantizar la mesa de los argentinos, el resultado alcanzado resulta absurdo. Suben los índices de pobreza, la gente no compra, el consumo se retrae. La inflación no reconocida por la mentira oficial ha destruido los salarios en muchos sectores. La economía informal sigue representando prácticamente el 40%.

En este mar de paradojas hay que incluir el reparto de $ 200 por única vez y las llamadas tarifas sociales. El criterio sigue siendo discriminar hacia la clase media y media alta, pero al mismo tiempo se elimina la tablita de Machinea y se ofrecen créditos para autos. Paguen más pero sigan consumiendo lo mismo. La negación de la ley de oferta y demanda en estado puro.

La realidad es que, como decíamos hace poco más de un año: EL AJUSTE LLEGÓ PARA QUEDARSE.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 9 de enero de 2009

Argentina ante la crisis internacional - medidas

Tenemos que configurar un proyecto agropecuario sustentable . Cristina F. de Kirchner


LA CRISIS DEL CAMPO

En el año que está por concluir no caben dudas de que el acontecimiento más relevante en materia económica ha sido la denominada crisis del campo. Esta crisis no fue producto de una situación fortuita, si es que cupiera esa posibilidad. No. Fue el producto de un indescriptible error de cálculo que llevó a considerar que no había techo para aplicar impuesto a las exportaciones, y que la eliminación de los mercados de futuro carecería de consecuencias. Probablemente el antecedente que dio pie a esta decisión fue el del petróleo, en el que se aplicó ya desde el año pasado una metodología similar. Pero el mercado petrolero no es el mercado de granos y de oleaginosas. Y mucho menos el de la carne y el de los lácteos. Sería extendernos demasiado ingresar en una explicación detallada. Baste decir, sin embargo, que la producción petrolera y gasífera viene bajando desde los comienzos de la era kirchnerista sin solución de continuidad, al tiempo que la producción agropecuaria había venido mejorando de manera bastante elocuente.

Entendemos que quienes siguen nuestros comentarios habrán de tener presentes los distintos avatares que se suscitaron. El paro agropecuario, los jamás bienvenidos cortes de ruta, la persecución judicial a ciertos productores al tiempo que los asambleístas de Gualeguaychú siguen en la suya como si nada, etc. Toda la gama de consecuencias ha sido tan funesta o más de lo previsto, incluso por los más pesimistas. Se buscaron paliativos con varios meses de atraso: se intentó un sistema de reintegros francamente patético, se buscó distinguir a productores entre grandes y pequeños, entre lejanos y cercanos, entre provenientes de zonas más húmedas o más desérticas, y toda una maraña de diferenciaciones que, como se sabe, puede llegar a ser interminable. Finalmente se llegó a la conclusión de que lo mejor era presentar el proyecto de la Resolución 125 en el Congreso. Una sana medida democrática que fue repudiada por conspicuos supuestos defensores del progresismo, como el periodista Eduardo Aliverti, por ejemplo, que llegó a decir que había sido una imbecilidad tal decisión.


Así las cosas, en el Congreso no le fue nada bien al proyecto. Se obtuvieron poquísimos votos de ventaja en Diputados, y hubo un empate en Senadores, que como todo el mundo sabe desniveló el vicepresidente. Y justamente fue el Dr. Cobos el atacado a diestra y siniestra por los sectores del oficialismo y sus adláteres, sin que parecieran tomar en cuenta que la votación, tanto en una cámara como en la otra, dio lugar a numerosos votos en contra de parte de legisladores oficialistas.

Uno ha escuchado y leído una y mil veces que los sectores conservadores, o la oligarquía terrateniente, o la derecha , o los piqueteros de la abundancia se oponían a los designios de la 125. Pero muy poco se ha dicho de los progresistas que también se opusieron. Y he ahí el meollo de esta cuestión. ¿Por qué se opusieron?. Las respuestas pueden resultar muy variadas y llevar varias páginas. Pero hay una que entendemos es bastante obvia: los diputados y senadores debían retornar a sus provincias y observar que sus ciudades o pueblos contaban cada vez con menos recursos económicos debido a la no coparticipación de los ingresos por retenciones . Un detalle para nada menor. Por la plata baila el mono.

La resolución no salió y finalmente cuando se produjo la baja de las oleaginosas en el mundo, no faltaron los funcionarios y amigos del poder que se cansaron de repetir algo así como que si se hubiera votado a favor ahora los productores pequeños y medianos tendrían menos retenciones. Lo cual equivale a decir que el voto de Cobos resultó favorable a los intereses del gobierno y no al revés. Y también equivale a decir que dado que votaron en contra ahora lo que tendrán que hacer es joderse. La verdad es que no estamos regidos por estadistas, de eso no tenemos dudas.


LA OLEADA VOLUNTARISTA

Luego de las increíbles afirmaciones de la presidenta, respecto de que estábamos bárbaro hasta que apareció el mundo , a las pocas horas de haber afirmado en EEUU que los países industrializados deberían diseñar un plan B comenzó una verdadera oleada de intervencionismo voluntarista. Como hacía años no se veía.

Hemos señalado en otras oportunidades que el intervencionismo es como una droga y que cuanto más se entromete en la vida de la gente, más distorsiones provoca y más intervencionismo requiere. Así hasta el punto en el que el choque es inevitable.

Por un lado se produjo la apropiación de los fondos de las AFJP para que un par de funcionarios cuasi improvisados se dispongan a manejar el mercado de capitales, la asignación de créditos, los cupos y topes de préstamos e incluso los destinos de los mismos. Podrá haber préstamos para automóviles o para heladeras, como antes debería haberlos habido para las primeras propiedades de los inquilinos. Préstamos a las Pymes que cumplan con determinados requisitos, para producir seguramente aquellas cosas que ya se determinarán. Créditos a la producción si se trata de Pymes, y a los consumidores si se trata de la industria automotriz. Y así siguiendo.

La presidenta anuncia por su parte obras públicas. Primero 71.000 millones en tres años. Luego 111.000 millones. Si a esto le sumamos las medidas para alentar el consumo estamos en 10 puntos del PBI, más o menos.

El gobierno ha decidido hace ya mucho tiempo desviar de manera coactiva los recursos que el mercado hubiera manejado de otra forma. La razón de ello es que los gobernantes creen que el mercado hace las cosas mal, y que mejor lo harán Cristina, Néstor, Boudou, Choros, Moreno, o Massa. Y entonces los impuestos, los fondos de las AFJP (y pronto los de las ART), la inflación y el dibujo de sus índices para que los bonos públicos paguen menos intereses, serán entre otras cosas las fuentes de recursos .

Para que se tenga una mínima idea, los $ 13.200 millones anunciados en créditos para el consumo de diversos artículos hace algunos días, representan algo más del 10% del mercado total de créditos existente a noviembre.

El gobierno reasigna recursos que obtiene coactivamente con exacciones y confiscaciones. Y los gobernantes creen que lo harán mejor que quienes poseían tales recursos con anterioridad. Como el Estado obtiene sus recursos de manera coactiva, no necesita de las leyes de mercado para propiciárselos. Por lo tanto no necesita ser eficiente para ganarlos, simplemente los quita. Ser eficiente se convierte en un objetivo inútil. Y la nave va, como decía Federico Fellini. Asi es como se desarrolla la corrupción, el amiguismo, los cotos de caza y otras lindezas del mundo intervencionista. Todo el mundo termina golpeando puertas y ofreciendo lo que sea para resultar favorecido por la asignación espuria de recursos habidos coactivamente.

Así, los servicios que brinda el Estado suelen ser caros y muy malos, como todo el mundo sabe. Y si bien las tarifas suelen ser bajas políticamente, lo que en realidad ocurre es que se abona la diferencia mediante inflación, tributación, devaluación y otras averías propias del sistema. Y los más afectados por este accionar son, precisamente, los más pobres. Porque son ellos quienes tienen un salario fijo que se ve disminuido de mil formas. Y ni qué decir de los jubilados. Un sistema caro e ineficiente, cargado de amiguismo y nepotismo, con monopolios en manos del Estado, y con exacciones y apropiaciones de fondos para destinar a los sectores que resulten favorecidos , no puede funcionar si los salarios no son bajos. Los pobres son los que más pagan la inflación, la devaluación, la maraña de impuestos y tasas. Son ellos quienes viajan como hacienda y los que más sufren apagones, cortes de agua, bajas en el suministro de gas o aumento del precio de las garrafas. A ellos se les acercan canastas de Navidad a precios acomodados cargadas de productos de terceras y cuartas marcas, en muchos casos incomibles e imbebibles. Y se les promete un cambio de heladera.

Cuando la política económica funciona dentro de las reglas del mercado y se convierte en un estímulo el éxito económico, dentro de la seguridad jurídica indispensable, entonces las inversiones se multiplican y aumenta la producción, la productividad y la calidad de lo producido. Así es como suben los salarios y la demanda exportadora crece, al tiempo que se importa tecnología y se mejora el cuadro económico general. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo en la Argentina, en donde se apostó únicamente a que los precios de las commodities seguirían altos indefinidamente, y que el artilugio del dólar alto no terminaría nunca.

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS

Así las cosas, en muy poco tiempo se anunciaron o dispusieron medidas de todo tipo tendientes a incentivar la llegada de capitales, la inversión, el consumo, el empleo y tantas bondades más. Por ejemplo (a) se dispuso la eliminación de la tablita de Machinea (que estaba perfecta hasta hace unos días nomás y ahora es tristemente célebre) (b) se estableció un blaqueo de capitales (cuyas aristas lo convierten en un problema muy serio respecto del control del narcolavado, entre otras cosas) (c) se le asignaron $ 200 a los jubilados (d) se dictó una moratoria fiscal y previsional, (e) se anunciaron bajas en las retenciones de algunos granos, (f) se dispuso un plan para la adquisición de autos, (g) ídem para el canje de heladeras (g) se recreó el Ministerio de la Producción (tenemos el problema y el ministerio con el nombre del problema), (h) se estableció un blanqueo de empleados en negro, (i) se dictaron diversos planes para financiar consumos, empleo y producción, (j) rebajas en los impuestos a los envíos de frutas y hortalizas, (h) se fomenta el engorde de ganando vacuno por el sistema de engorde a corral (feedlot), (j) ayuda a los productores afectados por la sequía y a los afectados por la plaga de langostas. (k) Créditos de $ 1.700 millones para prefinanciar exportaciones y capital de trabajo, (l) planes Trigo Plus y Maíz Plus que son incentivos si se superan determinados topes de producción de esos cereales (rebajas de alícuotas de retenciones), (m) habrá un aguinaldo para los beneficiarios de los planes de ayuda, etc. etc.

De todo lo anunciado, luego del blanqueo de capitales y demás, lo más sorprendente es que se impulsará la creación de 5 (cinco) establecimientos de engorde a corral para 40.000 terneros holando argentinos CADA UNO. El objetivo es evitar el sacrificio de estos animales debido al alto costo que representa para los tamberos su crianza y su desarrollo. La carne que surja de estos establecimientos podrá ser exportada en forma integrada y no estará sujeta a las normas destinadas a garantizar el consumo interno.

UN FINAL DE LIBRO

Creemos que es bastante fácil saber cómo terminará la mayoría de estas medidas anunciadas. Desde el punto de vista de la moratoria y el blanqueo, habrá unos cuantos que aprovecharán el jubileo para aclarar su panorama. Los jubilados se gastarán los $ 200 y rápidamente volverán a lo mismo de siempre. Lo mismo ocurrirá con los beneficiarios de los planes . El Ministerio de la Producción tendrá muy poco que hacer mientras esté en funciones el inefable Guillermo Moreno. Unos pocos blanquearán algunos empleados en negro, ya que estamos. Y tal vez haya algunos pequeños cambios más, todo en el marco de regulaciones e ineficiencias de todo tipo. Tal vez imbuidas de casos de corruptelas de poca o mucha monta, etc.

CONTINUARÁN LOS ANUNCIOS

Creemos también que los anuncios no terminarán acá. Las medidas coactivas continuarán, y se volcarán aquí, allá o acullá, dependiendo de lo que nuestros gobernantes desde sus oficinas crean que es mejor incentivar . Las políticas activas pueden resultar infinitas, porque el freno que producen en los que esperan ligar es tan fuerte que sólo les cabe esperar.

Y UN SOLO FINAL

El final no será diferente de lo que siempre hemos sostenido. La riqueza no se genera ni con artilugios monetarios ni con intervencionismos. Se genera con estabilidad, con seguridad jurídica y con eficiencia. Nada sale mejor cuando todo el mundo está esperando a ver si le toca .

Parece mentira pero justamente ha sido la presidenta quien habló de casino y de timba en los mercados internacionales, cuando acá no cabe a estas alturas aguardar otra cosa que la varita mágica de que el destino nos ponga en el camino de los omnipresentes y omnisapientes funcionarios de turno.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 23 de diciembre 2008

La Tablita de Machinea

La llamada tablita de Machinea responde a la filosofía según la cual quien más tiene más paga. Entendiendo por tal cosa no solamente que paga más proporcionalmente, sino que paga más todavía.


La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas Constitución Nacional (Art. 16)

La ley del impuesto a las ganancias se subdivide en cuatro categorías, que son las siguientes: La primera es la renta del suelo, la segunda es la renta de los capitales, la tercera es la renta de las empresas y ciertos auxiliares de comercio y la cuarta es la renta producida por el trabajo personal.

