Blog de Clubmacro

Por Alberto Pontoni y Azul Coppari. Noviembre 2005

Analizamos uno de los modelos mas difundidos como experiencia de acuerdo nacional, los Pactos de la Moncloa.

Hace 30 años, en noviembre de 1975, fallecía Francisco Franco, Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, que durante casi 40 años gobernó España con puño de hierro. Lo sucedió como jefe de Estado Juan Carlos I, conforme lo había dispuesto el mismo dictador poco tiempo antes. En junio de 1977, después de un año y medio de difícil transición y en el marco de una convulsionada coyuntura política, económica y social España va a elecciones libres (las primeras desde 1936, cuando triunfó el Frente Popular).

El resultado electoral mostró una dispersión de preferencias que dificultaba la búsqueda de una salida para la profunda crisis que vivía el país, ya que la centro derecha (UCD) obtuvo el 35% de los votos, los socialistas del PSOE el 29% y los comunistas (PCE) un 10%.

Es en este contexto que en octubre de 1977 se realiza un acuerdo nacional, conocido como Pacto de la Moncloa, suscripto por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y sancionado por unanimidad en ambas cámaras del parlamento. Se considera que este hecho institucional constituye uno de los cimientos, junto con el ingreso a la Comunidad Económica Europea en 1986, de la España moderna y democrática de hoy.

Los Pactos de la Moncloa son, básicamente, dos: el político (Programa de Actuación Jurídica y Política) y el económico (Programa de Saneamiento y Reformas de la Economía). Mientras que el primero perseguía la consolidación democrática del país, que se perfecciona con la sanción de una nueva Constitución en 1978, el segundo plantea medidas urgentes destinadas a salir de la seria crisis económica y modernizar la estructura productiva.

El Programa Económico

El legado de Franco fue una España poco desarrollada, en seria recesión económica, con fuerte desequilibrio externo y creciente inflación. La emigración a naciones vecinas a partir de mediados del 50, constituía la principal salida y recurso de subsistencia para gran parte de la población, oficiando de factor de contención social.

En 1977 la situación era explosiva. Las exportaciones sólo cubrían el 45% de las importaciones, provocando el sostenido incremento del endeudamiento externo y caída de reservas. La deuda trepó a 14 mil millones de dólares, triplicando la disponibilidad de divisas y la inflación alcanzó a niveles del 50% anual. Las pequeñas empresas, seriamente endeudadas, estaban paralizadas y el desempleo rondaba el millón de personas.

El Programa de Saneamiento y Reformas de la Economía, suscripto en el marco de los acuerdos de la Moncloa, con el consenso de los partidos políticos y previa consulta de las organizaciones laborales y empresariales, consideraba acciones de corto y mediano plazo.

Las de acción inmediata estaban destinadas a contener la inflación y estimular la actividad empresarial, recayendo el esfuerzo, principalmente, sobre el sector público, que se comprometía a una mayor austeridad, y los asalariados, que renunciaban a las medidas de fuerza para obtener ajustes salariales.

Entre las acciones acordadas destacaban:

* El compromiso del gobierno de reducir el gasto y ejercer una política monetaria restrictiva.

* La aceptación de ajustes salariales conforme la pauta de inflación futura en lugar de la pasada. Esta medida representaba un sacrificio de los trabajadores, pues implicaba aceptar aumentos de remuneraciones inferiores a la evolución del costo de vida.

* La flexibilización del régimen laboral, a través de mecanismos de contratación temporal y mayores facilidades para el despido de personal (inicialmente, hasta el 5% de la plantilla).

El Pacto también contemplaba iniciativas que apuntaban a una mejora de los derechos sindicales y la distribución del ingreso, a través de reformas de la estructura impositiva, seguridad social y educación. De esta forma se pretendía presentar el acuerdo como un reparto equitativo de sacrificios. Sin embargo, poco de esto último se llegó a concretar.

El Programa permitió alcanzar los objetivos de corto plazo fijados. En 1978, la inflación descendió al 16%, la situación fiscal mejoró, las reservas se duplicaron y las empresas comenzaron a recuperarse. Sin embargo, poco se avanzó en los objetivos propuestos para el mediano plazo, principalmente la reducción del desempleo y una mejora en la distribución del ingreso. Las promesas de reformas terminaron siendo postergadas.

