Blog de Aldo Abram

Condicionada por el mundo, la politica marca el rumbo en 2011

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE). Director Ejecutivo de “Libertad y Progreso”

El contexto político local tendrá un impacto negativo inevitable

En 2011, en la Argentina habrá elecciones presidenciales; lo cual no es un hecho menor. Desde que volvimos a la democracia, cada vez que el Poder Ejecutivo pierde una elección legislativa, la incertidumbre política tiende a incrementarse hasta los comicios presidenciales. Por eso, es un error hablar de una crisis política coyuntural; ya que, en realidad, tiene que ver con una decadencia institucional que lleva décadas.

En los países serios, las políticas de Estado se fijan en el Congreso. El Poder Ejecutivo busca consensos entre los legisladores para aprobar las soluciones a los problemas de la gente. Cuando una ley se sanciona, el que está en el gobierno la ejecuta y, cuando la oposición llega al poder, la mantiene porque fue parte de su gestación. Esto permite tener reglas de juego a largo plazo que son vitales para consolidar un rumbo de desarrollo económico.

En la Argentina, cada cuatro años, elegimos un líder iluminado que nos salvará de nuestros problemas. En línea con esta cultura, los parlamentarios delegan su rol en el PEN y éste es quien fija las políticas de largo plazo, que serán cambiadas cuando asuma otro gobierno al que se le delegarán esas mismas facultades. Por ende, no hay políticas de Estado que duren más que el presidente de turno en el poder.

Como los argentinos y extranjeros sabemos que, aquí, las elecciones presidenciales significan una apuesta a “cara o ceca”, en el período previo siempre se produce una fuga de capitales. Es decir, por temor, bajamos nuestro gasto e inversión, sacamos nuestros depósitos de los bancos, desfinanciando la economía, y compramos dólares que mandamos al exterior o guardamos en el “colchón”. Por lo tanto, la demanda interna tiende a bajar y, con ella, la producción local de bienes y servicios; lo cual deriva en tendencias recesivas.

El nivel de liquidez internacional determinará el costo a pagar.

Dada la incertidumbre política local, cuán fuerte será la salida de capitales dependerá de lo que suceda en el exterior. Si el costo de la fiesta monetaria que lideró la Reserva Federal durante 2002-2008 se hubiera pagado al “contado”, con una caída profunda del nivel de actividad y desempleo, la reactivación y el aumento de los puestos de trabajo hubieran sido rápidos. Sin embargo, para moderar los costos económicos y sociales de la crisis, los países afectados optaron por implementar políticas monetarias y fiscales expansivas. El problema es que, cuando llega la recuperación, estos incentivos artificiales deben empezar a desarmarse y eso modera la salida, manteniendo en el tiempo tasas de desempleo altas.

Ahora, habrá que ver si los países desarrollados son capaces de enfrentar un proceso lento de mejora de la producción, el empleo y los mercados o intentarán “cebar la bomba” con más emisión de moneda y gasto público. En la Argentina, si el “pago en cuotas” del ajuste mundial remanente coincide con el período preelectoral, la fuga de capitales se potenciará y nuestras exportaciones se verán afectadas por una menor demanda externa y caída de los precios. Por lo tanto, tendremos un segundo semestre de 2011 con tendencias recesivas; luego de una primera mitad de año de desaceleración.

En tanto, si como parece cada vez más probable, la Reserva Federal vuelve a inundar el mundo de liquidez para incentivar su economía, la salida de recursos será moderada y podremos abastecerla más cómodamente, gracias al aumento de precios y de las posibilidades de colocar nuestras exportaciones. Por lo tanto, las tendencias recesivas serán menores y solamente tendremos una desaceleración moderada del nivel de actividad. Lamentablemente, esto incentivará la generación de burbujas en las economías emergentes y, cuando estallen, los costos sociales y económicos serán graves; pero no parece que vaya a suceder en 2011.

La inflación un problema que seguirá inflándose

En tanto, la inflación tenderá a ser un problema cada vez mayor. Para entenderlo, primero expliquemos de qué se trata. La moneda es un bien como cualquier otro. Tiene un productor (monopólico) que es el Banco Central y gente que la demanda, porque les facilita hacer transacciones, les sirve para atesorar y, también, como unidad de cuenta. Si los oferentes de trigo producen más de lo que la gente demanda, cualquiera sabe que su precio bajará. Si esto sucede con la emisión de pesos, pasará lo mismo. Ahora, si su valor se reduce, quiere decir que el “metro” con el que valuamos todos los bienes y servicios de la economía se está achicando y lo que midamos con él tenderá a “agrandarse”; aunque su tamaño siga siendo el mismo. Por lo tanto, lo que veremos es una “suba generalizada de precios”. Desde mediados de 2009, cuando tocó su mínimo desde 2007, la inflación pasó (estimaciones de CIIMA-ESEADE, www.ciima.org.ar) de menos de 13% ia., a casi 15% a fines de ese año y a 25% para todo 2010. Esto implica que el “metro” se está achicando, es decir que el valor del peso está cayendo. Por lo tanto, es obvio que el Banco Central está produciendo más moneda de lo que la gente quiere. Entonces, cabe preguntarse por qué lo hace.

La autoridad monetaria está incrementando fuertemente la emisión de pesos para financiar al gobierno, comprar dólares para que su valor no caiga internamente y dar créditos baratos a sectores privilegiados. Todo esto implica cobrarle a la gente un creciente “impuesto inflacionario” que esmerila los ingresos de los argentinos. En la medida que éstos suben mucho por el fuerte aumento de la producción, la sensación es de una estresante carrera entre precios-salarios que, por el momento, la mayoría cree ganar. No todos, porque los sectores de menores ingresos y los que no pueden variarlos en plazos cortos, están entre los perdedores.

Durante 2011, las transferencias del Banco Central al gobierno serán aún mayores, dadas las necesidades de gasto electoral, seguirán las compras de divisa para sostener el tipo de cambio y las políticas de préstamos sectoriales. Por ende, el ritmo de emisión de pesos no será menor que el actual y cuanto más se desacelere la economía, menos subirán los ingresos; por lo que más se sentirá, en los bolsillos de la gente, el “impuesto inflacionario” (que superará el 28%).

El tipo de cambio y la competitividad

Para muchos, es incompatible tener altos niveles de inflación con un tipo de cambio subiendo lentamente. Esto no es así; ya que, al usarse como referencia el dólar, dependerá de lo que esté pasando con el valor de esta moneda en el mundo. La divisa estadounidense ha venido depreciándose fuertemente en los últimos tiempos; por lo que el Banco Central argentino ha tenido que comprar divisas para sostener su precio local. Para hacerlo, emite pesos y deprecia su valor a igual o mayor velocidad que el dólar.

Esto explica por qué países como Brasil aumentan sus exportaciones tanto como la Argentina; mientras su tipo de cambio ha estado bajando y el nuestro subiendo. Cabe recordar que la inflación en el primero ronda el 5% y, en el segundo, se acerca al 30%; por eso no extraña que los empresarios lo sientan en sus ganancias.

El impuesto inflacionario lo paga el conjunto de la sociedad y, por supuesto, incluye al sector productivo que, para compensar la pérdida de competitividad que este aumento de costos implica, reclama el aumento de la cotización local del dólar. Sin embargo, el Banco Central sólo puede aumentar el tipo de cambio comprando más dólares con más emisión, disminuyendo el valor del peso. De esta forma, es cierto que el incremento del valor de las divisas extranjeras en el mercado local disminuirá lo que los productores pagan de impuesto inflacionario. Sin embargo, todo lo que ellos dejen de abonar, más el aumento de dicho tributo necesario para comprar reservas, deberá afrontarlo el resto de la sociedad con un aumento de la inflación, especialmente el sector de menores ingresos. Como vemos es una solución sumamente injusta.

La Constitución Nacional: la verdadera solución a los problemas argentinos

La única respuesta a los permanentes procesos inflacionarios de la Argentina es que el Banco Central esté bajo la órbita del Congreso y que recupere el rol de fijar el valor de la moneda que le dala Constitución Nacional. Dadoque el precio del peso es la contracara de su poder adquisitivo, lo podría hacer fijando un rango de metas de inflación que el BCRA debería cumplir. Así, la legislatura asumiría otra función indelegable según nuestra Carta Magna: determinar los tributos que debemos pagar los contribuyentes, en este caso el “impuesto inflacionario”. El Central tendría independencia para gestionar los instrumentos para cumplir los objetivos planteados y, al final de cada período, debería rendir cuenta ante el Parlamento. Para ello, sería bueno que este último controlara al INDEC, responsable de medir el índice de precios al consumidor; por lo que sería un paso importante que se apruebe el proyecto de ley que, en ese sentido, se está debatiendo actualmente. La única forma de recuperar la credibilidad del INDEC es sacarlo de la órbita del Poder Ejecutivo, que la destruyó con la intervención del organismo y los “dibujos” de sus datos desde 2007.

Al disminuir la inflación a niveles razonables, los empresarios podrán planear mejor y eso los incentivará a invertir más; lo cual incrementará la eficiencia de la economía argentina. El aumento de la productividad es el verdadero sostén de la competitividad y de los aumentos de salarios de los trabajadores.

Tener reglas de juego de largo plazo, también, es fundamental para atraer a los emprendedores y motivarlos a crear riqueza y empleo en nuestro país. Sin embargo, vimos que las políticas de Estado no existen en la Argentina. La única forma de que esto suceda es mejorando la calidad institucional y, lamentablemente, no estamos haciendo bien los deberes.

El Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (www.ciima.org.ar) realiza todos los años un índice de calidad institucional para 192 países del mundo. Desde 2007 y, hasta 2010, Argentina ha perdido 25 lugares, ubicándose en el puesto 120, y sólo cinco países perdieron más lugares (Islas Salomón, Kiribati, Maldivas, Senegal y Bolivia). En tanto, entre los 36 países de América, se ubica en el puesto 28.

Queda claro que los argentinos debemos dejar de creer que nuestros problemas los resolverá mágicamente un líder iluminado al que votamos como Presidente cada cuatro años. Debemos asumirnos como ciudadanos y elegir a nuestros representantes para los distintos cargos de acuerdo a su honestidad, capacidad y a que sus ideas nos parezcan las mejores para nosotros, nuestra familia y nuestro país. Luego, hay que controlar que actúen de acuerdo lo que han comprometido y que, cada uno, Presidente y legisladores, actúen según el rol y dentro de los límites para el ejercicio del poder que establece la Constitución Nacional. Para bregar que estas restricciones se cumplan está la Justicia que, si bien no gobierna, debe garantizar que los funcionarios no se excedan en el ejercicio del poder delegado por los ciudadanos.

Conclusión, si cumpliéramos con lo que mandala Constitución Nacional, los argentinos nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. Por eso es importante que, cada uno, asuma la responsabilidad cívica que le corresponde. Si seguimos actuando cómodamente como súbditos de los gobiernos de turno y no como ciudadanos, no nos quejemos y no le echemos la culpa de los resultados a nuestra dirigencia política.

