Coyuntura Argentina

La preocupación por la inflación se encamina a la búsqueda de eufemismos, tales como el de "reacomodamiento" de precios. Mientras tanto, el endeudamiento crece y el dólar sigue bajando su cotización

Al momento de escribir estas líneas, el índice de precios al consumidor no ha sido divulgado, aunque se estima que estará entre el 1,1 y el 1,2% para el mes de julio. El diario Ámbito Financiero titula en su tapa que tal incremento es "muy bueno", al tiempo que anuncia para agosto un 0,7%, según algunas proyecciones.

En verdad, la contención de la inflación mediante presiones sobre las empresas y en especial sobre los supermercados, al tiempo que se postergan los ajustes de tarifas de servicios públicos, transportes y combustibles en general, no parece en absoluto ser una buena noticia. Resulta particularmente curioso que se considere bueno encorsetar la presión inflacionaria, cuando en realidad es la demostración de que el problema está más vigente que nunca.

En otras oportunidades nos hemos referido a estos problemas, y hemos cuestionado que se apunte a una economía en crecimiento mediante la utilización de promociones diversas, que no hacen otra cosa que demostrar que estamos ante la falta de inversiones, y por ello es necesario recurrir a esquemas promocionales. Como en aquellas huelgas generales donde la gente paraba por miedo o por los clavos "miguelito" y que los dirigentes consideraban un éxito, y los medios en general avalaban tal postura, estamos ante lo contrario.

El así llamado "reacomodamiento" de precios es, como hemos señalado en anteriores oportunidades, el ajuste de los precios ante la devaluación acontecida y ante la emisión de moneda resultante de ella, desde 2002 hasta el presente. Y lo razonable es esperar que la tasa de incremento de los precios al consumidor se equipare a la de los precios mayoristas, y ambas se equiparen a la tasa de aumento del valor del dólar. El tiempo que tarde en ocurrir tal hecho depende de múltiples factores, tales como el atraso en los precios o tarifas resultante de las presiones o prohibiciones gubernamentales, o la falta de mercados. Nada más.

De manera que hablar de reacomodamientos es hablar de inflación, pero no llamándola así. Y en este marco es particularmente significativa la unanimidad que existe en la calificación.

Mientras tanto, y concomitantemente, se intenta desde el Ministerio de Economía sostener un tipo de cambio que se vuelve insostenible. La emisión de moneda para comprar excedentes de divisas y el endeudamiento (mediante la emisión de Lebacs y Nobacs) para sostener el tipo de cambio en valores artificialmente elevados continúa provocando el triple efecto que en otras épocas condujo al desastre: crecimiento galopante de la deuda pública, impulso inflacionario y aumento del déficit cuasifiscal (es decir, aumento del monto que paga el Estado por intereses sobre las Lebacs y Nobacs emitidas).

En esta semana el Central tomó cerca de $ 1.400 millones por Lebacs en pesos y alrededor de 20 millones en dólares. Cabe destacar que esta institución salió a colocar 300 millones en la divisa. Según Martín Redrado, presidente del Banco Central, se absorbieron unos $ 2.000.- millones en total, dado que hubo cancelación de redescuentos por algo más de $ 600 millones, de parte de algunos bancos.

lavagnaRecordamos aquí que el Dr. Lavagna ha decidido dejar de emitir letras ajustadas por CER, de manera que las colocaciones señaladas lo han sido a tasa fija y sin indexaciones. En las colocaciones a 49 días la tasa de corte fue del 5,95%, en tanto que para 175 días se llegó al 7,50%, en ambos casos anual.

Naturalmente que en tanto las expectativas respecto del tipo de cambio sean que se sostendrá o incluso bajará un poco, estas tasas de interés son sumamente atractivas, y al mismo tiempo le bajan una carga financiera al Estado de proporciones, ya que con las letras indexadas se llegará a pagar tasas mucho más altas que las consignadas.

En general los inversores se concentran en los plazos más cortos y rechazan hacer colocaciones en dólares. Cabe decir para terminar con este punto que los vencimientos totalizaban 1.511 millones de pesos.

Digamos que se produce hoy el vencimiento y pago de alrdedor de 1.600 millones de dólares, una cifra importantísima que si se vuelca a pesos puede hacer que baje aún más el tipo de cambio, que se ubica en los valores más bajos en 17 meses. Es por ello que desde el Central se realiza una nueva emisión de Boden 2012 por 500 millones de dicha moneda, que con tasas en torno al 8% anual tal vez despierte un cierto interés entre los inversores.

Por otra parte, en el día de ayer el Dr. Lavagna se reunió con varios economistas del llamado Grupo Fénix, entre ellos Aldo Ferrer, Roberto Frenkel, Miguel Bein y Javier Gonzáles Fraga. Allí quedaron en evidencia algunas cuestiones, tales como los sobreprecios y la demora en las contrataciones de obra pública, mencionados por el ministro, y también los préstamos al campo por parte del Banco de la Nación, que de 12.000 solicitados solamente se otorgó el 10%. También Lavagna consignó que el gobierno está desendeudándose, pese a que la deuda está alcanzando ya los niveles anteriores al default y apuntó a la difusión que le dan los medios al problema inflacionario, que provoca expectativas negativas, repitiendo de ese modo un argumento bastante común en la Argentina de los últimos 60 años por lo menos.

Se habló en esa reunión entre otras cosas de indexar el tipo de cambio, de hacer una canasta de monedas secreta, tipo Singapur, para ajustar el valor de la divisa y se llegó al punto en que el ex ministro Aldo Ferrer propuso lanzar la "fase dos"del plan económico. En fin, las clásicas recetas estuvieron puestas sobre el tapete ante un ministro en general muy prudente que básicamente se limitó a escuchar y a rechazar.

Lo cierto es que como hemos señalado tantas veces, este modelo funciona con un tipo de cambio alto, bajos salarios y atraso tecnológico producto del encarecimiento de las importaciones. La competitividad está pensada en términos de artilugios monetarios para el mercado interno, y tipo de cambio alto para lograr divisas por exportación de productos primarios que dejen una tajada en materia de derechos de exportación.

Justamente en materia de derechos de exportación, el presupuesto 2006 apunta a que las industrias que mejoren sus exportaciones en ese año con respecto a 2005, sufrirían una merma en las retenciones. Cuestión de hacer cuentas, digamos, para tales industrias, si les conviene o no exportar ahora en tanto no tengan cerrados los contratos. Esta baja de las retenciones favorecería especialmente al sector siderúrgico, y también a las automotrices, autopartistas y productores de agroalimentos, que tributan en general el 5%, tasa que se eliminaría para los incrementos de exportaciones medidos por trimestres contra el año actual.

Digamos que ya está vigente la libre disponibilidad de los saldos favor técnicos de IVA por inversiones en bienes de capital.

No hay mayores novedades en la cuestión de las tarifas, y tampoco en las negociaciones con el FMI, excepto que está buscándose el apoyo europeo, o más bien la renovación de tal apoyo, especialmente de Francia, España y Alemania.

Y finalmente, las bondades climáticas han favorecido razonablemente el ahorro de energía (ello amén de los castigos por incrementos en los consumos familiares), mientras el barril de petróleo supera los 62 dólares, récord histórico absoluto.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2005

Copyright © Cdor. Héctor Blas Trillo - Reservados todos los derechos

Los ejemplos sobran: desde los llamados impuestos distorsivos, como las retenciones a las exportaciones o el impuesto a las transacciones financieras, hasta las exacciones provinciales que en muchos casos terminan en verdaderos shows mediáticos, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires, pasando luego por las tasas de abasto y otros impuestos y gabelas varias de carácter municipal, se suman a lo largo y a lo ancho de todo el país, prácticamente.

La voracidad fiscal parece no tener límites. Desde el poder político y en general desde los medios de difusión, se insiste en la necesidad de combatir la evasión, sin distinguir que dentro de quienes no pagan no solamente están los evasores que cometen delitos como la defraudación fiscal, sino también morosos por razones diversas, entre las cuales sin ninguna duda se encuentra la dificultad de pagar y es por ello que el propio Estado a través de la AFIP posterga una y otra vez el Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA) para incitar al menos a la regularización de deudas. Claro que bajo la espada de Damocles de los embargos de cuentas bancarias, en muchos casos sin que el contribuyente hubiera recibido notificación fehaciente con antelación.

El tema es realmente serio. En materia legislativa, los llamados “planes antievasión” contienen una importante cantidad de presunciones que pueden derivar en la aplicación de la ley penal tributaria, por ejemplo, siendo que desde siempre un proceso penal debe basarse en hechos objetivos y concretos, y no en supuestos, por más razonables que fueren éstos y por más que las leyes tributarias los contengan.

El combate de la evasión, es decir: de las defraudaciones de toda índole que normalmente se suscitan no puede ni debe dar lugar a arbitrariedades. Seguramente en esto coincidiremos todos.

Pero el mensaje que llega al público en general es que quienes no pagan impuestos son siempre evasores, lo cual manifiestamente es erróneo y probablemente no sea inocente.

El hombre común piensa de inmediato en facturas apócrifas o ventas o empleos en negro, cuando en realidad dentro de los contribuyentes registrados, es decir, dentro de quienes están “dentro del zoológico”, como ha dicho el secretario de Ingresos Públicos, el porcentaje de evasión no es tan alto, sobre todo si se toma en cuenta que las grandes empresas en general, principales contribuyentes del sistema, suelen trabajar dentro de la legalidad. Y quienes están fuera del sistema difícilmente pasen a estar dentro de él si la acción fiscalizadora se centra únicamente en el “zoológico”, para insistir con la metáfora del Dr. Abad.

El abundamiento de modificaciones legales en las cuales se “adjetivan” los supuestos de infracción, tiene también lo suyo a la hora de analizar la forma de legislar. Es común en las reformas recientes que aparezcan adjetivos calificativos de las infracciones, como por ejemplo hablar de “graves deficiencias” en la registración, lo cual deja en manos del campo judicial el justiprecio de qué cosa es grave y qué cosa no dentro de la misma falta. Y según lo sea, la sanción será más o menos importante.

En el transcurso del mes de junio la recaudación a nivel nacional superó los 11.054 milones de pesos, bastante más de lo previsto, que rondaba los 10.000 millones como máximo. Esta cifra representa un incremento del 16,8% si comparamos contra junio de 2004. Muy por encima, obviamente, de la tasa de inflación si medimos el mismo período y aproximándose, en todo caso, a la suma de dicha tasa más el incremento del PBI. El total recaudado en el primer semestre llega casi a los 57.800 millones de pesos, los cuales representan un 17,9% más que lo recaudado en el primer semestre de 2004. Recalcamos que estas cifras corresponden a la recaudación a nivel nacional, es decir de la AFIP. Impuestos nacionales, tributos aduaneros y aportes y contribuciones provisionales. A ello hay que sumar las recaudaciones provinciales por impuestos tales como ingresos brutos, inmobiliario, sellos tasas y contribuciones varias tanto provinciales como municipales Y dentro de éstas últimas las “innovaciones” que señalábamos al comienzo.

Desde el punto de vista de un Estado necesitado de superávit el resultado puede considerarse más que halagüeño. Pero no podemos dejar de ver los aspectos negativos que la tributación superavitaria genera en el funcionamiento macro y macroeconómico.

Naturalmente que el pago de impuestos ocasiona una merma en la demanda de bienes y servicios y afecta a las inversiones, en tanto y en cuanto el Estado utiliza parte del superávit para adquirir dólares y evitar que el tipo de cambio baje de los niveles en que se encuentra, con los efectos sobre el déficit cuasifiscal y el impulso inflacionario que reiteradas veces hemos comentado.

Desde el Ministerio de Economía ha trascendido que los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias no serán modificados, pese a que los montos resultan hoy por hoy ridículos teniendo en cuenta la enorme devaluación operada en el peso. Del mismo modo, los balances de las empresas, que se han ajustado por inflación para reflejar los efectos de la crisis acontecida, siguen manteniendo los valores históricos para fines fiscales, originando ganancias ficticias en muchos casos de gran magnitud. Y aquí se da la curiosidad de que pese a que el ajuste por inflación impositivo sigue prohibido por la Ley de Convertibilidad, no ocurre lo mismo cuando el balance a considerar el que determina el Impuesto sobre los Bienes Personales (figura del Responsable Sustituto) que deben abonar los accionistas sobre sus tenencias a valor patrimonial proporcional.

