Coyuntura Argentina

Como consecuencia de distintos informes y notas expuestas en los últimos meses en la República Argentina, es que me veo en la impronta de indagar sobre las reales consecuencias del famoso blindaje económico nacional o, desde la otra orilla del río, del acoplamiento a la infructuosa crisis internacional financiera.

Pues, durante este último tiempo, han salido del “freezer” varios economistas remarcando las grietas que posee nuestra economía con vistas a que las aguas de la crisis mundial nos mueva el barco. Pero, a principios de año y en medio del conflicto (casi armado) entre el campo y el gobierno, se escuchaban voces avizorando que nuestra economía se encontraba perfectamente y, era muy posible, que no sufriera daños colaterales cuando nos chocara de frente la turbulencia internacional.

La idea es analizar las debilidades y fortalezas que posee la economía nacional para poder sacar la conclusión más acertada. Por ello, es conveniente empezar por las debilidades y concluir con las fortalezas, pues, así, concluiremos de manera más adecuada.

Debilidades

Desde que los Kirchner, en 2003, amarraron la economía a los dos pilares más esenciales de su modelo, a saber, superávit comercial y fiscal, los argentinos nos sentimos mejor, pues el empleo comenzó a crecer y la desigualdad disminuyó claramente. Es que, tanto el desempleo como la desigualdad, fueron dos de las más grandes ausentes a finales de la década del noventa, repercutiendo en el malestar de la gente que se sentía insegura y con alta incertidumbre a futuro a mediano plazo.

De esta manera, las debilidades más acuciantes que posee la economía nacional son, de acuerdo con voces desde el freezer, las siguientes:

1. La Inflación: a estas alturas se encuentra en niveles excesivamente alta, alrededor de los 30 puntos porcentuales, que perjudica al poder de compra de los ciudadanos, pues, además, los salarios dejarán de crecer y se estancarán o disminuirán. Es que la crisis a golpeado a sendos sectores que han empezado a despedir personal, más por miedo que por necesidad. Aunque, así, es probable que la inflación deje de crecer, pero en estos momentos sigue con la escala del año, ubicándose en niveles altos.

2. Disminución del Precio de los Commodities: esto, se debe a que la crisis afectó a países que demandaban grandes cantidades de nuestros recursos exportables y los especuladores se retiran de este mercado volviendo a invertir en países más seguros. Esta disminución afectará a las cuentas fiscales y externas, reduciendo los superávit y dejando al gobierno con menos margen de maniobras discrecionales.

3. Disminución del Crecimiento Económico: la misma afectará claramente a la recaudación de impuestos y desmejorara las cuentas fiscales, además de que la cantidad de empleo se verá reducida y la incertidumbre de los argentinos volverá a aflorar.

4. Industria: los sectores de la industria nacional vienen sufriendo las consecuencias de la turbulencia, pues han empezado a despedir personal y ven una disminución de sus ventas que les imposibilita invertir (inversión que escatimaban desde siempre). Esto, convergirá aún más en el crecimiento económico frenándolo todavía más.

Ahora, se observa claramente que las debilidades no son para dejar de lado, más precisamente, son desequilibrios que pueden afectar el bienestar de los ciudadanos argentinos. Pero, como contrapartida de estos factores negativos, existen algunos factores positivos que atenúan las consecuencias de la crisis internacional.

Fortalezas

Cuando analizamos las fortalezas, debemos centrarnos en factores que puedan servir de barrera para frenar o amortiguar la turbulencia internacional. Es que el modelo kirchnerista con sus dos pilares esenciales, superávit comercial y fiscal, posee algunos baluartes interesantes. Estos, haciendo eco de varios comentarios, en este caso son voces desde el gobierno, son los siguientes:

1. Nivel de Reservas: éstas, que ascienden a los casi 50.000 millones, es una impresionante fortaleza, aunque no es la muralla China. Por esto, el gobierno puede actuar discrecionalmente por un tiempo necesariamente prudente y de mediano plazo. Éstas, son consecuencia de las actuaciones del gobierno en los superávit y, también, por el crecimiento de los últimos años. Así, el gobierno se permite actuar sobre algunas variables para que las secuelas de la perturbación no sea demasiada profunda.

2. La Baja del Precio del Petróleo y Gas: esto conlleva a que el gobierno deba destinar menos dinero a los subsidios para frenar la inflación, mitigando el impacto de menores ingresos por retenciones por la baja del precio de las materias primas.

3. Menores Importaciones: la disminución de las importaciones por el menor nivel de actividad será un importante factor que mejorará el blindaje por la caída de las exportaciones. Así, el país se beneficiará con respecto al balance comercial, que podrá lograr que no caiga en rojo o, si lo hace, que sea apenas naranja.

4. Aislamiento Externo: con respecto al cierre de endeudamiento externo por la creciente crisis financiera internacional, Argentina se encuentra satisfactoriamente bien. Pues no depende en gran medida, como otros países, de préstamos globales para hacer frente a sus obligaciones de deuda y para financiar sus actividades.

Conclusión

Para finalizar, podemos afirmar que si bien Argentina se encuentra en mejor situación que cuando emergió la crisis de finales de los noventa, pues hay dinero para afrontar una posible recesión de corto plazo, también hay que saber observar que existen algunas variables que, si no se normalizan y se equilibran, pueden arrastrar a la economía nacional a una debacle peor de lo esperado.

Nicolas Pepicelli

walternicolasp@hotmail.com

AFJP: UN MANOTAZO DE AHOGADO

El gobierno argentino pretende justificar el proyecto de expropiación de los ahorros de los futuros jubilados en las AFJP con argumentos decididamente inconsistentes. El proyecto es, por principio, un despropósito violatorio del derecho de propiedad, y sobre este punto hay que hacer el debido hincapié.

La realidad indica que no pocos legisladores lo único que pretenden es ver cómo se reparten el botín, antes que descular la verdadera historia de una expropiación con visos de institucionalidad. Al menos eso es lo que se desprende de las innúmeras declaraciones públicas de diputados y senadores de la más diversa extracción, con honrosas excepciones.

No hace falta repetir aquí cómo han funcionado las AFJP hasta ahora, en el marco de las exigencias del Poder Ejecutivo respecto de la conformación del portafolio, en la cual casi un 60% lo constituyen títulos de deuda del propio Estado argentino.

De hecho, las exigencias de parte de los funcionarios oficiales, absolutamente ilegales por lo demás, para que estas administradoras traigan del Exterior sus inversiones y ofrezcan dólares a precios de oferta, corroboran en la práctica la liquidación de los ahorros de los futuros jubilados. En efecto, malvender los activos con fines de sostenimiento de una política económica determinada por el Poder Ejecutivo no es otra cosa que una apropiación, para disponer de ellos de la manera en que se le ocurre a los funcionarios actuantes, y punto. Nadie en su sano juicio sale en estos días a vender dólares, excepto el Banco Central o los exportadores que tienen la obligación de hacerlo, aún a su pesar. Es obvio que obligar a las AFJP, encima mediante presiones ilegales, a vender dólares a precios de regalo es una manera elocuente de hacerles perder plata. La plata de los ahorros de quienes aportaron en estos años. Así de sencillo.

El descaro con el que se tergiversa la realidad respecto de cómo han funcionado las AFJP en los discursos de la presidenta y del ex presidente es también una muestra más del cono de sombra en el que se ha caído.

Por lo demás, como decimos, los legisladores parecen querer, en su mayoría, repartirse el botín de forma tal que los favorezca a ellos, a sus provincias o jurisdicciones. Y nada más. No es extraño, dado que muchos de estos mismos señores festejaron por aclamación la declaración de default del año 2002 ante las cámaras de la televisión del mundo entero.

El sistema de AFJP es un sistema mixto, y no privado como suele repetirse como un sonsonete. Los aportes de los trabajadores que libremente acaban de elegir mediante lo dispuesto por la ley 26.222, son los que se conforman con las retenciones sobre sus sueldos que les aplican los empleadores, dado que la contribución de éstos últimos ingresa, desde siempre al llamado sistema de reparto.

Las AFJP recibieron entre otras cosas de manera obligada títulos de deuda públicos indexados por el CER, que como se sabe está basado en los índices inflacionarios que confecciona el INDEC, lo cual es una otra manera de quitar los ahorros de los jubilados futuros, dada la tasa engañosamente baja de inflación que da a conocer el a su vez devaluado y politizado ente estatal. Otro dato elocuente de la falacia que significa afirmar que las AFJP manejan mal los fondos y pierden plata lo constituye el hecho de que hace apenas unos meses el Estado las obligó a traer inversiones que tenían realizadas en Brasil, derivando los fondos a títulos de deuda argentinos. Es decir que la operatoria de las AFJP está, en su gran mayoría, determinada por el poder político y no por los órganos de dirección de las mismas. Por lo tanto es al Estado a quien deben cargarse los errores y las pérdidas, antes que a nadie. A esto debe sumarse que durante varios años las retenciones de los empleadores a las AFJP alcanzaban al 7% de la remuneración bruta, mientras que los aportantes al sistema de reparto pagaban el 11%. Ese 7% , dispuesto en tiempos de De la Rúa, fue sostenido por el gobierno del matrimonio presidencial, y varias veces prorrogado, con lo cual se privó a lo largo de por lo menos 5 años de 4 puntos de los salarios abonados, en contraposición con los aportantes al sistema de reparto.

Un aspecto en el que mucho se machaca es el de las comisiones que estas administradoras venían cobrando. Antes que nada debemos decir que desde 2003 el gobierno del matrimonio Kirchner podía haber modificado el porcentaje que venía aplicándose, y no lo hizo sino hasta el año pasado. Y a renglón seguido corresponde recalcar que cuando se inició el sistema en 1994 no existía stock de capital y resultaba muy costoso salir a captar afiliaciones. Es por esa razón que en aquel momento la ley 24.241 dispuso que la comisión se determinara sobre el flujo de fondos, es decir sobre los sueldos, y no sobre el capital. Esto puede ser discutible pero lo cierto es que fue votado por los legisladores de entonces, varios de los cuales están hoy en la vereda de enfrente considerando a las AFJP la peor inmundicia sobre esta bendita tierra. Un grado de hipocresía mayor es difícil de imaginar. Las personas pueden modificar sus ideas, pero el cinismo que se evidencia en individuos que hace 14 años votaron lo que hoy consideran una porquería, y hace apenas un año lo ratificaron, causa una verdadera desazón.

Las inversiones en el sector público obligatorias implican que el Estado no puede dejar de lado su parte de la culpa. Es por eso que la falta de coherencia que hoy exhibe el gobierno se hace tan evidente. La timba , el casino y toda la parafernalia de agresiones y descalificaciones tuvieron el CONSENTIMIENTO de los legisladores hasta ahora mismo, hasta el momento incluso de escribir estas líneas. El Estado es quien obligó a comprar bonos de deuda pública argentina, no es que las AFJP eligieron libremente esa timba · y ese casino .

Atar las inversiones a la política fiscal de un Estado es la mejor manera de enganchar los ahorros dentro del mismo sistema que finalmente defaultea . Precisamente para funcionar de manera más o menos seria, lo primero que debería hacerse al legislar en un seguro de retiro, es disponer una política de huevos en distinta canasta lo más amplia y abierta posible. Justamente para evitar quedar pegado.

De manera que tenemos entonces: casi el 60% de títulos públicos argentinos, obligación de traer inversiones de Brasil (que en su momento representaban el 8% del total) hace unos meses, más la pública exigencia de hace pocas horas para que sean traídos al país más fondos invertidos en el Exterior indican claramente, por su cupiera todavía alguna duda, de dónde parte el verdadero manejo de las AFJP.

Aún así, y pese a todo, alrededor de 9 millones de personas eligieron hace menos de un año, y por disposición del propio gobierno del matrimonio Kirchner (el Congreso ha sido un mero detalle administrativo, como todos sabemos). Hace tan sólo un año, las AFJP eran viables y podían ser elegidas por los trabajadores libremente. Ahora, apenas unos meses después del cierre de la elección por 5 años (31 de diciembre pasado), las AFJP son la peor basura existente en la faz de la tierra. Algo está decididamente podrido en la Argentina, parafraseando a Hamlet.

Podríamos seguir así argumentando en contra de los paupérrimos argumentos expresados por los funcionarios del Estado, pero creemos que con esto es suficiente.

Ahora nos encontramos con que un juez de Nueva York (el conocido juez Griesa) resolvió congelar 553 millones de dólares que iban a ser repatriados por las exigencias gubernamentales, a pedido de los denominados fondos buitre que intentan defender las acreencias de los bonistas que no entraron en el canje de 2005. Esta decisión judicial, obligó a la presidenta a expresar en El Salvador, donde se encontraba, que el Estado argentino no tiene previsto apropiarse de los fondos de las AFJP, sino simplemente cambiar su administración. ¿Es que acaso con los antecedentes aquí expuestos la administración estaba o está actualmente realmente a cargo de las Administradoras de Fondos? La respuesta es evidente.

También es evidente que no la Argentina no ha salido del default, como han venido repitiendo funcionarios y ex funcionarios del oficialismo. Es tan evidente como que por tal razón se intenta negociar con los llamados holdouts y arreglar de algún modo con el Club de París. Todo esto es una obviedad para los analistas serios. El canje forzoso de los títulos llevado adelante por la dupla Néstor Kirchner Roberto Lavagna, dejó fuera casi el 25% de los acreedores, cuyas acreencias fueron literalmente borradas del monto de deuda reconocida. Una barrabasada jurídica que pretendió venderse a la población como un acto de justicia o algo así, cuando se trata de una inmoralidad supina.

Así las cosas, el gobierno argentino no tiene fuentes de financiamiento externo, excepto el excéntrico presidente venezolano, sobre cuya transparencia ya no es que se dude, sino que no existe. Las bajas de los precios de las materias primas y la crisis financiera mundial de estos tiempos, ha quitado la posibilidad de seguir sumando a las arcas del Estado recursos provenientes del tipo de cambio alto o de las exportaciones de productos agropecuarios, de por sí ya restringidas a raíz del problema con las llamadas retenciones móviles y de las sucesivas prohibiciones y pedidos de permiso requeridos a quienes quisieran exportar.