Dice la ley que las personas de existencia visible podrán deducir, de su ganancia neta, determinados montos en concepto de ganancia no imponible , cargas de familia y deducción especial (para aquellas personas que trabajen personalmente en la empresa o en relación de dependencia).

Esta descripción inicial la hacemos para ubicar a aquellos lectores que desconozcan en profundidad el funcionamiento de este impuesto y no es objeto de este trabajo explayarnos en su funcionamiento sino más bien adentrarnos un poco en las razones filosóficas en las que se basa el concepto de ganancia (o rédito) para el legislador. Ello a su vez antes de pasar a la famosa tablita que da origen a estas líneas.


La ley de este impuesto considera que los ingresos obtenidos por los trabajadores en relación de dependencia, o por aquellos autónomos que realicen trabajos de todo tipo (desde profesionales hasta plomeros o taxistas) constituyen ganancias de la cuarta categoría. Es decir, define como ganancia el fruto del trabajo. Este criterio no es universal y en nuestra opinión constituye un sofisma. El concepto de ganancia se asocia al de utilidad o de renta, nunca al del salario o el honorario por un servicio personal.

Probablemente la carga de culpa que implica desarrollar la idea de que percibir un emolumento es obtener una ganancia haya obligado a sus autores a considerar atenuantes , por así llamarlos, y tal vez es por eso que se permiten las deducciones que más arriba mencionamos y que la misma ley llama Ganancias no imponibles y cargas de familia.

Desde todo punto de vista, cualquier individuo (con independencia incluso de su sexo) puede tener cargas de familia, y por lo tanto necesidad de deducir de sus ingresos a las personas a su cargo. Pero la denominada deducción especial contemplada en el inciso c) del artículo 23, no es aplicable a quienes no se desempeñen activamente. Es decir que quienes obtienen rentas provenientes de alquileres, por ejemplo, no podrán deducirse el importe de este inciso. Cabe agregar que esta deducción no la misma para aquellas personas que obtengan rentas de su trabajo en relación de dependencia, en cuyo caso se incrementa el monto 3,8 veces. De tal modo que un carpintero que trabaja en forma independiente podrá deducir $ 9000.- al año por este concepto, y un gerente de una sucursal bancaria tendrá derecho a descontar $ 43.200.-. Esta verdadera discriminación perjudica de manera notoria a quien no trabaja en relación de dependencia, que en definitiva es el que está más desguarnecido en lo que se refiere a la continuidad de su empleo.


Dejando anotado lo antedicho, agregamos que el esquema de deducciones presenta lo que podríamos llamar una contracara. Y tal contracara es la famosa tablita de Machinea, que por supuesto forma parte de la ley que estamos comentando y que rige desde el 31 de diciembre 1999 con algunos cambios que más adelante comentaremos. En aquel año fue promulgada la ley 25.239 que incluyó una modificación en el sistema de deducciones según fuera el monto de la ganancia neta obtenida en el año.

En la actualidad, cuando una persona física obtiene una ganancia neta anual que no supere los $ 91.000, puede deducir la totalidad de la ganancia no imponible, las cargas de familia y la deducción especial. Pero si tal ganancia neta supera esa cifra, la deducción se reduce automáticamente a la mitad. Y quien obtenga una ganancia neta más de $ 221.000.- en el año, no podrá deducir ninguno de los conceptos señalados en ningún caso. Es decir, deja de regir definitivamente la idea de que esas personas tienen una ganancia no imponible o familiares a cargo.

Originalmente la tablita era bastante más escalonada, y arrancaba con una reducción del 10% en el monto de las deducciones cuando la ganancia neta superara, en aquel año, los $ 39.000. Aunque ya en ese entonces había que superar los $ 221.000 para no poder deducir monto alguno.

La presidenta de la Nación anunció hoy viernes que elevaría un proyecto al Congreso para que esta escala fuera eliminada de la ley, volviéndose entonces al criterio anterior en el cual no existían estas diferenciaciones. Hizo una referencia a que durante la gestión de su marido al frente del Poder Ejecutivo, la escala se suavizó, pero no tuvo en cuenta el detalle no menor de que los topes continuaron vigentes a partir de los $ 91.000. Los $ 221.000, que en 1999 eran 221.000 dólares, en la actualidad no alcanza a los 64.500 dólares. La escala o tablita ha conservado los mismos valores en pesos y porcentajes desde los 91.000.-

Hasta $ 130.000 puede deducirse el 50% señalado, y entre ésta última cifra y $ 195.000.- el 30%. Finalmente entre % $195.000 y $221.000, únicamente el 10%. Todo eso no ha sido modificado, pese a que, como decimos, en 1999 era muchísimo más dinero que ahora. De tal modo que a la señora presidenta se le olvidó este detalle, probablemente en el afán de recalcar la suavización de los primeros tramos de la tabla.

La verdad de esta historia es que el criterio seguido por los representantes del pueblo al votar a fines de 1999 la hoy cuestionada tablita, no es otro que el mantenido en todas y cada una de las actividades que generan renta por el Estado argentino desde hace ya muchos años. Estamos ante el conocido sofisma de que quien más tiene más paga, simplemente. Cuando el Sr. De Vido recuerda por ejemplo que pagarán más caro el gas quienes lo usen para calefaccionar su piscina o que las tarifas de electricidad sobrecargarán a aquellos que consuman más de determinados topes, no está haciendo, ni él ni quien lo manda, nada diferente a lo que hicieron los legisladores durante el primer mes de gestión de Fernando De la Rúa en 1999 al instaurar la tablita en cuestión. Es el concepto de la llamada tarifa social. El exitoso debe pagar no sólo proporcionalmente, sino que debe hacerlo más que proporcionalmente.

Sin desviarnos mayormente del tema que estamos comentando, la propia ley del impuesto a las ganancias establece una escala de ganancias netas (una vez efectuadas las deducciones personales) con alícuotas crecientes. Actualmente una ganancia neta de hasta $ 10.000 anuales paga el 9%. Esta escala que surge del artículo 90 de la ley va subiendo hasta el 35% para ganancias netas superiores a $ 120.000, valor este último que se mantiene, dicho sea de paso, desde 1998.

Lo que estamos tratando de decir es que, si bien se pretende culpar al Dr. Machinea (y por elevación al gobierno de la Alianza) de esta diferenciación, el economista en cuestión no hizo otra cosa que presentar un proyecto siguiendo el mismo criterio que han seguido la mayoría de los políticos a lo largo de por lo menos 70 años en la Argentina.

No trajimos a cuento el comentario de De Vido porque sí. Lo trajimos a cuento porque encierra una justificación de un castigo que atenúa de ese modo el disfrute del pudiente. Hubiera sido suficiente con señalar que alguien que gana mucho debe pagar más y listo. Pero esa necesidad de justificar el tratamiento discriminatorio hacia quien más puede, lo lleva a mostrar la hilacha, por así decirlo. Como gana mucho y calefacciona su piscina, que pague más caro el gas. Que pague más cara la energía eléctrica. Que pague más caro el impuesto a las ganancias. Que pague más caro todo, que para eso puede. Y podríamos seguir. Que no despida gente si le baja la producción, pese a que la ley establece un mecanismo indemnizatorio. Que se aguante las retenciones a las exportaciones sin chistar porque ya ganó mucho. Que soporte pérdidas si es preciso que antes ya le fue bien, etc. El basamento jurídico de todo gravamen, es el sostenimiento del Estado y sus funciones esenciales, y las alícuotas a aplicar se basan en la capacidad contributiva que por su parte debe encajar en los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de equidad. Los impuestos no son un castigo, sino una carga pública. Y tal carga debe ser igualitaria. Es evidente que la sobrecarga tarifaria del gas para quien calefacciona su piscina aparece como un castigo por disfrutar de lo que gana, y no como un acto de justicia tributaria tendiente a sostener al Estado sobre la base de los sanos principios del derecho tributario.

Alguna vez hemos comentado la anécdota de un funcionario en tiempos de la presidencia del Dr. Alfonsín, que tenía a su cargo la tarea de instalar medidores en las casas para que el consumo de agua potable sea abonado según el caudal consumido, precisamente. Este señor afirmaba en un reportaje radial que ya habían empezado a instalar medidores en la zona de las piletas, en el Norte del G.B.A. para evitar el derroche de agua. Sin embargo quienes tienen piscinas, más grandes o más chicas, no están derrochando agua sino consumiéndola. Derrochan los encargados de edificios cuando dejan las mangueras con el agua corriendo en las veredas mientras conversan con su vecino, pero no quien usa el agua para llenar una piscina. Entiéndasenos: no decimos que el agua no deba ser abonada según el consumo, que es lo que corresponde. Lo que decimos es que el funcionario resaltaba la palabra derroche, como indicador de una injusticia que debe ser castigada. Exactamente del mismo modo en que De Vido se refiere a la calefacción de esas mismas piscinas. Es el mismo criterio con el que los legisladores de fines del 99 consideraron que quienes ganaban más, no tenían por qué deducir sus cargas de familia, como si éstas no existieran igual. Es la misma base filosófica. Inconstitucional a nuestro entender, por otra parte. Podríamos usar incluso otros calificativos, pero preferimos abstenernos.

En este tipo de criterio subyace uno de los grandes malos de la Argentina: el castigo del éxito . El éxito resulta castigado por las normas que pretenden que alguien no solamente debe pagar sino que debe pagar más que proporcionalmente. Además de ello, se incita a la población a odiar al exitoso en lugar de admirarlo e imitarlo. Nivelar para abajo sería otro concepto perfectamente aplicable.

Siempre hemos señalado que la violación de las leyes de mercado no es gratuita. Lo hemos dicho de muchas formas y en muchos contextos diferentes. Normalmente quien compra grandes cantidades de algo, de lo que sea, recibe descuentos y plazos especiales de pago. Pero en los ejemplos que estamos dando es exactamente al revés. Y esto no es gratis.

Profesionalmente sabemos de los esfuerzos de las personas por no subir al escalón siguiente y evitar la sobretasa. Y esta es una de las razones por las cuales los capitales huyen, además. Porque también debe recordarse que las escalas de los impuestos patrimoniales, y aún las correspondientes a los impuestos que se aplican únicamente a los activos (sin considerar los pasivos) como las del gravamen sobre los bienes personales o el inmobiliario, suben más que proporcionalmente según los montos que se gravan.

Todo ello para finalmente llegar a la paradoja de que es necesario llevar adelante regímenes de promoción de inversiones y rebajas impositivas y crediticias de todo tipo para incentivar al mercado. Y como si esto fuera poco, acaba de votarse en Diputados un blanqueo de capitales y una moratoria impositiva y previsional más.

El sistema tributario argentino es absolutamente injusto y discriminatorio. Y no porque grave los consumos, como suele decirse. Sino porque grava más que proporcionalmente a quienes más tienen, desalentando el éxito, fomentando el mercado negro e incentivando la salida de capitales. Un sistema tributario integrado a la Constitución Nacional debería ser federal en un todo, sin coparticipación de tributos sino con las provincias y municipios a cargo de la recaudación. Las tasas deberían ser razonables y no prohibitivas en los impuestos a los consumos (v. gr. la tasa de IVA), y si se mantienen gravámenes al patrimonio o las ganancias, las tasas deberían ser iguales para todos. Porque es obvio que pagará más quien más tiene o incluso quien más consuma, pero sin tratamiento discriminatorio alguno.

Dicen que en economía es posible hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. La tablita de Machinea fue resistida por los sindicatos, cuyo inmenso poder está dado, hay que decirlo, por la ley de asociaciones profesionales y la personería gremial que acaba de trastabillar (por suerte) ante un memorable fallo de la Corte. Por eso se cae, no porque hubiera cambiado la filosofía autodestructiva existente.

Porque la otra pata de esta filosofía a la que aludimos, consiste en gravar el trabajo de la gente a tasas inconmensurablemente elevadas. Basta analizar lo que abona cualquier empresa por un empleado y lo que éste recibe efectivamente en su bolsillo a fin de mes, para tener una cabal idea de lo que decimos. Una empresa mediana que paga sueldos brutos de $ 10.000 a sus empleados, verá que éstos perciben en realidad $ 8.000, y que el total de aportes y contribuciones superará los $ 4.500. Estamos hablando de más de un 56% de cargas sobre el salario de bolsillo. Salario de bolsillo que luego está sujeto al impuesto a las ganancias, como explicamos más arriba.

Por supuesto que los salarios deben superar determinados montos para que la ganancia anual a su vez esté por encima de los mínimos deducibles en concepto de ganancias no imponibles y cargas de familia. Pero si ello ocurre, vemos que para llegar esa escala la empresa contratante y el propio empleado han debido abonar montos que globalmente superan el 56% del monto percibido en el bolsillo al cabo del año. Por lo demás, y sin querer con esto dar un golpe bajo, hay que recordar que determinadas personas físicas en la Argentina se encuentran exentas de impuestos a las ganancias y al patrimonio en virtud de recibir tratamientos específicos. Es el caso de los jueces y de los políticos. &n bsp; &n bsp; &nbs p; &n bsp; &nbs p;

Resulta ocioso decir que la tristemente célebre tablita (Cristina Fernández dixit) no es menos triste ni menos célebre que todo el sistema tributario que someramente hemos descripto. Y también resulta ocioso insistir en que acá parece que nadie fuera responsable de nada de lo que nos ocurre, cuando en verdad muchos de los actuales legisladores y la propia presidenta de la Nación estaban en funciones y han continuado en ellas durante el gobierno del matrimonio presidencial.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 12 de diciembre 2008

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Crisis Argentina

Debo confesarles que esta es una reunión que no hubiera querido tener, pero cuando los argentinos estábamos manteniendo e incrementando los niveles de crecimiento y reactivando políticas de promoción a la industria, la crisis nos llegó de afuera . Cristina F. de Kirchner.