En 1982 llega al gobierno el Partido Socialista (PSOE) que, paradójicamente, privilegió políticas ortodoxas de crecimiento por sobre la distribución. Durante la gestión de Felipe González mejoraron las principales variables macroeconómicas y aumentaron las utilidades de las empresas, pero al mismo tiempo cayó el salario real, se agravó el desempleo y aumentó la precariedad laboral. El mercado desplazó el anterior régimen de acuerdos.

Reflexiones finales

El aspecto más positivo del Pacto de la Moncloa está, definitivamente, en el componente político. Los rituales simbólicos y ceremonias de reconciliación nacional (entre las que destaca el reconocimiento de la monarquía) así como el consenso de la dirigencia política respecto del proceso de democratización del país generó un clima de gran confianza que repercutió favorablemente y facilitó el ingreso a la Comunidad Europea. Desde este aspecto constituyó una respuesta inteligente de la dirigencia de ese país para superar el retraso y engancharse al exitoso tren de la integración europea.

La Moncloa deja otra lección: el incumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores a pesar de las apelaciones grandilocuentes a la necesidad de un reparto de sacrificios. El pacto económico sirvió para contener las demandas de los asalariados que debieron resignar ingresos y empleos y esperar más de dos décadas para mejorar su situación.

La España de la Moncloa es muy diferente de la Argentina de hoy, que lleva más de dos décadas de ejercicio democrático, no le espera ninguna locomotora externa de progreso y bienestar a la cuál engancharse y viene de superar un profundo colapso. De allí, que el desafío no pase tanto por la modernización institucional sino, principalmente, por concertar las bases para impulsar un desarrollo equitativo e integrador, lo cuál implica que el eje del consenso debe estar orientado a la definición del programa económico.

Han transcurrido cuatro años desde aquellas desesperanzadas elecciones de octubre del 2001 que anticiparon el inicio de la debacle económica más profunda vivida por el país. Es mucho lo avanzado en tan corto lapso lo cuál debe ser motivo de reconocimiento para quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de administrar la crisis.

Los principales ejes de la actual gestión económica fueron la fijación y consolidación de una paridad cambiaria más conveniente para el sector productivo, la renegociación con quita y espera de la asfixiante deuda pública, la aplicación de retenciones a las exportaciones (que en la práctica constituyen impuestos a la renta de recursos naturales), la expansión controlada de la oferta monetaria y un manejo ordenado de las cuentas públicas.

Esto permitió alcanzar una buena performance macroeconómica expresada en los siguientes indicadores:

· tasas de crecimiento global del orden del 9% anual

· sustancial mejora del nivel de uso de capacidad instalada y ocupación industrial,

· incremento de las exportaciones y del superávit comercial,

· contención de las presiones inflacionarias

· recomposición del sector financiero y de las reservas

· aumento de la recaudación y reversión del crónico déficit del sector público

Como consecuencia, la Argentina de fines del 2005 muestra un nivel productivo similar al de inicios de la crisis (1998) pero esta mejor situada tanto en su inserción internacional, comercial y financiera, como en el manejo de las cuentas públicas. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que este proceso de recuperación se ha hecho a costa de serios sacrificios, principalmente de los sectores más vulnerables, y es poco lo avanzado en materia de modernización y adaptación a los cambios que revolucionan el mundo.

La tarea macroeconómica ya fue hecha y se realizó satisfactoriamente. Ahora llegó el momento de enfrentar el desafío del desarrollo. ¿Por donde empezar?

La punta del ovillo

Hay algunas cuestiones que para los argentinos deberían resultar obvias, después de las frustradas experiencias de las últimas décadas, tanto de la "perdida" (80s) como de la "desperdiciada" (90s).

Hoy es un anacronismo el plantear opciones como mercado vs planificación o empresa privada vs Estado, ya que todos ellos constituyen factores fundamentales en una estrategia de desarrollo adaptada al nuevo milenio. El desafío consiste, justamente, en armonizarlos en lugar de contraponerlos.

De allí que en una sociedad compleja como la nuestra la senda del desarrollo y de la inclusión social deba comenzar por la búsqueda de consensos para la definición de objetivos y estrategias, es decir, de acuerdos democráticamente alcanzados entre los diferentes actores sociales y económicos. Es la necesidad de una paritaria del desarrollo.