El encierro financiero y económico en que se ha metido al país es elocuente. No existe la posibilidad de que lleguen inversiones, tanto por la inseguridad jurídica creciente como ahora por la crisis mundial. No aumentará la producción agropecuaria sino que disminuirá. No se lograrán mayores recaudaciones sino menores.

Las cartas están echadas y la necesidad de financiamiento es evidente. A tal punto que ahora se resuelve finalmente aumentar tarifas para quitar subsidios a la electricidad, por ejemplo. Se dice que no aumentarán las tarifas, pero es una falacia más ya que sí subirán, aunque sea en forma selectiva.

La huída hacia al dólar de la gente se suma a la huída de capitales que está manifestándose en estas horas, y que es masiva. S&P acaba de bajar nuevamente la calificación del país (a B-), que se encuentra 6 escalones más abajo del llamado grado de inversión que ostentan Chile o Perú, por ejemplo. El riesgo país está cercano a los 2000 puntos si no medimos a los holdouts.

En el día de hoy se produce una suba en la Bolsa de Buenos Aires, con altibajos, y con una mejora en las cotizaciones de los bonos públicos, insignificante si se toman en cuenta los valores de hace apenas unos meses.

Entendemos que con todo lo expresado es suficiente para ubicar el cuadro de situación. Pero, si bien lo hemos mencionado a largo del comentario, lo que resulta más alarmante es la lamentable manera en que los gobernantes intentan descalificar lo que hace apenas un año ellos mismos firmaron como válido. Lo que más nos alarma es eso, porque eso es no tener argumentos. Es no tener prácticamente la dignidad de decir la verdad. La verdad que no es otra que el hecho de que se necesita caja . Mucha caja . Y por eso todo esto no es otra cosa que un simple y llano manotazo de ahogado.

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y Tributación Buenos Aires, 31 de octubre de 2008

www.hectortrillo.com.ar

En declaraciones radiales el Dr. Aldo Ferrer ha dado su visión sobre determinados puntos de la actividad económica que entendemos merecen ser clarificados debidamente.

En declaraciones a Radio América de Buenos Aires, el Dr. Aldo Ferrer (ex ministro de economía del país a comienzos de los años 70 y actual allegado al gobierno de la Dra. Cristina Kirchner) que consideramos cuando menos discutibles. Por eso es que nos proponemos dar nuestro punto de vista contradiciendo abiertamente el enfoque del citado profesional.

En primer lugar, consultado sobre la situación planteada en el INDEC, de todos conocida, afirmó que se trata de una cuestión administrativa y que el problema real no es el INDEC sino la inflación. Cuesta entender este razonamiento, aún en el caso del Dr. Ferrer, porque es evidente que el problema que genera la consuetudinaria y persistente deformación de las estadísticas de precios ocasiona perjuicios a, por ejemplo, los tenedores de bonos ajustados por CER, con lo cual se defaultea de manera recurrente deuda pública y se incrementa el riesgo país. Es decir el cálculo matemático de la tasa de interés por encima de la referencia internacional que es la tasa del tesoro norteamericano.

En segundo lugar, afirmó que los precios están subiendo más de lo conveniente . Es decir que según podemos colegir hay un incremento de precios que sí resulta razonable. Digamos aquel famoso un poquito de inflación del que hablaba el Dr. Alfonsín. Cabe recordar que la inflación es una estafa a los tenedores de billetes de curso legal, cuya desvalorización constituye una quita a su tenencia de dinero, provocada por la política monetaria del Banco Central. Avalar ese poquito de inflación , que de eso se trata, significa afectar antes que a nadie a los sectores de ingresos fijos, y entre ellos a quienes ganan menos en primer lugar.

El tercer aspecto que abordó fue el del tipo de cambio. Para el Dr. Ferrer el valor de la divisa norteamericana está muy bajo, siendo necesario practicar una nueva devaluación de entre el 20 y el 30% a fin de mantener un dólar desarrollista . Es decir, a fin de mantener una competitividad falaz a través de un artilugio monetario, siendo que precisamente es por tal motivo que se ha desatado la inflación existente. Así, este profesional insiste en la viejísima receta de corregir las ineficiencias del sistema mediante una baja de los ingresos en dólares de la población, en lugar de recurrir a correcciones en la administración nacional, provincial y municipal con el objeto de hacerlas eficientes y posibilitar una baja de la carga tributaria y administrativa a cargo de empresas y particulares, cada día más agobiados para poder cumplir con la maraña burocrática de obligaciones de todo tipo provenientes especialmente de los organismos encargados de la recaudación tributaria.

Otra notable referencia que hizo el Dr. Ferrer, está vinculada al crecimiento alcanzado en estos años. En este aspecto afirmó que tal crecimiento se logró con recursos propios , olvidando que la infraestructura existente a comienzos de 2002 y que había quedado en su mayoría ociosa producto de la crisis, se gestó entre otras cosas gracias al endeudamiento externo que recrudeció en los años 90 y que finalmente fue defaulteado . En efecto: entre el monto de la quita de la deuda externa del año 2005, y los llamados holdouts (los acreedores que no aceptaron la quita) estamos en una cifra cercana a los 100.000 millones de dólares que no fueron pagados pero que se utilizaron para solventar operaciones de inversión o de gasto dentro del país. Es decir que al menos semejante cifra que contribuyó al desarrollo de infraestructura y mejoramiento en general de los servicios, nunca se pagó, lo cual constituye una apropiación, y no un recurso propio.

Corresponde recordar aquí la afirmación del Sr. Ignacio de Mendiguren al periodista José Eliaschev por radio Nacional en el año 2001, cuando afirmara que nunca antes la industria nacional había estado tan tecnificada, tan modernizada. De Mendiguren se lamentaba en ese reportaje con Eliaschev de que el tipo de cambio fuera bajo, al tiempo que ponderaba la mejora tecnológica alcanzada. Una curiosa simbiosis de amor y odio, por decirlo así, al modelo del Dr. Cavallo.

Actualmente el Estado nacional está recurriendo a fondos del Anses con el objeto de fortalecer las finanzas, lo cual fue considerado positivo por el Dr. Ferrer en tanto y en cuanto el destino de los fondos fuera la atención de obra pública o la ayuda a empresas para que mejoren su producción . Pero resulta que los dineros que superavitariamente maneja la Anses, son los que una y otra vez son retaceados a los jubilados, hasta el punto de estar discutiendo un ajuste para el mes de marzo próximos, lo cual resulta una verdadera enormidad, si se tiene en cuenta el achatamiento del pirámide de ingresos de la clase pasiva a partir de los sucesivos ajustes de los mínimos mientras los montos superiores a $ 1.000 se mantenían constantes a lo largo de 14 años. Ello aparte de la tasa de inflación en la que nos encontramos inmersos, que vuelve hasta impiadosas las demoras en ajustar tales valores.

A todo esto, la verdadera rapiña que implican los sistemas de retención y percepción de impuestos elaborados por los organismos encargados de la recaudación, y que afectan a prácticamente toda la comunidad, también terminan siendo considerados recursos propios pese a que todos sabemos de la infinidad de casos en los que nos aparecen débitos en cuentas bancarias o retenciones y percepciones de todo tipo en las cobranzas por ventas de todo tipo de productos con porcentajes determinados desde páginas de Internet y según los criterios de los funcionarios, entre tantísimas otras variantes recaudatorias absolutamente ilegítimas.

El profesional no dejó de hacer sus conocidas referencias políticas atacando a la derecha que supuestamente está agazapada para copar el escenario político y a los errores de apreciación de conocidos economistas que no observaron que antes era necesario un enorme endeudamiento y ahora esto no es preciso debido a que contamos con recursos genuinos. Ni una palabra de los 100.000 millones de dólares del proverbial pelito al campo . Ni una palabra tampoco del creciente endeudamiento publico al que se recurre mediante emisión de Lebacs y Nobacs, o los Boden colocados en Venezuela a tasas ridículamente altas.

La verdad es que más allá de quiénes tengan razón o no, va siendo hora de que en la Argentina los profesionales se sienten a debatir académicamente y con cifras, y no con discursos de ocasión donde verdaderas calamidades como lo que ocurre con el INDEC sean tratadas con semejante grado de liviandad. Y también dejando de lado esta vieja obsesión por intentar descalificar a los otros en lugar de dedicarse a ponderar con cifras, con datos y con genuinos argumentos, la realidad positiva que quienes así se expresan parecen ver con una claridad meridiana.

Bien, para terminar diremos que el Dr. Ferrer también manifestó su impresión de que el dólar podría dispararse hacia abajo lo cual a su juicio debe ser evitado a toda costa. Y como sabemos la forma de evitarlo es emitir moneda para comprar excedentes, es decir, de seguir creando inflación.

La conclusión es que estamos fenómeno, que estaremos mejor si devaluamos, y que la inflación la pararemos con controles de precios y dibujos en el INDEC. Si esto es así, y no parece ser otra cosa, el criterio académico ha sido definitivamente abandonado por ciertos profesionales allegados al poder actual, como el caso que comentamos.

Buenos Aires, 11 de setiembre de 2008

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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Finalmente el Congreso aprobó las modificaciones a este insólito impuesto a la riqueza . Eliminó el mínimo no imponible y acentuó la progresividad de la tasa, que llega a 1,25% del activo en el escalón más alto.

En reiteradas oportunidades hemos señalado que los medios en general, y no pocos tributaristas en particular, insisten en confundir un impuesto sobre los activos, como el que grava los llamados Bienes Personales, con un impuesto al patrimonio. Por ello, y de manera introductoria al presente comentario, destacamos una vez más que este curioso gravamen se asemeja bastante al Impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta que recae sobre las empresas, y que en verdad grava el activo personal con independencia del pasivo. Es suficiente con poseer los bienes, o incluso el dinero en efectivo, aunque se los deba íntegramente, para tener que oblar esta gabela si se supera el monto mínimo establecido.

Bien, pasaremos entonces a reseñar la nueva situación planteada a la luz de las modificaciones introducidas en el Congreso.

Se establece un mínimo para quedar fuera del ámbito del impuesto, y que es de $ 305.000.-. De tal modo que si un contribuyente posee activos por un valor superior aunque más no fuera unos centavos por encima de dicho valor, abonará el 0,5% sobre el total. Esto significa que no se incrementa el mínimo no imponible, como también erróneamente se ha señalado, ya que dicho concepto implica que tal monto mínimo no es alcanzado por el impuesto, ya que éste gravaría únicamente el activo que superare el límite. Y esto no es así. La norma aprobada grava todo una vez superado el piso.

Hasta $ 750.000.- la tasa es del 0,5% como queda dicho, pasando luego a 0,75% también sobre todo el activo en caso de superar dicho valor hasta la suma de $ 2.000.000.-. Luego la tasa sube al 1% hasta $ 5.000.000.- y finalmente a 1,25% si dicho valor es superado. Y la tasa es siempre sobre el total del activo, no es una escalera como la tasa progresiva del impuesto a las ganancias, por ejemplo.

Es también interesante señalar que para el caso de titulares del exterior, la tasa pasa a ser del 1,25% en todos los casos. Y hay que tener en cuenta que en el caso de sociedades con acciones al portador originadas en los llamados paraísos fiscales se presume sin admitir prueba en contrario que los titulares son argentinos.

Un punto que una vez más resaltamos es que en el caso de participaciones societarias debe considerarse el valor patrimonial proporcional de la sociedad al 31 de diciembre de cada año y liquidar el impuesto sobre dicho patrimonio, que no es el impositivo, sino el que surge del balance contable, que ha sido ajustado por inflación en los primeros tramos de la crisis (2002 y parte de 2003), mientras que los balances impositivos no lo han sido porque está prohibido por la llamada ley de convertibilidad. Este tratamiento desigual con relación al ajuste por inflación es otra de las distorsiones que se evidencian en el actual desorden tributario existente.

También recordamos que el único caso en que la ley admite deducir el pasivo es cuando se trata de una deuda para la adquisición o refacción de la vivienda familiar única, y que dicha deuda sea hipotecaria. En este aspecto, algunos autores sostienen que no sería necesario que se trate de una deuda de tal carácter, es decir hipotecaria. Siendo entonces suficiente con que se trate de una deuda vinculada con la adquisición o refacción de la propiedad familiar.

Finalmente, el valor a considerar como activo es el que surge de la ley del rito, de tal modo que en el caso de inmuebles nunca podrá ser inferior a la tasación para el impuesto inmobiliario, mientras que en el caso de los rodados, los mismos deberán valuarse a partir de las escalas que año a año publica la AFIP según marca y modelo. En inmuebles, si el valor de compra o construcción fuera superior a la valuación fiscal, deberá tomarse tal valor de compra, menos las amortizaciones correspondientes a la parte edificada, y compararlo entonces con el valor fiscal para tomar el mayor de los dos.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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El uso del adjetivo pícaro es frecuente en boca del presidente Kirchner cuando se trata de intentar descalificar a los empresarios por aumentar sus precios de manera desmedida. Nos proponemos, desde una óptima exclusivamente económica, tratar de interpretar este calificativo.

Empecemos por definir qué es, para el Diccionario de la Lengua, el adjetivo pícaro: Vil, ruin, doloso, carente de honra y vergüenza. Astuto, taimado, bellaco. Muy bien, éste es el adjetivo que con más frecuencia utiliza el presidente Kirchner cuando, desde la tarima rodeada de la respectiva claque se dirige a la población entera a través de la radio y la televisión atacando a ciertos empresarios que suben los precios de sus productos. Ahora por lo menos son algunos, antes eran todos.

La picardía es, pues, una acción ruin, vil y malvada. Es un acto indigno de la gente de bien. A menos que hablemos específicamente de astucia, en cuyo caso estaríamos en una variante un tanto diferente. Porque el astuto es aquel que es hábil para evitar el engaño, o también hábil para engañar, para lograr un fin de modo artificioso.

