Politica Económica Argentina

Empecemos por romper el hielo: Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, ha llevado adelante una serie de medidas calificadas de ortodoxas para intentar poner en caja la expansión monetaria y el tipo de cambio. Punto.


Para ello ha recurrido a la suba de las tasas de interés por encima del 30% anual en las colocaciones de LEBACS y a la exigencia de que los bancos salieran a desarmar sus posiciones en moneda extranjera, logrando de tal modo que por un lado se produjera una oferta adicional de dólares y por el otro una tasa de interés atractiva en pesos que redujera la demanda de moneda extranjera.

Adicionalmente, la colocación de LEBACS a tales tasas conformó la tercera pata del trípode “secando” la plaza de buena parte de los pesos emitidos para hacer frente a un gasto público claramente desmadrado.

Mucho se ha dicho sobre el presidente del Banco Central por estas horas. Especialmente desde sectores políticos vinculados al izquierdismo pueblerino que agobia todavía hoy a una clase dirigente culposa y poco profesional. Así las cosas, Fábrega ha sido etiquetado como conservador y neoliberal, sambenitos ambos que constituyen lapidarias descalificaciones en el entramado del progresismo nacional. Una deforme ubicación ideológica que hoy por hoy es una mezcla de lo que alguna gente quiere escuchar y de lo que otra gente prefiere esconder bajo la alfombra.


Porque lo cierto es que las medidas de este profesional de las finanzas son absolutamente intervencionistas y contrarias a toda forma de libertad económica, lo cual es más que obvio. Son medidas acertadas en un marco de un régimen que interviene en todo al punto de mandar a la gente a vigilar precios con teléfonos celulares. Por lo tanto resulta por lo menos útil señalar que acá, de libertades económicas, nada. Y por ende, de liberalismo, neoliberalismo o el mote que se les ocurra poner a los publicistas de la política, no existe el menor indicio. Antes bien, claramente es todo lo contrario.

Hemos señalado en otros trabajos que la actitud de Fábrega ha permitido normalizar el tipo de cambio y ha frenado la presión sobre los precios, lo cual permite ganar tiempo y abrir el camino para la toma de decisiones trascendentes en materia de déficit fiscal y freno de la escalada inflacionaria.

Pero el ministro Kicillof está claramente en otra cosa. Preocupado por lo que pasa en la AFSCA o en montar un show en la asamblea del grupo Clarín, pasa sus horas en una especie de limbo creyendo, tal vez, que ya está todo resuelto.


Desde las usinas de propaganda de la agencia Télam y del canal oficial de televisión, se ha montado el discurso de que el gobierno “doblegó” la especulación contra el dólar, por ejemplo. Una increíble estupidez que puede servir como propaganda para la gilada, pero que de ninguna manera puede ser tomada como válida por un equipo económico serio y preocupado por el futuro cercano.

Porque la “calma chicha” sobre el tipo de cambio terminará pronto si no se hace nada. Las horas son siglos, señores. Bajemos por favor a la realidad.

Tendremos ahora el ingreso de divisas de la exportación de la cosecha gruesa, es decir una nueva oferta de dólares para los próximos dos meses.

Pero ya la calificadora Moody´s le ha bajado la puntuación a la deuda argentina, con argumentos verdaderamente dramáticos, como por ejemplo la merma de las reservas prácticamente en caída libre y a las poquísimas opciones de financiamiento. Sin duda ocupa un lugar en esta baja de la nota, la descapitalización de los bancos (por tener que salir a vender sus dólares y poner en riesgo mayor sus activos) o la concatenación entre el sostenimiento de las instituciones financieras y la deuda del Estado. En otras palabras: porque los bancos ven deteriorada su situación patrimonial y encima sus activos pasan a estar en pesos o, lo que es peor, en títulos del Estado nacional, cuya garantía de cobrabilidad es puesta en duda hacia el futuro. Moody's redujo las notas de fortaleza financiera y evaluación del riesgo crediticio de 24 bancos argentinos, disminuyó la nota en depósitos en moneda local de 26 instituciones financieras y bajó las calificaciones de emisor a dos entidades.

Mientras tanto, el ministro Kicillof está estudiando la manera de bajar o quitar los subsidos al consumo hogareño de gas y electricidad; una cuestión que puede resultar importante pero que sin duda no cambiará la historia del gasto público desmadrado de un Estado cada día más ineficiente y dispendioso.

Los subsidios no alcanzan al 10% del total del gasto, que asciende a 1,2 billones de pesos. Estos subsidios en particular se estiman en una cifra cercana a los 100.000 millones de pesos. Es un número, pero tampoco es la panacea.