La evolución del saldo positivo del balance comercial de 2010 generó cierta “preocupación” debido a que fue cayendo a lo largo de todo el año (en total 29%), a pesar de un fuerte crecimiento de las exportaciones (23% ia.). Por supuesto, se le echó la culpa al fuerte incremento de la importaciones (46% ia.). Esto me hizo acordar a lo sucedido a finales de 2008 cuando la mayoría de los analistas económicos proyectó una baja de las exportaciones argentinas, por la crisis internacional que hizo bajar sus precios; por lo tanto, como ingresarían menos divisas, apostó a un descenso del superávit del balance comercial para 2009. Sin embargo, terminado este último año, a pesar de que las ventas al exterior cayeron más de lo esperado, se encontraron con un aumento de dicho resultado comercial positivo (34%). Si entendemos por qué fallaron estas estimaciones, también comprenderemos por qué no es necesariamente preocupante lo sucedido con las importaciones en 2010.

El balance de pago, del que forma parte la cuenta comercial, es el reflejo contable de las relaciones económicas de los residentes de un país con los del extranjero. Algunos interpretan que las naciones pueden decidir importar y tener crisis de balance de pagos debido a que no encuentran, luego, el financiamiento para su gasto. Con tipo de cambio libre (ya sea fijo o flotante) esto no es así. Ninguna persona puede gastar más de lo que le ingresa, menos lo que ahorra, más lo que le prestan; por lo que a las naciones les pasa lo mismo. Es decir, cualquiera de nosotros, para poder gastar más de lo que tenemos (en el caso de un país, déficit en la cuenta corriente y en el balance comercial), deberíamos poder desahorrar (traer capitales de afuera) o endeudarnos (crédito o inversiones externas).

Supongamos que una persona que gasta todo lo que le ingresa ($3.000 mensuales), empieza a ver que su futuro laboral se complica. Es muy probable que decida guardar algo para tener con qué sobrevivir si pierde el empleo. Digamos que ahorra por $300, deberá gastar $ 2.700. Sin embargo, cuando llega a su trabajo el jefe le dice que las cosas están complicadas y que han decidido bajarle el sueldo a $2.500. Esto va a confirmar su preocupación y, por ende, decidirá mantener su decisión de ahorro; por lo que su gasto se deberá reducir a $2.200. Es más, estando más seguro de que la cosa viene mal, podría decidir hacer un ahorro aún mayor; lo que lo obligará a ser mucho más austero.

Es cierto que en 2009, las exportaciones cayeron (nos bajaron el sueldo); pero debido a la crisis internacional, la confiscación de los ahorros para la vejez de los aportantes al sistema previsional de capitalización y las elecciones legislativas, la percepción de riesgo se incrementó fuertemente. Por eso la gente empezó a fugar capitales (ahorro externo), dejó de consumir e invertir, sacó su plata de los bancos (desfinanciando la economía) y compró divisas extranjeras que mandó al exterior o al fondo de un placard, caja de seguridad o bajo el “colchón”. Por lo tanto, se incentivó una caída de la demanda interna que llevó a una recesión, reduciendo las importaciones hasta generar las divisas que se necesitaron para ser fugadas. La merma de los ingresos del país (exportaciones) solamente implicó que tuvimos que hacer un mayor recorte de las erogaciones (resultando en más recesión y menores compras al exterior) para generar el mismo ahorro externo (cantidad de divisas para fugar).

En 2010, pasó exactamente lo contrario. A pesar de que subió el “sueldo” (valor y cantidad de las ventas externas) del país, como la incertidumbre fue menor, la gente quiso ahorrar menos (en activos externos); por lo tanto, aumentó fuertemente su gasto e inversión (reactivación) y, con ellos, las importaciones. Como vemos, tanto a nivel personal, como a nivel de país, las decisiones financieras (ahorro, endeudamiento o inversión externa) son previas a las de erogación de los recursos (importaciones); por lo que en un país con tipo de cambio libre no podría haber una “crisis del balance de pagos”.

Por último, a partir de lo visto, vale la pena analizar el resultado de las restricciones, escritas o no, que está imponiendo la Secretaria de Comercio exterior a las importaciones. Si se cumplen dichas medidas, lo primero que lograrán es que baje la demanda de divisas extranjeras y, por lo tanto, su precio y poder adquisitivo en la economía local. Esto puede suceder con una baja del tipo de cambio nominal o, si el Banco Central decide sostenerlo comprando el excedente, con inflación. Por lo que la autoridad monetaria termina colaborando a ampliar el superávit comercial al adquirir reservas (que se depositan en el exterior) con impuesto inflacionario. Todo parecido a la realidad actual, no es pura coincidencia.

Además, la merma del valor de las divisas extranjeras en el mercado doméstico perjudica a los que las producen, es decir a los productores de bienes exportables, desincentivándolos a invertir. Estos sectores son los más eficientes de la economía, por eso pueden competir en el exterior, y los castigamos para beneficiar a los menos productivos, los empresarios locales que compiten con importaciones (que no les da el pinet para vender en el exterior). Conclusión, a menor eficiencia de la economía, menor bienestar económico del conjunto de los argentinos.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

En su viaje a París, el Ministro de Economía Amado Bodou hizo muy interesantes declaraciones que fueron publicadas por Ámbito Financiero el 18 de febrero. Dijo: ¨Lo que nosotros vamos a defender es la posición de la Argentina -que también es la que lleva Brasil- respecto a que no es una buena propuesta intentar que nuestros países no cobren los precios que los mercados dan por los bienes que producimos”. “Si ellos piensan -continuó- que hay que aumentar la oferta de alimentos, no va a ser por este camino por el cual lo van a lograr.” Creo que estos dichos merece un análisis que permita aprender de esta lección de economía que está dándoles a algunos funcionarios de organismos internacionales y de gobiernos de los países del G20 e incluso lleve a mejorar la política económica que estamos aplicando localmente.

En primer lugar, cabe suponer que, cuando habla de “los bienes que producimos”, se refiere a los productores argentinos y brasileños; ya que, hasta donde yo sé, los países no producen, sino que lo hacen sus habitantes. Hecha esta aclaración, no cabe más que coincidir en “que no es buena la propuesta que no se cobren los precios que los mercados dan a dichos productos” y que no va a ser por este camino que se va a incrementar la oferta de alimentos. El gran problema es que la Argentina es el mejor ejemplo de que dicha idea es absurda; ya que aquí se aplica y ha logrado que produzcamos menos granos y carne de los que podríamos.

Desde 2006, el stock ganadero ha tendido a disminuir por los controles de precios y las restricciones a la exportación de carne para garantizar que “todos los argentinos tengan acceso a su asado dominical” y lo único que se está logrando es que cada vez se produzca menos y, algún día, tengamos que viajar a Uruguay para recordar lo que era comer un buen “churrasco”.

En el caso del trigo y el maíz, los empresarios agrícolas no solamente tienen que lidiar con absurdas retenciones, sino que les limitan las posibilidades de vender al exterior. Por lo tanto, no es raro que los precios locales no sean equivalentes a los internacionales menos los impuestos a la exportación (FAS), como pretenden el gobierno y los productores. Al no dejar que se venda libremente el trigo al exterior, se genera un excedente de oferta en el mercado doméstico. Para que el mismo se absorba, el precio debe bajar disminuyendo el costo de producción de la harina y sus derivados para que los molineros tengan más demanda y la trasladen a los productores. Para el gobierno, esto tiene el demagógico beneficio de reducir el valor del pan y otros productos a los consumidores argentinos.

Por eso, la respuesta del PEN a los reclamos ha sido mantener las restricciones a las exportaciones; aunque intentando forzar a los molineros y exportadores para que paguen el precio FAS. Sin embargo, si lo lograra (cosa más que improbable), no existirían los beneficios para comprar toda la producción, debido al mayor costo para los molineros, y, dado que los exportadores no pueden adquirir más, quedaría un remanente de trigo sin poder colocarse, perjudicando a aquellos que hayan llegado tarde a vender su cosecha. Lo interesante es que, de lograrse esta solución, implicaría precios similares para el pan a los que surgirían de liberar las exportaciones; ya que, si esto sucede, es muy difícil que el costo local del trigo supere el FAS, porque implicaría que los exportadores están vendiendo a pérdida. La pregunta: Dado que el precio a los consumidores argentinos va a ser el mismo, ¿no es más razonable permitir el comercio libre de trigo y dejar de generarle un perjuicio a los productores? Lamentablemente, parece que algunos dirigentes agropecuarios tampoco ven, o quieren ver, dónde está el problema y, por lo tanto, demandan soluciones que nunca resolverán el problema.

Por lo tanto, aplaudo al Ministro de Economía por sus declaraciones; pero espero que empiece a aplicar tanta sabiduría desde el cargo que le toca ejercer y, así, revierta el daño que se le está ocasionando a la producción local de alimentos y al bienestar económico de todos los argentinos.

Inflando una Nueva Burbuja

Es creciente la preocupación mundial por lo que se ha dado en llamar la “guerra de divisas”. En ese sentido, leí recientemente una frase adjudicada al Secretario del Tesoro del Presidente Nixon, John Connolly, que cuando estaba en funciones dijo; “La moneda es nuestra, el problema es de Uds.“. Una gran verdad que da una pista sobre por qué los errores de política monetaria de la Reserva Federal se globalizan.

En el mundo, se ha impuesto el mito de que, para la economía de un país, siempre es malo que el tipo de cambio caiga. El problema es que, para medirlo, casi todos toman como referencia al dólar. Por lo tanto, si la Reserva Federal decide inundar su economía con su divisa y eso genera una caída en su valor, la mayoría de los bancos centrales del mundo tenderán a evitar que baje en su propio mercado, para lo que comprarán la divisa estadounidense emitiendo su propia moneda. Por lo tanto, también, esta última tenderá a perder valor y dicho aumento de liquidez se sumará al generado por la Fed. Esto explica por qué cuando la autoridad monetaria de los EE.UU. incentiva el surgimiento de burbujas, éstas tienden a globalizarse.

Por lo comentado anteriormente, no tiene sentido proponer nuevos indicadores de tipo de cambio contra una canasta de monedas o contra el oro; ya que es la gente la que decide qué mercado va a tomar como referencia. Por lo tanto, Connolly tenía razón, el problema no está en que la Fed hace las cosas mal, sino en la tara de los demás que los lleva a seguir sus pasos.

Para evitar la recesión del 2000-2001, Alan Greenspan se dedicó a inundar el mundo de dólares depreciándolo fuertemente. Cuando la economía tendió a recuperarse, se demoró demasiado en quitar el pie del acelerador y lo hizo muy despacio. Todo esto fue imitado, en mayor o menor medida, por los demás bancos centrales del mundo, lo que incentivó una enorme burbuja que empezó a estallar en 2007. No es raro que la que más rápido se infló explotara primero. Debido a la disminución de las condiciones para dar crédito para que “todos tuvieran casa propia”, gran parte de los excesos de liquidez se canalizaron al mercado hipotecario e inmobiliario de EE.UU. Allí los inversores encontraron mayores rendimientos prestándole a cualquiera para que compre viviendas; pero en todos los mercados de activos financieros se estaban gestando futuros estallidos que derivaron en la crisis del 2008.

Todos saben que si una persona organiza una fiesta y “tira la casa por la ventana”, de alguna forma deberá abonarla, ya sea al contado o en cuotas. Las mismas opciones de pago había para el ajuste necesario por la jarana monetaria de 2002-2008. Una alternativa era permitir una fuerte recesión, gran caída de los mercados y el nivel desempleo volando por las nubes. Una vez que esta debacle tocara fondo, la salida hubiera sido rápida.