Resulta verdaderamente grotesco que de este modo nada menos que el presidente esté pretendiendo llamar a la cordura y al cambio. Más bien da la impresión de que el Dr. Kirchner asume una especie de fisique du rol que consiste en mostrarlo enojado con los vivillos que se abusan de la gente de bien, humilde y desinteresada. Entre la cual, por supuesto, se encuentran los funcionarios y el mismísimo Sr. Presidente. Es decir, entre los humildes y los desinteresados.

Claro, a las autoridades no les gusta que suban los precios. Es decir, no les gusta que los precios se acomoden a la pérdida de valor de la moneda ocasionada en la emisión de billetes para adquirir divisas a precios superiores a su valor de mercado. Los elementos que intervienen en cualquier transacción comercial son dos: el bien a transferir y el dinero. Éste último no sólo pierde valor sistemáticamente, sino que el gobierno se empeña en que así sea al sostener un tipo de cambio competitivo ante la palpable realidad de la falta de competitividad reinante. Por eso mismo se cierran fronteras, se impiden importaciones y se prohíben exportaciones, todo lo cual contribuye no al desarrollo económico, sino al encarecimiento artificial y a la baja de calidad de los productos locales.

Pero no nos proponemos en estas líneas específicamente hablar de economía, sino más bien y ante todo de qué significa la picardía y su contracara, es decir la falta de ella , en el marco de la economía.

Porque la insistencia del señor presidente en la utilización del adjetivo aplicado a determinados empresarios, no sólo no incluye al resto, sino que tampoco parece incluirlo a él mismo. Es decir, el presidente no es pícaro. Actúa, por lo tanto, de un modo que no es vil, ni astuto, ni doloso, ni carente de honra y vergüenza, etc.

En el mundo en que nos toca en suerte vivir, la picardía forma parte de la vida. En mayor o menor medida, se supone que todos los seres humanos tienen algo de picardía. Digamos tal vez un tanto de astucia. De viveza. Si tratamos de ser bondadosos e intentamos apreciar las expresiones del jefe de Estado como el lado amable de la cuestión, podríamos afirmar que estaría hablando de la proverbial viveza criolla. Aunque creemos que el Dr. Kirchner emplea este término con toda la carga de desprecio que suele demostrar hacia quienes contradicen sus expectativas.

Ahora bien, un Estado de Derecho contempla la existencia de individuos que en sí mismos son entes con intereses, pretensiones, virtudes y bajezas. Nadie puede esperar racionalmente que toda la gente sea buena y que sus principios, sus fines y sus escalas de preferencias sean exactamente iguales o siquiera parecidas. En absoluto.

Precisamente el Estado de Derecho, cuando funciona, permite que convivan en su seno seres de las más diversas características. Individuos que creen en cosas mientras otros descreen de ellas. Personas que interpretan aspectos de la vida de manera diametralmente opuesta a la de otros. El orden jurídico pone las cosas en su lugar cuando se invaden los derechos de los otros, simplemente.

Hay gente bondadosa, caritativa, solidaria, y gente que es avara, angurrienta, o lo que fuera. Cada ser humano tiene el derecho de ser lo que es y debe ser respetado como tal. Por eso la sabia Constitución contempla a todos los individuos y les respeta sus derechos en tanto no dañen a los demás; todo ello dentro de los derechos y garantías que la misma Constitución instituye.

Si el planteo del Dr. Kirchner es el de abolir la picardía la verdad es que nos parece bastante incomprensible. Si todo ser humano tiene algo de astuto o de pícaro, habría que pensar en una suerte de nueva clase de personas carentes de esa particularidad, lo cual resulta realmente ridículo. Y si, como pensamos, de lo que se trata es de señalar al pícaro para ponerlo en evidencia a raíz de actitudes específicas, entonces volvemos al centro de nuestra actividad profesional: la economía. Nadie vende más barato aquello que puede vender más caro. Y si hay alguien que sí lo hace, entonces el producto no alcanza para todos sino para quienes lleguen primero, que son los más ágiles o con mejores medios de traslado, es decir, los más pudientes.

Si un producto es demandado a un precio determinado, ése es el precio. De lo contrario tal precio baja. Si el precio es bajado artificialmente, el bien se agota, como ocurre con los combustibles, por ejemplo. Entonces hay escasez y son los pícaros y los rápidos quienes llegan al producto antes de que se agote. Es decir, por un lado o por el otro serán los más hábiles quienes llegarán primero.

¿Qué puede hacer el Estado ante esta realidad? Imaginemos las entradas para un espectáculo deportivo, que siempre son revendidas en las inmediaciones del estadio a un precio superior al de la ventanilla ¿Qué indica esto? Que el precio original de las entradas es lo suficientemente bajo como para que alguien pueda venderlas a un precio superior. Este alguien será para el Dr. Kirchner un pícaro . Y tiene razón. Pero ese pícaro está aprovechándose de la falta de picardía de quien quiere vender a menor precio lo que vale más.

Supongamos que el gobierno evita la reventa. Es decir supongamos que el Estado mediante el poder de policía consigue que nadie pueda adquirir entradas para revenderlas y que nadie que hubiera comprado su entrada haga con ella ninguna otra cosa que usarla para ir a ver el espectáculo o en todo caso regalarla o venderla al mismo precio al que la adquirió. ¿Quiénes serán los adquirientes de tales entradas? Los que lleguen primero. Los que dispongan de más tiempo para hacer las largas filas ante las ventanillas. Los que cuenten con sistemas de tarjetas de crédito para comprar por teléfono, y de teléfono. ¿Serán acaso los más pobres, o postergados? No. Tal vez haya algunos, pero la inmensa mayoría de adquirientes será gente que tiene recursos para trasladarse, para comunicarse, para pasar horas en la cola o para pagar a alguien que haga la cola, etc.

Por lo tanto, puede resultar muy humanitario suponer que las cosas serán de otro modo si abolimos a los revendedores, pero no será así. El razonamiento es aplicable al precio de cualquier producto. Cuando el gobierno pretende que tal o cual producto se venda a menor precio, éste se agota y lo adquieren quienes llegan primero. Que son los mismos que llegarán a las entradas a bajo precio para el espectáculo deportivo.

¿Sabe esto el señor presidente o verdaderamente jamás lo ha razonado de este modo? Planteemos ambas alternativas: si nunca lo imaginó de ese modo entonces pareciera que la picardía no es su fuerte. Pero si lo analizó de tal forma y pese a ello continúa con un discurso en esa dirección, entonces también él forma parte de los pícaros.

Todo esto que estamos tratando de describir no es otra cosa que el funcionamiento del odiado mercado. Por un lado quien vende trata de obtener el mayor precio posible, y quien compra trata de hacerlo al menor precio posible. El primero trata de hacer las cosas de modo tal de obtener mayor beneficio, el segundo también.

¿Y entonces dónde está el engaño? El engaño está en que se intente vender un producto con determinadas normas de calidad, y tal cosa sea falsa. Y es aquí donde actúa el Estado de Derecho. O mejor dicho, donde debería actuar.

Cuando alguien engaña al otro con el producto que le vende, estamos ante la estafa. Pero la estafa es un delito, que no tiene que ver con el hecho de tratar de obtener un mejor precio por algo, sino de hacer pasar gato por liebre.

Cualquiera de nosotros seguramente ha estado alguna vez en alguna feria, en algún lugar donde se venden baratijas o artesanías o recuerdos de viaje o lo que fuere. Incluso quien jamás ha estado en esa situación puede que lo hubiera visto en una película, o en la televisión. Cualquiera de nosotros sabe que si regatea obtiene un precio menor que el ofrecido originalmente.

Pues bien, esta realidad de la vida es la que, a nuestro entender, pretende enterrar el Dr. Kirchner. Para él no debe existir tal cosa, por lo visto.

La picardía, como tal, forma parte de la vida, como la cobardía, o como cualquier característica de los seres vivos. Podemos ponerle el nombre que queramos: instinto de conservación, supervivencia, lo que fuere. Nadie ha de vender algo a un precio que no sea el mejor. La maximización del beneficio está relacionada con la mejor utilización del capital, y ésta con la relación entre las pérdidas y las ganancias. Son éstas las que regulan la economía del mundo, no las decisiones burocráticas de funcionarios que pretenden con intervencionismos y acusaciones despectivas torcer la realidad de que la economía, como ciencia de la escasez, no deja de lado ni las virtudes ni las carencias de todos los seres humanos, sean éstos empresarios, asalariados, políticos, religiosos, militares o toda la gama de etcéteras que acudiere a nuestra mente.

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2007 HÉCTOR BLAS TRILLO

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Economía y tributación

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En el presente año electoral la suba del gasto público ha alcanzado ribetes jamás logrados. Todo parece estar dirigido a apuntalar la continuidad política del gobierno. No resulta realista no tomar en cuenta el inmenso costo que tal política requiere.

La modificación al Presupuesto Nacional establecida mediante decreto de necesidad y urgencia por el Presidente Kirchner constituye un verdadero baldón a cualquier argumento de prudencia y moderación que el más imparcial de los observadores pudiera efectuar. Un incremento del 12% sobre el presupuesto original, es decir una cifra de $ 14.219 millones de pesos no es una nimiedad ni mucho menos. O fallaron seriamente las previsiones, o alguna calamidad ha torcido el rumbo de la realidad de manera decisiva.

Podríamos decir que un poco de cada cosa, pero en el concepto de calamidad no podemos dejar de incluir el electoralismo. Según la información conocida, $ 2.735 millones serán destinados a cubrir los efectos de la crisis energética, $ 1795 se utilizarán para subsidiar al transporte de pasajeros. El total del incremento para gastos corrientes y de capital de la mayoría de los ministerios alcanza los $8.926 millones, el resto, o sea $ 5.924 millones, se utilizarán para reforzar aplicaciones financieras (fondo de garantía del Anses para el sistema de reparto, financiamiento del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial) y atención de obligaciones del Tesoro. Se prevén $ 11.086 millones que saldrán de la mayor recaudación por sobre lo previsto, y $ 3.134 millones provendrán de un mayor endeudamiento.

Si pensamos que el presupuesto original contiene premisas inflacionarias en porcentajes estimados entre el 7 y el 11%, tenemos un panorama bastante claro de hacia dónde vamos. En verdad, la reasignación de recursos tiene que ver también con la modesta previsión de crecimiento para este año incluida en el Presupuesto (4%). Por tal razón, los ingresos disponibles son bastante mayores a los previstos. En verdad nadie esperaba otra cosa políticamente hablando.

Pero sí era esperada por todos los entendidos la crisis energética, del mismo modo que era esperada la gran cantidad de nuevos jubilados producto de la moratoria o el incremento del gasto por los problemas inflacionarios que el gobierno insiste en negar. La parte política es de sobra conocida, la nueva política es tan vieja como siempre, aunque hoy cuenta con más caja. Y tal caja se utiliza con fines electorales como lo sabe todo el mundo.

El segundo retoque en los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias se agrega a los ajustes de sueldos acordados por los distintos gremios. A ello se suma la mejora en las asignaciones por hijo y el incremento de las jubilaciones. Como se sabe, estos ajustes, aunque necesarios, deseados y esperados, exacerban el consumo y presionan sobre los precios ante la falta de oferta. Es decir recalientan la economía, como se dice habitualmente. A esto el gobierno le contrapone prohibiciones de importación, controles de precios, modificaciones en el sistema de medición de la inflación por parte del INDEC y las consabidas acusaciones a sectores supuestamente enemigos del bienestar general. También le contrapone la persistente búsqueda de nuevas inversiones mediante promociones de diverso tipo, en las cuales parece haberse enfrascado en nuevo ministro de economía.

Al mismo tiempo, los intentos de aplicación de la ley de Abastecimiento, las amenazas a directivos de la petrolera Shell nada menos que con prisión, las intervenciones en el mercado de carnes, extendidas a otras actividades cada vez que el abastecimiento o los precios no siguen el curso esperado por el gobierno, marcan una insólita incongruencia entre ser y parecer. En el caso de la petrolera, además, no hay analista que no hable de un particular ensañamiento, para colmo injustificado, lo que derivará seguramente en gravosos juicios que deberá afrontar el Estado en el caso de que la empresa tenga razón.

El ministro Peirano se muestra particularmente agresivo hacia quienes no comparten el criterio estatista que lleva adelante el gobierno, y se muestra decididamente proclive a suponer que el intervencionismo es la panacea según la cual el éxito económico será una realidad, convencido como está que lo que no hacen los mercados, lo harán los funcionarios con el dinero recaudado por la Administración y también por el habido vía inflación, que como se ha dicho hasta el cansancio es el más injusto de los impuestos. Se ha reemplazado en la Argentina del nuevo milenio, aquella rabiosa crítica al endiosamiento del mercado por el endiosamiento del intervencionismo. Lo que la gente, la población, las empresas, la globalización o lo que fuere no hacen como el gobierno quiere, lo harán Peirano, Moreno y los Fernández. Tamaño dislate la verdad es que excede largamente un intento analítico serio. Pero deja sí una reflexión de base y de fondo: la agresividad, la prepotencia y la soberbia de ninguna manera contribuirán a generar ese clima de negocios del que siempre se habla. La seguridad jurídica (prácticamente inexistente) no se logra con acusaciones vacuas y en muchos casos decididamente groseras.

También es absolutamente cierto que el silencio de prácticamente todo el arco empresarial (y de buena parte de la comunidad política también) sobre la evidente discriminación que viene efectuándose en contra de la empresa Shell, no puede estar fundamentado en otra cosa que en el temor a caer en la misma bolsa y ser privado de privilegios y subsidios para emprender inversiones. Es decir que por un lado nadie quiere perder sus prebendas, y por el otro nadie invertirá un peso sin ellas. Peor imposible.