La culpa es del otro si algo les sale mal... J.M. Serrat.



Dicen los que saben que reconocer un problema es comenzar a resolverlo. Y vemos en los diarios que no son pocos los comentaristas que aseguran que, finalmente, el gobierno argentino ha reconocido la crisis y, por lo tanto, está decidiendo tomar medidas para corregir sus efectos tanto como sea posible.

Nos permitimos disentir profundamente de esas afirmaciones. El gobierno argentino no ha reconocido la crisis en lo que atañe a los habitantes de este país. Y en materia internacional no estamos para nada seguros de que lo haya hecho. Nos explicamos.

Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el mundo es que se gestó una enorme burbuja financiera originada en los malos créditos, esencialmente. La Reserva Federal norteamericana y varios bancos centrales de los principales países del orbe han digitado a lo largo de muchos años las tasas de interés con el objeto de producir el mismo efecto que intentan provocar nuevamente: el crédito blando para activar las economías. El mundo en su conjunto está intentando resolver el problema echando literalmente más nafta al fuego. Es por esa razón que el problema se prolonga en el tiempo y ya lleva, en su conjunto, un año largo pese a todos los anuncios de ayuda de todo tipo, garantías incluidas.


La Argentina, que ahora según palabras de la presidenta, se ve perjudicada por la crisis que nos llegó de afuera , vio sus arcas hinchadas de dólares durante el último lustro gracias a esa burbuja a la que nos referimos. Porque fueron los elevados precios de las commodities los que permitieron sumar una impresionante masa de recursos. Baste recordar que productos tales como la soja costaban hacia fines de los 90, no más de 140 dólares la tonelada y llegaron a cotizarse a más de 600 en la segunda mitad de este año. O el petróleo, que de 10 u 11 dólares el barril llegó a valer 160.

Fueron los altos precios de las materias primas los que posibilitaron la recuperación de la economía a niveles incluso superiores a los alcanzados en 1998, cuando la burbuja aún no existía. El superávit fiscal fue el producto del alto precio artificial del dólar, que pudo sostenerse merced a la capacidad ociosa luego de la crisis de 2001, que superaba en muchos casos el 50% de las instalaciones, con una desocupación superior al 25%. Es decir que la economía argentina se recuperó en realidad como consecuencia básica de dos artilugios intervencionistas: en el marco internacional la suba de las commodities cuyas causas explicamos someramente a continuación, y en el marco local, merced a la emisión de moneda espuria para adquirir divisas a precios superiores a los de mercado.

El famoso apalancamiento ha tenido su origen, precisamente, en la potenciación de las subas de los precios de las materias primas. Conseguir créditos blandos para comprar productos que subieran más de precio que lo que debería pagarse de interés por los créditos obtenidos. Así de sencillo. Quienes creían que todo se debía al incremento de la demanda de alimentos en China, suponían, tal vez, que anteriormente los chinos se morían de hambre. Y eso es un error increíble. Los chinos tienen y han tenido innúmeros problemas entre otras cosas por el régimen autocrático en el que viven y el racionamiento permanente, incluyendo el núcleo familiar. Pero no es que no comían y ahora sí lo hacen. Es decir que ha habido incremento de demanda alimentaria o de combustibles en el mundo, claro está, pero no para justificar que un precio se multiplique por 5 o por 10 o por 15, como fue el caso del petróleo.

Esa potenciación de subas de precios ha ocurrido efectivamente, y es lo que ahora los líderes del mundo más avanzado dicen que no ocurrirá nuevamente, porque esta vez sí las regulaciones darán resultado. De más está decir que nos permitimos dudar de tales aseveraciones.

Cuando las posiciones financieras debieron comenzar a desarmarse, los precios apalancados comenzaron a ceder. Y hoy la soja (el yuyo diría nuestra señora presidenta) vale menos de 300 dólares la tonelada y nadie se aventura a asegurar lo que puede llegar a valer el año próximo. Y el petróleo está por debajo de los 50 dólares el barril.

El gobierno argentino prefirió creer que lo que nos ocurría se debía al dólar competitivo y a los controles de precios. También a la mano dura de un ignoto secretario de comercio. O a las acusaciones y diatribas lanzadas desde el atril por un presidente fuera de sí cada vez que algún empresario no repetía como una versión grabada el sonsonete oficial. Prefirió creer que alterando índices la cosa seguiría y nadie notaría nada (muchas veces en la historia de la política los líderes han creído eso, y lo creen aún en ciertas dictaduras). Prefirió creer que no hacía falta un fondo anticíclico . Prefirió creer que a los holdouts había que hacerle el proverbial pelito al campo . Y que no hacía falta ajustar tarifas porque todo se podía subsidiar. Prefirió creer que aplicando su criterio en la quita del canje de deuda todo estaría bien y que nada había que negociar porque (Lavagna dixit) quien le presta a un país a tasas imposibles debe saber el riesgo que corre. Y por lo tanto si ese país, en cuyo nombre hablamos, ahora les hace un corte de manga , bien merecido se lo tienen.

La Argentina prefirió violar contratos. Prefirió acusar a la francesa Suez de poner dos caños y llevarse 5.000 millones de dólares de ganancias . Y a las privatizadas de extorsionadoras. Y los productores agropecuarios de avaros . Y a los supermercadistas de meterle la mano en los bolsillos a la gente . Y podríamos seguir en una larguísima lista más propia de un monólogo del gran Tato Bores que de un comentario como este.

Los derechos de exportación eran transitorios y distorsivos, hasta que luego fueron sancionatorios para aquellos sectores díscolos, y finalmente meramente recaudatorios para hacer hospitales . El impuesto al cheque dejó de ser recesivo para pasar a discutirse su distribución. El sistema tributario nacional dejó de intentar ser un sistema justo (si es que alguna vez lo fue) para volcarse de lleno a ser un sistema de delaciones y denuncias anónimas y no tanto. Los sistemas tributarios provinciales fueron copiando poco a poco el estilo de información cruzada a cargo de los contribuyentes, sumado a los regímenes de retenciones y percepciones de todo tipo. Reiterados planes de pagos se subieron a la espada de Damocles de los embargos de cuentas bancarias sin intervención judicial. El secreto bancario y fiscal dejó de ser tal en la práctica. La teoría de la prueba diabólica se hizo realidad: quien traía fondos prestados de los llamados paraísos fiscales, debía probar su origen o caía en la penal tributaria por simple presunción (quién te ha visto y quién te ve, dirán ahora los promotores del blanqueo ).

Antes le había llegado el turno a las prohibiciones de exportaciones. Primero de carnes. Luego de trigo. Y de vidrio. Y de cobre (porque al parecer no había otra forma de controlar los robos de cables). Y de lo que fuera. Y hoy por hoy la famosa ONCCA merece como emblema en dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo, porque es quien decide quién exporta qué y cuándo y cuánto y cómo. Si es que exporta. Como los recordados barquilleros en la playa hacían girar la flechita para ver si nos tocaba uno o dos barquillos, así la ONCCA decide en la práctica si podemos vender nuestros productos al mejor postor o no. Todo ello en nombre de la mesa de los argentinos (en un país con 6.000.000 de extranjeros), o de lo que sea, pero no de la Constitución Nacional. La frutilla de la torta fue, sin duda, la apropiación de los fondos de las AFJP apenas un año después de haberlas ratificado por ley de la Nación. Y si alguien quiere repetir el postre no tenga dudas de que vendrá también la estatización de las ART. Luego del blanqueo y de la moratoria.

Los industriales están que trinan porque necesitan devaluaciones y créditos blandos. No están en condiciones e sostener sus negocios con eficiencia, en parte por culpa de la presión tributaria de un Estado insaciable. El gobierno arma planes de apuro para intentar satisfacer a todos, o a casi todos. En el tiempo quedaron los anuncios de créditos blandos para la primera vivienda. También quedaron atrás los discursos sobre que el crédito en lugar de ir al consumo debe ir a la producción, como si una cosa no fuera consecuencia de la otra.

Los problemas en el sector primario se multiplicaron rápidamente. La carne, las oleaginosas, los lácteos, el petróleo. La derivación en los combustibles se hizo un lugar en la charla cotidiana: ¿habrá luz este verano?, ¿tendremos gasoil para la próxima siembra? ¿para cuántos años tenemos reservas de petróleo? ¿lograremos el gas de Bolivia?

Nuestros gobernantes se cansaron de repetir que todo marchaba bien y que el país crecía y crecía. E insistimos: se atribuían méritos de los que carecían absolutamente. Más bien al contrario. Estaban gastándose rápidamente las joyas de la abuela en materia energética. Soportando un índice de inflación con mentiras y subsidios. Intentado mostrar que todo funciona haga frío o haga calor. Se rifaron mercados internacionales que llevó años ganar. Mermó la producción ganadera. También lo hizo la láctea. Bajaron los porcentajes de siembra de granos y oleaginosas. Nadie tiene muchas ganas de producir para que luego venga un oscuro funcionario a levantar o bajar el pulgar respecto de lo que tiene que hacer con lo suyo. Esa es la verdad. Cuando la política se hace cargo del mercado so pretexto de que lo hará mejor, no hay previsión posible. Es realmente el sumun de la inseguridad jurídica en materia comercial.

La falta de financiamiento externo se hizo evidente. Venezuela prestó a tasas superiores al 15% en dólares. Fue necesario afirmar que se les pagaría al Club de París y a los holdouts. Pero no se ha hecho. Y dudamos de que se pueda hacer.

Leemos en el diario El Cronista de hoy El discurso de la Presidenta para anunciar el paquete de estímulos crediticio esta vez no recorrió el camino de la negación o del voluntarismo...Afortunadamente no intenta ocultar los despidos o adulterar índices para mostrar estadísticas de una economía que no se condice con la realidad palpable ... ¿Están seguros los muchachos del Cronista?

El estímulo crediticio se obtendrá de la masa de recursos colocados en plazos fijos de las ex AFJP (7.500 millones), más 2.700 millones de la Anses, y el resto, hasta completar los 13.200 millones de pesos disponibles, provendrá de LEBACS en poder también de la Anses. En otras palabras, el dinero de los futuros jubilados que estaba colocado a tasas aproximadas a las de mercado, será ahora recolocado a plazos más largos y a tasas ridículas para disponer de fondos para el estímulo crediticio de: los electrodomésticos, $ 3.500 millones (¿no era que los aires acondicionados consumían mucha energía eléctrica y el proverbial secretario de comercio había pedido un relevamiento a los encargados de edificios?), para la compra de autos nuevos, $ 3.100 millones (¿pero no era que tenemos problemas con los combustibles y con la saturación de las vías de acceso a las grandes ciudades y que hacían falta medios de transporte como el subterráneo y ferrocarriles que lleguen a destino con razonable comodidad?), para estimular nuevas inversiones de Pymes $ 3.000 millones (¿no estaba ya en eso desde el año pasado la señora Marcó del Pont, luego de detectar que mucho crédito iba al consumo y poco a las empresas?. En realidad, ¿no hace más de 50 años que estamos en eso?), y para la adquisición de utilitarios $ 650 millones (¿estos estarán destinados a las empresas que se gestarán con los créditos blandos que se les otorgarán, o a las ya existentes?).

Sabemos que resultamos negativos para quienes no gustan de nuestro modo de ver las cosas. Pero, ¿Y el tren bala?, ¿y Aerolíneas-Austral?, ¿y los hospitales, viviendas y rutas prometidos con los excedentes de las retenciones de la resolución 125? Ahora la mano viene diferente. Parece que es prioritario esto y no lo otro, o viceversa.

En fin. La realidad es que el gobierno no parece estar viendo el problema sino echándole la culpa al perro mundo. Un mundo que no era perro cuando nos compraba nuestros productos a precios carísimos, pero lo es ahora que se derrumba.

Terminaremos entonces con una reflexión que no por reiterada deja de ser necesario recordar: lo que dejan de pagar algunos, lo pagan todos los demás. Los que reciben créditos subsidiados, cargan en la cuenta de los subsidiadores el dinero que reciben a tasas negativas. Salarios y jubilaciones seguirán siendo magros. Porque si no son magros, no hay fondos para prestar ni precios competitivos . Por eso la pobreza y la indigencia siguen acechando.

Dólar caro equivale a sueldos bajos. Fondos confiscados a AFJPs equivale a jubilaciones misérrimas. Préstamos baratos equivale a tasas bajas a quienes colocan su dinero y por lo tanto huída de éstos a los dólares. Y tal huída provoca suba del tipo de cambio y más miseria. No hay ya mucho misterio.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008

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Despidos

LA LIMITACIÓN A LOS DESPIDOS ES UN ERROR CONCEPTUAL


Analizar la situación económica en un momento determinado, lo mismo que analizar cualquier otra cuestión que afecta a mucha gente, implica antes que nada darse un baño de realismo. Y en términos generales los baños de realismo suelen no resultar simpáticos. Dice un popular cantante en una canción que nunca es triste la verdad (pero) lo que no tiene es remedio . El concepto no nos resulta claro, confesamos. La verdad puede no solamente ser triste, sino que también puede tener remedio. Pero para que eso ocurra es preciso primero reconocer que el problema que constituye esa verdad, existe, para luego intentar encontrar la solución.