La otra alternativa, que fue la que se eligió, implicaba moderar la merma del nivel de actividad y de los precios de los activos financieros con políticas monetarias y fiscales expansivas, para luego irlas desarmando en la medida que se produce la reactivación. Sin embargo, esto modera la recuperación y mantiene altos niveles de desocupación por largo tiempo. El problema es que, ahora, muchos reputados economistas y funcionarios dicen que con más desmadre de emisión y de gasto público se puede evitar pagar lo que está pendiente del ajuste. En Economía es celebre la frase: “No hay almuerzos gratis”.

Durante 2008-2009, la Fed aumentó pavorosamente la oferta de base monetaria. Mientras la gente tuvo miedo a la crisis, atesoró liquidez y evitó que el dólar perdiera valor. Sin embargo, en la medida que se recupera la confianza, los inversores buscan activos rentables y esos excedentes se vierten en los mercados. Con mayor razón cuando el Comité de Política de Mercado Abierto de la Fed les confirma que emitirá todo lo necesario para dinamizar la economía y, por ende, los mercados.

Aquí aparece otro problema, como son muy bajas las tasas de interés en los países desarrollados y todavía están pagando los costos de la crisis que los tuvo como protagonista, la plata busca las economías emergentes donde los rendimientos son mucho más altos. Esto está formando burbujas en los mercados de activos financieros de las naciones en vías de desarrollo y debilita el esfuerzo de la Reserva Federal por dinamizar el nivel de actividad de EE.UU. Si esta estrategia continúa, habrá una nueva crisis que tendrá como epicentro a las naciones en desarrollo; lo cual implicará altísimos costos sociales y económicos para las que no lo prevean.

Va a ser difícil que alguien zafe del impacto de este potencial futuro estallido. Sin embargo, hay algunas formas de minimizar el daño. Una de esas vías es dejando que el dólar caiga en el mercado doméstico, para evitar una mayor inflación y moderar la burbuja local. El otro sistema es comprando divisas con ahorro fiscal; ya sea para atesorarlas en un Fondo de Estabilización para enfrentar la futura crisis o cancelar deuda pública. También, ayuda el incrementar las exigencias de liquidez y capital del sistema financiero para fortalecerlo ante el futuro impacto de la reversión de tan favorable escenario. Por último, se recomienda tomar medidas normativas, tributarias y de inversión en infraestructura que permitan ganar eficiencia al sector exportador.

En la Argentina, venimos depreciando nuestra moneda más que lo que cae el dólar; por lo que “inflacionamos” la economía local. En tanto, el gobierno gasta a más no poder sus propios recursos y los que obtiene de las transferencias de reservas y otros fondos del Banco Central. Además, la autoridad monetaria fomenta el crédito bancario al sector privado y los sectores exportadores se ven acosados por impuestos y restricciones comerciales. La perspectiva es que esto no se modifique, sino que se profundice; ya que los funcionarios responsables del tema han confirmado el actual rumbo de la política fiscal y monetaria, a lo que hay que sumarle la aceleración que le dará el contexto electoral en 2011. Los argentinos deberíamos rezar para que prime la cordura en las decisiones de la Reserva Federal; porque por acá difícilmente la encontremos y, si estalla una nueva burbuja, pagaremos un altísimo costo social y económico.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Retenciones e inflación, La Constitución es la solución

Las retenciones son un impuesto a las exportaciones de un determinado bien. Por ello, su determinación es una facultad que la Constitución Nacional le da al Congreso, como representante de los contribuyentes Esto es así en todas las Cartas Magnas desde que éstas tuvieron su origen en 1215, cuando los súbditos de Inglaterra se rebelaron contra la imposición de tributos del Rey y exigieron que éstos fueran aprobados por el Parlamento. Por eso, es buena noticia que la legislatura argentina haya recuperado esta facultad de imposición a las ventas externas que, constitucionalmente, es indelegable.

Sin embargo, no es cierto que lo que resignan los productores del bien afectado por una retención es lo mismo que lo que cobra el Estado. Cuando alguien produce un bien o servicio que vende al exterior cobra el precio que se fija internacionalmente. Por lo tanto, si un argentino quisiera adquirir lo que este señor ofrece deberá pagarle ese mismo valor. Si no, preferirá exportarlo.

Ahora supongamos que a ese bien le ponen una retención. Cuando venda al exterior recibirá el precio internacional menos el porcentaje que se quede el Estado. Por lo tanto, si un consumidor local le quiere comprar el bien, le cobrará ese mismo valor. Si pretendiera cobrar más, otro competidor se lo venderá. Por lo tanto, la transferencia que realiza el sector que se ve afectado por la retención es igual a lo que cobra el Estado, por la parte que se vende afuera, más la que recibe el demandante local por el menor precio que tiene que abonarle por ese bien. De esta forma, se genera un subsidio del bolsillo del productor al del consumidor, que no queda registrado en el Presupuesto.

Para tener una idea de lo que ésto significa. Si tomamos los tres principales productos agrícolas (soja, trigo y maíz), desde 2002 a 2009, por el impacto de las retenciones, del bolsillo del productor salieron US$ 38.732 millones (el récord fue en 2008, con US$ 9.119 millones). De ese monto, por lo menos el 70% fue a parar a los demandantes internos y el resto lo cobró el Estado. Por eso es que los productores sienten que cargan un enorme peso tributario; ya que el monto total transferido al resto de la economía argentina, en 2008-2009, llegó a superar el 40% del valor de la producción local de dichos tres bienes.

Por último, algunos dirigentes agropecuarios han mostrado su preocupación por los crecientes niveles de inflación y demandaron una suba de tipo de cambio para paliar el impacto sobre el sector. Lamentablemente, es una solución errada al problema que surge de no entender su origen.

La moneda es un bien como cualquier otro. Tiene un productor (monopólico) que es el Banco Central y gente que la demanda, porque les facilita hacer transacciones, les sirve para atesorar y, también, como unidad de cuenta. Si los oferentes de trigo producen más de lo que la gente demanda, cualquiera sabe que su precio bajará. Si esto sucede con la emisión de pesos, pasará lo mismo. Ahora, si su valor se reduce, quiere decir que el “metro” con el que valuamos todos los bienes y servicios de la economía se está achicando. Por lo tanto, lo que veremos es una “suba generalizada de precios”. Desde mediados de 2009, cuando empezó a reactivarse la economía, la inflación pasó (estimaciones de CIIMA-ESEADE, www.ciima.org.ar) de menos de 13% ia., a casi 15% a fines de año y a más de 23% en la actualidad. Esto implica que el “metro” se está achicando, es decir que el valor del peso está cayendo. Por lo tanto, es obvio que el Banco Central está produciendo más moneda de lo que la gente quiere. Entonces, cabe preguntarse por qué lo hace.

Durante 2010, la autoridad monetaria quiere transferir al gobierno más de $ 50.000 millones (que está aumentando el gato público a tasas mayores al 30% anual), darle crédito al sector privado a través de los bancos y comprar divisas para aumentar las reservas. Todo esto no es gratis, alguien tendrá que pagar la “cuenta” con más “impuesto inflacionario”. Si bien es verdad que una parte menor de la oferta de pesos está siendo demandada por la gente, el resto de la emisión necesaria para cumplir con dichos objetivos generará la pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos y ahorros en moneda nacional. No hay magia.

El impuesto inflacionario lo paga el conjunto de la sociedad y, por supuesto, incluye al sector productivo. Por eso no extraña que los empresarios sientan el peso de este costo en sus ganancias. Sin embargo, el Banco Central sólo puede aumentar el tipo de cambio comprando más dólares con más emisión, disminuyendo el valor del peso. De esta forma, es cierto que la suba del valor de las divisas extranjeras en el mercado local terminará disminuyendo lo que los que producen bienes comercializables internacionalmente pagan de impuesto inflacionario. Sin embargo, todo lo que ellos dejen de abonar más el aumento de dicho tributo necesario para comprar reservas deberá afrontarlo el resto de la sociedad, especialmente el sector de menores ingresos. Como vemos es una solución sumamente injusta.

Por lo tanto, la única solución a los permanentes procesos inflacionarios de la Argentina es que el Banco Central esté bajo la órbita del Congreso. Éste debería recuperar el rol de fijar el valor de la moneda que le da la Constitución Nacional. Dado que el precio del peso es la contracara de su poder adquisitivo, lo podría hacer fijando un rango de metas de inflación que el BCRA debería cumplir. Así, la legislatura asumiría otra función indelegable según nuestra Carta Magna: determinar los tributos que debemos pagar los contribuyentes, en este caso el “impuesto inflacionario”. El Central tendría independencia para gestionar los instrumentos para cumplir los objetivos planteados y, al final de cada período, debería rendir cuenta ante el Parlamento. Para ello, sería bueno que este último controlara al INDEC, responsable de medir el índice de precios al consumidor; por lo que sería un paso importante que se apruebe el proyecto de ley que, en ese sentido, se está debatiendo actualmente. La única forma de recuperar la credibilidad del INDEC es sacarlo de la órbita del Poder Ejecutivo, que la destruyó con la intervención del organismo y los “dibujos” de sus datos desde 2007.

Conclusión, si cumpliéramos con lo que manda la Constitución Nacional, los argentinos nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. Por eso es importante que, cada uno, asuma la responsabilidad cívica que le corresponde y exija a nuestros representantes y a los funcionarios públicos que cumplan con el rol y los límites para el ejercicio de sus funciones que les manda nuestra Carta Magna. Si seguimos asumiéndonos cómodamente como súbditos de los gobiernos de turno y no como ciudadanos, no nos quejemos y no le echemos la culpa de los resultados a nuestra dirigencia política.

TRANSFERENCIAS DEL PRODUCTOR AGRÍCOLA

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

A veces, algunos proyectos legislativos que “suenan” atractivos terminan teniendo un impacto diferente al buscado por los parlamentarios. Por ello, conviene evaluar dos propuestas legislativas que, hoy, se están discutiendo. Una, la que busca obligar a las empresas que tienen más de 300 trabajadores, a repartir parte de sus utilidades entre sus empleados, como base para mejorar la “justicia distributiva”.

Para producir algo se necesita trabajo; pero también otros factores de producción. Por ejemplo, la tierra o el capital físico o monetario, que no es más que el fruto del trabajo que alguien ahorró, o el humano (tiempo y esfuerzo invertido en capacitación) o la tecnología (en cuya gestación intervino el tiempo, el conocimiento y/o el dinero). Todos ellos tienen una remuneración de mercado; pero, hasta acá, no tenemos asegurada ninguna actividad productiva que sea sustentable. Falta alguien, el empresario, que tenga la habilidad de identificar una necesidad de sus prójimos y, organizando los otros factores de producción, la satisfaga a un precio que los demandantes estén dispuestos a pagar, obteniendo, además, una recompensa (ganancia) por su tarea y asumiendo el riesgo de que algún error o contingencia diluya su esfuerzo y dinero invertido.

No cualquiera puede ser un emprendedor; ya que demanda una combinación de visión, capacidad y audacia que es escasa. Por ello, un sistema económico eficiente debe remunerarlos bien, para incentivarlos a satisfacer las necesidades de sus prójimos y, además, crear puestos de trabajo para aquellos que no tienen esa vocación.

