Coyuntura Argentina

ACTUALIDAD ECONÓMICA: REFLEXIONES EN LA COYUNTURA

“No confundir aserrín con pan rallado” Proverbio español

Como es sabido, nuestro país ha venido creciendo a elevadas tasas a lo largo de varios años luego de la penosa experiencia de fines de 2001. Las razones de ese crecimiento hay que buscarlas fundamentalmente en dos aspectos. El primero es lo mucho que había caído la economía durante la crisis a comienzos de 2002. Lo segundo es la impresionante suba en los valores de las materias primas.

Los elementos concomitantes han sido la enorme quita que se logró en la renegociación de la deuda externa, la impresionante devaluación del peso argentino (cuya convertibilidad fue desconocida por el Estado) y la paralela sobrevaluación de la moneda extranjera. A ello se le suma la denominada “pesificación asimétrica” que implicó un importantísimo traslado patrimonial de parte de los acreedores a los deudores en general.

Factores tales como los altos precios internacionales y la subvaluación del peso hicieron posible la aplicación de importantes impuestos a las exportaciones que generaron la idea de que en nuestro país existía un genuino superávit fiscal.

Al mismo tiempo, las autoridades fueron aumentando el intervencionismo. A veces en forma de controles, otras de prohibiciones o trabas, otras de permisos o negativas de diversa índole y por diversos motivos. Y finalmente una enorme gama de subsidios en los cuales se ha venido distribuyendo el dinero proveniente del superávit fiscal citado, dinero que debería haberse destinado íntegramente a adquirir dólares para poder enfrentar los pagos de la deuda externa, según el acuerdo de refinanciación al que se arribó luego del default. Todo esto más allá de que es obvio que el esquema se volvería insostenible por el simple transcurso del tiempo.

Es que si nada es para siempre, menos aún lo es una economía basada en un artilugio monetario. Por lo menos esa parte entendemos que ha llegado a su fin.

Tenemos entonces una economía que todavía muestra signos de crecimiento, que sigue amparada en los altos precios de las llamadas commodities, pero que evidencia grandes flaquezas en materia energética y de infraestructura, que carece de nuevas inversiones de envergadura y que ha consumido buena parte de su capital mediante políticas de subsidios que exacerbaron el consumo aprovechando la baratura.

La falta de inversiones ha tenido su razón de ser. Y tal razón no es otra la inseguridad jurídica que significa la falta de apego a la ley, la falta de respeto de los contratos, la arbitrariedad emanada básicamente de la secretaría de comercio y en general la persecución de inversionistas no amigos del poder, nacionales y extranjeros.

Nadie arriesga capital si no cuenta con un horizonte serio y de respeto de la juridicidad, tal como viene lamentablemente ocurriendo en la Argentina, donde prácticamente todos los factores de la producción pasan a ser apéndices del estado “activo” que tanto se declama y que consiste en tener que negociar a cara de perro con un funcionario de segundo o tercer orden a cuánto habremos de vender tal o cual producto; si deberemos exportar para poder importar, si contaremos con las materias primas necesarias y si tendremos o no la energía que requieren nuestras plantas para funcionar.

En estas horas se ha generado un gran revuelo en materia cambiaria como consecuencia de las medidas que se tomaron respecto de la adquisición de moneda extranjera, que todo el mundo conoce. Pero estas medidas son en verdad la consecuencia de otras anteriores. En general improvisadas y todas tomadas de apuro.

Las limitaciones a las importaciones, las exigencias a los exportadores para que liquiden sus divisas rápidamente, los llamados telefónicos a importadores para que demoren sus compras, la eliminación de normas de liquidación de divisas para petroleras y mineras dispuestas durante el gobierno de Néstor Kirchner, el pavoroso incremento del gasto público y un sinnúmero creciente de etcéteras mostraron una realidad que dista de funcionar aceitada y regularmente.

Si bien es cierto que una economía es algo dinámico y que siempre es posible (aunque para nosotros no sea lo deseable) ajustar aquí o allá determinadas cosas, no es razonable que de la noche a la mañana uno se encuentre con novedades tales como que si quiere importar autos debe exportar por montos equivalentes lo que sea, y cosas así. La actitud quijotesca puede dar algún resultado en el cercanísimo plazo, pero termina ahuyentando al más pintado. Y no hay que dejar de decir que ese resultado tiene un costo. Un importador no puede de la noche a la mañana salir a exportar limones, de manera que si necesita hacerlo, debe recurrir a un productor exportador de limones que por supuesto cobrará su comisión. Ningún mecanismo absurdo como éste puede resultar gratuito.

Que la AFIP se yerga en un ente que autoriza o niega la compra de moneda extranjera es, a todas luces, una clara extralimitación legal. Pero además los argumentos que se aducen acerca de la necesidad de evitar el lavado de dinero resultan cuando menos ridículos.

Precisamente si de lo que se trata es de atrapar a evasores o lavadores de dinero, lo mejor que puede hacerse es dejar que hagan sus operaciones y luego caer sobre ellos con todo el peso de la ley. Así, lo que se logra es que no se acerquen siquiera a una casa de cambio, con lo cual no se los detecta y por lo tanto no se llega a hacer la justicia que se declama. Es como hacer sonar la alarma cuando el asaltante está a punto de cometer su asalto. Es obvio que escapará tan rápido como pueda.

Esto demuestra el absurdo de esta medida y la ridiculez de la explicación que se ha dado.

Por otra parte, desde determinados sectores politizados se ha caído una vez más en la teoría conspirativa según la cual “determinados sectores” intentan provocar la caída del gobierno. El proverbial “golpe de mercado” de otrora.

Sin embargo, la realidad muestra que el gobierno ha venido utilizando reservas para pagar los servicios de la deuda externa, que se ha apropiado de los fondos de las AFJP, que ha eliminado de hecho la autonomía del Banco Central, que está emitiendo moneda a un ritmo de un 40% anual, etc. Todo ello aparte de las trabas al comercio exterior mencionadas más arriba.

Y finalmente suma estos hechos la puesta en marcha de los estudios necesarios para ir disminuyendo los subsidios, que en la actualidad superan los 75.000 millones de pesos anuales y que ya no pueden sostenerse.

Al mismo tiempo, o tal vez como consecuencia de la gran emisión de moneda, es evidente que la política oficial es la de no dejar escapar el tipo de cambio, para evitar con eso empujar la suba de precios. Pero es obvio que el ahora retraso cambiario hace más costoso en divisas producir en la Argentina. Es decir, el país está sufriendo progresivamente inflación en dólares. O, dicho de otro modo, la moneda extranjera resulta cada vez más barata.

En los últimos 4 años la salida de capitales llegó a unos 70.000 millones de dólares (otras cifras muy conservadoras hablan de 50.000 millones), una cifra apabullante que equivale a los ingresos brutos de todo un año de exportaciones.

Está muy claro que el problema no empezó con el triunfo de Cristina Fernández como arriesgan desde ciertos medios oficialistas conspicuos comunicadores. Por lo demás, el triunfo se produjo en realidad el 14 de agosto, el 23 de octubre quedó formalizado únicamente.

La economía está siendo manejada por gente muy poco profesional al tiempo que el Banco Central, como decimos, se ha convertido en un apéndice del poder central y por lo tanto focaliza su funcionamiento en las políticas “activas” a las que parece tan afecta la presidenta Fernández.

El verdadero galimatías de controles y trabas de todo tipo a lo único que contribuye es a generar más incertidumbre y más pánico. Esto al menos parecen haberlo comprendido algunos funcionarios. Porque la verdad es que más allá de la quijotada de colocar a la AFIP como una especie de celadora del mercado de cambios, es un acto impresentable pretender que este organismo determine de la noche a la mañana quién puede comprar o no moneda extranjera y qué montos, sin haber dado a conocer pauta alguna y sabiendo que los datos oficiales suelen contener errores en muchos casos infantiles. Aparte de referirse por lo que se sabe al ejercicio anterior.

Se pretendió trabar el mercado y se logró así que el dólar pase los 5 pesos en el mercado libre. Al mismo tiempo que los ahorristas en dólares en el sistema bancario empezaron a huír despavoridos. Aparte de que el capital obviamente es temeroso, con más razón en un país donde con demasiada frecuencia el Estado se queda con los ahorros o con parte de ellos.

Entonces se volvió para atrás autorizando a mucha más gente a comprar pequeñas sumas, al mismo tiempo que la presidenta del Banco Central anunciaba que reducía los encajes en dólares para facilitar que quienes quisieran retirar sus ahorros pudieran hacerlo, no sin antes haber amenazado de manera insólita que tales ahorrista deberían tributar el impuesto sobre los bienes personales. Un curioso impuesto que rige desde hace varios años y que grava los ACTIVOS y no el patrimonio, como tantas veces se confunde (excepto en el caso de participaciones societarias) y que cuenta con una exención para las colocaciones en cajas de ahorro bancarias.

Por supuesto que desde que rige este impuesto se sabe que las tenencias de dinero no depositadas en caja de ahorro o plazo fijo por parte de las personas físicas están gravadas. Pero no es por retirar los depósitos que se cae en la gravabilidad, es por no tenerlos en ahorro o plazo fijo bancarios al 31 de diciembre.

Lo que queremos señalar aquí es que en este último tema se trató de una declaración política a nuestro juicio de muy poco vuelo. Para asustar, digamos.

Por eso es interesante, como siempre, no mezclar los tantos y llamar a las cosas por su nombre. Acá hace ya varios años que las cosas no están siendo manejadas con el profesionalismo que se requiere. Y no importa tanto en todo caso si se trata de una política más o menos intervencionista, que nosotros no compartimos. Se trata de que se coloca en puestos clave a funcionarios que no están preparados y que se manejan en el día a día haciendo buena letra según los humores del mercado y de la propia presidenta de la República.

Por eso recurrimos en el inicio de este comentario al viejo proverbio español. Si lo que tenemos es aserrín, por favor no lo confundamos con pan rallado.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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LA ECONOMÍA Y LOS FANTASMAS

Esto que estamos viviendo no es capitalismo sino un anarco capitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie Cristina F. de Kirchner

La frase con la que encabezamos este comentario fue dicha por la presidenta la semana pasada en Cannes, en la reunión del llamado G-20. Lo primero que vino a nuestra mente al oír sus palabras fue aquello de y por casa cómo andamos.

La presidenta también recomendó a los integrantes del llamado G-20 que “dejen de controlar en qué gasta cada país” y en lugar de ello “comiencen a ver qué hace cada banco de inversión y las calificadoras de riesgo”.

No vamos a entrar en chicanas semánticas pero la verdad es que mientras la presidenta habla de que nadie controla a nadie termina diciéndonos que en realidad se controla en qué gasta cada país, para pasar a recomendar que éste último tipo de control deje de hacerse, lo cual equivale a una proverbial vía libre para el gasto.

Así y todo lo cierto es que la Unión Europea intenta que los países miembros adapten sus presupuestos a sus posibilidades dentro del marco de la sociedad que han hecho al integrar dicha Unión. Es decir, de lo que se trata es de que se adecuen a aquello a lo que se han comprometido para que la asociación sea viable.

La señora de Kirchner repite con demasiada frecuencia el cliché según el cual el problema es de la economía financiera, que se opone a la economía real. Y a eso le agrega el también la conocida crítica a las calificadoras de riesgo, que parte de la base de que son éstas las que originan los problemas, más que decirle a inversores y público en general dónde ven más riesgos. Es decir, culpa al mensajero.

Hemos señalado en otros trabajos que la economía incluye la financiación como una herramienta fundamental para su funcionamiento. Sin ella, la actividad se reduciría a operaciones de contado y los dineros ahorrados no tendrían ningún incentivo para ser prestados. En verdad no tendría razón de ser ahorrar dinero, que tan sólo podría ser invertido o gastado.

Como puede verse por el absurdo, ningún país del planeta podría entonces contar con endeudarse, y estirando un poco más el razonamiento, también debería dejar de emitir moneda de papel, dado que ésta no es otra cosa que una promesa de pago. Es decir, una forma de financiarse.

Obviamente que no es éste el sentido de lo que la señora pretende dar a sus palabras, tampoco queremos pasarnos de la raya o hacernos los tontos.

Pero es que el razonamiento siempre es conveniente llevarlo a las últimas consecuencias para poder determinar el sentido último al que conducirían ciertas acciones.

Como también la presidenta aludió a quienes ganan fortunas delante de una computadora sin producir nada, es importante dejar en claro que los movimientos de dinero y de títulos producen justamente ganancias (y pérdidas) más o menos importantes, tal como todos nosotros lo hacemos cuando si tenemos capacidad de ahorro colocamos el dinero en un banco a la mejor tasa posible. Esto también es obvio.

Los problemas que aquejan al mundo hoy están vinculados al intervencionismo estatal. Es decir que la cosa es exactamente al revés. No es que por no intervenir y controlar se generaron los problemas, sino que es por haberlo hecho. Y tampoco se trata de no controlar aquello a lo que específicamente se han comprometido entre sí los integrantes de la UE. La llamada crisis de las hipotecas tuvo su origen en préstamos “blandos” otorgados en EEUU merced a un voluntarismo que llevó a bajar las exigencias el otorgamiento de créditos. La clásica promoción a bajas tasas para poder acceder a viviendas hizo que muchos receptores de tales créditos terminaran no pudiendo pagarlos. En lo esencial el problema de fabricar tasas bajas de interés implica que quienes se endeudan no dimensionen adecuadamente el riesgo, y quienes prestan intenten cubrirse sacándose de encima el crédito concedido lo antes posible. Así se emitieron títulos “securitizados” por las hipotecas y se armó la gran bola de nieve que llevó al alud.

Decíamos al comienzo que luego de los dichos de la presidenta nos preguntamos por lo que ocurría en la Argentina.

El intervencionismo estatal exacerbado que vivimos en estas horas provoca bruscas oscilaciones en los títulos nacionales, genera rumores de todo tipo y se complementa con la aplicación de medidas rústicas y francamente negativas para resolver los problemas, como el impresentable control cambiario en marcha.

Hace pocas horas, la presidenta del Banco Central expresó en una disertación en la Biblioteca Nacional que la compra de dólares por parte de la gente estaba siendo incentivada por el periodismo, y que las medidas tomadas implicaban una “profundización del modelo” tendiente a evitar que los rumores y las críticas generaran consecuencias negativas para la economía nacional.

Sólo con observar que en nuestro país hace más de cuatro años que hay clara fuga de capitales bastaría para poner un poco de luz sobre las oscuras intenciones de ciertos medios periodísticos a los que aludió la señora Marcó del Pont. Pero queremos ser más explícitos.

La verdad es que muchísimas veces nos hemos referido en nuestros comentarios a la impresionante creación de moneda de los últimos años. Primero para mantener alto el valor de las divisas artificialmente y poder así aplicar retenciones a las exportaciones y afirmar que hay superávit; luego para simplemente mantener alto el consumo y no permitir un “enfriamiento” de la economía. Estos argumentos han sido centrales en el “modelo” y el primero de ellos ya regía plenamente cuando la conducción económica estaba a cargo de Roberto Lavagna. Éste profesional declaraba públicamente que quienes pedían que bajara el precio del dólar en ese entonces, lo hacían porque querían viajar a Miami. Nos hemos referido a ello en varias oportunidades y especialmente señalamos que no es con ironías descalificatorias como se resuelven los problemas. Porque quienes pueden tomarse vacaciones en Miami no están demasiado preocupados por el valor del dólar, pero sí lo están quienes necesitan adquirir tecnología, por ejemplo. Porque la verdad es que el famoso artilugio del dólar competitivo, tan defendido por las autoridades de la UIA, produce altos precios de insumos importados y un verdadero atraso tecnológico para nuestro país, como puede observarse claramente hoy en el parque automotor, para citar un ejemplo. Ello más allá de las insólitas medidas que prohíben las importaciones de productos de imperiosa necesidad, como repuestos de lavarropas y de heladeras de uso doméstico. En tiempos del Dr. Lavagna, éstas últimas medidas no regían, pero anticipamos varias veces que el día llegaría. Y no por ser autorreferenciales es que lo decimos, sino porque es obvio que a medida que aumenta el gasto público y también el privado como consecuencia de la gran emisión de moneda, se produce un incremento en dólares de los costos, por no ser posible mantener el ritmo de crecimiento del tipo de cambio dado que se dispararía la inflación ya de por sí muy elevada. En otras palabras, cerrar importaciones mediante prohibiciones es, en la práctica, lo mismo que cerrarlas por tener el tipo de cambio demasiado alto y hacer imposible el consumo de bienes importados. En ambas situaciones se busca mejorar la balanza comercial en el sentido de que arroje un saldo a favor de la Argentina.

En la actual coyuntura, el intervencionismo a ultranza es la causa de los rumores y los miedos. Y no al revés. Y la presidenta propone al mundo más intervencionismo al tiempo que pretende que no se controle el gasto. Si la situación que se le presenta a pequeños ahorristas que intentan adquirir cifras de 100 o 200 dólares no es anárquica, qué cosa lo es.

No pretendemos ni por asomo enmendar la plana de las autoridades argentinas, pero sería bueno que contaran con un asesoramiento tal vez un poco más variopinto, integrando en una especie de foro a profesionales de la economía con distintos puntos de vista, en lugar de descalificarlos públicamente como tantas veces ha hecho la presidenta.

La actual intención de moderar los subsidios es una prueba contundente que conviene no dejar pasar. Porque si la señora Marcó del Pont habla de profundizar el modelo cabe preguntarse entonces por qué eliminar o disminuir justamente aquello que es parte fundamental del mismo: los subsidios.

El argumento de que hay gente que puede pagar los mayores costos es casi irreverente. Siempre hubo y habrá gente que puede pagar los mayores costos, como siempre ha habido gente que puede viajar a Miami. Pero parece que antes era funcional al “modelo” y ahora dejó de serlo.

Otorgar a determinados sectores la capacidad de consumir por encima de sus posibilidades; electricidad o lo que sea, es lo mismo que otorgar hipotecas a bajo costo, señores. Subsidiar es hacer que el Estado se haga cargo de la diferencia. Es exactamente igual a dar créditos “blandos”. Alguien habrá de pagar la diferencia de tasa.

Y para terminar una obviedad: los rumores, cuando son ridículos, no influyen en la gente. Lo hacen cuando se vinculan con hechos probables. Y un gobierno que toma medidas como las que hoy están vigentes en el mercado cambiario no puede esperar que la gente no se asuste.

Tampoco puede esperar que los opositores no intenten sacar tajada. Ni que los que quieren hacer negocios hagan lo propio.

Es el famoso “a río revuelto”, ¿verdad? Entonces la pregunta que hay que hacerse es quién ha sido que revolvió las aguas. Y está más que claro que las mentiras estadísticas y el intervencionismo a ultranza y las prohibiciones arbitrarias son la causa principal de que se hubiera generado incertidumbre.

Los argentinos tenemos sobrada experiencia en todo esto.

Hace un tiempo la propia presidenta pidió a la gente que no comprara dólares. El Dr. Pesce, vicepresidente del Banco Central dijo hace pocos días que era mejor quedarse en pesos.

En verdad, cuando las cosas funcionan, no tiene por qué ser mejor una alternativa que la otra.

Es obvio que quedarse en pesos para ganar más implica que alguien se hará cargo de la diferencia. Y otra vez lo mismo.

Francamente no necesitamos de calificadoras de riesgo para saber dónde pararnos. Es suficiente con leer u oír estos discursos.

Y al menos por la información con que contamos, no son pocos los integrantes del actual gobierno los que creen a pie juntillas en las teorías conspirativas. Ni por un segundo se detienen a observar lo que ha hecho el Estado con el INDEC, con la AFJP, con las reservas del Banco Central, con las arbitrariedades para importar y exportar, con los controles de precios, y mil etcéteras.

No son fantasmas, entonces, son realidades.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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Una buena administración permite reducir la carga tributaria. La auditoría fiscal brinda un reaseguro de gran importancia.

Una segunda opinión, nunca está demás.

Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de los gobiernos, esperan una cosa que es contraria a la naturaleza J. B. Alberdi

La actual circunstancia que vive el mundo en materia económica no es una novedad. En numerosas oportunidades nos hemos referido a esta cuestión. Y especialmente lo hemos hecho para señalar una y otra vez que el intervencionismo y el expansionismo monetario no conducen a otra cosa que a una escalada del problema.

En términos generales la posición ideológica en las cuestiones económicas se divide, hoy en día, entre los llamados ortodoxos y los considerados heterodoxos.

Los primeros tienden a considerar que para poder salir de la crisis lo que hace falta es proceder a ajustar los gastos en aquellos países en los que el endeudamiento ha llegado a niveles insostenibles. Los segundos estiman que una baja en los gastos a lo único que conduce es a una recesión y por lo tanto a mayores dificultades y a una crisis todavía mucho más grande.

A unos y a otros les asiste algo de razón. Bajar los gastos permite en principio reducir la tasa de endeudamiento cuando se trata de economías deficitarias. Pero también es cierto que gastar menos provoca una desaceleración del ritmo de la economía, una baja de la demanda de bienes y servicios que deteriora aún más la situación haciendo bajar los ingresos de los Estados y creando mayores déficit.

Consideramos que esta clase de análisis adolece de fallas bastante elementales. Trataremos de explicarlo brevemente.

Un país determinado se endeuda más y más como consecuencia de que gasta más dinero del que recauda. Este dato es objetivo y no admite dudas. Ahora bien, ¿cuando en una economía determinada se decide gastar dinero adicional se toma en cuenta la posibilidad futura de cancelar la deuda que se origina con mayores ingresos?

Existe un concepto en la teoría económica que es bastante elemental, y que es aquel de la optimización en el uso de los recursos. No solamente cuenta cuánto dinero se gasta, sino cómo y en qué se gasta. Y si ese dinero será o no recuperado y en qué condiciones y plazos.

Tomemos un ejemplo simple y cotidiano. Supongamos que invertimos en un negocio cualquiera. Por ejemplo un kiosco. Incurrimos en una serie de gastos que esperamos cubrir con la ganancia que nos deje el negocio luego de un determinado tiempo de funcionamiento. Los primeros tiempos son duros, luego sobreviene el beneficio si las cosas funcionan como esperábamos. ¿Hacen esta clase de cuentas los Estados soberanos?

Por supuesto que un Estado no es un negocio y la perspectiva de obtener beneficios es bastante más compleja y tal vez de largo plazo. Si decidimos gastar en computadorizar el sistema educativo, por ejemplo, es porque esperamos mejorar el nivel de educación para que en un lapso de una o dos generaciones podamos contar con un material humano de gran calidad que mejore sustancialmente nuestra productividad. Es eso lo que generará una mejora en los ingresos generales. Así llegarán capitales y se harán inversiones aprovechando la mano de obra de alta calificación. Es un ejemplo que tomamos.

Veamos otro ejemplo tal vez un poco más gráfico y directo. Si para llevar a cabo un trámite determinado, como por ejemplo renovar un registro de conducir, debemos invertir 4 horas en un día laborable, estamos restando esa cantidad de horas a nuestro trabajo. Si imaginamos que en el año unos 5 millones de personas renuevan su registro, tenemos 20 millones de horas de trabajo perdidas en un sólo trámite. Si ese trámite nos llevara la mitad de ese tiempo, podríamos trabajar en el año 10.000.000 de horas más. Esas horas equivalen a 1.250.000 días de trabajo de 8 horas cada uno para una persona. 5.208 años si tomamos los días hábiles en torno de los 240 por año.

En términos generales cuando en el mundo se habla de ajustar o no las economías, lo que está queriendo decirse es que se seguirá gastando lo mismo o que se gastará menos. Lo que no se ataca ni considera es qué se hará con la eficiencia. Si un Estado gasta una determinada cantidad de dinero para que la población renueve su licencia de conducir, pero el tiempo del trámite se reduce a la mitad, la mayor eficiencia es de una evidencia conmovedora. Se nos dirá que el trámite en general lo pagan quienes solicitan el documento en cuestión. Digamos que es así al menos entre nosotros, pero es un costo que la Nación paga como tal. No poder ocuparnos de nuestras obligaciones laborales reduce la productividad y por ende incrementa los costos.

Estos ejemplos que damos pueden multiplicarse por miles. Y son vistos en todo el mundo. No estamos, por cierto, hablando de la Argentina en particular aquí.

Entonces, tanto la posición de los llamados ortodoxos, como la de los llamados heterodoxos, adolece de una falla de origen: no considerar la calidad y sólo detenerse en la cantidad.

Para decirlo de otra manera: si seguimos gastando lo mismo pero nos volvemos el doble de eficientes, estaremos reduciendo el gasto a la mitad sin haber restado un solo peso del presupuesto. Por supuesto que esto dicho linealmente y suponiendo una equivalencia absoluta. Pero sin duda que la relación es directamente proporcional.

Pero insistimos: ¿alguien ha visto que analistas y opinólogos hagan verdadero hincapié en el uso adecuado de los fondos? Nosotros confesamos que muy rara vez.

Pongamos las cosas de otro modo. Grecia y otros países están en situación crítica porque durante años han gastado de más y no pueden pagar sus obligaciones. Ahora se determina un ajuste que consiste entre otras cosas en reducir los sueldos de quienes se desempeñan en la administración pública. Esta gente, disconforme, rendirá menos y los tiempos administrativos tenderán a incrementarse como consecuencia de la disconformidad, las huelgas, las protestas, etc. La recaudación a su vez caerá más todavía.

La visión heterodoxa de que no debe reducirse el gasto también enfrenta la misma cuestión. Si venimos gastando mucho y mal y no hacemos nada para mejorar la calidad del gasto, seguiremos gastando mucho y mal. Si hasta ahora no pudimos dejar de endeudarnos más y más, tampoco dejaremos de hacerlo en lo futuro, dado que no estamos cambiando nada como para que eso ocurra.

Por lo tanto probablemente lo que habría que hacer es, como siempre ocurre en la vida, un poco de cada cosa. Mirar en qué gastamos, llevar adelante auditorías independientes, hacer eficientes las gestiones y reducir el tramiterío y la burocracia.

A estas alturas es probable que alguno de nuestros amables lectores estén pensando que tal vez creamos haber descubierto la pólvora. En absoluto. Cualquier economista sabe lo que aquí con nuestras largas o cortas luces tratamos de explicar. Y nos atrevemos a pensar que los políticos también en general lo saben.

¿Por qué entonces no se encaran las soluciones lógicas mediante planes de mediano plazo que permitan ir corrigiendo el exceso de gasto improductivo haciendo eficientes las economías? Porque es más fácil crear la ilusión de que son los políticos quienes vienen a sacar las castañas del fuego ayudando a los que no pueden o dicen no poder, creando el llamado Estado de bienestar, y buscando congraciarse con los votantes mediante la benevolencia y la caridad.

En términos generales, y por nuestra larga experiencia al menos, los políticos no hacen las cuentas para ver cómo y quién pagará los gastos y las deudas. El caso argentino es un dato incontrastable. En pocos años se eliminaron 13 ceros de la moneda nacional, sufrimos el “rodrigazo”, la salida de la “tablita cambiaria”, el “desagio”, el “plan Bónex”, el “corralito”, el “corralón”, la “pesificación asimétrica”, la apropiación de los fondos de las AFJP, la aplicación de impuestos exorbitantes a las exportaciones, y general un sin fin de “festivales de bonos” tendientes a seguir pagando y pagando a como dé lugar el gasto creciente para mantener la ilusión del bienestar. Ello sin contar el hecho de que por dos veces dejamos de pagar cifras de miles y miles de millones de dólares de deuda externa, contraída justamente para seguir solventando el excesivo gasto. Y como frutilla de la torta, un 25 o 30% de inflación anual acumulada según datos de provincias como Santa Fe; inflación que tiene su origen en la emisión de dinero espurio para financiar el gasto público.

Hablamos de la Argentina porque es lo que mejor conocemos todos. Los políticos se vanaglorian de dar planes de ayuda, asignaciones por hijo, electromésticos, computadoras, etc. Todo eso no es más que un certificado de pobreza para gran parte de la población. Se recurre a la caridad para ayudar al supuesto o real necesitado, con lo cual la necesidad se hace crónica y el problema sigue sin resolverse. Es increíble pero los políticos se jactan de su fracaso, porque el éxito sería que nadie necesitara recurrir a la caridad pública, no que cada vez más gente la requiera.

En la Argentina todo debe ser gratuito o muy barato. Apenas se produce una suba estacional del precio del tomate, por ejemplo, aparece un funcionario archiconocido (verdadero mono con navaja) a prohibir su venta. Y una reciente encuesta en la ciudad de Buenos Aires arroja que un 50% de la población cree que la inflación se combate...¡controlando los precios!.

Por eso los políticos apuntan para ese lado. Porque la gente “compra” eso. Una especie de cuento de Hadas, el reino de Nunca Jamás, claro está.

Tales o cuales servicios pueden y deben prestarse, pero no son gratuitos. Alguien los paga.

Cuando se subsidia al transporte, por ejemplo, el Estado se hace cargo de la diferencia en el precio del boleto. Es decir, ¡no es que el boleto no suba de precio, sino que el Estado paga la diferencia!

El conflicto de intereses, que es el título de este comentario, está originado entonces en el choque que existe entre la cultura política que sabe que repartiendo planes y ayudas se consiguen votos, y el hecho de que tales planes y tales ayudas cuestan muchísimo dinero, que suma “gasto” y origina endeudamiento cuando los recursos no alcanzan. Y cuando los recursos alcanzan, se gastan en eso y no en llevar adelante obras que mejoren la eficiencia y por ende la productividad.

Si algo ha sido constante en Europa en este último medio siglo es la política del beneficio, de la cobertura social, de la ayuda y la protección a desocupados o marginados. Lo cierto es que ninguna cobertura o protección resulta finalmente gratuita y los Estados soberanos deben pagarla de algún modo. De lo contrario, como ha ocurrido, el endeudamiento crece a niveles insoportables hasta que finalmente sólo queda la opción del default, dado que la variante devaluatoria (tan común hace unos años) quedó prácticamente eliminada por la adopción de una moneda común. Los gobiernos europeos en general, y los socialistas en particular, han promovido hasta el hartazgo la idea de que se podía vivir indefinidamente gastando más de lo que se puede. Esa responsabilidad es esencialmente política. Es la política y sus representantes los que una y otra vez se presentan como los buenos y generosos que se oponen a la fría ley del mercado. Pero cuando se produce el desastre, amables lectores, la culpa no es de ellos, sino del capitalismo salvaje. Y últimamente de la globalización, que no deja de ser la consabida división internacional del trabajo y que nada tiene que ver con el gasto excesivo e improductivo.

La Europa generosa y dadivosa, (especialmente fronteras adentro, porque a los inmigrantes los destrata de manera inhumana, quizás porque no votan) no es un producto de la libertad de comercio, sino de la decisión de los gobernantes de llevar adelante el Estado de bienestar sin medir los gastos. Esto es lo que ocurre también en la Argentina, aunque con un claro sesgo populista. El conflicto que señalamos lleva pues a la inexorable necesidad de pagar la fiesta. En eso están los europeos (y también los norteamericanos, aunque su gasto excesivo tenga razones bastante diferentes), y pronto estaremos también los argentinos.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 1º de octubre de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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Una buena administración permite reducir la carga tributaria. La auditoría fiscal brinda un reaseguro de gran importancia.

Una segunda opinión, nunca está demás.

ACTUALIDAD ECONÓMICA: La mano dura oficial

Algunos piensan, qué duros que son, por qué están con la ministra de Industria que mete licencia acá y allá. Si eso es para lograr más trabajo y producción en la Argentina, tenemos la obligación de hacerlo por los 40 millones de argentinos Cristina Fernández de Kirchner

En estas breves palabras expresadas por la presidenta de la Nación durante un acto de celebración del 60º aniversario de Mercedez Benz Argentina, en el partido de La Matanza, podemos encontrar el lumpen de la base ideológica que la guía y también la esencia de nuestro profundo disenso con ese modo de ver las cosas. No hace falta más.

Aún así, agregaremos más, siempre tomándonos del mismo discurso que pretendemos comentar. Porque somos contestes de que no sólo aquello que abunda no daña, sino que además corrobora.

Las palabras de la presidenta hicieron hincapié en el gran crecimiento de la industria automotriz argentina; destacando la participación creciente de autopartes de fabricación nacional. Y también que la firma de marras vuelva a producir camiones en el país luego de 20 años de no hacerlo.

Naturalmente siempre el crecimiento de la industria, o del agro o de los servicios o de lo que sea, es una buena señal en términos económicos y redunda, evidentemente, en una mejoría general de las condiciones económicas del país. Ello así en tanto tal mejora sea genuina y no producto de artilugios monetarios y promociones varias, porque si ese fuera el caso, estaríamos ayudando a unos con el dinero de los otros.

Entendemos que, en términos generales y muy lamentablemente, esto es lo que viene ocurriendo en la Argentina.

Baste traer a cuento la surrealista disposición oficial según la cual quien importa debe exportar lo que sea por un valor similar para entender el verdadero zafarrancho en el que estamos metidos.

Es sabido que mientras la industria percibe por las exportaciones que realiza dólares al cambio oficial de $ 4,24 aproximadamente por unidad de dólar, mientras que el exportador de soja solamente recibe $ 2,756 por cada dólar. Es obvio que toda la ayuda que puede llegar a recibir la industria, cualquiera sea ella, proviene de recursos fiscales, el principal de los cuales es este. El Estado se queda con $ 1,484 por cada dólar de soja exportado. Dinero que ingresa a rentas generales, obviamente. Y que como sabemos salvo en casos específicos no se coparticipa, además.

La presidenta también hizo una mención a la falta de cloacas y de agua potable en La Matanza, un juego político de bajo vuelo porque de ese tipo de cuestiones deben encargarse los municipios y no la presidenta de la república. Pero dejemos esto que no es lo fundamental, aunque no está demás señalarlo, porque hay una tendencia muy marcada en la Argentina en atribuir todos los logros al accionar particular de los presidentes. Y eso no sólo no es cierto, sino que es imposible.

Vayamos entonces a la frase inicial de este comentario. La ministra “mete licencia acá y allá” significa que arbitrariamente una funcionaria colaboradora del Poder Ejecutivo hace lo que le viene en ganas. Eso se llama arbitrariedad, discrecionalidad. Y, corriendo un poco hacia arriba o hacia abajo el listón: amiguismo.

No pretendemos poner en duda la honestidad intelectual y moral de la señora Déborah Giorgi, pero entregar semejante poder a una persona no solamente va en contra de la constitución y de las leyes, sino que apunta a un grado de soberbia inconcebible en un Estado de Derecho. Nadie puede saber de todo tanto como para decidir qué sí y qué no y en qué cantidades y cuándo y cómo y por qué y para qué. Es tan absurdo que agobia. Sin embargo se dice, se afirma, se toma como un logro, y a nadie se le mueve un pelo.

Sigamos: si para lograr más trabajo en la Argentina sacamos fondos de un lado (el campo) para ponerlos en otro (la industria), no creamos más trabajo, sino que desplazamos el trabajo de un lado al otro. Podrá argüirse que la industria genera más trabajo que el campo, pero nosotros consideramos que eso no es así. Las grandes industrias cuentan con un grado de tecnificación tan grande que cada vez es menor la mano de obra ocupada para igual producción. Hoy en día la mano de obra se ocupa esencialmente en servicios, no en industria. Por su parte el campo en sí mismo ocupa gente, obviamente, pero básicamente lo que su desarrollo genera es agroindustria, con lo cual el resultado termina siendo más o menos similiar al que produce el desarrollo de la industria al que alude la presidenta. Con una diferencia: el costo.

Quitar dinero de un sector altamente eficiente (el sojero) para dar ayudas a General Motors o a quien fuera no parece ser una manera de hacer crecer, sino de que crezca uno a costa del otro. Esta es la verdad.

Ahora bien, la otra pregunta es por qué de todas maneras crece la Argentina. Y la respuesta está, justamente, en el campo y en la agroindustria como base. No es que la industria automotriz no haya crecido mucho, es que el crecimiento debe medirse en términos de rentabilidad, y ésta en términos de productividad. Dicho de otra manera: lo que permite medir genuinamente el crecimiento es el resultado neto. Y tal resultado se obtiene de comparar la producción con los costos. Producir muchísimos bienes a un costo que casi no deje utilidad, puede ocupar mano de obra o lo que sea, pero no hace crecer al país en su conjunto como debería. La maximización del beneficio, la mejor utilización de los recursos es la que lo hace.

Y no caben dudas de que los recursos en la Argentina, deben volcarse a los sectores más productivos y eficientes, sin desmerecer a ningún sector.

¿Fabricaría nuevamente camiones Mercedez Benz si tuviera que venderlos con el dólar a $2,756? Si la respuesta es no, entonces el anuncio presidencial encierra un sofisma. Porque a algún precio cualquiera puede fabricar algo, si alguien le presta o le regala el dinero.

No queremos personalizar en esa empresa y lo aclaramos. El tipo de cambio que estamos refiriendo es un dato, y evidentemente quien hace las cuentas toma los $ 4,24 que vale el dólar.

Otro aspecto que también mencionó la presidenta es el referido a la comparación entre sector financiero y sector productivo. Esta dicotomía, que consideramos una verdadera falacia, no es nueva, en especial en sectores llamados heterodoxos. Veamos: no existe producción si no existe financiamiento. Tanto es así que la propia presidenta habló de financiar la producción, el trabajo, la apertura de fábricas, la dación de créditos. Y dijo algo que verdaderamente nos sorprendió: “para eso queremos el sistema financiero, porque si no piensan que pueden terminar siendo gallinas y empollar dinero”.

Es interesante preguntarse por qué razón el Estado argentino lleva emitidos bonos denominados Letras del Banco Central y Notas del Banco Central (Lebacs y Nobacs) por más de 20.000 millones de dólares. O por qué la inmensa cantidad de bonos emitidos por el Estado son todos al portador mientras las acciones deben ser nominativas.

Es interesante a su vez preguntarse para qué quiere el dinero quien emite un bono y lo toma. Para qué lo quiere el Estado.

Es obvio que lo hace para llevar acabo alguna operación, la que fuera. A lo mejor se trata de una operación anterior que desea cancelar, o como se dice en la jerga, refinanciar.

Digámoslo aún de otro modo: nadie toma dinero y paga un interés por él para quedarse observando el dinero como si fuera el Tío Rico. Está bien claro.

Ahora bien, el trasfondo de lo dicho por la presidenta es que hay un dinero especulativo y otro creativo. Detalle que implica suponer que un dinero prestado para crear una fábrica, por ejemplo, es diferente del dinero prestado para consumir un bien, o a su vez de otro destinado a adquirir un bono. Un bien que debe ser producido por una fábrica, y que si esa fábrica no tiene quien se lo compre porque no hay crédito al consumo, carece de sentido que lo produzca. Si para tener dinero se endeuda o emite un bono, tal bono no difiere en principio de ningún bono público o de otra índole emitido por quien fuere.

La cadena o apalancamiento de préstamos especulativos, tiene siempre como objetivo el fin último que es el bien producido. El gasto al que se destinan en general los recursos obtenidos por el Estado mediante endeudamiento, consiste en el consumo de bienes producidos.

Puede resultar cansador repetir que ningún bono, ningún préstamo, ningún endeudamiento tiene otro motivo que financiar la adquisición de bienes y de servicios.

Y cuando se produce el traslado de un bono de un tenedor a otro, eso es porque el segundo prefiere adquirirlo y el primero necesita el dinero, del mismo modo que ocurre cuando se descuenta un cheque o un pagaré.

Para finalmente decirlo con todas las letras, las distinciones entre lo financiero y lo económico; o entre lo especulativo y lo productivo, son un sofisma. El fondo de la cosa es que se emiten papeles garantizados o no por determinados bienes o por créditos. Y nada más.

Y en definitiva, es muy loable la pretensión de lograr más trabajo y producción en la Argentina. Pero la razón de ser de la producción de bienes es su comercialización, para lo cual hace falta un mercado de créditos al consumo.

No es cerrando las fronteras como se mejora la situación de una economía, sino volviéndola competitiva mediante una mayor eficiencia. Y esto se logra con reglas de juego claras, con seguridad jurídica y con respeto a los contratos.

La razón por la cual las medidas proteccionistas e inflacionistas son bien vistas por muchos empresarios, es que prefieren esta clase de arreglos a tener que salir a competir con el mundo.

Fabricar más piezas locales, otro de los desafíos presidenciales, da trabajo a los argentinos y evita tener que importar tales piezas. Eso a su vez mejora la balanza comercial.

Pero todo excedente de dinero debe ser aprovechado para adquirir en el Exterior aquello que no producimos y necesitamos. Nuevas tecnologías, nuevas máquinas, nuevos desarrollos industriales. El objeto del balance comercial favorable es el consumo de tal balance en cosas útiles

La producción local es complementaria de la importación, y productora de los bienes para su exportación. Forzarla mediante fronteras cerradas, “licencias” de la ministra” y trabas de todo tipo, no permite hacerla competitiva. Todos tenemos bien presente la calidad de tantos materiales y repuestos de lo que fuere fabricados localmente. Es obvio que no se logra la calidad de la competencia externa porque no hay inversiones y tecnología suficientes. Eso no se logra con “mano dura” y arbitrariedad, sino con seguridad jurídica y estado de derecho, con una moneda sana que no sea emitida a troche y moche para paliar gastos improductivos de carácter político. Con una genuina política monetaria, seria y predecible. Es así como se logra trabajo para todos, y trabajo de calidad y bien remunerado.

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Una segunda opinión, nunca está demás.

ACTUALIDAD ECONÓMICA: ¿LE ASISTE ALGO DE RAZÓN A MOODY´S?

La calificadora internacional ha emitido un informe con relación a lo que podría pasar dentro de un año o un año y medio con el sistema bancario argentino. Los banqueros y en general los economistas han contestado con lo que pasa hoy, pero no resulta claro por qué no podría pasar lo que el informe señala.

Como es de público conocimiento, la calificadora internacional Moody´s le bajó la nota al sistema bancario argentino, pasándola de estable a negativa. Más específicamente, la conocida agencia hizo referencia a la sostenibilidad en el tiempo del sistema, a sus perspectivas en un lapso comprendido entre un año y un año y medio. El informe se refiere a las políticas fiscales y monetarias expansionistas que están impulsando el crecimiento económico, el consumo y los niveles inflacionarios a niveles (sic) difíciles de sostener”.

Si acercamos la lupa podemos observar que la calificación en principio dirigida al sistema bancario, en verdad está referida a la política macroeconómica impulsada por el gobierno. En otras palabras: no parece que sea el sistema bancario el que tendrá problemas, sino que los problemas los tendrá el “modelo” y esto afectará al sistema bancario.

Prácticamente desde todos los sectores vinculados al quehacer financiero y bancario se han alzado voces de protesta y de reclamo ante la situación planteada. Por un lado se afirma que el sistema bancario ofrece índices de solvencia, liquidez y fortaleza más que adecuados. Por el otro se califica de “temerario” el informe que comentamos. Y se recuerda que por el tamaño y menor grado de conexión con otros sistemas, casi no sufrió las crisis bancarias de los países centrales.

Nos limitamos a transcribir de manera rápida los cuestionamientos desde lo que podríamos llamar el punto de vista técnico y dejamos de lado opiniones políticas que nos parecen absolutamente irrelevantes. Especialmente las que apuntan a defenestrar a estas calificadoras con argumentos tales como que en otras oportunidades han fracasado en sus pronósticos. Ello así en virtud de que si estamos analizando éste caso, y nos referimos a sus implicancias, mal podemos entrar a discutir los aciertos o desaciertos pasados de tal o cual agencia de calificaciones. Si, en virtud de fallas anteriores lo que califica Moody´s carece de valor, hablar o discutir la calificación es una entelequia. No lo vemos así, pensamos que es relevante lo que afirma, y tenemos razones para suponer que tan equivocada no está.

EL PANORAMA ACTUAL

Según datos publicados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las consultoras ACM y Econviews, entre otros, podemos tener un somero panorama de la situación fiscal actual y de su perspectiva para el año próximo.

En el año 2010 las cifras netas de superávit fiscal, una vez deducidos los costos financieros, arrojaron algo más de 3.000 millones de pesos. Para el año 2011, las estimaciones apuntan a un déficit de poco más de 30.000 millones, que pasarán a 52.300 millones en 2012. Se cuentan aquí los incrementos en los ingresos, en el gasto primario y en los intereses de la deuda. No pretendemos explayarnos en del detalle de las cifras, pero las mismas marcan una tendencia concreta con la tasa de inflación esperada y el hecho de que los gastos han venido creciendo más que los ingresos y la perspectiva es que esta misma tendencia continuará en el futuro, especialmente si como resulta previsible el actual gobierno resultará reelecto en octubre próximo.

El financiamiento del déficit en el corriente año se producirá recurriendo a los llamados depósitos públicos del Banco de la Nación, a las reservas y a las utilidades del Banco Central y a los recursos excedentes provenientes de la ANSES.

En la medida en que se continúe con la política monetaria expansionista e incentivadora del consumo, las fuentes de financiación no alcanzarán para cubrir el desfasaje. Esta realidad ha sido señalada por innumerables profesionales, mucho antes de la “nota” que estamos comentando.

Los intentos del gobierno para saldar las cuentas con el Club de París apuntan, naturalmente, a obtener fuentes de financiamiento internacional, hoy vedadas especialmente por la deuda que tiene el país con ese Club. Si no se llega a un acuerdo, y es evidente que se dilata cada vez más esa posibilidad, el creciente déficit fiscal deberá ser cubierto de otra forma. Y precisamente el punto que no debemos dejar de tener bien presente es el de determinar quién y cómo absorberá el desbalance creciente.

OTRAS DISQUISICIONES

Si como es de prever de las elecciones de octubre resulta además que el oficialismo vuelve a tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso, es muy probable que se traten allí proyectos de ley como el de reformulación de la Carta Orgánica del Banco Central, o el de declarar a las instituciones bancarias de interés público.

No son cuestiones menores. El Banco Central luego de que el Poder Ejecutivo echara, de mal modo y absolutamente fuera de la legalidad al ex presidente Martín Redrado, ha incorporado a la institución encargada de preservar el valor de la moneda a la lista de organismos disponibles para hacer y deshacer según los designios de los funcionarios cercanos a la presidencia de la Nación. En otras palabras, se ha terminado la autonomía y también la independencia del centro neurálgico de la decisión financiera.

La calificación de servicio público para las instituciones bancarias cambia radicalmente su función como negocio financiero, dado que pasarían a ser simples instrumentos para promover o desarrollar actividades que a juicio de las autoridades políticas resultaran convenientes. Es decir que las posibilidades de mantener una rentabilidad se reducirían notablemente. Y ni qué hablar de la tenencia de títulos públicos en el caso de que el Estado nacional, por imperio de las circunstancias deficitarias, decidiera refinanciar la deuda y por ende canjear tales títulos por otros a mayor plazo, como tantas veces ha ocurrido.

A ello se suman otras cuestiones tales como el control estricto sobre las compras de divisas que muestra a las claras la intención de desdoblar el mercado cambiario fomentando la operatoria informal a mayores precios, la emisión de moneda en torno del 40% anual, la regulación de las tasas de interés y el manejo discrecional de los encajes bancarios para ajustarlos a los enfoques políticos vigentes.

CONCLUSIONES

El flujo y reflujo de fondos y en general la operatoria financiera está y estará sujeta a los vaivenes de los enfoques políticos vigentes. Proyectos en danza como los mencionados probablemente se traten y se aprueben, al tiempo que el Banco Central continuará utilizando las reservas para pagar deuda, lo cual constituye una anomalía muy seria respecto del respeto del valor de la moneda local. También es posible que se recurra a otras fuentes de financiación. De hecho la falta de ajuste por inflación de los balances de las empresas multiplica la presión tributaria de manera notable. El actual viceministro Feletti ha dicho públicamente que el modelo “populista” (sic) se profundizaría. Sus expresiones no han sido debidamente enmendadas por lo que cabe suponer que tuvo el visto bueno de sus superiores para expresarse de ese modo. Y la verdad es que la profundización del tal “populismo”, por definición, requiere la apropiación por parte del Estado de rentas provenientes de particulares y de empresas. Las llamadas “rentas extraordinarias” son siempre carne de cañón. Aquel que gana un poco más en la Argentina, puede prepararse que algún impuesto nuevo le caerá.

Por lo tanto, y más allá de cualquier otra consideración, Moody´s claramente está hablando de lo que podría sobrevenir, y no de la situación actual del sistema bancario. Y en tal sentido, no parece improbable que su pronóstico se cumpla.

Decir esto puede aparecer como “agorero” y cosas por el estilo, pero entendemos que no es atacando al mensajero como se aclaran estas cuestiones. A Moody´s se le ha respondido con la situación actual, pero Moody´s está hablando de la situación futura. Distinguir la diferencia está en la base para ensayar una respuesta que hasta ahora no hemos visto.

Si hay efectos negativos destacables dentro de este “modelo”, ellos son los producidos por el efecto inflacionario, por la fuga de capitales y por la falta de inversiones genuinas. La baja productividad es también una consecuencia de varios años de mantenimiento del tipo de cambio alto (algo que ya no ocurre) y de los subsidios y demás formas de ayuda, que tienen a anquilosar una situación insostenible por ser económicamente inviable. O “sustentable”, como gustan decir no pocos profesionales.

Si las cosas continúan así, o incluso se profundizan, fácilmente podemos asignar grandes posibilidades de que de acá a un año o dos se produzca una situación insostenible para la rentabilidad del sistema bancario. Dicho de otro modo: Moody´s no está tan equivocada en sus supuestos.

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HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 30 de agosto de 2011

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Una segunda opinión, nunca está demás.

La presidenta de la república volvió a plantear una vieja dicotomía como si se tratara de una elección que puede motivarse mediante un consejo vertido por la dirigencia política.

¿Quién no recuerda aquella famosa afirmación de Lorenzo Sigaut “el que apuesta al dólar pierde”? ¿Quién no tiene presente aquella otra de Juan Carlos Pugliese “le aposté al corazón y me contestaron con el bolsillo”? Más atrás en el tiempo, pero no por ello menos vigente, Juan Domingo Perón decía “¿alguien vio alguna vez un dólar?”

Sucesivos gobiernos y sucesivos políticos en la Argentina han intentado desactivar la preferencia por el dólar como refugio de valor, incluso con afirmaciones nacionalistas del tipo “yo vivo en la Argentina y me manejo en pesos”; repetida incluso por comentaristas políticos o periodistas a lo largo de muchos años.

Hace ya muchos años que la economía en serio se maneja en dólares. Incluso en los tiempos de la llamada convertibilidad, el dólar siguió siendo la unidad de cuenta para la inmensa mayoría de la población. La apelación a que “somos argentinos” y “debemos defender lo nuestro”, nunca sirvió para nada.

Sin embargo parece tener más rédito político seguir recurriendo “al corazón” en lugar de buscar las causas por las cuales los argentinos hemos decidido proteger nuestros ahorros en moneda extranjera y no en la moneda local.

La respuesta entendemos que es obvia y no entraremos en detalles en aras de la brevedad, como se dice habitualmente.

La moneda argentina ha sido degradada una y otra vez, y sigue siéndolo. La evidencia de los controles de precios no hace sino corroborar este aserto. Nadie confía en aquello cuyo valor debe ser respetado por obligación y no porque conviene. Y los controles de precios, vistos desde el ángulo opuesto, implican intentar a lo bruto que la moneda no se desvalorice. Algo así como las “lomas de burro” en lugar de los semáforos o los indicadores de velocidad máxima.

Ahora la presidenta ha recurrido a una variante que también ha sido utilizada otras veces. Aquella según la cual lo mejor para los argentinos es invertir en acciones en lugar de comprar dólares. Sin embargo, hay sobradas razones por las cuales esto no ocurre y por eso es necesario pedirlo.

Por un lado, las acciones están sujetas a un mercado bastante reducido y las variaciones de sus precios pueden ser muy grandes de un día para el otro y por razones incluso políticas. Un ministro que salga a decir que tal o cual empresa no puede ajustar sus tarifas, o que debe seguir tal o cual política de dividendos pueden ser motivos para grandes bajas. Inversamente, una política intervencionista que redunde en un proteccionismo a tal o cual actividad, puede provocar un incremento notable en minutos.

Además de la injerencia estatal, existe un sinnúmero de factores que puede dar lugar a grandes cambios. En definitiva, tener acciones implica estar atentos a lo que puede ocurrir cotidianamente, dedicarse a estudiar lo que pasa y en definitiva estar encima del negocio. Los ahorristas no hacen eso. Por eso prefieren masivamente comprar dólares o, en su caso, colocar el dinero en plazos fijos para comprar luego dólares con el resultado de sus colocaciones. En estos momentos el dinero puesto en tales condiciones oscila los 25.000 millones de dólares, una cifra nada desdeñable que muestra además que cuando existe una cierta garantía de conservación del valor de la moneda, la gente opta por los pesos. Y no es que la garantía la ponga Guillermo Moreno y sus controles de precios. No. La garantía es la de que la tasa de interés sea superior a la devaluación de la divisa norteamericana.

Otro dato que es de suma importancia es que las acciones actualmente no son al portador. Cualquier adquisición de acciones es nominativa y por lo tanto el comprador queda registrado como tal. No ocurre lo mismo con los títulos públicos, que sí son al portador. Una curiosa heterogeneidad tratándose en definitiva de inversiones por parte de la gente.

Lo cierto es que todos sabemos lo que puede llegar a ocurrir por quedar “escrachados” y sujetos a verificación. Lo mismo está ocurriendo en la compra de dólares, y es por eso que ha aumentado considerablemente el volumen operado en el llamado dólar libre, o “blue”.

Otro aspecto que hay que considerar es que mucha gente tiene temor a que le apliquen un nuevo impuesto a las operaciones financieras. Las operaciones financieras como tales no están exentas del impuesto a las ganancias para las empresas, sí lo están para las personas físicas. Pero esto puede cambiar. Hay proyectos presentados al respecto.

Y como hemos dicho muchas veces a la hora de la creación de nuevos impuestos acá no hay oposición. Tardan minutos en ponerse de acuerdo opositores con oficialistas. En estos momentos existen diferencias vinculadas a cuestiones más de fondo, como ser la función que debe cumplir el Banco Central, de lo contrario muy probablemente ya estaría consumada la nueva figura tributaria.

La apropiación de los fondos de las AFJP ha servido una vez más para no confiar en el Estado en lo que respecta a una futura jubilación. La gente no espera que el día que se jubile podrá irse de vacaciones a las Islas Baleares, como los alemanes o los ingleses. Sabe que eso no va a ocurrir nunca, que el aporte jubilatorio es en realidad un impuesto y que en definitiva y con mucha suerte obtendrá una remuneración mínima, que ni para la subsistencia le alcanzará. Es decir que sus posibilidades de pasarla más o menos bien en los años otoñales, dependerán antes que nada de conservar sus ahorros sin dejarlos jamás en manos del Estado.

Por lo tanto, he ahí una razón más para intentar aportar lo menos posible y colocar en dólares lo más que se pueda. Esto es lo que hace la mayoría de la gente que tenga alguna capacidad de ahorro.

Y quien nos lee, si está en tal situación, lo sabe muy bien.

Los argentinos tienen fuera del país algo así como 150.000 millones de dólares y por supuesto esto no es casualidad. A lo largo de los años, las políticas monetarias e también las impositivas han sido desastrosas. La absoluta falta de confianza en el respeto al estado de derecho ha invadido a toda la sociedad. Es inútil mantener discursos de ocasión. No son creíbles.

A tal punto no lo son, que el propio Néstor Kirchner derivó las regalías petroleras de su provincia al extranjero, como todo el mundo sabe. Y se comenta en el mundillo político que no son pocos los representantes del pueblo que protegen sus dinerillos en dólares, en el colchón o donde sea.

La historia es recurrente. Rodrigazo, plan Bónex, corralito, corralón, default. Vaciamiento de las cajas de jubilaciones, apropiación de los fondos de las AFJP. Estafas devaluatorias, pesificaciones. Es lógico que la gente no quiera correr riesgos. O por lo menos que sean los menos posibles.

Por lo tanto, volvemos al comienzo de este comentario: no es pidiéndole a la población que compre acciones como se logra que se compren acciones, sino adoptando políticas que lleven a comprar acciones. Más bien el pedido presidencial produce el efecto inverso.

Nadie nos pide que hagamos aquello que vemos que nos conviene. Lo hacemos directamente. Y si tienen que pedírnoslo, lo más probable es que revisemos cualquier decisión tomada en esa dirección.

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 19 de julio de 2011

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Intervencionismo y corrupción

La ciencia económica es considerada una ciencia social y por lo tanto no exacta. Como se sabe, existen dos tendencias en el mundo, más o menos definidas. Una apunta al intervencionismo y entendemos que es absolutamente mayoritaria, y la otra a la libertad más o menos irrestricta en materia económica.

Las razones por las cuales han proliferado a lo largo de los siglos lo que nosotros llamamos las teorías intervencionistas, se basan en el hecho de que el mercado libre genera al parecer enormes injusticias, y que éstas deben ser corregidas por la acción del hombre, en tanto ser racional.

Frases tales como “el pez grande se come al chico” forman parte del acervo popular y están en el meollo de las razones por las cuales el mercado es considerado, en muchísimos casos, como una suerte de demonio de características etéreas y hasta deletéreas.

Nosotros consideramos que el mercado cuando funciona libremente regula de manera automática los distintos factores, y la distribución de los bienes y servicios se asigna entre la población según esfuerzos y capacidades. A la larga o a la corta, son los resultados, en el sentido económico del término, los que deciden producir o dejar de hacerlo, aumentar o disminuir el volumen producido, o buscar variantes mediante innovaciones para mejorar la performance. No es este el espacio para ampliar nuestras explicaciones sobre el funcionamiento del mercado, dado que el objeto de estas líneas es intentar explicar por qué el intervencionismo se relaciona tan estrechamente con la corrupción, tal como ocurre en la Argentina de hoy.

Decíamos que el mercado funciona y regula los distintos factores económicos. Y agregamos que ello también ocurre cuando priva la intervención estatal. Es decir, el Estado no elimina el odiado mercado, sino que altera su funcionamiento originando distorsiones, reemplazos e informalidades de todo tipo.

Un producto que sufre el congelamiento de su precio tiende a dejar de ser producido, o a modificar su formato, o a ser reducido su tamaño, o a abaratar su empaquetado, o a venderse en el mercado informal, o a cualquier otra forma que el amable lector imagine como necesaria para cubrir la brecha que se produce entre su precio real y aquel que los funcionarios deciden que debe ser.

Este simple ejemplo puede ser trasladado sin temor alguno a todos los bienes y servicios de una economía, sin excepción alguna. E incluyendo la remuneración por el trabajo.

Intentar referirnos a la corrupción dentro de la noción intervencionista nos lleva necesariamente a comentar qué ocurre durante la libertad económica.

Más allá de estar de acuerdo o no con la manera en la que el mercado regula las relaciones entre los seres humanos es importantísimo poder separar los actos ilegales, dado que éstos no tienen vinculación con el concepto de libertad de comercio. Como por razones políticas o simplemente por desconocimiento suelen confundirse las cosas, es necesario dejar sentado que las estafas, los abusos monopólicos o las “burbujas” financieras nada tienen que ver con la libertad del mercado, sino con actitudes llevadas a cabo por individuos o empresas violando la ley, o inclusive amparándose en leyes intervencionistas. La “libertad de ejercer toda industria lícita” no incluye aprietes o carteles, para citar ejemplos.

Ahora bien, ¿cómo son las cosas en el mundo intervencionista? Nos limitaremos a una breve descripción del caso argentino, intentando ser lo menos politizados posible.

El intervencionismo tiene tantas variantes como personas hay en el mundo con ganas de intervenir. Como nadie es exactamente igual a nadie, nadie tiene exactamente la misma idea de qué hacer en un momento determinado con las infinitas variables económicas. Los países avanzados tienen en general un extensísimo marco regulatorio que tratan de mantener estable tanto como resulte posible, de manera que los habitantes de ese mundo saben más o menos a qué atenerse y el mercado se acomoda a esa situación. Como el intervencionismo implica favorecer a unos en detrimento de otros, como línea general esa manera de encarar la economía hace que los países inmersos en el sistema crezcan menos, pero por regla general no se cae en cambios cotidianos de las reglas del juego, y mucho menos se cae en la arbitrariedad.

Lamentablemente no es lo que podemos decir de la Argentina, donde como todos sabemos un funcionario o dos pueden decidir si vendemos o no, si exportamos o no, cuánto, cómo, a qué precio e inclusive si se nos autoriza o no la venta, según como sea nuestro comportamiento. En el extremo, tenemos incluso un secretario de Estado que considera que quien importa por una determinada cifra debe exportar por un valor similar. Lo cual viene a significar que no todos los ciudadanos pueden llevar a cabo las compras que necesitan o desean, sino sólo aquellos que hacen arreglos con exportadores para que sus exportaciones figuren a nombre de esos importadores.

Puede colegirse, sin demasiado conocimiento, que todo este entramado de regulaciones, prohibiciones y permisos implica una merma en el grado de avance de la economía. Pero también puede uno imaginar que los permisos, las autorizaciones y los cupos, requieren una firma, y que esa firma bien puede ser obtenida si se da algo a cambio.

Todos los controles de precios apuntan a que los bienes y los servicios se vendan a un precio menor al que determina el mercado. Toda limitación a las importaciones significa una merma en la competencia y un encarecimiento de los productos fabricados localmente. Toda restricción a las exportaciones deteriora la balanza comercial, desalienta la producción de bienes exportables y afecta en consecuencia toda la actividad económica vinculada al mercado externo, mercado que también se ve seriamente afectado cuando se traban las importaciones.

Cuando determinados funcionarios tienen la posibilidad de disponer de recursos públicos para otorgar subsidios de cualquier tipo, es fácil imaginar que tal otorgamiento puede fácilmente tener un precio. Cuando tales funcionarios pueden disponer aceptar que un producto valga un poco más, eso también puede tener un precio.

Contar con información respecto de una decisión de devaluación un día antes, puede significar una transferencia de ingresos de millones de dólares en minutos. Y así podríamos seguir en todos los rubros que quisiéramos.

Por eso, si acercamos un poco la lupa a lo ocurrido en estas horas con la Fundación Madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, podemos observar claramente como la disposición de inmensas sumas de dinero, por más fines altruistas que tuviera, puede dar lugar a la corrupción más despiadada, si es que se comprueba lo que hasta el momento parece bastante obvio.

El Estado argentino ha intervenido, de una forma u otra, en prácticamente todos los sectores de la economía. Pareciera ser que nada funcionaría si no es de la mano de alguna ayuda o colaboración estatal. Pero quienes obtienen un crédito blando, una promoción industrial, una limitación a las importaciones de productos que compiten con los suyos, etc. saben muy bien que conseguir la preferencia oficial tiene un precio. No decimos necesariamente que ese precio sea en dinero. Baste ver cómo se asignan recursos a provincias y municipios amigos, y se es reticente con quienes no gozan de tal amistad. Cómo se persigue a ciertas empresas o grupos empresarios, y cómo jamás se pone la mira en otros.

Incluso en ciertos casos, como la participación provincial en los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja, la preferencia está escrita: quienes adhieren, reciben una especie de coparticipación, quienes no lo hacen, no reciben nada.

La verdad es que en la Argentina tenemos un intervencionismo con un altísimo grado de arbitrariedad, de discrecionalidad. Esto genera clientelismo, “capitalismo de amigos”, selección según gustos y pareceres del funcionario a cargo de la firma. Empleos públicos, “contratados” y conchabados en oficinas creadas ad hoc, se multiplican. Aún sin querer incursionar en la política como tal, es imposible sustraerse al hecho de que el clientelismo significa repartir recursos entre los adherentes, los familiares y los amigos

La corruptela que todo esto que someramente describimos cuesta al país miles de millones de dólares. No sólo por lo que de manera contante y sonante debe erogar el Estado para mantener el sistema, sino por el desaliento que produce entre los inversionistas, tanto locales como extranjeros.

También genera costos la falta de inversiones en sectores claves, como el energético. Lo que obliga a importar crecientes cantidades de combustibles líquidos y gaseosos, que deben pagarse a precios internacionales por lo general muy caros como consecuencia de la incertidumbre en el Medio Oriente, especialmente.

El sistema intervencionista genera corrupción, y no solamente entre nosotros. Y cuanto más arbitrario y discrecional es, más corrupción. Genera amiguismos, nepotismos y clientelismos de diversa índole. Genera gasto público creciente. Genera ineficiencia. Genera muchos daños colaterales. Pero especialmente genera corrupción.

Nadie en su sano juicio puede esperar que el otorgamiento de un beneficio resulte gratuito. No sólo le cuesta al resto de país. También cuesta, como decimos, pertenecer al sector privilegiado que recibe el beneficio.

El efecto es, en esencia, letal. Por eso en nuestro país aparecen los casos de corrupción que aparecen. Y hablamos de corrupción en el sentido más amplio. Se corrompe la política, se corrompe la economía, se corrompe la vida misma.

Un párrafo sobre lo que ocurre en Europa. Podemos señalar la situación de Grecia, que es hoy por hoy el país más comprometido. Pero también podemos hablar de muchos países de la Comunidad Económica. La esencia del fracaso es el intervencionismo que, motivado por la política, ha decidido cubrir cada día más de ayudas a todo el mundo. El llamado “Estado benefactor” es la pretensión de atender a todos y a todo con recursos públicos que, llegado un punto, no alcanzan. Eso lleva al endeudamiento y finalmente a la crisis y al default. Y eso a su vez lleva al ajuste, que puede adquirir diversas características. Devaluación, inflación, recorte de gastos, etc. En estas horas han trascendido las declaraciones del primer ministro británico en el sentido de llamar a quienes no tienen recursos que no tengan más hijos, porque de ellos debe ocuparse luego el Estado.

En el caso argentino, la inflación del 25% anual promedio que estamos soportando, más la presión tributaria más alta de la historia, más la apropiación de fondos de los futuros jubilados (tanto lo acumulado en las AFJP como el aporte mensual corriente), más la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de deuda, más la disposición de “utilidades” de dicho banco que en realidad son diferencias de cambio por sucesivas devaluaciones, más la emisión lisa y llana; son la forma de ajuste permanente elegida. El intervencionismo lleva a gastar lo que no se tiene porque el reclamo siempre es creciente, y si alguien obtiene algo que otro debe pagar, ese otro intenta pasar al bando de los que reciben. Y así hasta el infinito.

Héctor Blas Trillo 16 de junio de 2011

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Dividendos Políticos

Mediante un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 441, la presidenta de la república ha eliminado un inciso del artículo 76 de la ley 24.241 que instituyó, en el año 1993 el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.). Este inciso había sido corroborado por la ley 26.425 mediante la cual se dispuso la apropiación por el Estado Nacional de los fondos en poder de las A.F.J.P., que de tal modo resultaron disueltas.

Es importante recordar lo que se disponía en dicho inciso, lo transcribimos: f) En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia respectiva

Es decir, la obligación de parte de las A.F.J.P. de no poder contar con más del 5% del derecho de voto en asambleas fue expresamente mantenida por la ley de apropiación de los fondos de las A.F.J.P. en el año 2008, votada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y puesto en vigencia durante este mismo gobierno.

Por lo tanto el cambio producido en la normativa vigente ha consistido esencialmente en modificar una ley sancionada por este mismo gobierno mediante un decreto de necesidad y urgencia. No somos juristas y no queremos meternos en terrenos que no nos corresponde, pero resulta cuando menos incoherente que lo aprobado por ley y promulgado por el Poder Ejecutivo hace apenas dos años, ahora haya sido anulado mediante un decreto de ese mismo Poder Ejecutivo.

Se discute si era tan necesario y urgente proceder de este modo y lo cierto es que, más allá de que algunos considerandos del decreto hablan de la premura por los cierres de los balances y las convocatorias a asambleas, resulta bastante lógico que el procedimiento sea cuestionado.

Ahora bien, cuál es en verdad el trasfondo, el elemento subyacente que ha provocado este repentino cambio. Según la propia presidenta de la Nación ha manifestado públicamente, ciertas empresas se niegan a distribuir dividendos con lo cual perjudican a sus accionistas; fueron en términos generales sus expresiones. Y ésta parecería ser la razón de fondo.

Es conveniente dilucidar algunos aspectos para mejor claridad de quienes pudieran ser sorprendidos en su buena fe. Incluso la propia presidenta, de ser el caso.

En primer lugar, la limitación del 5% en la participación del capital accionario en poder de la ANSES tuvo su origen en un aspecto básicamente institucional: limitar la participación de integrantes financieros en las decisiones operativas de las compañías. Ello así en virtud de que sabía que al crearse las AFJP se generaría un mercado de capitales de gran importancia que volcaría parte de sus ingresos en acciones de empresas. Su injerencia en asuntos comerciales o técnicos no se consideraba beneficiosa. Y este mismo criterio se mantuvo en 2008 cuando las tenencias de las AFJP fueron expropiadas por el Estado.

En segundo lugar, las acciones responden a criterios de emisión que son disímiles y que sería necesario clarificar en cada caso. Hay acciones con derecho a un voto, a 5 votos, preferidas, diferenciales y sin derecho a voto. Con lo cual no necesariamente una participación en el capital accionario confiere proporcionalidad de votos.

En tercer lugar, la distribución de dividendos otorga a los accionistas dinero contante y sonante al momento de su percepción, pero la no distribución de dividendos lo que hace es revalorizar la tenencia accionaria, por cuando el valor patrimonial proporcional es ahora mayor.

Para decirlo del modo más simple: no es cierto que se perjudiquen los accionistas si no se distribuyen dividendos, porque ello es reemplazado por un mayor valor de sus acciones.

Ahora bien, más allá del caso particular difundido y planteado por los gobernantes (el caso Siderar, integrante del grupo Techint), lo cierto es que cuando las compañías no distribuyen cantidades importantes de dividendos es porque tienen previsto llevar adelante proyectos de inversión, aumento de producción, mayores existencias de materiales, etc. Es decir, no se trata de que se guardan el dinero en una caja fuerte al mejor estilo del Tío Rico de la historieta. Sino que ese sobrante utilitario forma parte del capital de giro del negocio de alguna forma. Lo cual hace estimar un mejoramiento futuro de la compañía, con lo cual la valorización de las acciones que cotizan en la Bolsa suele ser superior al valor patrimonial proporcional señalado.

En términos redondos, Siderar anunció el reparto de dividendos por $ 1.500 millones, cuando cuenta con utilidades acumuladas y no repartidas de $ 6.500 millones y según ha salido en los diarios y ha sido afirmado por el ministro de economía Boudou, parece ser el meollo de toda esta cuestión.

Se comenta que el grupo Techint ha venido desarrollando proyectos de inversión en Brasil, en detrimento de la Argentina, por razones de conveniencia comercial e industrial, lo cual a su vez es mal visto por las autoridades locales.

Tanto el aspecto de los dividendos no distribuidos como el de la supuesta inversión en otro país no constituyen sino decisiones empresarias que tienen que ver con el futuro de la empresa, valorizan la tenencia accionaria, y conforman una mejor perspectiva. Sin embargo, para los gobernantes no es así. O al menos manifiestan que no es así.

Lo que ha trascendido es que la ANSES requiere de los abultados dividendos que podría repartir Siderar para engrosar sus arcas y seguir sosteniendo un sistema de reparto de subsidios cada vez más caro y menos sostenible.

La presión para colocar nuevos directores en esa y otras empresas tiene que ver esencialmente con cuestiones políticas. La tendencia a participar más de los directorios pretende influir en las decisiones, si no es por imperio del voto, que no sería mayoritario en ningún caso, al menos por imperio del corporativismo estatal. Es decir, por los proverbiales contactos con el Poder Ejecutivo, que en una país donde está tan vapuleado el Estado de Derecho puede significar cualquier tipo de arbitrariedad.

A ello se suma que la intención del Poder Ejecutivo, al menos por lo que ha trascendido, no es la de colocar en funciones directivas a técnicos provenientes del sector privado y de trayectoria en funciones similares, sino a militantes de una organización política denominada La Cámpora y que es regenteada entre otros por el hijo del fallecido ex presidente.

Todo lleva entonces a una sola conclusión, de lo que se trata es de lograr dividendos políticos. Ocupar espacios para que las empresas por presión y arbitrariedades diversas se vean obligadas a hacer lo que los gobernantes desean en cada momento.

Estas presiones se han venido dando desde hace varios años. Prohibiciones de importaciones o de exportaciones. Curiosos canjes entre quienes exportan para poder importar. Precios controlados. Canastas de bajo costo para liberar otros precios. Otorgamiento o no de subsidios. Dificultades o no para obtener permisos de importación o de exportación. Facilidades o no para la obtención de créditos blandos o regímenes diferenciales. Y un sinnúmero de etcéteras.

La industria y el comercio en la Argentina se encuentran hoy por hoy condicionados de mil maneras en un marco de absoluta inseguridad jurídica y signados por el intervencionismo más arbitrario y hasta prepotente que jamás pudieron imaginarse muchos.

Es en esta realidad que hay que analizar lo que ocurre con la cuestión del intento de nombramiento de directores del Estado en las empresas. Esta y no otra.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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Una buena administración reduce la carga fiscal. Una segunda opinión nunca está demás.

Apuntes Sobre la Libertad Económica

Todo reglamento que es pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio más fecundo

Juan Bautista Alberdi

La tendencia al intervencionismo no es un fenómeno exclusivo de los argentinos. En términos generales, en mayor o en menor medida, el mundo se ha ido volcando progresivamente hacia lo que se llama proteccionismo, que de manera muy amplia significa intentar corregir los efectos que son considerados negativos de la existencia de la libertad económica.

La idea predominante hoy por hoy es que un grupo de personas, o tal vez una sola persona, encerrada en su oficina y provista de una computadora, puede decidir qué cosa es mejor para millones de congéneres. Modificar para impedir o para permitir, para negar o para consentir, para estimular o para deprimir.

La idea subyacente es que el mercado se equivoca, es salvaje, se desliza despiadadamente sobre los más necesitados y destruye todo en favor de los más poderosos.

¿Es esto esencialmente cierto?

Lo primero que hay que decir es que el mercado en sí no es un ente capaz de portarse mal o bien, sino que constituye la fuerza de la necesidad económica de los seres humanos.

El intercambio de bienes y servicios, de capacidades y de posibilidades. De todo aquello que es escaso y a la vez necesario.

El salvajismo tiene como lugar común la idea de que los poderosos se imponen siempre a los más débiles, que resultan de ese modo destruidos. Cabe entonces que nos preguntemos quiénes son más débiles y por qué lo son.

Si nos referimos a países o regiones del mundo lo que observamos es que son más débiles quienes tienen menor desarrollo relativo, ya sea por carecer de capitales o de una población suficientemente preparada para afrontar las exigencias de la tecnología. De allí las grandes migraciones hacia países o regiones más desarrolladas, donde estas gentes llegan para llevar a cabo las tareas más simples o también las más rudas. Los pueblos desarrollados y que gozan de una educación superior y de un bienestar acorde, no son proclives a realizar las tareas más pesadas o de menor jerarquía.

Por lo tanto lo segundo que puede decirse se deriva de lo primero. Los pueblos más atrasados relativamente migran para ocupar las posiciones más humildes en los lugares más avanzados. Allí educan a sus hijos y buscan que éstos superen a sus padres y se eduquen para mejorar su posición socioeconómica.

Si todo este movimiento se produjera dentro de un clima de absoluta libertad, ello implicaría en primer lugar el verdadero y digno respeto de los llamados derechos humanos, tan proclamados hoy por hoy políticamente y tan poco puestos en práctica.

Las barreras proteccionistas no atacan tanto a los bienes y servicios como a las personas que pretenden mudarse de país. Barreras de todo tipo se yerguen a modo de elevados muros que pretenden impedir que la marea humana se desplace de un sitio a otro. Quienes habitualmente proclaman la necesidad de atención y protección al desprotegido o al desvalido, no dudan un instante a la hora de establecer fronteras que para ellos deberían ser infranqueables. En otras palabras: más allá de una determinada línea, que los seres humanos se las arreglen como puedan.

Esta actitud no es nueva. En verdad, si lo pensamos un poco, fácilmente comprobamos que así ha ocurrido desde el comienzo mismo de los tiempos.

Se argumenta muchas veces que los inmigrantes quitan el trabajo a los locales, sin detenerse a pensar que el trabajo que aquellos hacen es, por lo general, el que éstos se niegan a realizar.

El intervencionismo, en este punto como en cualquier otro, no mejora sino que empeora el estándar de vida de la población afectada. Tanto de quienes no pueden entrar como de quienes están dentro. Porque la llegada de mano de obra barata produce un mayor bienestar económico de toda la población en su conjunto, y no una merma.

Los gobiernos de los países desarrollados adoptan estas actitudes prohibitivas porque eso es lo que demanda la gente en general. Por un lado existe una buena dosis de xenofobia inmanente, y por el otro se ha generalizado la idea de que quienes llegan de otras latitudes quitan el trabajo a los locales cuando eso no es cierto, porque los locales no hacen por lo general esos trabajos. Y aún si los hicieran lo que molesta es la competencia, que justamente es uno de los pilares del liberalismo económico. Por eso por ejemplo el preámbulo de la Constitución Argentina habla de la aceptación de todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar este suelo y no hace distinciones sobre las tareas que vengan a realizar.

Entonces los gobiernos de todas las latitudes y de todos los formatos, desarrollados o no, lo que buscan son formas de proteccionismo, de intervencionismo, de “corrección” de los errores o de las maldades del mercado. Todo ello produce no la desaparición del mercado, no la abolición de la ley de oferta y demanda. No. Produce un cambio de reglas de juego que hace que el mercado se acomode a un nuevo escenario. Basta ver lo que ocurre en regímenes totalitarios vigentes como China o Cuba. En este último país, más cercano y conocido incluso por el turismo, el mercado negro es una constante histórica en todos los órdenes de su vida. Lo mismo ocurre en el lejano gigante asiático, aunque esa realidad se desconozca.

Ahora bien, podrá decirse que las gentes que apenas sobreviven en las condiciones más paupérrimas es imposible que se trasladen de un país a otro y es cierto. Un porcentaje de la población más pobre del planeta está signada por la postergación más absoluta. Por un lado habrá que ver qué hacen los gobiernos para lograr que ciertos pueblos se desarrollen pese a no tener en su suelo condiciones naturales amigables con la producción, pero nunca el desarrollo de burocracias supuestamente destinadas a atender los atrasos relativos repartiendo bienes o dinero han servido para mucho más que para dedicar párrafos políticamente correctos en “cumbres” por lo general llevadas a cabo en lugares paradisíacos. Porque la verdadera forma de sacar de la pobreza a esos pueblos, y a todos, pasa por la libertad de producir y de crear en un ambiente de respeto de derechos y garantías. Allí donde las reglas son fijadas partiendo de la base de la libertad del hombre, la propiedad privada, la protección legal del patrimonio, la disposición de los bienes, la educación. Lo que hizo grande a Japón no fue la riqueza de su suelo.

Si observamos el caso argentino podemos ver claramente cómo el intervencionismo avanza día a día sin solución de continuidad. Este fenómeno no es nuevo y en verdad se da universalmente.

Cuando se elige el camino de la intervención aparece entonces un grupo de funcionarios designados para tal fin, que mueven los hilos diariamente de la forma que mejor les parece para intentar paliar los efectos del salvajismo del mercado. Cada intervención que llevan a cabo, provoca efectos no deseados dada la infinita cantidad de variables que se mueven como consecuencia de esa intervención. Eso da lugar a nuevas medidas intervencionistas tratando de corregir los efectos no deseados que produjeron aquellas medidas iniciales, lo que a su vez provoca nuevos e indeseables efectos en otros factores económicos. Y así hasta el infinito.

Dejando de lado las especulaciones sobre actitudes políticas más o menos populistas y centrándonos únicamente en los efectos económicos, podemos ver aquí, en la Argentina, cómo el Estado interviene en prácticamente todo, siempre con el afán de corregir las maldades del libre mercado. Incluso sin tomar en cuenta que hace rato que tal libre mercado ha dejado de existir, precisamente en razón de las intervenciones.

Se otorgan subsidios, planes de ayuda, asignaciones por hijo, créditos blandos. Se establecen promociones, se direccionan créditos, se otorgan beneficios impositivos, se controlan precios, se vigilan los costos empresarios, se piden informes sobre las utilidades para justificar o no los precios. Se controlan e impiden exportaciones, ídem importaciones. Se controla el tipo de cambio. Se buscan acuerdos regionales para lograr intercambios con los países vecinos, que se modifican una y otra vez cuando las circunstancias son desfavorables a la Argentina, que es lo mismo que hacen los países vecinos cuando las circunstancias les son desfavorables a ellos. Se vigila la compra de divisas, la venta, la tenencia, el uso que se hace de ellas. Se modifican planes de estudio para adecuar la enseñanza en línea con la idea de que el mercado per se es algo oprobioso y demoníaco. Se viola el sistema jurídico legal en cuanto sea menester. Desde la eliminación de los secretos bancario y fiscal, hasta la sustracción de ahorros mediante sistemas de retención impositiva.

Casi todos los días aparecen nuevas medidas, nuevos controles, nuevas intervenciones. Un día se fijan precios máximos de las naftas, otro día se los libera. Más tarde se vuelve a la fijación. Y así. Lo mismo ocurre con permisos de importación, con permisos de exportación. Se incentivan producciones y se desalientan otras. Y luego a la inversa.

Mientras tanto, si la Argentina crece no es como consecuencia de todo este maremágnum intervencionista, sino porque los precios internacionales de los productos primarios que vendemos son muy buenos. Es decir, si el país crece es a pesar del intervencionismo y no por él.

Es fácil observar lo que ocurre en el mundo desde esta perspectiva. Por un lado tenemos una Europa cerrada y burocrática, gastadora, emperrada en mantener supuestos beneficios entre su población que se vuelven insostenibles por falta de recursos. Ahora bien, ¿por qué faltan esos recursos? Porque el sistema es costoso y poco competitivo. Esa es la razón y no otra.

Esto pretende ser un breve apunte sobre algunos aspectos en los que puede verse el inmenso deterioro al que ha conducido el intervencionismo. Y no sólo eso. La dependencia de la población inerme bajo la égida de los jefes políticos y los burócratas que tienen el poder de fijar precios, salarios, impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo, amén de emitir la moneda de curso forzoso.

La Argentina en particular tiene, salvando algunos períodos, más de 80 años de intervencionismo de todo tipo. Estamos seguros de que no alcanzaría una vida entera si pretendiéramos leer toda la legislación tendiente a promover el bienestar de la población, el desarrollo de la economía y la protección de los más pobres. Y sin embargo el país está en uno de los pozos más profundos de su historia, con un porcentaje altísimo de la población bajo la línea de pobreza y dependiendo de subsidios y planes de ayuda, o de empleos públicos otorgados en feudos provinciales o municipales.

El atraso tecnológico se hace sentir todos los días, y cualquier producto de avanzada cuenta 3 y hasta 4 veces más que en los EEUU, si es que nuestros funcionarios autorizan el ingreso al país.

La infraestructura ha sido virtualmente desmantelada a lo largo de los años. Los ferrocarriles fueron destruidos por falta de inversiones y de rentabilidad. El sistema de caminos se sostiene a duras penas mediante el recurso de esas verdaderas aduanas interiores que llevan la forma de peajes.

Los mercados más intervenidos han sido mermados cuando no destruidos. Y aquellos en los que no se llegó a extremos, se muestran exhaustos. No se producen inversiones, no se generan nuevos polos de desarrollo, no se buscan combustibles fósiles, no se instalan nuevos medios de transporte ni se construyen autopistas ni se acondiciona el sistema ferroviario.

Nadie está dispuesto a arriesgar capital para que un grupo de políticos decida luego intervenir arbitrariamente en todo cuanto se le ocurra y en el momento que le parezca.

Alguien podrá pregunta por qué esto ocurre en la Argentina y no en EEUU o en Brasil, por citar ejemplos. La respuesta es muy simple: el grado de intervencionismo es proporcionalmente muy inferior en esos u otros países. No es que no exista y que no cause daño, sólo que el daño es menor porque además de no alcanzar el grado de arbitrariedad y torpeza que muestra el nuestro, se mantiene en el tiempo mediante legislación más o menos duradera, que hace que los potenciales o reales inversores sepan qué ocurrirá en ese aspecto con un cierto grado de certeza.

Algo decididamente imposible entre nosotros en la situación política actual.

La libertad económica no es una utopía. Los países más libres de la Tierra han evolucionado y crecido a velocidades extraordinarias. Esto es evidente en países como EEUU, Canadá o Australia. Países prácticamente contemporáneos del nuestro.

La libertad económica no es absoluta en ellos. Por supuesto. Es relativa y diríase que cada vez es más relativa, lo cual no constituye un avance sino un retroceso. Porque hablando de libertad, si no somos libres de disponer de lo que es nuestro porque ciertas regulaciones lo impiden o dificultan, no somos en verdad libres. Es por ello que, aun no siendo absoluta la libertad económica, la tendencia debe ser siempre hacia una mayor dosis de ella. El secreto del desarrollo de la humanidad es la liberación de las fuerzas de quienes la integran. Nunca el sometimiento a reglamentos que so pretexto de organizarla, en verdad sólo la restringen.

Héctor Blas Trillo 18 abril de 2011

Condicionada por el mundo, la politica marca el rumbo en 2011

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE). Director Ejecutivo de “Libertad y Progreso”

El contexto político local tendrá un impacto negativo inevitable

En 2011, en la Argentina habrá elecciones presidenciales; lo cual no es un hecho menor. Desde que volvimos a la democracia, cada vez que el Poder Ejecutivo pierde una elección legislativa, la incertidumbre política tiende a incrementarse hasta los comicios presidenciales. Por eso, es un error hablar de una crisis política coyuntural; ya que, en realidad, tiene que ver con una decadencia institucional que lleva décadas.

En los países serios, las políticas de Estado se fijan en el Congreso. El Poder Ejecutivo busca consensos entre los legisladores para aprobar las soluciones a los problemas de la gente. Cuando una ley se sanciona, el que está en el gobierno la ejecuta y, cuando la oposición llega al poder, la mantiene porque fue parte de su gestación. Esto permite tener reglas de juego a largo plazo que son vitales para consolidar un rumbo de desarrollo económico.

En la Argentina, cada cuatro años, elegimos un líder iluminado que nos salvará de nuestros problemas. En línea con esta cultura, los parlamentarios delegan su rol en el PEN y éste es quien fija las políticas de largo plazo, que serán cambiadas cuando asuma otro gobierno al que se le delegarán esas mismas facultades. Por ende, no hay políticas de Estado que duren más que el presidente de turno en el poder.

Como los argentinos y extranjeros sabemos que, aquí, las elecciones presidenciales significan una apuesta a “cara o ceca”, en el período previo siempre se produce una fuga de capitales. Es decir, por temor, bajamos nuestro gasto e inversión, sacamos nuestros depósitos de los bancos, desfinanciando la economía, y compramos dólares que mandamos al exterior o guardamos en el “colchón”. Por lo tanto, la demanda interna tiende a bajar y, con ella, la producción local de bienes y servicios; lo cual deriva en tendencias recesivas.

El nivel de liquidez internacional determinará el costo a pagar.

Dada la incertidumbre política local, cuán fuerte será la salida de capitales dependerá de lo que suceda en el exterior. Si el costo de la fiesta monetaria que lideró la Reserva Federal durante 2002-2008 se hubiera pagado al “contado”, con una caída profunda del nivel de actividad y desempleo, la reactivación y el aumento de los puestos de trabajo hubieran sido rápidos. Sin embargo, para moderar los costos económicos y sociales de la crisis, los países afectados optaron por implementar políticas monetarias y fiscales expansivas. El problema es que, cuando llega la recuperación, estos incentivos artificiales deben empezar a desarmarse y eso modera la salida, manteniendo en el tiempo tasas de desempleo altas.

Ahora, habrá que ver si los países desarrollados son capaces de enfrentar un proceso lento de mejora de la producción, el empleo y los mercados o intentarán “cebar la bomba” con más emisión de moneda y gasto público. En la Argentina, si el “pago en cuotas” del ajuste mundial remanente coincide con el período preelectoral, la fuga de capitales se potenciará y nuestras exportaciones se verán afectadas por una menor demanda externa y caída de los precios. Por lo tanto, tendremos un segundo semestre de 2011 con tendencias recesivas; luego de una primera mitad de año de desaceleración.

En tanto, si como parece cada vez más probable, la Reserva Federal vuelve a inundar el mundo de liquidez para incentivar su economía, la salida de recursos será moderada y podremos abastecerla más cómodamente, gracias al aumento de precios y de las posibilidades de colocar nuestras exportaciones. Por lo tanto, las tendencias recesivas serán menores y solamente tendremos una desaceleración moderada del nivel de actividad. Lamentablemente, esto incentivará la generación de burbujas en las economías emergentes y, cuando estallen, los costos sociales y económicos serán graves; pero no parece que vaya a suceder en 2011.

La inflación un problema que seguirá inflándose

En tanto, la inflación tenderá a ser un problema cada vez mayor. Para entenderlo, primero expliquemos de qué se trata. La moneda es un bien como cualquier otro. Tiene un productor (monopólico) que es el Banco Central y gente que la demanda, porque les facilita hacer transacciones, les sirve para atesorar y, también, como unidad de cuenta. Si los oferentes de trigo producen más de lo que la gente demanda, cualquiera sabe que su precio bajará. Si esto sucede con la emisión de pesos, pasará lo mismo. Ahora, si su valor se reduce, quiere decir que el “metro” con el que valuamos todos los bienes y servicios de la economía se está achicando y lo que midamos con él tenderá a “agrandarse”; aunque su tamaño siga siendo el mismo. Por lo tanto, lo que veremos es una “suba generalizada de precios”. Desde mediados de 2009, cuando tocó su mínimo desde 2007, la inflación pasó (estimaciones de CIIMA-ESEADE, www.ciima.org.ar) de menos de 13% ia., a casi 15% a fines de ese año y a 25% para todo 2010. Esto implica que el “metro” se está achicando, es decir que el valor del peso está cayendo. Por lo tanto, es obvio que el Banco Central está produciendo más moneda de lo que la gente quiere. Entonces, cabe preguntarse por qué lo hace.

La autoridad monetaria está incrementando fuertemente la emisión de pesos para financiar al gobierno, comprar dólares para que su valor no caiga internamente y dar créditos baratos a sectores privilegiados. Todo esto implica cobrarle a la gente un creciente “impuesto inflacionario” que esmerila los ingresos de los argentinos. En la medida que éstos suben mucho por el fuerte aumento de la producción, la sensación es de una estresante carrera entre precios-salarios que, por el momento, la mayoría cree ganar. No todos, porque los sectores de menores ingresos y los que no pueden variarlos en plazos cortos, están entre los perdedores.

Durante 2011, las transferencias del Banco Central al gobierno serán aún mayores, dadas las necesidades de gasto electoral, seguirán las compras de divisa para sostener el tipo de cambio y las políticas de préstamos sectoriales. Por ende, el ritmo de emisión de pesos no será menor que el actual y cuanto más se desacelere la economía, menos subirán los ingresos; por lo que más se sentirá, en los bolsillos de la gente, el “impuesto inflacionario” (que superará el 28%).

El tipo de cambio y la competitividad

Para muchos, es incompatible tener altos niveles de inflación con un tipo de cambio subiendo lentamente. Esto no es así; ya que, al usarse como referencia el dólar, dependerá de lo que esté pasando con el valor de esta moneda en el mundo. La divisa estadounidense ha venido depreciándose fuertemente en los últimos tiempos; por lo que el Banco Central argentino ha tenido que comprar divisas para sostener su precio local. Para hacerlo, emite pesos y deprecia su valor a igual o mayor velocidad que el dólar.

Esto explica por qué países como Brasil aumentan sus exportaciones tanto como la Argentina; mientras su tipo de cambio ha estado bajando y el nuestro subiendo. Cabe recordar que la inflación en el primero ronda el 5% y, en el segundo, se acerca al 30%; por eso no extraña que los empresarios lo sientan en sus ganancias.

El impuesto inflacionario lo paga el conjunto de la sociedad y, por supuesto, incluye al sector productivo que, para compensar la pérdida de competitividad que este aumento de costos implica, reclama el aumento de la cotización local del dólar. Sin embargo, el Banco Central sólo puede aumentar el tipo de cambio comprando más dólares con más emisión, disminuyendo el valor del peso. De esta forma, es cierto que el incremento del valor de las divisas extranjeras en el mercado local disminuirá lo que los productores pagan de impuesto inflacionario. Sin embargo, todo lo que ellos dejen de abonar, más el aumento de dicho tributo necesario para comprar reservas, deberá afrontarlo el resto de la sociedad con un aumento de la inflación, especialmente el sector de menores ingresos. Como vemos es una solución sumamente injusta.

La Constitución Nacional: la verdadera solución a los problemas argentinos

La única respuesta a los permanentes procesos inflacionarios de la Argentina es que el Banco Central esté bajo la órbita del Congreso y que recupere el rol de fijar el valor de la moneda que le dala Constitución Nacional. Dadoque el precio del peso es la contracara de su poder adquisitivo, lo podría hacer fijando un rango de metas de inflación que el BCRA debería cumplir. Así, la legislatura asumiría otra función indelegable según nuestra Carta Magna: determinar los tributos que debemos pagar los contribuyentes, en este caso el “impuesto inflacionario”. El Central tendría independencia para gestionar los instrumentos para cumplir los objetivos planteados y, al final de cada período, debería rendir cuenta ante el Parlamento. Para ello, sería bueno que este último controlara al INDEC, responsable de medir el índice de precios al consumidor; por lo que sería un paso importante que se apruebe el proyecto de ley que, en ese sentido, se está debatiendo actualmente. La única forma de recuperar la credibilidad del INDEC es sacarlo de la órbita del Poder Ejecutivo, que la destruyó con la intervención del organismo y los “dibujos” de sus datos desde 2007.

Al disminuir la inflación a niveles razonables, los empresarios podrán planear mejor y eso los incentivará a invertir más; lo cual incrementará la eficiencia de la economía argentina. El aumento de la productividad es el verdadero sostén de la competitividad y de los aumentos de salarios de los trabajadores.

Tener reglas de juego de largo plazo, también, es fundamental para atraer a los emprendedores y motivarlos a crear riqueza y empleo en nuestro país. Sin embargo, vimos que las políticas de Estado no existen en la Argentina. La única forma de que esto suceda es mejorando la calidad institucional y, lamentablemente, no estamos haciendo bien los deberes.

El Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (www.ciima.org.ar) realiza todos los años un índice de calidad institucional para 192 países del mundo. Desde 2007 y, hasta 2010, Argentina ha perdido 25 lugares, ubicándose en el puesto 120, y sólo cinco países perdieron más lugares (Islas Salomón, Kiribati, Maldivas, Senegal y Bolivia). En tanto, entre los 36 países de América, se ubica en el puesto 28.

Queda claro que los argentinos debemos dejar de creer que nuestros problemas los resolverá mágicamente un líder iluminado al que votamos como Presidente cada cuatro años. Debemos asumirnos como ciudadanos y elegir a nuestros representantes para los distintos cargos de acuerdo a su honestidad, capacidad y a que sus ideas nos parezcan las mejores para nosotros, nuestra familia y nuestro país. Luego, hay que controlar que actúen de acuerdo lo que han comprometido y que, cada uno, Presidente y legisladores, actúen según el rol y dentro de los límites para el ejercicio del poder que establece la Constitución Nacional. Para bregar que estas restricciones se cumplan está la Justicia que, si bien no gobierna, debe garantizar que los funcionarios no se excedan en el ejercicio del poder delegado por los ciudadanos.

Conclusión, si cumpliéramos con lo que mandala Constitución Nacional, los argentinos nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. Por eso es importante que, cada uno, asuma la responsabilidad cívica que le corresponde. Si seguimos actuando cómodamente como súbditos de los gobiernos de turno y no como ciudadanos, no nos quejemos y no le echemos la culpa de los resultados a nuestra dirigencia política.

La evolución del saldo positivo del balance comercial de 2010 generó cierta “preocupación” debido a que fue cayendo a lo largo de todo el año (en total 29%), a pesar de un fuerte crecimiento de las exportaciones (23% ia.). Por supuesto, se le echó la culpa al fuerte incremento de la importaciones (46% ia.). Esto me hizo acordar a lo sucedido a finales de 2008 cuando la mayoría de los analistas económicos proyectó una baja de las exportaciones argentinas, por la crisis internacional que hizo bajar sus precios; por lo tanto, como ingresarían menos divisas, apostó a un descenso del superávit del balance comercial para 2009. Sin embargo, terminado este último año, a pesar de que las ventas al exterior cayeron más de lo esperado, se encontraron con un aumento de dicho resultado comercial positivo (34%). Si entendemos por qué fallaron estas estimaciones, también comprenderemos por qué no es necesariamente preocupante lo sucedido con las importaciones en 2010.

El balance de pago, del que forma parte la cuenta comercial, es el reflejo contable de las relaciones económicas de los residentes de un país con los del extranjero. Algunos interpretan que las naciones pueden decidir importar y tener crisis de balance de pagos debido a que no encuentran, luego, el financiamiento para su gasto. Con tipo de cambio libre (ya sea fijo o flotante) esto no es así. Ninguna persona puede gastar más de lo que le ingresa, menos lo que ahorra, más lo que le prestan; por lo que a las naciones les pasa lo mismo. Es decir, cualquiera de nosotros, para poder gastar más de lo que tenemos (en el caso de un país, déficit en la cuenta corriente y en el balance comercial), deberíamos poder desahorrar (traer capitales de afuera) o endeudarnos (crédito o inversiones externas).

Supongamos que una persona que gasta todo lo que le ingresa ($3.000 mensuales), empieza a ver que su futuro laboral se complica. Es muy probable que decida guardar algo para tener con qué sobrevivir si pierde el empleo. Digamos que ahorra por $300, deberá gastar $ 2.700. Sin embargo, cuando llega a su trabajo el jefe le dice que las cosas están complicadas y que han decidido bajarle el sueldo a $2.500. Esto va a confirmar su preocupación y, por ende, decidirá mantener su decisión de ahorro; por lo que su gasto se deberá reducir a $2.200. Es más, estando más seguro de que la cosa viene mal, podría decidir hacer un ahorro aún mayor; lo que lo obligará a ser mucho más austero.

Es cierto que en 2009, las exportaciones cayeron (nos bajaron el sueldo); pero debido a la crisis internacional, la confiscación de los ahorros para la vejez de los aportantes al sistema previsional de capitalización y las elecciones legislativas, la percepción de riesgo se incrementó fuertemente. Por eso la gente empezó a fugar capitales (ahorro externo), dejó de consumir e invertir, sacó su plata de los bancos (desfinanciando la economía) y compró divisas extranjeras que mandó al exterior o al fondo de un placard, caja de seguridad o bajo el “colchón”. Por lo tanto, se incentivó una caída de la demanda interna que llevó a una recesión, reduciendo las importaciones hasta generar las divisas que se necesitaron para ser fugadas. La merma de los ingresos del país (exportaciones) solamente implicó que tuvimos que hacer un mayor recorte de las erogaciones (resultando en más recesión y menores compras al exterior) para generar el mismo ahorro externo (cantidad de divisas para fugar).

En 2010, pasó exactamente lo contrario. A pesar de que subió el “sueldo” (valor y cantidad de las ventas externas) del país, como la incertidumbre fue menor, la gente quiso ahorrar menos (en activos externos); por lo tanto, aumentó fuertemente su gasto e inversión (reactivación) y, con ellos, las importaciones. Como vemos, tanto a nivel personal, como a nivel de país, las decisiones financieras (ahorro, endeudamiento o inversión externa) son previas a las de erogación de los recursos (importaciones); por lo que en un país con tipo de cambio libre no podría haber una “crisis del balance de pagos”.

Por último, a partir de lo visto, vale la pena analizar el resultado de las restricciones, escritas o no, que está imponiendo la Secretaria de Comercio exterior a las importaciones. Si se cumplen dichas medidas, lo primero que lograrán es que baje la demanda de divisas extranjeras y, por lo tanto, su precio y poder adquisitivo en la economía local. Esto puede suceder con una baja del tipo de cambio nominal o, si el Banco Central decide sostenerlo comprando el excedente, con inflación. Por lo que la autoridad monetaria termina colaborando a ampliar el superávit comercial al adquirir reservas (que se depositan en el exterior) con impuesto inflacionario. Todo parecido a la realidad actual, no es pura coincidencia.

Además, la merma del valor de las divisas extranjeras en el mercado doméstico perjudica a los que las producen, es decir a los productores de bienes exportables, desincentivándolos a invertir. Estos sectores son los más eficientes de la economía, por eso pueden competir en el exterior, y los castigamos para beneficiar a los menos productivos, los empresarios locales que compiten con importaciones (que no les da el pinet para vender en el exterior). Conclusión, a menor eficiencia de la economía, menor bienestar económico del conjunto de los argentinos.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

En su viaje a París, el Ministro de Economía Amado Bodou hizo muy interesantes declaraciones que fueron publicadas por Ámbito Financiero el 18 de febrero. Dijo: ¨Lo que nosotros vamos a defender es la posición de la Argentina -que también es la que lleva Brasil- respecto a que no es una buena propuesta intentar que nuestros países no cobren los precios que los mercados dan por los bienes que producimos”. “Si ellos piensan -continuó- que hay que aumentar la oferta de alimentos, no va a ser por este camino por el cual lo van a lograr.” Creo que estos dichos merece un análisis que permita aprender de esta lección de economía que está dándoles a algunos funcionarios de organismos internacionales y de gobiernos de los países del G20 e incluso lleve a mejorar la política económica que estamos aplicando localmente.

En primer lugar, cabe suponer que, cuando habla de “los bienes que producimos”, se refiere a los productores argentinos y brasileños; ya que, hasta donde yo sé, los países no producen, sino que lo hacen sus habitantes. Hecha esta aclaración, no cabe más que coincidir en “que no es buena la propuesta que no se cobren los precios que los mercados dan a dichos productos” y que no va a ser por este camino que se va a incrementar la oferta de alimentos. El gran problema es que la Argentina es el mejor ejemplo de que dicha idea es absurda; ya que aquí se aplica y ha logrado que produzcamos menos granos y carne de los que podríamos.

Desde 2006, el stock ganadero ha tendido a disminuir por los controles de precios y las restricciones a la exportación de carne para garantizar que “todos los argentinos tengan acceso a su asado dominical” y lo único que se está logrando es que cada vez se produzca menos y, algún día, tengamos que viajar a Uruguay para recordar lo que era comer un buen “churrasco”.

En el caso del trigo y el maíz, los empresarios agrícolas no solamente tienen que lidiar con absurdas retenciones, sino que les limitan las posibilidades de vender al exterior. Por lo tanto, no es raro que los precios locales no sean equivalentes a los internacionales menos los impuestos a la exportación (FAS), como pretenden el gobierno y los productores. Al no dejar que se venda libremente el trigo al exterior, se genera un excedente de oferta en el mercado doméstico. Para que el mismo se absorba, el precio debe bajar disminuyendo el costo de producción de la harina y sus derivados para que los molineros tengan más demanda y la trasladen a los productores. Para el gobierno, esto tiene el demagógico beneficio de reducir el valor del pan y otros productos a los consumidores argentinos.

Por eso, la respuesta del PEN a los reclamos ha sido mantener las restricciones a las exportaciones; aunque intentando forzar a los molineros y exportadores para que paguen el precio FAS. Sin embargo, si lo lograra (cosa más que improbable), no existirían los beneficios para comprar toda la producción, debido al mayor costo para los molineros, y, dado que los exportadores no pueden adquirir más, quedaría un remanente de trigo sin poder colocarse, perjudicando a aquellos que hayan llegado tarde a vender su cosecha. Lo interesante es que, de lograrse esta solución, implicaría precios similares para el pan a los que surgirían de liberar las exportaciones; ya que, si esto sucede, es muy difícil que el costo local del trigo supere el FAS, porque implicaría que los exportadores están vendiendo a pérdida. La pregunta: Dado que el precio a los consumidores argentinos va a ser el mismo, ¿no es más razonable permitir el comercio libre de trigo y dejar de generarle un perjuicio a los productores? Lamentablemente, parece que algunos dirigentes agropecuarios tampoco ven, o quieren ver, dónde está el problema y, por lo tanto, demandan soluciones que nunca resolverán el problema.

Por lo tanto, aplaudo al Ministro de Economía por sus declaraciones; pero espero que empiece a aplicar tanta sabiduría desde el cargo que le toca ejercer y, así, revierta el daño que se le está ocasionando a la producción local de alimentos y al bienestar económico de todos los argentinos.

Inflando una Nueva Burbuja

Es creciente la preocupación mundial por lo que se ha dado en llamar la “guerra de divisas”. En ese sentido, leí recientemente una frase adjudicada al Secretario del Tesoro del Presidente Nixon, John Connolly, que cuando estaba en funciones dijo; “La moneda es nuestra, el problema es de Uds.“. Una gran verdad que da una pista sobre por qué los errores de política monetaria de la Reserva Federal se globalizan.

En el mundo, se ha impuesto el mito de que, para la economía de un país, siempre es malo que el tipo de cambio caiga. El problema es que, para medirlo, casi todos toman como referencia al dólar. Por lo tanto, si la Reserva Federal decide inundar su economía con su divisa y eso genera una caída en su valor, la mayoría de los bancos centrales del mundo tenderán a evitar que baje en su propio mercado, para lo que comprarán la divisa estadounidense emitiendo su propia moneda. Por lo tanto, también, esta última tenderá a perder valor y dicho aumento de liquidez se sumará al generado por la Fed. Esto explica por qué cuando la autoridad monetaria de los EE.UU. incentiva el surgimiento de burbujas, éstas tienden a globalizarse.

Por lo comentado anteriormente, no tiene sentido proponer nuevos indicadores de tipo de cambio contra una canasta de monedas o contra el oro; ya que es la gente la que decide qué mercado va a tomar como referencia. Por lo tanto, Connolly tenía razón, el problema no está en que la Fed hace las cosas mal, sino en la tara de los demás que los lleva a seguir sus pasos.

Para evitar la recesión del 2000-2001, Alan Greenspan se dedicó a inundar el mundo de dólares depreciándolo fuertemente. Cuando la economía tendió a recuperarse, se demoró demasiado en quitar el pie del acelerador y lo hizo muy despacio. Todo esto fue imitado, en mayor o menor medida, por los demás bancos centrales del mundo, lo que incentivó una enorme burbuja que empezó a estallar en 2007. No es raro que la que más rápido se infló explotara primero. Debido a la disminución de las condiciones para dar crédito para que “todos tuvieran casa propia”, gran parte de los excesos de liquidez se canalizaron al mercado hipotecario e inmobiliario de EE.UU. Allí los inversores encontraron mayores rendimientos prestándole a cualquiera para que compre viviendas; pero en todos los mercados de activos financieros se estaban gestando futuros estallidos que derivaron en la crisis del 2008.

Todos saben que si una persona organiza una fiesta y “tira la casa por la ventana”, de alguna forma deberá abonarla, ya sea al contado o en cuotas. Las mismas opciones de pago había para el ajuste necesario por la jarana monetaria de 2002-2008. Una alternativa era permitir una fuerte recesión, gran caída de los mercados y el nivel desempleo volando por las nubes. Una vez que esta debacle tocara fondo, la salida hubiera sido rápida.

La otra alternativa, que fue la que se eligió, implicaba moderar la merma del nivel de actividad y de los precios de los activos financieros con políticas monetarias y fiscales expansivas, para luego irlas desarmando en la medida que se produce la reactivación. Sin embargo, esto modera la recuperación y mantiene altos niveles de desocupación por largo tiempo. El problema es que, ahora, muchos reputados economistas y funcionarios dicen que con más desmadre de emisión y de gasto público se puede evitar pagar lo que está pendiente del ajuste. En Economía es celebre la frase: “No hay almuerzos gratis”.

Durante 2008-2009, la Fed aumentó pavorosamente la oferta de base monetaria. Mientras la gente tuvo miedo a la crisis, atesoró liquidez y evitó que el dólar perdiera valor. Sin embargo, en la medida que se recupera la confianza, los inversores buscan activos rentables y esos excedentes se vierten en los mercados. Con mayor razón cuando el Comité de Política de Mercado Abierto de la Fed les confirma que emitirá todo lo necesario para dinamizar la economía y, por ende, los mercados.

Aquí aparece otro problema, como son muy bajas las tasas de interés en los países desarrollados y todavía están pagando los costos de la crisis que los tuvo como protagonista, la plata busca las economías emergentes donde los rendimientos son mucho más altos. Esto está formando burbujas en los mercados de activos financieros de las naciones en vías de desarrollo y debilita el esfuerzo de la Reserva Federal por dinamizar el nivel de actividad de EE.UU. Si esta estrategia continúa, habrá una nueva crisis que tendrá como epicentro a las naciones en desarrollo; lo cual implicará altísimos costos sociales y económicos para las que no lo prevean.

Va a ser difícil que alguien zafe del impacto de este potencial futuro estallido. Sin embargo, hay algunas formas de minimizar el daño. Una de esas vías es dejando que el dólar caiga en el mercado doméstico, para evitar una mayor inflación y moderar la burbuja local. El otro sistema es comprando divisas con ahorro fiscal; ya sea para atesorarlas en un Fondo de Estabilización para enfrentar la futura crisis o cancelar deuda pública. También, ayuda el incrementar las exigencias de liquidez y capital del sistema financiero para fortalecerlo ante el futuro impacto de la reversión de tan favorable escenario. Por último, se recomienda tomar medidas normativas, tributarias y de inversión en infraestructura que permitan ganar eficiencia al sector exportador.

En la Argentina, venimos depreciando nuestra moneda más que lo que cae el dólar; por lo que “inflacionamos” la economía local. En tanto, el gobierno gasta a más no poder sus propios recursos y los que obtiene de las transferencias de reservas y otros fondos del Banco Central. Además, la autoridad monetaria fomenta el crédito bancario al sector privado y los sectores exportadores se ven acosados por impuestos y restricciones comerciales. La perspectiva es que esto no se modifique, sino que se profundice; ya que los funcionarios responsables del tema han confirmado el actual rumbo de la política fiscal y monetaria, a lo que hay que sumarle la aceleración que le dará el contexto electoral en 2011. Los argentinos deberíamos rezar para que prime la cordura en las decisiones de la Reserva Federal; porque por acá difícilmente la encontremos y, si estalla una nueva burbuja, pagaremos un altísimo costo social y económico.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

La inflación es un impuesto sin legislaciónMilton Friedman

Aún a riesgo de resultar reiterativos nos vemos en la necesidad de volver sobre la cuestión de la inflación. En este caso a raíz de las nuevas declaraciones que se conocieron de parte del ministro de Economía de la Nación.

El citado funcionario prefirió referirse a la gran dispersión de precios existente, al tiempo que recomendó a la población efectuar sus compras en el Mercado Central, ubicado en la localidad de Tapiales, en la Provincia de Buenos Aires, que tiene precios claritos y que se mantienen, afirmó.

Esta recomendación recordó a muchos los dichos de la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Lita de Lázzari, y su recurrente latiguillo: camine señora. Diríase que ésta afirmación fue tomada con sorna una vez más, porque siempre generó burlas y chistes cuando la señora de Lázzari lo decía en su programa de televisión.

Los dichos del ministro se corresponden con los avisos publicitarios aparecidos en los últimos tiempos en diversos medios, en los que se listan precios de algunos productos cuyos valores son, verdaderamente, más que convenientes con relación a los que podemos encontrar en los negocios cercanos a nuestros domicilios.

Por diversas razones, especialmente porque se trata de un mercado concentrador al cual deben convergir no pocas mercaderías de consumo cotidiano para su distribución, se genera en ese lugar una gran competencia, que es, en verdad, la negada madre de todas las batallas en materia de precios. Algo le queda al ministro Boudou de su paso por la universidad del C.E.M.A., reconocida por su pensamiento liberal y de la cual forman parte economistas como Carlos Rodríguez o Roque Fernández.

Pero la pretensión de que el país entero se dirija al Mercado Central a comprar frutas y verduras es realmente inconsistente, por no decir que directamente absurda.

El funcionario pretende, con esa recomendación, resolver el problema que representa lo que él llama dispersión de precios, que equivale a decir, entendemos, que los precios son sumamente diversos y requieren, justamente, de caminar bastante para encontrar los mejores.

Por supuesto que es necesario, y muchos de nosotros lo hacemos, eso de buscar precio, especialmente cuando se trata de adquirir algún producto de cierto valor, pero no sólo eso. También es común que las amas de casa, y en general toda la población, busquen ofertas o días de descuento en supermercados y tiendas.

El punto a dilucidar es precisamente por qué razón se produce tal dispersión de precios. El ministro no lo ha dicho, que sepamos. Prefirió referirse una vez más al hecho de que son los empresarios (una especie de casta maléfica, digamos) quienes suben los precios, y es el gobierno el que acude allí donde los aumentos se producen para tratar de resolver el problema. El proverbial Estado que todo lo puede y todo lo resuelve, caso contrario el mundo sería inviable.

Aparte de que al gobierno le va bastante mal en este curioso menester, a juzgar por los resultados, no es correcta la afirmación de que él no aumenta los precios. Basta ver lo que ocurre con las novedades impositivas que recibimos todos los días para comprobarlo. Y ni qué hablar de preguntarle a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires respecto del impuestazo que acaba de producirse en el impuesto inmobiliario o el llamado impuesto a la herencia.

La inflación es un fenómeno monetario y se produce por la expansión de moneda sin el correlato del aumento de la producción de bienes y servicios. Si el PBI crece al 8 o 9% anual y la expansión de moneda alcanza al 30 o 35%, está claro dónde está el problema.

La dispersión tiene un solo origen: la falta de certeza sobre el valor de la unidad de cuenta; esto es: del peso.

En condiciones normales, es decir cuando la inflación prácticamente no existe, los precios de bienes y servicios son masivamente conocidos. Es decir que la población sabe en general lo que cuesta cada cosa, excepto que se trate de elementos muy específicos y de poco uso corriente. Por ejemplo: todo el mundo sabe lo que cuesta una gaseosa o un par de zapatillas, pero tal vez nadie sepa lo que cuesta una arandela o un grifo. En esa situación, la gente no necesita caminar tanto. Cuando alguien le pide un precio por encima del que conoce, no tiene más que ir al negocio de al lado o de la otra cuadra.

Pero cuando el proceso inflacionario se agrava, los precios suben en conjunto en toda la economía, pero no lo hacen todos en todo lugar al mismo tiempo. Entonces la gente empieza a perder noción de lo que valen la mayoría de las cosas. Así las cosas, si en condiciones de estabilidad no sabemos lo que cuesta una canilla o un repuesto para el auto, en inflación se pierde la noción de lo que puede costar aquello más común y corriente (pan, galletitas, gaseosas, fideos, frutas). De allí la dispersión.

Los bienes y servicios cada vez más dejan de tener un precio conocido, para decirlo en otras palabras. Y ello ocurre porque la moneda es inestable y poco confiable. Y eso, estimado ministro, no es culpa de los empresarios, sino de los fabricantes de moneda, es decir: del gobierno.

La inconsistencia de enviar a 40 millones de personas a comprar al Mercado Central es tan ridícula que no merece siquiera una mención. En su momento nos referimos tangencialmente a la publicidad que comentamos más arriba, que resulta a todas luces tan absurda que la persistencia en la afirmación es realmente inadmisible.

Boudou no habla porque sí, sin embargo. Reproduce el discurso oficial. Discurso que no es nuevo y que al menos en la Argentina tiene varias décadas: la culpa es de los empresarios, que en épocas de estabilidad decidieron portarse bien pero ahora tienen actitudes destituyentes y de pillos. La moneda argentina ha perdido 13 ceros desde 1969 hasta hoy, y para estos funcionarios ello se debe a comerciantes inescrupulosos y no a la Casa de Moneda y a la política monetaria del Banco Central.

Claro, no creemos que el ministro, que es licenciado en economía, desconozca el problema. Porque además no se trata de una cuestión que requiera largos años de estudios y análisis matemáticos, sino que se trata de un dato básico.

Así las cosas, la inflación pretende ser negada por este gobierno. Pero en gobiernos anteriores se hacían engañifas de diverso calibre para intentar disimularla. Desde los índices de precios descarnados (neologismo referido al hecho de excluir la carne en el cálculo) hasta la mentira de los índices provisorios que luego se corregían siempre de manera favorable para quela tasa del mes siguiente reflejara un salto menor. Éste último mecanismo produjo graves perjuicios a los acreedores, especialmente en tiempos de la hiperinflación.

Obsérvese sin embargo que la tasa de inflación reconocida por un INDEC francamente politizado e inútil, es de un 10% anual aproximadamente. Y aún esa tasa es enorme. Supera largamente a la de Brasil, por ejemplo, donde la flamante presidenta está intentando impedir que en ese país el flagelo inflacionario pase del 4 o el 5% anual. El presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo pretendía aprobar para este año incluía una tasa de inflación del 8%, que es una especie de certificación de que al menos ese porcentaje está asegurado.

La inflación es la fuente de financiamiento del gobierno. Es la estafa institucionalizada por la cual el Estado emite moneda devaluando la que tenemos en nuestros bolsillos. Es la entronizadora de la pobreza. Y es culpa de los gobernantes y no de la población, empresaria o no.

La verdadera forma de que los precios suban es que suba más la cantidad de moneda circulante que la cantidad de bienes y servicios. Existen otros factores que operan en la misma dirección, por ejemplo el llamado outside credit, que es el crédito incremental producto de la emisión y que hace que quienes lo obtienen gasten más pero no a cuenta de que otros (los prestamistas) gasten menos. Esto también es consecuencia de la expansión monetaria. La responsabilidad de que esto ocurra es del gobierno, y de nadie más.

Recordamos entonces, para terminar, que un peso actual equivale a 10.000.000.000.000 (diez billones) de pesos moneda nacional de 1969. A su vez, para adquirir un dólar se requieren 4 pesos, es decir 40 billones de pesos moneda nacional. Culpar de esto a “los empresarios” es, diríase, bastante más que un absurdo. Y no sólo por la generalización en que se incurre, sino por la increíble capacidad de negación que lleva al ministro de economía a evitar el uso del término “inflación”. De eso no se habla, podría decirse.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 27 de enero de 2011

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