El paro del sector agropecuario es un baldón para un gobierno que cree en el voluntarismo en su favor o en su contra, y olvida sus propias culpas a la hora de emitir moneda y comprar dólares caros.

Es indudable que el cimbronazo que produjo la decisión de Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria ha sido de gran magnitud. Al momento de escribir estas líneas hasta tuvimos oportunidad de escuchar por primera vez en un reportaje radial al secretario Guillermo Moreno señalando, (con palabras muy similares a las empleadas en otras oportunidades por la ministra Miceli) que “ellos” (el sector agropecuario) “quieren subir los precios” y “nosotros” (el gobierno) “no vamos a permitir que suban los precios del pan al pueblo argentino, de la carne al pueblo argentino, del aceite al pueblo argentino…” No hay ninguna duda de que este buen señor cree que la suba de precios es un acto voluntario gestado por miles y miles de productores o empresarios para perjudicar a la población en general sacándole su dinero al obligarla a pagar más. O al menos intenta que nosotros lo creamos.

También otros ministros y algunos gobernadores han salido a opinar en la misma dirección. Y si a esto le sumamos la reiterada negativa del presidente Kirchner a asistir a la inauguración de la Exposición Rural en Buenos Aires, tenemos una idea acabada de lo que, en principio, piensa esta gente.

Como nos cuesta creer que verdaderamente piensen eso, es que dejamos el margen para la duda. Es probable que muchos funcionarios o dirigentes políticos no entiendan las reglas básicas de la economía y pretendan, por enésima vez, ser ellos quienes deciden la medida de las cosas.

Pero no puede ser que ignoren cuáles serán los resultados al finalizar el intento. Entre muchísimas otras cosas porque la Argentina pasó varias veces por esta misma historia.

Tal vez alguna cuestión de índole emocional les haga decir las cosas que dicen y obrar como obran, dejando de lado cualquier consideración sobre la legalidad de sus actos. Pero es obvio que el agravamiento de la situación es más que palpable y no solamente por el paro agropecuario ahora anunciado. Hace rato que hay problemas de escasez de combustibles, por ejemplo. Es un dato que hoy por hoy existe un mercado negro de carnes y que las cosas se resuelven entre bambalinas por sectores o entre éstos y algunos funcionarios clave. También es un dato que no pocos productos con “precios acordados con el gobierno” hace bastante que no cuentan con un lugar en las góndolas.

Quien pretenda vender un bien a un precio que el mercado pagaría con gusto, deberá primero tener el permiso oficial, so pena de ser sancionado, perseguido, insultado o atacado por inspecciones y penalizaciones varias. Si acepta ese precio oficial, entonces podrá vender. Y dado que tal precio con seguridad es más bajo que el de mercado, prontamente el producto comenzará a escasear y aparecerá un mercado paralelo.

Nada de esto es nuevo. Y no sólo no es nuevo en el gobierno actual de la Argentina. No es nuevo en la historia del mundo entero prácticamente.

Es evidente que pretender sostener un tipo de cambio artificial trae problemas y desequilibrios, tanto si tal tipo de cambio es “alto” como si es “bajo”.

El gobierno sostiene el tipo de cambio alto y emite moneda para ello. El argumento es que tal tipo de cambio debe ser competitivo. Ello indica que el país no es competitivo a menos que se utilice ese artilugio. Pero ningún artilugio monetario dura eternamente, claro está.

Las consecuencias inflacionarias están a la vista. Y si bien la ministra Miceli, aparte de creer que es legal permitir o no que suban tales o cuales precios, pretende que el repunte inflacionario tiene que ver con el crecimiento. La realidad es que si la economía funcionara sobre la base del trueque, tal inflación desaparecería de inmediato, demostrando así dónde está el problema.

Vemos claramente cómo el voluntarismo se ha adueñado de la situación. El Dr. Lavagna acaba de publicar una solicitada con lineamientos generales para un plan de gobierno en la que el primer punto que se menciona es el de “sostener un tipo de cambio alto”. Su intención es obvia: hacer eterno lo que sólo puede ser efímero.

A su vez, la Lic. Miceli ha dicho también que es preciso un “shock de inversiones” y ha pedido públicamente al empresariado que invierta. ¿Es preciso pedir que se invierta si el país ha venido recuperándose y creciendo como ha venido haciéndolo? ¿No es obvio que las inversiones deberían venir solas?

Es correcto suponer que si se invierte para producir bienes adicionales la tasa de inflación tienda a bajar. Pero las inversiones que no vienen no lo hacen porque se encuentran con un panorama como el descripto más arriba. Los funcionarios creen que ellos deben permitir o no que suba tal o cual precio.

Ellos permiten y desean que el precio del dólar sea caro, por lo cual los salarios de la población son bajos en esa moneda. Como para tales funcionarios no es importante que alguien compre dólares (¿alguien vio alguna vez un dólar?), pero sí es fundamental que pueda comprar aceite o carne, entonces actúa sobre los precios de los alimentos en una dirección, y sobre los precios de las divisas, en la dirección contraria.

La realidad es que la merma de animales hembra para rodeos de cría ha sido sustancial desde que a comienzos de marzo el gobierno decidió prohibir la venta al exterior de todo producto cárnico y sus derivados. Una medida arbitraria, inconstitucional, ajena al Estado de Derecho y para colmo absurda por donde se la mire. La producción de animales para exportación ha bajado y bajará en el futuro mucho más todavía. A esto se suma la lista de precios máximos en el Mercado de Liniers que ni siquiera tiene firma pero que todo el mundo sabe que viene de cierto sector del poder. La intervención en los mercados de trigo y de maíz es también un hecho consumado.

Bien, el funcionario Moreno tiene un estilo destemplado y agresivo, según comentan. Su actitud es similar a de quien está en una riña y pretende controlar una situación imponiéndose desde un poder policial o algo así. Pero este funcionario ocupa ese lugar porque allí lo ha colocado el propio presidente de la Nación. Lo mismo ocurre con la ministra Miceli, que sigue repitiendo a quien quiera escucharla que para luchar contra la inflación hay que controlar los precios. De donde se deduce que una profesional de la economía como se supone que es, cree que la inflación se detiene con “mano dura” y voluntarismo, no adecuando las ecuaciones económicas a la realidad de la oferta y la demanda y dejando de despilfarrar dinero comprando dólares caros, por ejemplo.

No se trata aquí de una cuestión de opinión. Se trata de no confundir conceptos. Una cosa es tratar de modificar expectativas y hábitos y otra es creer de veras que la inflación se produce porque algunos ganan mucho, o porque la cadena de distribución de tal o cual producto no es eficiente. La inflación es la suba generalizada de precios por desvalorización de la moneda.

Y la desvalorización de la moneda es un hecho desde hace ya 4 años, y sigue siéndolo se diga lo que se dijere.

El presidente de la Nación repite clisés contra el “neoliberalismo” al tiempo que afirma que los economistas “liberales” intervenían asiduamente en la economía de tiempos de Menem. Es decir que no había allí vestigios de liberalismo según las propias palabras de Kirchner.

¿Hay alguna diferencia entre el intervencionismo de mantener el dólar bajo y el intervencionismo de mantenerlo alto? ¿Hay alguna razón por la cual en los años de convertibilidad los empresarios no se hacían los vivos?

¿Por qué ahora el agro pretende subir los precios si gana más dinero que en mucho tiempo –Miceli dixit? ¿No hubiera sido más lógico que pretendiera hacerlo en tiempos de la convertibilidad cuando la rentabilidad era nula o casi nula? ¿No era que ganaron mucho en tiempos de Menem y ahora deben aprender a ganar menos, según se ha cansado de repetir el Presidente?

Es estas preguntas y afirmaciones hay una lógica elemental que nadie desde el gobierno se acerca a contestar. La verdad es que a estas alturas cabe pensar que nadie se anima.

El ambiente va tensándose cada vez más rápidamente. Si aún se sostienen índices contenidos de precios, es más bien como consecuencia de los subsidios que pueden pagarse debido al superávit fiscal consecuencia, precisamente, de la desvalorización de la moneda.

¿Podría ir hoy por hoy el Dr. Kirchner a EEUU y repetir que acá no hay controles de precios?. ¿o el inefable Moreno decir que sólo hay controles de costos?.

El permiso para vender poco a poco deja de interesar cuando las cosas se vuelven difíciles. El silencio de muchísimos empresarios ha empezado a ceder.

Esto significa que las incongruencias que intentamos señalar tantas veces empiezan a provocar consecuencias serias.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

Godoy Cruz 2870 – 1425 Buenos Aires

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Hemos señalado reiteradas veces que es fácil iniciar la intervención en los mercados, lo complicado es salir de ella

Los problemas con el sector agropecuario se multiplican. Las insólitas listas negras que circularon en el Mercado de Liniers sirvieron únicamente para que ingrese menos hacienda o de menor calidad al tiempo que se multiplicaron las operaciones directas o en el campo.

El manejo del precio de referencia del trigo o las trabas a las exportaciones de maíz cerrando el “registro” de exportadores se agregan a los remanidos controles de precios que se disfrazan como acuerdos, que a su vez se postergan en el tiempo nada menos que por un año más.

Ciertas conclusiones del secretario Moreno respecto de fórmulas polinómicas de márgenes de utilidad y referencias a San Agustín de las cuales nos hemos ocupado oportunamente, no hacen sino escarbar en las profundidades de la naturaleza humana y sus afanes de lucro, con la intención de modificarlas, arrogándose así la paternidad de la ética.

En el medio, los empresarios en general adoptan una actitud sumisa y en muchos casos silenciosa ante la seguridad de obtener subsidios, financiamiento blando, desgravaciones impositivas o esquemas promocionales varios que compensen las diferencias que conlleva la venta de artículos a precios congelados en un marco inflacionario y devaluatorio.

La crisis energética llevó de apuro a tratar de construir dos centrales térmicas (una en Campana y la otra en la localidad de Timbúes en Santa Fe, cuya licitación se ha efectuado por un monto de algo más de 1.000 millones de dólares. Poca gente sabe de dónde saldrá ese dinero. Pues bien, aproximadamente la mitad provendrá de un fondo creado por las diferencias de precio que las generadoras de electricidad no pueden trasladar a las distribuidoras ya que éstas últimas tienen congelados los precios al consumidor, es decir sus tarifas. El gobierno “separa” por así decirlo, la diferencia y, en lugar de pagar la deuda, lo que hace es exigirle a tales generadoras a que cobren sus acreencias en inversiones en nuevas centrales, como el dinero así y todo no alcanza, el resto también debe ponerlo el Estado u obtenerlo de algún lado. Ese resto, que en rigor es la mitad, saldrá probablemente de las AFJP (¡cuándo no!). Y el gobierno insiste en que acá no hay crisis energética bajo ningún aspecto. El flamante secretario de Finanzas parece que será el encargado de esta última gestión .ante las AFJP

La aparición de mercados negros (sobre todo en la carne) y la desaparición o escasez progresiva de los artículos con precios acordados con el gobierno muestran a las claras que la política intervencionista está comenzando a dar los resultados esperados. Esto es: inflación no reflejada en los índices de precios, mercados negros y escasez de productos.

Todo ello en un marco asaz favorable en materia de precios internacionales de las commodities con aumentos sostenidos en la recaudación fiscal, con superávit suficiente y con reservas casi excesivas en la medida en que el señoreaje no genere tasas de interés suficientemente aceptables debido al temor a los embargos de parte de los llamados hold outs.

Un crecimiento superior al 8% en el PBI para este año. Una expectativa de más del 7% para el año venidero. Una baja sostenida del índice de desocupación y hasta una mejora en la cantidad de trabajo en blanco, pese a que se calcula que no menos de 6 millones de personas trabajan en negro.

La preocupación del gobierno en el sentido de que los índices de precios no reflejen la realidad inflacionaria creada por el propio gobierno y su política de expansión monetaria ha llegado a un grado de ridiculez preocupante. Las distintas formas de apriete, de las que nos hemos ocupado reiteradamente, no se enmarcan en la seriedad de un modelo económico que se pretende superador.

La repetitiva referencia de la ministra Miceli a las ganancias excesivas, que hace suya sin solución de continuidad el secretario de comercio, resultan francamente inadmisibles si con ello se pretende contener la inflación. El flagelo inflacionario nada tiene que ver con los márgenes de ganancia. En décadas anteriores a los 90, la Argentina tuvo récords inflacionarios con empresas que no sólo no ganaban, sino que tenían déficit pavorosos (como el caso de YPF o ENTEL, por dar ejemplos). Las empresas privadas, sometidas a controles de precios y con prohibiciones de despedir a sus empleados, con salarios fijados por el gobierno y con una ley de abastecimiento que permitía apresar a quienes no abastecieran el mercado, no eliminaron en absoluto el flagelo inflacionario que llevó al peso argentino a perder la friolera de 13 ceros entre 1970 y 1991. Lo único que se consiguió en aquellos años es vaciar las góndolas de las despensas, generar mercados negros múltiples con tipos de cambio múltiples, demorar meses y meses las entregas de vehículos para que llegaran al comprador sin la rueda de auxilio y sin los limpiaparabrisas, por ejemplo.

Ninguna campaña de abaratamiento, ningún auto económico, ningún “pan porteño”, ninguna “canasta” de ninguna índole, ninguna campaña contra las subas de precios, ninguna lista de precios máximos y ninguna veda de lo que fuere pudieron evitar que un peso actual equivalga a 1 billón de pesos moneda nacional del 31 de diciembre de 1969.

Las listas de precios máximos de la década del 80 distinguían hasta el diámetro de los huevos de gallina. Y las vedas de carne llegaban al grado de detalle de permitir comerciar empanaditas pero no pastelitos.

Quien no haya vivido esas épocas puede creer que estamos bromeando. En absoluto. Esta gente creía que así podríamos construir un país en serio y llegar a ser una Argentina potencia, como se decía en los 70.

En su momento se llegó a prohibir, por ejemplo, que los comercios estuvieran abiertos más allá de las 18:30 hs, para evitar las jornadas extensas de los empleados del ramo. De tal manera, la gente salía de las oficinas del Microcentro y se encontraba con que hasta los puestos de venta de diarios y revistas estaban cerrados.

El Estado fijaba precios, fijaba sueldos, fijaba tasas de interés, fijaba tipo de cambio, fijaba márgenes de utilidad, fijaba la imposibilidad de modificar la situación de los trabajadores, fijaba la obligación de aportar al sistema jubilatorio y a la obra social, fijaba qué productos estaba prohibido importar (como los perfumes, por ejemplo). Fijaba absolutamente todo. Y la moneda perdía valor a raudales. Aún en tiempos del llamado plan austral que se publicitaba con el argumento de que un austral equivalía a 80 centavos de dólar, al tiempo que el billete de un austral era de color verde. Con esta idea, se argumentaba que un austral valía más que un dólar, engañando a la población con la idea de que nuestra moneda era más valiosa que la norteamericana, cuando se trataba (y se trata) de un problema de unidad de medida o de cuenta, simplemente.

Con algunas diferencias, a todo esto estamos volviendo. Tarifas de servicios con precios políticos, subsidios a sectores preferidos por el gobierno por la razón que fuere, regímenes promocionales de todo tipo (superan los 50 entre nacionales y provinciales), precios congelados, etc.

Adquirir tecnología en el Exterior es caro porque el dólar es caro porque el gobierno quiere que sea caro, por lo tanto también tenemos retraso tecnológico progresivo. Con lo cual no sólo no somos competitivos sino que lo somos cada vez menos, excepto, claro está, en el sector primario.