Para encarar el tema de los despidos, de la desocupación o del nivel de los salarios será preciso hacer un poco de historia. Volver a los tiempos de la Revolución Industrial y de la instauración del derecho de propiedad.

El gran logro de la Revolución Industrial consistió en incrementar dramáticamente en el mundo los niveles de productividad. Esto es, lograr con una determinada inversión producir muchos más bienes en un cierto tiempo que los que se producían antes, por medios manuales, y con idéntica inversión en igual lapso. A este aspecto se le sumó el acceso por parte de la población a la posibilidad de convertirse en propietaria de los bienes adquiridos con su salario o con los ingresos provenientes de su producción.


Lo que sigue no resultará simpático porque implica ese baño de realismo al que nos referimos al comienzo. Las famosas conquistas sociales de los trabajadores que a partir del siglo XVIII comenzaron a imponerse en el mundo, tales como la jornada de 8 horas y el descanso hebdomadario, fueron posibles en aquellos lugares donde la productividad era lo suficientemente sólida como para garantizar que los bienes producidos alcanzarían sin necesidad de trabajar más tiempo. En otras palabras; no es que se logró trabajar menos evitando así ser explotados por los patrones , sino que se logró trabajar menos porque alcanzaba con eso . En algún aspecto esto es una simplificación para evitar extendernos en múltiples variables que en definitiva conducirían a lo mismo. Pero intentamos fijar el concepto en pocas palabras dado el alcance de un artículo de este tipo. En esto tuvo bastante que ver la llamada división internacional del trabajo , concepto que hoy se refunde con la globalización . Imagínese el lector que si su único sustento es una huerta que labora regularmente, cuestiones tales como la jornada de 8 horas, las vacaciones pagas y demás carecen de sentido. Es por ello que no son las leyes por sí solas (aunque por supuesto tengan su valoración en todo esto) las que consiguen los beneficios, sino la productividad.

Así las cosas, 200 años después de que se iniciaran las grandes luchas en pos de las reivindicaciones a las que nos referimos, son poquísimos los países del mundo que pueden darse el lujo de contar con una población asalariada que trabaja 8 horas diarias y cuenta con descanso hebdomadario, vacaciones pagas y todo lo demás. Y aún en tales países, hay una parte de la población cuyo porcentaje varía bastante que lleva a cabo jornadas agotadoras de trabajo de 12 o 14 horas. En los asalariados se les llama horas extra , en los dueños o gerentes simplemente no se le llama de ninguna forma, pero es así.

Y en la mayoría casi absoluta de los países las jornadas de trabajo son extensas. Los trabajadores suelen contar con trabajos extra en otros establecimientos o simplemente actúan de manera cuentapropista vendiendo productos varios, por ejemplo. A su vez, mientras hace 100 años las mujeres prácticamente trabajaban en sus casas, hoy deben salir a cubrir empleos para poder terminar de parar la olla como se dice coloquialmente.


Esto también tiene que ver con la necesidad de mayores ingresos para poder adquirir los adelantos tecnológicos y estar a la altura de las circunstancias. Si bien los productos de reciente generación (teléfonos celulares, computadoras, plasmas o lo que fuere) pueden resultar casi un lujo en un comienzo, lo cierto es que al poco tiempo se convierten en una necesidad, bajan sus precios al fabricarse a gran escala, y finalmente se masifican. Adicionalmente estos bienes pierden valor por efecto de la propia superación tecnológica, pero implican la necesidad de contar al menos con mayores ingresos que en los tiempos de la pelota de trapo y de la heladera de hielo.

Hace apenas 50 años, en la Argentina, el automóvil era un lujo de poquísimos. Esto lo damos como un ejemplo que puede extenderse al mundo entero o casi. Las casas y los edificios en general no se construían con garajes o cocheras. Nadie soñaba siquiera con llegar a un automóvil; o a viajar en avión. Hoy por hoy estas cosas son moneda corriente para las clases medias e incluso para las medias bajas.

Las necesidades de la población crecen en función de los adelantos tecnológicos, y eso requiere contar con mayores ingresos, los cuales pueden lograrse trabajando más horas o logrando, a su vez, mayor productividad.

De todo esto podemos concluir algunas cosas. La primera es que no son las leyes las que posibilitan mayores ingresos con menores tiempos de trabajo. La segunda, que se deduce de la primera, es que las inversiones de capital, el mejoramiento de la tecnología, y la mayor eficiencia administrativa son factores fundamentales para favorecer una mayor productividad.

Dicho todo esto podemos ahora adentrarnos en la actual situación de crisis mundial y en especial en el caso argentino.

PROHIBICIONES DE DESPIDO Y MULTIPLICACIÓN DE INDEMNIZACIONES

Como se sabe, en estos días se ha conocido un proyecto del diputado Héctor Recalde dirigido a prohibir o limitar seriamente los despidos partiendo para ello de un sistema de doble e incluso tripe indemnización por antigüedad para los casos de despido que pudieran producirse en estos días. Un dato adicional de sumo interés, paréntesis mediante, es que el proyecto de este diputado, que además es abogado, es que incluye una cláusula de retroactividad al primero de octubre. Cualquiera sabe que las leyes no pueden aplicarse de modo retroactivo, pero en la Argentina actual las barbaridades que serían defenestradas de un saque en cualquier Estado de Derecho, aquí son tomadas con absoluta normalidad. Mismo anoche veíamos en un noticiero de TV comentar esta retroactividad desde el punto de vista práctico, argumentando el periodista que de ese modo el esquema permitiría que alguien despedido en estos días pudiera volver a golpear las puertas de la fábrica y exigir lo que le correspondería de aprobarse la ley. Es decir, para este comunicador televisivo, el dato resulta absolutamente normal y nada, ni por asomo, le hace pensar en que la Constitución y las leyes de fondo dicen que una situación de ese tipo es ilegítima.

Y, claro, no se trata de volverse un exquisito de la ley, se trata simplemente de que, si las leyes pueden convertirse en retroactivas, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho resultan directamente anulados. Esto ha ocurrido, incluso con leyes de tipo político, que exceden el marco de este análisis. Y es probable que esto haga que se convierta en normal lo que en verdad es una enormidad jurídica que lo único que produce es pánico. Naturalmente que no es nuestra intención hablar aquí de las cuestiones vinculadas con asuntos penales o criminales, sino simplemente traer a cuento el hecho de que la aberración jurídica de la retroactividad se ha convertido en un hecho común.

Pero yendo concretamente a las prohibiciones de despido, podemos analizar este tema desde el punto de vista monetario-matemático. Cuando las empresas disminuyen su producción manteniendo a los empleados por exigencias legales o de otro tipo, lo que ocurre es que transfieren ingresos monetarios a sus empleados sin la contrapartida de la creación de bienes. Este hecho es, de por sí, inflacionario. La baja de la producción conlleva la baja del gasto. Y la baja del gasto se anula cuando la empresa debe conservar los sueldos igual que cuando producía mucho más. Esto a su vez incrementa los costos de producción y por lo tanto baja la productividad, provocando la suba de los precios de sus propios productos, lo cual a su vez retrae aún más la demanda, aumentando la recesión. A su vez, los proveedores de insumos ven mermada la demanda de los mismos, deben también conservar a sus empleados abonando sueldos que no generan bienes, y así siguiendo.

Naturalmente que dejar a la gente sin trabajo es un tema socialmente dramático. Resolverlo requiere armar una estructura de protección basada en fondos anticíclicos, como han dado en llamarse últimamente, o una mejor asignación de recursos tanto en espacios públicos como privados. La mejora en la eficiencia equivale a una mejora en la productividad, y eso es lo que mejora la competitividad y posibilita vender productos local o internacionalmente a mejores precios. Acá mucho se ha hablado de la reforma del Estado en tiempos de Duhalde presidente sobre todo, y también de la creación de fondos anticíclicos durante el ministerio de Lavagna, pero la verdad es que nada se ha hecho. Al contrario, se ha gastado dinero de mil maneras subsidiando en muchísimos casos a empresas y a productos sin distinguir niveles de poder adquisitivo. Una cosa es ayudar a quien no tiene con qué, al menos durante un lapso, y otra es ayudar a todos aún cuando puedan pagar mayores precios. Claro, si así no fuera se afectaría el índice de precios, y por lo tanto la cotización de los bonos indexados, y eso al gobierno nacional no le conviene. Muy probablemente esa sea la explicación, aunque eso no modifica la realidad.

Hay países en los cuales la desocupación es alarmante. Uno ve por las calles y en los barrios, cualquier día hábil, una gran cantidad de personas jóvenes charlando en las esquinas o sentadas en el cordón de las veredas. Estas personas no tienen trabajo porque no existe capital invertido que se lo otorgue. Pero también carecen de trabajo por no contar con educación técnica o simplemente cultura general adecuadas para desempeñarse en sectores en los que podrían ser requeridas. Hay países (y el nuestro es uno de ellos) que en ciertas áreas contratan mano de obra extranjera porque la local no quiere, no sabe o no desea realizar ciertas tareas. En muchos casos se trata de trabajos no calificados. Estos problemas no se resuelven con prohibiciones o con exigencias absurdas a los empresarios , como si el reparto de billetes constituyera de por sí riqueza que permitiría comprar bienes y más bienes sin producirlos.

Yendo a un plano más micro no podemos dejar de dar algún ejemplo de lo que ocurre con empresas de pequeña o mediana envergadura. Imaginemos una zapatería, o un restaurante que cuenta con 5 o 6 empleados y que en virtud de la situación de crisis ha visto bajar sus ingresos y no puede sostener más que a 2 o 3 de tales empleados. El mensaje del eterno dirigente sindical Hugo Moyano es que les paguen los sueldos igual porque ya ganaron mucho antes . El discurso es idéntico al de Néstor Kirchner hace un par de años. Pero si el negocio no funciona lo más probable es que la empresa en cuestión quiebre y haya que repartir lo que queda entre los acreedores. Los empleados serán privilegiados a la hora de cobrar, pero luego deberán salir a buscar un nuevo trabajo mientras esperan cobrar sus indemnizaciones. Y cuando cobren las mismas, luego de años de juicio, podrán comprar bienes de acuerdo al nivel de producción y de productividad existente, y no a otro. ¿Es esto una solución al problema? Esto y lo que se le endilgó a Cavallo y a Menem es más o menos lo mismo. Los despedidos se compran un remis o ponen un maxikiosco y al poco tiempo se funden. Con dobles, triples o cuádruples indemnizaciones.

Muchas empresas y bancos del llamado Primer Mundo habían ganado sumas fabulosas en los últimos años y hoy están en quiebra o asistidos por fondos públicos que provienen antes que nada de la emisión de moneda o del endeudamiento público. La emisión equivale a inflación más o menos inmediata, y el endeudamiento debe ser pagado en un futuro con emisión o con más ajuste. Así de sencillo. Lo que pretendemos señalar es que el argumento según el cual quien antes ganó ahora debe bancarse las pérdidas porque lo dicen los funcionarios es, realmente, una estupidez.

Una empresa puede mantener la situación un tiempo, eso sin duda. Pero no puede hacerlo indefinidamente. Por lo demás, la indemnización por despido sin causa está prevista en la ley desde hace muchos años, y cubre precisamente eso: el despido sin causa. Duplicarla o triplicarla significa en buen romance que está mal lo legislado. Pero si está mal debería cambiarse hacia el futuro y no hacia el pasado. No hacia los contratados actuales sino hacia los futuros. Sin embargo, lo que se pretende es justamente al revés.

La mejora de la eficiencia, la mayor educación, la mejora de la productividad, y la construcción de la más sólida de las seguridades jurídicas es el camino para sentar las bases de un futuro promisorio. El resto es verso político de poca monta, desgraciadamente.

Dentro del esquema de eficiencia-productividad que estamos señalando hay que incluir aquello de la mejor utilización de los recursos, tan recalcado en cuanto manual de economía que se precie podamos encontrar en cualquier biblioteca. En un país como la Argentina los recursos pueden utilizarse mucho mejor en los sectores en los que somos más eficientes logrando mayor competitividad. ¿Cuáles son esos sectores? Sin duda ninguna los agropecuarios. La agroindustria. ¿Es a esos sectores a los que se apunta para mejorar las cosas o se los califica oficialmente de pillos y avaros entre otras lindezas al tiempo que una organización prepotente comandada por el secretario de comercio y la conocida ONCCA pretenden decidir por los productores cuándo y cómo vender, a cuánto y por qué y a quién?.

Bien. ¿Por qué en la Argentina nunca se implementó seriamente un seguro de desempleo? El seguro implica un aporte del asalariado que de ese modo posterga el consumo para poder llevarlo a cabo el día que cobra el seguro. Esta es una medida adecuada en tiempos de crisis. La indemnización puede sonar muy linda pero implica que los empresarios hagan sus cuentas tomando en consideración el riesgo que les significa, sobre todo si su monto puede variar hasta triplicarse incluso de manera retroactiva a pedido de diputados para colmo profesionales de la ley. Así se fomenta el trabajo informal y los sueldos más bajos- No estamos diciendo nada que no se sepa, creemos.