Cuando alguien invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en gestar una empresa, lo hizo para obtener una ganancia; la cual fue mayor o menor según la habilidad de dicho emprendedor. Ese flujo de rendimientos esperados determina el valor de la compañía. Por lo tanto, si un legislador o funcionario lo obliga a compartir parte de sus beneficios con los trabajadores, le está confiscando un pedazo del valor creado; ya que su precio disminuirá al restarle al flujo de rendimientos esperados lo que, en adelante, se les transferirá a los empleados.

Si los emprendedores, locales o extranjeros, que están ya trabajando en la Argentina y los que están evaluando hacerlo, observan que aquí se les puede sacar parte de lo que les pertenece, asumirán que aumentó el riesgo de poder hacerse del fruto de sus esfuerzos. Por ende, habrá menos inversión, será menor la riqueza a repartir, se crearán menos puestos de trabajo y el nivel de bienestar de todos los argentinos será más bajo. Lo más grave es que no solamente la “torta” será más chica; sino que, para que algunos pocos empresarios se arriesguen a colocar su tiempo y dinero en la Argentina, habrá que tentarlos con una mayor tasa de ganancia o sea con una “porción mayor” de ella. Es decir, a la larga, tendremos una peor distribución del ingreso. Justo lo contrario que quieren obtener quiénes defienden este absurdo proyecto.

Preocupados por la escasez de crédito bancario en la Argentina, otros legisladores han propuesto reformar la Ley que rige al sistema financiero, definiéndolo como servicio público, incrementando la posibilidad de intervención de los gobiernos. Es evidente que tienen un diagnóstico equivocado; ya que para poder dar préstamos, los bancos necesitan captar depósitos.

Lamentablemente, los argentinos no estamos dispuestos a confiar nuestros ahorros a las entidades financieras; ya que a) las bajas tasas de interés respecto a la alta inflación los termina licuando; y b) en el pasado, algunos gobiernos se apropiaron de los ahorros bancarios para financiar gasto público (ej. Plan Bonex´89) o subsidiar a algunos sectores endeudados (ej, quienes debían dólares que fueron “pesificados”, 2002).

Conclusión, en la Argentina nadie quiere poner el fruto de su trabajo al alcance de una nueva confiscación y, como solución, estos legisladores proponen darle al Estado un mayor manejo de los recursos provenientes de los depósitos. Si se sanciona la reforma propuesta, no solamente es esperable que no aumente la predisposición a ahorrar en el sistema financiero local, sino que debería disminuir; por lo que la disponibilidad de crédito bancario será menor.

Los argentinos y nuestros representantes deberíamos dejar de buscar soluciones milagrosas y confiar más en el respeto de los derechos y la consolidación de las instituciones como forma de canalizar el trabajo y la creatividad hacia la construcción de un mayor bienestar general para todos

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Publicado en Ambito Financiero el 11/10/2010

En el Congreso, se ha presentado un proyecto para obligar, a las empresas que tienen más de 300 trabajadores, a repartir parte de sus utilidades entre sus empleados. Si bien parece una propuesta que hace a la “justicia distributiva”, esta percepción es engañosa.

Por lo visto, ha calado hondo en muchos políticos e intelectuales el concepto de plusvalía, que se basa en que lo único que puede crear valor es el trabajo que hace el obrero. Entonces, la ganancia empresaria tiene que ser una detracción de lo que el trabajador ha generado. Suena bonito, pero no tiene sustento en la realidad; ya que se olvidaron que la mayoría de los emprendimientos fracasan. ¿Eso quiere decir que esos empresarios no supieron explotar a sus empleados? No. Significa que no tuvieron la habilidad para generar valor y, por ende, su actividad dio pérdida.

Para producir algo se necesita trabajo; pero también otros factores de producción. Por ejemplo, la tierra o el capital físico o monetario, que no es más que el fruto del trabajo que alguien ahorró, o el humano (tiempo y esfuerzo invertido en capacitación) o la tecnología (en cuya gestación intervino el tiempo, el conocimiento y/o el dinero). Todos ellos tienen una remuneración de mercado; pero, hasta acá, no tenemos asegurada ninguna actividad productiva que sea sustentable.

Por lo tanto, se necesita alguien, el empresario, que tenga la habilidad de ver una necesidad de sus prójimos y sepa sumar los otros factores de producción de tal forma de satisfacerla a un precio que los demandantes estén dispuestos a pagar, permitiéndole, además, obtener una recompensa (ganancia) por su tarea y asumiendo el riesgo de que algún error o contingencia diluya su esfuerzo y dinero invertido. Sería muy necio pensar que esto no implicó trabajo y no generó valor para la sociedad.

No cualquiera puede ser empresario; ya que demanda una combinación de visión, capacidad y audacia que es escasa. Sin embargo, para el progreso económico de una sociedad es fundamental que existan individuos con dichas aptitudes. Cualquiera sabe que lo que es escaso y necesario, tiene un precio alto. Así, llegamos a la conclusión de que los empresarios generan un alto valor para sociedad y que un sistema económico eficiente debe remunerarlos bien para incentivarlos a satisfacer las necesidades de sus prójimos y, además, crear puestos de trabajo para los que no tienen esa vocación.

Cuando alguien invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en gestar una empresa, lo hizo para obtener una determinada ganancia; la cual fue mayor o menor según la habilidad de dicho emprendedor. Ese flujo de rendimientos esperados determina el valor de la empresa.

Si un legislador o funcionario obliga a una empresa a compartir sus ganancias con los trabajadores está confiscando parte del valor de la compañía; ya que, para ponerle un precio, habrá que restarle al flujo de rendimientos esperados lo que, en adelante, se les transferirá a los empleados. Según nuestra Constitución Nacional ni el PEN ni el Congreso pueden confiscar a un sector de la población para subsidiar a otro; aunque la Argentina tenga una larga tradición en este sentido. Por lo tanto, el Estado o los trabajadores deberían pagarles a los accionistas por esa participación en los beneficios; por lo menos a aquellos que ya han invertido. Es cierto que, si se aplicara para las nuevas empresas, no existiría este impedimento; ya que sus dueños tomarían la decisión sabiendo este nuevo requisito, lo que lo transformaría en una suerte de tributo.

Si los emprendedores, locales o extranjeros, que están ya trabajando en la Argentina y los que están evaluando hacerlo, observan que aquí se les puede sacar parte de lo que les pertenece, asumirán que ha aumentado la incertidumbre de hacerse de las futuras ganancias de su inversión. Por lo tanto, el valor esperado del fruto de su esfuerzo y dinero disminuirá, no sólo por el monto que se deba transferir a los empleados, sino también por el aumento del riesgo de que lo vuelvan a confiscar.

Conclusión, Como habrá menos inversión, será menor la riqueza a repartir, se crearán menos puestos de trabajo y el nivel de bienestar de todos los argentinos será más bajo. Lo más grave es que no solamente la “torta” será más chica; sino que, para incentivar a los pocos empresarios que se arriesguen a colocar su dinero en la Argentina, habrá que darles una “porción mayor”, o sea mayores tasas de rendimiento. Es decir, a la larga, tendremos una peor distribución del ingreso. Justo lo contrario que quieren obtener quiénes defienden este absurdo proyecto.

Esperemos que, entre nuestros legisladores, prime la cordura y no la demagogia, para que no terminen repartiendo pobreza.

Nuevos gualichos para aumentar el crédito bancario

Autor: Lic. Aldo Abram

Si bien en la actualidad el sistema financiero brinda muchos otros servicios, su tarea básica es intermediar el ahorro de una comunidad transformándolo en crédito para consumidores, productores o para el sector público. Por lo tanto, para que haya préstamos, tiene que haber depósitos y este “insumo” no es de los bancos, sino de los ahorristas que se lo CONFIARON. Escribimos esta palabra en mayúsculas porque el principal capital de cualquier sistema financiero es su “confiabilidad”; por lo cual, su objetivo primordial tiene que ser cuidar el dinero de sus depositantes.

Como vemos, no es cierto que su función sea esencialmente prestarle a determinados sectores o financiar un cierto “modelo productivo”, como dicen muchos políticos y economistas. Sin embargo, en la Argentina, nuestros funcionarios públicos han tendido a usar los recursos que están en los bancos como instrumentos de política económica. Así nuestra historia se plagó de confiscaciones de ahorro, para financiar los gastos excesivos de gobiernos (ej. Plan BONEX de diciembre de 1989) o para subsidiar a determinados sectores (ej. a los deudores en dólares “pesificados” con los recursos de los depositantes de moneda extranjera, en 2002).

Desde el Estado, se siguen dando señales en este sentido, como cuando se fuerza a las entidades financieras a otorgar determinado tipo de crédito o se les fijan las tasas que deben cobrar. Esto es una clara violación de los derechos de los depositantes que eligieron al banco que consideraron les brinda una remuneración adecuada y el mejor manejo de los ahorros que ellos le confiaron. Este avasallamiento es permanente en nuestro país; por lo que no debe extrañarnos que los argentinos tratemos de tener nuestros ahorros lo más lejos posible del sistema financiero (o sea de las manos de los funcionarios públicos).

El resultado está a la vista, los argentinos no usamos a los bancos para ahorrar. En nuestro país, los depósitos totales rondan el 25 del PBI; mientras en los países “serios” multiplican ese ratio, por lo menos, por dos. Es más, usamos al sistema financiero como un “segundo bolsillo”, por motivos transaccionales; lo cual queda claro cuando observamos que más del 75% de las imposiciones están a un plazo menor a 90 días. Por lo tanto, con esta disponibilidad de recursos, ¿con qué fondeo esperamos que los bancos den créditos baratos y de largo plazo?

Cuando algo es escaso, es caro y se puede ser más selectivo a la hora de asignarlo. Por lo tanto, los pocos préstamos que se puedan dar, irán a manos de aquellos que brinden mejores garantías de repago; lo cual es bueno para los ahorristas, dueños de esos fondos. Además, como implica un riesgo enorme usar recursos depositados por corto tiempo para dar créditos de largo plazo, estos últimos serán aún más escasos. Por lo tanto, no extraña que la principal queja que se escucha sobre el sistema financiero es lo escaso y caro del crédito que ofrece, principalmente al sector PyMes.

Queda claro que lo primero que hay que lograr para que haya más préstamos bancarios es que la gente confíe en el sistema financiero argentino. Sin embargo, el proyecto de reforma de la ley que rige este sector, presentado por el diputado Heller en el Congreso, va en el sentido contrario. Lo declara “servicio público” y, con esa excusa, incrementa las posibilidades de intervención de los funcionarios estatales en el mismo; lo cual garantiza que la intermediación bancaria en la Argentina continúe en vías de extinción.

El sistema financiero es importante para la economía de un país; pero eso no la transforma en un servicio público. De hecho, con ese criterio, son mucho más esenciales la producción y la comercialización de alimentos, sin los cuáles moriríamos todos los que no vivimos en el campo.