Consenso amplio y acuerdos sectoriales

Recientemente, la Unión Industrial Argentina (UIA), preocupada por la amenaza de una espiral de conflictos gremiales que pueda repercutir en una suba sostenida de salarios, propuso un pacto para acordar con el sector gremial pautas de remuneraciones, precios e indemnizaciones, por un mínimo de dos años con revisiones semestrales.

En principio, los empresarios aceptarían un aumento de los salarios rezagados por la evolución del costo de vida en los últimos años y, a partir de allí, proceder a una actualización periódica en función del incremento de productividad. Asimismo, están reclamando cambios en el régimen actual de indemnizaciones por despido y riesgos de trabajo, incluyendo una reducción de aportes patronales A cambio de ello se comprometerían a mantener sus precios en sintonía con la pauta de inflación oficial.

A pesar que iniciativas de este carácter resultan siempre positivas corresponde señalar que este no es el consenso amplio arriba propuesto.

Una paritaria UIA-CGT/CTA resulta insuficiente para atender la problemática nacional de ingresos y modernización productiva, así como limitada en su alcance. Cabe recordar que de los 20 millones de personas con capacidad laboral que cuenta el país menos de una cuarta parte se vería representada en esa mesa de negociación, ya que el número de trabajadores del sector privado que se desempeña "en blanco" es de sólo 4.5 millones.

Paritaria del desarrollo

Un acuerdo nacional para el desarrollo debe ir mucho mas lejos y atender la situación del conjunto de excluidos, obligando a un análisis profundo de la estrategia productiva del país y el papel que deberán asumir los principales actores en ese proceso. Estado, empresas, trabajadores y desempleados deberán estar presentes en esa mesa de negociación.

Una clara diferencia entre paises desarrollados respecto de otros como el nuestro es, justamente, el alto porcentaje de población excluida. De allí, que en los primeros las propuestas de acuerdo social revistan el carácter de negociaciones tripartitas.

En el caso argentino se suma una particularidad que refuerza la necesidad de una mesa de concertación de cuatro patas. Esa característica esta dada por el desarrollo reciente de organizaciones que agrupan a desocupados y excluidos, así como la aparición de nuevas formas de activismo social, como el piquete. Quienes menosprecian estas organizaciones o impugnan su representación deberían también considerar las falencias que muestran el conjunto de nuestras organizaciones sindicales y empresariales.

En la capacidad de acordar un consenso global reside el gran desafío nacional. Sin duda alguna corresponde al Gobierno realizar la convocatoria, proponer agendas y facilitar la realización de una experiencia tan valiosa como inédita, sentando las bases de una nueva cultura de concertación que contribuya a desterrar las perjudiciales practicas de confrontación y mesianismo, tan frecuentes en el accionar de nuestras dirigencias.

Por Alberto Pontoni. Octubre 2005

A raíz de numerosos comentarios recibidos respecto de nuestro articulo anterior, que cuestionaba la inclusión hecha de Argentina por el PNUD entre los paises de desarrollo humano alto, hemos considerado avanzar en las causas de fondo del problema e introducir algunas precisiones con la finalidad de resaltar las ideas expuestas y facilitar su traducción en propuestas de cambio factibles y adaptadas a nuestra realidad.

* El principal problema social argentino es la formidable proporción de carenciados, que se expresa en los quince millones de "pobres" y cinco millones de "indigentes", clasificados como tales a partir de estrechas líneas de ingreso individual inferiores a 3.5 dólares/día, para la pobreza y a 1.3 dólares/día, en el caso de la indigencia.

* A pesar de las limitaciones existentes es factible lograr que muchos de aquellos que hoy sufren serias carencias puedan vivir sustancialmente mejor y tener una calidad de vida similar a la de algunos paises europeos que nos deslumbran, como España.

* Para alcanzar ese grado de desarrollo no es necesario esperar a crecer y duplicar o triplicar el PBI. Existe un atajo que pasa por la mejora en la distribución de ingresos. Si la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos lograra reducirse al nivel de España no habría indigentes y disminuiría notoriamente el número de pobres.