Las dificultades para obtener reintegros en lapso razonable, la falta de equidad entre las tasas de interés aplicadas por mora versus las que se consideran para la repetición de impuestos, los adelantos que constituyen los llamados anticipos, las retenciones y percepciones y el impuesto al cheque (transacciones finacieras) origina costos financieros que no están reflejados a la hora de analizar la presión fiscal tomando en cuenta únicamente las tasas que se aplican. No es lo mismo abonar un impuesto en el mes de abril de 2006, que haberlo abonado prácticamente en su integridad durante el año 2005 en forma de anticipos, retenciones y demás. Si consideramos que el propio Estado ofrece Lebacs a tasas de interés que se suman al CER podemos fácilmente establecer una diferencia anual del orden del 10 o 12% sobre los montos pagados anticipadamente. Es decir que sin entrar demasiado en detalles, abonar antes implica pagar bastante más, y tal diferencia no es reconocida por el Fisco al momento de pagar el saldo.

El desarrollo en profundidad de un tema como el que planteamos en este artículo, excede largamente la intención que nos lleva a escribirlo. De lo que se trata es de tomar real conciencia y dimensión de dónde estamos.

Hay que tener en cuenta que el Estado, en ejercicio del poder de policía, tiene todo el derecho de fijar impuestos, tasas y gabelas, como también lo tiene de establecer una política económica y una sana asignación de los recursos. Podríamos decir que tiene el derecho y también tiene el deber.. Pero precisamente por ello la razonabilidad y la no confiscatoriedad deben privar a la hora de tocar el bolsillo de todos los habitantes del país, amén de esforzarse por brindar servicios acordes con la recaudación, en punto a mejorar la eficiencia y evitar la duplicación de gastos que significa que la población deba recurrir a entes privados para lograr una mejor educación para sus hijos, una mayor seguridad para sus hogares y una mejor atención de su salud.

No se alcanza a entender, por ejemplo, por qué a la Secretaría de Ingresos Públicos no le sucede una Secretaría equivalente que vigile los egresos. Por qué no se establecen auditorías con la necesaria independencia para controlar las erogaciones nacionales, provinciales y municipales. Hay reconocidas instituciones, como los colegios y consejos profesionales, que podrían aportar lo suyo en la materia, evitando de ese modo las suspicacias y las realidades que implican los organismos públicos encargados de tales funciones, que por supuesto dependen del poder político.

Otra cuestión que también debería ponerse sobre el tapete es la de la coparticipación federal. Más allá de la postergadísima instrumentación, está en juego el federalismo que quedó sentado en la propia constitución de 1853. Como se sabe, la recaudación de impuestos debería estar a cargo de las provincias y no de la Nación, como ocurre desde los años 30. Cabe recordar que impuestos como el de las ganancias son “de emergencia”, precisamente por ese hecho: porque deberían ser provinciales. A la coparticipación se le ha sumado en los últimos años un rubro conocido en general como “ATN”, sigla que significa “adelantos transitorios de la Nación”, que a estas alturas adolecen de un alto grado de arbitrariedad, en donde entran en juego factores políticos casi con toda seguridad.

Si bien desde el gobierno se reitera la necesidad de que los contribuyentes soliciten sus facturas y hasta se ha instaurado la figura del “agente encubierto” para tratar de detectar comerciantes que no entregan tal documento en regla, lo cierto es que una parte de la economía funciona en negro y cualquier entendido sabe que si pasara de la noche a la mañana a funcionar en blanco se produciría un verdadero parate, por transformarse en insostenible la presión fiscal.

Mencionar estos aspectos, cosa que normalmente no vemos en los medios, nos parece de gran importancia en tren de analizar hacia dónde vamos.

Todo el mundo sabe que una reforma del Estado es una tarea por demás postergada. En algún momento hasta se habló de reformar nuevamente la Constitución para poder ajustar algunas cuentas, volver al federalismo electoral y terminar con figuras como la del llamado “tercer senador”. Ciertas instituciones vinculadas al estudio de factores económicos tienen desarrollados trabajos sumamente detallados y profundos respecto de la manera de encarar una reforma que vuelva razonable y virtuosa la gestión pública. La necesidad de encarar tal reforma entendemos que no escapa al criterio de nadie, más allá de que no haya acuerdo sobre qué reformar y cómo hacerlo.

El Estado de derecho en la república debe centrarse en la necesidad de recaudar impuestos dentro de la razonabilidad y bajo criterios de justicia basados en la Constitución, y por ende en la equidad y en la igualdad. Es imprescindible que el Estado exponga en qué gasta el dinero que con tanto esfuerzo acercan los contribuyentes, del mismo modo que es fundamental mejorar la asignación de recursos para volver más eficiente la economía.

La devaluación de comienzos de 2002 ha otorgado al Estado un “colchón” de notable importancia, cuya contrapartida ha sido la baja general de los valores en moneda dura de patrimonios, ingresos y sueldos de toda la población. El Estado ha asumido el compromiso de utilizar parte del superávit en atender los planes de ayuda a los necesitados, pero es obvio que un criterio de transparencia implicaría poner en manos de entidades de bien público independientes del poder político tal distribución.

Se sabe que el gasto público ha subido considerablemente, y en un año electoral es posible que ciertos desajustes en la materia se produzcan, habida cuenta la experiencia.

Es incomprensible que todavía no tengamos una legislación aceitada y concreta sobre la forma de financiamiento de los partidos políticos, como también lo es que sigamos con las listas sábana o nuevamente dejemos de lado las llamadas internas abiertas que posibilitarían por lo menos un soplo de aire fresco a tanto aparato partidario.

Indudablemente, hablar de estos temas implica incursionar en política. Pero es que la política cuesta dinero y el uso racional, austero y sobre todo equitativo del dinero público es esencial.

Luego de la crisis, el país ha venido sosteniéndose por el colchón devaluatorio, los costos de producción devaluados, la sustitución de importaciones por la subvaluación del peso, y las ganancias de los exportadores por la misma razón, pese a que las retenciones a las exportaciones agrarias oscila el 23,5% bruto del valor total.

Las promociones industriales, de triste historia, pretenden lograr las inversiones que no vienen por sí solas como debería ocurrir. El costo de tales promociones recae sobre toda la población, exacerbando aún más la presión tributaria sobre los sectores que pagan sus impuestos.

Consideramos que es importante señalar estos puntos, por lo menos desde nuestra experiencia profesional de tantos años. Es importante y no pretendemos con ello vincularnos a concepciones políticas de ninguna índole.

Que el país funcione dentro de un marco de seriedad, responsabilidad, equidad y sobre todo eficientemente y respetando las leyes está en la esencia del crecimiento a largo plazo que tanto hace falta.

Abandonar ciertas prácticas no es sencillo, pero mientras no se abandonen, el futuro no nos deparará los logros que todos esperamos.

La voracidad fiscal debe ceder paso a la razonabilidad antes de que sea tarde.

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

En términos generales podemos decir que la evolución de la economía no ha dejado de moverse dentro de los carriles que impone esta suerte de pragmatismo intervencionista en que nos movemos. Los indicadores económicos muestran un crecimiento que ha sufrido una cierta desaceleración luego de alcanzados los niveles del año 1998, ante la necesidad de nuevas inversiones para las cuales el gobierno aplica medidas de lo más variadas e imprevistas, pero siempre dentro de ese afán de correr detrás de lo que anda mal para darle un grado de entonación, para luego ir sobre los aspectos que sufren alteraciones como consecuencia de haberse intentado un remedio para los primeros.

El ejemplo más claro de lo que decimos es sin duda el problema energético, dado que la falta de negociación de los contratos con las llamadas “privatizadas” ha derivado en exceso de consumo y escasez, lo cual a su vez creó la necesidad de importar gas y fuel oil y también de reducir las exportaciones de gas a Chile de manera drástica.

El Estado ha enmarcado su política económica dentro de un esquema de promoción de inversiones, tasas de interés diferenciales para Pymes y desgravaciones tributarias de diversa índole, con el objeto de logar así precisamente las necesarias inversiones de capital que favorezcan el crecimiento.

Como muchas veces hemos señalado, la necesidad de armar ofertas para poder vender un producto indica, claramente, que de por sí no se vende o no lo hace lo suficiente. De donde podemos fácilmente concluír que todos estos esquemas promocionales apuntan a incentivar inversiones que solas no vendrían jamás.

Podemos asegurar, si temor a error, que este mecanismo nos coloca en un mundo económico donde la certeza respecto de las reglas de juego no existe. Y donde además, el orden de los factores puede ser cambiado con una rapidez notable. Baste también como ejemplo el siguiente: en los primeros tiempos que siguieron a la devaluación, el Estado dictó una serie de normas para obligar a exportadores a liquidar sus dólares de invemidato, a los importadores los obligó a presentar declaraciones de necesidades de importación, etc, todo con el objetivo de hacerse de la mayor cantidad de dólares posible. Actualmente, apenas un par de años después, el proceso se ha revertido absolutamente y el Estado busca por todos los medios que los exportadores demoren la liquidación de sus divisas, y que los importadores anticipen sus compras de dólares. Y así podríamos seguir.

Hace unos días, el Estado decidió restringir la llegada de los llamados “capitales golondrina” mediante el incremento del encaje (del 20 al 30%) no remunerado y del monto, que pasó de U$S 500.000 a U$S 1.000.000 por el término de un año por lo menos. El objetivo es evitar que tales capitales vengan a hacer diferencias con las impresionantes tasas en dólares que terminan pagando las Lebacs para luego “salir” rápidamente. De inmediato, parece ser que aparecieron empresas argentinas efectuando colocaciones en títulos prestando el nombre a capitales extranjeros. Esto no nos consta y no sabemos si al Gobierno sí, pero lo cierto es que como consecuencia de ello, la misma restricción señalada para no residentes comenzó a aplicarse también a los locales, con un monto tope mínimo de 2.000.000 de dólares. Es decir, en suma, que acá no hay manera de determinar razonablemente cuáles serán las reglas que regirán la semana próxima para el ingreso y permanencia de capitales, para las compras o ventas de divisas, para las colcaciones o retiros del sistema, etc.

Esto puede ser muy bienintencionado, pero es pésimo. Y además es consecuencia del intervencionismo en el mercado de cambios, porque la necesidad de mantener el dólar a valores cercanos a los $ 3.- es la que origina todos estos cambios. Atacar la consecuencia no parece ser nunca la solución.

Siguiendo con otros temas tenemos que probablemente los índices de precios no puedan ser sostenidos en niveles de 0,5% mensual, lo cual ya de por sí es bastante alto. En efecto, luego de los meses de mayor presión tributaria (abril y mayo) y llegado el aguinaldo, más bien parece que puede haber un incentivo importante a la demanda de bienes y servicios que seguramente repercutirá en los precios.

Normalmente se habla de aumentos “puntuales”. Subirá el pan, subirán las expensas, subirá el alquiler. La inflación es la suba generalizada de precios y eso es lo que está ocurriendo. A veces unos, otras veces otros. Pero todos, poco o mucho, van subiendo. Y los salarios también. Y los reclamos sindicales. Y los aumentos por decreto.

La desocupación ha bajado bastante pero no por debajo del 16 o 17% si tomamos como desempleados a los beneficarios del plan Jefes. Avanzar requiere inversiones, eso sin duda.

La suba del petróleo por encima de los 60 dólares y su altísimo precio al día de hoy deja margen al gobierno para obtener mayores valores absolutos por retenciones, ya que los hidrocarburos pagan el 45%. Ello ayuda al superávit del Estado, pero también torna complicadas las inversiones en el sector petrolero, por el afán del Estado de mantener el precios local de los combustibles.

Finalmente parece que se iniciará la negociación con el FMI, organismo que sigue solicitando mayor superávit, renegociación de los contratos con las “privatizadas”, sistema tributario razonable y sin distorsiones (como las retenciones a la exportación). A ello agrega ahora no seguir emitiendo moneda para comprar excedentes de dólares, lo cual provoca incentivos inflacionarios y suba de tasas (porque el Estado sale tomar el dinero emitido en forma de Lebacs), incluir a los bonistas que no adhirieron al canje de deuda, etc.

El año electoral y la suba del gasto público son otras dos importantes cuestiones a considerar. Porque es sabido que no se trata de algo imperceptible, por más que alguien quisiera disimularlo.