En la Argentina, tenemos 85 entidades financieras y un grado de concentración del negocio que es más bajo que el de la mayoría de los países comparables. No tiene sentido hablar de las virtudes de promover la competencia para mejorar los servicios a los consumidores y, al mismo tiempo, dificultar el ingreso de instituciones extranjeras o limitar la capacidad de expansión de una entidad a un 8% de los depósitos o los créditos del sistema. El incentivo mayor de un banco es poder crecer para ganar más plata y, para ello, intentará abrir más sucursales y brindar mejores servicios. Después, tiene que haber mecanismos que controlen que no pueda tener una posición dominante que impida la competencia; lo cual no depende necesariamente de su tamaño.

Tampoco tiene sentido obligar a los bancos a prestarle un determinado porcentaje (no menos de 38%) de su cartera a las PyMes. Cada entidad tiene su estrategia crediticia y, con ella, busca maximizar la relación rendimiento/riesgo asumido con los depósitos que le confiaron. ¿Quién dice que un burócrata estatal puede decidir mejor qué hacer con sus ahorros que su propio dueño, que le delegó esa responsabilidad a un determinado banco?

Otra aberración es pretender fijarle límites a la tasa de interés que cobren por los préstamos a las PyMes. Esto derivará en que las entidades, con el dinero de los ahorristas, tendrán que asumir más riesgo por un menor rendimiento, lo cual las vuelve menos sólidos. Conclusión, estamos restándole confiabilidad al sistema financiero; por lo que habrá menos depósitos y menos crédito para todos.

La reforma de la ley de Entidades Financieras tiene que ir justamente en el sentido inverso. Debe establecer condiciones de respeto de los derechos de los depositantes y usuarios del sistema financiero por parte de las entidades y, también, del Estado. Además, debe buscar la mayor bancarización posible, facilitando el acceso a una cuenta bancaria básica. Promover la competencia entre los bancos, sin restringir los incentivos a brindar mayor, mejor y más baratos servicios a los usuarios. El proyecto Heller promueve que se asuman más riesgos con los fondos de los ahorristas, cuando en el mundo la tendencia es a controlar que hagan un manejo prudente de esos recursos. Por último, sin una moneda estable que sirva de reserva de valor, es muy difícil promover el ahorro bancario de largo plazo, fuente de toda posibilidad de crédito a la producción. Por ello, mientras se siga bastardeando al peso, sería bueno permitir el uso de toda la variedad posible de índices de actualización de depósitos y préstamos.

Lamentablemente, como dijimos, la historia argentina está plagada de políticas arbitrarias y absurdas de “iluminados” legisladores y funcionarios públicos que creen poder multiplicar milagrosamente “los peces y los panes” y terminan en perdidas o estruendosos fracasos que paga toda la sociedad. Sin embargo, parece que a los argentinos nos gusta repetir los errores y creer en el surrealismo mágico que algunos proponen. ¡Así estamos!

Autor: Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Autor: Lic. Aldo Abram

En el Congreso, la oposición al gobierno ha presentado un proyecto de ley para que se les reconozca “el 82% móvil” a los actuales jubilados; lo que hizo estallar la polémica sobre si este compromiso es financiable o no. Cabe recordar que esa era la promesa de pago que recibieron nuestros padres y abuelos por sus aportes al anterior sistema de reparto estatal, cuya quiebra se puso en evidencia a fines de los ´80, con la Ley de Emergencia Previsional; aunque, en realidad, hacía tiempo que nadie cobraba dicho porcentaje del sueldo que hubiera tenido en actividad.

En la Argentina, el estallido del viejo régimen jubilatorio fue rápido debido a que (tal como sucede en la actualidad): a) los recursos eran usados para financiar gasto público (hoy se pagan laptops, decodificadores para TV digital estatal, asignaciones universales por hijo, etc.); b) se le colocaron títulos públicos con irrisorios rendimientos que terminaron licuándose (ahora, además, se dan créditos baratos para obras de infraestructura y a determinados sectores privilegiados); y c) les regalaron jubilaciones y pensiones a quienes nunca habían aportado para recibirlas (a partir de 2007, más de 2.000.000 de personas empezaron a cobrar del ANSES sin haber hecho los pagos correspondientes).

Quizás, muchas de esas erogaciones eran necesarias; pero debieron haberse realizado con lo que pagamos de impuestos y preservar los fondos de los aportantes para el pago de sus futuras pasividades. Ahora, cabría preguntarse por qué el actual régimen de “reparto” estatal no va a quebrar, si estamos haciendo con sus recursos las mismas cosas que hicieron explotar al anterior.

En realidad, más allá del manejo irresponsable que hacen los gobiernos, estos esquemas jubilatorios llevan la semilla de su propia autodestrucción. Es que el problema es que no son sistemas de reparto; lo que implicaría que las personas activas aporten a una “caja” y, luego, en función de lo recolectado, mucho o poco, esos recursos se repartan con algún criterio entre los que están en la etapa pasiva.

Entonces, ¿cómo funcionan en todo el mundo los mal llamados sistemas de “reparto”? Cada aportante hace un pago al Estado, y este se compromete a abonarle una determinada suma mensual a partir del momento en que se jubile en una fecha prefijada. Esto es lo mismo que si cada trabajador, en lugar de hacer dichos aportes, todos los meses le comprara al gobierno un título público que le pagará cupones mensuales a partir de un momento dado, en el que entrará en la etapa pasiva.

Por lo tanto, no existe tal cosa como un régimen de reparto previsional, sino un sistema de endeudamiento estatal. El problema es que, en todos los países en que se aplica y no sólo en la Argentina, los aportes jubilatorios personales son contabilizados como recursos corrientes del gobierno y, por lo tanto, se crea la ilusión de que pueden ser gastados sin dejar un pasivo a pagar. Por eso es que a los políticos les encanta este esquema; ya que será algún futuro gobierno el que tendrá que reconocer que no está la plata para abonar lo comprometido.

Aún en las economías desarrolladas, que manejaron con más responsabilidad y eficiencia los sistemas previsionales de “reparto”, la deuda devengada se ha vuelto impagable. La solución adoptada ha sido la reprogramación compulsiva y unilateral de los futuros pagos comprometidos a los aportantes, que se instrumenta a través del aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte.

Hoy, vemos que la discusión política pasa por cómo se gastarán los recursos que aportamos con tanto esfuerzo. Si el gobierno los usará como “caja política” o si se les reconocerá el 82% móvil a los jubilados del sistema que quebró. Por mi parte, prefiero lo segundo; aunque no necesariamente sea lo justo. Cuando una empresa quiebra, sus acreedores no cobran lo comprometido, sino lo que se puede pagar (si no, pregúntenselo a los tenedores de títulos públicos defaulteados en 2001). La realidad es que pretender abonar el 82% móvil es inviable y terminará drenando más rápido los recursos hoy acumulados en el ANSES y los que se aporten a futuro. Aumentar impuestos o contribuciones patronales para enfrentar este compromiso, sólo servirá para postergar en el tiempo esta “crónica de una muerte preanunciada” del sistema previsional. No es futurología, ya nos pasó y le está pasando al resto del mundo.

De todas formas, las encuestas muestran que la gran mayoría de los aportantes argentinos no espera vivir de la jubilación estatal. Es obvio que se asume que el pago de las contribuciones es un impuesto para poder trabajar formalmente y esto fue siempre así. Aún los que ahorraban en una cuenta a su nombre en las AFJPs, consideraban que ese dinero se lo apropiarían los políticos para gastarlo y tuvieron razón; ya que, en la Argentina, la diluida calidad institucional no garantiza el respeto de los derechos de sus habitantes. Lamentablemente, sin esta última condición básica, es utópico pensar en un sistema previsional que brinde pasividades dignas acordes al esfuerzo realizado en la etapa activa.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Autor: Lic. Aldo Abram

Los argentinos valoramos poco la importancia de la calidad de las instituciones. Es más, solemos confundir las instituciones con los instrumentos que las viabilizan o, incluso, con clubes de futbol, asociaciones, etc. En realidad, son las normas y principios que rigen una sociedad y que se plasman, principalmente, en la Constitución Nacional y en las leyes.

Si formamos un conjunto con los países que tienen alta calidad institucional, veremos que coinciden con los que ya les brindan a su gente, o están haciendo avances en ese sentido, una mayor posibilidad de progreso o bienestar económico. En cambio, aquellos en los que no se respetan los derechos y las instituciones, son naciones con altos niveles de pobreza o en decadencia económica.

Esto no debería llamarnos mucho la atención; ya que uno trataría de no invertir en un país donde: a) se confisquen los depósitos bancarios; b) un secretario de un Ministerio pueda obligarnos a manejar a su antojo nuestra empresa (los costos, a quién, cuánto y a qué precio vendemos), a veces sin norma que lo avale e incluso sin una directiva escrita; c) un funcionario pueda presionarnos para que nos desprendamos de nuestra empresa e, incluso, pretenda decirnos a quién debemos vendérsela; d) los organismos de información pública brinden estadísticas falseadas; e) un Estado, que sea incapaz de cumplir con sus funciones básicas, pretenda ejercer de empresario o decidir mejor el destino de la plata ajena; o f) las reglas de juego varíen según le convenga coyunturalmente a los funcionarios de turno.

Desde 2007, el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (ESEADE) elabora anualmente un Índice de Calidad Institucional para 192 países del mundo (Informe completo )y, recientemente, se presentó el del corriente período. Allí se confirma que aquellos países con mayor calidad institucional son los que generan mayores avances en innovaciones; ya que son los que respetan los derechos de propiedad intelectual. Además, al tener reglas de juego claras y generales que se mantienen en el tiempo, permiten los largos procesos de inversión que la investigación demanda. Por ello, tampoco debería asombrarnos que sean los que más progresan y brindan bienestar a sus pueblos.

Sin embargo, la calidad institucional no es solamente importante para incentivar la inversión, el empleo y generar riqueza. Doña Rosa también necesita poder tener alguna certidumbre para planificar su vida. Por ejemplo, un matutino económico publicó una encuesta realizada entre los que aportan al sistema previsional y más del 80% manifestó que no espera poder vivir de la jubilación que cobrará cuando entre en la etapa pasiva. La realidad es que el actual régimen de reparto estatal tiene los mismos vicios que aquel que estafó a nuestros abuelos y padres; ¿por qué debería ser el resultado distinto? Una respuesta puede ser: porque el actual sistema administre mejor los recursos. En el año 2007, se hizo una moratoria que permitió cobrar jubilaciones y pensiones a más de 1.000.000 de personas que no hicieron los correspondientes aportes. Los recursos no salieron de las rentas generales del gobierno, sino de la caja previsional. De allí también están fondeando la asignación universal para la niñez, las laptops para los estudiantes de los colegios, los decodificadores de la televisión digital, etc. ¿Qué quedará para los futuros jubilados? En suma, una historia que se repite.

Los argentinos no tenemos instrumentos para ahorrar en nuestro país, excepto la vieja tradición del “ladrillo”. Son demasiadas las veces que los gobiernos han manoteado los depósitos del sistema financiero para pagar crisis o beneficiar a deudores “licuados”. Incluso, la mayoría de nuestros políticos consideran que los ahorros que están en la banca deben ser instrumentos de política económica. Es decir, deben ser asignados según lo decida algún burócrata y, una clara prueba de ello, son algunos proyectos de reforma de la ley que rige al sistema financiero que se conocieron recientemente. Nuevamente se confirma la percepción de los ciudadanos de que no se respetará el derecho de los verdaderos dueños de esos recursos, que no es el gobierno ni los banqueros, sino los depositantes.

