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LA VIVIENDA Y LA POLÍTICA

“Es la economía, estúpido” James Carville, asesor de campaña de Clinton

El problema del acceso a la vivienda se manifiesta de diversas formas en el mundo entero. En los países menos desarrollados se da de forma parecida a la que nosotros conocemos. En los más desarrollados se ven barrios donde la gente vive hacinada y en condiciones de higiene francamente precarias. En ciertos regímenes totalitarios se observa gran cantidad monoblocs que se asemejan a las estructuras que se obtienen de los juegos para armar de los niños, en los que se amontonan las familias y se acomodan como pueden. En lugares más primitivos, la gente sobrevive en chozas e inclusive en cavernas. Y, todavía peor, una gran cantidad de seres humanos vive directamente a la intemperie.

En el mundo viven, con sus más y sus menos, unos 7.000 millones de habitantes. Hace poco más de un siglo, la cifra total no superaba, según las mejores estimaciones, los 1.000 millones.

Las necesidades habitacionales crecieron de manera inusitada ante el notable mejoramiento de la expectativa de vida producto, a su vez, de los avances científicos y tecnológicos.

Así, acceder a una vivienda se ha convertido cada vez más en un drama de dimensiones inusitadas.

Si bien en cada región del mundo esta ingente cuestión intenta resolverse, no en todas partes se utilizan las mismas políticas, obviamente. Lo cierto es que, en general, salvo escasísimas excepciones, el problema persiste y se acrecienta.

Si bien nuestra intención es referirnos a lo que ocurre en la Argentina, la mención del problema a nivel mundial tiene por objeto contextualizar la cuestión. De ninguna manera intentamos caer en el conocido proverbio del “mal de muchos...”

Para intentar paliar al menos esta situación es necesario cuantificarlo. Luego definir qué se supone que es posible hacer. Y finalmente, asignar urgencias.

Desde nuestra perspectiva, todas las políticas seguidas desde hace no menos de 6 décadas han fracasado u obtenido resultados muy parciales e insuficientes. Por el contrario, las distorsiones y abusos producto de legislaciones populistas y supuestamente asistencialistas no han dejado de destruir lo poco o mucho que podría haberse avanzado en la materia.

Durante 30 años (hasta mediados de los 70) rigió en el país una ley que congelaba los alquileres, impedía los desalojos y manifiestamente mostraba la absoluta negación del problema inflacionario, producto precisamente de políticas monetarias erradas y erráticas. Así las cosas, aquellos inmigrantes que en la primera mitad del siglo XX construían alguna piecita con sus ahorros para tener un alquiler que le sirviera de paliativo en sus últimos años en este mundo, vieron cómo un Estado omnipotente y abusador les destruía su sueño de manera definitiva. Propietarios e inquilinos llegaron a matarse por esta absurda política surgida durante el gobierno peronista de los años 40 y 50. Hemos conocido casos en donde el monto mensual llegó a ser tan ridículo que ni valía la pena molestarse a intentar cobrarlo.

El Estado, en su furibundo intervencionismo, ideó una y otra vez políticas de construcción de barrios y casas para entregar de manera más o menos organizada, a todos aquellos que se anotaban en los diversos planes. Pero también, y muy especialmente, a aquellos a los que se deseaba favorecer por conveniencias políticas.

Surgieron así barrios en algunos casos tristemente célebres, como el conocido como Fuerte Apache.

Para no hacer esto demasiado largo, podemos decir que todos los planes de viviendas encarados por organismos como el FONAVI y los sistemas de créditos blandos como la circular 830 del Banco Hipotecario, en tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín, o aquella famosa circular 1050 de los años de la dictadura militar, no lograron ser otra cosa que tímidos paliativos en el mejor de los casos, mientras la mayoría aparecía adornada de corruptelas y asignaciones a “los amigos” del poder de turno.

