La decisión de abrir un Registro de Exportaciones para aplicar al mercado ganadero es una respuesta a la falta de acuerdo en materia de precios de la carne. Y más específicamente a la reacción de una dirigente de CARBAP. No por conocidas, las consecuencias de este accionar intervencionista merecen ser revisadas una vez más.
El intervencionismo tiene como objetivo modificar las preferencias del mercado e implica, en definitiva, transferir recursos de unos sectores a otros según la particular visión de los administradores del Estado. Es decir que unos sectores se favorecen mientras otros deben pagar la diferencia. Describir esta consecuencia no es una novedad y es, en este caso, una manera de prologar el comentario que haremos.
Desde hace ya bastante tiempo, el presidente de la Nación en particular el ministerio de Economía, están abocados a lograr los llamados acuerdos de precios con el objeto de evitar las consecuencias de la inflación provocada esencialmente por la política monetaria. Así las cosas, el problema planteado en sector de la carne ha dado lugar a demasiadas controversias acompañadas también de demasiadas declaraciones públicas. En nuestro anterior comentario, referíamos lo expresado por un importante funcionario en el sentido de que al gobierno se le estaba acabando la paciencia , dado que el mercado de las carnes no se comportaba de la manera deseada por los funcionarios.
Los hechos se precipitaron en las últimas horas luego del fracaso del acuerdo con las principales entidades del agro, que pretendían una baja en los derechos de exportación como una forma de compensar con los precios de exportación la merma de valores en el mercado interno, cosa que aparentemente había sido prometida desde altas esferas, para luego dar marcha atrás.
Más allá de que este tipo de acuerdos tienen la impronta de la presión gubernamental para comprimir la inflación generada, lo cierto es que las dificultades de exacerbar la demanda mediante congelamientos o rebajas de precios son evidentes. En materia económica los bienes constituyen una cantidad dada y el precio es el que el mercado paga. Modificar el precio hacia la baja aumenta la demanda más allá de las posibilidades de la oferta, provocando escasez, e incluso mercado negro llegado el caso.
Esto no sólo es válido en el mercado cárnico, obviamente. Estamos asistiendo a una escasez creciente de gas, por ejemplo, como consecuencia de un incremento del consumo provocado esencialmente por el sostenimiento de bajas tarifas (el caso del GNC en los automóviles es elocuente)
Siguiendo con el tema de las carnes, la gota que colmó el vaso fue la declaración de una dirigente de CARBAP que acusó al mismísimo presidente de carecer de materia gris, un poco como consecuencia de los constantes malos tratos que el primer mandatario viene dispensando a todos aquellos, de dentro y de fuera, que no coinciden con sus puntos de vista. En el caso particular de los ganaderos, Kirchner llegó a tildarlos de “avaros”, por ejemplo. Si bien estamos acostumbrados a estos destemples, lo cierto es que termina siendo coherente que tarde o temprano alguien reaccione. Viene a nuestra mente el enfrentamiento entre Alchourón y Alfonsín, en los años 80, por razones parecidas.
Lo cierto es que con acusaciones vacuas o con descalificaciones de tono político no se aumenta la producción de nada ni se bajan los precios.
Apenas 24 horas después de las declaraciones contra el presidente, la ministra Miceli salió a anunciar, en una especie de “conferencia de prensa” que el Gobierno había dispuesto crear un Registro de Exportaciones, que implica en la práctica que cada exportador, en cada exportación deberá pedir permiso a los funcionarios para llevarla a cabo. Queda en el criterio de nuestros lectores evaluar las consecuencias prácticas de semejante medida, que en el anuncio oficial pretende “transparentar” la oferta de carnes para abastecer al mercado interno “a precios razonables”, como reiteradamente señaló la Lic. Miceli.
Una reflexión inicial sería más bien una pregunta. Y tal pregunta es por qué los precios locales no son razonables y para serlo deben ser más bajos que los precios de los mercados internacionales. Es decir por qué razón es necesario acudir a permisos oficiales violatorios de la libertad de comercio al querer vender la producción donde más conviene y al mejor precio posible. O al vender, simplemente. Y la respuesta es que la causa de esta feroz distorsión es el sostenimiento adrede de un tipo de cambio por encima del que correspondería. El gobierno compra y vende dólares a precios elevados artificialmente y pretende al mismo tiempo que los productores locales, especialmente de alimentos, vendan sus productos baratos.
