Coyuntura Argentina

Las distorsiones que existen en la Argentina en el andamiaje económico, tributario, financiero y administrativo luego de más de 70 años de populismo en sus diversas variantes son inmensas. Intentar comenzar a corregirlas es un trabajo ímprobo, inconmensurable. Porque siendo como es la economía una ciencia social, las reacciones que pueden esperarse de parte de productores o consumidores de bienes y servicios, son muchas veces imprevisibles.

Trataremos de analizar aquí breve y exclusivamente del problema de la energía eléctrica, y muy en particular de las medidas anunciadas por el ministro del área energética hace algunas horas.

Más allá de las dificultades oratorias del ministro y del entramado increíblemente denso y burocrático de la normativa, cabe antes que nada hacer algunas reflexiones generales

Ningún sistema que implique subsidios, que hoy eufemísticamente se denominan “tarifas sociales”, puede ser establecido PARA SIEMPRE.

Debe apuntarse siempre a corregir las causas que dan o dieron lugar a la necesidad de subsidiar, para salir de esta clase de esquemas que generan dependencia política y hasta humillación.

Además, cualquier formato de subsidio que fuera necesario debe aplicarse caso por caso, mediante relevamientos de campo, y no a través de parámetros generalizados como los que la nueva normativa ha establecido (dos sueldos mínimos, monotributistas sociales, autos con más de 15 años y cosas por el estilo). Es necesario tomarse el trabajo de ir casa por casa, como en un censo, y relevar la situación de todas las zonas afectadas, que esencialmente comprenden en este caso el conglomerado urbano de Buenos Aires y sus alrededores, ya que en el Interior muchos de estos subsidios directamente no existen, lo cual de paso sea dicho constituye una inequidad insólita ¿En el Interior la gente necesita menos los subsidios, o en Buenos Aires no se necesitan tanto? Estamos en el mismo país ¿no?

También hay que considerar que la generalizada idea de que quien más consume debe pagar más que proporcionalmente atenta contra la ley de oferta y demanda y castiga al que más gasta para cubrir de ese modo y favorecer al que está subsidiado, el que a su vez consume más porque en definitiva le sale más barato.

Es como si dijéramos que vamos al quiosco a comprar un paquete de pastillas que cuesta 10 pesos, pero como nos vamos de viaje pedimos una caja de 100 paquetes, y entonces el quiosquero nos cobre a razón de 15 pesos el paquete porque consumimos mucho, en lugar de por ejemplo hacernos un descuento por cantidad.

En la Argentina existen más de 18 millones de personas que reciben alguna forma de subsidio directo, es decir, prácticamente la mitad de la población. ¿Por qué ocurre esto?, son preguntas que deben formularse.

Ocurre porque toda esa gente (dejando de lado distorsiones y subsidios inútiles a gente que puede pagar pero que fue incluida en sistemas subsidiados por fallas gravísimas en la instauración de tales sistemas), gana poco dinero. ¿Y por qué gana poco dinero? Porque la productividad es muy baja, esencialmente. Y por qué razón es muy baja la productividad? Porque no hay inversiones o producción suficiente. Y por qué razón: porque todos los sistemas vigentes hasta hace muy poco de controles de precios, cepo cambiario, cierre de exportaciones, limitaciones de importaciones de insumos, arbitrariedades de funcionarios sobre márgenes de utilidad, prohibiciones de girar dividendos, confiscaciones de empresas (como Repsol) y AFJP, apropiación de las reservas del Banco Central y un sinfín de etcéteras llevan a que nadie quiera arriesgarse a invertir en el país. Si alguien invierte para que luego los gobernantes le fijen precios, cupos, topes, márgenes, salarios, y todo lo demás, realmente no parece ser una buena decisión hacerlo.

Que tanta gente deba ser subsidiada de alguna forma, no es un éxito, es un fracaso. Y que deba serlo sine die, no es terminar con la pobreza, sino anquilosarla.

Volvamos a la energía eléctrica. Durante varios años las tarifas en la Capital y alrededores fueron congeladas por razones políticas. Varias veces se intentó corregir en parte este verdadero dislate mediante la supresión de subsidios en determinados barrios, como queda dicho, o el “renunciamiento” de quienes quisieran. También se iban a enviar formularios a los domicilios para que la gente expresara si necesitaba seguir siendo subsidiada y los motivos por los cuales consideraba que fuera así.

Todos sabemos en qué quedó todo esto. En prácticamente nada.

Pero es importante tener en cuenta que el gobierno anterior tenía plena conciencia del problema. Y lo mismo ocurría con el gas domiciliario, donde se aplicaron normas que hicieron subir tarifas hasta un 500% durante 2015 si no se ahorraba hasta un 20% del consumo del año anterior.

Al país le falta un programa integral sobre los aspectos que mencionamos al comienzo (economía, finanzas, impuestos, administración de la cosa pública) y todo esto debe ser atacado, definido, consensuado.

Salir con un programa de subsidios selectivos sobre bases de datos frías metidas en sistemas computadorizados oficiales no es una buena elección. Y mucho menos producir incrementos tarifarios casi sobrenaturales. Somos conscientes de que las tarifas son ridículas, pero tampoco podemos pasarnos al otro lado de un día para el otro.

Viene a nuestra mente aquella vieja ley de los años 40 o 50 por la cual el régimen peronista congeló todos los alquileres y prohibió los desalojos provocando el verdadero desastre inmobiliario que provocó. Esa le duró más de 30 años y había gente que directamente regalaba sus propiedades a los inquilinos porque debía pagar más impuestos por ellas que lo que percibían de alquiler. De ese esquema perverso se salió en los años 70 mediante el recurso de ir pasando a valores de mercado porcentajes de los alquileres en períodos trimestrales o semestrales. Luego hubo otras intervenciones en ese mercado en los años 80 y hoy hay problemas también especialmente por la inflación, pero el problema madre, el desastre original, fue corregido.

Acá estamos en la misma. Uno oye en la radio infinidad de situaciones. Gente que alquila o que no tiene el recibo de la luz a su nombre. Gente que vive sola o trabaja todo el día y consume poca energía pero no es que no pueda pagarla. Gente que recibe visitas de familiares en determinadas épocas del año y por lo tanto su consumo se incrementa y salta a la escala siguiente. Y así siguiendo.

Por eso es que consideramos que estas cuestiones, en tren de aplicarse, deben hacerse mediante un trabajo de campo. Un censo. Caso por caso.

A esto debe agregarse un cierto gradualismo. Y también la certeza de que el esquema irá siendo abandonado en el tiempo, como en el ejemplo citado de los alquileres.

Porque acá se planteó un verdadero galimatías que ha dado lugar a infinidad de comentarios y análisis que no van, en absoluto, al fondo de la cuestión.

Que nuestro amable lector se tome el trabajo de ver, por ejemplo, la cantidad de tributos que incluye una factura de luz, y que NO SE HAN TOCADO. Hay provincias y municipios que hasta “tasa de ambulancias” incluyen. Claro, es fácil cobrar impuestos en una factura de luz, porque nadie deja de pagar por miedo a que le corten el servicio.

Pongamos a continuación un ejemplo, de una persona que vive en el GBA y tiene el servicio de Edenor.

