A lo largo de la historia ocurrieron sucesivos procesos de centralización/descentralización de políticas, en diferentes regiones y contextos históricos. En América Latina, el proceso centralista se desarrollo durante la mayor parte del siglo pasado, llegando a su apogeo en la década del 50. Si bien el centralismo tuvo puntos positivos en materia de integración nacional, cobertura de servicios básicos e industrialización; también tuvo un efecto asimétrico sobre el crecimiento económico derramándolo sobre unas pocas regiones de los países de AL (las llamadas asimetrías regionales).(Finot, 2001) Este paradigma concluye con una secuencia de hechos claves: el cambio en la política exterior estadounidense hacia los gobiernos latinoamericanos Apoyo a los procesos democráticos y, fortalecimiento de los derechos humanos y ciudadanos. (Jimmy Carter) y la Crisis de Deuda de 1982 que termina por instaurar como tendencia consolidada la necesidad de la descentralización como forma de ordenamiento político-administrativo-financiera de los estados.
La crisis del Centralismo fue en esencia una crisis de eficiencia traducida en un endeudamiento externo creciente, que alimentaba déficits en las cuentas gubernamentales. Conjuntamente con esto la administración estatal se fue complejizando, haciéndose opaca y poco accesible a cualquier forma de participación; esto a su vez, fue favoreciendo al clientelismo y la corrupción. Esta dinámica de gobierno centralizado generó un esquema de decisiones cerrado y progresivamente excluyente. Dicha extrema exclusión política por un lado y la creciente inflación como agregado condujeron finalmente a la caída del centralismo y a la crisis de gobernabilidad. La etapa post crisis se caracterizó por la reactivación económica junto con la recuperación y afianzamiento de los valores democráticos. Se instauró la necesidad entre los gobernantes latinoamericanos de reducir el tamaño de los gobiernos centrales y descentralizar las decisiones hacia iniciativas locales y personales, como estrategia sostenible para el desarrollo La CEPAL (1990) resalta este objetivo como clave para la transformación productiva que requiere de la coordinación público-privada en escenarios locales que generen innovación. En estos términos, . Para las mayorías que resistieron a las dictaduras este proceso no solo implicaba la reinstauración democrática, ellas comenzaron a propugnar por el derecho a participar en la toma de decisiones públicas. Este impulso participativo se convirtió en uno de los ejes de la gobernabilidad en la política latinoamericana. Objetivos sociales que se concurrieron con este pensamiento fueron: reducción de la pobreza y la lucha contra la desigualdad social.la descentralización como política de Estado resulta imprescindible
(Baiser, 1992).