¿Cuál es el origen de esta situación? La ineficiencia del Estado argentino en general. Hoy por hoy cualquier empresa destina empleados y tiempo a cumplir con la enormidad de exigencias de los organismos públicos. La cantidad de aplicativos de la AFIP y de las direcciones de Rentas provinciales debe superar fácilmente los 100. Los regímenes de información se multiplican, los anticipos de impuestos son mensuales, las retenciones deben informarse, los impuestos como el IVA y los Ingresos Brutos también son de presentación mensual y así sigue la cosa. El destino de los fondos es incierto, se dirige a sectores preferidos, a subsidios determinados, a provincias y municipios amigos. No decimos nada nuevo.

Los partidos se arman entre familiares y amigos. No hay elecciones libres de internas que designen candidatos. La reforma política de la que tanto se hablaba en 2002 ha quedado en el olvido. Nadie parece preocuparse del gasto. De tal modo que las provincias en su conjunto terminarán 2006 con déficit, volviendo a las andadas.

Los servicios públicos aguantan por las inversiones hechas en los 90, guste o no. Y en buena medida impagas por el default. Pero poco a poco se deterioran y comienzan a escasear o empeorar.

El país crece en algunos sectores claves: la actividad primaria, la construcción. Se recupera en otros: la industria automotriz. Pero en conjunto no llegan las inversiones necesarias para continuar a futuro desarrollándose, porque la incertidumbre política y la falta de reglas de juego espantan al capital.

Los precios de los alimentos en el mercado internacional dieron por tierra con un montón de teorías sobre términos del intercambio, y los caramelos terminaron siendo una industria de avanzada al tiempo que el acero ha pasado a un riguroso segundo plano en los tiempos de la cibernética.

Las planificaciones tienen siempre la impronta de reprimir la inventiva. Cuando determinadas personas o sectores entienden que hay que promocionar la fabricación de algo, se limita la posibilidad de incentivar a quien puede crear lo nuevo. Las economías más intervencionistas, y las más centralizadas, son por definición las que más retrasan tecnológicamente. Y no sólo por el encarecimiento artificial del tipo de cambio como ocurre entre nosotros, sino porque simplemente alguien decide que el futuro es el acero, por dar un ejemplo, y gasta el dinero de los demás en fabricarlo, limitando las posibilidades de esos demás para producir con su dinero lo que les plazca.

El gobierno argentino resalta la obra pública como promotora de crecimiento. Pero la obra pública es consecuencia de la utilización del dinero que se recauda de la gente vía impuestos e inflación. Dinero que en poder de esa gente probablemente tendría otros destinos, entre los cuales se encuentra sin dudas la iniciativa y el emprendimiento individual o social.

También hay que decir que esa obra pública es entre otras cosas la gran demandadora de materiales de construcción, y por lo tanto responsable de buena parte del crecimiento del sector. Si tomamos en cuenta que una de las razones de la salida de Lavagna del gobierno fue la acusación de sobreprecios de parte de Vialidad Nacional; y la famosa causa del cartel en el que varias empresas del mismo rubro fueron condenadas, siendo que el principal comprador es el Estado, queda bastante claro dónde está el quid de la cuestión.

La sabia Constitución de 1853, fundamentada por Juan Bautista Alberdi, prefiere resguardar los intereses particulares en su declaración de derechos y garantías. Pretende impedir que sea el Estado quien decida. Pretende que ese Estado se encargue de garantizar que tales derechos serán respetados. Compárese esto con la realidad actual y se verá cuán lejos estamos de cumplir con lo que nuestros mayores escribieron.

El intervencionismo es el camino inverso. Es el Estado quien decide qué haremos de nuestras vidas, y no al revés. No es el gobierno nuestro mandatario, sino nuestro mandante. No son los legisladores nuestros representantes, sino quienes nos extraen recursos para emprender lo que los gobernantes consideran que es mejor para nosotros. Porque nosotros, sin tales gobernantes, no estamos en condiciones de decidir qué preferimos y qué no. Esta es la verdadera historia de los tiempos que corren.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

Economía y tributación

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La falta de seguridad jurídica es un dato que día a día adquiere mayor magnitud. Se consignan en este trabajo algunos ejemplos, a la vez de reseñar brevemente las consecuencias obvias.

Acaba de conocerse en estas horas la noticia de que el Jefe de Gobierno Buenos Aires ha decidido, mediante un decreto, suspender los permisos de obra en seis barrios de la ciudad con el objeto de realizar estudios ambientales y decidir el camino a seguir. Dicho esto de una manera coloquial y para no entrar en avances semánticos innecesarios.

La medida responde a reclamos de los vecinos, esencialmente, que aducen cuestiones vinculadas con el medio ambiente, con la falta de espacio verde, con la insuficiente infraestructura, etc.

Desde el vamos surge a la vista que probablemente los vecinos tengan una buena dosis de razón, ante el auge de la construcción en los últimos años. Auge que dicho sea de paso ha sido y sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la recuperación económica.

Lo que nos interesa señalar, sin embargo, es que la suspensión decretada no parece contemplar los derechos de los propietarios de lotes que los han adquirido antes o ahora y tienen el firme objetivo de construir allí un edificio siguiendo el código de planeamiento urbano. Es decir que la medida afecta el derecho constitucional de usar y disponer de la propiedad sin que parezca resultarle necesario hacer las reservas del caso al Jefe de Gobierno ante la probabilidad cierta de que los propietarios citados reclamen judicialmente por sus derechos.

Reclamar por tales derechos significa, lisa y llanamente, pedir una indemnización. Ya que la figura adoptada no dista de ser una expropiación parcial por razones, en principio, de utilidad pública. El cercenamiento del derecho de usar y disponer de la propiedad debe ser fundado en ley y previamente indemnizado.

Que sepamos, y al momento de escribir estas líneas, nada de eso ha ocurrido, ni hay indicios de que fuera a ocurrir aunque más no fuera de modo extemporáneo. Es más, ni siquiera parece entrar en los cálculos del citado funcionario.

Cada uno de los propietarios de terrenos en los barrios afectados tiene derecho a iniciar una demanda por haberse alterado la norma jurídica existente. Y aquellos que viven en otros barrios de la ciudad tendrán que estar alertas de lo que pueda pasar, porque en un país donde las cosas se hacen de esta manera nadie está libre. Aunque en realidad, y al sólo objeto de evitar molestias, tiempos y costos innecesarios, el anuncio de que las expropiaciones parciales (por tiempo o por espacio) serán debidamente indemnizadas es de un grado de obviedad pavoroso.

La inseguridad jurídica es una cuestión esencial a la hora de decidir inversiones, en cualquier parte del mundo. Sabido es que en países como China las garantías ofrecidas por el Estado comunista son de un grado de seguridad que nadie podría dudar de ellas. Por tal razón las inversiones concurren masivamente al gigante asiático y son renuentes a venir a países como el nuestro donde cada funcionario literalmente hace lo que quiere y nadie parece cuestionarlo seriamente. Más bien al contrario: lo justifican y enaltecen.

Si pensamos lo que ha pasado y pasa con la prohibición de exportaciones cárnicas, los precios índices de los granos sobre los que se aplican los derechos de exportación, los controles de precios y de costos en los que las empresas se encuentran sujetas a la arbitrariedad de prepotentes funcionarios, el corte de tranqueras por parte de funcionarios del gobierno sin que absolutamente nada ocurra, el aumento o baja de los derechos de exportación (como ocurriera con los lácteos) según la particular visión de cuáles deben ser los precios internos de esos productos a juicio del presidente de la Nación, la prohibición del lanzamiento del gas oil “súper” por parte de una petrolera aplicada con efecto retroactivo, la necesidad de pedir permiso para aumentar cuotas de prepagas cuando existen obras sociales compulsivas y hospital público, e innumerables etcéteras, pintan una realidad absolutamente conducente al efecto contrario al que en principio pareciera el deseado.

Viene a nuestra mente, a título de anécdota, aquella oportunidad en la que un camión cargado de naranjas volcó en una calle capitalina y varias personas se apresuraron a apoderarse de los frutos esparcidos. Recordamos nítidamente cómo un “movilero” del programa de un periodista serio y al parecer muy responsable le preguntaba a una señora, cargadas sus bolsas de naranjas, si tenía trabajo, en lugar de hacerle saber (en tren de decir algo) que estaba llevándose lo que no es suyo. Nos preguntamos qué habrá sido del propietario del camión y de su negocio. Y también nos preguntamos qué habrá sido de sus empleados.

Resulta descorazonador observar que prácticamente desde ningún sector salen las que podríamos considerar voces responsables a poner las cosas en su lugar. Al contrario.

En su momento el presidente de la República incitó al boicot por parte del público a las estaciones de servicio de una petrolera que había decidido, legalmente, subir los precios de sus productos. Tal boicot fue acompañado de un verdadero magma de subsidiados por el Estado comandados por el ahora renunciante secretario de “hábitat social”. ¿Es todo esto una explicación a la necesidad de insistir en que vengan inversiones a que recurre el gobierno prácticamente todos los días, o no lo es?

Estamos ante una realidad que no puede soslayarse. El país ha abandonado sus instituciones, literalmente. No queremos expandir nuestro comentario a cuestiones que no estén vinculadas con la economía, como podría ser por ejemplo lo que ocurre en el fútbol o en la justicia en general (y en particular lo que acaba de ocurrir con la Corte Suprema, que luego de un año de silencio ante la vacante de dos de sus miembros, la esposa del presidente sale a anunciar que presenta un proyecto para reducirla a cinco, sin que ella ni su marido expresen una sola palabra acerca de por qué éste último no propuso reemplazar tales vacantes ni antes ni ahora cuando está obligado a hacerlo). No queremos avanzar sobre otros temas, decimos, pero es obvio que influyen en las decisiones empresariales.

Nadie es ajeno, y la frase “estamos en la Argentina” se oye cada vez con más frecuencia.

El funcionamiento de las instituciones, el respeto del Estado de Derecho y su Carta Magna son fundamentales en todos los ámbitos.

Podríamos decir, tomando un razonamiento filosófico que no nos pertenece pero que viene muy a cuento, que cuando no hay justicia, se hace justicia de algún modo. Y nos referimos al hecho de que la sociedad en su conjunto paga las consecuencias, no a la “justicia por mano propia” que aborrecemos.

La penosa conclusión de todo esto es que, si alguien tiene en mente iniciar lo que ahora se llama un emprendimiento, sepa que además de los riesgos inherentes a la persona humana y a la actividad a que se dedique, tiene indudablemente que sumar a ello el riesgo que implica que cualquier funcionario; Telerman, Moreno, Kirchner, Felisa Miceli o quien fuere, le puede dar vuelta la taba por las razones que fueren en cualquier momento, y estamos seguros de que semejante abuso de derecho jamás sea indemnizado de ninguna forma, y encima es también muy posible que tal acción cuente con el apoyo mayoritario de la población.

No queremos molestar a nadie, tan sólo pretendemos reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de actos. Pretendemos invitar a los lectores a que piensen por un instante en qué sentirían en caso de iniciar alguna actividad para encontrarse a poco andar con que se la prohíben luego incluso de haber invertido tiempo y dinero en iniciarla. Siendo a su vez que cuando la inició era perfectamente legal y autorizada.

Repetimos: no estamos diciendo que a los vecinos que ven que crecen edificios como hongos en su derredor no les asista razón en cuanto a si la infraestructura resistirá, por ejemplo. Estamos diciendo que si la infraestructura no resiste y no hay tiempo de hacerla resistir, los afectados deben ser indemnizados. Así de sencillo. Y deben serlo sin tener que reclamarlo, porque esa es la ley. Esto mismo vale para todos los sectores afectados por el pulgar oficial: carnes, granos, vidrios, estaciones de servicio, petroleras que lanzan nuevos productos de manera absolutamente legal y son luego prohibidos por resoluciones con vigencia retroactiva, etc.

La Argentina necesita imperiosamente conformar instituciones sólidas y respetar el Estado de Derecho. Y sin embargo parece ser que estamos muy lejos de eso. No sólo estamos muy lejos, sino que también parece que cada vez lo estamos más.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

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Es interesante resaltar cómo el Dr. Alberto Fernández plantea una falacia respecto de la tasa de inflación en pleno Congreso de la Nación, sin ser controvertido con argumentos serios

Siguiendo el esquema que tan buenos resultados le ha dado al presidente de la República, el jefe de gabinete en oportunidad de su exposición en el Congreso de la Nación hizo referencia a que la tasa de inflación estaba en torno del 8% y que rondaría el 10% a fin de año, cuando muchos habían anticipado que dicha tasa estaría en torno del 20%.

El ministro aplica la metodología de su jefe con absoluta fidelidad. No se trata de resaltar los logros, sino de contrastarlos contra los que se postulan o diagnostican algo diferente, como una manera de marcar el error de otros al tiempo de resaltar el éxito propio.

Sin embargo, la falacia está tan a la vista en este caso que cuesta creer que no se haga notar debidamente. O tal vez no cuesta nada creerlo, dados los tiempos de "aprietes" sistemáticos que corren.

El ministro se refiere a la tasa de inflación pero utiliza para medirla el llamado Indice de Precios al Consumidor, que en realidad es una ponderación de 3.000 productos agrupados en 47 ítem que en general se encuentran sometidos a las presiones gubernamentales que constituyen genuinos y descarados controles de precios, aunque el gobierno se niega a reconocer que es así. Y no sólo eso sino que señala públicamente lo contrario, incluso en el Exterior, como acaba de hacerlo hace un mes el propio Presidente en oportunidad de su visita a Nueva York.

Los precios que integran esa "canasta" son apenas algunos de algunas cosas dentro de la economía en su conjunto. Y tales precios se encuentran, como decimos, absolutamente controlados por el Estado. Al punto de que el propio presidente suele insultar y descalificar a los productores de tales bienes cuando no obedecen. O en su caso lo hace un funcionario de segundo orden como el secretario de comercio. Tales precios se encuentran sometidos a presiones del tipo de prohibir por resoluciones ministeriales el derecho de comerciar libremente (como las exportaciones de carnes o vidrios), enviar piqueteros luego de azuzar a la población para que boicotee estaciones de servicio, emitir resoluciones con efecto retroactivo para que una petrolera no pueda comercializar un gas oil "súper", mantener por años congeladas en pesos devaluados tarifas de servicios y combustibles, etc. etc.

La ponderación de precios a que nos referimos, constituye una "muestra" de lo que se supone consume una familia tipo en un mes, y se mantiene invariable cualquiera sea la oscilación de precios relativos, efecto éste último que nada tiene que ver con la inflación, que por definición es "la suba generalizada de precios", y no un cambio de precios relativos motivado por razones estacionales, políticas o de cualquier otro orden, incluso internacionales en muchos casos.

Fernández, además, se cuidó mucho de referirse a los precios de la llamada "inflación subyacente", es decir aquellos precios que no se encuentran bajo el control estatal y por lo tanto funcionan libremente. En estos casos, la tasa promedio de inflación estimada oscila entre el 15 y el 20% efectivamente para todo el año 2006.

Los "precios acordados con el gobierno" y que no reciben los descuentos que los supermercados otorgan los fines de semana, por ejemplo, integran la lista del éxito gubernamental. Un éxito que nos recuerda a aquellos "paros generales" donde la gente en su mayoría no salía de sus casas por miedo, no por adhesión, situación que era presentada como exitosa. Fernández cree que frenar artificialmente la suba de algunos precios constituye un éxito y una demostración de que quienes no opinan como él o como su jefe están profundamente equivocados y por lo tanto no deben ser tomados en cuenta. Sin embargo, precisamente por tener que salir a controlar, perseguir, boicotear, insultar, agraviar, descalificar, presionar, sancionar impositivamente y demás a los proveedores de tales bienes controlados, queda por demás demostrado que de no ser así los precios subirían. Lo cual equivale a admitir que para que la "inflación" no se manifieste, hay que prohibirla. Una incongruencia que afecta seriamente a la inteligencia, y de la cual nadie parece tomar debida nota.