Impuestos, tasas y otras yerbas francamente inexplicables:

• Impuesto al valor agregado
• Contribución municipal
• Contribución provincial
• Impuesto Pcia. De Bs.As. leyes 7290/67 y 8016/73
• Fondo Pcia de Bs.As. ley 9038
• Fondo Pcia de Santa Cruz (¡!) ley 23681
• Cargo Res SE 745/05 estabilizado
• A cuenta ajuste anual FEP

Por supuesto que como contracara de esto, figura el subsidio al consumo, que en el ejemplo transcripto es prácticamente las ¾ partes del consumo total, lo cual hace que una factura bimestral para un departamento en una zona residencial pague en total $58,48. Menos de 30 pesos por mes. Un verdadero absurdo.

Pero hay que tener en cuenta que las personas se acostumbran a pagar cifras ridículas y destinan parte de sus ingresos a otras actividades. Revertir esto y de golpe multiplicar esta factura por 5 o 6 va a originar conflictos. Sobre todo si por otra parte otros consumos también sufrirán aumentos.

Y finalmente un parrafito para lo “social”. “Social” es todo, o debería serlo. De tal manera que quien no puede pagar la tarifa plena de luz, se supone que tampoco puede pagar el precio completo de una gaseosa, de un quilo de pan, de un par de zapatillas o de lo que sea. Caemos entonces en la entelequia de que todo debe ser “social”, que es un poco lo que buscaba el gobierno anterior con sus planes “para todos” (carne, cerdo, pescado, milanesas…) que por supuesto fueron un reverendo fiasco. Como aquello de enviar al planeta entero a comprar al Mercado Central porque es más barato.

Ahora bien, si pretendemos que TODO tenga una “tarifa social”, que todo sea barato, que la ganancia sea baja, o que directamente no se gane dinero ¿cómo haremos para que lleguen inversiones y den trabajo digno a la gente? Esta pregunta jamás la ha respondido el populismo, ni en la Argentina ni en el mundo entero. Por eso países como Venezuela que nadan en petróleo están sumidos en la miseria en la que están.

Como decimos al principio, intentamos no desviarnos del problema central que nos ocupa que es el esquema tarifario de la energía eléctrica. Lo hicimos tanto como pudimos, porque a veces los ejemplos deben tomarse de otros rubros.

Lo cierto es que sólo es posible ordenar la economía si son tomados en cuenta todos los aspectos, y especialmente si no se castiga el éxito.

Todos los planes promocionales, todas las “cajitas felices” apuntan siempre a reducciones de impuestos o de cargas sociales; eso y confesar que tanto los impuestos como las cargas sociales son carísimas, es lo mismo. Ponerse las pilas y encarar un plan integral es lo urgente.

Esto que se ha hecho es un parche de consecuencias imprevisibles, y que posiblemente obligue a aplicar correcciones y a dar marcha atrás en una buena medida, como ya ocurriera durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner.

Buenos Aires, 30 de enero de 2016

HÉCTOR BLAS TRILLO

El gobierno de Cristina Fernández fue criticado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y San Luis, por retener ilegalmente fondos coparticipables que correspondían a provincias gobernadas por partidos no kirchneristas. Luego de largos reclamos de discriminación en contra de provincias que no se alinearon con sus intereses políticos, la corte suprema falló a favor de las provincias, obligando al Estado Nacional a dejar de retener esos fondos y a devolver lo que le viene reteniendo desde el año 2006.

El Pacto Fiscal

En 1992 se pactó, entre el Estado Nacional y las provincias, un acuerdo mediante el cual el Estado Nacional quedaba autorizado a retener un 15% de la masa de impuestos coparticipables para atender el pago de las obligaciones provisionales nacionales. Este pacto, denominado "pacto fiscal" fue prorrogado sucesivamente mediante acuerdos entre el Estado Nacional y las provincias.

se acuerda:

PRIMERA: A partir del 1ro. de Setiembre de 1992, el Estado Nacional queda autorizado a retener un 15 % (quince por ciento), con mas una suma fija de $ 43.800.000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables [...]

para los siguientes destinos:

a) El 15 % (quince por ciento) para atender el pago de las obligaciones provisionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios.[...]

Ley Nº 24.130 - Sancionada Septiembre 2 de 1992. - Ratificase el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales", suscripto el 12 de agosto de 1992.

El Estado Nacional extiende el pacto unilateralmente

Sin embargo, las provincias no refrendaron el pacto. A pesar de esto, el Estado Nacional extendió el plazo de forma unilateral a partir del 1 de enero de 2006, mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema el 24 de Noviembre de 2015.

ARTICULO 76. — Prorrógase durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la distribución del producido de los tributos prevista en las Leyes Nos. 24.977, 25.067 y sus modificatorias [...]Ley 26.078 - Sancionada: Diciembre 22 de 2005

La posición kirchnerista se declara inconstitucional

En 2015, la corte suprema falló en contra del Estado Nacional y de la posición del gobierno kirchnerista, en pleitos iniciados por:

- Córdoba

- Santa Fe

- San Luis

Por la detracción de recursos coparticipables.

El fallo ordena a la nación a dejar de quedarse con el 15% de la coparticipación federal de esas tres provincias, que era utilizado para financiar la ANSES. Además, el Estado Nacional deberá devolver a las provincias todo lo que les retuvo desde el 1 de enero de 2006 mas los intereses que correspondan.

También se declaró inconstitucional la deducción de recursos del 1.9% de la recaudación de los tributos y recursos aduaneros a cargo de la AFIP. El tribunal declaró que esos fondos eran coparticipables.

El Estado Nacional deberá devolver a las provincias lo que les retuvo

En 2016, los montos estimados adicionales que recibirán cada una de las provincias serán:

- Córdoba: $6200 millones

- Santa Fe: $6000 millones

- San Luis: $1600 millones

Los montos retenidos por el Estado Nacional bajo el gobierno kirchnerista a las mencionadas provincias desde el año 2006 son, a valores históricos:

- Córdoba: $ 19.800 millones

- Santa Fe: $19.900 millones

- San Luis: $5.000 millones.

Estos montos deben ser actualizados a valores actuales.

San Luis inició los reclamos legales en el año 2008, Santa Fe lo hizo en el año 2009 y Córdoba lo hizo en el año 2013.

Esta sentencia sienta una importante jurisprudencia en materia de coparticipación federal. Con esta sentencia, probablemente mas provincias, como Mendoza, inicien reclamos legales contra el gobierno nacional para que les devuelvan lo retenido inconstitucionalmente.

Consecuencias para los jubilados nacionales

Desde diciembre, el gobierno nacional contará con 80 millones menos, que deberá transferir mensualmente a las provincias que ganaron los juicios. Además de tener que devolver los fondos que el Estado Nacional les retuvo durante años.

La corte dio un plazo de 120 días para que se acuerde cómo se van a devolver esos fondos a las provincias. Estimamos que pueden pasar años para que las provincias recuperen los fondos que el gobierno kirchnerista les retuvo. En el corto plazo, es mas importante el flujo de fondos adicional que van a recibir las provincias y la desfinanciación de la ANSES, que es el organismo encargado de administrar las jubilaciones nacionales.

Hoy se lleva adelante una huelga general en la Argentina. Un “paro general”, como usualmente se le llama.

La principal bandera que han levantado los gremios organizadores del paro, está el pedido de terminar con el impuesto a las ganancias aplicado sobre los salarios. En realidad el pedido no es nuevo. Hace ya varios años que desde diversos sectores arrecian las críticas contra este impuesto.

Desde el gobierno se sostiene que es necesario cobrarlo, que la cantidad de trabajadores que lo pagan no es significativa, y que es imprescindible para la aplicación de medidas “redistributivas” que nuestros gobernantes consideran de estricta justicia.