En la actualidad, los planes consisten en entregar fabulosas sumas de dinero a fundaciones o a personas vinculadas con el llamado “campo social” lo cual equivale a violar elementales normas de control de gastos de Estado. Y no sólo eso, sino que parte del prejuicio de suponer que ciertas gentes son más buenas que otras según sea su ideología. La vieja confusión entre virtudes e ideas, que lleva a algunos a pretender apropiarse de la ética. Y de los fondos públicos.

A todo lo antedicho se ha venido sumando, en los últimos años, esa especie de dormidera de la autoridad constituida para establecer o restablecer el orden público, en general con el argumento falaz de no “criminalizar la protesta social”, razonamiento que constituye la antesala de la anomia, que finalmente termina aplicándose a las ocupaciones ilegales de tierras.

Está muy fresco en la memoria de la población lo ocurrido en el Parque Indoamericano, donde luego de una intervención de la Policía Federal un día, al siguiente se permitió la ocupación del predio en medio de una verdadera oda a la barbarie. Gente arrojándose piedras, exhibiendo armas de fuego, incendios y cortes de calles y autopistas mientras la presidenta de la República interrumpía la transmisión en vivo de semejante despropósito para, mediante la cadena nacional, ocuparse de otra cosa. Un despropósito mayor aún.

Más allá de cómo y quiénes organizan y lucran con las “tomas” de espacios públicos o de predios particulares, lo cierto es que existe una convalidación expresa o tácita, de tal modo que quienes usurpan obtienen un premio por ello. Una y otra vez ha quedado demostrado que así es. Todas las villas de emergencia que pululan en la Capital Federal se han originado en ocupaciones ilegales. Y ahí están, creciendo todos los días sin que nadie se atreva a poner las cosas en su lugar, sino todo lo contrario.

Lo mismo está ocurriendo por estas horas en Jujuy, donde luego de la represión que terminó costando nada menos que cuatro vidas, se ha presentado un proyecto de expropiación de un solar privado a fin de lotearlo entre los ocupantes. Una verdadera ignominia, si se toma en cuenta que la función del Estado es, antes que ninguna otra, hacer respetar los derechos adquiridos, ello con independencia de ocuparse de ayudar a quienes lo necesiten mediante el uso de fondos públicos. Dicho de otra manera: una cosa es que se asignen tierras fiscales o incluso se expropien terrenos de particulares con la debida indemnización, y otra muy distinta es que se convalide una usurpación.

Pero, con todo, la cuestión es intentar imaginar cómo debe encararse la solución de fondo. Porque es sabido que los planes de ayuda de la índole que fueren constituyen artilugios que son usados políticamente para comprar voluntades. Esto dicho en general y casi sin excepciones es lo que ha ocurrido desde hace varias décadas. Ningún gobernante regala nada, y mucho menos de su propio peculio. En los últimos tiempos, por el contrario, tal peculio crece de manera exorbitante sin que aparezca una justicia supuestamente independiente que investigue. El dinero para construir viviendas es obvio decirlo que proviene de las arcas públicas. Todo el dinero utilizado en todos los planes oficiales, cualquiera sea su modalidad, surge de la recaudación tributaria o de la emisión espuria de moneda. Inclusive en los casos en los que los favorecidos deben pagar una cuota, es obvio que la misma se encuentra subsidiada fuertemente, siendo toda la población la encargada de pagar la diferencia.

El problema de la vivienda responde, en sí mismo, a una cuestión bastante más general y tiene que ver con la concepción económica y política de un Estado soberano. La existencia de seguridad jurídica y de una moneda o unidad de cuenta confiables son esenciales. Las tasas de interés no son producto de especulaciones o de teorías conspirativas y “golpes de mercado”, sino la consecuencia de la inestabilidad monetaria y jurídica.

La razón por la cual un país como el nuestro no recibe inversiones a gran escala y no avanza en ningún proyecto industrial serio, es precisamente esa. No hay otra forma de lograr el crecimiento dentro del llamado capitalismo que no sea la de volverse menos burocráticos, más eficientes, menos arbitrarios.