Sin embargo ahora estamos en el baile y debemos bailar. Cómo hacer entonces para paliar los efectos de esta crisis.

Por empezar el Estado debería ponerse las pilas para bajar su gasto improductivo, que es exorbitante. Y cuando decimos Estado incluimos a las provincias ya los municipios. Los sobreprecios en las licitaciones son moneda corriente como reiteradamente ha sido denunciado inclusive por el ex ministro Lavagna cuando todavía era ministro. El pago de sobreprecios constituye, per se, una pésima utilización de los recursos que con esfuerzo abonan los contribuyentes. La reforma del Estado por ejemplo podría hacer que no debamos pagar dos veces por salud, seguridad o educación. Y una sana política fiscal permitiría acumular capital per cápita en lugar de perseguirlo y hacerlo huir hacia otras playas. Una reforma fiscal que grave los consumos con tasas razonables y que no castigue el éxito bajaría los índices de informalidad y favorecería las inversiones. Son ejemplos.

Estamos tentados de usar una frase que fue bandera en el llamado Mayo Francés : prohibido prohibir . Porque las prohibiciones son rebencazos al flete, son lomas de burro, son como esos serruchos que suele haber en las bajadas de las autopistas para evitar que se suba de contramano. Son, en definitiva, actos de impotencia.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y Tributación

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Afiliación Sindical

Desde el punto de vista histórico hicieron falta más de 60 años para que una Corte Suprema, la que fuere, se decidiera a declarar la inconstitucionalidad de la afiliación obligatoria para poder desempeñar el cargo de delegado gremial en una actividad. Reiteramos: ¡más de 60 años!


El sindicalismo fascista, copiado de la Carta del Lavoro mussoliniana, ungido bajo el esquema corportativo de la ley Rocco en los tiempos del dictador peninsular, se había sentado de manera definitiva bajo la pantalla del movimiento obrero organizado en los comienzos del régimen peronista. Sobre la base de decretos-leyes surgidos de la revolución del 4 de junio de 1943, terminó dictándose en 1953 la vieja ley 14250 de asociaciones profesionales que luego sufriera algunas modificaciones a lo largo de los años hasta desembocar en la situación actual.

El sindicato único por rama de actividad con personería gremial otorgada por el Poder Ejecutivo posibilitó y posibilita un verdadero monopolio, un mercado cautivo a merced del Poder Ejecutivo. El famoso movimiento obrero organizado del primer peronismo que llenaba las plazas públicas cuando el fallecido presidente Perón o su segunda esposa Eva Duarte vociferaban sus consignas desde los balcones.

Posteriormente, se agregó el régimen de obras sociales, que en los primeros años de su existencia implicaba también el aporte compulsivo al sindicato oficial para que atendiera la salud . Actualmente es posible cambiar de obra social, aunque es preciso mantener igualmente un porcentaje de colaboración con el sindicato de la rama para la que se trabaja. Eso sí, antes y ahora, es obligatorio aportar por parte de los trabajadores, y contribuir por parte de los empresarios.


Estos aportes y contribuciones, junto con los correspondientes al sindicato oficial, constituyen la tan mentada caja por la que pelean los llamados gordos desde hace más de 6 décadas. Muchos de ellos han muerto y han sido sucedidos por sus hijos y por sus nietos, en distintos cargos . Y todo el mundo sabe el estándar de vida que lleva esta gente y el patoterismo con que actúa. Baste recordar el caso del traslado del cadáver de Perón a San Vicente, cuando el chofer del hijo del actual titular de la CGT la emprendió a los tiros ante las cámaras de la televisión.

Muchas veces se han dado en la historia reciente casos de crímenes originados en disputas por la caja justamente. En otros casos razones políticas de diversa índole. O el formar parte de diferentes camarillas de la misma cosa, como ocurre hoy mismo entre Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

Bien, no queremos extendernos demasiado en estos tristes recuerdos (Vandor, Rucci y tantos otros muertos, sin culpables, por lo demás). Tan sólo queremos señalar que finalmente una Corte Suprema sobre cuya independencia personalmente tenemos todavía bastantes dudas, ha tomado el toro por las astas en la materia y ha decidido que de una buena vez la democracia debe empezar a gestarse también en materia sindical.


Claro. Salir el fallo y venirse la · gordura con los tapones de punta fue un solo acto. Sindicalistas, abogados amigos, y hasta algunos ministros del Poder Ejecutivo han salido a intentar delimitar los efectos de la refrescante decisión del Tribunal Supremo, que además fue unánime.

El dirigente del gremio de los judiciales fue uno de los primeros que salió a intentar justificar la vigencia del fascismo sindical. Dijo entre otras cosas que para la justicia social hoy es un día desafortunado . Tamaño dislate no podrá ser igualado a nuestro entender. Y si participáramos en uno de esos periódicos que en tapa publican la frase del día no tenemos dudas de que esa sería la elegida. Los sindicalistas y el cuerpo de profesionales que revolotea en torno de ellos llevan un nivel de vida en muchos casos fastuoso, cosa que es de sobra conocida por todo el mundo. Hasta la ropa, en muchos casos informal (como las recordadas camperas de Saúl Ubaldini, u hoy mismo de Hugo Moyano), es de primerísima calidad y seguramente carísima. Estos señores, que se mueven en automóviles de alta gama , rodeados de guardaespaldas, a quienes en muchos casos se acusa de poseer propiedades y campos, y que jamás se han animado a mostrar sus declaraciones juradas argumentan, en este caso por boca de Piumato, que se trata de una jornada desafortunada para la justicia social. Cosas veredes, Sancho.

Este lenguaraz dirigente, también ha dicho que el fallo es un verdadero disparate y está hecho con intencionalidad política. Se busca debilitar a los trabajadores y favorecer el monopolio del poder político . Acá no solamente bastardea al Tribunal Supremo acusándolo de politiquero y de votar (en forma unánime, además) un disparate . También se acusa a la dirigencia política de gestar un fallo de este tipo para dividir .

Pero veamos: ¿se ajusta a lo dispuesto en la Constitución Nacional la libre elección de afiliación o no? ¿Es democrático que la personería gremial tal como la conocemos solamente sea concedida por el poder político (justamente) al sindicato que tal poder considera más representativo ? ¿Es democrático que los demás sindicatos que pudieran conformarse no cuenten con recursos provenientes de aportes compulsivos con los que sí cuentan los sindicatos legales ? ¿Es ético, justo, democrático, pluralista o como quieran llamarle que solamente podamos elegir delegados entre quienes están afiliados al sindicato oficial ?

El sindicato único por rama de actividad vino a reemplazar la estructura sindical vigente en las primeras décadas del siglo pasado, de extracción por lo general anarquista y que no aceptaba las dádivas del poder político. El sindicato único y las organizaciones forjadas a partir de la ley 14.250 pretendieron oficializar el brazo sindical del peronismo de entonces y nunca pudieron ser cambiadas.

La reforma constitucional de 1957, llevada a cabo durante un régimen de facto, incorporó el artículo 14 bis y en él entre otras cosas se refirió a la sindicalización con el sólo requisito de la inscripción en un registro especial . Pero ya los sabios constitucionalistas de 1853 habían previsto, en el omnipresente y omnisapiente artículo 14 original que todos los habitantes de la Nación tienen el derecho de asociarse con fines útiles. Y pueden trabajar y ejercer toda industria lícita. ¿Cómo pueden llevar adelante sus derechos si pueden resultar discriminados por el sólo hecho de no afiliarse al sindicato oficial?

El fallo de la Corte ha puesto las cosas en su lugar. Por una vez la Nación ha vuelto a sus fuentes. Por eso los acomodaticios de los cargos sindicales vitalicios están que trinan.

Resulta un verdadero y patético sofisma argumentar que la libertad sindical puede resultar caótica y complicar las negociaciones entre empleados y patrones. La libertad siempre implica el disenso y el consenso, algo a lo que muchos de nuestros dirigentes no están acostumbrados. Por eso la proliferación de superpoderes y decretos de necesidad y urgencia. Por eso el Congreso viene resultando una simple secretaría del Poder Ejecutivo donde sus integrantes votan apropiaciones de ahorros de la gente como si tal cosa. La única excepción fue, como sabemos, la crisis del campo, donde el mismísimo vicepresidente de la Nación votó en contra. Desde el Poder Ejecutivo, infantilmente, decidieron darle vuelta la cara, ningunearlo como se dice ahora. Pero, uno reflexiona acerca de por qué el presidente del Senado y vicepresidente de la República habrá de tener el voto de desempate cuando según la presidenta y su facción considera que debe votar de acuerdo con lo que ella prefiere. Si el vice siempre debe votar según la idea del Presidente, entonces bueno sería eliminar esa condición y en caso de empate que directamente gane el local . Pero no queremos disgregarnos más.

Ahora la pelea se da con la C.T.A. que hace años viene solicitando la personería gremial sin éxito. Puede ser una pelea feroz, ya que los sindicalistas de esta organización no difieren en nada de los de la otra. Algunos de sus más conspicuos dirigentes han de tener no menos de 20 años al frente de sus gremios. La eternidad es el límite.

En otros países, como en Uruguay por ejemplo, ni siquiera existen leyes que pretendan defender a los trabajadores según la óptica oficial. Los trabajadores se defienden solos. Como lo hacen los consumidores. O quienes fueren según sea el caso.

El paternalismo parece haber servido en la Argentina únicamente para gestar una estructura autoritaria donde pulula el mandamasismo oficial. Los capos deciden por nosotros. ¿Algún empresario medio conoce empleados que hubieran decidido no aportar al sindicato oficial?

Como vinculados al comercio que estamos, muchas veces hemos visto avisos en los diarios publicados por el Sindicato de Empleados de Comercio que regentea desde siempre don Armando Cavalieri, intimando a los empresarios a efectuar los aportes que estima son obligatorios para todos.

Por eso, por todo eso. Y por muchísimo más, es que nos alegramos ante esta verdadera bocanada de aire fresco que nos regaló una Corte en la que francamente nunca creímos demasiado. Sobre todo a partir de que se bancó ser reducida en número luego de más de un año de no contar con los 9 miembros que disponía la ley.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008

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Fuga de Capitales

Resulta bastante evidente que el gobierno ha encontrado una forma de financiarse bastante más cómoda y menos comprometedora que el blanqueo de capitales puesto en la palestra hace apenas unas semanas. La apropiación de los recursos de las AFJP parece así resultar el camino más corto.


La movida política consiste básicamente en aprovechar la mentalidad estatista de muchos legisladores, aún de los no oficialistas, a lo que se suma un transfuguismo contante y sonante que se reitera precipitadamente. A todo ello se suma, claro está, la promesa de caja para algunas provincias en default técnico cuyos dirigentes necesitan imperiosamente salvar la ropa en las elecciones del año próximo.

Esta introducción, evidentemente política, no pretende otra cosa que colocar sobre la mesa la realidad que estamos viviendo. Las necesidades de financiamiento resultaron osadamente expuestas cuando se hizo la famosa colocación de títulos de deuda argentinos en Venezuela a una tasa superior al 15% anual en dólares. Casi de inmediato se dio marcha atrás saliendo el Estado a comprar títulos para evitar la caída vertiginosa de su cotización y la suba del riesgo país consecuente. Rápidamente se intentó corregir errores improvisando un anuncio de pago al Club de París que parece diluirse en un borroso pasado. También se presentó un proyecto de canje de deuda a los llamados holdouts que consiste básicamente en que éstos pongan dinero (2.500 millones de dólares es lo estimado) para recibir títulos con quita similar a la del canje de 2005, y cobrar después.

El intento de arreglo con el Club de París apunta a conseguir financiamiento más barato en el mundo. El arreglo con los bonistas rebeldes pretende lo mismo, y además arrimar los fondos extra que surgen de esa especie de derecho de ingreso pergeñado por los diseñadores del plan.


La crítica situación en que se ha puesto al país no deriva del conflicto con el campo como no pocos comentaristas arguyen. Tampoco deriva de la crisis internacional, de la cual según la presidenta estábamos exentos. Y mucho menos deriva de la apropiación de recursos de las AFJP en curso en estos días. Estos hechos, con lo significativos que son, muestran la inoperancia, la improvisación y la necesidad de encontrar un poco de aire donde evidentemente ya no queda.

Porque en verdad lo que le ocurre al país es la consecuencia de la utilización de un engaño monetario aplicado a lo largo de 5 años, y que consiste en haber fijado un tipo de cambio elevado artificialmente mediante emisión de moneda para lograr así superávit aplicando retenciones a las exportaciones . Superávit utilizado luego para subsidiar actividades y repartir caja en obras públicas y gobiernos provinciales amigos.

El tipo de cambio alto no logró nunca una mejora en la competitividad sino todo lo contrario, la reemplazó. Y es intención del gobierno que siga reemplazándola, excepto por el hecho de que una devaluación pronunciada sería hoy mucho más que recesiva. Cuando el exceso de gasto público consecuencia del falso superávit que comentamos fue tan elevado que volvió insostenibles los índices de inflación, se recurrió a la estupidez de fraguar tales índices, dando así una vuelta de tuerca a la inmoralidad y falta de credibilidad que es inherente a nuestros gobernantes y si nos apuran a nuestro país en su conjunto.