Más allá de las declaraciones de algunos funcionarios y también de los sindicalistas, e incluso más allá de las opiniones de periodistas especializados o no, lo cierto es que el impuesto a las ganancias grava en la Argentina los sueldos y las jubilaciones, y lo hace cada día con mayor presión, en la medida en que mientras la inflación continúa su curso, los valores permanecen constantes.

La ley que creó este impuesto, que lleva el número 20.628 y fue promulgada el 31 de diciembre de 1973, dispone en su artículo 25 que los valores absolutos que surgen de la misma deben ser actualizados anualmente por la AFIP sobre la base de datos que aporte el INDEC.

Como es obvio, hace ya demasiados años que esto no ocurre, que este artículo no se cumple. En parte porque ha sido considerado suspendido por aplicación de la ley de convertibilidad (todavía vigente en materia de suspensión del ajuste por inflación); y en buena medida porque se ha resuelto transferir la responsabilidad de ajustar valores directamente al Poder Ejecutivo, que finalmente y sin cálculo matemático alguno que se base en estadísticas de inflación, ajusta cuando y como quiere el mínimo no imponible y las cargas de familia.

Y precisamente la falta de cumplimiento de reglas claras y matemáticas de ajuste de valores teniendo en cuenta la pérdida de valor de la moneda, ha hecho que el universo de contribuyentes crezca día a día, generando las inequidades que todos vemos hoy en día.

El impuesto a las ganancias vino a reemplazar a tres impuestos. El primero, que es el padre de la criatura, es el impuesto a los réditos, que se basa en los mismos principios y categorías que el hoy vigente. El segundo es un impuesto que se llamaba “a las ganancias eventuales”, que quedó subsumido. Y el tercero un impuesto que se denominaba “a la venta de valores mobiliarios”, que también en buena medida quedó incluido dentro del impuesto a las ganancias. No es cierto que este impuesto haya sido creado por Perón, como dijera días pasados el ministro de economía. Porque en verdad lo que se hizo fue subsumir impuestos menores dentro del impuesto general a los réditos, al que se le cambió el nombre.

La gran discusión doctrinaria es, desde siempre, si el salario es una ganancia o no lo es. Obviamente, si vamos al diccionario, claramente un sueldo no es una ganancia sino el precio del trabajo, la remuneración. La ganancia es utilidad proveniente de un negocio o de un trato.

Pero la verdad es que esta discusión se ha reflotado en estas horas debido al evidente atraso de los valores deducibles, que es lo que hace que cada vez más trabajadores, con un sueldo a valores constantes cada vez menor, tenga que pagar este impuesto.

El verdadero sofisma es que mientras el gobierno discute la necesidad de cobrar el impuesto a las ganancias, soslaya el hecho de que cada día cobra un impuesto mayor, como consecuencia de la pérdida de valor de la moneda. Porque acá la cuestión no es tanto que se cobra el impuesto, sino que cada vez se cobra más impuesto a valores constantes. Mediante este artilugio el Estado ingresa cada vez más cantidad de dinero a valores constantes, no el mismo dinero.

En cuanto al impuesto sobre los bienes personales, permanentemente se repite que este impuesto grava la riqueza. Y esto no es estrictamente así. Porque este impuesto grava a los activos, como lo hace el impuesto inmobiliario o el impuesto automotor (patente). Es decir, se trata de un impuesto a los activos, no al patrimonio. Excepto cuando se trata de una única propiedad destinada a vivienda, en cuyo caso es posible descontar el crédito hipotecario utilizado para la compra; o las acciones, que se toman al valor patrimonial proporcional, o a su cotización, el impuesto sobre los bienes personales grava los activos.

Y fíjese, amable lector, que el tal impuesto iba a nacer con el pomposo nombre de “impuesto a las manifestaciones conspicuas de riqueza”. Es decir, más allá de la evidente inquina hacia los poseedores de riqueza, incluía el error conceptual de considerar riqueza al activo, sin descontar el pasivo.

Como sabemos, la denominación cambió aún antes de nacer, y así quedó como “impuesto sobre los bienes personales”. Un nombre bastante raro, si se quiere, porque “bienes personales” parece querer señalar aquello que es privativo de cada uno, siendo que en este caso se trata de bienes familiares. Mucho más apropiado sería denominarlo “a los activos”, pero ese nombre ya había sido usado para otro puesto, antecesor del hoy llamado “a la ganancia mínima presunta”.

Lo cierto es que el impuesto sobre los bienes personales grava con una tasa que arranca en el 0,5% del activo, cuando éste supera, al 31 de diciembre de cada año, la cifra de $ 305.000.-. Un importe absolutamente ridículo, que representa al cambio oficial algo más de 30.000 dólares. Piense en “las manifestaciones conspicuas de riqueza” y sonría, amable lector.

Pero hay más: este impuesto tenía un mínimo no imponible de $ 102.300, valor que estaba exento del impuesto y que equivalía a la misma cifra en dólares. Esto equivale a aproximadamente $ 1.000.000 al cambio oficial. Pero hay más: anteriormente el mínimo exento no era alcanzado por el impuesto en ningún caso, mientras que actualmente, si sobrepasamos un activo de $ 305.000, se paga impuesto sobre todo el activo. Si una persona consigue un préstamo de un millón de dólares el 31 de diciembre, aunque lo deba íntegro, debe pagar el impuesto. Por eso vale aclarar que si bien puede ser un impuesto “a la riqueza”, también puede no serlo en absoluto.

Nos hemos tomado el atrevimiento de llamar a estos impuestos “depresivos”. Lo hicimos porque verdaderamente son impuestos que deprimen el ánimo de cualquiera. Gravar el salario desalienta al trabajador, obviamente. Y gravar un activo tan exiguo hace pensar seriamente en las buenas intenciones de un gobierno que se define a sí mismo como “progresista”.

Además se utilizan argumentos que son sofísticos. Ni en un caso ni en el otro estamos hablando del respeto del llamado espíritu del legislador. Es obvio que se buscaba gravar con estos impuestos a una determinada capacidad contributiva, pero esto ha sido abandonado.

Y lo que correspondería es que los gobernantes le dijeran al pueblo que el tal espíritu fue abandonado y que cada día se cobra más impuesto a más gente mediante el artilugio de no reconocer la pérdida de valor de la moneda. Porque esta es la verdad.

El Poder Ejecutivo no está autorizado a dictar nuevos gravámenes, pero en la práctica es lo que hace mediante este recurso. Emite moneda sin respaldo, por lo tanto la moneda pierde valor. Eso de por sí es un impuesto que se le cobra a toda la población. El llamado impuesto inflacionario. Luego no ajusta los valores y cobra más impuesto a las ganancias y más impuesto sobre los bienes personales. Seriamente esto no responde a ninguna lógica tributaria más o menos seria, y muchísimo menos progresista. O progresiva.

Que desde ciertos sectores se pida directamente la abolición del impuesto a las ganancias a los trabajadores en particular, no es equivalente a que se ajusten los valores para volver al espíritu original. Son dos conceptos diferentes. El primero va más allá de la ley vigente, el segundo avasalla dicha ley.