¿Qué tiene España que no tiene la Argentina? ¿Qué explica la desigual distribución de ingresos en ambos paises? ¿Cómo reducir las irritantes brechas en el corto plazo?

Hay dos grandes líneas de interpretación. Para unos el problema reside en que el Estado no cuenta con los fondos necesarios para paliar la situación de los más postergados, mientras que para otros hay recursos suficientes pero no llegan a quienes deberían llegar. En un caso la situación se corregiría aumentando la recaudación, incrementando la presión impositiva y/o reduciendo la evasión fiscal, mientras que en el otro el énfasis debería estar puesto en un cambio de prioridades y mejorar la eficiencia del sector público.

En verdad no es poco lo que se recauda en Argentina, ya que el sector público consolidado, que comprende las diferentes instancias de gobierno (nacional, provinciales y municipales), captura más de una cuarta parte del PBI. Con sólo limitar ciertos privilegios y reducir la evasión la recaudación fiscal podría alcanzar a un tercio del producto bruto interno.

¿Es esto suficiente para llevar adelante una efectiva lucha contra la exclusión y mejorar la distribución de ingresos? En principio si, siempre que una porción importante pueda llegar a quienes lo necesitan.

Teóricamente es factible eliminar la pobreza extrema de nuestro país con los recursos existentes, canalizando hacia los más postergados un diez por ciento del total de la recaudación pública, es decir, el equivalente de menos de 5 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, esto resulta fácil de enunciar pero difícil de ejecutar pues implica sanear el gasto público y reasignar fondos con otros criterios, afectando intereses particulares y corporativos que hacen de la corrupción su razón de ser.

La corrupción criolla

En Argentina "corrupción hubo siempre" y no es necesario hacer un recuento de casos y circunstancias para advertir el alto grado de descomposición del sector público, tanto a nivel del Estado nacional como de las provincias y municipios. Un cómplice necesario de esta conducta criminal suele ser el empresario corruptor, constituyendo el fenómeno tan bien ilustrado en el lenguaje popular como "patria contratista".

Dos factores resultan particularmente llamativos y preocupantes en el caso argentino. Por un lado, que bajo gobiernos constitucionales y administraciones civiles la corrupción y su factor estimulante, la inmunidad de corruptores y corruptos, no se haya detenido. Por otro, que la implementación de reformas que perseguían erradicar la corrupción estructural a través de la llamada "transparencia del mercado" fue un estimulo antes que un freno.

Una reciente investigación realizada por cuatro organizaciones no gubernamentales asociadas en el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), estima en 10.000 millones de dólares el costo social producido por la corrupción y otros delitos económicos desde el retorno de la democracia en Argentina. El informe, elaborado sobre la base de un relevamiento de 750 causas penales de distintas jurisdicciones, también señala que en sólo el 3 por ciento de las causas analizadas hubo algún tipo de condena.

Reflexiones finales

La postulación del crecimiento como condición previa y necesaria a la distribución ha sido desmentida por los hechos y perdido vigencia en el debate del desarrollo. Sin ir tan lejos, días atrás en la presentación del Informe sobre Desarrollo Mundial 2006, que lleva por título "Equidad y Desarrollo", el economista jefe del Banco Mundial reconoció que "existe una complementariedad entre equidad y crecimiento económico... y que... al generar mayor equidad, podemos generar una sociedad más eficiente".

En otras palabras, un país como el nuestro que cuenta con recursos e ingresos suficientes, puede ya mismo mejorar el bienestar de su población sin necesidad de esperas ni de promesas futuras y convertirnos en una nación con verdadero desarrollo humano "alto", como España. Para ello deberíamos cambiar el actual patrón de distribución de ingresos. Los recursos están en las arcas públicas, el resto es decisión política animada de criterio solidario y transparencia. El principal obstáculo reside en la administración criminal y antisocial de esos fondos.

La corrupción repercute negativamente sobre la distribución de ingresos a través de, al menos, tres mecanismos: estimulando la evasión, restando prioridad a la atención de los sectores postergados e impidiendo que estos lleguen donde corresponde. Aumentar los recursos públicos sin modificar el patrón corrupto de administración es estimular la matriz mafiosa y consolidar el sistema prebendario y excluyente existente.