Sigamos pues con otros temas: ¿están los nuevos jubilados entre quienes figuraban en las encuestas del Indec como desocupados y ahora ya no lo están? No es un tema menor, ya que se han incorporado al régimen jubilatorio algo así como 1,2 millones de personas, que según las normas de la propia ley que sancionó la moratoria, debían estar desocupadas hacia fines de 2005.

Si consideramos que el porcentaje de desocupados hoy por hoy es del orden de 1,4 millones de personas, la baja en los índices de desempleo tendría algo que ver con esto. Por supuesto que se incorporan nuevos demandantes de empleo al mercado y demás. Pero lo que intentamos reflejar con este comentario es que no siempre la modificación del índice tiene que ver con la generación de nuevos empleos únicamente.

Al parecer el sindicalismo de ATE ha llegado a un acuerdo con el gobierno para sanear el INDEC y elaborar índices corregidos y ajustados a la realidad. Esto y confesar que los índices actuales son falsos es lo mismo. ¿Quién se hace cargo del lado del gobierno de semejante confesión si esto es cierto? Se dirá seguramente que la base de cálculo o la ponderación no se han adecuado a la realidad actual y por eso deben cambiarse. ¿Pero es esta la razón por la cual el índice de precios al consumidor arroja en Capital cifras cuatro veces menores que en la mayoría de las provincias?

El crecimiento de la industria evidenció una sensible merma, alcanzando un magro 2,7% durante el mes de julio como consecuencia de las restricciones energéticas esencialmente. Si bien se ha anunciado que tales restricciones serán levantadas, el secretario Cameron ha anunciado que para el verano habrá necesidad de utilizar una mayor cantidad de combustibles líquidos, dado el bajo caudal de las represas hidroeléctricas.

En materia de fondos fiduciarios algo también habría que decir. Hay en estos momentos nada menos que 16 fondos, cuya creación comenzó en el año 1994. La mitad de ellos se crearon a partir del año 2000. Según información difundida por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre 2001 y 2007 sus gastos se incrementaron la friolera de un 6.000%. Estos fondos se crearon, todos, para un determinado fin. Como fácilmente puede colegirse, tal finalidad ha dejado de respetarse casi en todos los casos.

El fondo para el Desarrollo Provincial fue creado en 1995 y su objeto era el de dar asistencia financiera a las provincias en el marco del Pacto Federal de empleo, producción y crecimiento. La duración prevista era de dos años. Pero en sucesivas prórrogas se llegó a la actualidad, en que la fecha establecida de finalización es el año 2025 (¡!). Por su parte el fondo para la reconstrucción de empresas, fue creado en 2002 y tenía como finalidad la asistencia a financieras privadas afectadas por la crisis mexicana, a lo cual se agregó luego el salvataje de empresas endeudadas en dólares y que sufrieron los efectos de la megadevaluación. Según el estudio que estamos comentando, este fondo otorga subsidios al sector privado y cuenta con un capital de $ 1.306 millones. La información acerca de quiénes han sido beneficiarios no se encuentra disponible en informes del propio fondo o del Ministerio de Economía afirmó el economista Gerardo Uña (diario La Nación 26/8/07).

El retraso de tarifas de servicios públicos y de precio de los combustibles ha provocado finalmente una crisis de escasez que no se resolverá con la política de agresiones y amenazas llevada adelante por el gobierno. Tampoco la inflación será detenida con el burdo manejo de los índices o con poco inteligentes controles de precios denominados eufemísticamente acuerdos. El proteccionismo que intenta exacerbar el lenguaraz ministro de economía provocará reacciones en cadena de parte de los países afectados (China especialmente), aumentos de los precios, escasez y merma de calidad.

El panorama decididamente no es bueno, y no se trata siquiera de una cuestión de ideología. El inmenso costo de proteger debe ser pagado, del mismo modo que es pagado el costo de la desprotección cuando no se adecua la economía a la regla básica de la eficiencia y se sobrevalúa el tipo de cambio. No se sale indemne de los exorbitantes costos de tanto subsidio y de tantas desgravaciones para disimular el verdadero precio de las cosas. Y esta realidad deberá ser afrontada en los próximos meses y años, sea quien fuere el nuevo presidente.

Un solo ejemplo más: ¿Qué pasará con los acreedores que no adhirieron al canje de la deuda?. Como se sabe la cifra supera largamente los 24.000 millones de dólares si se consideran los intereses devengados. Y esa cifra directamente ha sido borrada por las actuales autoridades (siendo ministro el Dr. Roberto Lavagna) del monto total adeudado. Es decir que se siguió el esquema del virtual pelito al campo. ¿Esto es realista, por decir lo menos?

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 24 de agosto 2007

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Ante la crisis de confianza que se observa en los mercados internacionales, la designación de un nuevo ministro de economía local y las próximas elecciones presidenciales, conviene tratar de observar las posibilidades que ofrece el país en materia económica, acercando un poco la lupa a aspectos controversiales.

La intervención del gobierno nacional en el INDEC es un aspecto de la realidad que prácticamente nadie pone en duda, excepto algunos funcionarios como el flamante ministro de Economía, o el titular de la Secretaría de Comercio.

La candidata a presidenta declaró hace unos días en Madrid que quienes quieren que los índices de inflación sean mayores son los acreedores que tienen títulos que ajustan por CER.

La opinión de consultores y de la gente indica que no solo, ni precisamente, son los acreedores los que quieren o dejan de querer. En verdad, la Dra. Kirchner ha intentado encontrar una explicación, por así decirlo.

La deuda pública se favorece si paga menos ajustes por índices de precios, pero se perjudica en tanto los bonos pierden su valor y las tasas de interés suben, de modo tal que las sucesivas renovaciones de deuda resultan más costosas compensando de ese modo el toque de los índices que la candidata presidencial atribuye a interesados acreedores. De paso sea dicho, hablar de los acreedores y suponer que todos ellos pretenden falsear la realidad resulta bastante esquemático, como falaz resulta a su vez poner todas las fichas en un secretario de estado que hace rato viene hurgando en el INDEC, cambiando funcionarios, haciendo renunciar a otros, y adoptando actitudes cuasi patoteriles de las cuales hay registro y testigos según puede leerse en todos los diarios, inclusive en los más oficialistas.

El ministro Peirano acaba de decir que para combatir la inflación se requiere mayor inversión, por lo cual se va a impedir que los productos chinos sigan invadiendo el mercado argentino . Acá tenemos toda una definición de una mentalidad y una ideología: para que la Argentina supere la inflación hay que cerrar filas y fronteras, y al mismo tiempo atraer inversiones. ¿Este esquema resiste un análisis técnico serio?.

Cuando una inversión se lleva adelante, la misma cae del lado de la demanda según dicen los economistas. Esto significa que el proceso de invertir es, en sí mismo, un incremento de la demanda de bienes y servicios y por lo tanto empuja los precios hacia arriba. Es decir que para llegar a ser mayor oferta, tal inversión deberá haber concluido para pasar a producir. De manera que con un simple análisis podemos ver que una mayor inversión en realidad azuza a la inflación, y no la combate. A su vez, el cierre de fronteras a productos chinos a lo que contribuye es a que suban los precios de los productos locales ante la falta de competencia, por lo cual también este aspecto resulta inflacionario en un esquema de expansión monetaria para sostener el dólar caro como el que tenemos.

Queda claro entonces que más allá de las buenas intenciones, las afirmaciones del ministro operan en sentido inverso del deseado en cuanto a combatir la inflación. El yerro no es menor. Una cosa es que pretendamos incentivar la industria local, mejorar la inversión etc, y otra distinta es afirmar que así se combate la inflación. No ha cambiado demasiado la tónica respecto de los tiempos de Miceli, que decía combatir la inflación con controles de precios, o del Dr. Lavagna, que decía hacerlo con retenciones a las exportaciones.

La inflación se combate volviendo eficiente a la economía, competitiva sin artilugios monetarios, con el precio de la divisa que fija el mercado y con una apertura de las importaciones (y de las exportaciones) que ponga el equilibrio donde debe estar ante la realidad económica que vivimos. No hay que asustarse de eso. La Argentina es altamente competitiva en el sector primario, como todos sabemos. No es necesario poner fábricas de transistores si el dinero se utiliza mejor en producir carne. Simplemente la correcta asignación de recursos es más efectiva, realista y multiplicadora que las infinitas intervenciones salidas de oficinas de burócratas que pretenden que la realidad no es lo que es.

Y en este punto no hay que confundir. Porque en los años 90, lo mismo que a fines de los 70, el sistema imperante consistía en fijar un tipo de cambio bajo, por lo que la apertura de importaciones producía un sobreefecto como consecuencia de que era posible demandar divisas en grandes cantidades sin que se modificara su precio, lo cual atenta obviamente contra la llamada ley de oferta y demanda. Una apertura con control del cambio tiene un efecto negativo: el control del cambio. Porque si el tipo de cambio sube a medida que arrecian las importaciones, y baja a medida que aumentan las exportaciones, nada extraño ha de pasar.

Pero estamos muy lejos de esto, de manera que volvamos entonces a la situación política actual.

Los pactos entre con empresarios, sindicalistas o quienes fueren, (a los que se refirió la Dra. Kirchner) tendientes a convertir en política de Estado el superávit y el tipo de cambio alto son una falacia. Y lo son porque el motivo del pacto lo es. Nadie puede pactar superávit como nadie puede pactar ganancia eterna. Nadie puede pactar que comprará infinitos dólares más caro de lo que valen asegurando que tal despilfarro no terminará produciendo un estallido.

Acordar seguir determinadas políticas es factible. Pero acordar hacer funcionar la economía de determinada forma no lo es. No es posible pactar el régimen de lluvias. Es posible pactar que ahorraremos agua y que la meteremos en tanques adecuados, eso sí.

Por otra parte el superávit fiscal primario está cayendo desde hace por lo menos dos años, de manera que aunque se pretendiera lograr una fotografía de lo que hoy ocurre para prolongarla en el tiempo de modo más o menos indefinido, no equivale volver a lo que ocurría hace dos años, cuando la inflación todavía no era un problema, por ejemplo. No hay que olvidarse que la mega devaluación había provocado una baja considerable del costo argentino, al tiempo que la capacidad ociosa industrial proveniente de la década anterior estaba disponible para activarse rápidamente sin grandes inversiones adicionales, todo lo cual ya ha ocurrido. Hoy el costo argentino es otro, y la capacidad ociosa es casi inexistente.

Los problemas energéticos son una realidad. Los subsidios cruzados también. El gasto público inmenso y casi descontrolado también. Si la senadora Kirchner pretende un pacto en estas condiciones nos parece que está equivocando su discurso.

Obsérvese que hoy por hoy todo parece querer pactarse: tarifas, consumos, precios, salarios, topes exportables, bienes importables, cantidades, índices de precios. Todo. Se trata, al parecer, de armar una economía en un esquema no basado en las necesidades cambiantes de la población, sino en el supuesto o real raciocinio de unos cuantos dirigentes políticos, sociales, empresarios o lo que fueren.

La realidad no entra en una oficina o un edificio público. La vida económica no se reduce a los pensamientos de economistas que dicen que los precios no tienen por qué subir porque de acuerdo a mi análisis así debe ser , como suele afirmar el Dr. Aldo Ferrer. Disentimos profundamente de esta clase de afirmaciones, y sometemos al veredicto de la realidad nuestras opiniones.

Por más bien intencionados que sean, profesionales como los que nombramos en este comentario, están a nuestro entender muy equivocados. El Dr. Lavagna, por ejemplo, ha llegado a afirmar muchas veces que con las retenciones a las exportaciones controlaba los precios locales, para lo cual a su vez era necesario controlar el cambio, que deberá seguir siendo alto, y para ello será necesario controlar los precios. Como una calesita sin fin, en el mundo se acabarían escaseces y estrecheces con sólo llevar a cabo estas recetas magistrales. ¡Y eso no ocurre! NI ocurrirá.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2007 HÉCTOR BLAS TRILLO

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HÉCTOR BLAS TRILLO

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El año que concluye ha mostrado un crecimiento notable de la economía. Pero el crecimiento está basado en el tipo de cambio”competitivo” y los controles de precios para bajar los índices sal consumidor. El año próximo continuará la misma línea económica.

El crecimiento de la economía en 2006 rondará el 9%, una cifra notable sin ninguna duda. La baja en los índices de desocupación y la mejora de los ingresos de la población constituyen aspectos sumamente positivos que deben ser justipreciados debidamente.

El modelo neokeynesiano seguido por las autoridades políticas y económicas se basa en un tipo de cambio artificialmente alto, de manera de favorecer la producción nacional evitando la competencia externa, al tiempo que se obtienen recursos vía derechos de exportación de productos primarios. En otras palabras: el sector eficiente de la economía (el agro) subsidia junto con los consumidores al sector industrial y al aparato del Estado.

Vistas las cosas en perspectiva, en los últimos 60 o 70 años el modelo aplicado ha sido el mismo, salvo en algunos tramos de la historia reciente, entre los que podríamos computar los años 90, la segunda mitad de los 70, y comienzos de los 60. En los dos primeros períodos enunciados, el tipo de cambio fue sostenido artificialmente bajo para facilitar el ingreso de tecnología y nivelar el atraso con el denominado Primer Mundo. En tiempos de Frondizi se buscó una apertura al capital extranjero que hasta ese momento parecía imposible.

Así las cosas, las últimas aperturas económicas de la Argentina estuvieron vinculadas al tipo de cambio fijo, por lo que no es adecuado considerar causa de los males producidos a tales aperturas si no se toma en cuenta el tipo de cambio artificial concomitante. Dicho de otro modo: no es lo mismo apertura con control del cambio que apertura con el cambio libre. Y la razón es bien simple: el cambio controlado implica que una demanda infinita de divisas no producirá variaciones en su precio, violando de ese modo burdo y simple el principio básico de la ley de la oferta y la demanda.

En el presente, como en tiempos de Krieger Vasena a fines de los 60, la política es de “dólar alto”, tal como pregonaba el canciller Guido Di Tella en los años 90, aunque muy coloquialmente él hablaba de “dólar recontraalto”.