Y un aspecto final que volvemos a señalar (en realidad todo lo que aquí decimos lo hemos dicho muchas veces). Siempre se habla del impuesto a la renta financiera para reemplazar la abolición de estos gravámenes. La renta financiera ya paga impuesto cuando se trata de sociedades comerciales. Solamente los particulares están libres de gravamen, pero únicamente cuando operan en el marco de la ley de entidades financieras (Bolsa, bancos, títulos valores públicos que cotizan, acciones, etc.). También está gravada la ganancia proveniente de la venta de acciones que no cotizan en Bolsa. Y cualquier operación financiera celebrada entre partes sin intervención de bancos o entidades financieras, también lo está. Suena simpático buscar siempre la salida por el lado de gravar la “renta financiera”, pero en verdad la operatoria particular en las condiciones descriptas, no alcanza al 10% del total. Y es conveniente destacar que hay que tener mucho cuidado con esto, porque si por ejemplo se gravan los intereses percibidos por los plazos fijos, como ya ha ocurrido en otras épocas, la presión sobre las tasas de interés puede ser muy grande; para que el Estado obtenga recursos muy pequeños.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 31 de marzo de 2015

A estas alturas puedo dar por descontado que todo el mundo conoce el decreto que dictó el gobierno nacional para exonerar del pago del impuesto a las ganancias a las personas físicas que trabajan en relación de dependencia de menores ingresos.

Para que no queden dudas y muy rápidamente, lo que se ha hecho con un decreto presidencial fue exonerar del pago del gravamen a las personas físicas que trabajen en relación de dependencia con ingresos mensuales brutos no superiores a $ 15.000. Adicionalmente, se estableció un incremento del 20% en el mínimo no imponible, en la deducción especial y en las cargas de familia para todos aquellos empleados en relación de dependencia que tengan ingresos brutos entre $15.001 y 25.000 mensuales.

El decreto merece una serie de aclaraciones e interpretaciones porque está pésimamente redactado y no contempla diversas variantes que se producen en la vida laboral cotidiana. Pero no es a esto a lo que quiero referirme.

Tampoco quiero incursionar en el terreno político, aunque la interpretación o el análisis de esta clase de cuestiones nunca pueden ser ajenos a las determinaciones políticas.

En otras oportunidades me he referido al inconmensurable atraso que tiene una serie de mínimos y topes anuales deducibles en este impuesto, como por ejemplo gastos y amortizaciones de automóviles, gastos de sepelio, viáticos, etc. También son destacables los techos a partir de los cuales los agentes de retención deben retener impuesto a los autónomos y comerciantes en general, según lo que señala la RG 830 de la AFIP, sancionada en el año 2000. Todos estos topes provienen del período de la llamada convertibilidad, es decir de cuando un peso equivalía a un dólar. Los gastos y amortizaciones permitidos en determinados casos tienen un techo establecido hace más de 20 años. A esto se suma la prohibición de ajustar los balances por inflación, lo que genera ganancias nominales y ficticias por las cuales se tributa el gravamen.

Y también, la escala de progresividad del artículo 90 de la ley de impuesto a las ganancias, que jamás fue modificada en estos años y por lo tanto sobre las ganancias netas aplica una tasa que crece rápidamente hasta alcanzar el tope del 35% por encima de los $ 120.000 anuales. Para que se tenga una idea, todos estos valores deberían incrementarse teniendo en cuenta la pérdida de valor de la moneda. Si tomamos el tipo de cambio oficial del dólar, estamos hablando de prácticamente 6 veces el valor vigente. Ni qué decir si la medición la hacemos con el dólar de la operatoria con bonos nominados en dólares conocida como “contado con liquidación”, que llevaría a multiplicar los valores por 9.

A los trabajadores autónomos no se les ajusta la deducción especial, que de por sí se eleva 3,8 veces cuando se trabaja en relación de dependencia. Y en el régimen del monotributo se llega al extremo de que una persona con un ingreso mensual bruto de $ 2.000 debe pagar ese gravamen, que es, por ley, sustituto del impuesto a las ganancias y el IVA. Es decir que alguien que recibe un ingreso bruto que es incluso inferior a la jubilación mínima está pagando, sustitutivamente, impuesto a las ganancias e IVA.

Las distorsiones se ven también en otros impuestos. Por ejemplo en Bienes Personales si bien hubo un ajuste hace unos años, se mantiene incólume el piso de $ 305.000 del valor del activo, el cual si se supera obliga a pagar el impuesto sobre el activo total. Resalto lo de activo, que no es un tema menor, porque suele confundirse con patrimonio y no es la misma cosa, obviamente. Alguien puede tener un bien que vale un millón de dólares y deberlo íntegramente, lo cual no evita que deba pagar el impuesto en caso de tener tal bien el 31 de diciembre. Piénsese que este impuesto había sido ideado con el llamativo nombre de “impuesto a las manifestaciones conspicuas de riqueza”. Es decir que alguien con un ACTIVO de, digamos, 40 mil dólares es considerado, al menos en aquella teoría inicial, un potentado. En ganancia mínima presunta el tope del activo para estar exento sigue siendo de $ 200.000. Por lo cualquier actividad comercial con un activo superior a esa cifra, paga el impuesto. Y si se trata de un campo, lo paga con independencia de que desarrolle alguna actividad en él.

El atraso en todos los valores se ha manifestado con más crudeza a partir del año 2006, cuando el proceso inflacionario derivado de la política económica basada en emisión monetaria para mantener artificialmente alto el tipo de cambio empezó a mostrar sus efectos negativos más elementales y obvios: las subas de precios.

Todos estos antecedentes creo que deben llevarnos a reflexionar sobre este nuevo decreto del PEN que pretende en teoría corregir algunas distorsiones. Veamos:

- Por un lado se establece una exoneración, una exención del pago del impuesto a las ganancias a determinadas personas por el solo hecho de tener un ingreso bruto en relación de dependencia menor a 15.000 pesos. Una categoría no prevista en la ley y que requiere una ley.

- Por el otro se fija un incremento de los mínimos no imponibles del 20% para una banda que está entre $ 15.000 y $ 25.000 siempre en relación de dependencia, estableciendo otra categoría privilegiada por un decreto, que sin lugar a dudas también requiere una ley.

- Además, se deja fuera de cualquier ajuste a las personas que trabajan en relación de dependencia y perciben más de $ 25.000.- de sueldo mensual. Y también se deja afuera a todos los demás contribuyentes autónomos, para unos y otros parece que los mínimos no imponibles no han sufrido deterioro inflacionario alguno.

- El método al que se recurre es contrario a derecho, pero además sigue manteniendo la idea de que la presidenta de la república habrá de subir o bajar el pulgar cuando lo considere oportuno, dado que la fijación de valores absolutos, o de porcentajes a partir de valores absolutos, sufre rápidamente el deterioro inflacionario sin ajuste automático posible. En una democracia republicana lo que corresponde es ceñirse a la ley, y no a la voluntad del gobernante de turno.

- Otro elemento que es digno de considerar es que según el decreto de marras, debe colocarse en los recibos de sueldo una leyenda que diga “beneficio del Poder Ejecutivo Nacional, decreto Nº 1242/13”, lo cual implica una suerte de suelto publicitario a favor del gobierno reñido claramente con las más elementales prácticas democráticas. Pero no solo eso.

- Si existe un verdadero atraso en los valores por efecto de la inflación ¿es razonable hablar de “beneficio”? ¿O acaso debería aceptarse que por lo menos a partir de ahora en alguna medida se ha dejado de quitar dinero considerando una supuesta ganancia que no es otra cosa que el producto de la inflación no reconocida?

Insisto en que no es mi intención hacer política de todo esto, que me parece muy lamentable. Pero no puedo dejar de decir que la estratificación de la población según sus ingresos o su forma de trabajo constituye un procedimiento discriminatorio claramente contrario al principio de igualdad ante la ley.