La experiencia internacional muestra que puede haber desarrollo con más o menos mercado pero nunca con altos niveles de corrupción pública. El Estado, tanto por su rol irremplazable de componedor y orientador de los diferentes sectores e intereses, como de generador y movilizador de recursos, puede ser un instrumento fundamental para promover el desarrollo equitativo, pero no podrá cumplir adecuadamente estas funciones si quienes ejercen cargos de responsabilidad los usufructúan en beneficio propio, de empresas o corporaciones.

Por Alberto Pontoni. Octubre 2005

Finlandia es un país joven (obtuvo su independencia en 1906) y pequeño, tanto en extensión (338.000 km2 cubierto en su mayor parte por lagos) como en población (5 millones de habitantes). Sus riquezas naturales son escasas, constituyendo los bosques su fuente principal de recursos primarios. A pesar de ello se encuentra a la vanguardia en todo, tanto en los clásicos indicadores de desarrollo humano (ingresos, equidad, empleo, salud, educación, oportunidad de genero, mantenimiento ambiental, etc) como en desarrollo tecnológico, competitividad, ejercicio institucional y ausencia de corrupción. Lo extraordinario de este pequeño gran país es que en menos de un siglo pasó de la pobreza al bienestar generalizado y que, recientemente, logró emerger de una seria crisis y transformarse en una economía posindustrial. El articulo ilustra sobre algunas causas de este desempeño y en que medida es replicable a realidades como la nuestra.

A principios de la década del noventa Finlandia sufrió fuertemente el colapso de la Unión Soviética, su vecino y principal socio comercial. El sector productivo, basado en la industria metalúrgica y de pasta de celulosa, se derrumbó arrastrando a otros sectores. El país se frenó y el desempleo trepó al 20%. Hoy, sólo 15 años después, Finlandia deslumbra como uno de los modelos más exitosos de lo que se ha dado en llamar sociedad posindustrial, conjugando bienestar social y modernidad económica.

¿Cómo pudo aprovechar ese país el traumatismo de una crisis para realizar una mutación económica profunda que fue mucho más allá de una mera recuperación? Esta es, justamente, la particularidad del caso finlandés y aquello que más atrae la atención de los estudiosos del desarrollo.

La transformación

En primer lugar, hay que tener en consideración que la salida de la crisis no se produjo a través de instrumentos tradicionales de auxilio en caso de naufragio económico, como son el crédito o la devaluación. La utilización del crédito no fue posible, al igual que en la Argentina del 2002, porque el sistema financiero estaba colapsado por el alto grado de sobreexposición crediticia al momento del estallido. A su vez, los compromisos adoptados en el marco del proceso de incorporación a la Unión Europea le impedían devaluar.

La clave de la transformación económica de Finlandia debe ser rastreada en la inteligente planificación y conjugación del sector privado y público. Más precisamente, entre la adecuada y eficiente decisión de una empresa: Nokia, y la igualmente acertada estrategia del gobierno para convertir a Finlandia en una "sociedad de la información".

Nokia, el gigante de las comunicaciones inalámbricas, es la compañía más grande de Finlandia en volumen de ventas y empleo (absorbe casi el 3% de la oferta laboral) e influencia mucho toda la economía. Empezó como una compañía industrial de pasta de celulosa y papel que, a partir de su crisis, se transformó exitosamente en una empresa de electrónicos y de desarrollo detecnologías de información y comunicación (TICs).

Por su parte, el Gobierno ha hecho mucho por convertir a Finlandia en una sociedad de la información a través, principalmente, del financiamiento de actividades de investigación y desarrollo (I&D) y educación. Finlandia esta en el grupo de paises que más invierten en I&D (cerca del 4 por ciento del PBI) y que mayor presupuesto asigna al apoyo de la ingeniería y la tecnología en las universidades. Los avances en el desarrollo de sistemas de comunicación inalámbrica y de teléfonos celulares de tercera generación son, en gran medida, resultado de la investigación del sector público (junto con Nokia) en estas áreas.

La preocupación del gobierno por mantener el liderazgo en temas relacionados con las TICs es permanente. Muestra de esta inquietud es la creación e institucionalización del Comité para el Futuro, un colectivo de científicos, planificadores y políticos, destinado a analizar asuntos relacionados con los desafíos de las nuevas tecnologías y la globalización.