La circunstancia de que los precios de las materias primas en el mundo hubieran experimentado las impresionantes alzas de los últimos años fue el verdadero y único factor económico de crecimiento. La Argentina mejoró su situación no gracias a nuestros gobernantes, sino a pesar de ellos.

Pero, en estos momentos la fiesta parece haberse acabado definitivamente. Los precios de las commodities , si bien altos, han caído considerablemente. Y la maraña de subsidios que forma parte del gasto público no puede ser sostenida en el tiempo. Por eso últimamente ha comenzado a darse marcha atrás en materia tarifaria y en precios de los combustibles. Ya no hay recursos para seguir bancando . Eso es todo.

A todo esto, la fuga de capitales ha comenzado hace ya bastante tiempo. Primero de un modo no demasiado perceptible, últimamente de manera dramática. Jorge G. Herrera publica un trabajo (Ámbito Financiero, 6/11) en el que señala que la fuga se eleva a 25.000 millones de dólares en los últimos 15 meses. No podemos asegurar el cálculo sea el correcto. No es sencillo establecer un monto en un mercado que funciona de modo informal en un porcentaje muy elevado. Pero sí sabemos que hace rato que la cosa ha empezado, y así lo hemos señalado reiteradas veces.

La inseguridad jurídica que genera el proyecto de apropiación de las AFJP no es más que la frutilla de la torta, comparable a nuestro modo de ver con aquella ley de intangibilidad de los depósitos votada por el Congreso Nacional cuando arreciaba la salida de fondos de los bancos pese a que la tasa de interés subía y subía, en la segunda mitad de 2001. Es que la llamada clase política pretende resolver los problemas creados por una política engañosa y torpe, mediante la aplicación de trabas y prohibiciones, o a través de asegurar mediante leyes que esta vez sí los fondos de la gente serán respetados. La realidad es muy otra, claro está. Un gobierno que arrastra entre muchos otros el antecedente de no haber explicado nunca el destino y evolución de los fondos de las regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz, poca fe puede merecer. Y si a ello se le suma que políticos hasta ahora insospechados como el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, se pliegan al juego de manera incomprensible, lo único que queda por hacer es escapar.

El autor que señalamos titula su trabajo Pasión por fugar divisas , título del que disentimos profundamente. La pasión es, en la acepción que entendemos intenta aplicarse, un apetito o afición vehemente a algo . Y decididamente no es el caso. La gente no huye por afición, huye porque tiene miedo. Y tiene razón en tenerlo. Digamos que tal vez el Sr Herrera quiso usar la ironía, pero no deja de hablar del deporte nacional de sacar dinero del país , con lo cual pareciera ser que el capital que huye no lo hace porque sus dueños sienten pánico, sino simplemente por deporte. En el trabajo que comentamos, aparte de señalarse que el monto de 25.000 millones no incluye octubre (mes en el que las estimaciones arrojan una salida de capitales de otros 5.000 millones de dólares), se señala el maquillaje que viene utilizando el Banco Central para no mostrar el impacto de la corrida. A fines de octubre las reservas eran de alrededor de 44.900 millones de dólares, a los cuales corresponde restar unos 4.000 millones de préstamos tomados en el Banco de Basilea, más otros 1.000 millones pactados con otros bancos con recompra de bonos, más los dólares vendidos a futuro que representan unos 3.000 millones, más los 1.300 millones de los encajes por depósitos de dólares y las transferencias de la ANSES de unos 1.400 millones, siempre de dólares, hacen descender la cifra de reservas, que quedarían así en 34.200 millones, a los cuales habría que descontar las colocaciones en Lebacs y Nobacs de todos estos años, que según los cuadros del diario en el que escribe Herrera, supera los 10.000 millones de dólares. Con lo cual las reservas estarían en verdad en torno de los 24.000 millones, una cifra que prácticamente cubre el circulante de pesos, que es de un poco más de 22.000 millones de dólares.

Es en este marco que se produce la intervención del ya famoso secretario de comercio interior y de la propia AFIP tratando de evitar operaciones en dólares al tiempo que se le exige a las AFJP que traigan sus inversiones del Exterior y vendan dólares, acelerando así la apropiación de sus recursos, cosa que, pese a todo, se insiste en repetir que no ocurrirá (como la intangibilidad de los depósitos que recordamos). En tiempos del Dr. Alfonsín se llegó a prohibir la operatoria de las casas de cambio, recordamos. Y un diputado radical, el fallecido César Jaroslawsky, llegó a decir que había que clausurar la calle San Martín, donde se registra la mayor actividad cambiaria de la City. Todo esto y tapar el Sol con un harnero es lo mismo.

Ahora, como entonces, vuelve a hablarse de golpes de mercado . Y economistas como Aldo Ferrer señalan una y otra vez que lo que se está haciendo con las AFJP es jurídicamente correcto. No son pocos los que confunden lo legal con lo legítimo. Y tampoco lo son quienes arguyen que la realidad económica está basada en la actitud conspirativa de unos pocos pillos que se reúnen y traman contra las bondades del sistema. Pero los datos que volcamos los conoce todo el mundo. La patética crisis del campo es una realidad. Los cierres de exportaciones, los permisos de la ONCCA, los registros, los postergadísimos reintegros, la falta de claridad y la arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos mediante emergencia económica o incluso per que me piacce (como en el caso de los fondos de las AFJP que los funcionarios exigen que retornen) también son una realidad. Es una realidad el patoterismo. Es una realidad la evidente inacción de la Justicia. Es una realidad el freno aplicado al Fiscal de Investigaciones Administrativas. No hay una sola causa, que sepamos, de las denunciadas en los últimos dos años que involucre a funcionarios públicos que haya avanzado un ápice. Al contrario.

Al menos por lo que podemos ver en la plaza, existen hoy por hoy restricciones de todo tipo. Por ejemplo para pagar importaciones. Restricciones que se manifiestan a través de llamados telefónicos, no de leyes. Al parecer las órdenes a los bancos son de no pagar importaciones ni tampoco los préstamos del Exterior. Esto ha salido además en varios diarios de la Capital y no ha sido debidamente desmentido por quienes resultan acusados de este estado de cosas. Especialmente la Secretaría de Comercio, que por lo general mantiene una política absolutamente autista y discrecional con el aval intacto de la presidenta Kirchner.

Entonces cabe preguntarse y preguntar: ¿Ud. qué hará con su dinero (si tiene la suerte de tenerlo) ante una situación así? La respuesta es obvia.

Las restricciones a las importaciones en general cuentan con el beneplácito de entidades como la U.I.A., que siempre pide tales restricciones y también pide que se devalúe, como acaba de hacerlo en estos días. Pero las importaciones ya realizadas deben pagarse, y al parecer el gobierno no deja que se paguen.

No dejamos exportar, no dejamos importar. No dejamos vender y no dejamos comprar. Y no dejamos pagar. A todo esto se suman las versiones de prohibiciones en los despidos y aplicación nuevamente de la denominada doble indemnización.

Alguien comparó en estas horas la situación actual con el llamado déficit cero aplicado en tiempos de De la Rúa-Cavallo. El déficit cero no consistía en gastar menos para que la plata alcance. Consistía en no pagar. Es insólito, pero significaba seguir gastando lo mismo pero sin pagar cuando el dinero no alcanzara. Terrible.

Bien. Esta gente parece creer realmente que de este modo se solucionan los problemas y así la economía entrará en un círculo virtuoso. Y parece que cree además que, en caso de que no sea así, es por obra y gracia de los sinvergüenzas de siempre que no desean un país mejor. Es decir que esta gente insiste en suponer que tiene razón, y si algo sale mal será que es porque alguien conspiró contra ellos. De manera que lo hace es aplicar el llamado pensamiento único , según el cual si la cosa no funciona no es por el desastre político-económico que significa el intervencionismo y la corruptela reinantes, sino por culpa de entes exógenos capaces de cualquier maldad.

La Argentina que debería haber marchado hacia la institucionalización y el Estado de Derecho, marcha en el camino inverso. Así es como el capital huye, y finalmente huyen las víctimas también.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2008

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y Tributación bsp;

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Nacionalización de las AFJP

AFJP: UN MANOTAZO DE AHOGADO



El gobierno argentino pretende justificar el proyecto de expropiación de los ahorros de los futuros jubilados en las AFJP con argumentos decididamente inconsistentes. El proyecto es, por principio, un despropósito violatorio del derecho de propiedad, y sobre este punto hay que hacer el debido hincapié.


La realidad indica que no pocos legisladores lo único que pretenden es ver cómo se reparten el botín, antes que descular la verdadera historia de una expropiación con visos de institucionalidad. Al menos eso es lo que se desprende de las innúmeras declaraciones públicas de diputados y senadores de la más diversa extracción, con honrosas excepciones.

No hace falta repetir aquí cómo han funcionado las AFJP hasta ahora, en el marco de las exigencias del Poder Ejecutivo respecto de la conformación del portafolio, en la cual casi un 60% lo constituyen títulos de deuda del propio Estado argentino.

De hecho, las exigencias de parte de los funcionarios oficiales, absolutamente ilegales por lo demás, para que estas administradoras traigan del Exterior sus inversiones y ofrezcan dólares a precios de oferta, corroboran en la práctica la liquidación de los ahorros de los futuros jubilados. En efecto, malvender los activos con fines de sostenimiento de una política económica determinada por el Poder Ejecutivo no es otra cosa que una apropiación, para disponer de ellos de la manera en que se le ocurre a los funcionarios actuantes, y punto. Nadie en su sano juicio sale en estos días a vender dólares, excepto el Banco Central o los exportadores que tienen la obligación de hacerlo, aún a su pesar. Es obvio que obligar a las AFJP, encima mediante presiones ilegales, a vender dólares a precios de regalo es una manera elocuente de hacerles perder plata. La plata de los ahorros de quienes aportaron en estos años. Así de sencillo.


El descaro con el que se tergiversa la realidad respecto de cómo han funcionado las AFJP en los discursos de la presidenta y del ex presidente es también una muestra más del cono de sombra en el que se ha caído.

Por lo demás, como decimos, los legisladores parecen querer, en su mayoría, repartirse el botín de forma tal que los favorezca a ellos, a sus provincias o jurisdicciones. Y nada más. No es extraño, dado que muchos de estos mismos señores festejaron por aclamación la declaración de default del año 2002 ante las cámaras de la televisión del mundo entero.

El sistema de AFJP es un sistema mixto, y no privado como suele repetirse como un sonsonete. Los aportes de los trabajadores que libremente acaban de elegir mediante lo dispuesto por la ley 26.222, son los que se conforman con las retenciones sobre sus sueldos que les aplican los empleadores, dado que la contribución de éstos últimos ingresa, desde siempre al llamado sistema de reparto.

Las AFJP recibieron entre otras cosas de manera obligada títulos de deuda públicos indexados por el CER, que como se sabe está basado en los índices inflacionarios que confecciona el INDEC, lo cual es una otra manera de quitar los ahorros de los jubilados futuros, dada la tasa engañosamente baja de inflación que da a conocer el a su vez devaluado y politizado ente estatal. Otro dato elocuente de la falacia que significa afirmar que las AFJP manejan mal los fondos y pierden plata lo constituye el hecho de que hace apenas unos meses el Estado las obligó a traer inversiones que tenían realizadas en Brasil, derivando los fondos a títulos de deuda argentinos. Es decir que la operatoria de las AFJP está, en su gran mayoría, determinada por el poder político y no por los órganos de dirección de las mismas. Por lo tanto es al Estado a quien deben cargarse los errores y las pérdidas, antes que a nadie. A esto debe sumarse que durante varios años las retenciones de los empleadores a las AFJP alcanzaban al 7% de la remuneración bruta, mientras que los aportantes al sistema de reparto pagaban el 11%. Ese 7% , dispuesto en tiempos de De la Rúa, fue sostenido por el gobierno del matrimonio presidencial, y varias veces prorrogado, con lo cual se privó a lo largo de por lo menos 5 años de 4 puntos de los salarios abonados, en contraposición con los aportantes al sistema de reparto.

Un aspecto en el que mucho se machaca es el de las comisiones que estas administradoras venían cobrando. Antes que nada debemos decir que desde 2003 el gobierno del matrimonio Kirchner podía haber modificado el porcentaje que venía aplicándose, y no lo hizo sino hasta el año pasado. Y a renglón seguido corresponde recalcar que cuando se inició el sistema en 1994 no existía stock de capital y resultaba muy costoso salir a captar afiliaciones. Es por esa razón que en aquel momento la ley 24.241 dispuso que la comisión se determinara sobre el flujo de fondos, es decir sobre los sueldos, y no sobre el capital. Esto puede ser discutible pero lo cierto es que fue votado por los legisladores de entonces, varios de los cuales están hoy en la vereda de enfrente considerando a las AFJP la peor inmundicia sobre esta bendita tierra. Un grado de hipocresía mayor es difícil de imaginar. Las personas pueden modificar sus ideas, pero el cinismo que se evidencia en individuos que hace 14 años votaron lo que hoy consideran una porquería, y hace apenas un año lo ratificaron, causa una verdadera desazón.