El impuesto a las ganancias es un impuesto de liquidación anual que hace rato ha perdido esa condición, no solamente por la cantidad de retenciones y percepciones que sufren los contribuyentes (incluyendo la insólita percepción del 20% por gastos incurridos en el exterior, que es contraria a la lógica misma del impuesto, que grava ingresos y no gastos), sino por los anticipos que en número de 5 completan el 100% del impuesto ingresado el año anterior, y cuya reducción en caso de no preverse igual ingreso, es factible pero dispara inmediatamente controles y verificaciones varias por parte de la AFIP, lo cual actúa como un elemento claramente intimidatorio, porque por más que uno crea tener las cuentas en orden, a nadie le gusta tener que pasar por inspecciones y revisiones que llevan tiempo y dinero por sí solas. Desde hace ya unos cuantos años, la liquidación del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, se hace en forma mensual. De tal modo, las deducciones anuales que proceden se reparten en los 12 meses, y según los ingresos que van acumulándose, se suman las porciones mensuales de tales deducciones logrando de ese modo que mes a mes el monto retenido por el empleador sea exactamente el que corresponde según la escala proyectada de ingresos y deducciones anuales. Para decirlo cortito: en lugar de tener que oblar el impuesto en el mes de abril del año siguiente, según la idea original del legislador, el mismo se paga mensualmente desde enero del año corriente. Si se considera una inflación anual del 20 o el 30%, todos estos mecanismos anticipatorios de los pagos significan un incremento de la tasa promedio, es decir entre 10 y 15 puntos más de lo que correspondería pagar si se respetara la anualidad. Es verdad que al estar prohibido el ajuste por inflación, estamos hablando de valores nominales, pero de todas maneras el costo financiero debe asumirlo el contribuyente, aparte del costo administrativo de llevar adelante liquidaciones mensuales, por parte del empleador, del mismo contribuyente en el caso de los anticipos, o del agente de retención o de percepción en su caso. Y además, dado que el ingreso se anticipa de tal manera, si el contribuyente trabaja en relación de dependencia y por algún motivo pierde su trabajo, como los cómputos de los mínimos no imponibles son anuales, seguramente quedará con un saldo a favor que deberá intentar repetir, con el consabido desgaste administrativo y burocrático, para tal vez en un futuro no muy lejano poder obtener el dinero oblado de más, claro que sin ajuste por pérdida de valor alguno.

La necesidad de corregir todas estas distorsiones (que son muchas más que las aquí señaladas) es de una obviedad absoluta, pero sin embargo, año tras año el asunto se posterga, lo cual hace que se incremente la recaudación fiscal no por efecto de una mayor o mejor actividad, sino porque se gravan ganancias y activos nominales. La pregunta es, una vez más, si cuando alguna corrección se hace se puede hablar de un “beneficio” que, además, debe ser sustituido por algún otro impuesto. Porque la verdad de esta historia es que se ha recaudado de más como consecuencia de las distorsiones, y por lo tanto no sólo no hay que crear ningún otro impuesto, sino que habría que devolver a los contribuyentes ajustado por inflación todo lo pagado de más en la última década por lo menos.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 29 de agosto de 2013

www.hectortrillo.com.ar

Desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003, y aún antes, durante la gestión de Eduardo Duhalde, nos hemos referido una y otra vez a los daños que provoca el intervencionismo en materia económica. Señalemos algunos:

- El efecto inflacionario que deriva de pretender ser competitivos con un tipo de cambio alto, que se obtiene mediante el simple recurso de emitir moneda para comprar los dólares excedentes a mayor precio del que normalmente determinaría el mercado.

- El desvío de ingresos de sectores muy eficientes (en general agroganaderos) hacia sectores menos eficientes (industriales) mediante el recurso de la aplicación de tipos de cambio diferenciales logrados sobre la base de imposiciones diferentes a los primeros (retenciones a las exportaciones)

- El irreparable daño a la productividad que originan los controles de precios. Daño que deja como secuela la falta de nuevas inversiones.

- Las limitaciones o cierres de importaciones y exportaciones que afectan significativamente la producción, han deteriorado los stocks ganaderos y finalmente terminarán deteriorando la balanza comercial por la aplicación de medidas de reciprocidad de parte de terceros países afectados por las prohibiciones.

- La desaparición del autoabastecimiento petrolero, logrado a comienzos de los años 90 luego de casi 30 años en situación parecida luego de la anulación de los contratos petroleros en 1963.

Podríamos seguir largamente, recordando que las retenciones a las exportaciones eran consideradas al comienzo del gobierno kirchnerista como “impuestos distorsivos” a eliminarse en breve plazo, para pasar a ser, podo después, la forma de castigar a aquellos productores que no vendían en el mercado lo cal sus productos al precio que se le antojaba al Dr. Lavagna. Y finalmente pasar a ser la manera definitiva de intentar obtener un superávit primario para disponer de fondos para gastar en subsidios y sistemas de ayuda.

El deseo de un “modelo industrial” no es nuevo en la política argentina. Como no es nueva la creencia, incentivada hasta el hartazgo por políticos demagogos e inescrupulosos, de que si los bienes y servicios suben de precio, ello es culpa de inescrupulosos comerciantes que se aprovechan de la situación y se enfrentan así a políticos patriotas y bien intencionados que persiguen lo mejor para su pueblo.

Los cierres de fronteras no se hacen para lograr que aumenten la producción nacional y aumente el empleo, únicamente, se hacen para que uno se vea obligado a “vivir con lo nuestro”. Ningún cierre de fronteras podría tener por objetivo que bajen precios. Todo lo contrario, los cierres de fronteras producen subas de precios, lo cual constituye un daño a toda la población, inferido al socaire de la idea primitiva de incentivar la producción nacional y generar fuentes de trabajo. A todo ello se suma el atraso tecnológico, que el ex ministro nombrado negaba sistemáticamente, acusando a quienes en aquel momento pretendían que se dejara bajar el tipo de cambio, de “querer viajar a Miami”. Pero resulta que obviamente aquel dólar caro servía también para limitar las importaciones de bienes y servicios de última generación.

Es llamativamente incomprensible que cualquier componente electrónico cueste en la Argentina 3 veces más que en EEUU, donde el nivel de vida es varias veces superior y por lo tanto tales productos son absolutamente accesibles para buena parte de la población. Y la verdad está en las trabas, los tipos de cambio alterados artificialmente, y la inconcebible carga impositiva que luego pretende corregirse repartiendo “notebooks” entre los chicos.

En verdad, una de las facetas más tristes del intervencionismo es, justamente, la demagogia política. Los precios de los productos no bajan porque se emite moneda y se genera inflación, no bajan porque se aplica toda clase de gabelas a los importados, no bajan porque se cierran las importaciones y por lo tanto para conseguirlos hay que pagar el triple o más. Pero como eso es así, entonces los políticos a cargo del gobierno los reparten entre los mismos necesitados que su política genera.

El deterioro del stock ganadero fue originado en el cierre de las exportaciones. Ahora tenemos la carne inaccesible, y la presidenta se ufana de que más gente consume pollo, cuando es obvio que éste cambio de hábito se debe a que subió el precio de la primera y obligó a la población a sustituirla por los segundos.

El problema con las cosechas de trigo que no pueden venderse persiste. Eso no hace que el pan sea barato, y ni hablar de las llamadas confituras y masas en general.