Claves y Lecciones

De la experiencia de Finlandia se desprenden importantes claves que pueden resultar útiles para Argentina y otros paises. A pesar que la formula no es exótica ni desconocida, es conveniente insistir que no hay recetas únicas ni simples ya que el camino del desarrollo atraviesa diferentes desafíos económicos y sociales.

Consenso y pensamiento estratégico. La cooperación entre gobierno, empresas, gremios, y organizaciones sociales, es un factor sustancial en la búsqueda y construcción de opciones superadoras en el caso de paises con cierto nivel de desarrollo económico y social. Esta herramienta es una constante de las políticas públicas en las naciones nórdicas y también se encuentra en los cimientos del boom reciente de España e Irlanda, institucionalizados como Pacto de la Moncloa (1977) y Acuerdo Social (1987), respectivamente.

Dicho de otra forma, una función clave del Gobierno es presidir "paritarias del desarrollo", que tengan el propósito de articular el funcionamiento de economías de mercado en un marco de plena inclusión social. Sería un error presumir que los problemas actuales pueden ser resueltos unilateralmente y una miopía de graves consecuencias estimular la confrontación entre los diferentes sectores sociales o la exclusión de alguno de ellos.

Distribución, competitividad y eficiencia. Una de las grandes sorpresas de Finlandia es la excelente conjunción de competitividad empresarial con fuerte presión impositiva. La clave reside en el hecho de ser un juego en que "todos ganan".

Por un lado, los sectores populares, que disfrutan los beneficios de inversiones sociales financiadas con esos recursos, como subsidios, asistencia médica y educación de calidad generalizada Por otro, las empresas y los sectores más ricos, sobre quienes recae la mayor carga tributaria, que también se benefician de esa política redistributiva en la medida que el modelo económico siga descansando sobre la sabiduría y el conocimiento.

Pero, la principal lección es que Finlandia no es un milagro sino la evidencia de una construcción humana inteligente y solidaria. Una solución posible de alcanzar, pero que requiere la voluntad de las clases dirigentes para asumir los cambios necesarios.

Por Alberto Pontoni.Octubre 2005

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de publicar el informe anual de Desarrollo Humano (DH) colocando, una vez más, a Argentina dentro del grupo de naciones con "alto" DH. ¿Puede calificarse así a un país con más del cuarenta por ciento de su población sufriendo carencias y donde uno de cada cinco habitantes no cuenta con los medios suficientes para alimentarse?

En el mencionado informe Argentina ocupa el puesto 34 de una muestra que abarca a 177 naciones de todo el mundo encabezando el grupo latinoamericano de alto desarrollo, seguido por Chile (37), Uruguay (46), Costa Rica (47), Cuba (52) y México (53).

Sólo la arbitrariedad (no carente de intencionalidad) en la elección de indicadores y cierta insensibilidad estadística pueden hacer que Argentina comparta la clasificación de vanguardia con paises como Noruega, Japón y España y permita a los gobernantes de turno y alguno que otro cándido regodearse con la idea de formar parte del "primer mundo" o encabezar el ranking de las naciones latinoamericanas. Más patético aún resulta el caso de México, igualmente clasificado como de alto DH a pesar de que más de una cuarta parte de su población percibe ingresos inferiores a dos dólares diarios.

De allí el cuestionamiento a la utilización del calificativo "alto" que complementado con el termino "desarrollo" tiene un claro sentido de valoración positiva que desnaturaliza la realidad y constituye una verdadera afrenta a los numerosos contingentes de población que sufren cotidianamente todo tipo de privaciones en estos paises.

Como se elabora el IDH

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que clasifica a los paises en tres grupos (desarrollo humano alto, medio y bajo) atendiendo a los logros promedio alcanzados en materia de salud, educación y economía, medidos respectivamente por:

• La esperanza de vida al nacer, en el caso de la salud,
• Una combinación de tasas de alfabetización y de matriculación, para la educación, y


• Un PBI per cápita adaptado según poder adquisitivo, en economía

Sin duda el IDH es una forma de medición del bienestar un poco más amplia que el clásico ingreso per capita pero sigue adoleciendo del serio defecto de ser poco representativo para el conjunto de la población, lo cual resulta una deficiencia seria para el caso de paises muy segmentados por la regresiva distribución de ingresos, como es el nuestro.