La cuestión obvia sería preguntar por qué razón el dólar es encarecido artificialmente, de manera que todos nosotros ganemos pocos dólares y por lo tanto nos resulte cara no sólo la carne, sino prácticamente todos los productos y en especial las llamadas commodities (bienes de mercados transparentes, como la carne y los granos). Y la razón la hemos esbozado muchísimas veces: el gobierno necesita un dólar alto para poder hacer que el país sea “competitivo”. Al mismo tiempo el tal dólar caro le permite quedarse con la tajada de las retenciones a las exportaciones, un número verdaderamente más que jugoso.
Bien, esto no es para nada nuevo y lo hemos reiterado muchas veces. Lo que sí es novedoso es que se vuelva a recurrir a los llamados “permisos de exportación” de tan triste historia, porque son la antesala de irregularidades de todo tipo, aparte de que terminan siendo grupos de funcionarios quienes deciden qué vender, cómo, dónde y cuándo. Y a qué precio. La violación de la libertad de comercio no es solamente una violación de un principio constitucional, sino que antes bien es la antesala de un autoritarismo oficinesco mediante el cual un grupo de burócratas se arroga el derecho de “tener o no paciencia” y aplicar el látigo donde le plazca.
Más allá de las consideraciones políticas inevitables, y dado que no es nuestra intención de fondo avanzar en opiniones en tal sentido, cabe preguntarse si es así como se pretende generar confianza y estabilidad de las reglas para atraer inversiones. Naturalmente que estamos seguros que no.
La ministra pretende que la carne sea vendida a precios razonables pero los dólares no. Y que los dólares no sean vendidos a precios razonables no es una cuestión menor. Porque la tecnología importada se encarece y los ingresos de todos los habitantes se reducen en moneda dura, al tiempo que se posterga sine die la reforma administrativa de un Estado absolutamente ineficiente y de paupérrima productividad en las esferas en las que le toca actuar.
Ya las voces se han alzado también en el sentido de prohibir las exportaciones de petróleo y sus derivados como consecuencia de la baja de las reservas por la falta de inversiones en exploración y por el alto consumo. Tal vez muy pronto los permisos de exportación terminen extendiéndose a toda la economía, lo mismo que los derechos de exportación. El intervencionismo termina siempre así, dado que una intervención lleva a la otra, y esta a otra más. Porque nunca tocar una variable implica dejar constantes a las demás, y éstas son incontables e inmanejables desde la oficina de un grupo de burócratas.
Llegado a este punto, alguien podrá preguntar si entonces lo ideal es dejar que el mercado se exprese. La respuesta profesional que podemos dar es que el mercado siempre se expresa, aún cuando se lo interviene de mil maneras. Y por eso las consecuencias son inevitables, como reza el viejo dicho aplicado en economía de que “es posible hacer cualquier cosa, pero no evitar las consecuencias”.
Veremos pues, en las próximas semanas o meses, más y más dificultades de abastecimiento y también una merma en la producción de aquellos bienes más sujetos a control, porque es obvio que en tren de invertir es conveniente hacerlo en rubros en los que más o menos uno puede manejarse libremente y sin sujeciones a los humores de nuestros gobernantes.
Los acuerdos de precios logrados en estas últimas semanas han llevado a funcionarios y ministerios enteros, e incluso al propio presidente de la República, a invertir horas y horas de reuniones, estudios, discusiones y aclaraciones, para llegar luego a acordar los precios de cosas francamente nimias, como ser la yerba marca “Mañanita” en paquetes de 500 gramos, o las toallitas femeninas con alitas en envases de ocho unidades. Francamente no nos parece serio.
Porque la seriedad estriba en llevar adelante una reforma administrativa y del sistema tributario tan profunda como necesaria, que viene postergándose una y otra vez al tiempo que se busca culpar a empresarios y empresas que no hacen otra cosa que comerciar en la moneda local, cuyo valor pretende fijar el Estado.
El camino a recorrer puede estar plagado de buenas intenciones. Pero lo juzgamos equivocado desde su inicio, y por lo que lamentablemente vamos viendo, cada vez estamos más convencidos de nuestra convicción.
Buenos Aires, 27 de enero de 2006.
© HÉCTOR BLAS TRILLO
Economía y tributación
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