Cuando Néstor Kirchner resolvió intervenir y politizar el INDEC para poder confeccionar los índices que no reflejaran la realidad inflacionaria, a fines de 2006, se decía que pensó más que nada en estafar a quienes tenían bonos indexados por el CER. Es decir, pagarles menos renta por tales títulos mintiendo los índices de ajuste. Pero eso era apenas una parte de la verdad. La otra era (y es) poder dibujar la línea de pobreza y de indigencia. No hay que olvidar que la tasa de inflación oficial no supera el 10% anual mientras los sueldos, paritarias mediante, han subido a un ritmo promedio superior al 30% anual. Esto quiere decir que cada vez hay menos pobres para el cálculo oficial. Y para disimular la realidad evidente de que eso no es cierto, se optó por repartir “ayudas” adicionales: los planes, las asignaciones por hijo, las computadoras, las cosas “para todos” (carnes, pescados, milanesas, fútbol, automovilismo, etc.)

El gobierno ha recurrido a la apropiación de los fondos de las AFJP (alrededor de 30.000 millones de dólares). A las reservas del Banco Central, a sus “ganancias” producto de las sucesivas devaluaciones, y finalmente a la modificación de la carta orgánica para poder disponer de la emisión de moneda a gusto. Es que los subsidios, que se iniciaron en 2006 y eran algo así como 6.000 millones de pesos, llegaron en 2011 según algunos cálculos a 76.000 millones (otros hablan de más de 100.000 millones de pesos)

El cambio que se atrasa produce huída de capitales, incentiva la importación de bienes (como durante la llamada convertibilidad) y cuestiones por el estilo. Entonces se prohíbe la compraventa de dólares, se cierran las importaciones, se tapa el sol con una mano.

Además de todo esto, mientras en un momento determinado se pretende obligar a ciertas empresas a distribuir dividendos, en el momento siguiente (ahora) se les impide con diversos artilugios más o menos ilegales. Mientras en un momento determinado la presidenta buscaba que el crédito fuera derivado del consumo a la producción de las PYMES, en el momento siguiente el crédito debe incentivar el consumo. Mientras un día la soja es un “yuyo” y hay que evitar la deforestación y demás, en el siguiente no se habla más del asunto. Todo parece depender, única y exclusivamente, de las necesidades de caja.

La impresionante dosis de arbitrariedad se suma al intervencionismo a ultranza. Como señalamos tantas veces, intervenir significa siempre distorsionar, y distorsionar, obliga a nuevas intervenciones, correcciones, cambios, idas y venidas.

El secretario de comercio Guillermo Moreno, como todo el mundo sabe, actúa de manera absolutamente discrecional y con un grado de arbitrariedad propio de algún rey del Medioevo. Pero el señor Moreno no es más que una representación casi surrealista de lo que en verdad es un gobierno surrealista.

Los “amigos” del poder suben y caen. Eskenazi, Moyano. La minería. Nadie está seguro de que podrá desarrollar su trabajo dentro de un marco legal determinado y permanente. Lo blanco puede ser negro en 24 horas.

El daño que produce el intervencionismo está en la Argentina exacerbado por la arbitrariedad propia de un gobierno de clara raigambre populista y cada día más autoritario.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 9 de abril de 2012

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

ECOTRIBUTARIA

Economía y Tributación

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LA VISIÓN DE LA PRESIDENTA EL BANCO CENTRAL

La Dra. Marcó del Pont concedió dos reportajes a medios afines al gobierno durante el fin de semana, lo cual de por sí no deja de ser un síntoma de la realidad que vivimos. Sin demasiada abundancia, tal vez hubiera sido mucho mejor una ordenada conferencia de prensa en la que diversos medios pudieran asistir con periodistas especializados en economía y finanzas públicas. No ha sido el caso y ya de por sí es una limitación que debemos mencionar.

No tenemos nada para decir ni a favor ni en contra de la persona de esta funcionaria, por lo cual leímos de la manera más desapasionada posible sus opiniones en estos reportajes, del mismo modo que lo hicimos cuando asistió al Congreso hace unos días.

Pero la verdad es que, al menos en materia de política monetaria, siempre esperamos explicaciones técnicas que tal vez no nos convenzan, pero cuyos fundamentos podremos tal vez refutar. O no.

Pero cuando leemos, en el inicio mismo de la nota algo como lo que sigue: “damos vuelta la página de la que fue una de las etapas más perversas en término de abandono de soberanía para hacer política económica”, no podemos menos que destacar nuestra perplejidad.

¿No debería explicar la señora Marcó del Pont por qué consintió durante todos estos años como funcionaria en el Banco de la Nación y ahora en el Banco Central esta “etapa perversa” en buena medida refundada por el ex presidente Néstor Kirchner cuando estableció el ahora famoso recurso de las “reservas de libre disponibilidad”? ¿E incluso lo hizo el gobierno al que ella tan fervientemente pertenece?

La verdad es que este tipo de afirmaciones se acercan mucho más a consignas de barricada que a explicaciones más o menos técnicas. Esto es obvio. Y tal vez por eso se explica que hubiera elegido a dos medios oficialistas para ser reporteada probablemente por periodistas no especializados, además.

Luego podremos analizar si el hecho de fijar pautas para garantizar con reservas en moneda dura el circulante es abandonar la soberanía para hacer política económica o no. Y a su vez si eso en sí mismo es “perverso” o no lo es. Pero al menos debemos decir que este tipo de afirmaciones no nos parece en absoluto serio.

En los reportajes la funcionaria hace aclaraciones sobre la nueva función a cumplir por el Banco Central, respecto de la orientación del crédito y en general sobre regulación de tasas de interés, protección del consumidor y designación o asignación de prioridades de inversión en todo el universo conocido.

Nuestra opinión es que toda forma de intervencionismo tiende a incrementarse porque las distorsiones que provoca genera la necesidad de nuevas intervenciones, hasta que se llega a un punto en el que prácticamente todo se halla intervenido y un funcionario, o un grupo de ellos, obtiene facultades para decidir prácticamente sobre todo lo que ocurre en materia económica y financiera. Algo parecido a lo que se da con el secretario de comercio Moreno, para dar un ejemplo concreto. No compartimos esa idea porque consideramos que genera permanente incertidumbre e incluso arbitrariedad.

Ahora bien, ¿opinar de este modo y fundamentar nuestra opinión nos convierte por ese sólo hecho en ideólogos que nos oponemos a la profundización del “modelo”? ¿Deberíamos callarnos para no ser considerados entregadores de la soberanía de la política económica? ¿O simplemente somos profesionales que no coincidimos con este tipo de visión de la función del Banco Central y mucho menos con la acusación masiva a quienes no comparten la línea argumental de la funcionaria?

Transcribimos ahora otro párrafo de la entrevista: “Es totalmente falso decir que la emisión genera inflación. Solamente en Argentina se mantiene esa idea de que la expansión de la cantidad de dinero genera inflación. El pánico que se quiere transmitir alrededor de la capacidad de financiar al Estado es muy parecido al debate sobre el uso de reservas para pagar deuda. Es el mismo discurso. Descartamos que financiar al sector público sea inflacionario, porque según esa afirmación los aumentos de precio son por exceso de demanda, algo que no vemos en Argentina. En nuestro país los medios de pago se adecuan al crecimiento de la demanda y las tensiones de los precios están por el lado de la oferta y el sector externo”

En este párrafo la funcionaria niega rotundamente que la emisión de moneda genere inflación. Atribuye arriesgadamente una intencionalidad al afirmar que “se quiere transmitir” pánico, como si se tratara de no de opiniones diferentes, sino de una especie de conformación diabólica, una conjura para provocar daño. ¿No es excesivo? ¿Puede probar tamaña acusación? Pero de inmediato afirma que los aumentos de precio ocurren por exceso de demanda…y que las tensiones en los precios están por el lado de la oferta. ¿De qué manera se coadyuva a provocar una mayor demanda sin que tenga efecto en ello el incremento de la cantidad del circulante en torno de un 40% anual?