La tasa de crecimiento del PBI continúa en torno del 7%, considerando el arrastre, pero hay algunos analistas, que incluyen al propio Dr. Lavagna, que estiman un poco menos.

Y en materia de seguridad jurídica, a lo que ya señalamos debemos agregar que continúa el discurso agresivo y hasta descalificatorio cada vez que empresarios dicen algo que no le gusta al Poder Ejecutivo.

Y un elemento final que nos parece verdaderamente cuestionable: se ha señalado que el Gobierno no deolvería el dinero del plan canje de automóviles de los años 90, a menos que los empresarios del sector inviertan ese dinero en ampliar sus plantas o mejorar su producción. No era eso lo acordado, de manera que el cambio es simplemente una decisión unilateral que, si nos moviéramos con las expresiones presidenciales, equivaldría a una suerte de extorsión. Pero esencialmente de lo que se trata es de que una vez más no se h a cumplido un contrato. Y el silencio resultante nos parece más preocupante todavía, dicho esto con la mejor de las intenciones.

Buenos Aires, 30 de Junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

Entre nosotros digamos que la salida del default y el canje de la deuda, finalmente concretado, ha hecho que la consultora Standard and Poors sacara a nuestro país de la condición de “default”, por lo cual los fondos de inversión están ahora autorizados a comercializar bonos argentinos. Esto implica, naturalmente, un retorno a la normalidad, al menos en un principio. Como se sabe, restaurar la confianza lleva años, pero los negocios con títulos posdefault ajustables por inflación, por ejemplo, son tal cosa hoy.

Precisamente la tendencia a colocarse en pesos en títulos indexados para hacer diferencia en dólares, dado que la divisa norteamericana sigue “planchada”, aumenta la llegada de los llamados “capitales golondrina”, que acuden raudamente a hacer grandes diferencias en cortos lapsos. Por eso el gobierno ha dispuesto alargar a un año el plazo de ingresos de divisas con fines de colocación financiera. Además, ha establecido la obligación de dejar como encaje no remunerado el 20% de los montos ingresados por tal fin. Es decir que una vez más se acude a la mecánica de evitar la consecuencia en lugar de corregir la causa.

Porque la causa es la tasa de interés creciente y la indexación de los títulos en pesos provocada por la decisión del gobierno de mantener el tipo de cambio alto, dado que para tal fin debe emitir moneda que luego retira mediante colocaciones de Lebacs a tasas crecientes, tal como venimos reiterando semana a semana.

Otro aspecto a comentar es que la recaudación del mes de mayo ha superado los 12.000 millones de pesos, un número esperado pero igualmente altamente positivo. Sin embargo, como siempre decimos, cuando la recaudación aumenta se produce un enfriamiento de la economía, dado que lo que se paga en impuestos y genera superávit, se deja de gastar.

El gobierno sigue comprando dólares masivamente, y ha llegado en el mes de mayo a una cifra de 1.500 millones de esa moneda, buena parte mediante emisión pura de moneda, y el resto mediante los fondos del tesoro, es decir del superávit, depositados en el Banco Nación.

La suba de los salarios mínimos desde 450 pesos a 630 escalonada en 3 meses, no es más que el reconocimiento de las llamadas “asignaciones no remunerativas” otorgadas por decretos del Estado con anterioridad, que ascendían a 150 pesos netos y se convertirán en 180 pesos brutos para cubrir el efecto de las retenciones previsionales al incorporarse al sueldo. Es decir que significan un aumento de los costos para las empresas y no una mejoría de salarios real. En este aspecto reiteramos lo que siempre decimos también: los salarios suben cuando aumenta la productividad, al tiempo que baja la desocupación. Pero no lo hacen por efecto de decretos o disposiciones, que a la larga se vuelven contra los mismos trabajadores presionando los índices de inflación y fomentando todavía más el empleo en negro. Es que es indispensable tener en cuenta que las normas impuestas producen cambios en los mercados, y éstos deben ser analizados antes de tomar las medidas, porque después las consecuencias se hacen inevitables. Claro que acá están en juego los reclamos sindicales, que antes que nada apuntan a las llamadas “cajas” que afectan, precisamente, a los propios sindicatos. Lamentablemente.

Digamos para ir terminando que en Italia la Corte ha determinado que no tiene jurisdicción sobre la deuda argentina en materia de default, ya que los bonos en poder de acreedores del país peninsular están emitidos bajo legislación de otros países, como el Reino Unido o Alemania. Este aspecto favorece a nuestro país en materia de reclamos por la deuda, dejando de lado el hecho de que moralmente siempre el no pagar lo adeudado deja una secuela de desconfianza enorme por parte de quienes se sienten estafados. Lo cierto es que aún está pendiente qué cosa se hará con los bonistas que no entraron en el canje, y es sabido que cualquier gestión para acordar con el FMI implica el reconocimiento de que tales obligaciones no se extinguieron ni mucho menos.

Es interesante señalar que según los datos que se conocen se ha producido en el trimestre inicial de este año un incremento de las exportaciones en cantidades, con descensos en los precios. En efecto, las exportaciones en el lapso señalado subieron un 13% con relación al mismo período de 2004, y la descomposición de este porcentaje indica que en cantidades la suba fue del 18%, mientras los precios bajaban algo así como un 4% promedio. Estos datos fueron publicados por el diario La Nación del sábado 28 de mayo. Se trata de cifras oficiales y sería interesante que se expusiera la metodología de cálculo, especialmente de las cantidades, ya que obviamente requiere un complejo trabajo de homogeinización en cuanto a las unidades. También se informó que la cantidad de firmas exportadoras pasó de 11.300 entre 2001 y 2004, a 14.000, con una participación creciente de empresas pequeñas y medianas.

Es evidente que el crecimiento en divisas de las exportaciones fue posibilitado por la gran devaluación de comienzos de 2002, aparte de la notable suba de precios internacional de algunos productos primarios, tales como la soja y el petróleo. A ello se agrega la pérdida de valor del dólar con relación a otras monedas, como el euro.

Sin duda la devaluación, que alcanza hoy el orden del 200% fue un incentivo de gran importancia dado que los costos de producción ni de lejos alcanzaron semejante porcentaje, al tiempo que el mercado interno se vio a su vez favorecido por la falta de competencia externa debido a los altísimos precios de los productos importados.

En nuestra opinión, allí donde hay un mercado siempre aparecen interesados en cubrirlo, y lógicamente la favorable situación del comercio exterior como consecuencia de lo señalado ha sido un incentivo de importancia liminar. A tal punto lo fue, y lo sigue siendo, que hizo factible la imposición de retenciones que oscilan, mayoritariamente, entre el 23,5 y el 45% de los montos brutos exportados.

Así las cosas, mientras el mercado local era abastecido partiendo de la capacidad ociosa instalada a fines de 2001 a precios crecientes en niveles del 50% o del 100% respecto de los vigentes en tiempos de la convertibilidad (algunos rubros prácticamente no se modificaron, tales como las tarifas de servicios, los peajes y otros), la salida al exterior posibilitó un crecimiento sostenido en la producción, las ventas y las utilidades de las empresas abocadas a la exportación.

Pero debemos recalcar que los efectos logrados, tal como surge entendemos del mismo comentario que estamos realizando, están basados en dos pilares: el sostenimiento del tipo de cambio elevado de manera artificial, y la cotización internacional del dólar y de los productos que estamos en condiciones de exportar, como la soja. Es decir, que no se trata de una mejora relativa en las calidades o en la productividad local que nos permitirá ser competitivos hacia el futuro en un marco de equilibrio.

El sostenimiento del tipo de cambio, tal como reiteramos con insistencia, implica medidas monetarias de explansión que se traducen en inflación y déficit cuasifiscal, del mismo modo que el mantenimiento de tarifas irreales provoca desinversión en áreas fundamentales, como las de la exploración y explotación petrolera y gasífera.

La Argentina está importando gas oil y fuel oil en crecientes cantidades, y también como se sabe importa todo el gas que puede de Bolivia. Estas importaciones resultan imprescindibles para mantener un nivel de producción acorde con el crecimiento del orden del 8% que venimos manteniendo aún con la tendencia a la baja.

A todo esto se suma la necesidad de generar un marco de seguridad jurídica a muy largo plazo, que más allá de la línea que siga, debe fijarse de manera definitiva.

Porque el marco natural es el de un país donde llegan las inversiones, mejoran las tecnologías, crece la productividad (es decir mejora la eficiencia) y se sostiene un estado de derecho sólido y duradero. Las mejoras tecnológicas se retrasan cuando el tipo de cambio encarece su importación. Del mismo modo que la sustitución de importaciones consecuencia de los altos precios de importación, genera una producción local de escasa calidad comparada.

Hay que tener en cuenta que el reclamo de un dólar “competitivo” es, en realidad, la corroboración de que si el tipo de cambio no es incrementado artificialmente, el país no es competitivo. Esto, que parece Perogrullo, es necesario recalcarlo. Porque esquemas similares han sido mantenidos durante los últimos 60 años, salvo escasos períodos.

Es sabido, por ejemplo, que en materia de empaquetado de productos, las empresas se han resignado a una calidad intermedia que los haga exportables a América Latina o al Mercosur. Es decir que pese a que estamos en condiciones de producir a precios en principio de competencia con el Primer Mundo, pese al flete, no parece haber un incentivo suficiente. El problema, sin embargo, está a nuestro entender en la posibilidad de mejorar el empaquetado, para lo cual se requiere a su vez alta tecnología que debe ser importada.

El superávit comercial del comercio exterior, en el lapso que comentamos, fue de 2.300 millones de dólares, una cifra más que interesante. Pero insistimos en que hay que tener en cuenta que las limitaciones que imponen los precios a los productos importados son importantes. No es que no se importa más porque no se necesita, sino porque no hay mercado que pueda pagarlo.

La necesidad de replantear la administración del Estado, tanto nacional como provincial y municipal para hacerla realmente eficiente, con controles externos adecuados, en un marco de austeridad y con específicas atribuciones, es un aspecto que prácticamente no existe en el discurso del gobierno actual. Igualmente, el sistema tributario sostenido en las retenciones a las exportaciones, por ejemplo, constituye un verdadero baldón a la hora de solicitar nuestro país que los países centrales no protejan sus productos agropecuarios mediante subsidios. Pero además de ello, se trata de una quita notable a los sectores que terminan siendo rentables por imperio de la política monetaria en buena medida. Es decir, una transferencia de ingresos lisa y llana, entre otras cosas posibilitada por los bajos costos en dólares, y por los bajos sueldos.

El bajo nivel de vida del habitante medio de nuestro país, está vinculado directamente con la baja productividad, y ésta se incrementa con tecnología, con inversiones, con maximización de la asignación de los recursos, y con seguridad jurídica. Piénsese que el PBI per cápita en la Argentina está en el orden de los 4.000 dólares anuales contra 25 o 30.000 de los países industrializados.

Ahora bien, es un dato alentador que las exportaciones crezcan, que haya superávit, que surjan nuevos emprendimientos a la luz del nuevo mercado que se gesta. Pero siempre es importante tener en cuenta que los mercados surgidos de medidas partidas de artilugios monetarios, como el sostenimiento del cambio alto, tienen una duración muy limitada. Y eso es obvio. Rápidamente las presiones sobre los precios, el aumento del endeudamiento público (que se produce hoy vía Lebacs o Boden) y su consecuencia: el déficit cuasifiscal, termina destruyendo las mejores intenciones.

Cuando vemos todavía hoy en el conurbano enormes galpones y fábricas abandonadas, sabemos que en general se piensa en la política económica seguida por Cavallo, por ejemplo. Y por lo general los argumentos que se leen, y que especialmente son esgrimidos por algunas cámaras empresarias, indican que hubo una apertura indiscriminada de las importaciones. Este razonamiento es incorrecto, o más bien incompleto. Lo que hubo fue una apertura indiscriminada de importaciones con el tipo de cambio fijo. Eso es lo que hizo que pudieran demandarse infinitos dólares necesarios para la importación que siempre iban a poder adquirirse al mismo precio: un peso. Por ello, en la medida que el tipo de cambio se retrasó por imperio de la fijación llamada convertibilidad, la importación masiva terminó hundiendo las industrias medias. Pero hay que tener presente que muchas de tales industrias se gestaron al amparo de regímenes de protección y cierres de fronteras que posibilitaban el encarecimiento de sus productos y bajaban la calidad para el mercado local. Algo de eso está pasando ahora nuevamente. Hay más industrias, hay más producción, pero baja la calidad y volvemos a las reparaciones y arreglos de máquinas y elementos que poco a poco se vuelven obsoletos y son la corroboración del retraso tecnológico.