El gobierno ha estimado el crecimiento para el año 2007 en un 4%, aunque no hay analista que baje del 7,5% en sus estimaciones. Más allá de las cuestiones políticas de tal diferencia, más bien vinculadas al uso de los fondos por parte del Poder Ejecutivo, lo cierto es que o la primera de las estimaciones es francamente errónea, o lo es la segunda. La mitad o el doble. Alguien debería revisar los números y rectificarse y hasta ahora no lo ha hecho.

Y no hacerlo implica, en caso de ser el gobierno el equivocado, una nueva violación de la buena fe de la gente, lo cual es un pésimo antecedente que se suma a tantos otros. Si por el contrario los equivocados son los economistas ajenos al poder, cabe preguntarse la razón de semejante yerro, máxime si se toma en cuenta que muchos son declarados opositores a la línea económica oficial, cosa que por lo demás el presidente se ha cansado de recalcar.

El acrecentamiento de los controles de precios es otra de las evidencias palpables. Nada indica que vayan a disminuir. Más bien todo lo contrario. Cada día que pasa es mayor la dificultad que presenta el modelo monetario expansivo. La inflación subyacente (aquella que no entra en los índices oficiales) supera largamente el 15% anual. Si hasta con la medicina prepaga se acaba de aceptar una argucia legal para aumentarla sin que se refleje íntegramente en los índices.

El sector pecuario es el que más ha sufrido las consecuencias de la arbitrariedad con la prohibición de exportaciones. Pero no ha sido el único. Ha habido problemas con los lácteos, con el vidrio, con el trigo y con el maíz, cuyo sino es de el tener demanda en el mercado interno con precios internacionales crecientes.

La soja, por su parte, es probable que duplique su precio internacional durante 2007 (consecuencia de la demanda norteamericana de maíz para la producción de biocombustibles, que ha hecho disminuir el área sembrada de soja en el país del Norte), por lo que ya se habla de incrementar los derechos de exportación de esta oleaginosa pese a que no se trata de un bien de consumo masivo en el mercado local. Es decir, acá no cabe el castigo por la suba del precio local, sino el afán recaudatorio.

La balanza comercial está siendo estimada en unos 11.000 millones de dólares para 2007, una cifra similar a la de 2006. El crecimiento de las exportaciones es en general bueno por los precios internacionales más que por la mejora de las cantidades, y tal crecimiento no es ni de lejos similar al acontecido en Brasil o en Chile. Algunos productos industriales alcanzan buenos niveles de exportación, pero con un dólar a 3,10 mientras que el agro percibe un dólar de 2,30 o 2,40. Y el petróleo 1,50. A su vez, la industria competitiva en el exterior es aquella que ha mejorado ostensiblemente gracias a las inversiones de los tiempos de la convertibilidad, básicamente. Eso es lo que ocurre con la industria automotriz, por ejemplo.

Es que en años recientes la inversión creciente no se manifiesta en sectores productivos novedosos. Más bien mejora mucho la construcción, la cantidad de automóviles producidos o la importación de celulares. En el primer caso la inversión tiene que ver con la demanda del Estado en obra pública y de los particulares que conservaron divisas fuera del sistema cuando se produjo la crisis de 2001 y, seguramente, los inversores extranjeros interesados en los bajos precios locales En el segundo, la exportación favorece la recuperación de la capacidad ociosa de los 90. Y en el tercero, lo positivo es que las comunicaciones están al alcance de quien pueda pagarlas porque están libres de controles de precios tanto en telefonía celular como en cibernética.

En materia energética la situación es a todas luces complicada. Tanto en electricidad como en gas o en combustibles líquidos. Las inversiones en el sector si se producen son de la mano del Estado y de regímenes de promoción de variada imaginación e intensidad. Porque la inversión genuina de ninguna manera se incentiva con combos o cajitas felices. Y la realidad es que el congelamiento de tarifas y precios para no afectar el IPC es a estas alturas un dato de una gravedad inusitada.

Las conclusiones a las que podríamos arribar son las de que si la economía continúa su crecimiento, éste no se debe ni a los controles de Guillermo Moreno y sus listas de precios de referencia, ni a las prohibiciones de exportaciones por resoluciones ministeriales. Mucho menos se debe a la presión tributaria o a los impuestos distorsivos como los derechos de exportación. Más bien el citado crecimiento se debe a la capacidad ociosa proveniente de años anteriores y a la mejora de los precios internacionales de las commodities. Diríase que tanto controles de precios como prohibiciones de exportaciones y congelamientos de tarifas operan en sentido contrario. En el caso de las tarifas se da la paradoja de que se exacerba el consumo, mejorando la inversión en equipos de aire acondicionado, por ejemplo, pero deteriorando la inversión en energía y por lo tanto hipotecando el futuro. Este tipo de planteos cuando son hechos al gobierno, son respondidos con acusaciones de tipo político, pero no se realiza un análisis realista ni mucho menos una demostración matemática de que no es así.

En materia inflacionaria las perspectivas oficiales vuelven a estar en torno del 10%, y es evidente que hay preocupación por no llegar a la barrera psicológica de los dos dígitos en los índices, aunque para ello se deban dibujar aumentos como los de las prepagas, o continuar postergando ajustes de tarifas.

La pauta salarial estará acordada en torno del 14%, mientras que internacionalmente la debilidad del dólar revaluará al peso argentino. Además, se revaluará por el hecho de que se espera una devaluación en torno del 3%, una tasa mucho menor que la inflación, producto en parte de la falta de demanda de excedentes en divisas. Es que el Central está a punto de arrojar déficit cuasifiscal debido a los intereses de las Lebacs y Nobacs, que poco a poco se acercan al crédito de intereses producto del señoreaje (el interés proveniente del depósito en bancos del exterior de las reservas en divisas), por lo que la expansión monetaria para la compra de divisas llega casi al punto de inflexión.

Otro factor de gran impacto es la elección presidencial, programada en principio para octubre, fecha que no podemos asegurar que se cumpla, como casi nada puede asegurarse hoy por hoy en la Argentina. Lo cierto es que las elecciones son directamente proporcionales al incremento del gasto público, justamente en un momento en que probablemente el crecimiento del PBI comience a declinar y con una tasa inflacionaria cada vez más preocupante. Es que la política de control de precios no ha arrojado grandes resultados, como no podía ser de otra manera, por lo demás.

En efecto, mientras en 2005 los precios minoristas medidos por el INDEC treparon un 12,3%, este año treparán alrededor del 10%, apenas 2,3 puntos menos. No es un resultado que justifique tamaña intervención. En verdad, es más bien la demostración de que tanto intervencionismo para lo único que sirve es para distorsionar precios relativos y producir escasez en los productos controlados.

La acumulación de reservas continuará su curso y es probable que a fines de 2007 haya superado los 41.000 millones de dólares, una cifra ciertamente atractiva. Martín Redrado siempre dice que las divisas sirven para respaldar al peso. En verdad, las divisas son adquiridas con endeudamiento, ya que son muy pocas las que se adquieren o han adquirido con fondos del tesoro. Tener divisas para deberlas no parece ser un negocio brillante ni sostén de nada. En verdad, la razón de fondo es la misma de siempre: mantener el tipo de cambio artificialmente alto y endeudarse en títulos remunerados para bajar el circulante monetario.

El sistema tributario no será modificado, como ha reiterado la ministra de economía, que suele confundirse con los datos de la presión tributaria global al no tener en cuenta que casi la mitad de la economía funciona de modo informal, y que por lo tanto las tasas de tributación de quienes pagan corresponden al doble de la presión asignada.

El fracaso de la Ronda de Doha deja en veremos la cuestión de los subsidios del Norte a la producción primaria, subsidios que de no existir provocarían un alza en los precios y la consecuente suba de las retenciones. El problema con Uruguay parece de muy difícil solución, aunque fuentes muy reservadas hablan de un acuerdo casi inminente. Nuestro vecino sigue siendo tentado para alcanzar un acuerdo bilateral con EEUU, lo mismo que ocurre con Paraguay. Bolivia, por su parte, lleva adelante un discurso que no se condice del todo con los actos, más o menos como ocurre entre nosotros. Y Brasil, genuino líder de la región, hace de la política exterior un arte que en nada tiene que envidiar a Chile, ni ambos a la propia Inglaterra.

Será 2007 un año complejo en materia de gasto público y déficit provinciales, con un exacerbamiento de los controles de precios y una creciente preocupación por el problema energético. La tasa de inflación no cederá dentro de este panorama, tal como el mismo gobierno lo ha previsto en el Presupuesto Nacional. Continuará y tal vez se agrave el problema de la carne y seguirá creciendo, aunque menos, la industria y la producción de cereales de gran demanda externa. El superávit primario, a todo esto, será suficientemente alto como para atender los pagos de la deuda externa sin mayores dificultades.

Si, como se espera, el matrimonio Kirchner retenga el poder político, entonces se seguirá la senda iniciada con el expansionismo monetario de origen neokeynesiano mucho más allá del punto en que debió haber sido abandonado. La oposición política debiera hacer hincapié en la preservación de las instituciones, violadas permanentemente, como base teórica mínima para emprender el camino de un serio y relevante Estado de Derecho. Alcanzando el poder o sin hacerlo, el rol de los partidos opositores incluye esclarecer a la ciudadanía sobre los puntos oscuros que muestra el gobierno nacional y también varios estados provinciales. Debe tomarse conciencia de que las violaciones a la Constitución o las arbitrariedades de “controlar las ganancias” no constituyen una garantía de preservación institucional digna.

Y dicho sea de paso, si como dice la ministra Miceli se controlan las ganancias, no se entiende para qué una empresa habrá de tratar bajar sus costos de producción. Y mucho menos se entiende por qué no habría de subir sus precios ante una mayor ineficiencia, si total mientras mantenga el margen de ganancia, en ambos casos no cambiarían sus condiciones de rendimiento.

La política de subsidios es el correlato de la ayuda al ineficiente. La industria no baja sus precios porque se dificulta la competencia externa. Y la creencia de que las utilidades o la ineficiencia son los responsables de la inflación es tan generalizada a nivel político que da miedo. No hay nada peor que los errores de diagnóstico para confundir el aserrín con el pan rallado, como decía un circunspecto profesor nuestro de la secundaria.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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Economía y tributación

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El paro del sector agropecuario es un baldón para un gobierno que cree en el voluntarismo en su favor o en su contra, y olvida sus propias culpas a la hora de emitir moneda y comprar dólares caros.

Es indudable que el cimbronazo que produjo la decisión de Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria ha sido de gran magnitud. Al momento de escribir estas líneas hasta tuvimos oportunidad de escuchar por primera vez en un reportaje radial al secretario Guillermo Moreno señalando, (con palabras muy similares a las empleadas en otras oportunidades por la ministra Miceli) que “ellos” (el sector agropecuario) “quieren subir los precios” y “nosotros” (el gobierno) “no vamos a permitir que suban los precios del pan al pueblo argentino, de la carne al pueblo argentino, del aceite al pueblo argentino…” No hay ninguna duda de que este buen señor cree que la suba de precios es un acto voluntario gestado por miles y miles de productores o empresarios para perjudicar a la población en general sacándole su dinero al obligarla a pagar más. O al menos intenta que nosotros lo creamos.

También otros ministros y algunos gobernadores han salido a opinar en la misma dirección. Y si a esto le sumamos la reiterada negativa del presidente Kirchner a asistir a la inauguración de la Exposición Rural en Buenos Aires, tenemos una idea acabada de lo que, en principio, piensa esta gente.

Como nos cuesta creer que verdaderamente piensen eso, es que dejamos el margen para la duda. Es probable que muchos funcionarios o dirigentes políticos no entiendan las reglas básicas de la economía y pretendan, por enésima vez, ser ellos quienes deciden la medida de las cosas.

Pero no puede ser que ignoren cuáles serán los resultados al finalizar el intento. Entre muchísimas otras cosas porque la Argentina pasó varias veces por esta misma historia.

Tal vez alguna cuestión de índole emocional les haga decir las cosas que dicen y obrar como obran, dejando de lado cualquier consideración sobre la legalidad de sus actos. Pero es obvio que el agravamiento de la situación es más que palpable y no solamente por el paro agropecuario ahora anunciado. Hace rato que hay problemas de escasez de combustibles, por ejemplo. Es un dato que hoy por hoy existe un mercado negro de carnes y que las cosas se resuelven entre bambalinas por sectores o entre éstos y algunos funcionarios clave. También es un dato que no pocos productos con “precios acordados con el gobierno” hace bastante que no cuentan con un lugar en las góndolas.

Quien pretenda vender un bien a un precio que el mercado pagaría con gusto, deberá primero tener el permiso oficial, so pena de ser sancionado, perseguido, insultado o atacado por inspecciones y penalizaciones varias. Si acepta ese precio oficial, entonces podrá vender. Y dado que tal precio con seguridad es más bajo que el de mercado, prontamente el producto comenzará a escasear y aparecerá un mercado paralelo.

Nada de esto es nuevo. Y no sólo no es nuevo en el gobierno actual de la Argentina. No es nuevo en la historia del mundo entero prácticamente.

Es evidente que pretender sostener un tipo de cambio artificial trae problemas y desequilibrios, tanto si tal tipo de cambio es “alto” como si es “bajo”.

El gobierno sostiene el tipo de cambio alto y emite moneda para ello. El argumento es que tal tipo de cambio debe ser competitivo. Ello indica que el país no es competitivo a menos que se utilice ese artilugio. Pero ningún artilugio monetario dura eternamente, claro está.

Las consecuencias inflacionarias están a la vista. Y si bien la ministra Miceli, aparte de creer que es legal permitir o no que suban tales o cuales precios, pretende que el repunte inflacionario tiene que ver con el crecimiento. La realidad es que si la economía funcionara sobre la base del trueque, tal inflación desaparecería de inmediato, demostrando así dónde está el problema.