La tendencia a una mayor estabilidad fiscal, jurídica y monetaria, es la base para una mejora en la productividad. No es inflando el valor del dólar como nos volveremos competitivos. Es insólito que las inversiones no lleguen masivamente a estas playas siendo que, como se afirma, nos va fenómeno y crecemos a tasas chinas.

No es subsidiando o estableciendo tarifas diferenciales como se logra el crecimiento y en definitiva el desarrollo. Cualquier ayuda es un paliativo. No un método para combatir la pobreza o el subdesarrollo. Esto hay que entenderlo de una buena vez. Y ya es hora.

El actual gobierno reparte todo tipo de prebendas, subsidios, asignaciones familiares. Interviene en todos los mercados, fija los precios, cambia los índices, usa las reservas del Banco Central, emite moneda, reparte feriados. Todo parece estar mal hecho a menos que el omnipresente gobierno nacional organice un acto en el que la presidenta pontifique, ante la amalgama de funcionarios afines que están allí para aplaudir, la verdad revelada que los argentinos no hemos entendido.

Y la verdad es que los funcionarios y los políticos no son más que seres iguales que nosotros que un día se vistieron la casaca. Tan buenos y tan malos, tan justos y tan descarriados como cualesquiera de los habitantes de este suelo.

Que tengan o no una cuota de poder, no los convierte en omnisapientes. Esto también es una obviedad que claramente la presidenta de la Nación no ha entendido. En verdad no parecen haber entendido este razonamiento tan simple la inmensa mayoría de los políticos. Primero se destruye la moneda mediante políticas expansionistas, luego se destruye el Estado de Derecho porque la realidad no se condice con su parecer, y finalmente se pretende resolver el descalabro económico y financiero con más y más intervencionismo. Intervencionismo que llevan a cabo personas de carne y hueso como cualesquiera de nosotros.

Si observamos la realidad económica y social, rápidamente podremos comprobar que se multiplica todo tipo de subsidios, controles, asignaciones, rebajas, planes “para todos”, ayudas, repartos, y mil etcéteras. Y sin embargo el estándar de vida ha caído de manera segura y seguida a lo largo de varias décadas.

La moneda se ha deteriorado al punto de haber perdido trece ceros en algo más de 40 años. Y como vamos, más temprano que tarde perderá algún cero más.

La construcción de edificios de todo tipo se ha multiplicado en las ciudades en los últimos años. La razón fundamental es que para muchos ahorristas constituye una reserva patrimonial mucho mejor que la tenencia de cualquier papel. Pero hay otra razón que no se menciona actualmente: el Estado ha dejado de intervenir en el mercado de los alquileres. Es eso lo que posibilita que mucha gente “ahorre en ladrillos”, como ocurría antes de la desastrosa sanción de la ley de congelamiento de los alquileres que señalábamos al comienzo.

Quienes contamos algunos años, recordamos las sucesivas intervenciones en el mercado de alquileres en los años 70 y 80. Todas ellas posteriores a la derogación de la funesta ley de congelamiento.

Sólo en los años 90 se dejó de lado esta política. Y curiosamente, si bien hubo algunos amagues durante éste y el anterior gobierno, la cosa no pasó a mayores y finalmente al menos hasta ahora no se ha tocado el mercado, excepto por la prohibición de colocar cláusulas de ajuste monetario en los contratos, cuestión que obliga a tomar recaudos y muchas veces infla los precios iniciales.

Pero sí se ha producido un fenómeno que podríamos llamar concomitante. La prohibición de construir edificios por falta de infraestructura en cloacas, agua de red o tendido eléctrico y de gas domiciliario. Es decir, en lugar de reclamar que el Estado o las empresas concesionarias mejoren la infraestructura, lo que se hace es intentar impedir que se construya, violando así el derecho de propiedad de quienes en su terreno desean construir. Sin indemnización alguna, por supuesto.