Buenos Aires, 28 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

Tal como hemos venido sosteniendo la desaceleración del ritmo sostenido de crecimiento de la economía comienza a aparecer en los diversos indicadores como una sombra que se cierne sobre el comportamiento en general de la dirigencia, tanto política como económica.

El incremento de la tasa de desocupación, que pasó de 12,1% en el último trimestre de 2004 a un 13% en el primer trimestre de este año se una señal de alerta (este valor sube al 16,6% si se no se consideran empleados aquellos que perciben subsidios estatales ). También lo es que en abril se hubiera producido una baja del 0,9% en las ventas en supermercados.

Como hemos venido expresando, el modelo expansionista y de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto sostenido artificialmente no deja de ser una gloria pasajera, ya que en el correr del tiempo la presión de costos, precios y salarios, va produciendo una merma en los márgenes de utilidad y una consecuente baja en los niveles de producción.

El Estado sostiene el cambio comprando grandes cantidades de dólares excedentes con emisión de moneda, para luego contraer el circulante mediante colocaciones de letras del Banco Central a tasas cada vez más altas y en muchos casos indexadas. De tal manera que se aumenta el endeudamiento público y se genera un déficit cuasifiscal (financiero) creciente. Las tasas de interés por Lebacs a 49 días, que hace dos semanas pagaban una tasa de 5,30%, se elevaron ya al 6,1% anual.

La recaudación tributaria, por otra parte, se mantiene en valores verdaderamente récord. Se espera para mayo un monto en torno de los 12.000 millones, cifra a todas luces en materia de superávit fiscal, que a su vez se estima en el orden de los 4.000 millones de pesos para ese sólo mes.

Los recursos del superávit, que con estas estimaciones ya superaría los 10.000 millones de pesos en lo que va del año, son utilizados en parte también para comprar dólares desde el Banco Nación, evitando de esa manera una mayor emisión. Pero es preciso recordar que el superávit es dinero restado al mercado productivo, y por lo tanto a las bondades de su crecimiento, deben contrapesarse los efectos negativos de la contracción económica que genera.

La continua compra de dólares llega ya a los 51.000 millones de pesos desde el comienzo de esta política, la mayor parte de los cuales son, como decimos, emisión pura. El crecimiento de la economía, en torno del 8,4% interanual luego de haber alcanzado topes superiores al 9%, no cubre ni de lejos la inyección monetaria. Por eso las presiones sobre los precios son una constante, lo mismo que los conflictos gremiales por suba de salarios, cada vez más frecuentes y generalizados.

Luego del levantamiento del embargo en Nueva York, en otro orden, se han producido nuevos embates por parte de los genéricamente denominados “fondos buitre”, que intentan al momento de escribir estas líneas, nuevos embargos de títulos por 12.500 millones de dólares en Luxemburgo y también trabar fondos líquidos para el pago de intereses de bonos provenientes del plan Brady, que cuenta con garantía de títulos del tesoro norteamericanos. Sin abundar demasiado en este aspecto, podemos decir que la puja sigue y seguirá, más allá de que pueda concretarse el canje del 76% de la deuda, que viene postergándose desde el 1° de abril pasado.

Varias veces hemos dicho que de una forma o de otra, el Estado argentino deberá encontrar una forma de reabrir el canje, aunque se le llame de cualquier otra forma, ya que los casi 24.000 millones de dólares que presionan sobre cualquier tipo de activos de propiedad de la Argentina, seguirá sufriendo embates de manera casi rutinaria, dificultando tanto como sea posible la vuelta a la normalidad internacional. Y ello es bastante lógico, ya que la defensa de los intereses de cada parte está en juego. Entendemos que el gobierno, y en especial el ministro Lavagna, continúa siguiendo una estrategia que contempla una línea dura, pero con un horizonte calmo, tal como lo hiciera precisamente con el canje, que luego de la propuesta inicial de Dubai fuera mejorado ostensiblemente en una etapa posterior a mediados del año anterior.

La crisis energética sigue su curso, y no parece haber demasiados visos de normalización. Se mandó al Congreso el proyecto de promoción de inversiones para la exploración y explotación del área marítima, se fijaron premios y castigos a los consumos domiciliarios e industriales de electricidad y de gas, se fomenta por todos los medios posibles el ahorro de energía, se reduce la cantidad de gas exportado a Chile, y se busca acordar de algún modo un ajuste de tarifas que permita destrabar la postergadísima renegociación de los contratos con las prestadoras de servicios públicos que se encargan de los derivados del petróleo. En lo que respecta a Bolivia, la situación es por demás complicada, más que nada por la situación interna del país del Altiplano, y una sana expectativa no permite ser optimistas respecto de la importación de gas boliviano.

Digamos también que el ministro Lavagna se ha interesado especialmente en el ingreso de los llamados “capitales golondrina”, es decir, en los capitales que ingresan al país para hacer negocios financieros por un corto lapso. Al respecto, las normas establecen un tope de U$S 500.000 dólares por mes y un plazo mínimo de 6 meses de permanencia. Este plazo se prolongará a un año. Es interesante hacer un comentario sobre cuál es el mecanismo de control en esta materia: el propio Banco Central envía inspecciones a los bancos y entidades financieras. En estos momentos están en marcha nada menos que 180 inspecciones, según información del Ministerio de Economía.

Los “capitales golondrina” acuden porque el afán de sostener el tipo de cambio produce, como venimos sosteniendo, una suba progresiva en las tasas de interés, al tiempo que la emisión de moneda resultante impulsa hacia arriba los índices inflacionarios, lo que hace sumamente rentable la colocación en pesos durante un período más o menos breve para luego “salir” recomprando dólares.

Todo se trata, como se ve, de diversas operatorias en torno de una política monetaria que se basa en el sostenimiento de un tipo de cambio irreal para tener un mercado supuestamente competitivo y lograr la sustitución de las importaciones. El viejo modelo keynesiano. Pero las sustituciones de importaciones deben alcanzar el margen de calidad que permita la competencia internacional, lo cual solo es viable con la mejor tecnología, aspecto insalvable cuando menos por la imposibilidad de afrontar los costos de la alta tecnología que debe importarse a un tipo de cambio donde el peso se muestra evidentemente subvaluado. De manera que el final del camino, en este aspecto, es el que ya conocemos.

En nuestra opinión toda política basada en artilugios monetarios puede ser aplicada por un lapso determinado, más o menos breve, teniendo en cuenta una situación determinada. Por ejemplo: la convertibilidad fue útil en el período inicial luego de la hiperinflación. Del mismo modo la expansión monetaria luego de la pavorosa devaluación de comienzos del 2002, surte efectos positivos en cuanto a la reactivación de la capacidad ociosa, pero termina rápidamente cuando tal capacidad se cubre y lo que se requiere son nuevas inversiones de largo aliento, para lo cual hace falta establecer reglas de juego claras, de largo plazo, en un estado de derecho sólido. El camino de los cambios permanentes, de la cuasiarbitrariedad de poner o quitar retenciones, de los “superpoderes” o de los decretos de necesidad y urgencia, no contribuye a fijar tales reglas permanentes. Esta realidad por lo tanto, está cargada seguramente de las mejores intenciones, pero dista de marcar el rumbo de la previsibilidad indispensable.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

Es evidente que los comentarios vertidos por algunos empresarios, en especial por Alfredo Coto, con respecto a la posible presión inflacionaria de una suba de salarios masiva, ha producido un cimbronazo de proporciones en las cercanías del Poder Ejecutivo.

El propio presidente Kirchner salió prontamente a hablar nada menos que de “extorsión de algunos empresarios”, con lo cual al menos según nuestro registro de memoria ha dejado de generalizar hablando de “todos”.

A su vez, la secretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, fue más dura aún al calificar a tales empresarios de incapaces, ineficientes o directamente mentirosos.

Creemos sinceramente que el nivel que adquiere este tipo de declaraciones no contribuye no sólo a desarrollar nuevos proyectos de inversión, como sería menester y todos lo sabemos, sino que simplemente fomenta una especie de disputa de tono clasista que debería poder superarse de una buena vez en la sociedad argentina.

Es evidente que más allá de cualquier opinión un empresario como Alfredo Coto, que inició su derrotero empresarial comprando hacienda en Liniers para venderla luego en su propio negocio, que hacia fines de los años 70 se convirtiera en aquellas “carnicerías integradas Coto” para finalmente derivar en pequeños supermercados que terminaron siendo la cadena impresionante que hoy son, dista de ser “ineficiente o incapaz”. Tampoco nos parece “mentiroso” que alguien pueda pensar que un incremento en los costos, y en este caso en los sueldos, no pueda derivar en un aumento de precios, dado que la mayor demanda de bienes producto de mayores salarios deriva en la necesidad de producir más, o de subir los precios, o de escasez de los bienes demandados adicionalmente.

Por supuesto que podríamos hablar de cambios en los precios relativos, dado que el dinero que va a ahora a salarios de gente que demanda comida, deja de ir a bolsillos de quienes tal vez demandan otro tipo de productos, provocando una baja de los precios de estos últimos en compensación. También podríamos hablar de un desincentivo a la inversión si los márgenes de ganancias de las empresas se reducen como consecuencia de las subas de sus costos. Estos conceptos son planteos económicos básicos. Podrán discutirse según sea la visión del opinante, pero es indudable que acusar de mentiroso a quien opina esto o aquello, carece de la más elemental norma de intelectualidad.

En cuanto a la extorsión, cabe mencionar un comentario del economista José Luis Espert, quien ha señalado con rigor que mientras el gobierno apunta a devolver los fondos del plan canje de automotores (que aún no ha hecho) exigiendo inversiones con ese dinero, cosa que obviamente no formaba parte del plan original, acusa de extorsionadores a los demás. Es un buen punto, pero cae una vez más en la discusión bizantina sobre las culpabilidades y maldades de los demás, ante las virtudes propias.

Las cuestiones sociales no son tan lineales y las generalizaciones siempre son injustas, agresivas y poco edificantes. Lo cierto es que la emisión de moneda, que en los primeros 8 días del mes de junio alcanzó nada menos que 9.000 millones de pesos, destinados íntegramente a comprar excedentes de dólares, produce un impacto notable en la demanda de bienes y por lo tanto en el encarecimiento de los precios. Se estima para este año un crecimiento del circulante en total de un 25%, mientras que el PBI se espera que crezca el 7,4%. Si esto es así, el impulso a la tasa inflacinaria es evidente. O en su defecto, si la masa circulante se detrae por efecto de las colocaciones de Lebacs a tasas crecientes, lo que crece es entonces el endeudamiento del Estado y el llamado déficit cuasifiscal (financiero).

En la semana que acaba de concluír, el gobierno colocó títulos de deuda (Lebacs) por un monto de 1.500 millones de pesos. Ello, claro está, con el objetivo de retraer la cantidad de circulante y frenar los impulsos inflacionarios.

Digamos también, dentro de esta misma tónica, que en la última semana el BCRA emitió 1.300 millones de pesos, para comprar 457,3 millones de pesos, y que no ha habido capitales “golondrina” que depositaran el encaje del 30% exigido por las autoridades para invertir fondos extranjeros en pesos a por lo menos un año de plazo. Está analizándose si es que la medida dispuesta tiene agujeros por donde se filtran tales capitales, o en verdad la exigencia es tan grande que desalienta cualquier inversión. En tal caso cabría pensarse que si lo que se desea es prohibir, que se prohíba directamente y punto. Sin embargo, la intención no es esa, sino que lo que se pretende es que vengan pero que no ganen mucho. Esto impulsa hacia arriba las tasas de interés, generando nuevos problemas para los tomadores de crédito locales.

The Economist, ha publicado una nota en la que directamente dice que la suba del consumo de calefacción en los hogares ha afectado la provisión de GNC a las estaciones de servicio. También que en los años 90 se inviritieron en el país U$S 50.000 millones en energía, pero que luego de la crisis muchas firmas abandonaron el país y las inversiones cesaron, mientras el consumo aumentaba por efecto de los bajos precios (congelados). Entre 2000 y 2003 las reservas de gas cayeron un 21% y en 2004 se importaron U$S 700 millones en energía. Este influyente semanario indica, además, que los altos precios de las commodities, la capacidad ociosa productiva heredada de la crisis, y la política monetaria expansiva /han sostenido la fiesta de Kirchner./ Una manera de describir la realidad bastante poco amistosa, por decir lo menos. Pero que, salvo los adjetivos calificativos, podemos compartir en un todo.