El país asiste una vez más al viejo esquema de "inflación reprimida" cuyo máximo exponente fue la llamada "inflación cero" de José Ber Gelbard en los años 70. Este ministro de economía creía que con sacar una foto a la economía y congelar todo como si el mundo se hubiera detenido en ese punto una sola vez y para siempre, se resolvía el problema inflacionario de un Estado que no trepidaba en emitir más y más moneda cada vez que las cuentas no cerraran.

Hoy en día no son pocos los economistas que sostienen que no se desatará una inflación exagerada porque existe superávit fiscal. Es probable que así sea, pero nosotros no estamos tan seguros, porque el Estado argentino sigue emitiendo grandes cantidades de moneda para mantener alto a propósito el tipo de cambio. Un absurdo económico difícilmente compatible con la austeridad republicana y la moneda sana que una nación seria requiere para funcionar.

El avance económico logrado hasta hoy se debe a la megadevaluación y a que la estabilidad anterior no desató un brote inflacionario de proporciones siderales, como ocurría con anterioridad. La gente se había acostumbrado a una estabilidad monetaria a tal punto que muchos jóvenes no tienen aún hoy idea de lo que era la Argentina de la segunda mitad de los 80 y comienzos de los 90 en materia inflacionaria. El acompañamiento de ciertos precios internacionales (las llamadas commodities, esencialmente) favoreció notablemente la recuperación, mientras ciertos sindicalistas en connivencia con el gobierno evitan que los salarios se disparen, al tiempo que desde ese mismo gobierno se sostiene que la suba de salarios no es inflacionaria. No lo es, pero se la controla por las dudas.

El esquema económico seguido tiende a sostenerse con devaluaciones progresivas, bajos salarios y cierre de importaciones competitivas. Por eso los "precios locales" no pueden ser nunca los internacionales, ya que estos últimos funcionan en un mundo que aspira a ser competitivo per se, y no a través de artilugios monetarios. Países como Chile o Brasil así lo hacen, y con bastante éxito por cierto.

De manera que cuanto más transparentes son los mercados, más dificultoso resulta intentar que los precios locales se mantengan muy por debajo de los internacionales, por eso entre otras cosas la necesidad de prohibir exportaciones.

En definitiva, la expresión política del gobierno que constituye la declaración pública en el Congreso de la Nación del jefe de gabinete no se corresponde con la realidad, se detiene en vapulear sin fundamento técnico a quienes pronosticaron una tasa de inflación superior a la que muestran los índices de precios controlados por el Estado, y finalmente se pierden en rispideces de las cuales parece surgir que los grandes lineamientos de la economía del mundo están equivocados y que nuestros gobernantes son los encargados de enseñarle a todos dónde está la verdad. Y la verdad, según los mismos ojos de nuestros gobernantes, está en agredir a opositores, retrucar sin fundamentos, acusar a empresarios y comerciantes, controlar precios, prohibir ventas al exterior de productos, comprar dólares a precios que la propia ministra de economía señala están un 30% por encima de los reales, aplicar sancionatoriamente derechos de exportación, otorgar o no subsidios de manera arbitraria a algunos sectores elegidos, etc.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

Godoy Cruz 2870 – 1425 Buenos Air

La inflación no es una cuestión vinculada a los márgenes de utilidad o a la eficiencia. Tampoco a las necesidades básicas. Los precios congelados o controlados se alejan cada vez más de aquellos que no están afectados por el "acuerdismo" oficial.

Pretender subsanar los problemas inflacionarios mediante controles y presiones sobre algunos precios o sobre todos, es, naturalmente, un genuino desatino. Entender que así de resuelven las "expectativas" inflacionarias es casi un cliché que implica considerar al fenómeno inflacionista una mera cuestión psicológica. O al menos con importantes bases en tal cuestión.

En realidad, dado que el papel moneda no es otra cosa que eso: papel, es sin duda la confianza y la aceptación de parte del público lo que le confiere valor. Nadie en su sano juicio cambiaría bienes por pedazos de papel si no estuviera convencido y seguro de que a su vez tales pedazos de papel pueden ser cambiados por otros bienes.

Los viejos billetes de pesos moneda nacional traían una leyenda que les daba su justa dimensión "El Banco Central pagará al portador y a la vista", decían. Es decir que los billetes no son otra cosa que pagarés que pueden estar respaldados por oro, dólares, otras monedas, o simplemente por la confianza que otorga el país emisor en materia económica y productiva.

Los gobiernos que siguen políticas inflacionistas suelen evitar hacer mención al valor de la moneda cuando de morigerar las alzas en los precios se trata. Pero ese es, ni más ni menos, el verdadero quid de la cuestión.

La pérdida de valor de la moneda, entre nosotros, está dada específicamente por la emisión a la que recurre el Estado para adquirir dólares a un precio superior al de mercado. Y el Estado recurre a tal mecanismo para poder volver competitivo lo que no es, y también para quedarse con la tajada de los derechos de exportación (comúnmente llamados retenciones).

Ahora bien, los precios no suben únicamente por razones inflacionarias. Tampoco bajan únicamente porque se geste una deflación. Los precios relativos (esto es: la relación entre los precios de unas cosas y de otras) varían por razones estacionales, por novedad tecnológica, por moda, por infinidad de razones.

Cualquiera puede comprobar fácilmente cómo ciertas computadoras o televisores, caen de precio rápidamente. O los aparatos de telefonía celular. Para citar algunos ejemplos. A su vez, las pantallas de plasma o los modernos almacenadotes de información ingresan al mercado a precios prohibitivos para caer rápidamente a niveles accesibles mientras nuevas generaciones de productos cada vez más avanzados ocupan el nuevo podio.

Las amas de casa comprueban cotidianamente cómo cuando suceden lluvias aumentan de inmediato frutas y verduras, para virtualmente regalarse cuando la temporada va muriendo.

Podríamos seguir dando ejemplos, pero entendemos que con estos tenemos las cosas claras.

Digamos sí que a nivel internacional ocurre algo parecido. La soja por ejemplo sube y sube por su mayor demanda en el mundo. Y también sube cuando hay sequía en algunas regiones que la producen y por lo tanto merma la oferta.

El petróleo sube no solamente porque es un bien agotable y puede escasear, sino por cuestiones políticas, guerras o lo que fuere. Cuando las aguas se calman o hay alguna necesidad de ofrecer más petróleo de parte de algunos países productores, entonces el precio baja.

Estas subas y bajas nada tienen que ver con la inflación (ni con su correlato la deflación).

Pero como entre nosotros el índice de precios al consumidor que publica el INDEC es tomado como medida de la inflación y refleja el consumo de un hogar medio que incluye alimentos, combustibles, útiles escolares y todo lo demás en una ponderación fija, las oscilaciones de precios relativos originadas en estas cuestiones, inciden en tal índice. De tal manera que funcionarios y medios suelen hablar de "inflación" mezclando pérdida de valor de la moneda con precios relativos, estructuras de costos, cadenas de comercialización, márgenes de utilidad y varios etcéteras.

La realidad contante y sonante es que desde la devaluación los precios mayoristas se encuentran hoy por hoy un 9% por debajo del porcentaje que se devaluó el dólar, mientras que los minoristas están sumamente atrasados (un 66% por debajo de la devaluación). Esto tomando los índices que elabora el INDEC.

Ahora bien, ¿qué puede ocurrir con este desfasaje de precios?. Cuando el gobierno, y no pocos economistas, hablan de "reacomodamiento" de precios están refiriéndose a esto. Es decir a los precios que aún no se han acomodado al nuevo valor del dólar.

¿Y qué precios, dentro de los minoristas, no se han "acomodado"?. Bien, seguramente unos cuantos, pero sin duda alguna las tarifas de servicios públicos, el precio de los combustibles, el valor del boleto de colectivo o de tren, ciertos peajes, etc. Y también los precios de alimentos y bebidas "acordados con el gobierno". En otras palabras, el atraso del índice de precios al consumidor, está claramente influenciado por estos congelamientos y "acuerdos". Y estas distorsiones a su vez distorsionan el consumo. Por eso escasean o se agotan cosas tales como la electricidad, el gas oil o el gas.

Muchos alimentos con precios "acordados" han desaparecido de las góndolas de los supermercados. En realidad, no existen incentivos válidos para producir más bienes cuyos precios serán fijados más o menos arbitrariamente por el Estado a través de un secretario de comercio. Por lo tanto, los productos con tales precios tienden a agotarse. Y exactamente eso es lo que está ocurriendo.

El país sigue creciendo, y eso deja tranquilos a ciertos funcionarios. Pero la verdad es que prácticamente todas las semanas tenemos problemas con algún sector. Hemos tenido problemas con la carne, que se incrementarán en el futuro, con los lácteos, con los supermercados, con el trigo, con las estaciones de servicio, con la indumentaria, con los útiles escolares, con el precio del pan, con las prepagas, con las tarifas de los aviones, etc. El gobierno interviene en los costos de servicios hoteleros, en el precio de los zapatos, en los costos de las empresas, en los márgenes de utilidad, en las cadenas de comercialización, en las exportaciones, en el valor de los automóviles. En lo que se al amable lector se le ocurra.

Tenemos una crisis energética en ciernes, por más que se diga lo que se diga. Y la búsqueda de petróleo y derivados y su explotación se torna imperiosa, lo mismo que aumentar la oferta de electricidad. Y todo esto tiene un solo y genuino origen: el retraso de los precios por presiones o decisiones políticas del gobierno. Por eso no "llueve gas oil".

En muchísimos casos, para poder mantener las distorsiones, el gobierno acude a los subsidios. Y los subsidios convierten a los sectores subsidiados en dependientes del poder público. Además generan negociados de diverso calibre, ya que es conocido que el gas oil, por ejemplo, escasea pero se consigue "en negro" a precios superiores y hay quienes sostienen que en parte proviene del producto subsidiado para el transporte.

Es que precisamente el subsidio es la demostración de la irrealidad. Del mismo modo que los regímenes de promoción demuestran que en la Argentina faltan inversiones pese a lo bien que parece que nos va, los subsidios son los que demuestran que los precios pretendidos por el gobierno no son los de mercado. Y entonces, ¿por qué razón cotidianamente se dice que tales o cuales sectores "pretenden ganar de más"? ¿No es el subsidio un subproducto de los controles de precios?. Todos pretenden ganar lo más que pueden y eso es natural. El punto a debatir es por qué la gente compra algo a un determinado precio. Porque nadie compraría un paquete de pastillas que costara un millón de pesos.

Hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda que el Estado pretende violar mediante fijaciones de precios o subsidios, logrando de ese modo que los productos en cuestión se terminen por exceso de demanda. Esto es una realidad de a puño que el gobierno se niega una y otra vez a admitir.

La historia de las últimas décadas demuestra que la salida de congelamientos es siempre traumática. La salida de la convertibilidad fue eso. Porque en definitiva el precio fijo del dólar era un control de precios más. Por eso pensamos que lamentablemente, más temprano que tarde, esta historia terminará mal.

Es muy triste que repitamos el mismo error una y otra vez. El gobierno ha "acordado" para que los precios se mantengan más o menos quietos hasta fines de 2007, esto es: hasta después de las elecciones. Mientras tanto, las provincias van dejando de tener superávit y será peor todavía a la hora de acercarnos al proceso electoral.

El gasto público ha crecido, a valores constantes, alrededor de un 57% desde la salida de la convertibilidad. En muchos casos, es sabido, el gasto es el llamado social. Y en muchos es lisa y llanamente obras públicas direccionadas políticamente, o gasto como el que vimos por televisión en estos días en la provincia de Misiones.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

Godoy Cruz 2870 – 1425 Buenos Aires

(011) 4776-1732 (011) 154-4718968

Por Héctor Trillo

Días pasados, el Presidente Kirchner amenazó directamente con la intervención del Estado en el caso de que los precios se dispararan.

Lo primero que vino a nuestra mente a raíz de este comentario, fue que el discurso no es nuevo, que tiene ya muchos años entre nosotros.

Inmediatamente comenzamos a tratar de vislumbrar por qué el Presidente dedica un párrafo de ese tenor en forma generalizada a todos los empresarios. La respuesta la tenemos y nos parece demasiado obvia, pese a lo cual no siempre se difunde y comprende masivamente.

El Estado ha estado emitiendo billetes desde el mismo momento en que se produjo la devaluación a comienzos de 2002. Si bien las políticas monetarias seguidas por el Banco Central han sido bastante restrictivas, es evidente que si la masa de circulante supera holgadamente el crecimiento del PBI, las presiones inflacionarias son "de libro".

En el mes de diciembre la inyección de moneda ha sido aún de mayor magnitud en comparación con otros períodos, motivada esencialmente en la necesidad del Banco Central de comprar dólares para seguir manteniendo el precio de la divisa en alrededor de $ 3.-

Esta enorme expansión fue acompañada por una serie de mejoras a la demanda de bienes y servicios, por la vía de los retrasos en aplicar retenciones de impuestos y pagos de anticipos, aunque también podemos citar los aumentos en las asignaciones familiares (decreto publicado el 4 de diciembre, pero retroactivo al mes de octubre inclusive) e inclusive el adelantamiento en el pago del Sueldo Anual Complementario a los empleados públicos y jubilados.

Ya en enero, como se sabe, se han decretado incrementos de sueldo de carácter no remunerativo (eufemismo usado para abonar cifras a los trabajadores sin retenciones ni aportes al sistema jubilatorio) y también acaba de sancionarse la ley de la llamada jubilación anticipada.

Estas medidas implican aumentos generalizados en determinadas áreas, que al presionar sobre los mercados producen aumentos del consumo y también subas de precios. Ello así en virtud de que no necesariamente la cantidad de bienes disponibles en un momento dado se corresponde con la inyección de demanda provocada por tales ingresos adicionales.

Queremos recalcar que no pretendemos en absoluto oponernos a medidas que impliquen mejoras en los semivacíos bolsillos de la población, sino que simplemente tenemos que señalar estos hechos de carácter generalizado e impuestos desde el Estado, que al mismo tiempo continúa emitiendo moneda y sosteniendo el tipo de cambio, reduciendo de ese modo los ingresos en dólares de esa misma población. Esta contradicción es flagrante, y los funcionarios no han dado hasta ahora una explicación satisfactoria, que se sepa.

El Banco Central aplica medidas restrictivas de la expansión de la masa de circulante, mediante ofertas de títulos públicos (como las Lebacs) que producen el efecto inverso al señalado de la expansión. Precisamente de eso se trata, de contrarrestar el efecto inflacionario, al costo de los intereses que debe abonar por ello.

La verdad es que el Presidente ha salido en su discurso a tratar de frenar las consecuencias inevitables de estas políticas, cargando la responsabilidad sobre el sector empresario, con los cual nos retrotrae a los años 50 y aquellas famosas campañas "contra el agio y la especulación" del líder del Movimiento al que pertenece Kirchner.

No es nuestra intención volcar hacia la política un comentario de este tipo, aunque es obvio que esto no si siempre puede evitarse. Porque todo es política, como todos sabemos.

Ahora bien, el tipo de cambio "recontraalto" (recordando el neologismo utilizado por el fallecido canciller Di Tella), es lo que da plafón al Estado para aplicar las llamadas retenciones a las exportaciones y de ese modo atender las necesidades de diversos planes de ayuda social y también la obra pública. También es lo que permite el fabuloso superávit fiscal que supera incluso la pauta del 3% pactada con el FMI.

Pero como todo tiene su contracara, esta transferencia de fondos al Estado se produce como resultado de la devaluación y, por ende, de la baja en los patrimonios de toda la población. Y en los sueldos. Ello a su vez, posibilita que la Argentina esté "barata" en términos internacionales, de allí que los turistas extranjeros lleguen en gran número para aplicar el famoso "deme dos", pero desde fuera hacia dentro. Esto también produce incrementos de demanda de importante magnitud y por supuesto terminan incidiendo en los índices de precios.