Las críticas al financiamiento del Estado “no tienen fundamento alguno, tienen un condimento ideológico; lo que subyace es que, o bien el sector público tiene que hacer ajustes, o bien tiene que salir a tomar deuda en el exterior”

Hablar de “condimento ideológico” resulta en nuestro modo de ver fantasmagórico y malintencionado, descalificador, digamos. Porque que alguien piense que el sector público deba volverse más eficiente y menos gastador parece bastante fundamentado. Por otro lado la misma funcionaria dijo días pasados que si no se modificaba la carta orgánica como se hizo, habría que hacer ajustes de envergadura. Es decir que en conclusión lo que se ha logrado es una forma de financiar para no ajustar. Esa parecería ser la idea. Y financiar gastándose las reservas podrá llamárselo como se quiera, pero ES ajustar.

Hay en el reportaje acusaciones de falsedad a quienes no comparten el punto de vista oficial, lo que obviamente equivale a tratar de mentirosos a profesionales que difieren en su apreciación. Las respuestas que uno espera de una funcionaria técnica, la verdad es que son otras.

No queremos cansar a nuestros lectores, de manera que copiamos un último párrafo del reportaje para que pueda verse claramente esa especie de “no pero sí” tan recurrente y tan lamentable en las opiniones de muchos políticos y funcionarios, de un lado y del otro.

“El Banco Central no va a hacer ninguna política de expansión de la cantidad de dinero que crea que es inconsistente con la demanda de dinero, porque la tensión inflacionaria puede surgir de eso, de una política de creación de dinero que no sea acompañada de una demanda acorde”.

Si el Banco Central no va a expandir la cantidad de dinero por encima de la demanda, la señora está claramente coincidiendo con quienes afirman que la emisión sin respaldo produce inflación. Porque la mayor demanda de dinero solamente se producirá si existen bienes y servicios adicionales que la justifiquen. Si esto es así, y si la señora coincide, entonces ¡estamos de acuerdo! Porque nadie que se sepa se opone a la creación de dinero, a lo que se opone es a que se expanda el circulante un 40% anual cuando la economía crece al 8%.

Entonces, ni falsedades ni contubernios diabólicos. Solamente conclusiones técnicas.

Pero la funcionaria termina no explicando por qué la inflación viene del lado de la oferta con semejante expansión monetaria dado un crecimiento de la economía importante, pero muchísimo menor que tal expansión, como queda dicho.

Demasiados fantasmas, demasiados demonios, pero ninguna explicación sobre un hecho tan fácilmente demostrable.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 26 de marzo de 2012

ECOTRIBUTARIA

Economía y tributación

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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ECONOMÍA: DEL CEPO AL AJUSTE

Nadie puede poner en duda a estas alturas que las medidas en materia de restricciones a la compra de moneda extranjera, tales como la “autorización” previa de la AFIP constituyen en realidad un verdadero cepo para evitar la fuga de dólares del sistema. Ningún control de este tipo apunta a capturar evasores porque es evidente que para poder capturarlos es preciso primero corroborar el delito, lo que obviamente no ocurre cuando un sistema operativo dice que alguien “no tendría capacidad contributiva” o frases por el estilo, sino cuando se adquiere moneda extranjera con dinero de origen ilegal.

Nadie parece tampoco dispuesto a discutir seriamente la clara violación de preceptos constitucionales que llevan ínsitas esta clase de disposiciones en cuanto prohíben la libre disposición del patrimonio personal y obligan a los interesados a introducirse en un verdadero laberinto borgeano para intentar sortear las dificultades. Las cuales por otra parte suelen tener un origen desconocido o responder a cuestiones absolutamente ajenas a la falta de declaración de bienes y haciendas, tales como por ejemplo errores u omisiones formales o detalles nimios en la composición de un patrimonio.

La cuestión no se ha quedado solamente en esta especie de “vista previa” sino que ha avanzado de manera casi risueña con la aparición de sabuesos encargados de detectar si quienes viajan al exterior llevan ocultos entre sus prendas y petates, billetes de banco de origen extranjero.

A las restricciones a las importaciones impuestas desde hace ya bastante tiempo, se les suman cada día nuevas y fervorosas “iniciativas” tendientes a limitar mediante autorizaciones oficiales las adquisiciones en el Exterior de prácticamente todos los productos, con esa forma primitiva de proceder que tienen ciertos funcionarios de raigambre intervencionista que no alcanzan a ver que cualquier medida restrictiva en un mundo interconectado y en el que toda transacción requiere de dos partes, lo mismo que para bailar el tango.

En verdad, todo este galimatías policíaco tiene como único fin mantener una balanza comercial favorable en torno de los 10.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta que siempre las restricciones producen represalias y mercados negros, amén de encarecimiento de productos y la tan odiada “desaceleración” de la economía.

Nuestro país ha recurrido con persistencia al uso de reservas del Banco Central para hacer frente a compromisos de deuda en divisas. Ello en virtud de que el superávit fiscal hace rato que ha mermado o directamente se ha extinguido, y que cuando existía se lo destinaba al gasto corriente en lugar de destinarlo a la adquisición de las divisas para hacer frente a los compromisos externos. El uso de tales reservas deteriora el valor de los pesos y contribuye a acelerar el proceso inflacionario, al tiempo que las restricciones o “cepo” al que venimos refiriéndonos opera en el sentido de frenar la economía y por lo tanto disminuir la tasa de inflación.

Pero resulta que llega un punto en que las reservas no alcanzan, el cepo importador produce reciprocidad de los clientes y proveedores externos y en definitiva la cuesta se empina hacia abajo cada vez más rápidamente.

Ni los controles de precios ni la deformación de los índices de inflación pueden modificar la realidad. Por ello, mientras el dólar oficial se mantiene dentro de un rango deprimido con respecto a la inflación real, se encarece cada vez más el costo de producir bienes y servicios y baja la competitividad, dificultando tanto la producción como las exportaciones locales. El efecto es más grave todavía si tomamos en cuenta las restricciones insólitas a las exportaciones de ciertos granos y otros productos agropecuarios.

El viejo adagio de la sábana corta es perfectamente aplicable a la situación argentina. El deterioro de las cuentas fiscales se ve agravado además por el estancamiento de los precios de las commodities en el mercado internacional. También la quita de subsidios a los servicios de agua, electricidad y gas tienden claramente a provocar una desaceleración real. Lo que ocurre con los subtes, más allá de la cuestión política (o más bien politiquera) es una cruda realidad. El boleto de ese medio de transporte estaba costando algo más de 20 centavos de dólar, un valor a todas luces ridículo y que hace inviable la prestación del servicio sin un claro subsidio estatal. Para que el boleto de subte deba ser elevado un 127% de una sola vez, tienen que estar las cuentas lo suficientemente deterioradas, porque de otra forma no termina uno de explicarse el porqué. Ningún político es un kamikaze, y no importa el partido de que se trate.

El gobierno argentino ha venido intentado disfrazar esta realidad con propaganda política y ataques a los medios disidentes. Como ha hecho con el INDEC, ha decidido que el ocultamiento de ciertas verdades de a puño hace que éstas desaparezcan o se disimulen de tal modo que no habrían de notarse.

Nada de eso dará resultado, obviamente. 70 años de propaganda no lograron impedir la caída del Muro de Berlín, y ninguna “revolución cultural” pudo detener el avance capitalista de la República Popular China. Más atrás en el tiempo, ya sabemos dónde terminaron los regímenes autoritarios vigentes durante la segunda guerra mundial, con su aparato de propaganda y sus “radios del pueblo”. El final es inevitable.