Digamos también que nuestro vecino Brasil ha puesto los ojos en la inversión en caña de azúcar para la producción de etanol, es decir de alcohol con fines de combustión de vehículos. Los altos precios del petróleo, que no se espera que bajen, son el principal incentivo.

Y ya para terminar, consignemos que las estimaciones del índice de inflación para 2005, sitúan la tasa en el orden del 9,4%. Consideramos que salvo que se reprima fuertemente, desde el punto de vista monetario y fiscal, nuestra expectativa es que tal índice no baje del 11%. En todo caso, una cifra u otra son lo suficientemente elevadas como para que nadie se duerma en los laureles.

Buenos Aires, 20 de Junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

Es evidente que el destrabe de los 7.000 millones de dólares por parte del tribunal neoyorkino a fines de la semana pasada ha provocado un sensible alivio en los mercados financieros y también en el gobierno. Se trata verdaderamente de una buena noticia dentro de un panorama que por lo general observamos con no pocos nubarrones.

Del mismo modo, la posposición de vencimientos de deuda con el FMI por 2.508 millones de dólares por un año agrega un alivio de consideración. No se trata, desde ya, de un acuerdo de fondo con el organismo, sino simplemente de un compás de espera vinculado con los vencimientos que pueden técnicamente prorrogarse y que están comprendidos entre el 20 de mayo de 2005 y el 28 de abril de 2006.

Estos aspectos, sin duda positivos, no son sin embargo más que un respiro ante el cúmulo de situaciones complicadas que se presentan diariamente.

La venta masiva de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa, que venimos anticipando desde hace varias semanas, ha provocado la necesidad imperiosa del BCRA de salir a comprar divisas mediante emisión de moneda. La institución madre ha sido asistida relativamente por parte del Banco Nación, recurriendo este a los fondos del tesoro para tal fin. Tales fondos provienen del superávit fiscal acumulado y no requieren emisión adicional de moneda, aunque naturalmente se trata de dinero depositado que de tal manera vuelve al circulante.

Y precisamente el temor a una disparada inflacionaria producto de la demanda adicional provocada por el aumento del circulante, obliga a las autoridades a tomar el dinero mediante la emisión de letras a una tasa cada vez mayor.. En esta semana se tomó dinero al 5,30% anual a 49 días, por ejemplo, siendo que la semana pasada la tasa había sido del 5,05%.

Es preciso que nos detengamos un instante en este punto. No son pocos los economistas que sostienen que la emisión de moneda para la adquisición de excedentes de oferta de dólares no es en sí inflacionaria. Se sostiene que se trata nada más que de una preferencia en la composición de activos financieros. Se dice que una mayor demanda de bienes producto del mayor circulante, sería compensada al final del camino con una mayor oferta de bienes importados. El aspecto que a nuestro juicio no aparece contemplado en este análisis, es que los dólares no son comprados a valores de mercado, sino que son comprados a un valor excesivo determinado por el propio Estado. Que hoy es de $ 2,90 y que también podría ser en una cifra muchísimo mayor. Si por ejemplo el Estado decidiera a partir de mañana fijar el valor del dólar en $ 50.- y por ende sale a comprar a ese precio, el efecto inflacionario sería inmediato y no creemos que admita discusión este punto. Bien, a eso nos referimos. Comprar algo más caro de lo que vale es absurdo, a menos que queramos distorsionar el resto de las variables, que es lo que efectivamente ocurre desde 2002 hasta el presente. Digámoslo todavía de otra manera: nadie en su sano juicio sale a comprar algo más caro de lo que vale, porque hacerlo produce de por sí una sobreoferta de ese bien. Es decir que lo que se logra es que acudan al mercado local no solamente quienes deben obligatoriamente liquidar sus divisas, como los exportadores, sino terceros interesados en hacer una diferencia en moneda dura. La sobreoferta de divisas debería producir una baja del tipo de cambio. El afán del gobierno por evitarlo, produce una distorsión de precios relativos, y dado que el precio de la divisa es de alguna manera el precio de referencia de todo el movimiento externo del país, provoca el alza de precios más temprano que tarde. Es por eso que el mismo Estado sale a quitar el exceso de circulante como sea, pagando tasas cada vez más altas y dando así comienzo al circulo vicioso que deriva en los “festivales de bonos” de triste recuerdo.

Otro asunto importante es la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos en Bolivia, que provoca un incremento impositivo de gran envergadura (pasa del 18% al 50%) y prácticamente detendría la ampliación del gasoducto del Norte para la importación del fluido desde ese país. La situación en materia energética se complica día a día, y por ello el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de un programa promocional de inversiones para exploración en la cuenca marítima, tal como lo hemos venido comentando en nuestros últimos informes.

Un dato interesante es que el superávit fiscal alcanzó en los primeros 4 meses del año un monto cercano a 5.800 millones de pesos, esperándose para mayo (mes de vencimientos impositivos de muchas empresas) un superávit que podría estar cerca de los 4.000 millones. Es decir que en 5 meses estaríamos prácticamente en 10.000 millones, siendo el estimado para todo el año de 14.200 millones. Es decir que dada la performance con toda seguridad el superávit real superará largamente el estimado. Naturalmente que se trata de un dato alentador desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el canje de la deuda, pero al mismo tiempo es preciso tener en cuenta que siempre un superávit constituye una sustracción de dinero del sistema, que del mismo modo que las Lebacs del Banco Central contribuye a producir un enfriamiento de la economía.

Precisamente podemos hacer mención al hecho de que, por ejemplo, la industria arrojó en el mes de abril un crecimiento interanual del 10,2%, pero comparado con marzo el dato es negativo en un 0,4%.

Otro tema que nos parece digno de mención es el fallo del CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones) a favor de CMS Gas Transmisión Company, que había demandado al Estado argentino por incumplimiento de contrato. Esta empresa es propietaria en forma mayoritaria de Transportadora de Gas del Norte. El gobierno está analizando este fallo para tratar de apelarlo sobre la base de fallas formales de las que por el momento no tenemos noticias. Ocurre que nuestro país se comprometió a aceptar los fallos del CIADI como inapelables y ahora se encuentra ante un problema.

Es sabido, por lo demás, que en términos generales las empresas que no tienen interés en continuar sus inversiones en la Argentina, son las que mantienen sus demandas ante esa institución del banco Mundial, y que son varias. De manera que cabe esperar nuevos pronunciamientos con probabilidades de ser desfavorables, lo cual no deja de ser un serio inconveniente con vistas a la estabilización final del funcionamiento económico del país.

Bien, la expectativa del índice inflacionario para el mes en curso es optimista respecto de que no se irá de madre, por decirlo de algún modo. Pero la conjunción de factores tales como la restricción monetaria para frenar el impulso sobre los precios, el enfriamiento de la economía que esto produce, y el creciente déficit cuasifiscal producto de las tasas cada día más altas por la toma de excedentes monetarios por parte del Central, van generando una presión que consideramos se hará insostenible en un plazo relativamente breve.

En el medio, se multiplican regímenes promocionales que, como siempre decimos, no son otra cosa que la demostración de que sin ellos, muchas áreas de la economía no arrancarían. Reintegros impositivos por aumento de autopartes nacionales en los vehículos de producción local, reflotamiento del Banco Nacional de Desarrollo con los fondos de las AFJP a las que se obligaría a cederlos, el citado plan de incentivos a las inversiones petroleras, los incentivos a nuevos proyectos de inversión Pymes, etc.

Las presiones sindicales por aumentos de salarios y mejoramiento de las condiciones laborales, los conflictos sociales aprovechados por facciones políticas en general poco representativas, cortes de calles, rutas y puentes por parte de organizaciones políticas nacidas al amparo de “planes” de ayuda y en general la crítica poco elaborada a los sectores productivos del país, en un marco de inseguridad jurídica que subsiste y hasta se acrecienta, no dejan de ser un marco de referencia preocupante. De hecho, el propio Ministro de Economía ha tomado cierta distancia del gobierno una vez más, en este caso acusando de “populismo” ciertas expresiones emanadas de otras carteras e incluso, aunque no expresado en forma directa, del propio presidente de la Nación.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

Haciendo un análisis más o menos rápido de lo acontecido en estos días de mayo, tenemos algunos puntos que nos parecen fundamentales con vistas al futuro cercano. Y decimos cercano porque resulta en estos momentos muy difícil para nosotros extendernos al mediano plazo.

En primer lugar el presidente de la Nación ha reconocido finalmente que estamos en crisis energética. Lo hizo en una reunión ante un grupo de empresarios la semana pasada, y tal como es habitual acusó precisamente a los empresarios del sector petrolero de no haber realizado las inversiones suficientes como para garantizar la provisión de combustibles derivados del petróleo, incluido el gas. Se mencionó allí que, tal como veníamos previendo, se establecerá un régimen de promoción de inversiones y reintegro de impuestos para estimular la exploración y explotación de la cuenca marítima, con el obvio objetivo de mejorar la producción y satisfacer las necesidades crecientes del mercado. De hecho, se ha recortado la provisión de gas a Chile, se ha arreglado una importación de fuel oil de Venezuela, se ha insistido con los plaes de premios y castigos a la rebaja del consumo hogareño en comparación con el año 2003, y se ha incluido también a los industriales en este sistema, pero haciendo la comparación con el año 2004. También están produciéndose cortes de gas en industrias con contratos denominados “interrumpibles”, que es una variante más económica en cuanto al costo del fluido, pero sujeta a vaivenes en el suministro.

Complementariamente, y en oportunidad del encuentro en Brasil con los presidentes Chávez y Lula da Silva, se acordó la conformación de una empresa petrolera trinacional denominada Petrosur, que buscará financiamiento en el BID para realizar trabajos precisamente en la cuenca marítima argentina. Del lado local, intervendría la estatal Enarsa, de reciente creación. Un aspecto que agrega incertidumbre en la materia es la situación institucional en Bolivia, donde el presidente Mesa acaba de vetar la ley de hidrocarburos aprobada en el Congreso. Esta ley dispone un incremento impositivo del 32% sobre el valor de venta del gas, elevando de ese modo al 50% la carga. Lo concreto es que este verdadero parate hace que no podamos dar por sentada ni mucho menos la provisión de gas del país hermano para atender nuestras carencias, aparte de que el gasoducto del Norte aún está en obras de ampliación y viene bastante demorado, como ha dicho el propio gobierno.

En segundo lugar, la avanzada de funcionarios de Economía, encabezada por el secretario de finanzas Guillermo Nielsen, ha comenzado sus reuniones en Washington con los representantes del FMI a fin de alcanzar algún acuerdo que permita refinanciar los vencimientos con el Fondo, estimados en unos 2.800 millones de dólares hasta fin de año. El total de vencimientos de deuda en este año 2004, estimados en 9.000 millones de dólares, origina bastantes problemas en tren de cumplimientos, por lo que poder refinanciar los montos que vencen con el FMI y con el Banco Mundial incluidos en el total señalado, constituyen un alivio real de la carga financiera. Pero ocurre que el Fondo, ante la perspectiva de vencimientos de deuda para el año próximo, ha estimado en 4,5% del PBI el superávit que debería lograrse para cumplir, mientras que el Gobierno Nacional mantiene ese porcentaje en 3%, tal como se había pactado.

En tercer lugar, con el objeto de lograr financiamiento y siguiendo las previsiones del presupuesto nacional, el Gobierno salió a colocar la semana pasada, una serie de Boden por $ 1.000.- millones, que fueron colocados a una tasa de 6,5% más CER. Es decir, que si la inflación esperada para un año es del orden del 9 o 10%, estamos en una tasa del 16 o 17%, que además es en dólares, si la divisa se mantiene en torno de los $ 2,90. A ello se suman las colocaciones de Lebacs a las que siempre nos referimos, para mermar el circulante monetario, que en estos momentos, y pese a ello, está en el orden de los $ 40.000.- millones, cuatro veces más que a comienzos de 2002.

