Un nuevo default
El traspaso de las AFJP al Estado constituye una confiscación de ahorros evidente. Pero no solamente eso, también significa pasar a manos del gobierno los más de $ 50.000 millones de títulos públicos, es decir dejar de tener la obligación de pagarlos. Porque es obvio que el Estado jamás los pagará.
De manera que estamos ante un nuevo default , que se suma al progresivo y corriente del dibujo del CER para que los títulos indexados paguen menos intereses y actualizaciones al sufrir ajustes menores a los que corresponderían si la inflación fuera medida correctamente y sin trampas.
La medida tomada por el actual gobierno es decididamente confiscatoria, además de ahorros en plazos fijos a cargo de las AFJP y es también una manera de ingresar en el patrimonio de las empresas, ya que tales AFJP tienen en su poder más de $ 10.000 millones en acciones de empresas.
Nuevamente, como en 2002, el Estado vuelve a apropiarse de activos líquidos o semilíquidos que provienen de los particulares. Y cabe decir que en aquel año, al salirse de la convertibilidad no solamente se aplicó el corralito o el corralón, sino que los tenedores de billetes convertibles de curso legal vieron como éstos se transformaban en billetes simples y sencillos y nadie les entregó nada a cambio como consecuencia de la devaluación. En otras palabras: la diferencia surgida de tal devaluación debió ser pagada a los tenedores de billetes que equivalían a dólares, porque ese era el contrato. Eso también fue un default, aunque pasó desapercibido. Nosotros lo hemos señalado varias veces sin demasiado eco, por cierto. Pero es una realidad que el pagaré que significa el billete emitido por el Estado y que equivalía a dólares por el mismo valor fue desatendido de manera alevosa y sin más trámite.
La situación que ahora se plantea con esta nueva confiscación no es solamente la que comentamos respecto del default. También implica un profundo desinterés por el mercado de capitales, ya que las AFJP hasta ahora venían financiando por ejemplo las adquisiciones a crédito de artículos del hogar a través de fideicomisos, cosa que obviamente dejará de ocurrir.
Por otra parte, el Estado se hace cargo de las tenencias de acciones, que se supone que en algún momento intentará venderlas. Si pensamos en la cifra de $ 10.000 millones y tomamos en cuenta que en un día de Bolsa la operatoria ronda los 60 millones, cabe preguntarse en cuánto tiempo el Estado saldría a vender tales acciones sin hacer un desastre en los valores de las empresas.
Resulta por lo menos incongruente que luego de la andanada publicitaria de la modificación a la ley para permitir el traspaso del sistema de capitalización al de reparto (que incluía la inversa, de paso sea dicho, es decir del sistema de reparto al de capitalización), y luego de haber agotado la saliva hablando en todos los medios una y mil veces el hoy por hoy intendente con licencia del partido de Tigre y Jefe de Gabinete respecto de la trampa que constituía el sistema anterior donde el traspaso estaba vedado, resulte imprescindible acabar con el sistema. Recordamos, además, la apertura para que los traspasos pudieran hacerse cada 5 años, y el hecho particular de que los mayores de 55 años con menos de $ 20.000 acumulados de aportes, pasaron automáticamente al sistema de reparto.
La extensión de los considerandos que acompañan al proyecto de ley para la eliminación de las AFJP nos resulta tan tediosa como inútil, en tanto la mayoría de los puntos tomados en consideración, estaban vigentes el año pasado, cuando se dictó la ley 26.222 de liberalización de los traspasos de un régimen al otro. Por otra parte, realmente no queremos cansar a nuestros lectores con detalles basados en cuestiones ideológicas sino tratar de concentrarnos en los efectos técnicos de la cuestión.
Las AFJP recaudan actualmente unos $ 1.100 millones mensuales, cifra que aumenta en los meses de junio y diciembre por el efecto del sueldo anual complementario. Estas cifras, al pasar a ser recaudadas por el Estado significan algo más de un punto del PBI por año. Aparte de que la apropiación de los $ 100.000 millones significa en la práctica el default de los bonos públicos en poder de las AFJP, también constituye una confiscación de los ahorros acumulados por los aportantes, como ocurrió el año pasado con quienes voluntariamente se pasaron al sistema público y también con quienes fueron obligados a pasarse por las razones señaladas respecto de la edad y montos acumulados.