Lo que la economía argentina necesita, según nuestro punto de vista, es mejorar su productividad, esto es: su eficiencia. Mejorar la eficiencia es bajar los costos de producción a escala, tornándose competitiva internacionalmente sin tener que recurrir a artilugios como el del sostenimiento a valores altos del tipo de cambio.

Nos explicamos: sostener alto el tipo de cambio mediante el recurso de emitir moneda para comprar dólares, implica que si tal emisión no se diera, el tipo de cambio bajaría. Es decir, parafraseando al mismísimo Dr. Lavagna, si el Estado no recurriera a la emisión "hablaría el mercado". En realidad, el mercado siempre habla.

Digamos antes de continuar que la sola evidencia de que es preciso recurrir a arbitrios monetarios para ser competitivos, indica que si no se recurriera a ellos, nuestra competitividad decaería.

Es por todo esto que el presidente amenaza a los empresarios, entendemos. Porque es evidente que la prosecución de esta política conduce a un cuello de botella que está dado por la dicotomía entre el sostenimiento del tipo de cambio versus la presión sobre los precios provocada por la emisión (y también por el tipo de cambio, agreguemos)

No dejemos de señalar también que la depreciación del dólar en el ámbito internacional que viene produciéndose desde los atentados de 2001, tiene sus efectos y éstos no deben ser soslayados. Por ejemplo el real brasileño viene apreciándose con respecto al dólar generando más presiones en el deterioro de la balanza comercial con el país vecino.

Otro aspecto a considerar de trascendental importancia, es el resultado del canje de la deuda externa en default, que incidirá notablemente no solamente en materia de crédito internacional, sino fundamentalmente en el hecho de que deberán comenzar los pagos de los intereses. Si bien los plazos son largos, y también se prevé que habrá varios años de gracia antes de comenzar a amortizarse el capital, lo cierto es que la necesaria salida de divisas por tal concepto afectará el decurso de nuestro desarrollo económico.

A todo ello, como prácticamente señalan todos los analistas económicos, debemos agregar el marco de seguridad jurídica indispensable que atraiga las inversiones imprescindibles y a costos razonables.

Tal marco de seguridad jurídica, requiere la fijación de un camino encuadrado en la legalidad y el respeto de las normas, tanto internacionales como locales. Y aspectos tales como los contratos de concesión de servicios públicos desfasados absolutamente por imperio de la crisis de 2001, no pueden continuar sin revisarse y ajustarse en un marco de equidad. Mantener este tipo de situaciones sin resolver contribuye de modo decisivo a la inseguridad jurídica a la que venimos refiriéndonos. Un país serio debe encontrar el camino de la legalidad y sostenerlo por muchos años, para de ese modo asentar profundamente un concepto lamentablemente bastante raleado entre nosotros: el del Estado de Derecho. La necesidad de mejorar la productividad, que señalábamos al comienzo, tiene que ver con todo esto, y también tiene que ver con una reforma política de fondo que termine con las prácticas conocidas sobradamente entre nosotros. Convertir en eficiente al Estado, tanto Nacional como Provincial y Municipal es una tarea ciclópea, sin duda, pero imprescindible a la hora de comprender que la presión tributaria (en la que también se incluye la inflación) es producto de la ineficiencia antes que nada. Y este aspecto no hemos avanzado nada. El sostenimiento de reglas de eficiencia y control, en un marco de libertad, es lo que ha permitido a muchos países que hace algunas décadas estaban bastante detrás del nuestro, mejorar notablemente su calidad de vida.

El Sr. Presidente está preocupado y nos parece importantísimo. Pero que por favor no desvíe el verdadero motivo de las subas de precios que desde siempre nos han llevado por el derrotero de la inflación y los cambios de signo monetario.

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

MORENOMAN

(Ojalá que llueva gas oil)

La llamada ley de abastecimiento (20.680) data del año 1974, cuando el ministro de economía del último gobierno de Perón pretendía la inflación cero como la panacea encargada de resolver los problemas ocasionados por los malos hábitos de angurrientos empresarios y especuladores empedernidos, capaces de hacer cualquier cosa para ganar más dinero, aunque éste tuviera proporcionalmente cada vez menos valor, convirtiendo la osadía en una carrera donde el objeto que va delante (el valor de la moneda) corre mucho más rápido que los precios de las cosas que van detrás.

El Dr. Gelbard había estudiado economía para llegar a la conclusión de que la solución de los problemas de la denominada ciencia de la escasez se resolverían en su totalidad sacando una fotografía de una determinada escala de precios relativos, que deberían entonces permanecer así ad infinitud. El desastre provocado por esta curiosa interpretación de las leyes económicas y su dinámica, fue asumido por el Dr. Celestino Rodrigo, que se convirtió así en el célebre culpable de la inflación desatada en 1975, conocida como rodrigazo.

Antes de eso, en 1974, el gobierno peronista dictó la famosa ley de abastecimiento. Una ley que esencialmente viola todos los derechos constitucionales basados en la libertad de comercio y en el derecho de propiedad de las gentes. En efecto, se trata de una ley que, para no abundar, pone como bien supremo la necesidad de abastecer el mercado como sea, siendo los empresarios y los comerciantes los encargados de llevar adelante tal patriada. Porque ideológicamente esta ley está elaborada por individuos que parten del supuesto de que la acumulación de mercaderías es un mecanismo de enriquecimiento, sin comprender que, en inflación, acaparar para vender a un precio nominal mayor, no asegura mayor riqueza, ya que reponer luego esos mismos bienes puede costar aún más dinero que el recaudado con la venta.

El argumento de base es que tanto unos como otros especulan guardándose la mercadería para venderla luego a mayor precio. Es decir, son agiotistas, siguiendo esa acepción un tanto forzada utilizada en los años 50 cuando el anterior gobierno peronista instaba a toda la población a combatir “el agio y la especulación”. En definitiva el agiotaje es la especulación excesiva según el diccionario, calificación que puede incluir por lo tanto a cualquiera. Cuestión de que el funcionario de turno la considere mucha, y listo.

Conviene recordar que ya en el año 1939 se dictó una ley entre nosotros tendiente al abastecimiento en tiempos de la segunda guerra mundial, y luego otra en 1946, que fue la que diera lugar a las campañas contra el agio y la especulación referidas.

Hay una diferencia sustancial en las circunstancias, sin embargo, entre las leyes que traemos a cuento y la que ahora amenaza el gobierno con aplicar. Todas estas leyes apuntaban a quienes guardaban los productos y no los vendían, por las razones que fueren (lo cual merece a su vez otro análisis). La ley 20680, también pretendía lo mismo, dado que los almacenes y las góndolas de los incipientes supermercados se encontraban prácticamente vacías, como cualquier persona de mediana edad recordará.

En cambio, la aplicación que pretende ahora llevar adelante el secretario de comercio Guillermo Moreno, con el evidente aval del Poder Ejecutivo, del Congreso, y del Poder Judicial de la Nación, es que alguien se encargue de hacer aparecer lo que no hay. Es decir, no se trata de que alguien acapare gas oil, por ejemplo, es que no lo hay. Y la necesidad imperiosa de importarlo se choca con la realidad de que los precios de importación superan a los de venta en el mercado interno. Por lo tanto las empresas son renuentes a importar; quienes tienen gasoil pretenden venderlo más caro (como a los turistas, por ejemplo), y quienes lo necesitan lo pagan lo que sea, como ocurre siempre que hay escasez de algo que es necesario.

El inmenso problema creado por los congelamientos de precios y los subsidios diferenciados ha llegado al punto de generar la ya recuperada inflación, el mercado paralelo, los controles de precios y finalmente la amenaza de sanciones y hasta cárcel para abastecer el mercado a los precios que los superfuncionarios creen que deben ser.

Viene a nuestra mente un dicho de aquel efímero canciller de Rodríguez Saa, Vernet (ex gobernador de Santa Fe), cuando dijo por televisión que había que levantar las persianas de los negocios y abastecerse de lo necesario. El Duce se relamía feliz en su tumba.

El funcionario Guillermo Moreno, al que hemos decidido calificar de Morenoman no en un sentido despectivo, sino más bien descriptivo, pretende que “llueva gas oil”, del mismo modo que hace un par de días amenazó con terminar con el sector textil si no bajan los precios de la ropa.

Observemos: el gas oil cuesta el doble en cualquier país limítrofe, tanto así que el mismo gobierno ha obligado a las estaciones de servicio de áreas de frontera a vender el producto más caro, cosa que no sería necesaria si todo se reduce a pedir que llueva el fluido para terminar el problema. La ropa cuesta monedas en términos internacionales y para colmo el dólar que hace un año estaba en $ 2,88 hoy está en $ 3,12 al tiempo que el real brasileño, por tomar un ejemplo, o el mismo dólar conservan aproximadamente sus valores internacionales. Un turista que hoy gasta 10 dólares puede pagar un producto que antes costaba $ 28,80, $ 31,20 y por lo tanto presiona sobre los precios. Este solo efecto, al que se deben sumar los ajustes salariales y de jubilaciones, empujan hacia arriba los precios de la ropa y de todo.

Volvemos a reiterar que el problema de la inflación es un problema esencialmente monetario, y no se ve por qué si el dólar es subido por el gobierno un 8,5% en pocos meses, no habrán de subir ciertos precios. No se entiende por qué si el gobierno presenta presupuestos con hipótesis inflacionarias que van entre el 7 y el 11% anual, ningún precio habrá de subir.

El funcionario Moreno, con su amenaza al sector textil, trae a nuestra mente aquel funcionario alfonsinista, Mazzorín, que un buen día decidió importar con el dinero de todos los contribuyentes 50 millones de dólares en pollos provenientes de Hungría (algo así como 300 millones de dólares de hoy). Pollos que luego de años de dormir (y pagar frío) en cámaras frigoríficas fueron depositados en el denominado Cinturón Ecológico. Ese funcionario, dijo un día públicamente que si él quería podía destruir al sector avícola. Misma frase, distinto destinatario, misma mentalidad, lamentablemente.

¿Es posible que en una República Constitucional, dentro de un Estado de Derecho, donde rigen los Derechos y Garantías constitucionales y la libertad de disponer de la propiedad, estos funcionarios manejen los dineros públicos y amenacen de esta forma a sectores económicos que entre otras cosas ocupan a millares de empleados y dan de comer a muchas familias?.

¿Cuál es el fundamento por el cual el Sr. Moreno pretende que la ropa no suba de precio si alguien está dispuesto a comprarla? Porque cuando las cosas que naturalmente tienden a subir de precio quedan congeladas por la presión de los gobiernos ocurre lo que acaba de ocurrir con la energía y específicamente con el gas oil: escasean.

Pero más allá del razonamiento técnico elemental que indica que las cosas valen aquello que la gente está dispuesta a pagar por ellas (como acaba de ocurrir con la carne, por ejemplo, que jamás bajó tanto de precio como los animales en pie luego de la violación del derecho constitucional de vender animales al exterior por una decisión de otro funcionario), más allá de este razonamiento básico, ¿es así como se construye esta nueva manera de hacer política que tanto anuncia el Dr Kirchner?. ¿O es antes bien más de lo mismo?

Hemos oído en estos días que el sector de la carne va volviendo a su normalidad luego del abuso de poder que implicó una resolución del Ministerio de Economía violando el derecho de disponer de la propiedad, pero eso no es cierto. El daño hecho al sector es inmenso. El incumplimiento de contratos es una violación al más elemental estado de juridicidad de un país. Y esto fue lo que ocurrió, y ocurre, ya que la liberalización de exportar es limitada en tiempo y cantidad. Y lo mismo pasa con el vidrio y está ocurriendo con el trigo.

Pero para no hacer esto demasiado extenso nos limitaremos a preguntar: ¿lloverá gas oil en los próximos días o más bien seguirá escaseando y la cosa será cada vez peor?

¿Por qué acaba de aprobarse en el Senado la ley de promoción para explotar áreas petroleras offshore con participación de Enarsa y grandes ventajas impositivas? ¿Hace falta semejante concesión si de lo que se trata es de golpear la mesa y amenazar a las empresas para que provean gas oil? La pérdida tributaria del Estado para promocionar exploraciones petroleras que, de acuerdo con las palabras del poderoso funcionario, deberían surgir por sí solas, constituye en este caso un hecho insólito.

¿Por qué las empresas no invierten por sí solas para explorar y extraer petróleo en las áreas concesionadas o en otras que pudieran darse en concesión? Se supo en estos días que una licitación en este sentido en Mendoza al parecer resultó exitosa, pero no conocemos los detalles. Es decir, no sabemos si a cambio hubo algún tipo de concesión provincial (créditos blandos o lo que fuere).

Con todo, lo más grave es que los empresarios y quienes se sienten involucrados en estos desatinos no reaccionen criticando con todas las letras ciertos abusos evidentes. Tal vez el miedo a perder los subsidios haga su efecto. No lo sabemos.

¿Alguien ha atacado desde el gobierno nacional o el provincial esos centros de comercialización de ropa que funcionan de manera informal en la propia Capital y en sus alrededores? ¿Por qué no lo hacen si están al margen de la ley y por lo general es sabido que no pagan impuestos? ¿Será que tal vez necesitan que la gente tenga donde comprar ropa barata?. Barata, pero fabricada en condiciones que todo el mundo conoce, y vendida de igual forma.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

Economía y tributación

Godoy Cruz 2870 – 1425 Buenos Aires

Tel (011) 4776-1732 o (011) 154-4718968

Deber no es Evadir

La creciente confusión que suele observarse en los medios de difusión entre el concepto de evasión y el de morosidad, motiva las siguientes líneas con la intención, de una manera muy general, de poner las cosas en su lugar.

Los medios gráficos y radiotelevisivos han reproducido en estos días un cable originado en la agencia oficial de noticias Teledifusora Americana (Télam) en el cual se señala que el Subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia de Bs.As, (de acuerdo a lo que leemos en los diarios), Santiago Montoya “bloqueará los depósitos bancarios de grandes evasores”. Tal es el núcleo central de la noticia y su título.

Nosotros no somos periodistas y por ende ignoramos el texto original de cable de la agencia oficial, pero la reiteración del error conceptual que implica confundir morosidad con evasión nos parece a estas alturas bastante más que llamativa. Ello más allá de que por lo demás no coincidimos con los métodos seguidos en la jurisdicción provincial para perseguir el cobro de impuestos, tarea que sin duda le corresponde y debe cumplir el gobierno local.

La noticia publicada hace referencia a una cifra de 1.047 millones de pesos “según informó el Ministerio de Economía bonaerense”. Agrega que “la medida alcanzará a grandes empresas como hipermercados y algunos particulares que adeudan el pago de ingresos brutos e inmobiliario”.

Aparte del punto de atacar a “grandes” y no a todos como corresponde constitucionalmente, la información reitera una vez el error de confundir morosos con evasores. Quien evade impuestos es quien no declara sus operaciones u opera de modo informal (“en negro”), por ejemplo. Pero quien registra deudas no puede de ningún modo estar en tales condiciones, como es a todas luces obvio.

Cabe agregar a esto que el impuesto inmobiliario es liquidado por la propia administración provincial, y afecta a bienes registrables como todo el mundo sabe, (con independencia de la condición de “grande” o chico del contribuyente deudor, por lo demás). Tomar al bien en cuestión e ir legalmente sobre él de la forma que prevé la legislación es lo que corresponde desde todo punto de vista. La deuda de este impuesto puede recaer en un departamento de un ambiente que pertenece a un gran contribuyente pero que a lo mejor lo tiene registrado a nombre de una sociedad o de terceras personas, como familiares directos o no. Es decir que determinar si un bien pertenece a un “grande” o no, es una cuestión absolutamente diferente del tamaño de bien e inclusive del monto de su deuda, por lo cual es de suponer que ese afán de ir en contra de los “grandes” puede dejar fuera de la curiosa medida anunciada a muchos.