Cuando alguien le confía sus ahorros a un banco, lo hace porque eligió a quién considera sabrá cuidarlos e invertirlos bien. ¿Qué derecho tiene un funcionario a asignar esos recursos en una forma distinta? ¿Quién dice que él puede elegir mejor a quién darle un crédito? No debería extrañar que tengamos un sistema financiero que pocos usan para ahorrar y, sin dicho insumo básico, con una irrisoria capacidad de dar préstamos. Con muchas de las reformas propuestas, esto sólo tenderá a empeorar.

Sin calidad institucional, rige la “ley de la selva” y prima el derecho del más fuerte. La gente puede tratar de sobrevivir; pero se le vuelve cuesta arriba el progresar y construir un futuro mejor para su familia. No es casualidad que, en el índice de 2010, la Argentina ocupe el lugar 120 y, desde 2007, haya bajado 27 lugares. Sólo cinco países tuvieron peor evolución (Bolivia, Senegal. Maldivas, Kiribati e Islas Salomón). Entre los 36 países de América, estamos en el lugar 28. Cabe aclarar que esta decadencia institucional argentina no es una historia de los últimos años, lleva décadas. Cada vez más naciones, incluso entre nuestros vecinos, entienden que mayor calidad institucional significa mejor calidad de vida para sus pueblos y, por ende, nos superan y nos dejan en peor posición relativa. ¿Tardaremos mucho en entenderlo los argentinos?

Todos tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, la responsabilidad cívica de exigir que nuestros representantes respeten los derechos, las instituciones y los límites para el ejercicio de sus funciones que establece la Constitución Nacional. Sin embargo, deben asumir un mayor compromiso quiénes más “talentos” recibieron, es decir: la dirigencia empresaria, profesional e intelectual. No cabe duda que, en general, no ha estado a la altura de las circunstancias y que, hasta ahora, ha primado el interés particular sobre el general. Al que le quepa el sayo que se lo ponga; pero no seamos hipócritas y, luego, le echemos la culpa a otros de la creciente decadencia y pobreza que resulta de nuestras acciones, errores y omisiones.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

La defensa oficial de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que dieron origen a los Fondos del Bicentenario y a su sucesor, el de Desendeudamiento, se basó en la falta de recursos para enfrentar los pagos de deuda pública. En definitiva, el tiempo ha demostrado que no había tal “necesidad” ni tal “urgencia” que impidiera reunir a los parlamentarios; ya que la Argentina no cayó en cesación de pagos y recién a principios de abril se utilizaron dichas divisas para pagar el vencimiento de un título público. O sea, el Poder Ejecutivo tuvo las sesiones ordinarias de todo marzo y, también, el mes de febrero, citando a los legisladores en “extraordinarias”, para discutir en el Congreso el uso de los recursos del Banco Central.

Por lo tanto, es falso que hayamos estado en riesgo de entrar en cesación de pagos. Durante el corriente año, el total de ingresos del Estado Nacional superará en más de $ 33.000 millones lo que está en el Presupuesto 2010; ya que la recaudación y las transferencias de ganancias del Banco Central serán mayores a las estimadas. Entonces, ¿por qué necesitaba más plata el gobierno?

Antes de que su composición cambiara de acuerdo con las elecciones de junio, el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de Presupuesto absolutamente irreal y éste lo sancionó, en noviembre de 2009, con gran premura, en un acto de gran irresponsabilidad. En él, se subestimaron los ingresos y se pautó un aumento de gasto público de 12,4%, cuando actualmente viene subiendo por encima del 30% interanual y seguramente se mantendrá, todo 2010, en estos porcentajes de incremento. Por ello, en algún momento de este año, sin la aprobación del Congreso que exige la Constitución Nacional y emitiendo otro DNU, el gobierno buscará legitimar ex post los gastos en que habrá incurrido arbitrariamente. Como este exceso de erogaciones podría superar los $ 55.000 millones y, dado que los mayores recursos sobre lo presupuestado no alcanzan a cubrir esta cifra, surge la necesidad de apropiarse de las reservas del Banco Central por otros $ 25.624 millones (US$ 6.569 millones).

También, es falso que haya que hacer un “ajuste”, entendido como una traumática reducción del gasto público. En realidad, de lo que se está hablando es de moderar el despilfarro oficial; ya que es ingenuo suponer que nadie lo va a pagar. Para que el gobierno incremente fuertemente su “caja” para reconstruir su diluido poder político, el “ajuste” lo harán todos los argentinos. O aumentan los niveles de deuda (incluida la previsional) y/o, lo más probable, lo pagará toda la sociedad, en especial los más pobres, a través de más impuesto inflacionario; ya que, durante 2010, el Banco Central transferirá recursos, al gobierno nacional, por alrededor de $ 50.000 millones.

Nuestra Constitución Nacional es clara: si bien el Poder Ejecutivo propone un proyecto de Presupuesto, asignando a determinadas erogaciones los recursos previstos, es el Congreso de la Nación el que debe aprobarlo. El motivo es que los legisladores son los representantes de los argentinos, de cuyos bolsillos, a la corta o a la larga, saldrán los fondos que el Estado gasta.

Por eso, los ciudadanos deberíamos reclamar a la Presidente que envíe, al Parlamento, un proyecto de revisión del Presupuesto y que nuestros legisladores aprueben en qué se piensan utilizar los recursos extras con los que contará. Es más, sería buena idea que se elimine la posibilidad del Poder Ejecutivo de gastar de más o cambiar la asignación de las erogaciones sin aprobación previa del Legislativo. Esta facultad debe estar acotada a una emergencia, como una catástrofe natural, que haga necesario utilizar recursos en un plazo perentorio, en el que sea imposible consultar al Congreso. En definitiva, para eso la Constitución Nacional prevé la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que nuestros gobiernos aprovechan, violentando el espíritu de nuestra Ley de Leyes, para legislar y saltear al Parlamento. También, el art. 39 de la Ley de Administración Financiera prevé un gasto no presupuestado en caso de “epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”.

Es necesario que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras reales posibilidades, asumamos nuestra responsabilidad cívica y demandemos que se respete la división de poderes que dispone la Constitución Nacional. Debemos abandonar el camino de más de ocho décadas de populismo y avanzar hacia una mayor institucionalidad. Si no lo hacemos, para el Tricentenario estaremos recordando otros cien años de alta inflación, cesaciones de pagos, quiebras del sistema previsional, incautaciones de depósitos, de pobreza y de decadencia socio-económica.

EL MITO DE LAS RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Por el Lic. Aldo Abram

El escándalo institucional que rodea la creación del Fondo del Bicentenario ha llevado a una discusión sobre cómo deberían determinarse las “Reservas de Libre Disponibilidad” (RLD) y,

lamentablemente, hay “cola” de políticos, economistas y empresarios proponiendo cómo gastar esos supuestos “excedentes”. Además, se conoció la noticia de que el Dr. Jorge Leiva hizo una presentación ante la Justicia por entender que dicho concepto es erróneo y determina la posibilidad de vaciamiento económico del Banco Central; lo que podría significar un grave deterioro del valor de nuestra moneda. Estoy plenamente de acuerdo con este planteo; aunque cabe recordar que esta definición fue aprobada por el Congreso y, lamentablemente, es legal, aunque no tenga sustento. Por lo tanto, sería bueno que nuestros legisladores abran el debate sobre esta cuestión; ya que la mayoría parece muy propensa a considerar que dichas divisas están allí esperando para que ellos decidan cómo usarlas.

Según la definición actual, las RLD son las que sobran una vez detraído del total el monto necesario para avalar la base monetaria al tipo de cambio vigente. Como no se toman en cuenta los demás pasivos financieros que el Banco Central asumió para sumar esas reservas, da la impresión que aparecieron mágicamente en el arbolito de Navidad y se pueden gastar, sin costo, unos US$ 16.028 millones (al 15 de enero) del stock de divisas de la autoridad monetaria.

Por supuesto, esto no es así. De esas RLD:

a) US$ 8.124 millones es lo que han depositado los bancos por sus encajes de las cuentas en dólares; lo que implica que, si el gobierno los usa para financiarse, ¿quién responderá por esa porción ante los depositantes bancarios?

b) US$ 14.468 millones fueron adquiridos por el Banco Central tomando deuda a través de pases pasivos, LEBACs y NOBACs. Entonces, si el Estado los usa, implica que estamos haciendo que la autoridad monetaria asuma pasivos para financiar el gobierno.

c) US$ 3.000 millones se estima que se le debe al Banco de Basilea. Para el uso de esta parte, corre el mismo análisis descripto en b).

d) US$ 296 millones son los adquiridos con los depósitos realizados por el gobierno en el Banco Central; lo cual implicaría la paradoja de que servirían para financiar al Estado y, al mismo tiempo, están disponibles en su cuenta para cuando quiera usarlos.

Si sumamos todos estos ítems, vamos a encontrar que superan en más del 60% las supuestas reservas de libre disponibilidad. La conclusión obvia es que al BCRA no le sobra nada y, por lo tanto, tiene lógica hablar de que el uso de las RLD implicaría un vaciamiento del Central. A menos que alguien considere que las letras ilíquidas a 10 años que colocaría el gobierno contra ellas es un activo que tiene algún valor relevante, el que debería deducirse del monto “vaciado”.

Algunos colegas proponen que lo importante es ver cuál es el aval de la base monetaria que queda al deducir del total de reservas los puntos a) al d). Creo que es más correcto tomar los pasivos financieros en pesos; ya que son los que el Banco Central puede licuar, en términos de divisas, mediante una devaluación. Por eso, al total de reservas que excede a los pasivos en dólares (US$ 36.961 millones) habría que dividirlo por el total de pasivos financieros en pesos ($ 176.861 millones), al tipo de cambio vigente (US$ 46.820 millones); lo cual nos daría un 79% de aval. Si el gobierno usara el monto propuesto para el Fondo del Bicentenario, el aval se reduciría a 65%.

Como no estamos en un sistema de Convertibilidad, no tiene que haber un porcentaje fijo de cobertura de los pasivos financieros en pesos; ya que depende de la confianza de la gente en la moneda local. Sin embargo, desde principios de 2007, en pleno auge mundial, el porcentaje de aval ha sido mayor a 65%. Por lo tanto, para recuperar reservas, es esperable que el Banco Central aumente la oferta de moneda nacional y que lo haga por encima de su demanda; lo cual llevaría a la esperada pérdida de valor de la que habla el Dr. Leiva en su presentación judicial.

Cabe aclarar que este último es el mejor de los casos; ya que las reservas son el instrumento con el que cuenta el Banco Central para estabilizar el mercado cambiario y el sistema financiero ante una crisis. Por lo tanto, si el gobierno usase las reservas que está demandando para el Fondo del Bicentenario, ante una corrida, el tipo de cambio al que la autoridad monetaria podría frenar la depreciación del peso sería hasta un 20% mayor.

Lamentablemente, no sólo el PEN y la mayoría de los legisladores parecen haber asumido que realmente hay divisas que están a su libre disposición para ser gastadas. Ahora se han sumado los gobernadores provinciales y algunos sectores empresariales que han visto la oportunidad de “meter la cuchara” en esta tentadora “lata de dulce de leche”. Total, el costo lo pagará el conjunto de la sociedad, particularmente los más pobres, en términos de más impuesto inflacionario y nadie lo relacionará con los beneficios que ellos obtuvieron. Y ahora que hay “cola” para gastarlas, ¿quién podrá defender las reservas de todos los argentinos?