Lo que podríamos llamar daños colaterales que esta confiscación provoca son inmensos. Las AFJP constituyen un genuino mercado de capitales, y son la base más dinámica de los créditos que se otorgan vía fideicomisos para, por ejemplo, la adquisición de electrodomésticos.
La inmensa retracción del crédito que esta medida provocará ocasionará un daño terrible por la disminución de la demanda que ello implica.
Es mucho más lo que puede decirse. Desde la decisión del 80% de los afiliados en AFJP que decidieron hace apenas meses quedarse en ese sistema, pasando por las acusaciones de malos manejos de tales AFIP que sin embargo desde sus inicios estuvieron controladas por la Superintendencia de AFJP, organismo público que al parecer pasará ahora a depender de la ANSES y del funcionario Boudou, y terminando por el repaso siempre esclarecedor de los funcionarios y dirigentes políticos que hace 14 años apoyaron de modo ferviente el sistema de capitalización y hoy por hoy lo defenestran argumentando lo contrario.
El gobierno necesita dinero para poder cumplir con los compromisos de la deuda. Por eso, como hemos señalado en anteriores trabajos, se ajustaron las retenciones a las exportaciones, se mantuvo la prohibición del ajuste por inflación de los balances impositivos, se sostuvo y sostiene la intervención en el INDEC para fraguar los índices de ajuste de los títulos públicos indexados, se intentó mediante la ley citada más arriba que la gente se volcara voluntariamente al sistema de jubilación público, se intentó aplicar el sistema de retenciones móviles, etc. Y finalmente, el zarpazo está dirigido a los aportes de los trabajadores. Aportes que ya venían siendo manipulados desde el default, con los títulos garantizados, con la obligación de repatriar colocaciones en Brasil, y con la exigencia de adquirir títulos públicos. Más la pesificación de los depósitos a $ 1,40 más CER, etc.
La situación es crítica. Porque a la improvisación continuada que toda esta operatoria significa y que genera la enorme inseguridad jurídica en la que se mueve el país, se le suma la falta de asesores de peso o con poder suficiente al menos en el plano intelectual para tratar de modificar esta conducta casi espasmódica de violar absolutamente todos los contratos y obligaciones de manera sistemática.
La sensación que tenemos (y es tan sólo una sensación) es que así como están las cosas resultará bastante complicado que el proyecto de anulación de las AFJP sea aprobado en el Congreso. Consideramos que aún en el caso de que se pretenda modificar el proyecto de ley asegurando la intangibilidad de los depósitos, resultará nada creíble por parte del público en general, y por lo tanto muchos políticos tendrán que lidiar con sus votantes, como ocurrió con la Resolución 125. Sabemos que afirmar esto es bastante arriesgado y que todo dependerá de los acontecimientos, especialmente en los mercados.
Pero no hay que dejar de resaltar el hecho de que cuando ocurren este tipo de cosas y todo el mundo huye y los mercados se derrumban, esta clase política suele recurrir a teorías conspirativas para justificarse y justificar sus apropiaciones de los dineros de la gente. Una vez más se habla de golpes de mercado al tiempo que el juez Bonadío prohíbe la operatoria de las AFJP y por lo tanto retrae el mercado e impide la comercialización de títulos.
La realidad es que los tenedores de acciones o de títulos saben positivamente que acá estamos ante un nuevo default, y que en definitiva si el Estado sale a vender las tenencias de acciones de las AFJP, los valores se derrumbarán estrepitosamente. Si de por sí los mercados se anticipan, con más razón lo hacen en estos tiempos que corren de crisis financiera en el mundo entero.
Un panorama que no resulta alentador. Y si para colmo le agregamos que el año próximo es electoral y que por lo tanto resulta difícil bajar el gasto público, al tiempo que bajan todos los precios de las commodities en el mundo ocasionando pérdidas de ingresos por retenciones, la situación es evidentemente casi de colapso.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2008 HÉCTOR BLAS TRILLO
ESTUDIO
HÉCTOR BLAS TRILLO
Contadores Públicos
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