Los bienes registrables (inmuebles, automóviles) pagan como tales y desde el mismo momento en que la administración liquida la boleta correspondiente, como puede verse incluso en la página web de Rentas, con una fecha de vencimiento.

En la reciente reforma del Código Fiscal (siempre hablamos de la Provincia) se han introducido cambios que permiten a la administración actuar “con conocimiento de la Justicia” (dice el cable que comentamos) aunque sin que ésta lo autorice previamente.

El procedimiento consistirá en bloquear depósitos bancarios de los titulares como paso previo al cobro por vía compulsiva.

Del inmobiliario ya nos hemos ocupado, aunque podríamos agregar que suele haber problemas de cálculo o de imputación de pagos que con toda seguridad van a provocar no pocas injusticias y reclamos. Del impuesto sobre los ingresos brutos, que debe ser liquidado por el contribuyente, la noticia no aclara si lo ha hecho o si el cálculo surge de alguna inspección de la Dirección Provincial. Es sabido en estos casos que por lo general, salvo que exista consentimiento expreso o tácito, los valores reclamados suelen ser recurridos por la vía correspondiente, lo cual también puede y seguramente dará lugar a problemas de diversa magnitud. Precisamente el Subsecretario se refiere a esto según los diarios cuando dice que “muchos no los quieren pagar (a los impuestos) y apelan a la vía judicial, y esperan que otro gobernador titubee…” . Estos insólitos comentarios tienen un trasfondo político en el que no nos internaremos, pero quien recurre a la vía judicial es ante todo quien cree tener derecho a hacerlo, y son los jueces los que determinan si tal derecho tiene o no asidero. Dicho de otro modo lo que el Lic. Montoya está diciendo es que si la Justicia acepta una reclamo de parte de un contribuyente se convierte en una especie de cómplice que impide el accionar del fisco provincial, y no que al contribuyente le asiste el derecho de reclamar. No es la primera vez que incurre en tales dichos, aunque en otra oportunidad lo hizo en términos por demás soeces.

En este punto entendemos que los mismos jueces provinciales deberían ensayar alguna defensa, o el Colegio de Abogados respectivo, ya que parece que el discurso según el cual la Justicia defiende a evasores se reitera incluso más allá de la definición misma de evasión.

Un párrafo para reiterar lo dicho al comienzo: evadir no equivale a deber. Evadir es un delito penal a nivel nacional. Es fraude al fisco. Es actuar delictivamente y en contra de la legalidad. Nada de esto tiene que ver con ser moroso del pago de impuestos, aún de los declarados por el mismo contribuyente, quien por diversos motivos puede dejar de pagar y EN TODOS LOS CASOS debe cumplir con sus obligaciones abonando los intereses respectivos, con independencia de las razones que tenga para no efectuar el pago. El hecho objetivo es que debe el impuesto, y la aplicación de intereses resarcitorios es idéntica cualquiera sea la causa por la cual adeuda su obligación.

Y otro tema que aprovechamos para comentar brevemente es el de la nueva moratoria dictada, siempre en la misma jurisdicción, por la cual se condona hasta el 60% del monto de intereses por deuda vencida al 31 de diciembre de 2005. Este tipo de moratorias es tan corriente en la provincia, que la verdad es que ya hemos perdido de la cuenta de cuántas veces se han dictado en la actual gestión.

Para el Lic. Montoya son “ofertas de pago flexibles... para que se pongan al día (los contribuyentes) con sus impuestos”. Pero también son una profunda injusticia para quienes abonan en término. Y, además, un claro incentivo para incurrir en moras hasta la próxima vez. Es decir que la recurrencia parece ser una invitación a no cumplir para luego amenazar con accionar de manera pomposa y contraria a derecho para cobrar las deudas (presionando de tal modo a los deudores para que ingresen en la moratoria).

El mecanismo es cuando menos perverso y debería ser revisado de una buena vez. Y sus difusores deberían recurrir también de una buena vez al diccionario para conocer el verdadero significado de las palabras y no reiterarse en el error, hasta el punto de que terminamos poniendo en duda si es que verdaderamente no se sabe que no es lo mismo la evasión que la morosidad. Y para colmo no tenemos noticias de que de la administración provincial hubiera salido la pertinente aclaración al respecto.

Y finalmente, aunque de tan obvio da vergüenza ajena tener que reiterarlo: la igualdad es la base del impuesto y de las cargas pùblicas, por lo tanto no existe legalmente la distinción entre “grandes” y “chicos” a la hora de accionar el cobro de deudas, mejor dicho, no debería existir. Si el chico es tan chico que cobrarle un impuesto es injusto según las autoridades, entonces hay que eximirlo, no tratarlo de una manera diferente.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2006

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

Godoy Cruz 2870 – 1425 Buenos Aires

(011) 4776-1732 (011) 154-4718968

El reciente viaje de la comitiva presidencial a EEUU deja la impronta de una contradicción innegable: querer lo que no se quiere. O tal vez viceversa.

Mientras el país sigue creciendo a tasas históricas y el superávit fiscal continúa impertérrito, quizás un poco reblandecido por el aumento impresionante del gasto público y los renacidos déficit provinciales, el Presidente de la Nación y su comitiva concurren a Nueva York para, se supone, atraer nuevas inversiones dadas las excelentes tasas de crecimiento.

Sin embargo, y tal vez movidos por una suerte de reflejo condicionado de levantar el dedo acusador, nuestros gobernantes (en especial la pareja presidencial) no escatiman esfuerzos en acusar a otros de ser los malos de la película, como si ellos, y todos quienes con ellos viajaron, hubieran vivido en otro país hasta mediados de 2003.

Es lamentable que ciertas cuestiones no terminen de definirse. Tenemos controles de precios evidentes, pero decimos que no los tenemos. Tenemos problemas energéticos que pueden llegar a ser muy serios, pero decimos que eso no es así. Pretendemos dar lecciones de modelos económicos, cuando lo único que realmente se ha hecho en la economía argentina ha sido aprovechar el crecimiento macroeconómico de años anteriores y la megadevaluación para armarse de un colchón y poder llevar a cabo entre otras cosas obra pública. Y decimos “entre otras cosas” para no volver a repetirlas, aunque todos las conocemos. Pretendemos que los países que subsidian al agro dejen de hacerlo cuando sabemos que si eso ocurriera subirían los precios y lo único que ocurriría es que aumentarían los derechos de exportación (retenciones).

La senadora Kirchner concurrió a la New School University de Nueva York para explicar que la Argentina sigue un modelo alternativo al neoliberal que nos condujo al desastre. Al leer estas líneas nos preguntamos si los asistentes habrán comprendido qué cosa quiso decir la Primera Dama. Qué cosa es el neoliberalismo y qué cosa diferente es la que se hace ahora.

En los años 90 el país creció a tasas inusitadas, sobre todo en la primera mitad de esa década. Entre otras cosas la Argentina se dotó de una infraestructura de servicios de la que carecía absolutamente. Las inversiones externas llegaron de manera continua y la tecnología alcanzó ribetes tales que el empresario Ignacio de Mendiguren llegó a afirmar que nunca antes habíamos estado mejor en la materia, pero que lamentablemente el tipo de cambio no ayudaba. La desocupación, que en 1995 alcanzó un histórico 18,4%, bajó a fines del 99 a un 12,6%. Dejamos en claro que esto no es ni remotamente defender una política basada en el control del tipo de cambio, sino un dato de la realidad.

En verdad, en esos años teníamos: tipo de cambio fijo, sindicato único por rama de actividad, fondos nacionales del tabaco y de la yerba mate, sistema jubilatorio obligatorio, tarifas de servicios fijadas por el Estado, empresas de servicios públicos entregadas en concesión, duopolios o cuasimonopolios de tales servicios con prohibición expresa de competencia por una década, salarios fijados por rama de actividad y convenios colectivos surgidos de cámaras empresarias en conjunción con sindicatos únicos por rama de actividad, sindicalistas eternizados en sus funciones al amparo de la caja lograda bajo la compulsión de la afiliación obligatoria, consejos de profesionales de afiliación también compulsiva para poder ejercer la profesión en cada jurisdicción, etc. etc. Esto para hablar de aspectos vinculados con la economía y por supuesto a modo de ejemplo. ¿Es esto el neoliberalismo al que se refirió la Primera Dama?. ¿El evidente desarrollo de los servicios públicos (prácticamente inexistentes en 1990) y el avance tecnológico que mencionaba el propio De Mendiguren configuran el desastre del que habla la senadora Kirchner?

No compartimos en absoluto los modelos intervencionistas ni las limitaciones a la competencia, pero entendemos que para llegar a hablar de destrucción total del país hace falta un largo rato con los datos que aportamos. Es verdad que luego dejamos de pagar la friolera de 67.000 millones de dólares y que muchas empresas creadas al amparo del proteccionismo debieron cerrar, y que el déficit de décadas que llevó a la hiper y a un Banco Central sin reservas (no superaban los 70 millones de dólares a fines de 1989), no podía sostenerse más. De igual modo, el retraso cambiario provocado por la convertibilidad había terminado de conjugar la fantasía de que la ley de oferta y demanda puede abolirse. Esto es: poder demandar infinitos dólares que siempre costarían el mismo precio. El endeudamiento externo fue consecuencia de la imposibilidad de emitir y del déficit monstruoso a partir de 1994/95, fundamentalmente. Pero fue votado por el Congreso Nacional y aprobado en cada caso por las legislaturas provinciales, que luego terminaron emitiendo las llamadas cuasimonedas, que no eran otra cosa que más deuda, por supuesto.

El Presidente atacó, como de costumbre, al FMI y realzó el hecho de que nuestro país ha saldado su deuda con ese organismo y ha crecido y continúa creciendo habiendo abandonado sus recetas. ¿Alguna vez la Argentina cumplió las recetas del FMI?, cabe preguntarse. El acuerdo logrado por este mismo gobierno en agosto de 2003 fue abandonado a los pocos meses. Esto sería consecuente con lo dicho por el presidente. Pero, ¿por qué se firmó ese acuerdo si nuestro país disentía profundamente de las ideas del Fondo?.

El Dr. Kirchner también avanzó al decir que el FMI “nos abandonó” y por lo tanto no nos brindó ayuda cuando la necesitábamos. ¿Es o no curioso que reclame por el “abandono” de una entidad a la que se cuestiona y sobre cuya manera de encarar los modelos económicos es considerada absolutamente nefasta. Parece casi un lamento de quien no ha sido ayudado por el mismísimo malvado enemigo.

Los diarios dicen que Kirchner criticó a “los economistas”. Pero nos parece que no fue del todo así. Criticó, en verdad, a ciertos economistas. Porque se refirió a los “liberales”, por lo tanto nada tuvo que decir de Remes Lenicov, quien goza de un cargo en Europa luego de haber devaluado tras sesudos estudios el dólar a $ 1,40 para que en dos meses éste pasara a costar $ 4.- en lo que podríamos llamar un formidable error de diagnóstico por decir lo menos. Tampoco criticó, que sepamos, a Aldo Ferrer, que considera que los precios “están bien” y por lo tanto si suben hay que prohibir que suban porque no tienen motivo para hacerlo. Es decir, señores, que si llueve y no estaba programado, hay que prohibir la lluvia.

Tampoco se entiende, salvo por ese afán pontificador tan caro a ciertos gobernantes, a título de qué se va a EEUU, la primera potencia mundial en casi todo sentido y lejos, a plantear que nosotros no hacemos lo que el gobierno de ese país quiere y al mismo tiempo pedimos que vengan a invertir a la Argentina. Aclaramos e insistimos que estamos hablando de economía, no de adhesión política. Aunque también en este aspecto podemos decir que ciertas afirmaciones presidenciales son coincidentes con los deseos norteamericanos, como por ejemplo las referidas al terrorismo.

De los economistas liberales dijo el presidente que “fueron mucho más dirigistas (ya que) ellos operaban todos los días sobre la economía”. Esta confesión es casi freudiana. Es decir que no fue el liberalismo el causante del desastre, sino el dirigismo.

En verdad, se trata de una retórica vacua que no conduce a ninguna parte. La Argentina en lo esencial nunca ha dejado de ser lo que viene siendo desde hace varias décadas. Y en los ciclos de cierta estabilidad se recupera para luego volver a caer en el abismo y el default. Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo, pero nuestra opinión personal no es optimista.

Una y otra vez se anunció que no hay crisis energética, pero es sabido que a las empresas se les pide que pongan generadores propios, se trata de canjear la deuda de Yaciretá por energía, se hacen cortes a las industrias para no afectar a los hogares, se aplican planes de castigo para que la gente consuma menos y se tiene terror de lo que pueda ocurrir con los aires acondicionados si hace demasiado calor este verano.

El ministro De Vido es una especie de actor protagónico que todo lo encara y resuelve. La electricidad, el petróleo, la obra pública, los acuerdos energéticos con otros países, el gas, el gasoil, etc. Es obvio que las cuestiones complejas de la macroeconomía en manos de un funcionario que parece entender de todo exceden el marco de lo que parecería razonable.

Lo menos que podemos decir es que no entendemos qué hacía el Arquitecto De Vido antes de ser funcionario. Es cierto, claro está, que ha de tener asesores. Pero esto de inmiscuirse en TODO y pretender resolverlo con subsidios y acuerdos resulta la contracara del llamado capitalismo salvaje. Ni una cosa ni la otra son la panacea.

La realidad es que debido al superávit fiscal con que se cuenta, la Argentina está en condiciones de otorgar subsidios, desgravaciones, tasas de interés blandas, promociones varias que según algunos cálculos superan las 50 entre nacionales y provinciales. Pero también es obvio que aquello que necesita el impulso oficial para funcionar muestra su debilidad si carece de él. De donde surge que buena parte del crecimiento se logra al amparo de la aplicación del superávit producido por la megadevaluación que no se trasladó todavía totalmente a los precios, y que si éste se terminara, el modelo se agotaría. Esto no es ser agorero, como también se acostumbra decir. Esto es ser realista.

Es necesario sincerar tarifas para racionalizar consumos. Pero el costo político en visperas de un año electoral es enorme y entonces se posterga. Es absurdo que los argentinos paguemos la nafta la mitad que los uruguayos o los brasileños. Es igualmente insólito que las empresas petroleras deban importar gasoil a un precio superior (sin impuestos) al que deben venderlo en el mercado local.

La ministra Miceli ha dicho que la tasa de inflación es menor que el crecimiento del consumo, lo cual indica que se produce más manteniendo los precios. Esto es parcialmente cierto. Los precios que se mantienen son los controlados directamente por el gobierno, que no son ni remotamente todos, pero son fundamentales a la hora de calcular los índices de precios. La lógica indica que una mayor demanda tiende a provocar subas de precios. Normalmente cuando los precios de los productos principales de consumo son congelados o controlados, aparecen segundas marcas, marcas Premium, envases de menor contenido, venta de productos sueltos, etc.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

Nota bene: este comentario es una opinión del autor e intenta reflejar un punto de vista para generar un espacio de reflexión.

Economía y tributación

Godoy Cruz 2870 – 1425 Buenos Aires

(011) 4776-1732 y (011) 154-4718968

Observar la marcha de las distintas variables de la economía permite descubrir dónde está la verdadera cuestión y, cuando menos, vislumbrar hacia dónde vamos.

La Lic. Miceli acaba de señalar que de no ser por la intervención continuada del Banco Central, el dólar no sobrepasaría los $ 2,30. Si bien la estimación nos parece un poco baja en estos momentos, no deja de ser una curiosa confesión de que la realidad es soslayada por el intervencionismo. Al mismo tiempo, explica claramente por qué los argentinos “nos movemos en pesos con precios en pesos” y no podemos ni pensar en cruzar la frontera para pasar las vacaciones en las playas brasileñas, por ejemplo.

Como tantas veces hemos señalado, el “modelo” consiste en crear competitividad cerrando las fronteras y mandando al Central a comprar dólares mediante la emisión monetaria para sostener el tipo de cambio visiblemente por encima de lo que el mercado indica. Cosa que no ha hecho Brasil, dicho sea de paso.