Las inversiones en el sector público obligatorias implican que el Estado no puede dejar de lado su parte de la culpa. Es por eso que la falta de coherencia que hoy exhibe el gobierno se hace tan evidente. La timba , el casino y toda la parafernalia de agresiones y descalificaciones tuvieron el CONSENTIMIENTO de los legisladores hasta ahora mismo, hasta el momento incluso de escribir estas líneas. El Estado es quien obligó a comprar bonos de deuda pública argentina, no es que las AFJP eligieron libremente esa timba · y ese casino .

Atar las inversiones a la política fiscal de un Estado es la mejor manera de enganchar los ahorros dentro del mismo sistema que finalmente defaultea . Precisamente para funcionar de manera más o menos seria, lo primero que debería hacerse al legislar en un seguro de retiro, es disponer una política de huevos en distinta canasta lo más amplia y abierta posible. Justamente para evitar quedar pegado.

De manera que tenemos entonces: casi el 60% de títulos públicos argentinos, obligación de traer inversiones de Brasil (que en su momento representaban el 8% del total) hace unos meses, más la pública exigencia de hace pocas horas para que sean traídos al país más fondos invertidos en el Exterior indican claramente, por su cupiera todavía alguna duda, de dónde parte el verdadero manejo de las AFJP.

Aún así, y pese a todo, alrededor de 9 millones de personas eligieron hace menos de un año, y por disposición del propio gobierno del matrimonio Kirchner (el Congreso ha sido un mero detalle administrativo, como todos sabemos). Hace tan sólo un año, las AFJP eran viables y podían ser elegidas por los trabajadores libremente. Ahora, apenas unos meses después del cierre de la elección por 5 años (31 de diciembre pasado), las AFJP son la peor basura existente en la faz de la tierra. Algo está decididamente podrido en la Argentina, parafraseando a Hamlet.

Podríamos seguir así argumentando en contra de los paupérrimos argumentos expresados por los funcionarios del Estado, pero creemos que con esto es suficiente.

Ahora nos encontramos con que un juez de Nueva York (el conocido juez Griesa) resolvió congelar 553 millones de dólares que iban a ser repatriados por las exigencias gubernamentales, a pedido de los denominados fondos buitre que intentan defender las acreencias de los bonistas que no entraron en el canje de 2005. Esta decisión judicial, obligó a la presidenta a expresar en El Salvador, donde se encontraba, que el Estado argentino no tiene previsto apropiarse de los fondos de las AFJP, sino simplemente cambiar su administración. ¿Es que acaso con los antecedentes aquí expuestos la administración estaba o está actualmente realmente a cargo de las Administradoras de Fondos? La respuesta es evidente.

También es evidente que no la Argentina no ha salido del default, como han venido repitiendo funcionarios y ex funcionarios del oficialismo. Es tan evidente como que por tal razón se intenta negociar con los llamados holdouts y arreglar de algún modo con el Club de París. Todo esto es una obviedad para los analistas serios. El canje forzoso de los títulos llevado adelante por la dupla Néstor Kirchner Roberto Lavagna, dejó fuera casi el 25% de los acreedores, cuyas acreencias fueron literalmente borradas del monto de deuda reconocida. Una barrabasada jurídica que pretendió venderse a la población como un acto de justicia o algo así, cuando se trata de una inmoralidad supina.

Así las cosas, el gobierno argentino no tiene fuentes de financiamiento externo, excepto el excéntrico presidente venezolano, sobre cuya transparencia ya no es que se dude, sino que no existe. Las bajas de los precios de las materias primas y la crisis financiera mundial de estos tiempos, ha quitado la posibilidad de seguir sumando a las arcas del Estado recursos provenientes del tipo de cambio alto o de las exportaciones de productos agropecuarios, de por sí ya restringidas a raíz del problema con las llamadas retenciones móviles y de las sucesivas prohibiciones y pedidos de permiso requeridos a quienes quisieran exportar.

El encierro financiero y económico en que se ha metido al país es elocuente. No existe la posibilidad de que lleguen inversiones, tanto por la inseguridad jurídica creciente como ahora por la crisis mundial. No aumentará la producción agropecuaria sino que disminuirá. No se lograrán mayores recaudaciones sino menores.

Las cartas están echadas y la necesidad de financiamiento es evidente. A tal punto que ahora se resuelve finalmente aumentar tarifas para quitar subsidios a la electricidad, por ejemplo. Se dice que no aumentarán las tarifas, pero es una falacia más ya que sí subirán, aunque sea en forma selectiva.

La huída hacia al dólar de la gente se suma a la huída de capitales que está manifestándose en estas horas, y que es masiva. S&P acaba de bajar nuevamente la calificación del país (a B-), que se encuentra 6 escalones más abajo del llamado grado de inversión que ostentan Chile o Perú, por ejemplo. El riesgo país está cercano a los 2000 puntos si no medimos a los holdouts.

En el día de hoy se produce una suba en la Bolsa de Buenos Aires, con altibajos, y con una mejora en las cotizaciones de los bonos públicos, insignificante si se toman en cuenta los valores de hace apenas unos meses.

Entendemos que con todo lo expresado es suficiente para ubicar el cuadro de situación. Pero, si bien lo hemos mencionado a largo del comentario, lo que resulta más alarmante es la lamentable manera en que los gobernantes intentan descalificar lo que hace apenas un año ellos mismos firmaron como válido. Lo que más nos alarma es eso, porque eso es no tener argumentos. Es no tener prácticamente la dignidad de decir la verdad. La verdad que no es otra que el hecho de que se necesita caja . Mucha caja . Y por eso todo esto no es otra cosa que un simple y llano manotazo de ahogado.

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y Tributación Buenos Aires, 31 de octubre de 2008

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Traspaso AFJP

Un nuevo default



El traspaso de las AFJP al Estado constituye una confiscación de ahorros evidente. Pero no solamente eso, también significa pasar a manos del gobierno los más de $ 50.000 millones de títulos públicos, es decir dejar de tener la obligación de pagarlos. Porque es obvio que el Estado jamás los pagará.


De manera que estamos ante un nuevo default , que se suma al progresivo y corriente del dibujo del CER para que los títulos indexados paguen menos intereses y actualizaciones al sufrir ajustes menores a los que corresponderían si la inflación fuera medida correctamente y sin trampas.



La medida tomada por el actual gobierno es decididamente confiscatoria, además de ahorros en plazos fijos a cargo de las AFJP y es también una manera de ingresar en el patrimonio de las empresas, ya que tales AFJP tienen en su poder más de $ 10.000 millones en acciones de empresas.

Nuevamente, como en 2002, el Estado vuelve a apropiarse de activos líquidos o semilíquidos que provienen de los particulares. Y cabe decir que en aquel año, al salirse de la convertibilidad no solamente se aplicó el corralito o el corralón, sino que los tenedores de billetes convertibles de curso legal vieron como éstos se transformaban en billetes simples y sencillos y nadie les entregó nada a cambio como consecuencia de la devaluación. En otras palabras: la diferencia surgida de tal devaluación debió ser pagada a los tenedores de billetes que equivalían a dólares, porque ese era el contrato. Eso también fue un default, aunque pasó desapercibido. Nosotros lo hemos señalado varias veces sin demasiado eco, por cierto. Pero es una realidad que el pagaré que significa el billete emitido por el Estado y que equivalía a dólares por el mismo valor fue desatendido de manera alevosa y sin más trámite.

La situación que ahora se plantea con esta nueva confiscación no es solamente la que comentamos respecto del default. También implica un profundo desinterés por el mercado de capitales, ya que las AFJP hasta ahora venían financiando por ejemplo las adquisiciones a crédito de artículos del hogar a través de fideicomisos, cosa que obviamente dejará de ocurrir.

Por otra parte, el Estado se hace cargo de las tenencias de acciones, que se supone que en algún momento intentará venderlas. Si pensamos en la cifra de $ 10.000 millones y tomamos en cuenta que en un día de Bolsa la operatoria ronda los 60 millones, cabe preguntarse en cuánto tiempo el Estado saldría a vender tales acciones sin hacer un desastre en los valores de las empresas.

Resulta por lo menos incongruente que luego de la andanada publicitaria de la modificación a la ley para permitir el traspaso del sistema de capitalización al de reparto (que incluía la inversa, de paso sea dicho, es decir del sistema de reparto al de capitalización), y luego de haber agotado la saliva hablando en todos los medios una y mil veces el hoy por hoy intendente con licencia del partido de Tigre y Jefe de Gabinete respecto de la trampa que constituía el sistema anterior donde el traspaso estaba vedado, resulte imprescindible acabar con el sistema. Recordamos, además, la apertura para que los traspasos pudieran hacerse cada 5 años, y el hecho particular de que los mayores de 55 años con menos de $ 20.000 acumulados de aportes, pasaron automáticamente al sistema de reparto.

La extensión de los considerandos que acompañan al proyecto de ley para la eliminación de las AFJP nos resulta tan tediosa como inútil, en tanto la mayoría de los puntos tomados en consideración, estaban vigentes el año pasado, cuando se dictó la ley 26.222 de liberalización de los traspasos de un régimen al otro. Por otra parte, realmente no queremos cansar a nuestros lectores con detalles basados en cuestiones ideológicas sino tratar de concentrarnos en los efectos técnicos de la cuestión.

Las AFJP recaudan actualmente unos $ 1.100 millones mensuales, cifra que aumenta en los meses de junio y diciembre por el efecto del sueldo anual complementario. Estas cifras, al pasar a ser recaudadas por el Estado significan algo más de un punto del PBI por año. Aparte de que la apropiación de los $ 100.000 millones significa en la práctica el default de los bonos públicos en poder de las AFJP, también constituye una confiscación de los ahorros acumulados por los aportantes, como ocurrió el año pasado con quienes voluntariamente se pasaron al sistema público y también con quienes fueron obligados a pasarse por las razones señaladas respecto de la edad y montos acumulados.

Lo que podríamos llamar daños colaterales que esta confiscación provoca son inmensos. Las AFJP constituyen un genuino mercado de capitales, y son la base más dinámica de los créditos que se otorgan vía fideicomisos para, por ejemplo, la adquisición de electrodomésticos.

La inmensa retracción del crédito que esta medida provocará ocasionará un daño terrible por la disminución de la demanda que ello implica.

Es mucho más lo que puede decirse. Desde la decisión del 80% de los afiliados en AFJP que decidieron hace apenas meses quedarse en ese sistema, pasando por las acusaciones de malos manejos de tales AFIP que sin embargo desde sus inicios estuvieron controladas por la Superintendencia de AFJP, organismo público que al parecer pasará ahora a depender de la ANSES y del funcionario Boudou, y terminando por el repaso siempre esclarecedor de los funcionarios y dirigentes políticos que hace 14 años apoyaron de modo ferviente el sistema de capitalización y hoy por hoy lo defenestran argumentando lo contrario.

El gobierno necesita dinero para poder cumplir con los compromisos de la deuda. Por eso, como hemos señalado en anteriores trabajos, se ajustaron las retenciones a las exportaciones, se mantuvo la prohibición del ajuste por inflación de los balances impositivos, se sostuvo y sostiene la intervención en el INDEC para fraguar los índices de ajuste de los títulos públicos indexados, se intentó mediante la ley citada más arriba que la gente se volcara voluntariamente al sistema de jubilación público, se intentó aplicar el sistema de retenciones móviles, etc. Y finalmente, el zarpazo está dirigido a los aportes de los trabajadores. Aportes que ya venían siendo manipulados desde el default, con los títulos garantizados, con la obligación de repatriar colocaciones en Brasil, y con la exigencia de adquirir títulos públicos. Más la pesificación de los depósitos a $ 1,40 más CER, etc.

La situación es crítica. Porque a la improvisación continuada que toda esta operatoria significa y que genera la enorme inseguridad jurídica en la que se mueve el país, se le suma la falta de asesores de peso o con poder suficiente al menos en el plano intelectual para tratar de modificar esta conducta casi espasmódica de violar absolutamente todos los contratos y obligaciones de manera sistemática.

La sensación que tenemos (y es tan sólo una sensación) es que así como están las cosas resultará bastante complicado que el proyecto de anulación de las AFJP sea aprobado en el Congreso. Consideramos que aún en el caso de que se pretenda modificar el proyecto de ley asegurando la intangibilidad de los depósitos, resultará nada creíble por parte del público en general, y por lo tanto muchos políticos tendrán que lidiar con sus votantes, como ocurrió con la Resolución 125. Sabemos que afirmar esto es bastante arriesgado y que todo dependerá de los acontecimientos, especialmente en los mercados.

Pero no hay que dejar de resaltar el hecho de que cuando ocurren este tipo de cosas y todo el mundo huye y los mercados se derrumban, esta clase política suele recurrir a teorías conspirativas para justificarse y justificar sus apropiaciones de los dineros de la gente. Una vez más se habla de golpes de mercado al tiempo que el juez Bonadío prohíbe la operatoria de las AFJP y por lo tanto retrae el mercado e impide la comercialización de títulos.

La realidad es que los tenedores de acciones o de títulos saben positivamente que acá estamos ante un nuevo default, y que en definitiva si el Estado sale a vender las tenencias de acciones de las AFJP, los valores se derrumbarán estrepitosamente. Si de por sí los mercados se anticipan, con más razón lo hacen en estos tiempos que corren de crisis financiera en el mundo entero.