Inflación en la Carne, las Verdaderas Causas

25 de febrero de 2010

Por el Lic. Aldo Abram

En 2006 publiqué dos artículos advirtiendo que los argentinos tendríamos crecientes problemas para acceder a nuestro tradicional asadito, pasados tres años. ¿Tu Sam, Harry Potter o Mandrake? Nada de eso. Simplemente, fue el resultado de evaluar la estrategia del Gobierno, que se basaba en decir que la carne era el origen del pecado de la inflación. Ahora, la presidente de la Nación y sus principales funcionarios han vuelto con el mismo diagnóstico. Según ellos, no hay suba generalizada de precios, el problema es sólo la carne y se debe a que los codiciosos ganaderos quieren ganar más, por lo que los consumidores deberán pagar más caro.

Como argumenta el oficialismo, es cierto que el alza actual del valor de los vacunos tiene algo de estacional. Lamentablemente, buena parte de la última suba de los valores de la carne tiene otros justificativos que permanecerán en el tiempo, en tanto se mantengan las pésimas políticas oficiales para el sector y la expansión

creciente de la oferta monetaria. A partir de 2006, ante cada alza, el Gobierno fue estableciendo cada vez más estrictos controles de precios y restricciones a la exportación para aumentar la oferta local y bajar la carne en el mercado interno. Más allá de la inconstitucionalidad de prohibir una actividad lícita como la venta externa de un bien, estas medidas significaron «asado para hoy, hambre para Para que un bife llegue a la góndola, lleva unos tres años de criar y engordar un novillo o ternera. Si luego de hacer esa inversión de largo plazo, el productor ve que el Gobierno le controla los precios y le prohíbe exportar, licuándole sus ganancias, lo más probable es que, parcial o totalmente, empiece a destinar su campo a la agricultura y a bienes donde el Poder Ejecutivo tenga menos incentivos

para intervenir. Esto es lo que pasó desde 2006 y que llevó a que la ganadería se desplazara a zonas marginales, de menor productividad, y aumentara la liquidación de vientres. Cabe recordar que en este negocio, si uno envía al matadero más vacas, está disminuyendo la producción futura, ya que éstas son necesarias para gestar los terneros. Las escaseces de hoy son fruto del desincentivo a criar y engordar terneros de hace tres años y, lamentablemente, cambiar esta tendencia llevará ese mismo plazo de una modificación profunda hacia buenas políticas para mañana.

Lo grave es que el diagnóstico sobre la inflación es equivocado. Cualquiera que haga las compras del hogar sabe que, desde mediados de 2009 y en mayor o menor medida, la suba es generalizada y se ha acelerado. Una vez superadas las

elecciones, moderar la inflación dejó de ser la prioridad y se buscó incentivar la demanda interna, para lo que el Banco Central aumentó el ritmo de emisión de pesos. Ahora, si uno produce de un bien más de lo que la gente demanda, baja su precio. El problema es que la moneda nacional es la unidad de medida con la que se valúan todos los bienes y servicios de la economía. Por ende, si se achica el metro, todo aumenta medido contra él. Por eso, los economistas dicen equivocadamente que la inflación es el alza generalizada de precios, cuando, en realidad, es la baja del precio de la unidad de medida, es decir, el peso. A qué se asignó este «impuesto inflacionario» (más del 100% de suba del IPC

desde 2004) que se cobró sobre el stock de pesos de los argentinos: a financiar al Gobierno, comprar reservas y aumentar el crédito interno; pero, principalmente, para los dos primeros objetivos. Dado que, a futuro, esta estrategia se profundizará, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda se acrecentarán, aunque la carne coyuntural y estacionalmente baje. De hecho, una vez que su valor se reacomode, retomará su tendencia alcista, Entonces, ¿qué hará el Poder Ejecutivo? ¿Aumentará los controles de precios? ¿Prohibirá exportar? Esto

solamente llevará a que haya cada vez menos productores que quieran seguir en el negocio ganadero y garantiza que tendremos menos carne el día de mañana. Aunque más no sea, el Gobierno debería analizar la política ganadera del Uruguay, que está a la vista que tuvo muchos mejores resultados que la local, o vamos a terminar teniendo que viajar a Montevideo para comer un buen bife.

Autor: Lic. Aldo Abram

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SOBRE BUBUJAS, FUGAS DE CAPITALES Y COMERCIO EXTERIOR

Por el Lic. Aldo Abram

A fines de 2008, los pronósticos de fuertes caídas de las exportaciones durante el presente año llevaron a la gran mayoría de los economistas a predecir que el superávit comercial se contraería. Sin embargo, aunque las ventas externas mermaron fuertemente, como era esperable, el resultado positivo de la balanza de comercio exterior se amplió. ¿Por qué?

Muy sencillo, la crisis internacional, pero particularmente la confiscación de los ahorros para la vejez de los afiliados al Sistema de Capitalización, llevaron a los argentinos a incrementar fuertemente la fuga de capitales. Muchos creen que esto se produce cuando un señor rico, con un maletín lleno de dólares, toma un avión a Suiza. En realidad, es más que eso. Es cuando todos los argentinos, asustados por las malas perspectivas futuras del país, empezamos a ahorrar (es decir, dejamos de consumir e invertir), sacamos nuestros pesos del banco (desfinanciando la economía) y con todos esos recursos compramos divisas que guardamos abajo del colchón o al fondo del placard o de la caja de seguridad. Por lo tanto, la demanda interna se cae y con ella la producción local. La baja del gasto doméstico hace que las importaciones se depriman y, de esa forma, se generan las divisas que, por otro lado, la gente está demandando para cubrirse del aumento del riesgo del país. Para entenderlo mejor, veamos otro ejemplo. Supongamos que una persona gana $ 2.000 por mes y se gasta todo. Este individuo tendrá equilibrio en su balance comercial. Pues bien, de golpe empieza tener incertidumbre sobre el futuro económico y sobre su estabilidad laboral. Entonces, hablará con su pareja y, seguramente, acordarán ahorrar algo, digamos $200, para contar con algún recurso ante una eventual pérdida de ingresos. A partir de allí, consumirán $ 1.800 y tendrán un superávit de $ 200. A los pocos meses, llega el trabajador a su empresa y el jefe le avisa que, dado lo malo de las ventas, le tendrán que bajar su sueldo a $1.700. Cuando regrese a su hogar, le confirmará a su cónyuge que la situación va mal y que son pésimas las perspectivas; por lo que, lo más seguro, es que decidan aumentar su ahorro, supongamos a $ 300. Esto implicará que, con “exportaciones” que serán 15% más bajas, este matrimonio aumentará en 50% su superávit para lo que bajará a $ 1.400 sus importaciones, 30% menos que al inicio de esta historia. Esto es, en definitiva, lo mismo que le ocurrió a la Argentina. Hay varias noticias buenas al respecto. Una es que la fuga de capitales que se incrementó hasta las elecciones legislativas del 28 de junio, se redujo hasta revertirse. La mejora del ánimo de los mercados mundiales desde fines de marzo, que redujo la incertidumbre internacional, y la disminución de la percepción de riesgo político, por el resultado de los comicios, ha incentivado una merma del ahorro en activos externos. Por lo tanto, esto se transformará en mayor demanda interna y, por ende, permitirá algún aumento de las importaciones y una tendencia descendente del superávit comercial. De todas formas, para todo 2009, este último resultará mayor al de 2008.

Por otro lado, también, los precios de nuestras exportaciones tienden a incrementarse debido a que los inversores internacionales están deshaciéndose de la liquidez en moneda dura con la que se habían cubierto de la crisis y están adquiriendo crecientes cantidades de activos financieros. Sin embargo, por otro lado, los bancos centrales de los países desarrollados, particularmente la Reserva Federal, no están retirando los excedentes monetarios que gestaron para moderar la profundización de la recesión. Esto implica que empiezan a sobrar divisas, especialmente dólares, lo que hace que se deprecien. Dado que esta última es el “metro” del comercio internacional, al achicarse, termina haciendo crecer todo lo que con ella se mide; lo que, usualmente, llamamos inflación. Por otro lado, la recuperación del nivel de actividad mundial es un hecho; por lo que, también, las cantidades demandadas se recuperarán. Esto ya se nota en las ventas externas de la industria que tienen una fuerte dependencia del Brasil, cuya economía ha arrancado con fuerza. Si a esto se le suma alguna mejora en el clima, que favorezca al sector agropecuario, podremos ver un importante crecimiento de las exportaciones.

¿Cómo evolucionará el mundo? Es difícil que la reactivación internacional tenga una recaída en 2010. Sin embargo, puede que se modere su ímpetu si los bancos centrales del mundo, en especial la Fed, deciden evitar que se termine de gestar la burbuja que está comenzando a inflarse. Para ello, deberían comenzar a contraer la liquidez (subir las tasas de interés) en tiempo y forma. Esto podría significar alguna merma de los precios de los commodities, respecto a los máximos, pero sostendría el crecimiento económico y la demanda internacional en el tiempo. Otra posibilidad es que la Reserva Federal no desarme la burbuja y suba sus tasas tarde y lentamente. Esto hará que el PBI mundial y los precios de nuestras exportaciones tomen bríos; para terminar en un estallido, dentro de dos o tres años, con costos muy superiores a los de la última crisis. Cuanto más “inflen” los mercados internacionales, mayores serán nuestras exportaciones y la tendencia a la baja del superávit comercial durante 2010. Eso sí, a disfrutar la fiesta y recuerden guardar algunos “sanguchitos”; porque luego habrá que pagar una factura por demás alta.

Autor: Lic. Aldo Abram

Es triste ver cómo nuestros gobiernos no aprenden de la experiencia pasada. La Presidente de la Nación y varios de sus principales Ministros salieron a justificar la “sensación térmica” de inflación en la suba del precio de la carne. Por supuesto, la culpa es de los ganaderos que quieren ganar más y, bueno, eso significa que el pueblo tiene que pagar más caro hacer un asado.

Quiero pensar bien y creer que la Mandataria y sus subordinados no van muy seguido al supermercado y que realmente confían en las estadísticas de precios del INDEC. Cualquiera que haya ido de compras en los últimos tiempos sabe que la suba de los bienes y servicios ha sido generalizada y se ha estado acelerando; lo que tiene que ver con una emisión monetaria cada vez más expansiva.

Por otro lado, la carne y la leche han sido dos sectores sumamente castigados por las malas políticas oficiales; lo que ha llevado a los productores a disminuir la producción y, ésto, redunda en una suba de precios en el tiempo. En el caso de los ganaderos, hacer un kilo de carne les lleva tres años y, qué casualidad, en 2006 empezó una estrategia oficial de restricción de exportaciones y de congelamientos de precios que desincentivó esta histórica labor del campo y llevó que mudhos se pasasen, parcial o totalmente, a la agricultura. La disminución de los stocks ganaderos y la suba de la demanda incentivada por un precio artificialmente bajo, llevó a periódicos saltos que fueron respondidos por mayores políticas distorsivas del gobieno.