A su vez, el Banco Central se endeuda emitiendo Lebacs y Nobacs por encima de los 34.000 millones de pesos para sacar de circulación los excedentes emitidos para comprar divisas mucho más caras de lo que valdrían.

Es interesante decir que si bien las reservas superan los 27.000 millones de dólares, éstos son comprados con emisión y endeudamiento a tasas del 8 o 10% anual en dólares, para luego colocar tales reservas y obtener el llamado señoreaje, que en estos momentos y entre otras cosas por los problemas de posibles embargos de parte de los bonistas que no ingresaron en el canje de la deuda, permite obtener una tasa del 2% como máximo. Hacerse de reservas con tasas del 9% promedio para colocar tales reservas al 2% no parece ser un negocio brillante, aunque puede dar tranquilidad a quienes todavía se mueven en términos de lo que podríamos denominar mentalidad convertible (es decir, enmarcada en la llamada convertibilidad).

La recaudación fiscal ha superado los $ 13.000 millones, indicando que pese a la pérdida de derechos de exportación por la prohibición parcial para la carne, el vidrio o el trigo, muestra una suba interanual del orden del 27%, muy por encima de la inflación reprimida por los controles de precios. Esto representa claramente un modelo exitoso y superavitario basado esencialmente en artilugios monetarios y endeudamiento.

La realidad es que la presión de los precios (el índice de precios al consumidor lleva acumulada una suba del orden del 84% desde la salida de la convertibilidad, contra el 210% del precio del dólar) desespera al gobierno, que como sabemos sale a través de sus funcionarios y del mismo presidente a atacar a quienes “aumentan” con la clara intención de culpar a éstos de no sostener precios en una moneda subvaluada según lo confesado por la propia ministra públicamente.

El tipo de cambio artificialmente alto y la inflación subyacente, son las principales causas de que la tasa de interés sea tan alta como para impedir un exitoso plan de financiación para la compra de inmuebles destinados a la primera vivienda. La inconsistencia es evidente: lo que se presenta como un dato positivo (el hecho de que el dólar no caiga de precio), se vuelve de inmediato negativo (ingresos bajos en dólares que impiden el acceso al crédito para la vivienda).

El apuro del gobierno para salir al cruce con soluciones de mercado ante la suba de los alquileres queda en evidencia en la necesidad de reconocer otra cruda realidad: la gente tiene ingresos informales por cifras más que importantes. Es por eso que se facilita el acceso al crédito más allá de lo que digan los recibos de sueldo o inclusive las declaraciones juradas. ¿Esto implicaría por ejemplo dejar funcionando un taller de costura de manera irregular para que sus trabajadores puedan pagar la cuota del crédito? La contradicción entre las intenciones y la realidad es elocuente.

Muchas veces hemos señalado que según los cálculos más serios prácticamente la mitad de la economía del país funciona de modo informal. Es por eso que los salarios son pagados en negro en una proporción similar, básicamente. Al mismo tiempo, el propio Estado con sus contratados hace años que ha entrado en la economía informal al no reconocer a éstos su condición de relación de dependencia. Si el comerciante del barrio tuviera a un empleado inscripto en el monotributo y no declarado, es evidente que sería denunciado por la irregularidad. Nuevamente está clarísima la contradicción.

El índice de precios para agosto se anuncia bastante bajo. Las cifras difieren pero están por debajo del 1%. Es sabido que tal índice es cuestionado por el 100% de las amas de casa que concurren al supermercado, pese a lo cual el gobierno se entromete en el INDEC a través de funcionarios como Guillermo Moreno porque pretende que el indicativo sea más bajo aún. Como también hemos dicho: la carrera es contra el índice, no contra la inflación.

Desde la Secretaría de Comercio también está gestándose una canasta de ropa para el verano. La llamada lucha contra la inflación tiene siempre la misma cara: lograr algunos productos con precios promocionales para disimular el efecto en el bolsillo de la gente de las subas de precios generales.

La cuestión de la falta de gasoil se ha vuelto un problema a todas luces reconocido. Recordemos que desde el comienzo del invierno el funcionario nombrado viene presionando a los proveedores del producto con amenazas de sanciones si no suministran gasoil a las estaciones de servicio, especialmente en algunas provincias del Norte y del Litoral. Estas presiones siguen existiendo y se han multiplicado, al mismo tiempo que ENARSA está importando gasoil. El Estado termina importando a precios internacionales que se niega a pagar en el mercado interno, como ocurre con el gas.

Para las petroleras importar es perder dinero, por las diferencias de precio con el Exterior. De manera que la reticencia tiene la lógica del bolsillo. La producción dista de incrementarse localmente para seguir los pasos del incremento de la demanda, la cual a su vez se ha visto azuzada por las necesidades de las centrales termoeléctricas. También algunas fábricas han estado reconvirtiéndose ante la escasez de gas. El problema de la energía en general está agravándose, por un lado por el crecimiento de la economía y por el otro por el retraso de los precios medidos en términos internacionales de los combustibles. De hecho, hay algunas inversiones que vienen postergándose ante la indefinición en materia energética.

La industria en general está conforme con el tipo de cambio y festeja, pero el atraso tecnológico y los problemas asociados con el cierre de la economía terminan siendo un peligroso bumerán. El “modelo” se basa, como ha ocurrido históricamente en la Argentina, en la intervención del Estado, los subsidios, el tipo de cambio alto, los controles de precios y el cierre de las importaciones tanto como sea necesario y posible. Muy lejos, claro está, de las apreciaciones del Dr. Lavagna cuando siendo ministro sostenía que el tipo de cambio bajo solamente lo querían quienes viajan a Miami, la realidad indica que tal tipo de cambio está provocado para mantener deprimidos los costos en dólares y volver competitivas las exportaciones, limitando al mismo tiempo la tecnología importada (por cara) y provocando inflación.

Precisamente la contraposición entre tipo de cambio alto versus tipo de cambio bajo, deja en el medio la obviedad: el tipo de cambio real determinado por el mercado. Esto es: ni artificialmente alto, no artificialmente bajo.

Un problema bastante generalizado en el Interior es el de la sequía, que ya lleva varios meses. Las oportunas (aunque escasas) lluvias de los últimos días han calmado un poco los ánimos, pero la preocupación subsiste y se han producido pérdidas de importancia. Según los productores el ritmo de lluvias debería continuar para mejorar la productividad del sector. Por supuesto que este problema también puede afectar los ingresos del Estado vía impuestos o retenciones.

Es interesante señalar que las políticas erráticas en materia de carnes están dando como resultado entre otras lindezas, que este año Uruguay termine exportando más que la Argentina. En este cuadro de situación, la veda parcial de exportaciones ha sido prorrogada por 30 días, siguiendo la política del día a día en la materia.

Y terminaremos esta reseña señalando que el gobierno ha anunciado que próximamente se dictarán medidas tendientes a frenar la importación de motocicletas, para “desarrollar la industria nacional”. Está claro el camino, entonces: cerrar importaciones (en este caso de motos), pese a ser caras por el tipo de cambio elevado, para lograr proteger la producción nacional, que por inercia natural terminará siendo de baja tecnología y altos precios locales, como ha ocurrido históricamente.

Buenos Aires, 3 de setiembre de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

Tal y como hemos venido señalando en trabajos recientes: el turno de los alquileres debía llegar inexorablemente. Y llegó.

En una economía inflacionaria la suba de los precios es una constante que sólo se morigera temporalmente ante la intervención de los funcionarios en determinadas áreas. Por lo general, tal intervención llega primero a aquellos rubros que se consideran de primera necesidad, provocando distorsiones, merma de calidades y de embalajes, cambios en la composición básica de los productos, aparición de marcas alternativas y toda la gama de artilugios tendientes a escapar tanto como sea posible de la rigidez controladora que pretende sostener de manera estática el precio de productos cuya dinámica es, por definición, cambiante. Para decirlo de otro modo, los precios relativos de todos los bienes se modifican de modo permanente en función de oferta y demanda, aparición de sustitutos, variación de precios internacionales de las commodities, etc. Y además, todos ellos tienden a subir en moneda local dado que la misma se desvaloriza cotidianamente por la emisión casi constante que hace el Estado para comprar divisas a un precio superior al que valen, con el pretendido fin de volver competitivo aquello que no lo es.

Los gobiernos suelen confundir (o tal vez desean que se confunda) la suba de los precios con los márgenes de rentabilidad de las empresas o las debilidades que pudieran existir en las llamadas cadenas de distribución. Sin embargo, la inflación se produce igual aún en condiciones de rentabilidad nula, o incluso durante períodos de grandes pérdidas. No hay que olvidarse que en los 70 y en los 80 la mitad de la economía estaba virtualmente en manos del Estado, perdía enormes cantidades de dinero (al punto de que varias empresas públicas mostraban patrimonios netos negativos) y sin embargo se llegó a la hiperinflación.

De estas cosas hemos hablado bastante en numerosos artículos en el último año y medio.

Lamentablemente, el intervencionismo se extiende como una gran mancha de aceite, ya que meter la mano en el precio de un producto produce cambios en los precios de otros modificando así la relatividad de tales precios y produciendo distorsiones que requieren nuevas intervenciones.

Si repasamos hechos recientes veremos que desde factores absolutamente ajenos a nuestras decisiones como país, tales como la suba de los precios del petróleo o de los lácteos, hasta cuestiones climáticas que incidieron en determinados vegetales han llevado al gobierno a Intervenir tratando de paliar o eliminar lisa y llanamente cualquier incidencia en los precios de bolsillo mediante subsidios, “acuerdos”, controles, piquetes o lo que fuera. Al mismo tiempo, desde la ortodoxia más flagrante, el Banco Central se ha dedicado una y otra vez a quitar de circulación los pesos emitidos con el único objeto de comprar excedentes de dólares provenientes de exportaciones a precios superiores a los de mercado.

Y, para no abundar, poco a poco fueron comenzando a caer en la volteada los precios de bienes de todo tipo, y luego los costos. Hace pocos días se habló de un control sobre los precios de los automóviles. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, le llegó el turno a los alquileres.

¿Por qué suben los alquileres? Las razones son varias. Pero es preciso exponerlas brevemente al menos. Las enumeraremos para no extendernos demasiado.

1. Tenemos inflación producto de la política monetaria del gobierno. Es decir tenemos emisión espuria de moneda para comprar a propósito a precios caros las divisas que podrían adquirirse más baratas.

2. La ley de alquileres es una ley de orden público que obliga a los propietarios a celebrar un contrato por un determinado lapso mínimo (en general dos o tres años según los casos), y al mismo tiempo otra ley (la de convertibilidad) impide toda forma de indexación o ajuste en los valores fijados en todo el lapso legal.

3. Las tasas de interés para créditos hipotecarios, si se consideran los costos colaterales (costo de hipoteca, seguros de vida y de incendio, etc) no bajan del 28% aproximadamente. Además, por lo general se trata de tasas variables y mediante la aplicación del llamado sistema francés, que es aquel en el cual en los primeros años se pagan casi exclusivamente intereses, quedando el capital para el final.

4. Tales tasas de interés convierten en muy costosas las cuotas para quienes desean comprar o construir su vivienda.

5. A su vez dichas tasas, de por sí altas por la incertidumbre inflacionaria y jurídica, se incrementan adicionalmente porque están prohibidas las ejecuciones por deudas hipotecarias de las llamadas viviendas únicas.

6. El riesgo esperado de que se intervenga en el mercado inmobiliario torna más incierto el panorama haciendo que quienes se arriesgan a alquilar pretendan un precio aún mayor.

7. Los antecedentes de intervencionismo estatal (como la vieja ley de alquileres que mantuvo congelados los valores por más de 30 años, a tal punto que el monto se había reducido por efecto de la inflación a unas pocas monedas que no alcanzaban siquiera para pagar los impuestos de la propiedad)..

Existen otras razones a considerar, pero en búsqueda de una cierta brevedad, nos limitamos a las referidas.

Obsérvese que mientras el propio Estado efectúa el presupuesto tomando en cuenta una tasa de inflación esperada en torno del 11%, la ley impide que los contratos entre particulares contemplen de alguna forma ese efecto. Un contrato a 3 años de persistir las tasas de inflación actuales (aún con la represión de los controles de precios), con un monto de alquiler fijo, hace que éste se deprecie al cabo de los tres años en un porcentaje cercano al 40%. Este sólo elemento hace que quien se anime a alquilar un inmueble, trate de “cubrirse” arrancando desde lo más arriba posible.

Las condiciones señaladas en los puntos precedentes, hacen que estos precios elevados sean pagados por el mercado, condición sine qua non para que tales precios existan. Esto es obvio de toda obviedad pero hay que insistir en señalarlo: ningún precio es tal si no hay quien lo pague.

En momentos de escribir estas líneas, se asegura desde las altas esferas gubernamentales, que se pretende lograr una regulación mediante acuerdos, fideicomisos de los fondos de garantías, registros en la AFIP, etc. Todo ello, como es obvio, redundará en una retracción de la oferta, y también en una baja del ritmo de la construcción, que es uno de los rubros que más ha crecido en los últimos años.

Realmente es una lástima que la línea ideológica de este gobierno haya terminado por considerar definitivamente salvaje al mercado y definitivamente salvador al intervencionismo. Se ha cambiado la línea de la evidencia. Aquello que no puede venderse al precio que la gente paga porque el Estado lo impide, merma su calidad y termina escaseando. Mientras tanto, aquello que el Estado paga más caro de lo que vale, como la divisa, y lo hace mediante emisión de moneda, parece ser la solución que le mundo entero no ha visto.

No deja de venir a nuestra mente el recuerdo de lo ocurrido a lo largo de décadas recientes en materia de alquileres. Tampoco deja de venir a nuestra mente el porqué de la enorme cantidad de dinero de argentinos que se dice está en cuentas del Exterior (según algunos cálculos se habla de 150.000 millones de dólares). Si pensamos que si tenemos dólares fuera del país cobramos intereses y además, si los ingresamos el Estado los paga más caro de lo que valen y además no tenemos problemas de intervencionismo como en el caso de tener una propiedad alquilada, tenemos la respuesta ante nuestros ojos. Cuestión de querer verla.

No hay que dejar de recordar que el propio presidente de la República, cuando era gobernador de su provincia, sacó del país el dinero de las regalías petroleras, precisamente para protegerlo.

Damos estos datos no para hacer consideraciones políticas, sino para señalar por dónde corre eso que damos en llamar el eje de la evidencia. El turno de los alquileres ha llegado, lamentablemente. Muchas propiedades bajarán su valor, como bajaron las vacas cuando se prohibieron las exportaciones. Muchos dejarán de construir y muchas propiedades quedarán desocupadas y cerradas por mucho tiempo, aumentando el déficit habitacional. Y también mermará la construcción.

Porque con independencia de lo que se haga, el daño ya está hecho. Ser propietario en la Argentina termina siendo una carga. Piénsese si no en los años recientes y no sólo en materia de alquileres. El llamado plan Bónex, el corralito, el corralón, la devaluación, la pesificación asimétrica en contra de los acreedores, la prohibición de ejecutar deudas hipotecarias, etc. El camino puede estar empedrado de buenas intenciones, pero la realidad muestra otra cosa.

Buenos Aires, 4 de agosto de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

El intervencionismo se incrementa como una consecuencia lógica de su propia existencia. Ello genera mayores reacciones y enfrentamientos. Mientras tanto algunos parámetros van mostrando su lado negativo.

La actual situación en materia económica podemos definirla como de creciente intervencionismo con el objeto de tocar todas aquellas variables que no se disciplinen detrás de las preferencias oficiales. Tales variables no solamente son LAS que por sí solas cambian como producto de su propia definición (son variables), sino también aquellas otras que cambian como consecuencia de la propia intervención, es decir como un efecto colateral, alterando así otros parámetros que entonces requieren nuevas intervenciones. El mercado de carnes y ganadero en general, es una dramática muestra de esto último.