La verdad es que el asistencialismo es funcional a la compra de votos. El llamado Estado benefactor regala y subsidia, creando la ilusión en las gentes de que todo aquello que necesiten lo obtendrán sin esfuerzo alguno.

En términos económicos termina siendo preferible estar siempre de lado de los que reciben; y no de quienes hacen el esfuerzo de producir. Es así como la productividad no mejora como debería, mientras los empleos públicos o aquellos trabajos inventados por las leyes mediante subsidios, crecen y crecen sumando más y más ineficiencia.

No hay aliento a la producción o a la inversión lisa y llana cuando no se respetan contratos, derechos o condiciones. No hay aliento al ahorro en moneda nacional cuando se sabe que la moneda pierde rápidamente su valor y que encima el propio Estado miente al respecto.

Una economía sólida, ordenada, respetuosa de la ley y sostenida en el Estado de Derecho es la base para el crecimiento sostenido y ordenado, que alienta la llegada de capitales, la inversión y el trabajo.

Este tipo de concepción jurídico política no existe casi en la Argentina. Y no existe desde hace muchos años. Tantos como los que llevamos debatiendo la falta de viviendas.

Intereses de clase, facciosos, arribistas, se agregan a esta verdadera puesta en escena. Los llamados “pueblos originarios” reclaman tierras de sus antepasados, reclamo al que se suman intereses políticos arribistas y facciosos. Los “sin techo” se constituyen en una forma de poder de clase o de casta. No importa demasiado dónde vivían y dónde dormían el día anterior. Basta que estén donde deben estar en el momento indicado para la “toma”, y luego anotarse para percibir la ayuda

El camino de la bondad puede estar plagado de buenas intenciones por parte de gente de bien y que intenta ocuparse de las necesidades de los demás. El camino elegido favorece el populismo y la facciosidad política.

Acceder a la vivienda desde la política es, casi de seguro, entrar en la prebenda y en la dádiva. En la transacción a cambio de votos. A la vivienda se accede desde la economía.

Quizás lleve mucho tiempo, quizás no haya para todos. Eso puede ser. Pero entonces sí el Estado puede aportar lo suyo, desde organizaciones no gubernamentales y apolíticas, con el debido control de los fondos, las auditorías y las rendiciones de cuenta. Como también marca la Constitución Nacional

Héctor Blas Trillo Buenos Aires, 7 de agosto de 2011

El sector agroalimentario se compone de un conjunto de empresas y establecimientos que pertenecen a alguno de los siguientes grupos:

1- Aquellos establecimientos que forman parte del sector primarioy se dedican a la producción de alimentos (agricultura, ganadería, pesca y parte de la silvicultura).

2- Empresas que transforman materias primas provenientes se los emprendimientos mencionados en el punto anterior, en alimentos elaborados y semi elaborados.

Es decir, que el sector agropecuario está compuesto por empresas que pertenecen al sector primario y también por empresas que pertenecen al sector secundario.

Dentro de las empresas del sector primario, la agricultura y ganadería son las mas importantes. Subsectores importantes son, en la agricultura, la producción de soja, trigo y maíz, y dentro de la ganadería, la producción de carne vacuna, de cerdo y de pollos y de leche.

Con respecto a empresas del sector secundario, que pertenecen al sector agroalimentario, algunas de las mas importantes son frigoríficos, panaderías, producción de aceites, industria láctea, bebidas alcohólicas, etc.

La industria del calzado es uno de los sectores industriales que muestra mayores cambios en las últimas décadas. Actualmente se producen en el mundo unos 12 mil millones de pares, con un promedio de 2 pares por persona. Un dato interesante es el hecho que un 60% de esa producción es exportada. China (produce 6.500 millones de pares/año y exporta 4 mil millones) e India (700 millones de pares/año), son los paises que registraron el crecimiento más espectacular de esta industria, desplazando de la escena a naciones que en su momento fueron grandes productores, como Italia, cuya producción se ha reducido a 400 millones de pares/año.