Precisamente la intención gubernamental de mantener el dólar en los valores actuales obliga a una gran emisión de moneda. Recordamos que el excedente de dólares que ingresa por motivo de las exportaciones fundamentalmente, se adquiere con emisión pura a través del Banco Central, o con los fondos del Tesoro (es decir, del superávit) por medio del Banco Nación. Aparentemente las arcas de éste último están prácticamente agotadas o muy mermadas, por lo que debe recurrirse en una medida todavía mayor a la emisión. La necesidad de retraer el circulante que esta operatoria provoca, mediante la colocación de Lebacs, por ejemplo, aumenta el endeudamiento del Estado y provoca el llamado déficit cuasifiscal, es decir, el gasto financiero surgido de las tasas de interés que se pagan, que por otra parte cada vez son más elevadas. Parte por la misma lógica del sistema ante la demanda de crédito y parte por las expectativas inflacionarias del exceso del circulante.

Un cuarto aspecto que señalaremos es el de las dificultades que tenemos con Brasil para acordar los llamados cupos o salvaguardias en materia de intercambio comercial. Se sabe que el ministro Lavagna intentó fijar tales cupos cuando el incremento neto de exportaciones de un producto determinado exceda en un trimestre el 20% de lo comercializado en el trimestre anterior, propuesta que no fue aceptada. A esto y a otras cuestiones se debe, al parecer, el retorno anticipado de Néstor Kirchner de la cumbre de Brasilia.

Las expectativas inflacionarias, además, se encuentran contenidas por la política monetaria seguida, y también por los acuerdos de precios y los vencimientos impositivos de abril y mayo. Estos últimos implican una retracción importante de circulación monetaria, pero también significan en muchos casos ventas de dólares del “colchón” para , aumentando también aquí la oferta de divisas con la consiguiente presión adicional a la baja del tipo de cambio.

Sigue pendiente el embargo de 7.000 millones de dólares en bonos defauteados promovido por el fondo Elliot en Nueva York, sin fecha precisa para la definición. En verdad, tal tribunal es un cuerpo colegiado que delibera y analiza todos los detalles, lo cual evidentemente produce demoras. En este aspecto sin embargo, se espera una conclusión favorable. Pero lo cierto es que hasta el momento de escribir éstas líneas el canje de deuda no ha podido llevarse a cabo

Buenos Aires, 12 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

Consideramos que la marcha de la economía se desenvuelve en términos generales dentro del marco de referencia que hemos venido sosteniendo en nuestros comentarios. El índice de precios al consumidor del mes de mayo ha ascendido al 0,6%, cifra en principio modesta, pero que de todas maneras es elevada si tenemos en cuenta que se trata de uno de los meses del año de mayor retracción monetaria, producto como se sabe de los vencimientos impositivos anuales que involucran a la gran mayoría de los contribuyentes, sean estos empresas o particulares.

La política monetaria ha seguido la misma línea de emisión masiva de moneda para adquirir los dólares ofrecidos en el mercado principalmente por los exportadores que liquidan sus operaciones, pero también por el incipiente ingreso de capitales financieros desde el exterior con el objeto de hacer buenas diferencias adquiriendo bonos locales emitidos en pesos ajustables por inflación mediante el CER.

Durante mayo, las compras de dólares efectuadas ascendieron a algo así como 1.500 millones de dólares, en su gran mayoría adquiridos mediante emisión, y una porción menor mediante recursos del Tesoro a través del Banco de la Nación.

La situación del arribo de capitales con finalidades financieras ha llevado al ministro de economía a tratar de endurecer la política restrictiva mediante disposiciones tendientes a que tales capitales permanezcan en el país durante un lapso de un año por lo menos, dejando inmovilizado un 30% del importe total como valor no remunerado. Originalmente se había dispuesto un 20%.

Dicho de otro modo de cada 100 dólares ingresados con fines financieros, 30 deben quedar depositados sin poder ser utilizados ni cobrar ningún interés.

Entre otras cosas todas estas medidas restrictivas tienden a impulsar al alza de la tasa de interés. De hecho, la posible baja de la cotización de los bonos es en sí una elevación de su rendimiento, y tal baja es perfectamente posible ante la aplicación de encajes. Cuando se espera un rendimiento determinado, si la intervención del Estado trata de impedirlo, el bien a comercializar pierde precio o no es adquirido.

También sigue pendiente el acuerdo con el FMI, que implica como sabemos una reformulación del esquema tributario para eliminar impuestos distorsivos, el ajuste de las tarifas de servicios concesionados, y una salida posible para los bonistas que no entraron en el canje.

La Argentina fue calificada como postdefault por la calificadora Standard and Poors lo cual permite que accedan a los bonos locales los fondos internacionales y al mismo tiempo recalifica el riesgo de los nuevos bonos producto del canje. Sin embargo, la cifra aún en default, de alrededor de 24.000 millones de dólares afecta sin ninguna duda la capacidad de negociación externa del país y por ello genera incertidumbre respecto de una baja del riesgo. Ello sin contar el riesgo propio de tales bonos, que sigue siendo muy grande, obviamente.

Los bonistas que recibieron los nuevos títulos producto del canje finalmente realizado, vendieron sus posiciones en una importante cantidad, provocando una baja generalizada de las cotizaciones, que alcanzó al 5%. Según se explica, quienes se vieron obligados o resignados a entrar en el canje, rápidamente “salieron” de sus posesiones, apurando la baja de la cotización.

En otro orden, debemos señalar que el Senado convirtió en ley el llamado “paquete antievasión II”, medida fundamentada en tratar de cerrar los resquicios que posibilitan la evasión tributaria que sigue siendo elevadísima. En conexión con ello, estas medidas intentan encuadrar a la Argentina en el marco de los países que llevan adelante una política tendiente a conjurar el lavado de dinero, lo cual constituye, en sí, un aspecto positivo.

Hay que señalar, sin embargo, que dentro de la maraña de modificaciones a las normas a las leyes vinculadas con los procedimientos tributarios, antievasión y lavado de dinero, una serie de disposiciones dictadas apuntan a un exceso de celo que dista de mantenerse dentro del derecho liberal que rige nuestras normas de fondo. Y no utilizamos aquí el término en un sentido político, sino estrictamente jurídico.

A la gran cantidad de presunciones que implican la reversión de la carga de la prueba, se agrega una notable tendencia a calificar en la legislación procedimental las acciones llevadas a cabo por los contribuyentes. Es común, por ejemplo, hablar de “grave contradicción”, “grave incidencia” o apreciaciones semejantes, aparte de aquellas disposiciones que dejan abiertas las posibilidades en materia procesal porque es el juez el encargado de evaluar su incidencia.

El nuevo paquete antievasión sigue la misma tendencia, desde ya, y además incorpora algunas figuras que darán pie a controversias de gran trascendencia, como el así llamado “agente encubierto”, esto es, el inspector que simula una compra para ver si se cumplen los procedimientos.

No vamos a explayarnos aquí en temas que pasan por el ámbito impositivo y para los cuales elaboramos periódicamente columnas ad hoc. Pero es evidente que en tanto y en cuanto las normas que se dictan tienden a avanzar sobre derechos constitucionales provocan no poca incertidumbre, más allá de la sana intención que pudieran tener.

Por otro lado cabe observar que los resultados obtenidos al presente en la materia, han sido bastante relativos, cosa que queda evidenciada precisamente, y sin ir más lejos, en la necesidad de continuar con las modificaciones.

Pese a ello la recaudación de mayo superó largamente las expectativas, llegó a algo más de 12.000 millones de pesos y abre una buena perspectiva en cuanto al cumplimiento de la meta anual de superávit. Influyen en esta cifra factores estacionales (el mes de mayor cantidad de vencimientos impositivos del año), la mejora en los controles fiscales, y los crecientes índices inflacionarios.

Así y todo la tendencia de la economía es a una desaceleración progresiva que no parece revertirse pese al permanente dictado de planes promocionales con el objeto de incentivar la producción de tales o cuales bienes.

Una cuestión de gran gravedad es la situación institucional que se vive en Bolivia, donde movimientos insurgentes y separatistas mantienen en vilo al país hermano sin que pueda observarse hasta ahora una solución global. Es evidente que los grupos conducidos por Evo Morales y Felipe Quispe tienen intenciones claramente revolucionarias que poco a poco han ido desnudando con toda crudeza provocando el pánico en vastos sectores, que se presume huirían hacia los países limítrofes, en especial la Argentina y Brasil. Esto termina convirtiendo al problema del gas que llega del Altiplano en una cuestión francamente menor, como fácilmente puede colegirse, pero grave para nuestro país en materia económica.

Al menos por los datos con que contamos, existe alguna posibilidad de un acuerdo mediante la conformación de zonas autónomas que continuarían unidas como país pero preservando sus intereses regionales. Lo cierto es que la convulsión prerrevolucionaria ha conducido al desabastecimiento y éste a la desesperación, con lo cual es probable un efecto importantísimo sobre todo en el norte argentino.

Y para ir terminando digamos que el gobierno argentino está analizando imponer determinados ajustes a las tarifas más allá de no alcanzar un acuerdo con las empresas concesionarias, constituyendo con la recaudación obtenida por tal ajuste, un fondo para efectuar inversiones en el sector.

Como puede verse, la tendencia a la intervención permanente en el mercado cada vez que los sectores productivos o empresarios no encajan en las pretensiones oficiales, es una constante. Sobre ello hemos opinado reiteradamente, y diremos una vez más que cuando los desvíos obligan a la intervención y ésta se produce con frecuencia, ello es un indicio claro de que la economía no avanza o lo hace de modo insuficiente.

Sin duda que la seguridad jurídica, las garantías constitucionales, y la claridad y estabilidad de las reglas de juego están en la base de una perspectiva seria y de largo plazo. Las medidas coyunturales y reiterativas, más los llamados “superpoderes” y los decretos de necesidad y urgencia, debemos decirlo, no contribuyen al clima de estabilidad que se requiere. Las normas deberían ser cumplibles, cumplidas y permanentes en el tiempo. El cambio constante de disposiciones, y encima de manera muchas veces imprevista, no colabora en absoluto con el “clima de negocios” que se necesita.

Habrá que ver qué pasa, finalmente, en materia inflacionaria. Sobre todo a partir de la finalización de junio. Estimamos un recrudecimiento de los índices de precios, quizá no de gran importancia, pero sí preocupantes, como a nuestro juicio lo es el incremento del 0,6% citado para mayo, dada la gran contracción monetaria del citado mes por la sobrecarga de vencimientos fiscales.

Buenos Aires, 9 de junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

Tal como hemos venido diciendo en nuestros comentarios, la política de concertación de precios, sumada a la retracción del circulante ha provocado una desaceleración del ritmo de suba de precios al consumidor.

A ello contribuye también la retracción monetaria provocada por el vencimiento de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales que se producen en este mes y el siguiente.

De acuerdo a los datos que hemos venido recabando, se espera una tasa de crecimiento de precios inferior al 1%, que se ubicaría en torno del 0,6 y el 0,9%.

Por nuestra parte hemos expresado la fragilidad de los acuerdos sectoriales de precios, y los indicios parecen señalar que las rebajas no han llegado masivamente a las góndolas de los supermercados.

Sí se han producido bajas estacionales y una merma en la demanda producto de los factores señalados.

La desaceleración de la economía, por otra parte, es un dato. Las estimaciones de crecimiento del PBI para el año están en el orden del 6 o 6,5%, bastante menos que el 9% logrado durante 2004.

En verdad, la política basada en la expansión monetaria tuvo su apogeo en los años 2003 y 2004 esencialmente. La economía lleva 27 meses de continuo crecimiento y el fundamento de tal /boom /debe buscarse, especialmente, en los siguientes tópicos:

- La devaluación monetaria que bajó notablemente en dólares no pocos costos de producción, como ser los sueldos, las tarifas de servicios, los combustibles, etc.

- El congelamiento o la postergación de aumentos en servicios, combustibles y salarios prolongó en el tiempo la obtención de márgenes de utilidad en pesos de magnitud

- Los beneficios obtenidos de las exportaciones a valores triplicados o cuadruplicados, por la devaluación, no se sintieron afectados esencialmente por las reinstauradas “retenciones” a las ventas al Exterior.

- Los precios internacionales de la soja o del petróleo favorecieron ampliamente esta política exportadora.

- La capacidad ociosa de la industria, superior al 50% a mediados de 2002 posibilitó una recuperación productiva mediante algunas inversiones puntuales y sin necesidad de recurrir a subas masivas de precios, que por otra parte el mercado mermado por el corralito y por los ingresos congelados no estaba en condiciones de soportar.