En efecto, mientras en el acuerdo del 6 de abril se dispuso el precio de referencia de 11 cortes de carne, pocos días después se resolvió aplicar la vieja ley de abastecimiento elevando tales cortes a 12 y pasando de la categoría original (novillo) a cinco. Las amenazas son de multas de hasta $ 1.000.000.- y hasta 90 días de prisión para quienes no cumplieren. Mientras tanto, la insólita prohibición de exportaciones por resolución ministerial continúa vigente, al punto de que embarques cargados en contenedores de mercadería enfriada de la cuota Hilton fueron descendidos de los barcos y esperan hace 40 días una definición tratándose, como resulta obvio, de un producto enfriado y perecedero Recordamos que la Lic. Miceli acaba de decir en EEUU que los precios son sugeridos o acordados y que de ninguna manera estamos en una política de control. Mientras tanto el Poder Ejecutivo publicó un decreto en el Boletín Oficial del 28/4/06 por el cual se compromete a asistir a los trabajadores de frigoríficos afectados por la prohibición de exportaciones que comentamos.

Se suscitan nuevas reuniones y asambleas de ganaderos, especialmente en ciudades del Interior, que son multitudinarias y que reclaman una política coherente y realista, esencialmente. Entre otras cosas piden que se eliminen los pisos de faena (siguen siendo de 280 kg.). Está hablándose de un paro "tranqueras afuera", es decir sin comercialización, cuyas consecuencias pueden ser gravísimas políticamente, si continúa la escalada en esta materia. También está pendiente el fondo fiduciario para los precios que superen los $ 2,40 el kilogramo.

Decir que nada de todo esto dará resultado es a estas alturas absolutamente ocioso. La misma dinámica de los cambios sucesivos es la demostración más dramática, por el absurdo, de la irrealidad planteada.

Los esfuerzos del gobierno para que los ajustes salariales de los diversos gremios y convenios no superen el 19% pretenden que tales ajustes no produzcan un reavivamiento de la inflación (entendida, como siempre decimos, como la suba de los índices de precios al consumidor) apuntan en la misma dirección, pese a las peleas que el propio presidente ha sostenido no hace mucho con el empresario Alfredo Coto en el sentido de que las subas salariales no son inflacionarias, cosa que acaba de ratificar el diputado Héctor Recalde, oficialista y encargado de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara.

Los acuerdos de precios abarcan hoy por hoy más de 500 productos, según algunas estadísticas

Es sabido que las políticas intervencionistas y de controles de las consecuencias de la inflación conllevan siempre la conformación de "canastas económicas", ello ha incluido en el pasado rubros tales como un "auto económico", un "pan porteño", las "campañas de abaratamiento" y otros "emprendimientos" parecidos. Por su parte la "canasta básica alimentaria" (que es un índice oficial y desvive a las autoridades encargadas de medirlo porque por debajo de él estamos en la indigencia), la "canasta básica total" (también oficial y por debajo del cual está la línea de pobreza), constituyen rubros abarcativos que siendo los más críticos dan lugar a presiones constantes para conformar una serie de productos con precios "acordados con el Gobierno" en forma

Un viejo proverbio dice que resulta cuando menos absurdo repetir las mismas recetas y esperar un resultado diferente. Sin embargo, esa parece ser la realidad actual en materia económica..

La notable recuperación de la economía de nuestro país en los últimos tres años sirve de pie a varios de los funcionarios más encumbrados del gobierno nacional para asegurar que la receta seguida es la correcta y que por lo tanto no solamente este es el camino correcto sino que el mundo desarrollado y los organismos internacionales de crédito hacen planteos sustancialmente erróneos que ya no podrán imponernos.

Dejemos de lado cuestiones políticas, de personal soberbia o de ignorancia en la ciencia económica de no pocos de quienes así se expresan y centrémonos en la breve historia reciente y en sus porqués.

Durante los años de la llamada convertibilidad el déficit estatal tanto nacional como provincial y municipal llegó a niveles superiores a los 15.000 millones de dólares anuales que eran cubiertos con endeudamiento externo ya que la emisión de moneda sin respaldo estaba vedada por imperio de la ley. La baja productividad local, pese al evidente adelanto en tecnología alcanzado en esos años en prácticamente todos los rubros, provocaba la sobrevaluación del peso y la consiguiente baja de la competitividad en el sector externo. A tal punto, que Buenos Aires llegó ser en un momento, la Capital más cara del mundo después de Tokio. Se trataba de un encarecimiento producto de tal sobrevaluación, y el creciente endeudamiento cubría la diferencia. Vivíamos, como quien dice, de prestado.

Cuando las crecientes dificultades con el endeudamiento exterior se hicieron insoportables, comenzaron a surgir las llamadas cuasimonedas, que inmediatamente se convirtieron en una pandemia de proporciones cósmicas, con alguna excepción provincial producto de riquezas propias y naturales que no sufría las consecuencias directas y no la afectaba mayormente la coparticipación federal.

Esta situación, votada y aceptada por todos los sectores de la vida política nacional casi sin excepción, continuó hasta el estallido a fines de 2001. La crisis y la salida de la convertibilidad generaron una descomunal devaluación, pese a que el ministro Remes Lenicov hubiera anunciado que la misma no superaría $1,40 por dólar luego de que supuestos sesudos estudios técnicos así lo hubieran determinado. Pocas semanas después, la moneda norteamericana había alcanzado los $4.- por unidad, y no pocos economistas pronosticaban que pronto llegaría a los $ 10.-. Tales economistas han sido vapuleados varias veces por el presidente Kirchner por haberse equivocado en sus estimaciones. Pero, sin embargo, la certeza del cálculo de Remes Lenicov, defenestrada en horas por una realidad incandescente, ni siquiera fue puesta sobre el tapete por el primer mandatario. Nunca.

La enorme devaluación constituyó un literal "pelito al campo" para los tenedores de pesos convertibles a los cuales la ley y el Banco Central habían prometido un dólar por cada peso circulante. Nadie que sepamos inició una demanda por eso, pero la realidad es que el pagaré llamado peso fue la primera deuda que el Estado dejó de pagar, con el argumento falso de que los dólares "no estaban". Lo que no solo no era cierto sino que aunque lo hubiera sido debería haber dado lugar a la entrega de algún título o bono por la diferencia.

El colchón devaluatorio produjo a su vez una diferencia monstruosa de ingresos a favor del Estado. Éste, por un lado dejó de gastar 100.000 millones de dólares mensuales y pasó a gastar unos 25.000 millones, por el otro implementó rápidamente el viejo recurso de los derechos de exportación (verdadero kamikaze del crecimiento de cualquier país) para quedarse con parte de la enorme diferencia que el sector exportador primario obtenía al vender en dólares y pagar en pesos devaluados la mayoría de sus costos, incluidos, claro está, los salarios.

A esto se sumó el no pago de la deuda externa, el llamado default que dejó en el viento ("provocó un ahorro" según las expresiones presidenciales) la friolera de 67.000 millones de dólares. Aquella bonanza de los años convertibles se había volatilizado y licuado en la devaluación y en el "pelito al campo", interno y externo.

De tal manera el Estado comenzó a tener el impresionante superávit que hoy le permite, a su arbitrio, dar subsidios aquí, allá o acullá, según el comportamiento de los diversos sectores, que incluye poder político, presiones económicas, amistades y hasta cuestiones regionales vinculadas con el origen de nuestros actuales gobernantes.

La política seguida en materia de tarifas de la energía, o la más reciente en aplicación respecto de la carne vacuna, muestran a las claras la intención del actual gobierno en el sentido de que el mundo exterior no afecte a nuestro país. En sí misma tal pretensión es decididamente inconsistente. El aumento de la demanda de carnes a nivel internacional es producto entre otras cosas del surgimiento de la llamada gripe aviar, también del brote aftósico en Brasil, como hemos señalado oportunamente. Tal demanda adicional empuja a la suba los precios locales, que a su vez se sostienen por la sobreabundancia de pesos en circulación y ciertas "recomposiciones" de ingresos y salarios. Los esfuerzos del gobierno por retrotaer el precio de la carne mediante controles y acusaciones varias, han llegado a picos impensados. La prohibición de exportar emanada de una simple resolución ministerial (cosa que en un Estado de Derecho ni siquiera en tiempos de guerra se hace por esa vía), o el nombramiento del Sr. Guillermo Moreno para negociar precios de consumo interno desde la reflotada Secretaría de Comercio son apenas ejemplos. Moreno es calificado como un "duro" y según el Dr. Roulet, vicepresidente de CRA, ha llegado a decir en una reunión que si los productores cordobeses no pueden sobrevivir con un precio del kilo vivo de novillo de $ 2,40 "que se fundan". Si esto es verdad, cosa que no nos consta, estamos como en los tiempos del recordado Dr. Mazzorín, cuando decía públicamente que el precio del pollo lo pondría él, y estaba a su arbitrio la voluntad de bajarlo tanto como para destruir el mercado avícola. Todo ello en nombre de la Constitución y las leyes de la República. Y del Estado de Derecho.

En materia energética es obvio que la baja de la producción petrolera, según datos de los primeros 9 meses de 2005 (supera el 5%), e inclusive de la del gas en igual período (del orden del 1,5%) es un claro indicativo de los efectos de una determinada política de congelamientos de precios y retenciones a las exportaciones que llegan al 45% en el marco de un valor internacional del petróleo que se aproxima raudamente a los 80 dólares. Si pensamos que las naftas tienen al consumidor un componente impositivo cercano al 60% del valor bruto de venta (es decir de cada peso, 0,60 son impuestos) tenemos una verdadera pintura de hasta dónde puede llegarse en materia de sostener artificialmente baja una realidad que tarde o temprano resultará insostenible.

El gasoil sigue subsidiado para el transporte, y los pasajes de colectivos y trenes se mantienen también artificialmente bajos al tiempo que el dólar oscila en $3,10 cuando hace 4 o 5 meses estaba en $2,85. El deterioro del parque automotor en estos rubros es evidente en estos años.

Nada de esto es nuevo en la Argentina: sostener el tipo de cambio alto para financiar sectores elegidos por el gobierno se compadece con la política de resultar competitivos sin serlo. Eso y no otra cosa es el dólar competitivo. La inyección de moneda y el endeudamiento en Lebacs para retirarla de circulación y evitar la explosión inflacionaria son de una ortodoxia monetarista a prueba de cualquier discurso. Pero como no es suficiente aparecieron y se multiplicaron rápidamente los "acuerdos" de precios y los controles.

En momentos de escribir estas líneas, es vox pópuli la puesta en vigencia de la vieja ley de abastecimiento del año 1974, que aplica incluso penas de prisión a quienes no respeten los precios "acordados".

Nadie habla de respetar el valor de la moneda. Todos en cambio, hablan de respetar los precios en tal moneda.

Pero el respeto de los precios no obedece a lo que linealmente alguien pueda hacer en tal sentido. La oferta y la demanda siempre cumplen su rol, de lo contrario y dejando de lado la arbitrariedad, no tiene sentido suspender exportaciones de carne.

En los países de controles más férreos del mundo, como Cuba o China, existe un fenomenal mercado negro que cualquier visitante percibe en los primeros minutos nomás de haber ingresado en ellos. Hacemos este comentario alejados de cualquier consideración política. Tan sólo expresamos la realidad de que el mercado siempre funciona, y la ley de oferta y demanda no puede ser abolida. Nos preguntamos entonces cuál es el sentido de colocar a "duros" que afirman que no "negocian" con productores sino con Estados y que al parecer se despreocupan de cómo pueda resultar el negocio para los productores. Descartamos que no se pretende literalmente generar condiciones como las de los países que citamos a guisa de ejemplo. Más bien se intenta una especie de conjunción entre las leyes del mercado y la intervención estatal. Pero tal intervención es desmadrada, pasional y demonizadora. Y entendemos que la realidad no funciona así.

La creación de un fondo fiduciario al cual se destinarán los excedentes del precio de $ 2,40 por kg de novillo pretende ser novedosa pero no es otra cosa que una nueva retención. Que por lo demás ratifica que el precio puede y seguramente superará los 2,40 pesos. Claro, el punto es que no llegue a las carnicerías. Pero en sí es una contradicción más entre lo que se declama y lo que los mismos funcionarios esperan. Como esperan también que la inflación del año sea del 11% según el Presupuesto Nacional.. Siendo la inflación un fenómeno monetario no se entiende de qué otra manera se gestará que no sea por la acción de la Casa de Moneda.

Por qué los precios habrán de mantenerse congelados y la inflación seguirá sumando números constituye un misterio insondable. A menos, claro está, que el propio gobierno sepa que tal inflación es, primordialmente, un recurso impositivo más y no tenga el menor interés es desprenderse de él.

En los años 70 el mercado negro de la carne era de un tamaño descomunal porque por más tipificaciones que imponía la Junta Nacional de Carnes, lo cierto es que los precios corrían por otro andarivel. Nada más y nada menos que el de la realidad. El fondo fiduciario que supuestamente se implementará, afectará al mercado de Liniers, pero no puede implementarse respecto de las operaciones privadas, con lo cual o éstas se prohiben y persiguen, o habrá un mercado negro al otro día del implementado el fondo.

Cuesta creer, y lo decimos con el énfasis que nos produce la preocupación, que con estas políticas y estas leyes se pretenda obtener resultados diferentes a los obtenidos en su tiempo.

Volver a lo mismo y esperar resultados diferentes, sin embargo, parece ser el criterio elegido. Lamentablemente

Buenos Aires, 22 de abril de 2006

© HÉCTOR BLAS TRILLO

Conocidos los números del mes de enero, y el dato final del crecimiento de la economía durante 2005, es interesante analizar las perspectivas económicas sobre la base de las opiniones tanto del gobierno como de los especialistas.

La cifra de crecimiento de la economía durante 2005, quedó definitivamente establecida en 9,1%. El valor es de por sí elocuente y eso complica cualquier análisis que pretenda ser crítico, aún en el marco profesional. Sin embargo, sabemos que la recuperación económica luego de la devaluación y de la crisis, ha pasado esencialmente por el expansionismo monetario, los retrasos tarifarios y de los precios de los combustibles, y un reacomodamiento de precios minoristas esencialmente contenido por políticas de acuerdos de precios, retenciones a las exportaciones y en general la utilización del sistema tributario desde un punto de vista punitivo, esto es: sancionar con retenciones a las exportaciones o negar desgravaciones tributarias si no se comportan los precios según la visión oficial. Así las cosas, las listas de precios sugeridos o cuasicongelados acordadas por el Poder Ejecutivo con distintas empresas, muestran a las claras un enorme intervencionismo tendiente a evitar las consecuencias de la devaluación forzada del peso argentino, a estas alturas un 40% más débil que el real brasileño, habiendo partido de una relación uno a uno con esa moneda a comienzos de 2003.