Por otro lado, el gran importador mundial sigue siendo EEUU (1.800 millones de pares), seguido de Japón y Alemania. Estos 3 paises concentran casi la mitad de las importaciones totales netas (excluyendo Hong Kong, que opera como país de transito). El valor del comercio mundial de calzado no deportivo ronda los 15 mil millones de dólares anuales, correspondiendo un 85% de ese total al calzado con capellada de cuero.

El mundo muestra dos modelos contrapuestos que compiten en el mercado internacional: el "asiático o económico", cuyo liderazgo ejerce China, que aprovecha el bajisimo costo de su mano de obra, y el "europeo", representado por Italia y seguido por España y Portugal, mas caro pero con diseño y elaboración de mayor calidad.

El modelo brasileño

Brasil es un caso interesante de analizar. Representa una vía propia, intermedia entre China e Italia, pero igualmente exitosa, que en los últimos 25 años logró triplicar su producción y colarse entre los grandes exportadores mundiales. Sus logros en el comercio internacional son el resultado de la adopción de una estrategia adecuada enfocada en la provisión de zapatos de mujer en el segmento de precio medio/bajo para el mercado de EEUU. Actualmente, el 70% de los 1.600 millones de dólares anuales provenientes de sus exportaciones de zapatos, fundamentalmente de mujer, se dirigen a EEUU, ocupando el primer lugar entre los proveedores de calzado femenino de ese país (42% del total, seguido por China con el 38% e Italia con el 10%).

Es más, en los últimos años Brasil ha comenzado a insertarse en el nicho de calzado de máxima calidad, siendo actualmente el único proveedor no italiano de marcas como Gucci, Prada y Ralph Lauren. Asimismo, marcas brasileñas, como Reef o Havainas (calzado informal) se están posicionando en el mercado internacional.

¿Cómo lo logró? ¿Qué participación tuvo el sector público en el boom del zapato brasileño?

Decisiva. Aquí es donde mueren las palabras y comienzan los hechos. El sector público de Brasil se involucró activamente en el desarrollo de este sector con una batería de instrumentos que abarcaron desde ventajas impositivas, hasta inteligencia y promoción comercial, pasando por el financiamiento. Entre las ventajas impositivas se contabilizan la reducción y diferimiento de impuestos, así como créditos tributarios. En lo que hace a la promoción comercial el apoyo para la creación de una base de datos y la participación en misiones y ferias, entre otros. Asimismo, se brindó asistencia para el equipamiento, capacitación y acceso a tecnologías de avanzada con la finalidad de lograr una rápida modernización del sector.

Sin embargo, la clave del éxito, el lubricante de las otras acciones, fue el financiamiento destinado a promover este sector. Tan solo entre 1995 y 1998 el BNDES –el banco de desarrollo de Brasil- financió programas para el sector del cuero y calzado por mas de 300 millones de dólares, la mayoría de los cuales se canalizó a favor de pymes.

El retroceso argentino

¿Y Argentina? Para atrás. Entre 1991 y 1998 la producción de calzado cayó más del 30% y entre 1997 y el 2001 el derrumbe se aceleró a un ritmo del – 15% anual. A este fenómeno contribuyeron dos factores. Por un lado, la fuerte caída del consumo de calzado que pasó de un promedio de 4 pares per capita en la década del 80 a menos de 2 pares en la actualidad. Por otro, el aumento de las importaciones que tuvo su cenit en el 2001, cuando el 45% de los zapatos vendidos internamente fue de origen importado.

Sólo la estupidez e ineficiencia de la dirigencia local puede explicar este retroceso en un país que procesa mas de 10 millones de cueros vacunos por año. El balance comercial del sector es una clara radiografía de la situación. En el 2000 Argentina exportó cueros por 800 millones de dólares (a Brasil e Italia, entre otros) e importó zapatos por casi 200 millones (de Brasil e Italia, entre otros). La hiperdevaluación y el retroceso del consumo en el 2002 corrigieron este desajuste, al desplomarse las importaciones y permitir una recuperación, pero sin brindar una solución de fondo al sector, que continua rezagado y vulnerable.