Vemos claramente cómo el voluntarismo se ha adueñado de la situación. El Dr. Lavagna acaba de publicar una solicitada con lineamientos generales para un plan de gobierno en la que el primer punto que se menciona es el de “sostener un tipo de cambio alto”. Su intención es obvia: hacer eterno lo que sólo puede ser efímero.

A su vez, la Lic. Miceli ha dicho también que es preciso un “shock de inversiones” y ha pedido públicamente al empresariado que invierta. ¿Es preciso pedir que se invierta si el país ha venido recuperándose y creciendo como ha venido haciéndolo? ¿No es obvio que las inversiones deberían venir solas?

Es correcto suponer que si se invierte para producir bienes adicionales la tasa de inflación tienda a bajar. Pero las inversiones que no vienen no lo hacen porque se encuentran con un panorama como el descripto más arriba. Los funcionarios creen que ellos deben permitir o no que suba tal o cual precio.

Ellos permiten y desean que el precio del dólar sea caro, por lo cual los salarios de la población son bajos en esa moneda. Como para tales funcionarios no es importante que alguien compre dólares (¿alguien vio alguna vez un dólar?), pero sí es fundamental que pueda comprar aceite o carne, entonces actúa sobre los precios de los alimentos en una dirección, y sobre los precios de las divisas, en la dirección contraria.

La realidad es que la merma de animales hembra para rodeos de cría ha sido sustancial desde que a comienzos de marzo el gobierno decidió prohibir la venta al exterior de todo producto cárnico y sus derivados. Una medida arbitraria, inconstitucional, ajena al Estado de Derecho y para colmo absurda por donde se la mire. La producción de animales para exportación ha bajado y bajará en el futuro mucho más todavía. A esto se suma la lista de precios máximos en el Mercado de Liniers que ni siquiera tiene firma pero que todo el mundo sabe que viene de cierto sector del poder. La intervención en los mercados de trigo y de maíz es también un hecho consumado.

Bien, el funcionario Moreno tiene un estilo destemplado y agresivo, según comentan. Su actitud es similar a de quien está en una riña y pretende controlar una situación imponiéndose desde un poder policial o algo así. Pero este funcionario ocupa ese lugar porque allí lo ha colocado el propio presidente de la Nación. Lo mismo ocurre con la ministra Miceli, que sigue repitiendo a quien quiera escucharla que para luchar contra la inflación hay que controlar los precios. De donde se deduce que una profesional de la economía como se supone que es, cree que la inflación se detiene con “mano dura” y voluntarismo, no adecuando las ecuaciones económicas a la realidad de la oferta y la demanda y dejando de despilfarrar dinero comprando dólares caros, por ejemplo.

No se trata aquí de una cuestión de opinión. Se trata de no confundir conceptos. Una cosa es tratar de modificar expectativas y hábitos y otra es creer de veras que la inflación se produce porque algunos ganan mucho, o porque la cadena de distribución de tal o cual producto no es eficiente. La inflación es la suba generalizada de precios por desvalorización de la moneda.

Y la desvalorización de la moneda es un hecho desde hace ya 4 años, y sigue siéndolo se diga lo que se dijere.

El presidente de la Nación repite clisés contra el “neoliberalismo” al tiempo que afirma que los economistas “liberales” intervenían asiduamente en la economía de tiempos de Menem. Es decir que no había allí vestigios de liberalismo según las propias palabras de Kirchner.

¿Hay alguna diferencia entre el intervencionismo de mantener el dólar bajo y el intervencionismo de mantenerlo alto? ¿Hay alguna razón por la cual en los años de convertibilidad los empresarios no se hacían los vivos?

¿Por qué ahora el agro pretende subir los precios si gana más dinero que en mucho tiempo –Miceli dixit? ¿No hubiera sido más lógico que pretendiera hacerlo en tiempos de la convertibilidad cuando la rentabilidad era nula o casi nula? ¿No era que ganaron mucho en tiempos de Menem y ahora deben aprender a ganar menos, según se ha cansado de repetir el Presidente?

Es estas preguntas y afirmaciones hay una lógica elemental que nadie desde el gobierno se acerca a contestar. La verdad es que a estas alturas cabe pensar que nadie se anima.

El ambiente va tensándose cada vez más rápidamente. Si aún se sostienen índices contenidos de precios, es más bien como consecuencia de los subsidios que pueden pagarse debido al superávit fiscal consecuencia, precisamente, de la desvalorización de la moneda.

¿Podría ir hoy por hoy el Dr. Kirchner a EEUU y repetir que acá no hay controles de precios?. ¿o el inefable Moreno decir que sólo hay controles de costos?.

El permiso para vender poco a poco deja de interesar cuando las cosas se vuelven difíciles. El silencio de muchísimos empresarios ha empezado a ceder.

Esto significa que las incongruencias que intentamos señalar tantas veces empiezan a provocar consecuencias serias.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

Godoy Cruz 2870 – 1425 Buenos Aires

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Por Héctor Trillo

Días pasados, el Presidente Kirchner amenazó directamente con la intervención del Estado en el caso de que los precios se dispararan.

Lo primero que vino a nuestra mente a raíz de este comentario, fue que el discurso no es nuevo, que tiene ya muchos años entre nosotros.

Inmediatamente comenzamos a tratar de vislumbrar por qué el Presidente dedica un párrafo de ese tenor en forma generalizada a todos los empresarios. La respuesta la tenemos y nos parece demasiado obvia, pese a lo cual no siempre se difunde y comprende masivamente.

El Estado ha estado emitiendo billetes desde el mismo momento en que se produjo la devaluación a comienzos de 2002. Si bien las políticas monetarias seguidas por el Banco Central han sido bastante restrictivas, es evidente que si la masa de circulante supera holgadamente el crecimiento del PBI, las presiones inflacionarias son "de libro".

En el mes de diciembre la inyección de moneda ha sido aún de mayor magnitud en comparación con otros períodos, motivada esencialmente en la necesidad del Banco Central de comprar dólares para seguir manteniendo el precio de la divisa en alrededor de $ 3.-

Esta enorme expansión fue acompañada por una serie de mejoras a la demanda de bienes y servicios, por la vía de los retrasos en aplicar retenciones de impuestos y pagos de anticipos, aunque también podemos citar los aumentos en las asignaciones familiares (decreto publicado el 4 de diciembre, pero retroactivo al mes de octubre inclusive) e inclusive el adelantamiento en el pago del Sueldo Anual Complementario a los empleados públicos y jubilados.

Ya en enero, como se sabe, se han decretado incrementos de sueldo de carácter no remunerativo (eufemismo usado para abonar cifras a los trabajadores sin retenciones ni aportes al sistema jubilatorio) y también acaba de sancionarse la ley de la llamada jubilación anticipada.

Estas medidas implican aumentos generalizados en determinadas áreas, que al presionar sobre los mercados producen aumentos del consumo y también subas de precios. Ello así en virtud de que no necesariamente la cantidad de bienes disponibles en un momento dado se corresponde con la inyección de demanda provocada por tales ingresos adicionales.

Queremos recalcar que no pretendemos en absoluto oponernos a medidas que impliquen mejoras en los semivacíos bolsillos de la población, sino que simplemente tenemos que señalar estos hechos de carácter generalizado e impuestos desde el Estado, que al mismo tiempo continúa emitiendo moneda y sosteniendo el tipo de cambio, reduciendo de ese modo los ingresos en dólares de esa misma población. Esta contradicción es flagrante, y los funcionarios no han dado hasta ahora una explicación satisfactoria, que se sepa.

El Banco Central aplica medidas restrictivas de la expansión de la masa de circulante, mediante ofertas de títulos públicos (como las Lebacs) que producen el efecto inverso al señalado de la expansión. Precisamente de eso se trata, de contrarrestar el efecto inflacionario, al costo de los intereses que debe abonar por ello.

La verdad es que el Presidente ha salido en su discurso a tratar de frenar las consecuencias inevitables de estas políticas, cargando la responsabilidad sobre el sector empresario, con los cual nos retrotrae a los años 50 y aquellas famosas campañas "contra el agio y la especulación" del líder del Movimiento al que pertenece Kirchner.

No es nuestra intención volcar hacia la política un comentario de este tipo, aunque es obvio que esto no si siempre puede evitarse. Porque todo es política, como todos sabemos.

Ahora bien, el tipo de cambio "recontraalto" (recordando el neologismo utilizado por el fallecido canciller Di Tella), es lo que da plafón al Estado para aplicar las llamadas retenciones a las exportaciones y de ese modo atender las necesidades de diversos planes de ayuda social y también la obra pública. También es lo que permite el fabuloso superávit fiscal que supera incluso la pauta del 3% pactada con el FMI.

Pero como todo tiene su contracara, esta transferencia de fondos al Estado se produce como resultado de la devaluación y, por ende, de la baja en los patrimonios de toda la población. Y en los sueldos. Ello a su vez, posibilita que la Argentina esté "barata" en términos internacionales, de allí que los turistas extranjeros lleguen en gran número para aplicar el famoso "deme dos", pero desde fuera hacia dentro. Esto también produce incrementos de demanda de importante magnitud y por supuesto terminan incidiendo en los índices de precios.

Lo que la economía argentina necesita, según nuestro punto de vista, es mejorar su productividad, esto es: su eficiencia. Mejorar la eficiencia es bajar los costos de producción a escala, tornándose competitiva internacionalmente sin tener que recurrir a artilugios como el del sostenimiento a valores altos del tipo de cambio.

Nos explicamos: sostener alto el tipo de cambio mediante el recurso de emitir moneda para comprar dólares, implica que si tal emisión no se diera, el tipo de cambio bajaría. Es decir, parafraseando al mismísimo Dr. Lavagna, si el Estado no recurriera a la emisión "hablaría el mercado". En realidad, el mercado siempre habla.

Digamos antes de continuar que la sola evidencia de que es preciso recurrir a arbitrios monetarios para ser competitivos, indica que si no se recurriera a ellos, nuestra competitividad decaería.

Es por todo esto que el presidente amenaza a los empresarios, entendemos. Porque es evidente que la prosecución de esta política conduce a un cuello de botella que está dado por la dicotomía entre el sostenimiento del tipo de cambio versus la presión sobre los precios provocada por la emisión (y también por el tipo de cambio, agreguemos)

No dejemos de señalar también que la depreciación del dólar en el ámbito internacional que viene produciéndose desde los atentados de 2001, tiene sus efectos y éstos no deben ser soslayados. Por ejemplo el real brasileño viene apreciándose con respecto al dólar generando más presiones en el deterioro de la balanza comercial con el país vecino.

Otro aspecto a considerar de trascendental importancia, es el resultado del canje de la deuda externa en default, que incidirá notablemente no solamente en materia de crédito internacional, sino fundamentalmente en el hecho de que deberán comenzar los pagos de los intereses. Si bien los plazos son largos, y también se prevé que habrá varios años de gracia antes de comenzar a amortizarse el capital, lo cierto es que la necesaria salida de divisas por tal concepto afectará el decurso de nuestro desarrollo económico.

A todo ello, como prácticamente señalan todos los analistas económicos, debemos agregar el marco de seguridad jurídica indispensable que atraiga las inversiones imprescindibles y a costos razonables.

Tal marco de seguridad jurídica, requiere la fijación de un camino encuadrado en la legalidad y el respeto de las normas, tanto internacionales como locales. Y aspectos tales como los contratos de concesión de servicios públicos desfasados absolutamente por imperio de la crisis de 2001, no pueden continuar sin revisarse y ajustarse en un marco de equidad. Mantener este tipo de situaciones sin resolver contribuye de modo decisivo a la inseguridad jurídica a la que venimos refiriéndonos. Un país serio debe encontrar el camino de la legalidad y sostenerlo por muchos años, para de ese modo asentar profundamente un concepto lamentablemente bastante raleado entre nosotros: el del Estado de Derecho. La necesidad de mejorar la productividad, que señalábamos al comienzo, tiene que ver con todo esto, y también tiene que ver con una reforma política de fondo que termine con las prácticas conocidas sobradamente entre nosotros. Convertir en eficiente al Estado, tanto Nacional como Provincial y Municipal es una tarea ciclópea, sin duda, pero imprescindible a la hora de comprender que la presión tributaria (en la que también se incluye la inflación) es producto de la ineficiencia antes que nada. Y este aspecto no hemos avanzado nada. El sostenimiento de reglas de eficiencia y control, en un marco de libertad, es lo que ha permitido a muchos países que hace algunas décadas estaban bastante detrás del nuestro, mejorar notablemente su calidad de vida.

El Sr. Presidente está preocupado y nos parece importantísimo. Pero que por favor no desvíe el verdadero motivo de las subas de precios que desde siempre nos han llevado por el derrotero de la inflación y los cambios de signo monetario.

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

El reciente viaje de la comitiva presidencial a EEUU deja la impronta de una contradicción innegable: querer lo que no se quiere. O tal vez viceversa.

Mientras el país sigue creciendo a tasas históricas y el superávit fiscal continúa impertérrito, quizás un poco reblandecido por el aumento impresionante del gasto público y los renacidos déficit provinciales, el Presidente de la Nación y su comitiva concurren a Nueva York para, se supone, atraer nuevas inversiones dadas las excelentes tasas de crecimiento.

Sin embargo, y tal vez movidos por una suerte de reflejo condicionado de levantar el dedo acusador, nuestros gobernantes (en especial la pareja presidencial) no escatiman esfuerzos en acusar a otros de ser los malos de la película, como si ellos, y todos quienes con ellos viajaron, hubieran vivido en otro país hasta mediados de 2003.

Es lamentable que ciertas cuestiones no terminen de definirse. Tenemos controles de precios evidentes, pero decimos que no los tenemos. Tenemos problemas energéticos que pueden llegar a ser muy serios, pero decimos que eso no es así. Pretendemos dar lecciones de modelos económicos, cuando lo único que realmente se ha hecho en la economía argentina ha sido aprovechar el crecimiento macroeconómico de años anteriores y la megadevaluación para armarse de un colchón y poder llevar a cabo entre otras cosas obra pública. Y decimos “entre otras cosas” para no volver a repetirlas, aunque todos las conocemos. Pretendemos que los países que subsidian al agro dejen de hacerlo cuando sabemos que si eso ocurriera subirían los precios y lo único que ocurriría es que aumentarían los derechos de exportación (retenciones).