Con este telón de fondo, comentaremos en este trabajo algunos temas de rigurosa actualidad en materia económica, como ser:

 




1. Se prorrogará la rebaja del precio de 216 medicamentos por 60 días más a partir del 19 de febrero.
2. Se ha difundido una lista de 351 productos con precios congelados mediante acuerdos.
3. La industria creció un 4,8% en enero. El crecimiento es el menor desde la reactivación, y se atribuye desde el gobierno a la parada de plantas por razones técnicas, hecha en enero en el caso de las automotrices, cuando en 2005 se hizo en febrero.
4. La inversión industrial en 2005 llegó a los 14.105 millones de dólares, de los cuales 9.430 se destinaron a ampliaciones de la unidad productiva o a la creación de nuevas unidades, según informó la Secretaría de Industria. Se menciona en particular la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros, que insumió 2.000 millones de dólares.
5. El ministro De Vido anunció una inversión del orden de los $ 1.000.- millones en los yacimientos carboníferos de Río Turbio hasta 2008. La pérdida de la concesión por parte del empresario Sergio Taselli nunca fue suficientemente explicada
6. Se ha anunciado el final de la empresa de aviación estatal LAFSA, pese a que existen en el presupuesto 2006 casi 6 millones de pesos destinados a dicha empresa, la que cuenta en la actualidad con 60 empleados.
7. Se ha mencionado una posible reforma tributaria que implique gravar transacciones financieras. Esta reforma puede afectar a los fideicomisos financieros, que son fuente simple y rápida de financiamiento a bajo costo, y también puede llegar a tocar a los títulos públicos, un aspecto que históricamente los gobiernos han tratado de evitar en lo posible.
8. Tal reforma tributaria, puede llegar a abarcar otros aspectos, como el mínimo no imponible de Ganancias, el monto exento de Bienes Personales, y cuestiones tales como la tasa de IVA para determinados productos. El presidente Kirchner ha desmentido esta reforma, publicada en el diario Clarín, que como se sabe suele contar con información cercana al gobierno. Cabe suponer que algo habrá, pero no todo.
9. El Banco de la Nación busca estirar los plazos de las colocaciones en plazos fijos hasta 3 años, recurriendo a tasas supuestamente más atractivas en pesos y en dólares, pero por debajo de la inflación esperada en todos los casos.
10. Es probable que el gobierno acepte una mayor inflación y un menor crecimiento, dicen los analistas. Esta idea tiene una base lógica: no es posible seguir creciendo al ritmo de los últimos años sin que los precios y los salarios terminen acercándose al incremento sufrido por los precios mayoristas.
11. El acuerdo con Telefónica ha sido cuestionado por economistas disidentes, se lo ha calificado de poco transparente y en cierto modo es por lo menos llamativo que esta empresa acepte mantener tarifas congeladas sin nada visible a cambio. Se sabe, sin embargo, que el negocio telefónico pasa hoy por la banda ancha y por la telefonía móvil, y que la empresa consiguió extender en forma ilimitada la licencia, además del acceso a otros negocios.
12. En lo que va del mes, el Central ha comprado más de 580 millones de dólares y algo así como 20 millones de euros para sostener el tipo de cambio en torno de los 3,09 pesos. Este valor es un 7% más elevado que el existente en noviembre pasado.
13. El crecimiento del PBI esperado para el corriente año, supera el 7% en la visión de los principales analistas, aunque se sostiene que casi un 4% es arrastre de 2005.
14. En cuanto a la tasa de inflación esperada, algunos la llevan al 15% y otros se mantienen en un valor bastante conservador, cercano al dígito. Nuestra opinión es que la política monetaria sigue siendo expansiva y por lo tanto no será factible evitar que la tasa de costo de vida se aproxime a tal expansividad, de donde deducimos que si la misma es elevada, la inflación será elevada, y eso es lo más probable.
15. Un dato llamativo publicado por el diario La Nación es que el gasto social es menor hoy que el que había en 1994, según cifras oficiales. El informe del INDEC sobre los que más ganan y los que menos lo hacen, comentado en nuestro anterior trabajo, no ha sido del agrado del ministerio de Economía. Y precisamente es allí donde se indica que se gasta un 9% menos que la asignada en 1994 y un 14,3% menos que en 2001. Y también el gasto social está por debajo del promedio de la década pasada.
16. En el caso de Aguas Argentinas, a diferencia de lo ocurrido con Telefónica, no se ha arribado a un acuerdo, y no existe un operador técnico del sistema. El Gobierno ha impulsado el ingreso de empresarios nacionales, como Eduardo Eurnekian o el Banco de Galicia, pero la inversión es muy grande, de modo que es probable que deba hacerse cargo el propio Estado de tal inversión. Falta saber si finalmente Aguas de Barcelona, u otro, acepta ser el operador técnico.

En términos generales la política de acuerdos de precios continuará a ritmo probablemente creciente. Igualmente el Estado prosigue con la política de subsidios y desgravaciones con el objeto de lograr nuevas inversiones para aumentar la oferta de bienes y servicios. Empresas y empresarios van adaptándose poco a poco a este retorno a viejas prácticas, hoy incrementadas por el superávit fiscal que ofrece al Gobierno y a sus más destacados funcionarios (por el cargo que ocupan) la posibilidad de ensayar modelos de ayuda al mismo tiempo que definir sectores o actividades a ser promocionadas. Es allí donde la práctica del lobby se acentúa y profundiza día a día. Se trata de llegar a los ministros que definen las necesidades y prioridades, para alcanzar luego la ayuda necesaria. Es interesante citar por ejemplo el caso del ferrocarril Belgrano Cargas, incluido en la ley de emergencia económica y que pretende ser reprivatizado a manos de un consorcio integrado por Francisco Macri, empresas chinas, el gremio ferroviario y desde ya el propio Estado. En materia ferroviaria, dicho sea de paso, el incremento de los subsidios ante el retraso evidente de las tarifas, se destina casi íntegramente a sueldos. Asimismo el gasoil se subsidia para evitar que suban los boletos de ómnibus y los fletes. El Estado gasta así dinero en sostener una irrealidad, pero no parece ser el objetivo cambiar la situación con vistas a un mejor servicio en un plazo convenido. No. Simplemente parece tirar para adelante la pelota.

El Estado subsidia la generación de electricidad, dado que fuerza a las empresas a invertir sus acreencias en nuevas usinas necesarias para evitar el colapso. El consumo de GNC no parece preocupar demasiado, pese a su bajo costo y a la necesidad de gas creciente. Y las petroleras en general compensan los altos derechos de exportación y el congelamiento de precios local, con menores impuestos sobre las ventas de combustibles al exterior.

Cuando la política económica se ha vuelto intervencionista en un grado de detalle que incluye que los ministros, el presidente de la Nación, y prácticamente toda la plana ministerial a nivel Nacional y Provincial, más los intendentes y asesores a nivel municipal, está bien claro que la continuidad del sistema será un creciente esfuerzo por negociar y acordar precios, producción, subsidios, desgravaciones, créditos blandos, prioridades, etc. Por otra parte, se multiplicarán los esfuerzos por lograr "canastas" de precios de indumentaria, escolares, básica alimentaria, etc. Todo ello en un esquema de creciente participación política y sindical.

Pronto las acusaciones a empresas y empresarios comenzarán a resultar menos útiles políticamente, ya que la población en general termina depositando en el gobierno, cualquiera fuera éste, la responsabilidad máxima de que las cosas puedan trastabillar o incluso dejar de funcionar. Lo ocurrido en Las Heras muestra a las claras lo que decimos. Llega un punto en que de nada sirve acusar a tal o cual grupo empresario, porque es el Estado el que puede y debe fijar las reglas y establecer premios y sanciones. Más aún, o esencialmente, en un modelo intervencionista y de fijación de precios como el vigente.

Lamentablemente no vemos un horizonte de reglas de juego claras que se respeten en el tiempo y que estimulen el ingreso de capitales por medio de la confianza y la seguridad jurídica. Tampoco vemos un gobierno preocupado por la eficiencia del aparato estatal, que sigue tan pesado costoso y torpe como siempre, o más todavía, siendo la principal causa de la enorme presión tributaria que obliga a la desvalorización monetaria como artilugio de competencia. El proteccionismo también viene recrudeciendo de la mano de cláusulas como la de "readaptación competitiva", o de los permisos de exportación.

Veremos, en este marco, qué deparan los acontecimientos en las próximas semanas.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2006

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Economía y tributación
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La decisión de abrir un Registro de Exportaciones para aplicar al mercado ganadero es una respuesta a la falta de acuerdo en materia de precios de la carne. Y más específicamente a la reacción de una dirigente de CARBAP. No por conocidas, las consecuencias de este accionar intervencionista merecen ser revisadas una vez más.

El intervencionismo tiene como objetivo modificar las preferencias del mercado e implica, en definitiva, transferir recursos de unos sectores a otros según la particular visión de los administradores del Estado. Es decir que unos sectores se favorecen mientras otros deben pagar la diferencia. Describir esta consecuencia no es una novedad y es, en este caso, una manera de prologar el comentario que haremos.

Desde hace ya bastante tiempo, el presidente de la Nación en particular el ministerio de Economía, están abocados a lograr los llamados acuerdos de precios con el objeto de evitar las consecuencias de la inflación provocada esencialmente por la política monetaria. Así las cosas, el problema planteado en sector de la carne ha dado lugar a demasiadas controversias acompañadas también de demasiadas declaraciones públicas. En nuestro anterior comentario, referíamos lo expresado por un importante funcionario en el sentido de que al gobierno se le estaba acabando la paciencia , dado que el mercado de las carnes no se comportaba de la manera deseada por los funcionarios.

Los hechos se precipitaron en las últimas horas luego del fracaso del acuerdo con las principales entidades del agro, que pretendían una baja en los derechos de exportación como una forma de compensar con los precios de exportación la merma de valores en el mercado interno, cosa que aparentemente había sido prometida desde altas esferas, para luego dar marcha atrás.

Más allá de que este tipo de acuerdos tienen la impronta de la presión gubernamental para comprimir la inflación generada, lo cierto es que las dificultades de exacerbar la demanda mediante congelamientos o rebajas de precios son evidentes. En materia económica los bienes constituyen una cantidad dada y el precio es el que el mercado paga. Modificar el precio hacia la baja aumenta la demanda más allá de las posibilidades de la oferta, provocando escasez, e incluso mercado negro llegado el caso.

Esto no sólo es válido en el mercado cárnico, obviamente. Estamos asistiendo a una escasez creciente de gas, por ejemplo, como consecuencia de un incremento del consumo provocado esencialmente por el sostenimiento de bajas tarifas (el caso del GNC en los automóviles es elocuente)

Siguiendo con el tema de las carnes, la gota que colmó el vaso fue la declaración de una dirigente de CARBAP que acusó al mismísimo presidente de carecer de materia gris, un poco como consecuencia de los constantes malos tratos que el primer mandatario viene dispensando a todos aquellos, de dentro y de fuera, que no coinciden con sus puntos de vista. En el caso particular de los ganaderos, Kirchner llegó a tildarlos de “avaros”, por ejemplo. Si bien estamos acostumbrados a estos destemples, lo cierto es que termina siendo coherente que tarde o temprano alguien reaccione. Viene a nuestra mente el enfrentamiento entre Alchourón y Alfonsín, en los años 80, por razones parecidas.

Lo cierto es que con acusaciones vacuas o con descalificaciones de tono político no se aumenta la producción de nada ni se bajan los precios.

Apenas 24 horas después de las declaraciones contra el presidente, la ministra Miceli salió a anunciar, en una especie de “conferencia de prensa” que el Gobierno había dispuesto crear un Registro de Exportaciones, que implica en la práctica que cada exportador, en cada exportación deberá pedir permiso a los funcionarios para llevarla a cabo. Queda en el criterio de nuestros lectores evaluar las consecuencias prácticas de semejante medida, que en el anuncio oficial pretende “transparentar” la oferta de carnes para abastecer al mercado interno “a precios razonables”, como reiteradamente señaló la Lic. Miceli.

Una reflexión inicial sería más bien una pregunta. Y tal pregunta es por qué los precios locales no son razonables y para serlo deben ser más bajos que los precios de los mercados internacionales. Es decir por qué razón es necesario acudir a permisos oficiales violatorios de la libertad de comercio al querer vender la producción donde más conviene y al mejor precio posible. O al vender, simplemente. Y la respuesta es que la causa de esta feroz distorsión es el sostenimiento adrede de un tipo de cambio por encima del que correspondería. El gobierno compra y vende dólares a precios elevados artificialmente y pretende al mismo tiempo que los productores locales, especialmente de alimentos, vendan sus productos baratos.

La cuestión obvia sería preguntar por qué razón el dólar es encarecido artificialmente, de manera que todos nosotros ganemos pocos dólares y por lo tanto nos resulte cara no sólo la carne, sino prácticamente todos los productos y en especial las llamadas commodities (bienes de mercados transparentes, como la carne y los granos). Y la razón la hemos esbozado muchísimas veces: el gobierno necesita un dólar alto para poder hacer que el país sea “competitivo”. Al mismo tiempo el tal dólar caro le permite quedarse con la tajada de las retenciones a las exportaciones, un número verdaderamente más que jugoso.

Bien, esto no es para nada nuevo y lo hemos reiterado muchas veces. Lo que sí es novedoso es que se vuelva a recurrir a los llamados “permisos de exportación” de tan triste historia, porque son la antesala de irregularidades de todo tipo, aparte de que terminan siendo grupos de funcionarios quienes deciden qué vender, cómo, dónde y cuándo. Y a qué precio. La violación de la libertad de comercio no es solamente una violación de un principio constitucional, sino que antes bien es la antesala de un autoritarismo oficinesco mediante el cual un grupo de burócratas se arroga el derecho de “tener o no paciencia” y aplicar el látigo donde le plazca.

Más allá de las consideraciones políticas inevitables, y dado que no es nuestra intención de fondo avanzar en opiniones en tal sentido, cabe preguntarse si es así como se pretende generar confianza y estabilidad de las reglas para atraer inversiones. Naturalmente que estamos seguros que no.

La ministra pretende que la carne sea vendida a precios razonables pero los dólares no. Y que los dólares no sean vendidos a precios razonables no es una cuestión menor. Porque la tecnología importada se encarece y los ingresos de todos los habitantes se reducen en moneda dura, al tiempo que se posterga sine die la reforma administrativa de un Estado absolutamente ineficiente y de paupérrima productividad en las esferas en las que le toca actuar.

Ya las voces se han alzado también en el sentido de prohibir las exportaciones de petróleo y sus derivados como consecuencia de la baja de las reservas por la falta de inversiones en exploración y por el alto consumo. Tal vez muy pronto los permisos de exportación terminen extendiéndose a toda la economía, lo mismo que los derechos de exportación. El intervencionismo termina siempre así, dado que una intervención lleva a la otra, y esta a otra más. Porque nunca tocar una variable implica dejar constantes a las demás, y éstas son incontables e inmanejables desde la oficina de un grupo de burócratas.

Llegado a este punto, alguien podrá preguntar si entonces lo ideal es dejar que el mercado se exprese. La respuesta profesional que podemos dar es que el mercado siempre se expresa, aún cuando se lo interviene de mil maneras. Y por eso las consecuencias son inevitables, como reza el viejo dicho aplicado en economía de que “es posible hacer cualquier cosa, pero no evitar las consecuencias”.

Veremos pues, en las próximas semanas o meses, más y más dificultades de abastecimiento y también una merma en la producción de aquellos bienes más sujetos a control, porque es obvio que en tren de invertir es conveniente hacerlo en rubros en los que más o menos uno puede manejarse libremente y sin sujeciones a los humores de nuestros gobernantes.

Los acuerdos de precios logrados en estas últimas semanas han llevado a funcionarios y ministerios enteros, e incluso al propio presidente de la República, a invertir horas y horas de reuniones, estudios, discusiones y aclaraciones, para llegar luego a acordar los precios de cosas francamente nimias, como ser la yerba marca “Mañanita” en paquetes de 500 gramos, o las toallitas femeninas con alitas en envases de ocho unidades. Francamente no nos parece serio.

Porque la seriedad estriba en llevar adelante una reforma administrativa y del sistema tributario tan profunda como necesaria, que viene postergándose una y otra vez al tiempo que se busca culpar a empresarios y empresas que no hacen otra cosa que comerciar en la moneda local, cuyo valor pretende fijar el Estado.

El camino a recorrer puede estar plagado de buenas intenciones. Pero lo juzgamos equivocado desde su inicio, y por lo que lamentablemente vamos viendo, cada vez estamos más convencidos de nuestra convicción.

Buenos Aires, 27 de enero de 2006.

© HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

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