El futuro posible

El ejemplo de Brasil muestra el camino para revertir esta situación. Una meta moderada para Argentina sería duplicar la producción de calzado en 4-5 años, alcanzando para el 2007 los 100 millones de pares, 75 millones de los cuales serían absorbidos por el consumo interno y 25 millones se exportarían. Esto representaría un ingreso adicional de unos 350 millones de dólares y la creación de aproximadamente 20 mil nuevos empleos.

El país tiene los recursos básicos para desarrollar una producción que le permita incursionar competitivamente en el segmento de calidad media y alta, basada en la disponibilidad de cueros, la capacidad y experiencia de nuestras curtiembres, la buena calificación y bajo costo de la mano de obra, sumada a la rica tradición artesanal y diseño local.

¿Qué se requiere? Además de voluntad e inteligencia aplicadas al diseño de un programa sectorial estratégico, que incluiría la identificación de nichos de productos y mercados (¿calzado de vestir o informal? ¿para mujer o hombre?, etc) es necesario brindar apoyo al sector privado para facilitar su modernización (diseño, tecnología, equipamiento, calidad) y fomentar el surgimiento de jugadores globales (consorcios, firmas de trading).

El costo fiscal de un programa de esta naturaleza se sitúa por debajo de los 2 millones de dólares/año y las necesidades de financiamiento, principalmente para exportaciones, en los 25 millones. De lo expuesto se concluye que en el sector del calzado es posible hacer mucho con poco, debido a sus bajos requerimientos de capital y tecnología. Sin embargo, para mejorar los pies es necesario, ante todo, cambiar la cabeza.

Por Alberto Pontoni. Octubre 2003

Todo análisis sobre el presente y futuro de la Argentina debe tomar en consideración la realidad del sector agropecuario atento su importancia en el quehacer productivo. Una de las principales fuentes de información para el estudio de la problemática económica, técnica y social de ese sector es el Censo Nacional Agropecuario, que periódicamente realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

A continuación se presentan algunos datos significativos del último relevamiento, realizado a fines del año pasado, que permiten apreciar los cambios sucedidos en el ámbito rural en la última década, al compararse sus resultados con los del censo anterior, de 1988.

• Actualmente existen unos 318.000 establecimientos agropecuarios que ocupan una superficie total de 170 millones de hectáreas. En los últimos 14 años la cantidad de establecimientos se ha reducido sensiblemente, en un 25%. Existen zonas, como Marcos Juárez en la provincia de Córdoba, donde el número de explotaciones disminuyó un 34% respecto del año 1988.

• El área sembrada representa casi una quinta parte del total ocupado, alcanzando a 33 millones de hectáreas. El incremento de la superficie agrícola a nivel país fue del 5%, pero en algunas zonas, como el noroeste, el aumento fue mayor (+48%). A pesar de ello, en la década del 90 la Argentina duplicó su volumen de producción agrícola pasando de 35 a 70 millones de toneladas anuales, como consecuencia del fuerte incremento de productividad derivado de las modernas tecnologías.

• Hubo importantes cambios en los cultivos, con fuertes incrementos en las áreas sembradas con oleaginosas (+65%) y cereales (+30%), a expensas de otros, como los industriales (caña, tabaco, algodón), que redujeron su cobertura en un 41%.

• El ganado bovino permanece estable, en alrededor de 47 millones de cabezas, mientras que el ovino, que supera los 12 millones de cabezas, se redujo un 45%, con fuertes caídas en Buenos Aires (-70%) y Santa Cruz (-50%). También el stock porcino se redujo sensiblemente (-40%), alcanzando actualmente a sólo 2 millones de cabezas

La concentración de la tierra

El último censo agropecuario resalta otro aspecto igualmente llamativo, la desaparición de 80.000 establecimientos agropecuarios. Entre 1988 y el 2002 el número de unidades productivas se redujo un 25%, pasando de 397.000 a 318.000. La otra cara del mismo fenómeno es la fuerte concentración de la propiedad de la tierra que se produjo en ese lapso, que se expresa en el incremento del promedio ocupado por establecimiento, que pasó de 420 a 540 hectáreas.