Por lo demás, las buenas prácticas en economía señalan que los subsidios, suponiendo que sean beneficiosos, deben ser quitados en tiempos de bonanza, y no cuando la situación se ha vuelto complicada. Está claro que en estos momentos en los que el gobierno trata de limitar las exigencias sindicales para que los salarios pierdan su poder adquisitivo creciendo menos que la inflación, al mismo tiempo que se devana los sesos para ofrecer al público algunos precios “cuidados” que mellen el efecto inflacionario que todos vemos producirse cada vez que vamos al supermercado; pretender quitar más poder de compra a los salarios volcándolo al pago de servicios domiciliarios habrá de provocar un cimbronazo importante en la demanda agregada de bienes y servicios. O sea, en castellano, un mayor enfriamiento de la economía. Parar la inflación enfriando la economía sí que es una medida ortodoxa, ¿no?. Y por lo visto será llevada a cabo por un ministro que se autocalifica de progresista. Pero más allá de la chicana ideológica, lo cierto es que la quita de subsidios a los consumos domicilarios es un paliativo pero de ninguna manera resuelve el problema.

Porque para equilibrar el gasto con los ingresos hace falta bajar mucho más el gasto público.

Piénsese que de la cifra apuntada de 1,2 billones prácticamente la mitad son sueldos y cargas sociales que paga el Estado. Una cifra pavorosa destinada al sector público, que no ha dejado de crecer en estos casi 11 años de gobierno del matrimonio Kirchner. Todo lo demás, incluyendo el famoso “Fútbol para todos” es cierto que también suma lo suyo, pero no es el fondo del problema. Estamos hablando de cifras del orden de los 400.000 millones por lo menos, que hay que apuntar a reducir o a financiar de algún modo que no sea con emisión de moneda.

El despilfarro de todos estos años debe cesar, y debe hacerlo rápidamente. Por eso, al menos por lo que trasciende, existen entredichos entre Kicillof y Fábrega. Porque al parecer el ministro ha creído que con un par de medidas ortodoxas del Central, encontró la luz. Y claramente esto dista de haber ocurrido.

Fábrega ha ganado tiempo, solamente eso. Ha creado un manto de tranquilidad y un dólar estable mientras la inflación de febrero ha sobrepasado el 3%, lo mismo que la de enero. Muy pronto el efecto beneficioso de la devaluación habrá pasado y la demanda de divisas volverá a acentuarse. Ello sin contar el hecho de que el superávit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) viene cayendo todos los meses pese a las dramáticas restricciones a las importaciones.

Y precisamente, como también hemos señalado en otras oportunidades, es obvio que la limitación a las importaciones de insumos afecta la producción. También el impuesto interno a los automóviles afecta, junto con la devaluación, al mercado automotor, que ha caído dramáticamente en estos dos meses y medio que van del año. Sigue deprimido el mercado inmobiliario y se notan los efectos de la inflación en la capacidad de compra de bienes y servicios, a su vez constreñida por el encarecimiento del crédito y la reducción de la cantidad de cuotas.

Muchas veces nos hemos referido a estos temas. Muchas veces hemos señalado que la inflación no es un problema de precios que suben, sino de moneda que pierde su valor. Muchas veces hemos marcado que cerrar las importaciones para evitar la competencia externa tiene como efecto fundamental hacer subir los precios de los bienes producidos localmente y de bajar su calidad. Muchas veces hemos señalado que aquel superávit primario logrado luego de la devaluación de comienzos de 2002 no debía volcarse al pago el gasto público porque en verdad era el producto de una subvaluación del peso (el famoso sostenimiento mediante ardides emisionistas del llamado “dólar recontraalto”).

El gobierno está intentando evidentemente recomponer su situación ante el CIADI, ante el FMI, ante el Club de París, ante Repsol, ante los llamados fondos buitre. Está intentando lograr fuentes de financiamiento, señores, esta es la realidad. Está intentando hacer buena letra para que alguien nos preste plata, o algún trasnochado venga a poner miles de millones en Vaca Muerta o en la minería. O reflote el proyecto la brasileña Vale. O, en definitiva, que vengan dólares de algún lado.

Lo hace mientras sigue sosteniendo el cepo cambiario, o intenta con fórmulas difusas y complejas bajar el gasto público en un porcentaje mínimo con una quita de subsidios en un momento inoportuno que generará más rispideces a nivel social.

La pregunta es si con la propaganda vamos a cambiar la historia o si realmente Kicillof, Capitanich o la propia presidenta se han creído que esto es suficiente.

Y nuestra opinión a estas alturas es que tanto Cristina como Kicillof se lo han creído. Que no es solamente propaganda para la tribuna. No. Se han creído que ya está, que con esto está bien y que le torcieron la mano al mercado, como repiten en sus diálogos onanistas.

Equivocarse nunca es bueno, pero no hay nada peor que creérsela. Y esto es lo que lamentablemente está pasando en esta hora crucial. Se la han creído

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 23 de marzo de 2014