El verdadero estado policial impuesto en las transacciones comerciales, limitante del derecho a disponer de los bienes propios, propagador de sistemas de información y delación de carácter fiscal y bancario que han terminado con los secretos en ambos campos, y la proliferación de sistemas de control que limitan o dificultan seriamente la operatoria comercial y financiera no están destinados a mejorar el control para cumplir con exigencias internacionales sobre lavado de dinero. Ningún permiso previo, ninguna autorización de importación, ninguna restricción de exportación, ningún control de precios, ningún régimen de información masivo sobre movimientos bancarios o de tarjetas de crédito, contribuye un ápice a disminuir o terminar con el lavado de dinero. Máxime cuando el país hace apenas cuatro años llevó adelante mediante una ley un blanqueo de capitales de una amplitud y generosidad que no tiene explicación dentro de la lógica que hoy se pretende defender.

El cepo cambiario y del comercio exterior en general lleva claramente la marca del ajuste más brutal. A ello se le suma la quita de subsidios, que no hace sino llevarnos a preguntar para qué se impusieron si no eran medidas adecuadas, o en su caso por qué razón dejaron de serlo.

Del cepo al ajuste no hay ni siquiera un paso. Son los dos impostores de Rudyard Kipling: el triunfo y la derrota. El triunfo de las medidas restrictivas contribuye a la derrota que significa el denostado ajuste.

Héctor Blas Trillo Buenos Aires, 11 de enero de 2012

ECONOMÍA: IMPROVISACIÓN Y BARBARIE

Las abrumadoras novedades que va conociendo la población por estas horas en materia de política económica, muestran a las claras que no todo venía marchando sobre ruedas como solían manifestar, corrientemente, diversos representantes del oficialismo.

A las medidas represivas y persecutorias adoptadas en materia cambiaria, rápidamente le siguieron los burdos intentos para frenar importaciones de los últimos días, con exigencias claramente incumplibles que en parte debieron ser anuladas por la reacción de los operadores, impedidos como se encontraron, de la noche a la mañana, de cumplir con sus compromisos.

El mercado exportador se ha encontrado también envuelto en reclamos de todo tipo para que proceda a ingresar y liquidar divisas. Las petroleras y la mineras, como se sabe, ya no podrán dejar parte de los ingresos de sus operaciones en el exterior como se había fijado durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora están obligadas a traer al país el producido de todas sus ventas al exterior.

Tenemos información de que la AFIP ha iniciado procesos de inspección a quienes han solicitado la compra de dólares y no contaban con la “validación” correspondiente, aún teniendo sus cuentas en orden. Ello aparte de haber negado en primera instancia la posibilidad de adquirir la moneda extranjera. Es decir que el contribuyente deberá esperar que la AFIP se expida, por así decirlo. Un procedimiento absolutamente anómalo y contrario a derecho. Pero absolutamente posible en la Argentina que nos toca vivir políticamente hoy por hoy.

La línea ideológica que se observa es siempre la misma: intervencionismo, arbitrariedad y negación de la realidad económica.

Todo el mundo sabe que el INDEC es un organismo absolutamente devaluado desde la intervención política a comienzos de 2007. Pero todo parece indicar que los gobernantes sí creen los datos que surgen de este organismo. Así las cosas, mientras la tasa de inflación, los indicadores de crecimiento o los índices de pobreza van por un lado, las políticas “activas” de un gobierno volcado a pleno al voluntarismo más autoritario, van por otro. Pero nada es nuevo, incluso dentro del régimen kirchnerista.

En efecto, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner el Dr. Lavagna hacía referencia a premios y castigos en materia de derechos de exportación a quienes hicieran “buena letra” con los precios locales. Luego de la salida del poderoso ministro, se produjeron las increíbles prohibiciones de exportaciones cárnicas y trigueras mediante “resoluciones” ministeriales. Lo dicho: arbitrariedad, autoritarismo y voluntarismo. Desde las usinas del Poder se habla, y se habla, de “disciplinar los mercados”. Más claro agua.

Es obvio que si se incrementa la salida de capitales (que lleva más de cuatro años, dicho sea de paso) por algo es que lo hace. Es natural que si la gente se vuelca a comprar más dólares, también es por algo que ello ocurre. A su vez hay motivos para que suban las tasas de interés, que más que se duplicaron el pocos días. La autoridades contestan a estos problemas con medidas prohibitivas, restrictivas, disciplinarias.

La rusticidad es un elemento distintivo del autoritarismo, y por ende lo es también dentro del “modelo” económico reinante. No ha servido de mucho comprobar el desastre al que llevaron las mismas políticas en materia de carne vacuna, como podemos comprobar actualmente cada vez que concurrimos a la carnicería o al supermercado. Tampoco ha sido suficiente corroborar que algo parecido está ocurriendo con el trigo, que cada vez se utiliza más para alimentar hacienda en feedlots porque no es posible venderlo y mucho menos exportarlo.

La exigencia a los bancos para que las tasas de interés no superen el 20% es al mismo tiempo un dato autoritario y ridículo. El costo del dinero no se determina es el que el mercado paga. Lo mismo ocurre con el precio de todos los bienes y servicios. Los topes y los congelamientos conducen a los resultados de sobra conocidos: precios por las nubes, mercados negros, hiperinflaciones.

Ahora bien, hablamos de autoritarismo porque ello es evidente. Pero no dejamos de preguntarnos por qué no se designa gente idónea para el manejo de la economía. No tenemos una respuesta, excepto que al parecer a la presidenta le gusta que las cosas sean de este modo.

Es evidente que en las últimas medidas ha privado no solamente el autoritarismo y su correlato la rusticidad, sino que también se ha colado la improvisación. El carro se ha puesto delante de los caballos, claramente.

La destrucción del mercado cárnico ha sido el producto de pretender sostener precios bajos prohibiendo exportaciones. Y lo mismo ha estado ocurriendo en materia energética o en la comercialización del trigo.

La realidad económica, y en términos mucho más generales, la realidad; indican que las prohibiciones y los miedos no hacen sino ratificar que existen problemas. Lo mismo que los controles de precios (que también son prohibiciones) o los cierres de importaciones (que también lo son) y así en cada sector y rubro. Las gentes en general no comen vidrio y difícilmente se queden tranquilas esperando que las prohibiciones dejen de existir por haberse convertido en abstracciones. Y en nuestra opinión eso está ocurriendo ahora.

Quien hoy por hoy se ve en la necesidad de hacer operaciones en pesos porque no puede hacerlas en dólares, difícilmente tome como precio el del dólar controlado por el gobierno. Buscará un precio de referencia libre. Y si éste no existiere porque la represión oficial impide que se lleven a cabo operaciones; la cuestión pasará a medirse en términos comparativos con referencia a valores libres, como pueden ser los bienes o títulos cuyos mercados funcionan bajo la ley de la oferta y la demanda. Y tales mercados tomarán en cuenta la devaluación teórica de la moneda en un mercado libre, por ejemplo en Uruguay. Pretender que esto no ocurra será imposible, como lo es disimular el verdadero índice de inflación en la carrera de los precios y los salarios.

Está demasiado claro que ni la improvisación ni la barbarie (que no otra cosa es la rusticidad que se aplica) no podrán llegar muy lejos. Lamentablemente.

Sería bueno intentar no perder esta oportunidad para hacer las cosas razonablemente bien. Pero sinceramente no podemos esperar que ello vaya a ocurrir. Ojalá estemos equivocados.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 20 de noviembre de 2011

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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