La principal explicación de este hecho debe rastrearse en la introducción de tecnologías más capital intensivas que han permitido fuertes aumentos de productividad pero que requieren mayor disponibilidad de recursos financieros y técnicos.

La nueva situación agudizó el "dualismo" en el sector rural, caracterizado por la convivencia de productores pyme de escasos recursos que utilizan sistemas más tradicionales de explotación y grandes unidades de producción con disponibilidad suficiente de medios técnicos y financieros para acceder a los modernos patrones de producción. Los "pool de siembra" representan, justamente, el paradigma de este modelo.

El desenlace de esta situación era previsible. El deterioro de ingresos llevó a la venta de tierras y el desplazamiento de un número significativo de familias rurales, que va más allá de las 80.000 que perdieron su condición de propietarios.

Impacto social

Un colaborador de este Reporte, el Ing. Ag. Hugo Almada, docente agropecuario y actual concejal de Lobería, nos ha hecho llegar sus observaciones sobre las serias consecuencias de este fenómeno para la familia rural.

• Desarraigo y marginalidad. La perdida de empleo del trabajador rural implica, generalmente, la migración a localidades cercanas de quienes viven en el campo, pues en su mayoría carecen de vivienda propia y habitan en el puesto que se les asigna. El desplazado llega a pueblos y ciudades sin vivienda ni trabajo y con pocas posibilidades de inserción laboral, ya que sus habilidades son específicas para la tarea rural. A eso debe sumarse un fuerte sentimiento de desarraigo debido a su idiosincrasia campera que choca con muchas de las costumbres urbanas. Esto convierte a un excelente peón rural, tractorista, esquilador, carrero, arreador, en un hombre abatido por la situación económica y por la pérdida de sus costumbres.

• Desolación. El desplazamiento de los trabajadores rurales vacía escuelas y comercios y contribuye al desempleo en otras actividades y la despoblación de las regiones, transformando el interior en una gigantesca tapera abandonada.

• Deterioro urbano. La nueva situación agrava el deterioro de las cuentas de los municipios rurales, ya que deben afrontar mayores gastos en rubros como asistencia social, salud, vivienda y educación, afectando otras prestaciones de servicios

• Necrosis local. Generalmente, los nuevos dueños de la tierra son grupos económicos con sus administraciones en grandes centros urbanos, que realizan sus operaciones comerciales y contratación de servicios con empresas y profesionales de fuera de la zona. Esto contribuye al deterioro económico del comercio (acopiadores, proveedores de insumos, etc), profesiones y otras actividades locales, agravando la situación.

• Daños ecológicos. La explotación intensiva en pos de la maximización de utilidades acelera la degradación del suelo y dificulta su recuperación. Se estima que cada centímetro de suelo perdido por erosión demora unos 200 años para recuperarse.

A titulo de reflexión

Sin duda no puede detenerse el avance tecnológico "destruyendo las maquinas", es decir, prohibiéndolo o negándolo. La solución tampoco pasa por la aplicación de políticas asistenciales a los desplazados, que sólo transfieren y agravan el problema. Corresponde al Estado hacer compatibles el progreso económico con el desarrollo social.

Una alternativa viable pasa por promover la transformación in situ de las materias primas, llegando con industrias a las localidades del interior y revalorizando el rol de las pymes en el desarrollo regional. El país necesita de muchos Rafaelas, Arroyitos, Villas Marías y Sunchales, verdaderos polos de desarrollo fundados en cadenas de transformación de productos agropecuarios. La tarea del sector público es hacer esto posible.