- El notable incremento en pesos del precio de los bienes importados favoreció su reemplazo por productos locales a valores sensiblemente superiores a los de 2001, pero inferiores, con todo a los nuevos valores de la divisa.

- La porción exportable de la industria, permitió inclusive sostener precios no tan elevados en el mercado local.

- Factores tales como la pérdida de valor del dólar contra otras divisas y la baja tasa de interés internacional favorecieron también la colocación de nuestros productos a precios nominalmente superiores en dólares en el Exterior.

Es decir, el clásico modelo expansionista enunciado por Lord Keynes funcionó a la perfección mediante el sostenimiento de un tipo de cambio elevado artificialmente y aprovechando la capacidad ociosa en un contexto interno e internacional suficientemente favorable.

Pero no la expansión económica lograda fue suficiente para absorber los excedentes monetarios, ni las condiciones de inversión son las mejores como para pronosticar un incremento de la inversión neta que permita continuar en la misma línea, con dólar alto, crecimiento sostenido y sin inflación.

Es por ello que hemos venido repitiendo la verdadera paradoja en que se encuentra el presidente del Banco Central, que al tiempo que sostiene que la inflación no es producto de la expansión monetaria en este caso, hace lo imposible por retraer la cantidad de circulante y lo declara públicamente como un mérito a la hora de contener el aumento de los precios. Y nos referimos a él precisamente porque de los miembros del sector económico del Gobierno es quien más ha hablado en estos días.

Precisamente esta contención monetaria produce los siguientes efectos:

- genera déficit cuasifiscal, es decir pago de intereses por la colocación de Lebacs y Nobacs entre los bancos a tasa de interés creciente.

- Desaceleración del crecimiento de la economía lo cual complica la necesidad de crecer a tasas altas para poder entre otras cosas cumplir con las obligaciones contraídas luego del canje.

- Se retrasa y dificulta por lo tanto la baja de la tasa de desocupación que ha venido observándose en estos años.

Por otra parte se ha iniciado la renegociación de los contratos con las empresas concesionarias de gas y electricidad, en un marco de imposición del criterio oficial y ante una complicada situación con relación a las inversiones de este sector necesarias para evitar la escasez de combustibles y electricidad.

Se han establecido pautas de premios y castigos para el consumo de electricidad con lo que se espera una baja en la demanda, al tiempo que se ha resuelto un incremento en el precio del GNC.

A su vez, han mejorado las condiciones climáticas en Brasil en cuanto a la sequía que venía produciéndose, por lo que en lo relativo a la producción hidroeléctrica permite ser un poco más optimistas. Cabe recordar que nuestro país ha venido importando electricidad del país hermano, lo mismo que gas de Bolivia y fuel oil de Venezuela, para paliar los problemas generados por la indecisión en materia de contratos y congelamientos de precios de los productos, que entre otras cosas incentivaron el consumo precisamente por su bajo costo relativo.

En cuanto al canje de la deuda, hasta el momento no se ha resuelto la situación del embargo en Nueva York de U$S 7.000.- millones otorgado al Fondo Elliot, por lo que no hemos empezado a cumplir todavía con el compromiso asumido. Recordamos que la fecha prevista era el 1° de abril.

El FMI y el G7 ha dado una tibia muestra de apoyo a la posición Argentina, pero insistiendo en que deben contemplarse los casos de los acreedores que no ingresaron en el canje. Es esperable, en tal sentido, alguna novedad al respecto próximamente. No será en lo inmediato una reapertura, pero sí estimamos que las presiones internacionales obligarán a una toma de posición más “realista” en la materia.

Buenos Aires, 23 de abril de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

Acaba de conocerse el índice de aumento de los precios al consumidor del mes de marzo. Según el dato difundido, la tasa de incremento es del 1,5%, el acumulado en el año transcurrido entre el 1° de abril de 2004 y el 31-3-2005 es del 9,1%, pero indudablemente la proyección para el año calendario en curso supera largamente las expectativas de ubicarse entre el 7 y el 10,5%. De hecho, estamos por encima del 4% en sólo 3 meses.

En nuestros trabajos anteriores hemos venido haciendo hincapié en que es muy probable que el índice anual de precios exceda largamente todas las previsiones. Y continuamos insistiendo en ello.

Hace algunos días, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, indicó ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que no estábamos ante un proceso inflacionario originado en la expansión monetaria, dado que desde diciembre se habían restado del circulante $ 2.700.- millones. El Presidente de dicha Comisión, diputado Lamberto, compartió esta visión y señaló que en verdad estaba produciéndose un reacomodamiento de los precios.

En nuestra opinión, reiteramos que el problema es otro. Desde comienzos de 2002 el circulante pasó de unos $ 10.000 millones a $ 36.000 millones, es decir, más del triple. Ante esta realidad, es obvio que el Gobierno ha estado haciendo esfuerzos por contener la expansión monetaria, para lo cual ha recurrido, y sigue haciéndolo, al endeudamiento vía Lebacs y Nobacs que coloca el Banco Central a tasas de interés crecientes y sobre bases en muchos casos ajustadas por CER. Por otro lado, la emisión de moneda para adquirir los dólares excedentes de los exportadores y evitar que caiga su precio, inyecta fondos a la plaza, contrarrestando este efecto. A su vez, como es obvio, el costo financiero de estos bonos ocasiona el llamado déficit cuasifiscal, que si bien en estos momentos puede estar en alrededor de $ 1.200 millones por año y no parece una cifra alarmante, sigue creciendo.

Ha continuado la política de bajar las exigencias a exportadores y endeudados en dólares en el Exterior, en cuanto a la oportunidad de liquidar sus operaciones, buscando de este modo restringir la oferta de divisas y acelerando en lo posible su demanda. También se baja el circulante mediante el adelanto de las cancelaciones de los redescuentos otorgados a los bancos durante la corrida bancaria de fines de 2001. Toda esta política es restrictiva del circulante, y apunta a lograr por ese medio que baje la demanda de bienes y por lo tanto la tasa de inflación. Aunque a costa de un enfriamiento de la economía

Hasta aquí, muy someramente las cuestiones técnicas que muestran a las claras en dónde nos encontramos. Adicionalmente, el Gobierno está interesado en lograr acuerdos y pactos sectoriales para bajar los precios de productos de primera necesidad, cuyo efecto más inmediato es provocar una baja de los índices inflacionarios.

Estos acuerdos son de corta duración y el Gobierno suponemos que estima que dentro de algunos meses no serán necesarios, ya que de lo contrario entraríamos rápidamente en una política de precios máximos, cuyo resultado sabemos que es nefasto en términos de inflación, escasez y mercado negro.

Nuestra opinión es que políticamente está tratando de lograrse un efecto de descenso de los precios que incida de manera casi psicológica en la demanda, y por lo tanto baje la llamada velocidad de circulación del dinero. En otras palabras, que se tranquilice la cuestión y nadie salga corriendo a comprar bienes temiendo un aumento.

En verdad, nuestra posición es bastante crítica de este procedimiento. Por un lado los artilugios monetarios para restar circulante tienen un costo, lo mismo que la emisión para mantener alto el tipo de cambio, como venimos repitiendo. Por el otro, los acuerdos de precios no conducen a otra cosa que a la escasez de los bienes incluidos en tales acuerdos, al mismo tiempo que tal vez aparezca algún tipo de mercado negro. Y finalmente los conflictos sociales que esta situación genera avanzan primero sobre las llamadas remarcaciones y luego sobre las empresas, en parte porque el mismo Gobierno acusa a los empresarios. Lo cierto es que si la experiencia de décadas pasadas se repite, más temprano que tarde la cuestión derivará hacia la conducción política, porque es obvio que estamos ante un problema inflacionario incipiente y lo menos que debería ocurrir es que sea abiertamente reconocido desde el Ministerio de Economía. Porque precisamente estos acuerdos de precios y las restricciones que intentan aplicarse sobre la circulación de moneda demuestran que así es.

//-->

No vamos a reiterar aquí lo que estimamos debe hacerse en esta materia, aunque aparece como bastante obvio que el camino elegido literalmente patea la pelota para adelante. Y no demasiado lejos, por lo demás.

A todo lo expresado se suma el problema energético, un tema en el cual no termina de verse un avance sostenido en pos de su solución. Lo cierto es que todos los pronósticos se inclinan por una multiplicación de los cortes y la escasez, sobre todo de gas, gas oil, fuel oil y energía eléctrica.

Definición de Inflacion

Definición de Devaluación

Inflación argentina en Enero de 2007

En resumen: en nuestra opinión es probable que se alcance alguna baja en los índices de abril, y tal vez de mayo, porque además están los vencimientos anuales de impuestos, de gran repercusión en la restricción de los consumos. Pero estimamos que a más tardar en junio, y especialmente por efecto del medio aguinaldo, tendremos una fuerte alza de precios, siempre dentro de los parámetros que estamos manejando, desde ya. Es decir, no esperamos índices de más del 1,8 o 2% mensual hacia mediados de año, pero sí cercanos a esos valores. Ello a menos que decididamente se tome el toro por las astas en materia de gasto público, que ha crecido de manera sostenida en los últimos dos años. Y aquí, como también hemos venido reiterando, nos enfrentamos al año electoral, que todos sabemos que no suele ser el período elegido para las restricciones o los ajustes, que siempre resultan impopulares.

Buenos Aires, 5 de abril de 2005-04-06

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

La salida del default ha sido exitosa a juicio de prácticamente todos los economistas. La mayoría de los diarios financieros importantes del mundo han hecho hincapié en las bondades del canje así como también de las excelentes perspectivas que se ponen de relieve para encarar el futuro. Todo ello en un marco de gran euforia por el éxito y también de interesantes negocios hechos casi de inmediato en los mercados de títulos, tanto de los defaulteados que no ingresaron en el canje, como los nuevos títulos de los que sí lo hicieron, e incluso de los bonos llamados "postdefault", es decir, aquellos

títulos como los Boden que fueron suscriptos en canje de los depósitos provenientes del corralito.

Como se ha reiterado, en muchos casos las expectativas se han presentado como buenas o incluso muy buenas. Los títulos en pesos ajustables por el CER, por ejemplo, han resultado ser muy demandados dado que se cubre con ellos la inflación (se ajustan por CER) y se consigue un interés, al tiempo que se espera una baja del valor del dólar, o como mucho un sostenimiento de tal valor, redundando para quienes ingresen en tales títulos en ganancias en dólares.

Esta introducción pretende dar un marco general a los comentarios que siguen, dado que para señalar lo que nos parece relevante y de fondo, resulta imprescindible poner las cosas en perspectiva. Y eso es lo que intentamos hacer.

El canje ha sido exitoso en tanto se toma como excelente el porcentaje de aceptación, que es más o menos el previsto por la gran mayoría de los economistas. Cabe esperar ahora que aquellos bonistas que no han ingresado tengan una segunda oportunidad. Esta expectativa no es exagerada, y ha sido contemplada también por numerosos analistas, dado que las negociaciones con los organismos internacionales de crédito, como el FMI, implican incluir en la agenda tal posibilidad, desde el momento que las exigencias para volver a prestar o refinanciar créditos a países en default indican que debe haber un

porcentaje de aceptación del 95%.

Otro aspecto por el cual se viene reclamando desde el FMI y también desde el llamado G 7, es el de la renegociación de los contratos con las empresas concesionarias de servicios públicos, debido al atraso de las tarifas en dólares que ya lleva más de 3 años, y también dada la incertidumbre que conlleva mantener estos casos abiertos durante un lapso tan prolongado. En esta cuestión el gobierno ha fijado fechas para las audiencias con las "privatizadas", lo cual constituye un paso bastante tímido, pero que empieza a ser algo.

El impulso inflacionario motivado por el mantenimiento forzoso del tipo de cambio alto ha empezado a hacerse notar cada día con mayor vigor, tal como lo anticipamos en nuestra última reseña anual. En efecto, las presiones sobre salarios y precios, los conflictos gremiales tendientes a lograr aumentos de sueldo y los enojos de los funcionarios con los sectores que suben los precios, son cada vez más corrientes.

Precisamente el presidente se ha lanzado contra el sector de la carne por la suba de días pasados, sin tener en cuenta que se trata de un problema circunstancial provocado por intensas lluvias que dificultan la salida de los campos del ganando en pie, y también contra la petrolera Shell con acusaciones a nuestro juicio bastante descomedidas sobre falta de colaboración y demás, cuando el panorama internacional de fuerte suba del petróleo es un hecho de todos conocido. En otras palabras, que tanto en un caso como en el otro, no se trata de impulsos inflacionarios provocados por

la inyección de dinero espurio para sostener el tipo de cambio, sino de factores exógenos que hacen a los cambios en los precios relativos.