La senadora Kirchner concurrió a la New School University de Nueva York para explicar que la Argentina sigue un modelo alternativo al neoliberal que nos condujo al desastre. Al leer estas líneas nos preguntamos si los asistentes habrán comprendido qué cosa quiso decir la Primera Dama. Qué cosa es el neoliberalismo y qué cosa diferente es la que se hace ahora.

En los años 90 el país creció a tasas inusitadas, sobre todo en la primera mitad de esa década. Entre otras cosas la Argentina se dotó de una infraestructura de servicios de la que carecía absolutamente. Las inversiones externas llegaron de manera continua y la tecnología alcanzó ribetes tales que el empresario Ignacio de Mendiguren llegó a afirmar que nunca antes habíamos estado mejor en la materia, pero que lamentablemente el tipo de cambio no ayudaba. La desocupación, que en 1995 alcanzó un histórico 18,4%, bajó a fines del 99 a un 12,6%. Dejamos en claro que esto no es ni remotamente defender una política basada en el control del tipo de cambio, sino un dato de la realidad.

En verdad, en esos años teníamos: tipo de cambio fijo, sindicato único por rama de actividad, fondos nacionales del tabaco y de la yerba mate, sistema jubilatorio obligatorio, tarifas de servicios fijadas por el Estado, empresas de servicios públicos entregadas en concesión, duopolios o cuasimonopolios de tales servicios con prohibición expresa de competencia por una década, salarios fijados por rama de actividad y convenios colectivos surgidos de cámaras empresarias en conjunción con sindicatos únicos por rama de actividad, sindicalistas eternizados en sus funciones al amparo de la caja lograda bajo la compulsión de la afiliación obligatoria, consejos de profesionales de afiliación también compulsiva para poder ejercer la profesión en cada jurisdicción, etc. etc. Esto para hablar de aspectos vinculados con la economía y por supuesto a modo de ejemplo. ¿Es esto el neoliberalismo al que se refirió la Primera Dama?. ¿El evidente desarrollo de los servicios públicos (prácticamente inexistentes en 1990) y el avance tecnológico que mencionaba el propio De Mendiguren configuran el desastre del que habla la senadora Kirchner?

No compartimos en absoluto los modelos intervencionistas ni las limitaciones a la competencia, pero entendemos que para llegar a hablar de destrucción total del país hace falta un largo rato con los datos que aportamos. Es verdad que luego dejamos de pagar la friolera de 67.000 millones de dólares y que muchas empresas creadas al amparo del proteccionismo debieron cerrar, y que el déficit de décadas que llevó a la hiper y a un Banco Central sin reservas (no superaban los 70 millones de dólares a fines de 1989), no podía sostenerse más. De igual modo, el retraso cambiario provocado por la convertibilidad había terminado de conjugar la fantasía de que la ley de oferta y demanda puede abolirse. Esto es: poder demandar infinitos dólares que siempre costarían el mismo precio. El endeudamiento externo fue consecuencia de la imposibilidad de emitir y del déficit monstruoso a partir de 1994/95, fundamentalmente. Pero fue votado por el Congreso Nacional y aprobado en cada caso por las legislaturas provinciales, que luego terminaron emitiendo las llamadas cuasimonedas, que no eran otra cosa que más deuda, por supuesto.

El Presidente atacó, como de costumbre, al FMI y realzó el hecho de que nuestro país ha saldado su deuda con ese organismo y ha crecido y continúa creciendo habiendo abandonado sus recetas. ¿Alguna vez la Argentina cumplió las recetas del FMI?, cabe preguntarse. El acuerdo logrado por este mismo gobierno en agosto de 2003 fue abandonado a los pocos meses. Esto sería consecuente con lo dicho por el presidente. Pero, ¿por qué se firmó ese acuerdo si nuestro país disentía profundamente de las ideas del Fondo?.

El Dr. Kirchner también avanzó al decir que el FMI “nos abandonó” y por lo tanto no nos brindó ayuda cuando la necesitábamos. ¿Es o no curioso que reclame por el “abandono” de una entidad a la que se cuestiona y sobre cuya manera de encarar los modelos económicos es considerada absolutamente nefasta. Parece casi un lamento de quien no ha sido ayudado por el mismísimo malvado enemigo.

Los diarios dicen que Kirchner criticó a “los economistas”. Pero nos parece que no fue del todo así. Criticó, en verdad, a ciertos economistas. Porque se refirió a los “liberales”, por lo tanto nada tuvo que decir de Remes Lenicov, quien goza de un cargo en Europa luego de haber devaluado tras sesudos estudios el dólar a $ 1,40 para que en dos meses éste pasara a costar $ 4.- en lo que podríamos llamar un formidable error de diagnóstico por decir lo menos. Tampoco criticó, que sepamos, a Aldo Ferrer, que considera que los precios “están bien” y por lo tanto si suben hay que prohibir que suban porque no tienen motivo para hacerlo. Es decir, señores, que si llueve y no estaba programado, hay que prohibir la lluvia.

Tampoco se entiende, salvo por ese afán pontificador tan caro a ciertos gobernantes, a título de qué se va a EEUU, la primera potencia mundial en casi todo sentido y lejos, a plantear que nosotros no hacemos lo que el gobierno de ese país quiere y al mismo tiempo pedimos que vengan a invertir a la Argentina. Aclaramos e insistimos que estamos hablando de economía, no de adhesión política. Aunque también en este aspecto podemos decir que ciertas afirmaciones presidenciales son coincidentes con los deseos norteamericanos, como por ejemplo las referidas al terrorismo.

De los economistas liberales dijo el presidente que “fueron mucho más dirigistas (ya que) ellos operaban todos los días sobre la economía”. Esta confesión es casi freudiana. Es decir que no fue el liberalismo el causante del desastre, sino el dirigismo.

En verdad, se trata de una retórica vacua que no conduce a ninguna parte. La Argentina en lo esencial nunca ha dejado de ser lo que viene siendo desde hace varias décadas. Y en los ciclos de cierta estabilidad se recupera para luego volver a caer en el abismo y el default. Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo, pero nuestra opinión personal no es optimista.

Una y otra vez se anunció que no hay crisis energética, pero es sabido que a las empresas se les pide que pongan generadores propios, se trata de canjear la deuda de Yaciretá por energía, se hacen cortes a las industrias para no afectar a los hogares, se aplican planes de castigo para que la gente consuma menos y se tiene terror de lo que pueda ocurrir con los aires acondicionados si hace demasiado calor este verano.

El ministro De Vido es una especie de actor protagónico que todo lo encara y resuelve. La electricidad, el petróleo, la obra pública, los acuerdos energéticos con otros países, el gas, el gasoil, etc. Es obvio que las cuestiones complejas de la macroeconomía en manos de un funcionario que parece entender de todo exceden el marco de lo que parecería razonable.

Lo menos que podemos decir es que no entendemos qué hacía el Arquitecto De Vido antes de ser funcionario. Es cierto, claro está, que ha de tener asesores. Pero esto de inmiscuirse en TODO y pretender resolverlo con subsidios y acuerdos resulta la contracara del llamado capitalismo salvaje. Ni una cosa ni la otra son la panacea.

La realidad es que debido al superávit fiscal con que se cuenta, la Argentina está en condiciones de otorgar subsidios, desgravaciones, tasas de interés blandas, promociones varias que según algunos cálculos superan las 50 entre nacionales y provinciales. Pero también es obvio que aquello que necesita el impulso oficial para funcionar muestra su debilidad si carece de él. De donde surge que buena parte del crecimiento se logra al amparo de la aplicación del superávit producido por la megadevaluación que no se trasladó todavía totalmente a los precios, y que si éste se terminara, el modelo se agotaría. Esto no es ser agorero, como también se acostumbra decir. Esto es ser realista.

Es necesario sincerar tarifas para racionalizar consumos. Pero el costo político en visperas de un año electoral es enorme y entonces se posterga. Es absurdo que los argentinos paguemos la nafta la mitad que los uruguayos o los brasileños. Es igualmente insólito que las empresas petroleras deban importar gasoil a un precio superior (sin impuestos) al que deben venderlo en el mercado local.

La ministra Miceli ha dicho que la tasa de inflación es menor que el crecimiento del consumo, lo cual indica que se produce más manteniendo los precios. Esto es parcialmente cierto. Los precios que se mantienen son los controlados directamente por el gobierno, que no son ni remotamente todos, pero son fundamentales a la hora de calcular los índices de precios. La lógica indica que una mayor demanda tiende a provocar subas de precios. Normalmente cuando los precios de los productos principales de consumo son congelados o controlados, aparecen segundas marcas, marcas Premium, envases de menor contenido, venta de productos sueltos, etc.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

Nota bene: este comentario es una opinión del autor e intenta reflejar un punto de vista para generar un espacio de reflexión.

Economía y tributación

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El Virus Holandés y las Crisis Argentinas

Una característica de la historia económica argentina son sus marcados ciclos de expansión y recesión. La dificultad por mantener una senda de crecimiento sostenido encuentra diferentes líneas de interpretación. Para unos (los más ortodoxos) es consecuencia de una excesiva intervención del Estado que obstruye el funcionamiento de los mercados. Para otros, el problema es más complejo e incluye aspectos estructurales como la existencia de estructuras productivas desequilibradas que dificultan la consolidación de un sector industrial competitivo. En el marco de esta interpretación Argentina estaría infectada con el virus responsable de la patología económica conocida como “enfermedad holandesa”.

El descubrimiento y desarrollo de la explotación de grandes yacimientos de petróleo y gas en las costas de Holanda, con posterioridad a la crisis del petróleo de la década del 70, generó un gran ingreso de divisas que, paradójicamente, repercutió negativamente sobre la economía y el empleo de ese país. La explicación de este fenómeno se encuentra en el hecho que esa avalancha de divisas impacto sobre el tipo de cambio apreciando la moneda haciendo perder competitividad a la industria holandesa. Debido a la rapidez con que esto ocurrió, parte del sector industrial no pudo adaptarse a esa circunstancia favorable (la repentina aparición de nuevos recursos naturales) y se vieron expulsados del sistema. Las consecuencias fueron quiebras, despidos y recesión…. ¡¡Y todo a causa de un descubrimiento aparentemente positivo!!

A Noruega le toco vivir una situación similar tiempo después pero, en base a la experiencia de Holanda, pudo evitar las consecuencias negativas de un ingreso masivo de divisas creando un “fondo anticiclico” destinado a absorber el exceso de divisas ingresadas.

La experiencia argentina

La “bendición” de nuestro país, originada en su excepcional dotación de recursos, suele reproducir lo ocurrido en Holanda. La diferencia reside en que el fenómeno es consecuencia de una estructura productiva desequilibrada que periódicamente entra en crisis.

En la década del 70 el economista Marcelo Diamand llamó la atención sobre este fenómeno, señalando como principal causa del subdesarrollo nacional la dificultad de consolidar un sector industrial competitivo debido a la convivencia de estructuras productivas totalmente disímiles en eficiencia. La principal dificultad en consolidar un importante sector industrial sería una consecuencia no deseada de las ventajas de nuestro sector primario exportador. No esta de más recordar que los costos de producción del campo argentino son los más bajos del mundo, lo cual le permite exportar plenamente su producción a pesar, incluso, de los subsidios de otros grandes productores como EEUU y la UE.

¿Cómo afectan estas ventajas naturales el desarrollo de nuestro país?

De dos formas. Por un lado, por la baja absorción de empleo de nuestro sector primario exportador. La gran diferencia con la Argentina de la “edad de oro”, anterior a la Primera Guerra Mundial, es que el campo de hoy emplea poca gente y que se necesita más que nunca de la industria para brindar trabajo.

Por otro, que el fuerte ingreso de divisas generado por el campo tiende a apreciar la moneda local y restar competitividad a la industria, ya que la posibilidad de desarrollar un sector manufacturero nacional pasa por contar con un tipo de cambio “adecuado” o depreciado. Argentina tiene en su estructura el virus de la enfermedad holandesa.

La fuerte asociación entre la evolución del tipo de cambio real y los precios de los 5 principales productos agrícolas de exportación (soja, maíz, trigo, sorgo y girasol) en los últimos 30 años constituye, justamente, una clara confirmación de la presencia de este fenómeno en nuestro país.

En definitiva, Argentina carga desde sus cimientos, con lo que algunos han dado en llamar una pesada maldición. Una paradoja que cuesta comprender. El problema no esta en la bonanza natural sino en la preponderancia de un perfil exportador primario que repercute negativamente sobre la economía a través de un tipo de cambio dependiente de factores ingobernables como la demanda mundial, precios internacionales, factores climáticos mundiales e internos, resultados de cosechas, etc.

Cuando todos los vientos soplan a favor de Argentina (buenas cosechas y altos precios) el país recibe una avalancha de divisas que aprecia el peso y produce el fenómeno de lo extranjero barato y lo nacional caro, retratado en el folklore criollo a través de expresiones propias como momentos del “dólar barato”, la “plata dulce” o el “déme dos”. En esas circunstancias las empresas productoras de bienes transables, es decir, las que producen bienes que compiten con similares del exterior, tiemblan o cierran sus puertas. Por el contrario, en los años de vacas flacas o de “dólar caro” el peso se deprecia y la industria local se recupera y expande.

Al depender el tipo de cambio de las condiciones y resultados del sector primario exportador, la industria queda relegada a la función de simple espectador del comercio internacional y entonces cabe preguntarse ¿qué industria arriesgará su capital en un proceso productivo a largo plazo, cuando desconoce totalmente el tipo de cambio futuro que condiciona la viabilidad de su inversión?