Un panorama que no resulta alentador. Y si para colmo le agregamos que el año próximo es electoral y que por lo tanto resulta difícil bajar el gasto público, al tiempo que bajan todos los precios de las commodities en el mundo ocasionando pérdidas de ingresos por retenciones, la situación es evidentemente casi de colapso.

Buenos Aires, 20 de octubre de 2008 HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contadores Públicos

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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Intervencionismo, Gobierno y Economía

El Ajuste



Cuando se produjo la traumática salida de la llamada convertibilidad, hubo en la República una encomiada búsqueda de culpables. Todo el mundo tenía algo que decir, como suele ocurrir con el fútbol. No creemos que sea intrínsecamente malo, en absoluto. Es natural que situaciones complicadas generen en la población inquietudes y que por consiguiente cada quien se sienta impelido a dar su opinión. A su vez resulta inevitable que la política en general intente usufructuar el colapso arrimando agua para su molino.

Sin embargo, es preciso que quienes trabajan en los menesteres del campo económico establezcan algunas distinciones a la hora de escuchar las opiniones. Porque los fundamentos vertidos en muchos casos fueron desde entonces decididamente inconsistentes. Y más allá de lo que actualmente ocurre en el mundo con la crisis financiera que se ha desatado, lo cierto es que el modelo del tipo de cambio alto con intervencionismo a mansalva que eligió el gobierno argentino ha llegado a su fin. Esto último no es la primera vez que lo señalamos específicamente.

La sola idea de convertir a un país en competitivo utilizando artilugios monetarios pone en evidencia que tal competitividad no existe y por esos son necesarios tales artilugios. Esto es obvio de toda obviedad y está muy claro que cualquier forma de proteccionismo basado en un tipo de cambio elevado artificialmente significa inflación y salarios bajos en dólares.


La realidad es que nuestro país tuvo ventajas económicas notables en estos años como consecuencia de la suba de los precios internacionales de las materias primas. La Argentina pudo reactivar su economía a pesar de los desaciertos del modelo , y no gracias a ellos.

Los aspectos más salientes: el tipo de cambio elevado artificialmente mediante emisión monetaria y los controles de precios, han demostrado una vez más no ser otra cosa que simples engaña pichangas. No se realizaron inversiones de capital, no se ha mejorado la tecnología, no se han efectuado obras de infraestructura (excepción hecha de alguna que otra generadora de energía eléctrica con aporte obligado de capital privado) ni se ha mejorado la eficiencia del gasto público. Nada ha cambiado. Esto es así y así lo hemos señalado muchas veces.

El gobierno venía intentando incrementar sus recursos para continuar su sistema de subsidios dentro de un superávit fiscal originado, básicamente, en las llamadas retenciones a las exportaciones. Exportaciones con valores varias veces superiores a los de los años 90 consecuencia directa del aumento de los precios en el mercado internacional.


Pero ahora la cosa no es igual. Los valores de las commodities vienen cayendo prácticamente en picada y la inflación interna provocada esencialmente por la inyección de moneda a modo de subsidios ha provocado un enfriamiento evidente. Así las cosas, la señora presidenta ha intentado conformar una especie de comité de crisis, basándose en la idea de que hay que impedir despidos y estrechar filas cerrando las fronteras a las importaciones.

El voluntarismo suele ser mal consejero en estas lides. No se logra mantener el empleo prohibiendo los despidos, ni se logra activar la economía impidiendo que ingresen productos extranjeros. Mantener empleos sin producción concomitante provoca subas de precios por exceso de demanda, y lo mismo ocurre al cerrar las importaciones, ya que resulta obvio que si se impide el ingreso de bienes es justamente porque los precios de los mismos obligan a mantener una cierta competencia, que así deja de existir favoreciendo las subas de precios. No estamos hablando aquí del dumping ni cuestiones por el estilo. La competencia es el crucial estímulo a la mejora de la eficiencia y a la baja de los precios, y no al revés. Por otro lado, sostener los empleos cuando no hay trabajo significa un costo que tarde o temprano se paga. En la Argentina no existe el seguro de desempleo sino un subsidio más a través de los llamados planes de ayuda, que han quedado absolutamente desactualizados justamente por la escasez de recursos.

La penosa controversia surgida por el intento de aplicación de las llamadas retenciones móviles ocasionó un problema adicional al panorama que estamos describiendo. El Poder Ejecutivo debió dar marcha atrás, como se sabe, con la famosa Resolución 125. Pero ahora resulta que desde el propio gobierno el mensaje es que dada la baja que se produjo en el precio de la soja (prácticamente a la mitad en dos meses) en realidad hubiera favorecido al campo la aplicación de tal resolución, permitiendo a los pequeños productores pagar una tasa de retención menor. Lo que el gobierno no dice es que el perjuicio que sufre el campo de resultas de la descripción precedente, constituye un beneficio inesperado para el Estado, que es la contracara. Porque obviamente lo que el contribuyente paga en demasía es lo que el Estado recibe en demasía. De tal modo estamos ante la paradoja de que la posición del vicepresidente en el Senado terminó favoreciendo y no perjudicando al gobierno. Y ahora, el propio gobierno descalifica al vicepresidente por desleal pero al mismo tiempo se embolsa la diferencia señalada.

Por supuesto que no describimos esta situación para endilgar culpas o responsabilidades, sino más bien para demostrar una vez más que los discursos suelen ser de ocasión, muy frágiles y muchas veces acompañados de un profundo desconocimiento. Hoy la situación es grave para el campo y también lo es para la industria, para el comercio y para todo el mundo, incluido el propio Estado.

Nadie parece realmente percatarse en las esferas gubernamentales que la merma en la producción agraria, a la que se suma la pecuaria como resultado de una política de discursos agresivos y prohibiciones de exportaciones con aumento de retenciones para forjar supuestas bajas de precios ha terminado dando como resultado el descripto. En definitiva ha perdido el Estado, han perdido los productores agropecuarios y termina perdiendo toda la comunidad.

Los subsidios no pueden sostenerse, la merma de la producción energética obliga a toda clase malabares (incluyendo apresurados cambios de hora, con estados provinciales que hasta último momento no saben qué hacer ni por cuánto tiempo), las exportaciones se reducen y finalmente la caída de los precios internacionales da el empujoncito final a esta historia.

Mientras tanto, los discursos se reiteran. Los consejos y pedidos de solidaridad se repiten como si partieran de un ente sobrenatural que pretende cambiar el destino de los seres humanos para que huyan del pecado de la avaricia. Todo muy lindo, muy adornado en fervientes inauguraciones y reinauguraciones, pero absolutamente inútil.

Luego de varios años de negar el derecho de los llamados holdouts y de no querer arreglar las cuentas con el Club de París, la presidenta salió en sendos discursos a ofrecer un arreglo prácticamente inmediato. La necesidad de insertarse en un mundo financiero que al mismo tiempo es descalificado en los discursos es evidente. Entonces, ¿por qué insistir en mantener una línea que no se condice con los hechos? Ni el mundo financiero es un casino como suele decirse despectivamente, ni la Argentina está en condiciones de vivir fuera del mundo. Agregamos que además, es absolutamente poco inteligente pretender quedarse fuera. La tecnología es una necesidad, y el tipo de cambio competitivo que tanto ha encarecido en su momento las importaciones, ha contribuido seriamente al retraso en la materia. Cabe recordar aquí que el ex ministro Lavagna también descalificaba a quienes no compartían la política cambiaria. Su discurso era entonces que quienes querían que bajara el dólar sólo pretendían viajar a Miami , cuando sabía perfectamente que para quienes en esas condiciones podían viajar a Miami el tipo de cambio no tenía importancia alguna; y que el encarecimiento tecnológico no favorece la mejora de la eficiencia y por lo tanto de la genuina competitividad. Es decir, suponemos que lo sabría, porque cuesta entender que una persona con su preparación y trayectoria pretenda ignorar que las importaciones carísimas no son el camino a la tecnificación. Y que los bajos salarios en dólares y el vivir con lo nuestro son verdaderas mentiras de patas cortas.

Todo ha quedado atrás. La historia ha sido escrita con estas argumentaciones. No se intentó hacer siquiera un análisis mesurado de los errores que en definitiva todos cometemos. Políticamente se intentó, y se intenta, defenestrar la libertad de mercado confundiendo a los incautos con argumentos impropios. La falta de claridad de ciertas operaciones financieras, o el excesivo endeudamiento de determinados bancos o fondos de inversión, se resuelven fácilmente si los países donde funcionan establecen reglas claras de publicación de su operatoria. Y eso nada tiene que ver con el intervencionismo a ultranza, sino más bien todo lo contrario. La publicación de los datos es como la exhibición de los precios o la explicación de la tasa de interés de la financiación de cualquier producto. La crisis que hoy padece el mundo tiene su origen en las hipotecas subprime de los EEUU, dicen. Y tales hipotecas se multiplicaron porque los funcionarios de la FED bajaban las tasas de interés para intentar justamente activar determinados factores económicos. Es decir, la FED intervenía abiertamente en los mercados, y no al contrario. Amén de ello, siempre se repite en determinados círculos que los bancos prestan dinero a quien no lo necesita. Pues bien, en EEUU se prestó durante años dinero a quien seguramente lo necesitaba, y eso terminó produciendo la llamada crisis de las hipotecas.

Es que en verdad, prestar dinero a tasas bajas, negativas en términos de inflación, y sin suficientes garantías de cobro, es encarar un negocio que tarde o temprano sucumbirá. Y eso es lo que ocurrió. Nosotros, personalmente, señalamos muchas veces que el intervencionismo en las tasas de interés o donde sea produce distorsiones que alguien terminará pagando.

Los operativos de salvataje iniciados en el mundo entero constituyen otra forma de intervencionismo. Un intervencionismo basado en el monopolio que tienen los Estados de emisión de la moneda. Las garantías o seguros de los depósitos constituyen una forma, lo mismo que las tasas bajas, de incentivar malos negocios. Simplemente porque en definitiva alguien pagará. Una vez más el camino elegido es incorrecto y profundamente intervencionista. Los políticos del mundo entero están asustados con lo que pasa y culpan a un oscuro capitalismo especulativo de los males que le aquejan, cuando en verdad son ellos mismos los que mediante políticas centralizadas en grandes bancos de emisión de moneda y manejo de variables financieras fuera de las normas del mercado, provocan los cataclismos.

Así las cosas, los remedios no son más que aspirinas. Y más temprano que tarde la crisis cobrará todas sus cuentas a los desprevenidos y a los incautos, como en su momento les pasó a quienes tomaron bonos argentinos según la propia definición de los Dres. Lavagna y Néstor Kirchner.

Ahora bien. La política incluye también la difusión de consignas que fácilmente penetran en la población, como ocurre con los jingles de publicidad. La palabra ajuste terminó siendo una mala palabra a comienzos del presente milenio. Y desde las esferas políticas se repitió hasta el cansancio que nunca más se entraría en la variante de hacer ajustes, porque eso perjudicaba a los más pobres, etc. Cabe anoticiarse sin embargo que lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, es que el ajuste está produciéndose. Y continuará produciéndose.

Acá no se ahorró en el famoso fondo anticíclico , no se creó un colchón para cuando llegara la época de las vacas flacas. Se gastaron más de U$S 100.000 millones que de una u otra forma podrían haberse ahorrado en estos años. Se repartieron subsidios, dádivas a provincias y municipios, aerolíneas sin aviones o empresas energéticas que no son más que sellos de goma. Se iniciaron proyectos rimbombantes, como el del tren de alta velocidad y se repartieron electromésticos en campañas políticas. Se aumentó el gasto público a límites insospechados y a veces incomprensibles. Y ahora, cuando las vacas flacas llegaron, se pretende: a) impedir despidos, b) intentar una devaluación del peso, c) fomentar un blanqueo de capitales, d) aumentar la de por sí asfixiante presión tributaria especialmente en las provincias, e) arreglar con los sindicalistas para que no pidan aumentos de salarios, f) mantener niveles de retenciones a las exportaciones insostenibles, etc. etc. Se pretenden soluciones mágicas. Gravosas e impracticables. Ya ni siquiera queda a quien echar la culpa si nos descuidamos. Por eso ahora la culpa la tiene el capitalismo o el efecto jazz . La culpa la tiene alguien que no somos nosotros, paladines de la ética y de la solidaridad, señores del intervencionismo para corregir los torpes errores del mercado, distribuidores de la riqueza que producen los avaros empresarios, y siguen los etcéteras.

Dijeran lo que dijeren, el ajuste ha llegado finalmente. Más bien acaba de empezar. Y la frutilla de la torta acaba de anunciarse: el fin de las AFJP. Luego de la parafernalia publicitaria de hace menos de un año para que la gente se pase al sistema de reparto, resulta que ahora se pretende abolirlas y pasar todos los recursos al Estado. No es tema de este trabajo analizar estas asociaciones, que desde sus comienzos tuvieron obligaciones respecto de la adquisición de títulos públicos y acciones de empresas nacionales en una proporción muy significativa. Actualmente administran unos $ 100.000 millones. Esto por si hiciera falta decir algo más respecto de que, sin duda ninguna, el ajuste ha llegado, señores.

Eso sí, las AFJP podrán seguir funcionando, según la información difundida, con los aportes voluntarios, si es que hay algún kamikaze que decida aportar en tales condiciones.

Buenos Aires, 20 de octubre de 2008 HÉCTOR BLAS TRILLO

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