La verdadera historia en materia de crecimiento del PBI sostenido en el tiempo a lo largo de 2, 3 o 4 décadas no se escribe mediante estos arrebatos y acusaciones movidas por la realidad cotidiana, sino antes bien en el marco de un cuadro de seguridad jurídica, eficiencia económica y arribo de inversiones que mejoren la tecnología y el PBI per cápita, porque es en estas cosas donde está la fuente donde abreva el genuino crecimiento económico.

Hemos señalado en otras oportunidades que la educación, la salud y la seguridad ciudadana han de jugar un rol preponderante, ya que tales premisas aportan la mejoría cultural y social indispensable para ingresar a competir con el mundo con productos a precios internacionales comparables a los de los países más avanzados, dado que se requiere un material humano suficientemente preparado y saludable. Pero también es imprescindible hacer funcionar el Estado de Derecho en toda su plenitud, sin que

funcionarios del orden que sea suban o bajen el pulgar porque se enojan con determinados sectores y amenazan con sanciones incluso tributarias (como incrementar retenciones a las exportaciones), o las quitan según sean las reacciones. La seguridad jurídica se basa, sobre todo, en la ausencia de discrecionalidad. Aunque tal discrecionalidad pueda aparecer aquí o allá como justa. El respeto de los contratos, el reconocimiento de las obligaciones, las garantías constitucionales básicas deben ser los pilares de una Nación.

No hace falta abundar mucho para comprender que en nuestro país los capitales han huido una y otra vez a lo largo de las décadas. Los cálculos hablan desde hace rato de que más de 150.000 millones de dólares de argentinos se refugian en el Exterior. Es decir que no sólo las empresas extranjeras se "llevan las ganancias", sino también las nacionales. Ello aparte de que las nacionales que se han vendido no han originado en general nuevas inversiones locales por parte de sus viejos dueños.

En verdad, la salida de capitales tiene siempre como razón fundamental la necesidad de poner a buen resguardo los ahorros. Creemos que esto está de sobra comprendido por todos nosotros, incluído como se sabe el propio presidente de la Nación.

Lo cierto es que tal salida de los ahorros nacionales tiene su razón de ser en la inseguridad jurídica y política a la que nos referimos, y es imprescindible revertir esta situación de verdaderamente aspiramos a convertirnos en una Nación de alto grado de desarrollo. Al mismo tiempo tal reversión es la que mejor que nada atraería capitales extranjeros. Es nuestro país quien necesita tales capitales, y por lo tanto hay que fomentar su llegada y no a la inversa.

La reforma del Estado, tanto Nacional como Provincial y Municipal, es también indispensable, porque el gasto público improductivo constituye asignación de recursos, lo que equivale a utilizar mal los capitales escasos con que contamos.

A su vez, en general las empresas en países inseguros como el nuestro, arriesgan menos inversiones y por lo tanto no alcanzan los estándares de calidad exigidos en los países avanzados, resignándose muchas veces a exportar lo que puedan en el área latinoamericana. Las razones de este tipo de decisión hay que buscarlas en todo lo que antecede. Y esto viene a cuento porque suele privar la idea de que es un problema de idiosincrasia local. A veces puede que sea cierto, pero tantas otras, en nuestra opinión, es simplemente disminuir el riesgo de hacer inversiones y no poder

recuperarlas.

Con este panorama, podemos concluir que no se trata de mantener el dólar en valores altos para así poder competir. Ello no es más que un artilugio monetario que equivale a provocar desequilibrios que se pagan más temprano que tarde, porque es sostener artificialmente lo que de por sí no se sostiene. Debemos aprender del pasado, que tantas veces repitió el mismo panorama hasta finalmente terminar en el estallido. El rodrigazo, la salida de la tablita cambiaria, el desastre el plan austral y del plan primavera, el pan Bónex, el corralito y otros cataclismos tuvieron el mismo origen:

disimular la ineficiencia mediante artilugios monetarios que terminan encorsetando las variables económicas hasta provocarse el estallido.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

Resulta evidente que el Gobierno Nacional ha encarado el incipiente rebrote inflacionario mediante la ya clásica política de precios concertados. Esto es: lograr acuerdos sectoriales para bajar o sostener los precios de algunos productos dentro de parámetros "sociales", lo que equivale a decir accesibles para las clases más postergadas. A ello se suma un discurso en general acusatorio con relación al comportamiento empresario, que por supuesto colabora en punto a la búsqueda de concertaciones.

Esto significa decir, recurriendo a la lógica más elemental, que el Gobierno admite que estamos ante un problema de alzas en los precios e intenta corregirlo aplicando una metodología determinada.

Hemos venido sosteniendo que la inyección de moneda para mantener el dólar alto ha producido un impulso en los precios de gran magnitud. Y por otro lado hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que luego de dos años de crecimiento del PBI entramos en una especie de cuello de botella porque la necesidad de inversiones para atender la demanda adicional se encuentra con el escollo de lo que genéricamente podemos denominar falta de seguridad jurídica.

Si bien esperamos para este año un aumento considerable de las importaciones que contribuirá a disminuir el excedente de oferta de dólares provenientes de las exportaciones, no es menos relevante decir que el Gobierno sigue intentando restar circulante monetario mediante colocaciones en Lebacs, Nobacs, y otras medidas colaterales, como ser adelantar la devolución de los redescuentos otorgados a los bancos luego de la pesificación asimétrica. Asimismo, la extensión de plazos para liquidar exportaciones o la permisividad de cancelar anticipadamente financiamientos provenientes del Exterior apuntan a evitar la sobreoferta de dólares tanto como sea posible. Todo ello dirigido a un mismo objetivo: evitar o postergar tanto como sea posible la emisión de moneda dirigida a comprar los excedentes de dólares manteniendo así el tipo de cambio alto. A todo ello se suma la compra de dólares mediante recursos del tesoro, esto es, con el superávit que evita la emisión de moneda.

Lo cierto es que estamos ante un impulso inflacionario y el Gobierno evidencia tanto en el plano de la concertación como en las medidas monetarias que estamos mencionando a vuelapluma, un claro intento de corregir el problema. Cabe entonces analizar si estimamos que lo logrará.

Estamos en un año electoral y llevamos dos años en los cuales el gasto público creció cerca de un 60% aproximadamente respecto de 2002. Tenemos problemas con las tarifas de servicios públicos que siguen más o menos congeladas precisamente para evitar que se disparen aún más los precios, pero con el consiguiente daño a la política de inversiones en áreas como la energética. Existe la certeza de que tendremos dificultades para la provisión de combustibles durante el invierno. De hecho, ya se producen cortes con bastante frecuencia, sobretodo en el gas a nivel de industrias. Y también hay problemas con la energía eléctrica, que en parte debe ser generada con fuel oil importado por la baja cota de las centrales hidroeléctricas.

Reconocemos en este panorama nuestro particular escepticismo. Estamos ante un problema serio en un momento en que resulta difícil bajar el gasto público, precisamente por la cercanía de las elecciones. En rigor, que sepamos nada se ha hecho en la materia en estos años. Por el contrario se han creado nuevos planes de ayuda que sin dejar de reconocer su necesidad en muchos casos, provocan en muchos casos desvíos en la asignación de los recursos dado que su utilización dista de ser correcta, sobre todo cuando se encargan de ello organismos estatales o paraestatales, en lugar de hacerlo ONG, por ejemplo.

Mientras por un lado el Estado sale a ayudar a los sectores más postergados, por el otro se admite que la única forma de resultar competitivos es manteniendo retrasados los ingresos de la población contados en divisas. El dólar es caro, por ende la mano de obra es barata. De manera que a la ineficiencia tradicional argentina en materia de servicios que debe brindar el Estado, se suma la atención de problemas de grandes cantidades de personas indigentes.

No deja de ser una cuestión a mencionar este hecho. Si bien es razonable atender a quienes lo necesitan, ello tiene un costo, que se suma al gasto público total, obviamente.

Esto en materia pública. En la faz privada los empresarios no parecen dispuestos a arriesgar inversiones si no hay seguridades a mediano plazo por lo menos. Por lo tanto la eficiencia en este sector se encuentra circunscripta a lo que hay instalado, más un plus acotado y sumamente prudente.

En 2004 la inversión alcanzó al 18% del PBI, aproximadamente, cuando lo que se estima esperable para lograr un crecimiento sostenido que empalme además con las exigencias provenientes de la renegociación de la deuda, es del orden del 22% del PBI.

Digamos también que el PBI, medido en dólares valuados en torno de los $ 3.-, alcanzará alrededor de U$S 160.000 millones. Esta cifra es sumamente baja si se la compara con países como México, que pasa los U$S 600.000.-. De manera que aún en el caso de que las inversiones mantengan un crecimiento sostenido, estamos hablando de valores relativamente bajos en términos comparativos.

Yendo de lleno a la política de concertación de precios, es obvio que se trata de un paliativo tendiente a contener los efectos de la inflación, y su duración está demostrado históricamente que no es demasiado larga.

Es que está claro que la selección de productos a precios contenidos, provoca un incremento de la demanda de tales bienes, lo cual lleva al agotamiento de la oferta y la búsqueda de productos alternativos a precios seguramente superiores. De hecho, concertar precios implica evitar mediante recursos que podríamos llamar exógenos, su suba.

De manera que hay que tener muy en claro que este tipo de medidas nunca son de largo aliento. Cabe preguntarse entonces qué hará el Gobierno cuando los tiempos se agoten.

Es probable que en ese punto se resalte la lamentable política acusatoria que vemos cada vez con más frecuencia, especialmente mediante la Secretaría de Defensa del Consumidor, que no trepida en publicar solicitadas acusando a los empresarios de vender a precios abusivos y demás.

Si bien podemos colegir que no faltará quien efectivamente se abuse de una situación, lo cierto es que en el conjunto tenemos un problema inflacionario provocado por una política monetaria, y que este problema no se resuelve si no se encara una reforma de fondo que lleve a garantizar la juridicidad del sistema, juntamente con la aplicación de políticas tendientes a bajar el gasto público en serio, en todos los órdenes y sin trepidar. Es decir, exactamente lo contrario de lo que está haciéndose.

La recuperación de la economía ha provenido de la devaluación y del no pago de la deuda externa especialmente. Pero también se ha debido a la estabilidad pasada que hizo que la población confiara bastante en la moneda local. Ello permitió recuperar los niveles de producción de 1998 y en algunos rubros un poco más, inclusive. Y lo que está pasando es que el exceso de demanda, maximizado por las medidas tomadas en diciembre respecto de postergar retenciones de impuestos, anticipos y demás, ha ido agotando la capacidad ociosa heredada de la crisis. Es aquí donde es necesario un incremento rápido y sostenido de las inversiones, especialmente en el área energética.

Nosotros pensamos que tal como van las cosas, es muy probable que la tasa de aumento de los precios sea bastante superior a la prevista incluso por los economistas más enfrentados ideológicamente al Gobierno.

La esperanza de que se tome nota de esta tendencia y se modifique de plano su política, es francamente baja.

Reiteramos que estamos en un año electoral, y que el impresionante aumento del gasto público difícilmente sea revertido.

Nada indica, por otra parte, que esté pensándose en reformular el sistema tributario para ir eliminando impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones o a las transacciones financieras (impuesto al cheque).

En el plano internacional, la suba de las tasas por parte del Tesoro de EEUU hace presagiar una revalorización del dólar que en nada colabora en todo este proceso. El peso está subvaluado, como venimos repitiendo, y cuanto más se revalorice el dólar, peor.

Luego del canje de la deuda, el efecto default en materia de divisas va llegando a su fin. Comenzarán los problemas judiciales con los llamados "fondos buitre" que se han quedado con gran cantidad de deuda defaulteada y pretenden obtener un resultado superior al logrado por quienes adhirieron al canje. Esto significa que por un lado comenzarán a salir divisas para el pago de la deuda, aparte del incremento esperado de las exportaciones. Esto último tenderá a disminuir la sobreoferta de dólares para la segunda mitad

Todo ello dentro de un contexto inflacionario y también, probablemente, de conflictos sindicales y sociales por demandas salariales.

Buenos Aires, 28 de marzo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar