Coyuntura Argentina

El modelo inflacionario sigue incólume dentro de la línea política de un gobierno que no lo ve como un problema, sino como una solución a sus problemas de financiamiento.

La inflación es un fenómeno monetario y por lo tanto es responsabilidad de quien autoriza o avala la emisión de moneda antes que de nadie más. En una economía de trueque la inflación es una entelequia.

En estos últimos días hemos asistido a declaraciones del más variado tono de parte de especialistas y de funcionarios del gobierno, entre las que se destacan las dichas por la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Tomamos pues éstas en particular para basar la trama argumental que sigue.

Dijo esta funcionaria: Los que dicen que comprando los dólares que sobran en el mercado estamos generando inflación, atentan directamente contra la política de tipo de cambio real, y, a través de ella, contra el desarrollo de la industria, el despliegue del mercado interno y el aumento del empleo .

Empecemos por decir que no parecen declaraciones propias de un presidente del Banco Central, sino más bien las de un secretario de industria o cosa por el estilo. Esto, que parece una simple formalidad, no deja de ser un síntoma, porque el Banco Central no está para manejar el desarrollo de la industria, sino para preservar el valor de la moneda. Por otra parte, hay secretario de industria. Pero veamos.

El Estado argentino compra los dólares no porque sobran, sino porque todo exportador debe liquidar obligatoriamente sus divisas, y hacerlo al cambio digitado monetariamente por el gobierno. Esto como punto de partida.

Podemos reiterar acá las consecuencias de la emisión de moneda para adquirir dólares a un precio mayor que el de mercado mediante la emisión de moneda espuria, que es lo que posibilita la falsa idea de que existe un superávit fiscal primario que luego se consume en gasto corriente, obra pública o subsidios y no se destina, como correspondería, a adquirir divisas para pagar las obligaciones de la deuda.

La inflación se genera por comprar dólares a 4 pesos cuando la propia funcionaria nombrada ha dicho que sin la intervención estatal el billete verde caería a $ 2,80 por unidad. Con lo cual está diciéndonos que no solamente se emiten esos $2,80 para adquirirlo, sino que además se emiten $ 1,20 más. Como se sabe, luego el propio Banco Central seca la plaza recurriendo a la emisión de títulos (Lebacs y Nobacs) por los que paga un interés, todo lo cual aumenta la deuda pública.

Hemos señalado muchas veces que la competitividad no se genera con artilugios monetarios, sino con ordenamiento y eficiencia del gasto público y privado, con buenas administraciones y con tecnología de punta. En otras palabras, es bajando costos como mejora la eficiencia, no inflando artificialmente el valor de la moneda norteamericana. La postergadísima reforma del Estado duerme el sueño de los justos.

La política económica seguida en estos últimos años fue llamada en su momento modelo industrialista precisamente por hacer hincapié en el mismo punto que señala esta señora. Así las cosas, mientras esa industria comercializa sus productos al exterior con un dólar de $ 4.- un productor de soja, de trigo o de maíz apenas si sobrepasa la mitad de ese valor. Esto viene ocurriendo en los últimos años. Es decir, una impresionante transferencia de ingresos del sector agropecuario al sector industrial con el ánimo de industrializar el país, si pensamos que existe buena fe, desde ya. Esta misma política fue seguida con algunas diferencias luego de la segunda guerra mundial por el creador del movimiento hoy gobernante: Juan Perón. Y luego continuada por casi todos los gobiernos posteriores, civiles y militares.

Pero ¿qué pasa que la industrialización nunca termina de concretarse y hoy más que nunca dependemos de las exportaciones de soja para hacernos de divisas? Pasa que la industria nacional no tiene incentivos para mejorar su tecnología porque prácticamente no tiene competencia externa, excepto aquella que proviene de determinados vínculos comerciales y con un montón de restricciones surgidas de la todopoderosa secretaría de comercio.

La industria en la Argentina sigue siendo escasa, mala y cara, tanto como lo era hace 40 o 50 años. Y la tecnología ni hablar. Una computadora o un celular de última generación cuesta en el país el triple o el cuádruple de le cuesta en Miami, cuando el ingreso promedio per cápita argentino es misérrimo si pretendemos compararlo con el estadounidense. Este panorama baja el nivel de vida de la población, incrementa el percentil de pobreza, y contribuye a la mala distribución de la riqueza, que tanto parece preocupar a nuestros actuales gobernantes.

Las consecuencias de esta política están a la vista: inflación creciente, pobreza anquilosada, intervención cada día más agobiante de parte de funcionarios que aparecen como santos salvadores metiéndose en cada rincón de nuestra economía para otorgarnos subsidios, planes, créditos, cuotas, cupos, tipos, modos, calidades, cantidades, aguinaldos, bonificaciones, recuperos, préstamos sin interés y toda la parafernalia discursiva que cualquiera puede conocer y ampliar tanto como quiera no ya desde el famoso buscador de Google, sino ingresando en las páginas oficiales de cuanto ministerio o secretaría se le ocurra. El mundo parece que no funcionaría si no fuera por las bondades de la presidenta de la república y su séquito progresista .

Siguiendo con el problema de las divisas, es sabido que las trabas puestas por el gobierno a la compra de moneda extranjera son innumerables. Desde ridículos topes mensuales hasta obligaciones tales como contar con cuentas bancarias, información a suministrar de la AFIP y a la AFIP, documentos, papeles y justificaciones de diversa índole. Obligaciones que en condiciones normales no se exigen para comprar ninguna otra cosa. Y que por supuesto muestran a las claras que más allá de pretender controlar evasiones tributarias y cosas así, como tanto se reitera en el discurso oficial, la verdad es que lo que se intenta es desalentar la adquisición de divisas. Lo cual sumado a la obligación de vender las provenientes del comercio exterior, aumenta el volumen a adquirir por el Banco Central al que se refiere la funcionaria de las declaraciones que estamos comentando. Ello aparte de generar el mercado negro de divisas, hoy denominado blue .

Ahora bien, la inflación que todo esto produce le sirve al gobierno para financiar el gasto. Las tasas de interés son marcadamente negativas en la Argentina, y las altas tasas de inflación provocan un incremento notabilísimo en la recaudación fiscal (del orden del 40% anual), al tiempo que licuan los pasivos oficiales en moneda local.

Los subsidios y planes de ayuda, completan el cuadro de situación. El relato oficial es que no hay inflación o es muy baja, y si la hay es por culpa de productores y comerciantes inescrupulosos o destituyentes , y los funcionarios se encargan de paliar los efectos de tanta perversión mediante el recurso de ayudar a los no incluidos . Al mismo tiempo, ni subsidios ni ayudas se cuentan a la hora de determinar los precios con los que se mide la inflación, y no sólo en el devaluado INDEC, sino también en las mediciones de consultoras privadas. Lo cual equivale a decir que aún las mejor intencionadas mediciones de la inflación real adolecen de serias deficiencias.

El gobierno argentino ha venido negando la inflación casi desde sus inicios. La intervención del INDEC ocurrió a fines de 2006, pero ya antes había serios indicios, con controles de precios (que se camuflaban como acuerdos ), retenciones selectivas a la exportación para castigar a productores díscolos, y otras lindezas, entonces a cargo del Dr. Roberto Lavagna.

Las restricciones a las importaciones posibilitan además, el encarecimiento de los productos locales, y la merma de la calidad. Una verdadera pintura del atraso, no del progreso.

Lo que cabe preguntarse a estas alturas es por qué la economía sigue creciendo. Y es obvio que lo hace porque el mercado internacional es altamente favorable en materia de precios para aquello que la Argentina produce más fácilmente y con mayor productividad: la producción primaria.

Así y todo, el intervencionismo a la violeta de la secretaría de comercio ha dejado maltrechos a varios sectores productivos, tales como el cárnico o incluso el triguero. Con resultados deplorables que no parece que estuviera dispuesto a asumir el gobierno. Baste decir que el pan ha trepado a $ 8.- el kg cuando se esperaba que no superara los $ 2,50. Y ni hablar de la carne vacuna, cuyos valores se han disparado hasta el punto de superar los precios en varios de los cortes a los vigentes en el Uruguay, por ejemplo, cuya política fue la de ocupar los mercados internacionales abandonados por la Argentina.

El atraso en materia energética es otra realidad industrial que la señora Marcó del Pont dice estar favoreciendo con ésta política. La falta de exploración y la reticencia a explotar hidrocarburos es una realidad. Como también lo es la creciente necesidad de importar combustibles líquidos, gas y electricidad. Y por más que un ministro salga a colocar multas por deficiencias en el servicio eléctrico en momentos de altísimas temperaturas, lo cierto es que todo el mundo sabe que el mantenimiento ha mermado de manera segura y seguida. Y que las razones de tal merma hay que buscarlas en la penosa política tarifaria seguida. Al punto que en el caso de las naftas ha debido liberarse el mercado luego del inconcebible techo impuesto en el mes de agosto pasado por la secretaría de comercio.

No existe hoy otra posibilidad que la de esperar una inflación promedio del 30 o 35% para el año 2011, con una creciente marginalidad y con la sensación de que todas las ayudas y subsidios no alcanzarán a resolver nada. Es que efectivamente no alcanzarán. Apenas serán un paliativo que además surtirá efectos en el año electoral que ha comenzado.

Mientras tanto, el sostenimiento del tipo de cambio mediante los ardides explicados más arriba, no hace sino exacerbar la inflación de manera de retrasarlo progresivamente, al tiempo que se incrementan los costos de producción en dólares y se reza para que esa moneda pierda valor en el mundo.

No sabemos qué cuentas hizo la señora Marcó del Pont para afirmar que el dólar caería a $ 2,80 si el Central no compra a $ 4.- Pero esta afirmación conlleva el surrealismo de seguir comprando luego de 7 años, muy caro aquello que podría comprarse más barato, lo cual, aparte de ser un absurdo, no es gratis. Porque las consecuencias inflacionarias y la pobreza consecuente son una realidad.

Baste decir que si verdaderamente el Estado dejara de seguir esta política monetaria, la divisa caería primero, pero la demanda para adquirir bienes importados provocaría en muy cortísimo plazo la suba en el valor. Por otro lado, los exportadores conservarían sus divisas sin venderlas esperando mejores precios, y los compradores de divisas, se apurarían a adquirirlas antes de que suban. Es decir, funcionaría el mercado. Palabra que como sabemos no existe en el vocabulario de ambas presidentas, la del Banco Central y la de la República Argentina.

Buenos Aires, 16 de enero de 2011 HÉCTOR BLAS TRILLO

www.hectortrillo.com.ar

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

A veces, algunos proyectos legislativos que “suenan” atractivos terminan teniendo un impacto diferente al buscado por los parlamentarios. Por ello, conviene evaluar dos propuestas legislativas que, hoy, se están discutiendo. Una, la que busca obligar a las empresas que tienen más de 300 trabajadores, a repartir parte de sus utilidades entre sus empleados, como base para mejorar la “justicia distributiva”.

Para producir algo se necesita trabajo; pero también otros factores de producción. Por ejemplo, la tierra o el capital físico o monetario, que no es más que el fruto del trabajo que alguien ahorró, o el humano (tiempo y esfuerzo invertido en capacitación) o la tecnología (en cuya gestación intervino el tiempo, el conocimiento y/o el dinero). Todos ellos tienen una remuneración de mercado; pero, hasta acá, no tenemos asegurada ninguna actividad productiva que sea sustentable. Falta alguien, el empresario, que tenga la habilidad de identificar una necesidad de sus prójimos y, organizando los otros factores de producción, la satisfaga a un precio que los demandantes estén dispuestos a pagar, obteniendo, además, una recompensa (ganancia) por su tarea y asumiendo el riesgo de que algún error o contingencia diluya su esfuerzo y dinero invertido.

No cualquiera puede ser un emprendedor; ya que demanda una combinación de visión, capacidad y audacia que es escasa. Por ello, un sistema económico eficiente debe remunerarlos bien, para incentivarlos a satisfacer las necesidades de sus prójimos y, además, crear puestos de trabajo para aquellos que no tienen esa vocación.

Cuando alguien invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en gestar una empresa, lo hizo para obtener una ganancia; la cual fue mayor o menor según la habilidad de dicho emprendedor. Ese flujo de rendimientos esperados determina el valor de la compañía. Por lo tanto, si un legislador o funcionario lo obliga a compartir parte de sus beneficios con los trabajadores, le está confiscando un pedazo del valor creado; ya que su precio disminuirá al restarle al flujo de rendimientos esperados lo que, en adelante, se les transferirá a los empleados.

Si los emprendedores, locales o extranjeros, que están ya trabajando en la Argentina y los que están evaluando hacerlo, observan que aquí se les puede sacar parte de lo que les pertenece, asumirán que aumentó el riesgo de poder hacerse del fruto de sus esfuerzos. Por ende, habrá menos inversión, será menor la riqueza a repartir, se crearán menos puestos de trabajo y el nivel de bienestar de todos los argentinos será más bajo. Lo más grave es que no solamente la “torta” será más chica; sino que, para que algunos pocos empresarios se arriesguen a colocar su tiempo y dinero en la Argentina, habrá que tentarlos con una mayor tasa de ganancia o sea con una “porción mayor” de ella. Es decir, a la larga, tendremos una peor distribución del ingreso. Justo lo contrario que quieren obtener quiénes defienden este absurdo proyecto.

Preocupados por la escasez de crédito bancario en la Argentina, otros legisladores han propuesto reformar la Ley que rige al sistema financiero, definiéndolo como servicio público, incrementando la posibilidad de intervención de los gobiernos. Es evidente que tienen un diagnóstico equivocado; ya que para poder dar préstamos, los bancos necesitan captar depósitos.

Lamentablemente, los argentinos no estamos dispuestos a confiar nuestros ahorros a las entidades financieras; ya que a) las bajas tasas de interés respecto a la alta inflación los termina licuando; y b) en el pasado, algunos gobiernos se apropiaron de los ahorros bancarios para financiar gasto público (ej. Plan Bonex´89) o subsidiar a algunos sectores endeudados (ej, quienes debían dólares que fueron “pesificados”, 2002).

Conclusión, en la Argentina nadie quiere poner el fruto de su trabajo al alcance de una nueva confiscación y, como solución, estos legisladores proponen darle al Estado un mayor manejo de los recursos provenientes de los depósitos. Si se sanciona la reforma propuesta, no solamente es esperable que no aumente la predisposición a ahorrar en el sistema financiero local, sino que debería disminuir; por lo que la disponibilidad de crédito bancario será menor.

Los argentinos y nuestros representantes deberíamos dejar de buscar soluciones milagrosas y confiar más en el respeto de los derechos y la consolidación de las instituciones como forma de canalizar el trabajo y la creatividad hacia la construcción de un mayor bienestar general para todos

LA CONFUSIÓN PRESIDENCIAL

"La primera economía del mundo acaba de transferir a su propio gobierno 600 mil millones de dólares. ¿Qué dicen ahora los loros que siempre repiten recetas?" Cristina F. de Kirchner en Berazategui 4/11/10

Empezaremos estas líneas haciendo mención al hecho de que tenemos bien en claro lo que es un discurso de barricada. Conocemos de sobra el estilo de la presidenta de la Nación y también el de su difunto esposo. Sabemos muy bien que para el público que asiste a los actos en los que se reparte algún tipo de beneficio va allí para aplaudir y vitorear. Todo esto es archiconocido no sólo por nosotros, sino también por la inmensa mayoría de quienes nos leen.

Pero no podemos dejar de desmenuzar algunos párrafos de la señora presidenta en su discurso de celebración del cincuentenario de la fundación de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

El párrafo con el que comenzamos este comentario encierra unas cuantas falacias, pese a su brevedad. Y ello sin dejar de considerar una vez más el insulto innecesario, insulto que dio motivo a que alguien del público gritara “gorilas”, a lo que la presidenta respondió algo así como que los chimpancés son más simpáticos, aunque los loros también...pero repiten sin saber lo que dicen.

Obviamente la alusión vino a cuento de lo ocurrido a fines del año pasado con respecto al decreto de necesidad y urgencia para el uso de reservas del Banco Central, hecho que todos recordamos y que motivó el ilegal pedido de renuncia del presidente de dicha entidad. Como alusión es impactante por lo ofensiva, pero vacía de contenido se la trasladamos al plano técnico, legal e incluso discursivo.

De movida nomás hay que decir que la Reserva Federal de los EEUU no transfirió 600.000 millones de dólares al gobierno de ese país, sino que anunció un plan para transferir de manera progresiva y a lo largo de varios meses una suma de dinero que podría llegar a alcanzar esa cifra. El objetivo de dicha medida es la compra de bonos del tesoro y títulos de deuda en poder de entidades financieras con el objeto de aumentar la liquidez e intentar favorecer la inversión debido al bajo costo del dinero. Objetivo que se lograría entre otras cosas porque semejante inyección provocaría una baja en el valor de dólar con relación a las demás monedas.

Debemos resumir entonces lo ocurrido entre nosotros, y especialmente los motivos, porque he aquí el quid de la cuestión.

El Poder Ejecutivo dictó un DNU solicitando las reservas del Banco Central por un monto cercano a los 7.000 millones de dólares para hacer frente a pagos de la deuda externa. Tal DNU fue firmado y publicado apenas 3 o 4 días después de finalizar el período ordinario de sesiones del Congreso y sin que la presidenta de la Nación convocara a Sesiones Extraordinarias. Además, el grueso de los vencimientos de la deuda se producirían en el mes de agosto, por lo cual resultaba cuando menos extemporánea la premura.

Todo lo que ocurrió después está muy fresco en la memoria de todos nosotros, pero es interesante destacar por qué motivo la mayoría de los profesionales de la economía se oponían, en términos técnicos(es decir, más allá de la legalidad de un DNU dictado en esas condiciones), a semejante medida.

El argumento básico era que la utilización de reservas disminuye el activo del Banco Central, que es primordial para conservar el valor de la moneda. A su vez, la conservación del valor de la moneda, es una de las razones de ser del Banco Central, según la propia Carta Orgánica.

El argumento esgrimido por el oficialismo, en lo que se refiere exclusivamente al uso de reservas y dejando de lado el resto del aspecto legal, es que el uso de las mismas que hace que la Argentina sirve para cumplir sus compromisos sin tener que endeudarse a tasas elevadas, mientras que si no se utilizan se quedan allí percibiendo un mínimo interés por su colocación.

Hay que decir que el grueso de las reservas del Banco Central provienen de la balanza comercial favorable al país, es decir del hecho de que se exporta más de lo que se importa. Y como los exportadores tienen la obligación de vender las divisas el Banco Central las adquiere. Cómo las adquiere: en un altísimo porcentaje mediante la emisión de moneda. Posteriormente, como tal emisión genera evidentes impulsos inflacionarios, el propio Banco neutraliza el efecto emitiendo títulos de deuda (Lebacs, Nobacs) con los que retira de circulación esos pesos emitidos para comprar las divisas, y comprometiéndose al pago de una tasa de interés que, según las épocas y plazos, puede llegar a superar el 15% en dólares.

En otras palabras, no es que se cancela deuda mediante divisas propias, sino que tales divisas no son propias, sino “prestadas”, y la contraprestación son los títulos de deuda mencionados o los billetes circulantes. Al momento de escribir éstas líneas, el monto de Lebacs en circulación asciende a $ 56.477,12 millones de pesos, y de Nobacs $ 16.256,34 millones. Esto es: alrededor de 18.740 millones de dólares. Los pesos emitidos siempre son pasivo para el Banco Central, cuando se retiran de circulación mediante la emisión de bonos, se convierten en pasivo remunerado.

De principios de este año hasta ahora, el valor de la moneda cayó casi un 25%. Y si consideramos la canasta básica alimentaria, tal pérdida llega al 40% en apenas 10 meses según cálculos que consideramos serios.

Y justamente eso es lo que decían los “loros” que ocurriría. Empezando por el mismísimo Martín Redrado, que se cansó de repetir este concepto. No importa tanto acá si Redrado o cualquiera otro resulte simpático o sincero o mejor o peor técnico o lo que sea. Sí importa decir que el argumento en este caso es irrefutable: si nos quedamos sin el activo que sostiene los pesos, estos pierden su valor. Y el tema del excedente de divisas por sobre el circulante, es un sofisma porque la verdad es que siempre existe una explicación lógica para su existencia. Porque no es posible que Banco Central tenga dólares sin haberlos adquirido.

Ahora bien, el gobierno norteamericano tiene como uno de los objetivos por los cuales decide emitir moneda, justamente la pérdida de valor de la misma, para poder resultar competitivo en el mundo y mejorar su situación económica. Pero el gobierno argentino no tiene ese objetivo, y no lo tenía cuando decidió apropiarse de las reservas y destinarlas al pago de la deuda.

Por lo tanto no se trata de que los economistas repiten como “loros” semejante cosa sin saber lo que dicen, sino que semejante cosa es cierta.

Dejando de lado, insistimos, el tono agresivo e insultador utilizado por la presidenta, lo cierto es que acaba de incurrir en un nuevo sofisma, posiblemente como producto de su ignorancia sobre el tema. Ella no es economista, como no lo era su marido. Y hace apenas unos días la señora dijo públicamente que menos mal que ella y su esposo no habían dejado la economía en manos de los economistas, que es más o menos como decir que menos mal que no dejamos la cirugía en manos de los cirujanos. Hay comentarios que definen por sí solos el grado de seguridad jurídica que puede llegar a existir en la Argentina, entre tantas otras cosas.

La presidenta no muestra su mejor perfil al insultar a quienes no coinciden con su modo de ver, sino que además una profesional del asunto, y por lo tanto puede fallar, como decía Tusam. Y falló. Y confundió aserrín con pan rallado, recordando a un viejo profesor de matemática que teníamos en el secundario.

La economía está definida como una ciencia social, es decir que no es considerada una ciencia exacta. Y por lo tanto está sujeta al imponderable comportamiento humano. Cualquier pronóstico puede resultar equivocado si en el medio ocurre un atentado como el de las Torres Gemelas, por citar un ejemplo. Pero hay algo en lo que seguramente jamás fallará: la inflación es un fenómeno monetario, solamente existe cuando existe moneda de cambio. Es imposible que haya inflación en una economía de trueque. El manejo del valor de la moneda es siempre responsabilidad del poder político, porque es quien tiene el monopolio de la emisión. Y por lo tanto si en la Argentina tenemos inflación es por culpa del manejo monetario, en el que tiene gran injerencia el Banco Central de la República Argentina, sea quien fuere su presidente.

Nos quedamos entonces con una explicación que no es tal: los economistas no sirven para nada y repiten como loros. Y con una verdad de Perogrullo: la moneda se desvaloriza cuando se la emite sin respaldo. Acá y en los EEUU. La diferencia es que ellos la emiten con ese fin. Y nosotros no.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Publicado en Ambito Financiero el 11/10/2010

En el Congreso, se ha presentado un proyecto para obligar, a las empresas que tienen más de 300 trabajadores, a repartir parte de sus utilidades entre sus empleados. Si bien parece una propuesta que hace a la “justicia distributiva”, esta percepción es engañosa.

Por lo visto, ha calado hondo en muchos políticos e intelectuales el concepto de plusvalía, que se basa en que lo único que puede crear valor es el trabajo que hace el obrero. Entonces, la ganancia empresaria tiene que ser una detracción de lo que el trabajador ha generado. Suena bonito, pero no tiene sustento en la realidad; ya que se olvidaron que la mayoría de los emprendimientos fracasan. ¿Eso quiere decir que esos empresarios no supieron explotar a sus empleados? No. Significa que no tuvieron la habilidad para generar valor y, por ende, su actividad dio pérdida.

Para producir algo se necesita trabajo; pero también otros factores de producción. Por ejemplo, la tierra o el capital físico o monetario, que no es más que el fruto del trabajo que alguien ahorró, o el humano (tiempo y esfuerzo invertido en capacitación) o la tecnología (en cuya gestación intervino el tiempo, el conocimiento y/o el dinero). Todos ellos tienen una remuneración de mercado; pero, hasta acá, no tenemos asegurada ninguna actividad productiva que sea sustentable.

Por lo tanto, se necesita alguien, el empresario, que tenga la habilidad de ver una necesidad de sus prójimos y sepa sumar los otros factores de producción de tal forma de satisfacerla a un precio que los demandantes estén dispuestos a pagar, permitiéndole, además, obtener una recompensa (ganancia) por su tarea y asumiendo el riesgo de que algún error o contingencia diluya su esfuerzo y dinero invertido. Sería muy necio pensar que esto no implicó trabajo y no generó valor para la sociedad.

No cualquiera puede ser empresario; ya que demanda una combinación de visión, capacidad y audacia que es escasa. Sin embargo, para el progreso económico de una sociedad es fundamental que existan individuos con dichas aptitudes. Cualquiera sabe que lo que es escaso y necesario, tiene un precio alto. Así, llegamos a la conclusión de que los empresarios generan un alto valor para sociedad y que un sistema económico eficiente debe remunerarlos bien para incentivarlos a satisfacer las necesidades de sus prójimos y, además, crear puestos de trabajo para los que no tienen esa vocación.

Cuando alguien invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en gestar una empresa, lo hizo para obtener una determinada ganancia; la cual fue mayor o menor según la habilidad de dicho emprendedor. Ese flujo de rendimientos esperados determina el valor de la empresa.

Si un legislador o funcionario obliga a una empresa a compartir sus ganancias con los trabajadores está confiscando parte del valor de la compañía; ya que, para ponerle un precio, habrá que restarle al flujo de rendimientos esperados lo que, en adelante, se les transferirá a los empleados. Según nuestra Constitución Nacional ni el PEN ni el Congreso pueden confiscar a un sector de la población para subsidiar a otro; aunque la Argentina tenga una larga tradición en este sentido. Por lo tanto, el Estado o los trabajadores deberían pagarles a los accionistas por esa participación en los beneficios; por lo menos a aquellos que ya han invertido. Es cierto que, si se aplicara para las nuevas empresas, no existiría este impedimento; ya que sus dueños tomarían la decisión sabiendo este nuevo requisito, lo que lo transformaría en una suerte de tributo.

Si los emprendedores, locales o extranjeros, que están ya trabajando en la Argentina y los que están evaluando hacerlo, observan que aquí se les puede sacar parte de lo que les pertenece, asumirán que ha aumentado la incertidumbre de hacerse de las futuras ganancias de su inversión. Por lo tanto, el valor esperado del fruto de su esfuerzo y dinero disminuirá, no sólo por el monto que se deba transferir a los empleados, sino también por el aumento del riesgo de que lo vuelvan a confiscar.

Conclusión, Como habrá menos inversión, será menor la riqueza a repartir, se crearán menos puestos de trabajo y el nivel de bienestar de todos los argentinos será más bajo. Lo más grave es que no solamente la “torta” será más chica; sino que, para incentivar a los pocos empresarios que se arriesguen a colocar su dinero en la Argentina, habrá que darles una “porción mayor”, o sea mayores tasas de rendimiento. Es decir, a la larga, tendremos una peor distribución del ingreso. Justo lo contrario que quieren obtener quiénes defienden este absurdo proyecto.

Esperemos que, entre nuestros legisladores, prime la cordura y no la demagogia, para que no terminen repartiendo pobreza.

La expansión del gasto que se produce como consecuencia de la emisión de moneda espuria, o lo que es equivalente la emisión de moneda para mantener un tipo de cambio por encima del de mercado, no puede ser sino inflacionaria

Algunos Antecedentes

Se diga lo que se dijere, el proceso inflacionario se reanudó en la Argentina a partir del momento en que el gobierno del Dr. Duhalde resolvió aplicar una política de cambio alto con el objeto de tornar competitivo al mercado argentino en el concierto internacional. Esta política fue apoyada incondicionalmente por cámaras empresarias, como la UIA, y también por instituciones que aglutinan a productores agropecuarios.

La sola idea de suponer que mediante un artilugio monetario la Argentina pasaría a ser un país en crecimiento y con altas perspectivas de desarrollo resulta cuando menos simplista y apresurada. Los efectos de la emisión de moneda para sostener un tipo de cambio son desvastadores para el valor de esa moneda. Comprar más caro lo que puede comprarse más barato durante varios años (el dólar) mediante el recurso de emitir no puede resultar neutro bajo ningún punto de análisis al que queramos recurrir.

Lo cierto es que en este modelo se engacharon todos, incluyendo al propio Estado, que de esta manera pudo aplicar el gravosísimo impuesto a las exportaciones, denominado por una falla de origen: retenciones a tales exportaciones.

Mientras se salía de la recesión, el modelo no afectó mayormente a los precios, excepto el salto inicial producido por la estafa devaluatoria que dejó en la vía a todos quienes poseían alguna forma de moneda convertible de curso legal y que de un saque dejó de serlo. Una vez que la enorme capacidad ociosa originada en las enormes inversiones de los odiados años 90 comenzó a llenarse, los precios iniciaron la carrera ascendente.

Como se sabe, casi desde el comienzo del gobierno del Dr. Kirchner, siendo ministro el Dr. Lavagna, se afianzaron criterios de controles de precios denominados acuerdos , y se aplicaron y modificaron tasas de impuestos a las exportaciones que se modificaban para castigar o beneficiar a determinados sectores productivos primarios, en la medida en que acomodaran los precios a los intereses del Estado, y no de la realidad económica. Aquella famosa descripción de impuesto distorsivo y de corta vida aplicada por el propio gobierno a las retenciones a las exportaciones se convirtió de la noche a la mañana en una forma de obligar a los productores a bajar precios internos para no ser sancionados con mayores retenciones.

En 2006 aparecieron los permisos de exportación y la prohibición generalizada de exportaciones de carne. Ambas medidas, lo mismo que todos los controles en las empresas, manifiestamente inconstitucionales pero aceptadas en un contexto determinado de amplio silencio de parte de empresarios e incluso de medios de comunicación.

A todo esto, el sector industrial no sufría los embates de esta errática política intervencionista tendiente a paliar los efectos producidos por el impulso inflacionario que ella misma generaba. En efecto, la industria en general podía percibir los valores de sus exportaciones al valor inflado artificialmente del dólar, sin quita ni retención alguna.

Unos cuantos sostuvimos ya en aquellos años, que la situación no podría sostenerse indefinidamente, y que más temprano que tarde por algún lado reventaría.

Los precios internacionales de las materias primas fueron un factor relevante en este panorama. La Argentina se vio favorecida en el famoso tema de los términos del intercambio, echando por tierra la histórica teoría de que éstos siempre serían desfavorables para los países agroexportadores.

Efectivamente, los precios internacionales ayudaron sobremanera a una política económica que no tenía otro pilar que no sea el sostenimiento de un elevado gasto mediante el recurso de emitir moneda para comprar dólares caros y luego aplicar retenciones a las exportaciones para generar un superávit ficticio y luego salir a gastarlo en obra pública o subsidios.

Un Presente Brumoso

Lo que ha venido observándose en los últimos 4 años es una espiralización de la tasa de inflación que una y otra vez a tratado de paliarse mediante intervencionismos y arbitrariedades de todos conocidas. Ya a comienzos de 2007 se intervino el INDEC con el objeto de bajar los índices y no reconocer el fenómeno sino parcialmente.

Actualmente el tipo de cambio está atrasándose pese a que el Banco Central sigue comprando para no dejar que caiga. Esto no es un sofisma. Los exportadores están obligados a liquidar sus dólares y convertirlos en pesos, y luego, si quieren, podrán comprar con esos pesos los dólares que antes debieron vender, con ciertas limitaciones y topes. En una economía abierta probablemente muchos de esos dólares no ingresarían al circuito pesos, cayendo entonces drásticamente la oferta de dólares y por lo tanto neutralizando la emisión de moneda sin un mayor efecto en el tipo de cambio.

Ahora bien, por qué el dólar se atrasa. Los motivos son varios. Por un lado el Estado vende dólares aunque a veces pretende restringir la demanda mediante trabas burocráticas (topes, identificación del comprador, datos fiscales, etc.). Como al mismo tiempo los compra, puede vender al menos una buena parte sin mayores problemas. Y con ello impedir que el precio baje, pero también que el precio suba, como de hecho viene haciéndolo.

Es por lo tanto el propio Banco Central el que determina mediante este procedimiento cuál es el tipo de cambio que debe regir. Y lo hace con el objeto de mantenerlo más o menos estable y de ese modo intenta paliar artificialmente el impulso inflacionario de la inyección de moneda. El viejo truco del tipo de cambio que se atrasa para controlar así la tasa de inflación.

La pérdida de valor del dólar frente a otras monedas no es reflejada en absoluto por esta política, cosa que sí hace Brasil, por ejemplo. Por eso mejora el comercio exterior con Brasil, que acomoda el real al valor internacional relativo del dólar. En otras palabras: en Brasil si el dólar de deprecia en el mundo, también se deprecia en reales. En la Argentina no.

El anuncio de un tipo de cambio estable hace que la gente tienda a desprenderse de sus tenencias adquiriendo bienes tales como automóviles o departamentos con sus billetes ahorrados en el colchón.

También favorece las colocaciones en pesos porque cualquier tasa de interés es positiva en dólares. Y

las colocaciones ayudan a formar un fondo prestable para adquirir bienes tales como línea blanca, ropa o viajes en cuotas. Pero hay que tener en cuenta que tales colocaciones en pesos no son por lo general a plazos muy largos, porque la incertidumbre respecto de hasta cuándo podrá sostenerse un tipo de cambio determinado siempre está presente.

También fomenta la fuga de divisas en determinado momento. El atraso cambiario siempre es un incentivo para la compra, porque siempre aumenta la demanda de aquello que está barato y es útil.

A su vez la alta inflación incentiva el consumo. A la gente le quema el dinero si tiene que guardarlo en su casa, (cosa que suele ocurrir por miedo a las salideras y a los impuestos y retenciones varias que se generan ante cualquier depósito bancario); porque en tal caso sufre de lleno los efectos de la desvalorización de la moneda.

Todas las reacciones descriptas tienen un lazo común; y éste es el de la falta de credibilidad en la moneda local y la incertidumbre respecto de si en algún momento otra megadevaluación puede destruir los ahorros.

La expectativa no es que esto ocurra en el corto plazo, y por eso las colocaciones en pesos se ubican dentro de ese rango. Mientras el Banco Central cuente con reservas como para afrontar cualquier corrida más o menos seria, el riesgo de una devaluación extraordinaria es bajo, pero no es cero.

Un Futuro Complejo

El gobierno apunta a mantener alto el nivel de actividad económica sin importarle demasiado el acicateo a la inflación, máxime tomando en cuenta que 2011 es un año electoral. Ello con independencia de que la estrategia dé resultado.

Brasil está absorbiendo buena parte de las exportaciones, especialmente en el rubro automotor. Los precios de las materias primas tienden a afianzarse lo cual favorece la aplicación de retenciones a las exportaciones e incentiva la producción de soja, que ya ningún miembro del gobierno defenestra. En un esquema inflacionario la población se desprende rápidamente de los pesos, porque es más confiable tener los bienes tanto como sea posible.

Ahora bien, como tantas veces ha ocurrido en la historia reciente, cuando el tipo de cambio es inducido a la estabilización y mantenido artificialmente bajo, se fomenta la compra de divisas y por lo tanto la salida de capitales.

Por más que el gobierno intente incentivar la inversión lo cierto es que ésta no crece ante la incertidumbre reinante, encabezada por la cada vez más evidente falta de seguridad jurídica. Por eso la soja ha dejado de ser un yuyo .

Según el último informe de la CEPAL, durante 2009 América del Sur recibió inversiones por 54.454 millones de dólares. A Brasil fueron 25.949 millones, a Chile 12.702 millones, a Colombia 7.201 millones, y a la Argentina 4.895 millones. El resto a otros países de la región. No existe relación entre el monto de inversiones recibidas y el tamaño de las economías involucradas, excepto claro está el caso de Brasil. Debajo de la Argentina, y muy cerquita, está Perú, con 4.760 millones de dólares de inversiones externas.

Si se observa el Índice de Competitividad Global, nos encontramos con que las cuestiones que más afectan a nuestro país son: la inestabilidad de las políticas públicas, la inflación, el acceso al financiamiento y la corrupción. Por esas razones en una escala de 139 países, la Argentina se encuentra en el puesto 87

Si tenemos que dar nuesra opinión diremos una vez lo mismo que siempre hemos señalado: el principal problema argentino es la anomia, la inseguridad jurídica, la falta de apego a la ley. Podremos ser más o menos estatistas, más o menos reguladores, más o menos progresistas, lo que no podemos es hacer lo que se nos ocurre como país según como nos levantemos cada mañana, violando desde la Constitución hacia abajo, todo.

Crecimiento e Inflación

El crecimiento que hoy muestra la economía de la Argentina tiene que ver con los incentivos monetarios y un gasto público exacerbado. Se vincula también con los precios de las materias primas. Ayuda incluso el nuevo canje de la deuda. Colabora la seguridad del pago de la deuda aunque sea mediante el uso de reservas.

Pero es sabido que tanto la emisión espuria de moneda como el pago de la deuda externa mediante el uso de reservas terminan siendo gravosamente inflacionarios. Y a ello hay que sumar la modificación incluso del plan monetario del corriente ejercicio, que llevó la emisión prevista de 19 a 30.000 millones de pesos para todo 2010, si es que se cumple.

Por eso, y más allá de todo, la realidad es que un esquema de este tipo no puede durar. Como tampoco duró demasiado el otro, el del dólar alto, el de los controles de precios, el del cierre y limitación de exportaciones cárnicas u otras. El de limitación de importaciones.

Todos los desvíos voluntaristas que se desarrollan en una oficina y se aplican a destajo por encima de la propia Constitución y de las leyes, no pueden sino tener consecuencias desgraciadas más temparano que tarde. El peligro de la estanflación está a la vuelta de la esquina.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

ECOTRIBUTARIA

Economía y tributación

www.hectortrillo.com.ar

(011) 4658-4587

Auditoría fiscal: la manera inteligente de contar con respaldo profesional para bajar la carga tributaria

Nuevos gualichos para aumentar el crédito bancario

Autor: Lic. Aldo Abram

Si bien en la actualidad el sistema financiero brinda muchos otros servicios, su tarea básica es intermediar el ahorro de una comunidad transformándolo en crédito para consumidores, productores o para el sector público. Por lo tanto, para que haya préstamos, tiene que haber depósitos y este “insumo” no es de los bancos, sino de los ahorristas que se lo CONFIARON. Escribimos esta palabra en mayúsculas porque el principal capital de cualquier sistema financiero es su “confiabilidad”; por lo cual, su objetivo primordial tiene que ser cuidar el dinero de sus depositantes.

Como vemos, no es cierto que su función sea esencialmente prestarle a determinados sectores o financiar un cierto “modelo productivo”, como dicen muchos políticos y economistas. Sin embargo, en la Argentina, nuestros funcionarios públicos han tendido a usar los recursos que están en los bancos como instrumentos de política económica. Así nuestra historia se plagó de confiscaciones de ahorro, para financiar los gastos excesivos de gobiernos (ej. Plan BONEX de diciembre de 1989) o para subsidiar a determinados sectores (ej. a los deudores en dólares “pesificados” con los recursos de los depositantes de moneda extranjera, en 2002).

Desde el Estado, se siguen dando señales en este sentido, como cuando se fuerza a las entidades financieras a otorgar determinado tipo de crédito o se les fijan las tasas que deben cobrar. Esto es una clara violación de los derechos de los depositantes que eligieron al banco que consideraron les brinda una remuneración adecuada y el mejor manejo de los ahorros que ellos le confiaron. Este avasallamiento es permanente en nuestro país; por lo que no debe extrañarnos que los argentinos tratemos de tener nuestros ahorros lo más lejos posible del sistema financiero (o sea de las manos de los funcionarios públicos).

El resultado está a la vista, los argentinos no usamos a los bancos para ahorrar. En nuestro país, los depósitos totales rondan el 25 del PBI; mientras en los países “serios” multiplican ese ratio, por lo menos, por dos. Es más, usamos al sistema financiero como un “segundo bolsillo”, por motivos transaccionales; lo cual queda claro cuando observamos que más del 75% de las imposiciones están a un plazo menor a 90 días. Por lo tanto, con esta disponibilidad de recursos, ¿con qué fondeo esperamos que los bancos den créditos baratos y de largo plazo?

Cuando algo es escaso, es caro y se puede ser más selectivo a la hora de asignarlo. Por lo tanto, los pocos préstamos que se puedan dar, irán a manos de aquellos que brinden mejores garantías de repago; lo cual es bueno para los ahorristas, dueños de esos fondos. Además, como implica un riesgo enorme usar recursos depositados por corto tiempo para dar créditos de largo plazo, estos últimos serán aún más escasos. Por lo tanto, no extraña que la principal queja que se escucha sobre el sistema financiero es lo escaso y caro del crédito que ofrece, principalmente al sector PyMes.

Queda claro que lo primero que hay que lograr para que haya más préstamos bancarios es que la gente confíe en el sistema financiero argentino. Sin embargo, el proyecto de reforma de la ley que rige este sector, presentado por el diputado Heller en el Congreso, va en el sentido contrario. Lo declara “servicio público” y, con esa excusa, incrementa las posibilidades de intervención de los funcionarios estatales en el mismo; lo cual garantiza que la intermediación bancaria en la Argentina continúe en vías de extinción.

El sistema financiero es importante para la economía de un país; pero eso no la transforma en un servicio público. De hecho, con ese criterio, son mucho más esenciales la producción y la comercialización de alimentos, sin los cuáles moriríamos todos los que no vivimos en el campo.

En la Argentina, tenemos 85 entidades financieras y un grado de concentración del negocio que es más bajo que el de la mayoría de los países comparables. No tiene sentido hablar de las virtudes de promover la competencia para mejorar los servicios a los consumidores y, al mismo tiempo, dificultar el ingreso de instituciones extranjeras o limitar la capacidad de expansión de una entidad a un 8% de los depósitos o los créditos del sistema. El incentivo mayor de un banco es poder crecer para ganar más plata y, para ello, intentará abrir más sucursales y brindar mejores servicios. Después, tiene que haber mecanismos que controlen que no pueda tener una posición dominante que impida la competencia; lo cual no depende necesariamente de su tamaño.

Tampoco tiene sentido obligar a los bancos a prestarle un determinado porcentaje (no menos de 38%) de su cartera a las PyMes. Cada entidad tiene su estrategia crediticia y, con ella, busca maximizar la relación rendimiento/riesgo asumido con los depósitos que le confiaron. ¿Quién dice que un burócrata estatal puede decidir mejor qué hacer con sus ahorros que su propio dueño, que le delegó esa responsabilidad a un determinado banco?

Otra aberración es pretender fijarle límites a la tasa de interés que cobren por los préstamos a las PyMes. Esto derivará en que las entidades, con el dinero de los ahorristas, tendrán que asumir más riesgo por un menor rendimiento, lo cual las vuelve menos sólidos. Conclusión, estamos restándole confiabilidad al sistema financiero; por lo que habrá menos depósitos y menos crédito para todos.

La reforma de la ley de Entidades Financieras tiene que ir justamente en el sentido inverso. Debe establecer condiciones de respeto de los derechos de los depositantes y usuarios del sistema financiero por parte de las entidades y, también, del Estado. Además, debe buscar la mayor bancarización posible, facilitando el acceso a una cuenta bancaria básica. Promover la competencia entre los bancos, sin restringir los incentivos a brindar mayor, mejor y más baratos servicios a los usuarios. El proyecto Heller promueve que se asuman más riesgos con los fondos de los ahorristas, cuando en el mundo la tendencia es a controlar que hagan un manejo prudente de esos recursos. Por último, sin una moneda estable que sirva de reserva de valor, es muy difícil promover el ahorro bancario de largo plazo, fuente de toda posibilidad de crédito a la producción. Por ello, mientras se siga bastardeando al peso, sería bueno permitir el uso de toda la variedad posible de índices de actualización de depósitos y préstamos.

Lamentablemente, como dijimos, la historia argentina está plagada de políticas arbitrarias y absurdas de “iluminados” legisladores y funcionarios públicos que creen poder multiplicar milagrosamente “los peces y los panes” y terminan en perdidas o estruendosos fracasos que paga toda la sociedad. Sin embargo, parece que a los argentinos nos gusta repetir los errores y creer en el surrealismo mágico que algunos proponen. ¡Así estamos!

Autor: Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

La Perversidad de la Inflación

La inflación es un fenómeno monetario y solamente puede ser reducida o eliminada si la expansión de moneda guarda relación con el crecimiento del producto bruto.

La preocupación del gobierno y de distintos sectores de la comunidad por la aceleración del proceso inflacionario es saludable si de alguna manera se busca una solución razonada y coherente para combatir el flagelo.

En otras épocas, conspicuos periodistas hoy encaramados en posiciones de adhesión al actual gobierno o en la antípoda, para el caso es igual, llegaron a comparar el proceso inflacionario con una epidemia de cólera. Tamaño dislate tiene que ver no solamente con el desconocimiento. No podemos imaginar determinadas mentes más o menos elaboradas suponiendo que los procesos inflacionarios son producto de una especie de virus; una calamidad o un castigo divino.

Hasta no hace demasiado tiempo, el proceso inflacionario desatado en la Argentina a partir de la estafa devaluatoria del año 2002, tuvo relación directa con el tipo de cambio alto y la emisión monetaria subsecuente. La esterilización de la moneda excedente mediante la emisión de bonos de deuda (básicamente las llamadas NOBACS y LEBACS) no dejó de ser un recurso de corto alcance. El gobierno ha llegado a suponer que el superávit primario provenía de una mejor administración cuando en realidad la única causa relevante fue el producido de los impuestos a las exportaciones (las llamadas retenciones) que pudieron aplicarse en virtud, precisamente, del tipo de cambio alto. Y también, claro está, de los precios elevados de las llamadas commodities en el mercado internacional.

De manera que si no se hubiera mantenido el tipo de cambio elevado artificialmente, probablemente un alto porcentaje de los impuestos a las exportaciones no hubiera podido aplicarse. Es decir que, excepto por los mayores precios, solamente en un cuadro de emisión monetaria espuria para comprar dólares caros fue posible recaudar recursos y considerarlos superávit. Recursos que no eran otra cosa que emisión pura.

El gobierno ha preferido reiterar una y mil veces el concepto absolutamente infantil de que la inflación se producía porque tal o cual sector aumentaba sus precios sin motivo. Tal falacia ha sido repetida hasta el cansancio también por muchos comunicadores, y no solamente aquellos que participan de la fiesta mediática de la televisión pública y sus sucedáneos.

Dicen que quienes toman como ciertas y repiten tantas veces gruesas falsedades terminan creyéndolas. Y algo por el estilo parece haber ocurrido en la Argentina.

Justamente en estas horas ha reaparecido la figura del secretario de comercio Moreno, un personaje del cual carece de sentido reiterar su triste historia, pero a todas luces clave para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Moreno reivindica la creencia de que los precios son manejables desde una oficina. Y, dicen, que también recurre a métodos extorsivos hasta con un arma sobre la mesa. No nos consta pero son muchos los que repiten esto. Alguna vez tuvimos la oportunidad de escucharlo hablar en la radio a este señor, en el que fue posiblemente el único reportaje que concedió en su vida. En aquel momento lo que repetía al estilo de un bando militar era que ellos (el gobierno) no iban a permitir que los precios de tales o cuales productos se dispararan. Es decir, no daba a conocer las medidas tendientes a detener el proceso inflacionario mediante el control de los medios monetarios, sino que se limitaba a decir, cual celador de escuela, que acá no habría subas de precios porque él no iba a tolerarlas. El que sí toleró semejantes afirmaciones de carácter autoritario e inconstitucional, fue el periodista que lo entrevistaba.

Es obvio que esta clase de metodologías, aparte del tinte fascista que encierran, han demostrado ser una y mil veces una verdadera estupidez. Y es obvio que el daño que se ha producido en sectores como el energético y el cárnico es inmenso. Mientras tanto, como se sabe, se ha dañado el sistema estadístico de manera irreparable por muchos años, mediante la intervención del Instituto de Estadísticas y Censos para amañar las cifras y mostrar una realidad inexistente.

En este marco, tenemos hoy en día un rebrote inflacionario que está siendo impulsado por un expansionismo monetario originado en supuestas utilidades del Banco Central producidas por las devaluaciones. También se recurre a métodos poco claros como el recurso de destinar divisas de las reservas al pago de deuda pública por medio de la emisión de moneda. Las reservas del Banco Central provienen de la emisión de moneda para comprarlas. Si luego se recurre al traspaso de tales reservas al gobierno para que éste pague deuda y para ello se emite moneda si se trata de obligaciones en pesos, tal emisión se duplica.

Al mismo tiempo, es obvio que si el gobierno no comprara divisas mediante el recurso de la emisión, éstas caerían de precio, con lo cual quiere decir que, una vez más, el gobierno está comprando caro lo que en verdad cuesta más barato. Y para ello, reiteramos, sigue emitiendo moneda.

Las falacias sobre el proceso inflacionario resultan grotescas y poco edificantes si pensamos en depositar confianza en las autoridades que además recurren a estos métodos de la denominada contabilidad creativa.

El actual ministro de economía presenta un cuadro de abundante verborragia, y suele quedar prisionero de afirmaciones bastante poco serias si las observamos técnicamente. En verdad suele pasar el aviso, por decirlo de algún modo, como si tuviera siempre la obligación de defender las acciones del actual gobierno poniendo a todos los antecesores en la antesala del infierno. El método lo usan también los políticos, especialmente el matrimonio Kirchner. Pero el Dr. Boudou es un economista, no un político. Y más allá de que tal método siempre resulta poco creíble, lo cierto es uno espera de un funcionario técnico algo más que chicanas verbales.

Pues bien, el ministro ha hecho referencia varias veces al hecho de que determinados planes de ayuda o ajustes jubilatorios favorecen el consumo y mejoran la situación general. Ha hecho comparaciones en lo que se refiere a montos jubilatorios y ha llegado a decir que son los más altos de Latinoamérica.

Como cualquiera ha de poder notar, todos los ajustes juntos efectuados al sector pasivo y a todos los demás sectores no ha mejorado la situación de postergación de una enorme cantidad de población en la Argentina. Se calcula que cerca del 40% de los habitantes de la república están hoy por hoy debajo de la línea de pobreza.

Ocurre que la mejoría del estándar de vida no se logra mediante ajustes nominales de ingresos en una moneda que no es confiable para la población y que pierde su valor día tras día por efecto de la emisión constante. Pero hay más: la comparación con otros países es incompleta si no se toman en cuenta los precios de los bienes en tales países. Dicho de otra manera: lo que cuenta no es lo que gana en dólares un individuo sino para cuánto le alcanza ese dinero. Este dato tan simple y obvio es directamente omitido en el discurso ministerial, lo cual resulta cuando menos alarmante y lo vuelve absolutamente increíble. O no sabe, u oculta la referencia obvia a los precios. Qué será peor, nos preguntamos.

La verdad es que la suba de ingresos por efecto de la asignación de recursos que en definitiva provienen de la emisión de moneda no mejora la calidad de vida de nadie.

El gobierno nacional mantiene un entramado sistema de subsidios que provienen básicamente de los recursos fiscales obtenidos entre otras cosas mediante la emisión de moneda para comprar dólares excedentes a un precio superior al de mercado. Estos subsidios no son tomados en cuenta para analizar los precios de los bienes o servicios subsidiados. Así, si un boleto de colectivo cuesta poco más de un peso, ese es el valor que toma el INDEC para calcular el incremento promedio de los precios. Esto más allá de las anomalías y tropelías de todo tipo cometidas en ese organismo estadístico. La falacia es evidente. El precio no es el precio si no se computa todo lo que se paga para que un servicio pueda llevarse a cabo. Por lo tanto, tal cifra es una mentira. Y punto.

En horas de escribir estas líneas han aparecido comentarios periodísticos del secretario del confederación sindical única de la Argentina con personería gremial, don Hugo Moyano, que hicieron acordar aquellos dichos del Dr. Raúl Alfonsín respecto de que un poco de inflación no viene mal. La inflación es una estafa y es un impuesto. Es una estafa porque la emisión espuria de moneda desvaloriza los pesos que podamos tener en nuestros bolsillos, y es un impuesto porque es la manera de hacerse de recursos por parte de un Estado voraz sin tener que recurrir a impolíticos ajustes nominales hacia abajo.

Y, como todo el mundo sabe, las principales víctimas de este accionar francamente deshonesto, son los asalariados y los jubilados. La gente de renta fija. La gente a la que el Sr. Moyano dice defender.

El origen del problema es siempre el mismo: intentar mantener un nivel de gasto público por encima de todas las posibilidades. Hacerse de recursos para ello a como dé lugar. Todas las políticas limitantes de importaciones (salvo casos de dumping demostrados y claros), y las inconcebibles trabas a las exportaciones tienen como resultado el deterioro del mercado afectado por tales medidas y la suba de los precios y la escasez. Sin embargo se persiste en eso. Y cuando la economía anda un poco mejor, como en estas horas, se considera un triunfo de personajes funestos y patoteros o de la producción agrícola que hasta ayer nomás se defenestraba.`

Se llega así al extremo de intentar en el Congreso terminar con la payasada del INDEC, invirtiendo tiempo y esfuerzo en obtener logros políticos de cuestiones que no deberían haber aparecido siquiera. Las energías que deberían utilizar nuestros legisladores para resolver verdaderos problemas nacionales, que son innúmeros; son utilizadas para estos temas, u otros como el caso del presidente del Banco Central, el uso de las reservas, o la modificación de la ley de entidades financieras para que los bancos privados dejen de ser tales y se conviertan literalmente en cotolengos.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010

Autor: Lic. Aldo Abram

En el Congreso, la oposición al gobierno ha presentado un proyecto de ley para que se les reconozca “el 82% móvil” a los actuales jubilados; lo que hizo estallar la polémica sobre si este compromiso es financiable o no. Cabe recordar que esa era la promesa de pago que recibieron nuestros padres y abuelos por sus aportes al anterior sistema de reparto estatal, cuya quiebra se puso en evidencia a fines de los ´80, con la Ley de Emergencia Previsional; aunque, en realidad, hacía tiempo que nadie cobraba dicho porcentaje del sueldo que hubiera tenido en actividad.

En la Argentina, el estallido del viejo régimen jubilatorio fue rápido debido a que (tal como sucede en la actualidad): a) los recursos eran usados para financiar gasto público (hoy se pagan laptops, decodificadores para TV digital estatal, asignaciones universales por hijo, etc.); b) se le colocaron títulos públicos con irrisorios rendimientos que terminaron licuándose (ahora, además, se dan créditos baratos para obras de infraestructura y a determinados sectores privilegiados); y c) les regalaron jubilaciones y pensiones a quienes nunca habían aportado para recibirlas (a partir de 2007, más de 2.000.000 de personas empezaron a cobrar del ANSES sin haber hecho los pagos correspondientes).

Quizás, muchas de esas erogaciones eran necesarias; pero debieron haberse realizado con lo que pagamos de impuestos y preservar los fondos de los aportantes para el pago de sus futuras pasividades. Ahora, cabría preguntarse por qué el actual régimen de “reparto” estatal no va a quebrar, si estamos haciendo con sus recursos las mismas cosas que hicieron explotar al anterior.

En realidad, más allá del manejo irresponsable que hacen los gobiernos, estos esquemas jubilatorios llevan la semilla de su propia autodestrucción. Es que el problema es que no son sistemas de reparto; lo que implicaría que las personas activas aporten a una “caja” y, luego, en función de lo recolectado, mucho o poco, esos recursos se repartan con algún criterio entre los que están en la etapa pasiva.

Entonces, ¿cómo funcionan en todo el mundo los mal llamados sistemas de “reparto”? Cada aportante hace un pago al Estado, y este se compromete a abonarle una determinada suma mensual a partir del momento en que se jubile en una fecha prefijada. Esto es lo mismo que si cada trabajador, en lugar de hacer dichos aportes, todos los meses le comprara al gobierno un título público que le pagará cupones mensuales a partir de un momento dado, en el que entrará en la etapa pasiva.

Por lo tanto, no existe tal cosa como un régimen de reparto previsional, sino un sistema de endeudamiento estatal. El problema es que, en todos los países en que se aplica y no sólo en la Argentina, los aportes jubilatorios personales son contabilizados como recursos corrientes del gobierno y, por lo tanto, se crea la ilusión de que pueden ser gastados sin dejar un pasivo a pagar. Por eso es que a los políticos les encanta este esquema; ya que será algún futuro gobierno el que tendrá que reconocer que no está la plata para abonar lo comprometido.

Aún en las economías desarrolladas, que manejaron con más responsabilidad y eficiencia los sistemas previsionales de “reparto”, la deuda devengada se ha vuelto impagable. La solución adoptada ha sido la reprogramación compulsiva y unilateral de los futuros pagos comprometidos a los aportantes, que se instrumenta a través del aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte.

Hoy, vemos que la discusión política pasa por cómo se gastarán los recursos que aportamos con tanto esfuerzo. Si el gobierno los usará como “caja política” o si se les reconocerá el 82% móvil a los jubilados del sistema que quebró. Por mi parte, prefiero lo segundo; aunque no necesariamente sea lo justo. Cuando una empresa quiebra, sus acreedores no cobran lo comprometido, sino lo que se puede pagar (si no, pregúntenselo a los tenedores de títulos públicos defaulteados en 2001). La realidad es que pretender abonar el 82% móvil es inviable y terminará drenando más rápido los recursos hoy acumulados en el ANSES y los que se aporten a futuro. Aumentar impuestos o contribuciones patronales para enfrentar este compromiso, sólo servirá para postergar en el tiempo esta “crónica de una muerte preanunciada” del sistema previsional. No es futurología, ya nos pasó y le está pasando al resto del mundo.

De todas formas, las encuestas muestran que la gran mayoría de los aportantes argentinos no espera vivir de la jubilación estatal. Es obvio que se asume que el pago de las contribuciones es un impuesto para poder trabajar formalmente y esto fue siempre así. Aún los que ahorraban en una cuenta a su nombre en las AFJPs, consideraban que ese dinero se lo apropiarían los políticos para gastarlo y tuvieron razón; ya que, en la Argentina, la diluida calidad institucional no garantiza el respeto de los derechos de sus habitantes. Lamentablemente, sin esta última condición básica, es utópico pensar en un sistema previsional que brinde pasividades dignas acordes al esfuerzo realizado en la etapa activa.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

El camino de la inflación reprimida termina en el caos y la paralización. Cuanto más empuja la inflación los precios hacia arriba, tanto más refuerza el Estado la presión de su aparato represivo. Pero cuanto más ficticio se hace el sistema de los precios controlados, tanto mayor es el caos económico y el descontento general y tanto más se debilita la autoridad de Gobierno o su pretensión de seguir ostentando un carácter Wilhelm Röpke

Prácticamente desde la salida de la llamada convertibilidad, los gobiernos que se sucedieron en la Argentina llevaron adelante una política de expansión monetaria mediante la subvaluación del tipo de cambio con emisión de moneda.

Esta política fue de cierta utilidad en los primeros tramos, cuando la crisis económica local y la desocupación subsecuente podían aguantar debido entre otras cosas a la enorme capacidad ociosa resultante. En aquellos primeros dos años, la pérdida de la riqueza de los habitantes mediante el recurso devaluatorio, y la licuación de pasivos estatales por la misma razón, contribuyeron en gran medida a que la emisión de moneda espuria no repercutiera seriamente en los precios y en los salarios. Pero una vez llevado a cabo el ajuste inicial donde cada sector debió asumir las pérdidas en beneficio de un Estado que dejó en el camino a ahorristas, acreedores, tenedores de pesos convertibles y propietarios en general, el proceso inflacionario empezó a desarrollarse con intensidad.

Fue entonces, hacia mediados de 2005, que las voces de alarma empezaron a socavar el discurso del modelo industrialista , más que nada porque la realidad comenzaba a imponerse. El por entonces todavía ministro Roberto Lavagna abandonó el criterio de que los impuestos a las exportaciones eran transitorios, distorsivos y tendientes a paliar la crisis en los sectores más débiles hasta que la economía se recuperara. Es que la economía iba poco a poco volviendo a los niveles de 1998 y las presiones inflacionarias comenzaban a mostrarse en su verdadera dimensión.

El canje de la deuda externa en ese mismo año cerró otra parte del aprovechamiento del Estado argentino que tuvo como víctimas a todos aquellos que le prestaron dinero al país. La inmensa licuación de la deuda alcanzaba, según las expresiones jactanciosas del Dr. Néstor Kirchner (hablaba entonces y ahora de ahorro , cuando en verdad se trataba y se trata de una genuina apropiación) a la friolera de 67.000 millones de dólares. El Estado, el mayor deudor de la historia del país, se favorecía inmensamente a expensas de los crédulos, como diría el propio Lavagna en otras palabras.

La reforma del Estado, de la que tanto se había hablado incluso en tiempos del Dr. Duhalde y del mismo ministro de economía, rápidamente fue archivada. Y mientras los gobernantes gastaban alegremente los recursos obtenidos mediante el artilugio devaluatorio, todos los economistas aceptaban que teníamos un superávit primario del orden de los 3 o 4 puntos del P.B.I.

Más allá de las subas de los precios de las materias primas en el ámbito internacional, la Argentina no había hecho absolutamente nada para ser más eficiente y competitiva en el mundo. Ni había hecho, ni hace. No había, ni hay, por lo tanto, casi ninguna razón para atribuirse méritos por lograr el tan mentado superávit fiscal de hace algunos años. Si hubo algún superávit , éste provino de los ahorros del default, de la devaluación que bajó dramáticamente los gastos del Estado en moneda dura, y de la aplicación de impuestos a las exportaciones y a los débitos y créditos bancarios.

En la segunda mitad del 2005, el Dr. Lavagna inició el proceso de castigo a aquellos productores que subían los precios, como si tal suba fuera consecuencia de una suerte de conjura avarienta.

El dato no es menor. Pero también es cierto que la pérdida de valor de la divisa norteamericana hizo creer a muchos que los aumentos de los precios internacionales eran en su totalidad tal cosa, cuando en una buena proporción tales aumentos no eran otra cosa que ajustes por pérdida de valor de la moneda. Con todo, el fenómeno del alza de los valores internacionales de granos, oleaginosas, petróleo y otros fue realmente extraordinario y permitió una importantísima expansión.

Cuando la economía local empezó a mostrar los efectos inflacionarios producto de la enorme inyección de moneda en forma de subsidios, obra pública, gasto político, etc. que el gobierno consideraba superávit producido por los impuestos a la exportación; apareció el verdadero problema en toda su dimensión.

Fue entonces cuando el Dr. Lavagna inició el derrotero de castigar a quienes aumentaban los precios, como si los aumentos fueran consecuencia de una cierta mala onda o viveza y no el resultado de un aumento generalizado de la cantidad de circulante y la presión de la demanda agregada. No sólo eso. El desfase entre los precios en el mercado internacional versus el mercado local pretendió subsanarse con los impuestos a las exportación. Más de una vez hemos escuchado al por entonces ministro hablar de castigo a los díscolos, y de primates de la economía a quienes no estaban de acuerdo con su punto de vista. De inmediato se iniciaron los acuerdos de precios, que el gobierno se resistía a llamar control. Y el propio presidente Kirchner salió públicamente a atacar a una petrolera por el incremento del precio del gasoil.

Cuando a comienzos de 2006 se produjo la renuncia del Dr. Lavagna, el ministerio de economía quedó en manos de Felisa Miceli, quien en su primer discurso habló del control de la inflación por la vía de los controles de precios. En el medio quedaban las pegatinas tratando de pillos a los productores agropecuarios y otras lindezas comparables, fácilmente, a lo que hoy ocurre en Venezuela.

Finalmente, a comienzos de 2007 el gobierno argentino decidió cortar por lo sano: atacar al mensajero. El secretario de comercio, designado unos meses antes por Néstor Kirchner, intervino de manera verbal al I.N.D.E.C.. Se hizo cargo sin dejarlo escrito en ninguna parte, tal como hace habitualmente por lo demás. Se inició entonces el patético proceso de dibujar los índices. Es decir, de mostrar una realidad que no es tal, dado que la realidad no podía cambiarse. Se desplazó a los funcionarios técnicos de carrera y se designó en su lugar a grupos de allegados al punto de vista oficial, que básicamente es inverso a la lógica de cualquier encuestador: hacer que el resultado no pase de una cierta cifra en lugar de arribar a la cifra que originen los cálculos.

Es obvio de toda obviedad que ninguno de los métodos elegidos para el supuesto combate de la inflación ha dado el menor resultado. Más bien todo lo contrario. El incremento de la masa monetaria es casi una constante. El gasto público sube a un ritmo superior al 40% anual mientras la tasa del IPC (precios al consumidor) arroja menos del 10%. Y los ingresos fiscales (cargados de irregularidades como por ejemplo registrar como tales las retenciones y percepciones indebidas de impuestos) lo hacen a poco más de un 30%. Un valor al que aún despejándolo de mejoras recaudatorias o del crecimiento de la economía está a todas luces alejado de la tasa de inflación oficial, dejando al descubierto una vez más la burda patraña. El espectacular gasto se cubre con emisión de moneda proveniente entre otras cosas de las ganancias del Banco Central producto de la pérdida de valor del peso. Un verdadero sofisma.

Los acuerdos salariales de estos últimos tiempos han sido cuestionados en diversos sectores por considerar que son generadores de inflación, cuando en realidad lo único que hacen es reconocer la inflación existente. Las subas en los precios no generan la inflación, sino que la inflación genera las subas de precios. Y los salarios, guste o no, son el precio del trabajo.

Luego de seis largos años de inflar el tipo de cambio para convertir en competitiva a una economía que no lo es, el mecanismo no da para más. Ahora es necesario contenerlo, de manera de frenar con este nuevo artilugio monetario la tasa de inflación. Con las subas de salarios y de precios al consumidor en torno del 30 o del 40% anual es obvio que el retraso cambiario se acelera rápidamente, tal como ha ocurrido en innúmeras oportunidades en la Argentina.

El superávit que otrora provenía de los impuestos a las exportaciones aprovechando el tipo de cambio alto y los precios de las commodities ha sido absorbido por el gasto estatal en la maraña de subsidios cruzados y ayudas sociales de todo tipo. El perverso mecanismo de pretender transformar la realidad mediante el recurso de dar dinero se choca con la evidencia.

Mientras precios y tarifas subsidiados ocultan la tasa real de inflación mucho más allá incluso de las torpes patrañas del I.N.D.E.C. las ayudas sociales en dinero o en especies pretenden mostrarnos un índice de pobreza fraguado por la dádiva. Las inversiones externas se han retirado de estas playas. Ninguna empresa de envergadura a nivel internacional tiene prácticamente proyectos de inversión en la Argentina, a excepción hecha de aquellas que pueden tener intereses creados dentro del espacio que también el Dr. Lavagna calificó de capitalismo de amigos. Y no mucho más.

Los problemas causados a la industria de la alimentación son muy grandes. No solamente por lo que está ocurriendo debido a la prohibición fáctica de las importaciones, que ha dado lugar a represalias de parte de China como es el caso del aceite de soja; sino también en el mercado de las carnes, del trigo y del maíz. El intervencionismo con ánimos regulatorios de precios ha sido y es nefasto. Si observamos el mercado de la energía podemos ver que, luego de largos años de subsidios y controles, prácticamente nos hemos consumido las reservas gasíferas y petrolíferas, siendo imperioso recurrir al gas boliviano o de Trinidad y Tobago, al fueloil o al gasoil de Venezuela y otros países, y a la electricidad brasileña. Si bien se han anunciado inversiones en exploración petrolera, éstas están vinculadas directamente con las promesas de un mercado externo liberado para las nuevas iniciativas, con facilidades fiscales y crediticias. Es decir, en un marco regulatorio de transferencias de ingresos de quienes están a quienes llegan. Más de lo mismo, porque lo que pudiera obtenerse en un lado, se gastará en el otro. Así de triste es la realidad argentina.

Los precios suben porque el mercado los paga. Y esta realidad pretende ser negada una y otra vez no solamente por mediocres políticos de esta parte del continente americano. No es solamente cuestión de oportunismo o de populismo. La confusión se extiende al mundo entero y son muchos los países que han pretendido y pretenden tocar el cielo con las manos mediante recursos regulatorios decididos por unos cuantos funcionarios entre cuatro paredes. Así se suceden las crisis, como ahora la europea.

Röpke tenía muy en claro las cosas: el camino de la inflación reprimida termina en caos y paralización. Y a todo ello hay que sumarle en la Argentina la falta de seguridad jurídica, que es el genuino corolario de la negación del mercado. La panacea de éste se ha convertido en la panacea del Estado. Una verdadera torpeza.

HÉCTOR BLAS TRILLO RAMOS MEJÍA, 22 DE MAYO DE 2010

www.hectortrillo.com.ar

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

La defensa oficial de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que dieron origen a los Fondos del Bicentenario y a su sucesor, el de Desendeudamiento, se basó en la falta de recursos para enfrentar los pagos de deuda pública. En definitiva, el tiempo ha demostrado que no había tal “necesidad” ni tal “urgencia” que impidiera reunir a los parlamentarios; ya que la Argentina no cayó en cesación de pagos y recién a principios de abril se utilizaron dichas divisas para pagar el vencimiento de un título público. O sea, el Poder Ejecutivo tuvo las sesiones ordinarias de todo marzo y, también, el mes de febrero, citando a los legisladores en “extraordinarias”, para discutir en el Congreso el uso de los recursos del Banco Central.

Por lo tanto, es falso que hayamos estado en riesgo de entrar en cesación de pagos. Durante el corriente año, el total de ingresos del Estado Nacional superará en más de $ 33.000 millones lo que está en el Presupuesto 2010; ya que la recaudación y las transferencias de ganancias del Banco Central serán mayores a las estimadas. Entonces, ¿por qué necesitaba más plata el gobierno?

Antes de que su composición cambiara de acuerdo con las elecciones de junio, el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de Presupuesto absolutamente irreal y éste lo sancionó, en noviembre de 2009, con gran premura, en un acto de gran irresponsabilidad. En él, se subestimaron los ingresos y se pautó un aumento de gasto público de 12,4%, cuando actualmente viene subiendo por encima del 30% interanual y seguramente se mantendrá, todo 2010, en estos porcentajes de incremento. Por ello, en algún momento de este año, sin la aprobación del Congreso que exige la Constitución Nacional y emitiendo otro DNU, el gobierno buscará legitimar ex post los gastos en que habrá incurrido arbitrariamente. Como este exceso de erogaciones podría superar los $ 55.000 millones y, dado que los mayores recursos sobre lo presupuestado no alcanzan a cubrir esta cifra, surge la necesidad de apropiarse de las reservas del Banco Central por otros $ 25.624 millones (US$ 6.569 millones).

También, es falso que haya que hacer un “ajuste”, entendido como una traumática reducción del gasto público. En realidad, de lo que se está hablando es de moderar el despilfarro oficial; ya que es ingenuo suponer que nadie lo va a pagar. Para que el gobierno incremente fuertemente su “caja” para reconstruir su diluido poder político, el “ajuste” lo harán todos los argentinos. O aumentan los niveles de deuda (incluida la previsional) y/o, lo más probable, lo pagará toda la sociedad, en especial los más pobres, a través de más impuesto inflacionario; ya que, durante 2010, el Banco Central transferirá recursos, al gobierno nacional, por alrededor de $ 50.000 millones.

Nuestra Constitución Nacional es clara: si bien el Poder Ejecutivo propone un proyecto de Presupuesto, asignando a determinadas erogaciones los recursos previstos, es el Congreso de la Nación el que debe aprobarlo. El motivo es que los legisladores son los representantes de los argentinos, de cuyos bolsillos, a la corta o a la larga, saldrán los fondos que el Estado gasta.

Por eso, los ciudadanos deberíamos reclamar a la Presidente que envíe, al Parlamento, un proyecto de revisión del Presupuesto y que nuestros legisladores aprueben en qué se piensan utilizar los recursos extras con los que contará. Es más, sería buena idea que se elimine la posibilidad del Poder Ejecutivo de gastar de más o cambiar la asignación de las erogaciones sin aprobación previa del Legislativo. Esta facultad debe estar acotada a una emergencia, como una catástrofe natural, que haga necesario utilizar recursos en un plazo perentorio, en el que sea imposible consultar al Congreso. En definitiva, para eso la Constitución Nacional prevé la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que nuestros gobiernos aprovechan, violentando el espíritu de nuestra Ley de Leyes, para legislar y saltear al Parlamento. También, el art. 39 de la Ley de Administración Financiera prevé un gasto no presupuestado en caso de “epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”.

Es necesario que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras reales posibilidades, asumamos nuestra responsabilidad cívica y demandemos que se respete la división de poderes que dispone la Constitución Nacional. Debemos abandonar el camino de más de ocho décadas de populismo y avanzar hacia una mayor institucionalidad. Si no lo hacemos, para el Tricentenario estaremos recordando otros cien años de alta inflación, cesaciones de pagos, quiebras del sistema previsional, incautaciones de depósitos, de pobreza y de decadencia socio-económica.

EL MITO DE LAS RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Por el Lic. Aldo Abram

El escándalo institucional que rodea la creación del Fondo del Bicentenario ha llevado a una discusión sobre cómo deberían determinarse las “Reservas de Libre Disponibilidad” (RLD) y,

lamentablemente, hay “cola” de políticos, economistas y empresarios proponiendo cómo gastar esos supuestos “excedentes”. Además, se conoció la noticia de que el Dr. Jorge Leiva hizo una presentación ante la Justicia por entender que dicho concepto es erróneo y determina la posibilidad de vaciamiento económico del Banco Central; lo que podría significar un grave deterioro del valor de nuestra moneda. Estoy plenamente de acuerdo con este planteo; aunque cabe recordar que esta definición fue aprobada por el Congreso y, lamentablemente, es legal, aunque no tenga sustento. Por lo tanto, sería bueno que nuestros legisladores abran el debate sobre esta cuestión; ya que la mayoría parece muy propensa a considerar que dichas divisas están allí esperando para que ellos decidan cómo usarlas.

Según la definición actual, las RLD son las que sobran una vez detraído del total el monto necesario para avalar la base monetaria al tipo de cambio vigente. Como no se toman en cuenta los demás pasivos financieros que el Banco Central asumió para sumar esas reservas, da la impresión que aparecieron mágicamente en el arbolito de Navidad y se pueden gastar, sin costo, unos US$ 16.028 millones (al 15 de enero) del stock de divisas de la autoridad monetaria.

Por supuesto, esto no es así. De esas RLD:

a) US$ 8.124 millones es lo que han depositado los bancos por sus encajes de las cuentas en dólares; lo que implica que, si el gobierno los usa para financiarse, ¿quién responderá por esa porción ante los depositantes bancarios?

b) US$ 14.468 millones fueron adquiridos por el Banco Central tomando deuda a través de pases pasivos, LEBACs y NOBACs. Entonces, si el Estado los usa, implica que estamos haciendo que la autoridad monetaria asuma pasivos para financiar el gobierno.

c) US$ 3.000 millones se estima que se le debe al Banco de Basilea. Para el uso de esta parte, corre el mismo análisis descripto en b).

d) US$ 296 millones son los adquiridos con los depósitos realizados por el gobierno en el Banco Central; lo cual implicaría la paradoja de que servirían para financiar al Estado y, al mismo tiempo, están disponibles en su cuenta para cuando quiera usarlos.

Si sumamos todos estos ítems, vamos a encontrar que superan en más del 60% las supuestas reservas de libre disponibilidad. La conclusión obvia es que al BCRA no le sobra nada y, por lo tanto, tiene lógica hablar de que el uso de las RLD implicaría un vaciamiento del Central. A menos que alguien considere que las letras ilíquidas a 10 años que colocaría el gobierno contra ellas es un activo que tiene algún valor relevante, el que debería deducirse del monto “vaciado”.

Algunos colegas proponen que lo importante es ver cuál es el aval de la base monetaria que queda al deducir del total de reservas los puntos a) al d). Creo que es más correcto tomar los pasivos financieros en pesos; ya que son los que el Banco Central puede licuar, en términos de divisas, mediante una devaluación. Por eso, al total de reservas que excede a los pasivos en dólares (US$ 36.961 millones) habría que dividirlo por el total de pasivos financieros en pesos ($ 176.861 millones), al tipo de cambio vigente (US$ 46.820 millones); lo cual nos daría un 79% de aval. Si el gobierno usara el monto propuesto para el Fondo del Bicentenario, el aval se reduciría a 65%.

Como no estamos en un sistema de Convertibilidad, no tiene que haber un porcentaje fijo de cobertura de los pasivos financieros en pesos; ya que depende de la confianza de la gente en la moneda local. Sin embargo, desde principios de 2007, en pleno auge mundial, el porcentaje de aval ha sido mayor a 65%. Por lo tanto, para recuperar reservas, es esperable que el Banco Central aumente la oferta de moneda nacional y que lo haga por encima de su demanda; lo cual llevaría a la esperada pérdida de valor de la que habla el Dr. Leiva en su presentación judicial.

Cabe aclarar que este último es el mejor de los casos; ya que las reservas son el instrumento con el que cuenta el Banco Central para estabilizar el mercado cambiario y el sistema financiero ante una crisis. Por lo tanto, si el gobierno usase las reservas que está demandando para el Fondo del Bicentenario, ante una corrida, el tipo de cambio al que la autoridad monetaria podría frenar la depreciación del peso sería hasta un 20% mayor.

Lamentablemente, no sólo el PEN y la mayoría de los legisladores parecen haber asumido que realmente hay divisas que están a su libre disposición para ser gastadas. Ahora se han sumado los gobernadores provinciales y algunos sectores empresariales que han visto la oportunidad de “meter la cuchara” en esta tentadora “lata de dulce de leche”. Total, el costo lo pagará el conjunto de la sociedad, particularmente los más pobres, en términos de más impuesto inflacionario y nadie lo relacionará con los beneficios que ellos obtuvieron. Y ahora que hay “cola” para gastarlas, ¿quién podrá defender las reservas de todos los argentinos?