Es cierto, parte de la suba actual tiene motivos estacionales y, esa porción, tenderá a corregirse en unos meses. Sin embargo, desde mediados de 2008, superada la necesidad electoral de mantener bajo el aumento de precios, el ritmo de emisión de pesos se aceleró. Lamenbablemente, esta tendencia se irá exacerbando y, con ella, la inflación.

Por eso, nos parece interesante refrescar dos artículos, uno de marzo y otro de noviembre de 2006, en los que no fue necesario ser Mandrake para predecir lo que nos está pasando, hoy, pasado ya algo más de tres años.

LA INFLACIÓN NO ES PECADO CARNAL

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Publicado el 31 de marzo de 2006, en Ámbito Financiero, pág. 14

El gobierno decidió prohibir la exportación de carne y, cómo la baja de los precios no fue lo profunda y rápida que esperaban, el Presidente llamó a la población a no consumir este producto. La pregunta es, ¿sirven para algo estas medidas?

En principio, el precio de la carne va a bajar en el corto plazo; ya que quedará afuera gran parte de la demanda para exportación. En definitiva, la medida demostró ser equivalente a un aumento de la retención a la venta externa de unos 15 puntos porcentuales. Sin embargo, lo más seguro es que vuelva a subir dentro de unas semanas siguiendo el ritmo de la inflación, que no depende del mercado de la carne.

Algunos tienden a pensar que prohibiendo la suba de un producto o conjunto de ellos se logra detener la inflación. Sin embargo, la historia argentina y mundial da muestras de incontables fracasos en ese sentido. ¿Frenar el precio de la carne disminuye la inflación, más allá del muy corto plazo?

Para responder esta pregunta pongamos otro ejemplo de congelamiento que está viviendo, desde 2002, la Argentina. Para algunos economistas, la inflación no fue mayor desde la devaluación debido al férreo control de los precios de muchos servicios públicos. Esto no es cierto. Dado que todos tenemos un ingreso finito para gastar, en la medida que las tarifas no aumentaron eso me permitió gastar más en otros bienes y servicios. Por ende, estos últimos pudieron subir más que lo que hubiera sucedido si mi erogación en los primeros hubiera sido más alta. De la misma forma, un aumento de tarifas no traerá mayor inflación, sino que obligará a reacomodar mis gastos, disminuyendo la posibilidad de subir sus precios en aquellos sectores dónde deba bajarlos.

Los acuerdos de precio tampoco solucionan el problema de la inflación, sólo postergan por un tiempo unas décimas de puntos porcentuales de suba. Sin embargo, el congelamiento o baja de algunos precios permiten aumentar el consumo e impulsan un aumento mayor de los valores de otros que no están controlados (ej. carne).

El problema de la inflación no está en el mercado de la carne; ya que ésta es la suba generalizada de precios. Entonces, ¿todos los mercados de bienes y servicios están fallando? No parece una afirmación muy seria. Si todos tienen el mismo problema, deberíamos preguntarnos si no hay algo que todos tengan en común que sea el verdadero problema. Todos los bienes y servicios tienen en común la unidad de medida de su valor, el peso.

Desde los marxistas hasta los más ortodoxos, aceptan la existencia de la oferta y demanda en los mercados de todos los bienes y servicios. Sin embargo, parece que éstas no existen en el caso del mercado de las monedas nacionales y, por lo tanto, quedan indeterminados sus valores.

En realidad, existe una demanda de pesos (base monetaria) debido a que éste es un bien, ya que tiene utilidad. Para la gente, como unidad de cuenta para medir los precios de otros bienes y servicios, como medio de pago y como reserva de valor (ahorrar). Para los bancos para guardarlos en los cajones de las sucursales por si alguien va a buscar sus depósitos y para constituir los encajes que exige el Banco Central. Por otro lado, la autoridad monetaria es la única oferente de billetes y monedas, por lo que se comporta como un monopolista.

Como en cualquier mercado, si el productor de un bien produce más de lo que la gente quiere, su precio baja. En la Argentina, hasta mediados de 2004, el Banco Central pudo emitir muchísimos pesos para comprar dólares debido a que la gente estaba recuperando sus licuadas tenencias de moneda por la devaluación. A partir de dicha fecha, la demanda de pesos llegó a los niveles deseados y empezó a aumentar mucho más lentamente. Por su lado, el BCRA pretendió seguir comprando muchas divisas para sostener el tipo de cambio y comenzó a emitir más de lo que se le pedía; lo cual empezó a hacer bajar el valor del peso. El problema es que éste es la unidad de medida de los precios de todos los restantes bienes y servicios. Por lo tanto, si yo achico un “metro” todo lo que mida contra él aumentará. Eso es inflación y hemos encontrado la razón común a todos los mercados por la que hay una suba generalizada de precios.

Por lo menos hasta finales de año, el Banco Central anunció que continuará con la fuerte emisión de pesos para recomponer las reservas que se utilizaron para pagarle al FMI. Por ende, las presiones inflacionarias continuarán. A esto se le suma que la carne está recomponiendo sus precios respecto al período previo a la devaluación. Además, durante el período 2002-2004 en que la soja tuvo precios elevados, la ganadería fue desplazada a sectores marginales y, dado que lleva alrededor de tres años llegar a un animal que se pueda faenar, eso limita la oferta actual de carne. Todo esto hace esperable que su precio, luego de bajar por la prohibición de exportar, en algunas semanas vuelva a empezar a subir. Entonces ¿qué hará el gobierno? ¿Postergará eternamente la prohibición? ¿Pondrá precios máximos en las carnicerías? ¿Mandará a confiscar el ganado en los campos para garantizar la provisión barata de carne?

Todas estas medidas lo único que logran es que los productores opten por otras alternativas de inversión para sus campos, lo que implicará que, dentro de tres años cuando los terneros que deberían empezar a criarse hoy tengan que llegar al mercado, la escasez de carne será mucho mayor a la de hoy. Entonces sí, el asado de los domingos será considerado un pecado carnal.

CARNE PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA

Publicado el 30 de noviembre de 2006 en el diario Ámbito Financiero, pág 14

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Hacia finales del año pasado, el gobierno amenazó al sector productor de carne con aumentarle de 5% a 15% las retenciones a las exportaciones de dicho bien. En ese momento, ante la pregunta sobre que sucedería con esta medida, contestábamos que la carne efectivamente bajaría debido a la mayor oferta interna que generaría el desincentivo a vender afuera. Sin embargo, luego de bajar un escalón, volvería a subir acompañando todo el resto de los bienes y servicios, por la escalera o el ascensor, según lo determinara la política monetaria del Banco Central. Entonces, elucubrábamos, ¿qué haría el gobierno? ¿Prohibiría exportar carne? De hecho, lo viene haciendo hace ya tiempo con el gas para asegurar una provisión interna barata y suficiente.

Antes que nos comparen con Harry Potter o Mandrake, debo aclarar que la “predicción” fue sólo el resultado de llevar al absurdo el conflicto creciente con el sector privado que implica la estrategia antinflacionaria del gobierno. Sin embargo, el “absurdo” se volvió realidad.

Más allá de la inconstitucionalidad de prohibir una actividad lícita como la exportación de carne, habría que ver si la medida realmente resuelve el problema. En ese sentido, la defensa que están haciendo algunos economistas y representantes del sector no ayuda. Todos parecen aceptar el diagnóstico desacertado del gobierno de que el problema de la inflación está en el mercado de la carne. Entonces, puede gustarnos o no, puede ser inconstitucional, puede no ser lo mejor, pero la prohibición es un remedio posible.

Lo grave es que no es la solución a la suba de precios porque el diagnóstico es equivocado. El precio de la carne va a bajar durante las próximas semanas. Sin embargo, en la medida que el Banco Central siga emitiendo, para comprar dólares, más pesos que lo que la gente quiere, habrá inflación. Si uno produce de un bien más de lo que se demanda, baja su precio, el problema es que la moneda nacional es la unidad de medida con la que se valúan todos los bienes y servicios de la economía. Por ende, si se achica el metro, todo sube medido contra él. Por eso, los economistas dicen que la inflación es el aumento generalizado de precios. Sin embargo, si bien no es el aumento del valor de un bien (en este caso la carne), es en realidad la baja del precio de otro con el que se mide, es decir el peso.

Por lo tanto, cuando la política monetaria del gobierno incentive nuevos aumentos de precio y, en no más de un par de meses cuando la carne empiece a acompañar el ascenso de los valores del resto de los bienes y servicios, ¿qué hará el Poder Ejecutivo? En principio, habrá que olvidarse de exportar carne (más allá de las pocas operaciones exceptuadas); ya que de eliminarse la restricción el precio de la carne subirá 20% o más. De todas formas y más allá de la inflación de fondo, el precio relativo de la carne seguirá recuperándose depende mayormente de la demanda interna. Esto no es casualidad, ya que los consumidores están lejos de haber recuperado el poder de consumo que tuvieron en el pasado.

Intentar acordar precios con el sector no funciona. En el caso de los lácteos, el gobierno juntó a las dos empresas industriales que compran la mayor parte de la leche del país y acordó bajarle el precio a los tamberos para que pudieran vender más barato en los comercios. Es decir, se alió con los industriales para subsidiar a la gente que compra lácteos a costa de los tamberos. En el sector de las carnes hay cientos de frigoríficos, por lo que es imposible conseguir una masa crítica de industriales que permita obligar a miles de productores ganaderos a transferir parte de sus ingresos a los consumidores.

Por otro lado, los acuerdos de precio solamente logran postergar décimas de punto porcentual de cada mes hacia más adelante; pero no resuelven el problema de fondo. Según la Ministra Felisa Miceli, los acuerdos son un “puente de plata” que nos permitirá llegar al momento que las inversiones aumenten la oferta y frenen la suba de precios. Supongo que las retenciones y las restricciones a las exportaciones también son “puentes”, pero ¿a dónde nos llevan?

Supongamos que un inversor decide producir en la Argentina y opta por la carne, de emblemático prestigio mundial, comprando una vaca. La vaca tiene un ternero y cuándo llega al peso ideal para mandarlo a Liniers, el gobierno decide que debe engordarlo más y que no podrá venderlo al peso que más le convenía (hoy no se puede faenar con menos de 280 kilos). A pérdida, lo termina de engordar y al enviarlo a Liniers se entera que prohibieron las exportaciones de carne, lo cual derrumba el precio y malvende el novillo. Por otro lado, cuando vende la leche que produce la vaca, se encuentra con que la industria láctea acuerda con el gobierno pagársela menos de lo que realmente vale, para que llegue a menor valor al consumidor. En definitiva, el señor mata la vaca, invita a sus amigos a un gran asado con cuero y se dedica a otra cosa, seguramente en algún otro país. Por último, dentro de 3 años, cuando los terneros que deberían empezar a engordarse deban ser enviados a faena, seguramente la escasez de carne será mayor a la de hoy, afectando su precio futuro.

Esto no solamente ocurre con la actividad ganadera, también con otros productos de primera necesidad: con el gas, la electricidad, los combustibles, el agua, etc. en los que se subsidia alegremente a los consumidores a costa de los productores y, como consecuencia, no se invierte lo suficiente para garantizar la suficiente oferta futura.

Conclusión: Esperemos que la gente se de cuenta que la política intervencionista del gobierno es “Carne para hoy, hambre para mañana”.