De allí la necesidad de una intervención pública que evite las fuertes contracciones económicas derivadas de ciclos tan quebrados y que permita desenganchar el valor del tipo de cambio real de la coyuntura por la que atraviesa el sector primario. En otras palabras, que permita planificar con horizontes mas aplanados y menos sobresaltos.

Alternativas

La solución propuesta por Marcelo Diamand era el establecimiento de tipos de cambio diferenciales para la industria y para el campo. Una derivación moderna de esta propuesta son las retenciones a las exportaciones agropecuarias que se usan en la actualidad, que en los hechos operan a manera de tipo de cambio diferencial.

Otra idea es el establecimiento de un fondo anticiclico a la noruega. Esto fue propuesto recientemente por el ex ministro Roberto Lavagna y, sin duda, ayudaría a crear un ambiente de inversiones más estable en el largo plazo.

Una solución más drástica seria entender la producción de productos primarios como si fueran bienes públicos. Es decir, planificar tanto la producción como el abastecimiento y los precios internos de los mismos. Esta política es mucho más compleja que las anteriores e implica un gran aparato de control y planificación con herramientas tales como: precios controlados, cuotas a la exportación, subsidios al sector, etc.

Soluciones existen. Lo más importante es implementar políticas con una visión estratégica que permitan armonizar el aprovechamiento de las ventajas de nuestra dotación de recursos y, simultáneamente, promuevan el desarrollo de una industria poderosa y competitiva.

Por Sergio Peskin. Junio 2006

Conocidos los números del mes de enero, y el dato final del crecimiento de la economía durante 2005, es interesante analizar las perspectivas económicas sobre la base de las opiniones tanto del gobierno como de los especialistas.

La cifra de crecimiento de la economía durante 2005, quedó definitivamente establecida en 9,1%. El valor es de por sí elocuente y eso complica cualquier análisis que pretenda ser crítico, aún en el marco profesional. Sin embargo, sabemos que la recuperación económica luego de la devaluación y de la crisis, ha pasado esencialmente por el expansionismo monetario, los retrasos tarifarios y de los precios de los combustibles, y un reacomodamiento de precios minoristas esencialmente contenido por políticas de acuerdos de precios, retenciones a las exportaciones y en general la utilización del sistema tributario desde un punto de vista punitivo, esto es: sancionar con retenciones a las exportaciones o negar desgravaciones tributarias si no se comportan los precios según la visión oficial. Así las cosas, las listas de precios sugeridos o cuasicongelados acordadas por el Poder Ejecutivo con distintas empresas, muestran a las claras un enorme intervencionismo tendiente a evitar las consecuencias de la devaluación forzada del peso argentino, a estas alturas un 40% más débil que el real brasileño, habiendo partido de una relación uno a uno con esa moneda a comienzos de 2003.

Con este telón de fondo, comentaremos en este trabajo algunos temas de rigurosa actualidad en materia económica, como ser:

 




1. Se prorrogará la rebaja del precio de 216 medicamentos por 60 días más a partir del 19 de febrero.
2. Se ha difundido una lista de 351 productos con precios congelados mediante acuerdos.
3. La industria creció un 4,8% en enero. El crecimiento es el menor desde la reactivación, y se atribuye desde el gobierno a la parada de plantas por razones técnicas, hecha en enero en el caso de las automotrices, cuando en 2005 se hizo en febrero.
4. La inversión industrial en 2005 llegó a los 14.105 millones de dólares, de los cuales 9.430 se destinaron a ampliaciones de la unidad productiva o a la creación de nuevas unidades, según informó la Secretaría de Industria. Se menciona en particular la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros, que insumió 2.000 millones de dólares.
5. El ministro De Vido anunció una inversión del orden de los $ 1.000.- millones en los yacimientos carboníferos de Río Turbio hasta 2008. La pérdida de la concesión por parte del empresario Sergio Taselli nunca fue suficientemente explicada
6. Se ha anunciado el final de la empresa de aviación estatal LAFSA, pese a que existen en el presupuesto 2006 casi 6 millones de pesos destinados a dicha empresa, la que cuenta en la actualidad con 60 empleados.
7. Se ha mencionado una posible reforma tributaria que implique gravar transacciones financieras. Esta reforma puede afectar a los fideicomisos financieros, que son fuente simple y rápida de financiamiento a bajo costo, y también puede llegar a tocar a los títulos públicos, un aspecto que históricamente los gobiernos han tratado de evitar en lo posible.
8. Tal reforma tributaria, puede llegar a abarcar otros aspectos, como el mínimo no imponible de Ganancias, el monto exento de Bienes Personales, y cuestiones tales como la tasa de IVA para determinados productos. El presidente Kirchner ha desmentido esta reforma, publicada en el diario Clarín, que como se sabe suele contar con información cercana al gobierno. Cabe suponer que algo habrá, pero no todo.
9. El Banco de la Nación busca estirar los plazos de las colocaciones en plazos fijos hasta 3 años, recurriendo a tasas supuestamente más atractivas en pesos y en dólares, pero por debajo de la inflación esperada en todos los casos.
10. Es probable que el gobierno acepte una mayor inflación y un menor crecimiento, dicen los analistas. Esta idea tiene una base lógica: no es posible seguir creciendo al ritmo de los últimos años sin que los precios y los salarios terminen acercándose al incremento sufrido por los precios mayoristas.
11. El acuerdo con Telefónica ha sido cuestionado por economistas disidentes, se lo ha calificado de poco transparente y en cierto modo es por lo menos llamativo que esta empresa acepte mantener tarifas congeladas sin nada visible a cambio. Se sabe, sin embargo, que el negocio telefónico pasa hoy por la banda ancha y por la telefonía móvil, y que la empresa consiguió extender en forma ilimitada la licencia, además del acceso a otros negocios.
12. En lo que va del mes, el Central ha comprado más de 580 millones de dólares y algo así como 20 millones de euros para sostener el tipo de cambio en torno de los 3,09 pesos. Este valor es un 7% más elevado que el existente en noviembre pasado.
13. El crecimiento del PBI esperado para el corriente año, supera el 7% en la visión de los principales analistas, aunque se sostiene que casi un 4% es arrastre de 2005.
14. En cuanto a la tasa de inflación esperada, algunos la llevan al 15% y otros se mantienen en un valor bastante conservador, cercano al dígito. Nuestra opinión es que la política monetaria sigue siendo expansiva y por lo tanto no será factible evitar que la tasa de costo de vida se aproxime a tal expansividad, de donde deducimos que si la misma es elevada, la inflación será elevada, y eso es lo más probable.
15. Un dato llamativo publicado por el diario La Nación es que el gasto social es menor hoy que el que había en 1994, según cifras oficiales. El informe del INDEC sobre los que más ganan y los que menos lo hacen, comentado en nuestro anterior trabajo, no ha sido del agrado del ministerio de Economía. Y precisamente es allí donde se indica que se gasta un 9% menos que la asignada en 1994 y un 14,3% menos que en 2001. Y también el gasto social está por debajo del promedio de la década pasada.
16. En el caso de Aguas Argentinas, a diferencia de lo ocurrido con Telefónica, no se ha arribado a un acuerdo, y no existe un operador técnico del sistema. El Gobierno ha impulsado el ingreso de empresarios nacionales, como Eduardo Eurnekian o el Banco de Galicia, pero la inversión es muy grande, de modo que es probable que deba hacerse cargo el propio Estado de tal inversión. Falta saber si finalmente Aguas de Barcelona, u otro, acepta ser el operador técnico.

En términos generales la política de acuerdos de precios continuará a ritmo probablemente creciente. Igualmente el Estado prosigue con la política de subsidios y desgravaciones con el objeto de lograr nuevas inversiones para aumentar la oferta de bienes y servicios. Empresas y empresarios van adaptándose poco a poco a este retorno a viejas prácticas, hoy incrementadas por el superávit fiscal que ofrece al Gobierno y a sus más destacados funcionarios (por el cargo que ocupan) la posibilidad de ensayar modelos de ayuda al mismo tiempo que definir sectores o actividades a ser promocionadas. Es allí donde la práctica del lobby se acentúa y profundiza día a día. Se trata de llegar a los ministros que definen las necesidades y prioridades, para alcanzar luego la ayuda necesaria. Es interesante citar por ejemplo el caso del ferrocarril Belgrano Cargas, incluido en la ley de emergencia económica y que pretende ser reprivatizado a manos de un consorcio integrado por Francisco Macri, empresas chinas, el gremio ferroviario y desde ya el propio Estado. En materia ferroviaria, dicho sea de paso, el incremento de los subsidios ante el retraso evidente de las tarifas, se destina casi íntegramente a sueldos. Asimismo el gasoil se subsidia para evitar que suban los boletos de ómnibus y los fletes. El Estado gasta así dinero en sostener una irrealidad, pero no parece ser el objetivo cambiar la situación con vistas a un mejor servicio en un plazo convenido. No. Simplemente parece tirar para adelante la pelota.

El Estado subsidia la generación de electricidad, dado que fuerza a las empresas a invertir sus acreencias en nuevas usinas necesarias para evitar el colapso. El consumo de GNC no parece preocupar demasiado, pese a su bajo costo y a la necesidad de gas creciente. Y las petroleras en general compensan los altos derechos de exportación y el congelamiento de precios local, con menores impuestos sobre las ventas de combustibles al exterior.

Cuando la política económica se ha vuelto intervencionista en un grado de detalle que incluye que los ministros, el presidente de la Nación, y prácticamente toda la plana ministerial a nivel Nacional y Provincial, más los intendentes y asesores a nivel municipal, está bien claro que la continuidad del sistema será un creciente esfuerzo por negociar y acordar precios, producción, subsidios, desgravaciones, créditos blandos, prioridades, etc. Por otra parte, se multiplicarán los esfuerzos por lograr "canastas" de precios de indumentaria, escolares, básica alimentaria, etc. Todo ello en un esquema de creciente participación política y sindical.

Pronto las acusaciones a empresas y empresarios comenzarán a resultar menos útiles políticamente, ya que la población en general termina depositando en el gobierno, cualquiera fuera éste, la responsabilidad máxima de que las cosas puedan trastabillar o incluso dejar de funcionar. Lo ocurrido en Las Heras muestra a las claras lo que decimos. Llega un punto en que de nada sirve acusar a tal o cual grupo empresario, porque es el Estado el que puede y debe fijar las reglas y establecer premios y sanciones. Más aún, o esencialmente, en un modelo intervencionista y de fijación de precios como el vigente.

Lamentablemente no vemos un horizonte de reglas de juego claras que se respeten en el tiempo y que estimulen el ingreso de capitales por medio de la confianza y la seguridad jurídica. Tampoco vemos un gobierno preocupado por la eficiencia del aparato estatal, que sigue tan pesado costoso y torpe como siempre, o más todavía, siendo la principal causa de la enorme presión tributaria que obliga a la desvalorización monetaria como artilugio de competencia. El proteccionismo también viene recrudeciendo de la mano de cláusulas como la de "readaptación competitiva", o de los permisos de exportación.

Veremos, en este marco, qué deparan los acontecimientos en las próximas semanas.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2006

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Economía y tributación
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Nuestra historia como país es un claro ejemplo de marchas y contramarchas, signadas de profundas crisis políticas, económicas y sociales. Es difícil encontrar un período histórico de desarrollo sostenido en el tiempo, salvo el transcurrido desde Caseros hasta la crisis del 30. Creemos que para ser una nación exitosa se requiere el esfuerzo del conjunto de la sociedad y para ello es necesario alcanzar un consenso nacional que siente las bases de un plan para el desarrollo de la república.

El gobierno es quien debe asumir la iniciativa de una convocatoria abierta y comprensiva de todos los sectores para debatir un proyecto de país que beneficie a todos a través de un crecimiento sostenido y un reparto equitativo de la riqueza. En la agenda de ese gran encuentro deben figurar los siguientes temas:

1. Qué producir . Deberán analizarse con realismo las posibilidades competitivas de los diferentes sectores y transformarlos en locomotoras del desarrollo conjugando el esfuerzo privado y público. Las inversiones deberían estar orientadas hacia actividades productivas eficientes en lugar de aquellas de carácter especulativo que terminan perjudicando la economía. Necesariamente deberán considerarse problemas que hoy frenan el crecimiento o pueden transformarse en amenazas futuras, como la falta de crédito para inversiones industriales y la creciente tendencia al monocultivo en el agro.

2. Seguridad jurídica . Crear un marco jurídico e institucional sólido y transparente, con reglas claras y estables que fomenten las iniciativas. Es necesario mantener políticas de largo plazo y no sujetas al gobierno de turno. Se deben fijar lo que los países desarrollados establecen como “políticas de estado”. El cambio de reglas permanente, hace de nuestro país un destino lleno de inestabilidad e incertidumbre que impide el planeamiento a largo plazo.

3. Inclusión social . Es necesario contemplar el acceso a un trabajo digno de los excluidos, ya que no es factible un modelo con gran parte de la población fuera del sistema. La capacitación y la educación son las llaves para esa integración. Asegurar una educación de excelencia en todos los niveles es fundamental. Para esto se debe mejorar el sistema educativo primario de las zonas marginales, especializar en los niveles medios para que los jóvenes cuenten con conocimientos técnicos adecuados para su rápida inserción laboral y fomentar las carreras que cubran las necesidades profesionales de acuerdo al modelo adoptado.

4. Tecnología . Invertir en I&D en busca de tecnologías que permitan elevar la competitividad nacional y alcanzar niveles óptimos de calidad para nuestros productos. En un mundo de acelerados cambios es necesario buscar la innovación permanente para no retrasarse frente a futuros competidores.

Conclusión . Luego de analizar las posibilidades del país nos damos cuenta de la necesidad fundamental es mirar en positivo y a largo plazo, para conseguir un crecimiento sustentable en el tiempo. Si no se logra un consenso nacional que se plasme en un proyecto de país seguiremos perdiendo tiempo y oportunidades en discusiones inútiles.

Por Norberto Quiroga Vergara y Ramón Fernández Casares