Es interesante resaltar cómo el Dr. Alberto Fernández plantea una falacia respecto de la tasa de inflación en pleno Congreso de la Nación, sin ser controvertido con argumentos serios
Siguiendo el esquema que tan buenos resultados le ha dado al presidente de la República, el jefe de gabinete en oportunidad de su exposición en el Congreso de la Nación hizo referencia a que la tasa de inflación estaba en torno del 8% y que rondaría el 10% a fin de año, cuando muchos habían anticipado que dicha tasa estaría en torno del 20%.
El ministro aplica la metodología de su jefe con absoluta fidelidad. No se trata de resaltar los logros, sino de contrastarlos contra los que se postulan o diagnostican algo diferente, como una manera de marcar el error de otros al tiempo de resaltar el éxito propio.
Sin embargo, la falacia está tan a la vista en este caso que cuesta creer que no se haga notar debidamente. O tal vez no cuesta nada creerlo, dados los tiempos de "aprietes" sistemáticos que corren.
El ministro se refiere a la tasa de inflación pero utiliza para medirla el llamado Indice de Precios al Consumidor, que en realidad es una ponderación de 3.000 productos agrupados en 47 ítem que en general se encuentran sometidos a las presiones gubernamentales que constituyen genuinos y descarados controles de precios, aunque el gobierno se niega a reconocer que es así. Y no sólo eso sino que señala públicamente lo contrario, incluso en el Exterior, como acaba de hacerlo hace un mes el propio Presidente en oportunidad de su visita a Nueva York.
Los precios que integran esa "canasta" son apenas algunos de algunas cosas dentro de la economía en su conjunto. Y tales precios se encuentran, como decimos, absolutamente controlados por el Estado. Al punto de que el propio presidente suele insultar y descalificar a los productores de tales bienes cuando no obedecen. O en su caso lo hace un funcionario de segundo orden como el secretario de comercio. Tales precios se encuentran sometidos a presiones del tipo de prohibir por resoluciones ministeriales el derecho de comerciar libremente (como las exportaciones de carnes o vidrios), enviar piqueteros luego de azuzar a la población para que boicotee estaciones de servicio, emitir resoluciones con efecto retroactivo para que una petrolera no pueda comercializar un gas oil "súper", mantener por años congeladas en pesos devaluados tarifas de servicios y combustibles, etc. etc.
La ponderación de precios a que nos referimos, constituye una "muestra" de lo que se supone consume una familia tipo en un mes, y se mantiene invariable cualquiera sea la oscilación de precios relativos, efecto éste último que nada tiene que ver con la inflación, que por definición es "la suba generalizada de precios", y no un cambio de precios relativos motivado por razones estacionales, políticas o de cualquier otro orden, incluso internacionales en muchos casos.
Fernández, además, se cuidó mucho de referirse a los precios de la llamada "inflación subyacente", es decir aquellos precios que no se encuentran bajo el control estatal y por lo tanto funcionan libremente. En estos casos, la tasa promedio de inflación estimada oscila entre el 15 y el 20% efectivamente para todo el año 2006.
Los "precios acordados con el gobierno" y que no reciben los descuentos que los supermercados otorgan los fines de semana, por ejemplo, integran la lista del éxito gubernamental. Un éxito que nos recuerda a aquellos "paros generales" donde la gente en su mayoría no salía de sus casas por miedo, no por adhesión, situación que era presentada como exitosa. Fernández cree que frenar artificialmente la suba de algunos precios constituye un éxito y una demostración de que quienes no opinan como él o como su jefe están profundamente equivocados y por lo tanto no deben ser tomados en cuenta. Sin embargo, precisamente por tener que salir a controlar, perseguir, boicotear, insultar, agraviar, descalificar, presionar, sancionar impositivamente y demás a los proveedores de tales bienes controlados, queda por demás demostrado que de no ser así los precios subirían. Lo cual equivale a admitir que para que la "inflación" no se manifieste, hay que prohibirla. Una incongruencia que afecta seriamente a la inteligencia, y de la cual nadie parece tomar debida nota.
El país asiste una vez más al viejo esquema de "inflación reprimida" cuyo máximo exponente fue la llamada "inflación cero" de José Ber Gelbard en los años 70. Este ministro de economía creía que con sacar una foto a la economía y congelar todo como si el mundo se hubiera detenido en ese punto una sola vez y para siempre, se resolvía el problema inflacionario de un Estado que no trepidaba en emitir más y más moneda cada vez que las cuentas no cerraran.
Hoy en día no son pocos los economistas que sostienen que no se desatará una inflación exagerada porque existe superávit fiscal. Es probable que así sea, pero nosotros no estamos tan seguros, porque el Estado argentino sigue emitiendo grandes cantidades de moneda para mantener alto a propósito el tipo de cambio. Un absurdo económico difícilmente compatible con la austeridad republicana y la moneda sana que una nación seria requiere para funcionar.
El avance económico logrado hasta hoy se debe a la megadevaluación y a que la estabilidad anterior no desató un brote inflacionario de proporciones siderales, como ocurría con anterioridad. La gente se había acostumbrado a una estabilidad monetaria a tal punto que muchos jóvenes no tienen aún hoy idea de lo que era la Argentina de la segunda mitad de los 80 y comienzos de los 90 en materia inflacionaria. El acompañamiento de ciertos precios internacionales (las llamadas commodities, esencialmente) favoreció notablemente la recuperación, mientras ciertos sindicalistas en connivencia con el gobierno evitan que los salarios se disparen, al tiempo que desde ese mismo gobierno se sostiene que la suba de salarios no es inflacionaria. No lo es, pero se la controla por las dudas.
El esquema económico seguido tiende a sostenerse con devaluaciones progresivas, bajos salarios y cierre de importaciones competitivas. Por eso los "precios locales" no pueden ser nunca los internacionales, ya que estos últimos funcionan en un mundo que aspira a ser competitivo per se, y no a través de artilugios monetarios. Países como Chile o Brasil así lo hacen, y con bastante éxito por cierto.
De manera que cuanto más transparentes son los mercados, más dificultoso resulta intentar que los precios locales se mantengan muy por debajo de los internacionales, por eso entre otras cosas la necesidad de prohibir exportaciones.
En definitiva, la expresión política del gobierno que constituye la declaración pública en el Congreso de la Nación del jefe de gabinete no se corresponde con la realidad, se detiene en vapulear sin fundamento técnico a quienes pronosticaron una tasa de inflación superior a la que muestran los índices de precios controlados por el Estado, y finalmente se pierden en rispideces de las cuales parece surgir que los grandes lineamientos de la economía del mundo están equivocados y que nuestros gobernantes son los encargados de enseñarle a todos dónde está la verdad. Y la verdad, según los mismos ojos de nuestros gobernantes, está en agredir a opositores, retrucar sin fundamentos, acusar a empresarios y comerciantes, controlar precios, prohibir ventas al exterior de productos, comprar dólares a precios que la propia ministra de economía señala están un 30% por encima de los reales, aplicar sancionatoriamente derechos de exportación, otorgar o no subsidios de manera arbitraria a algunos sectores elegidos, etc.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2006
HÉCTOR BLAS TRILLO
ESTUDIO
HÉCTOR BLAS TRILLO
Economía y tributación
Godoy Cruz 2870 – 1425 Buenos Air