LA POLITICA ANTE LA CRISIS ALIMENTARIA
Frente a la coyuntura del alza internacional de los precios de los alimentos y de los energéticos, el Ejecutivo Federal, en días recientes, expuso una serie de medidas en el ámbito de la producción, comercialización y distribución de alimentos. De estas medidas se vislumbra que para enfrentar el entorno adverso de opta por la reducción de aranceles para la importación de alimentos y de insumos derivados del petróleo. En una primera aproximación, al revisar tales medidas, surgen algunas preocupaciones porque también se propone elevar la producción local para bajar los costos de producción, mediante un programa de apoyo a la infraestructura agrícola y al mejoramiento de la eficacia en los sistemas de transporte y de distribución como una manera de fortalecer los mercados locales.
EL LEGISLATIVO ANTE LA CRISIS ALIMENTARIA
El Poder Legislativo Federal es uno de los tres poderes en que nuestra Constitución Federal deposita el ejercicio de la Soberanía Nacional. Los representantes populares que la integran, tiene como función sustancial iniciar procesos legislativos que actualicen y perfeccionen el orden jurídico de tal manera que se adecuen a las necesidades sociales; asimismo, aprobar el presupuesto de egresos y revisar la cuenta publica, funciones estas dos que realizan a través de la Cámara de Diputados. En el ejercicio de sus funciones los legisladores tienen el deber de ajustar sus actos a los mandatos del orden jurídico pero también tienen el compromiso de responder a los problemas sociales. Hoy en día, uno de esos problemas es la crisis alimentaria que se manifiesta en muchas partes del mundo y que amenaza con presentarse de una manera fuerte en nuestro país. Ante este hecho los poderes públicos, y el Congreso de la Unión en particular, tienen la obligación de tomar medidas para evitar los efectos de la crisis alimentaria mundial en nuestro país.
Para estar en condiciones de lograr todo lo anterior es indispensable conocer el estado que guarda la producción y distribución de alimentos en nuestro país, los programas institucionales y, sobretodo, el estado de la legislación en esta materia, que es la actividad donde el Congreso de la Unión puede incidir de manera directa.
RETOS ANTE LA CRISIS ALIMENTARIA EN MEXICO
Uno de los retos que México tiene que afrontar es el superar las medidas superficiales, el gobierno mexicano ha tomado medidas para subsanar esta crisis, pero estas no se caracterizan precisamente por atajar el problema de raíz, además de que en ocasiones las decisiones dentro del gabinete son contrapuestas. Veamos dos ejemplos: los pactos para detener los precios y el caso de los agro combustibles.
En un esfuerzo para contener el alza de los precios de consumo básico, el Presidente Felipe Calderón anuncio la creación de un pacto del Gobierno Federal
con algunos sectores para detener el aumento. Un pacto que fue suscrito solo por los sectores industrial y comercial, pero en el que estuvieron excluidos los agricultores. Los industriales, quienes fungen de intermediarios entre productores y comercializadores, condicionaron mantener bajos los precios al comportamiento de los mercados internacionales de insumos productivos.
Paralelo al efecto, el Gobierno Federal anuncio que continuaría la importación de maíz, arroz y frijol de EEUU. Justificando el abastecimiento de alimento nacional, esta medida ha provocado especulación en los precios nacionales; coloca en una situación de fragilidad el pacto para detener el alza y encarece los insumos productivos de los que dependen los campesinos.
Estas medidas, han sido fuertemente criticadas por organizaciones campesinas. Estas han salido a la calle a manifestar su demanda por apoyos productivos a los pequeños y medianos campesinos, así como para la articulación de cadenas productivas locales que incentive un mercado menos dependiente de las importaciones y mas dependiente de los productos nacionales. En 2007 se alcanzo el máximo nivel histórico de dependencia de estas importaciones: 39% por granos de consumo y 20% por cárnicos.
El segundo caso refiere al del agro combustible. Mucho se ha argumentado que parte de los problemas que detonaron la crisis alimentaria, fue la especulación y los altos precios del maíz causados por el uso de este en la producción de bioetanol. En este sentido, el Gobierno Federal se ha pronunciado al respecto en distintas ocasiones y con diversos mensajes, dando la impresión de que dentro del Gabinete no hay consenso al respecto.
En 2007, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados emitió una iniciativa de Ley para la Promoción y Desarrollo de los bioenergeticos orientada casi exclusivamente al desarrollo de agro combustibles y no al aprovechamiento integral de la bioenergía, tal como lo denunciaron en su momento diversas
organizaciones que demandaron ampliar el sentido de la propuesta. El presidente con el respaldo de su Secretario de Medio Ambiente, veto la iniciativa por considerarla limitada a fomentar la producción de bioetanol y biodisel a partir de maíz y caña, apuntando a buscar una estrategia para el aprovechamiento de la biomasa.
Con el veto, se asesta un golpe clave al sector agroindustrial principalmente sinaloense que había cabildeado con el Presidente de la Comisión de Agricultura quien fue el que emitió la iniciativa para intentar canalizar para la producción de etanol para la exportación los recursos ya existentes en el Presupuesto Federal destinados a bioenergía.
Autor: Lic. Marcos Morales Martinez
Febrero de 2009