Cualquier estudio serio sobre desarrollo debe necesariamente incorporar indicadores de distribución de ingresos, no como un complemento estadístico sino como insumo sustancial del análisis. Lamentablemente, vivimos la influencia de un economicismo restringido e interesado que descalifica la búsqueda de justicia social en aras de una supuesta eficiencia. Esta postura se refleja, entre otros, en la actual presión de EEUU por restar importancia al compromiso asumido en las Metas del Milenio de erradicar la pobreza.

Equidad y Desarrollo

En el cuadro que se muestra a continuación se comparan los ingresos anuales per capita, en dólares equivalentes (ajustados por poder adquisitivo), de Noruega, Japón, España y Argentina, ubicados, respectivamente, en los puestos 1, 11, 21 y 34 del IDH. La tabla permite apreciar el ingreso medio nacional y de los sectores más pobres y ricos de la población de cada país, así como las brechas que separan las puntas.

Elaboración propia sobre la base de datos del informe de Desarrollo Humano del PNUD

De la lectura del cuadro se desprenden algunas conclusiones de interés:

1. Las brechas entre el ingreso medio de los más ricos y los más pobres son brutales en Argentina: la diferencia entre "picos" y "valles" alcanza a ¡¡¡40 veces!!!, mientras que en el resto no supera las 9 veces. Resulta obvio que el concepto de alto desarrollo no puede estar asociado a tan grotesca falta de equidad.
2. Los más pobres argentinos son muchisimo más pobres que los más postergados de los paises de vanguardia, a diferencia de los más ricos que gozan de un bienestar similar. Los más pobres de España tienen un poder de compra 5 a 6 veces mayor que los nuestros mientras que la brecha entre los más ricos es de sólo un 20%.

El desafío es nacional

La experiencia de las naciones más desarrolladas indica que para alcanzar el bienestar colectivo distribuir resulta tan importante como crecer. Es más, existen variados argumentos que avalan la tesis que vincula el crecimiento con una mejor distribución de ingresos.

Mejorar el bienestar de los más pobres y aplanar la actual topografía de ingresos es teóricamente simple, pero muy difícil de llevar a la práctica por la fuerza de los intereses en juego y la falta de voluntad política de las dirigencias.

A efectos ilustrativos se señala que en nuestro país la brecha entre las puntas podría reducirse de 40 a sólo 8 veces si se transfiriera a los más pobres, vía impuestos, un diez por ciento de los ingresos del decil más rico, permitiendo que el ingreso medio de aquellos se cuadriplique. De realizarse el mismo ejercicio entre los quintiles más rico y más pobre, la brecha entre ambos grupos se contraería de 18 a 6 veces y el ingreso del veinte por ciento más pobre casi se triplicaría. De esta forma estaríamos muy cerca del nivel de España.

Sin duda es más fácil para nuestra dirigencia victimizarse y recurrir a peroratas que buscan descargar culpas en terceros o "los de afuera" antes que asumir los cambios internos necesarios para mejorar la situación a partir del sacrificio de los argentinos que más tienen y pueden, como ocurre en otros paises. Este es el camino para un mejor desarrollo humano.

Por Alberto Pontoni. Setiembre 2005

A continuación se presenta un resumen, elaborado por el equipo de ClubMacro, de la presentación realizada por el Prof. Frenkel en las recientes Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, en que se analizan las consecuencias de las políticas económicas instrumentadas por nuestro país en el marco del proceso de globalización financiera de las últimas décadas.

Argentina vivió más de cuatro décadas de aislamiento financiero externo, a partir de la crisis mundial del treinta. La falta o escasez de divisas (estrangulamiento externo) durante ese largo periodo repercutío negativamente sobre el crecimiento limitando la posibilidad de realizar importaciones imprescindibles y reduciendo el ritmo de inversión, sujeto a la disponibilidad de ahorro doméstico.

Desde una visión optimista de la globalización podría afirmarse que la superación del aislamiento, producto de la inserción en el proceso de globalización financiera que se desarrolló desde los años setenta, implicaba la posibilidad de eliminar esas restricciones y, consecuentemente, la posibilidad de alcanzar mayores tasas de crecimiento.

A ello se podría agregar que el acceso al financiamiento internacional de largo plazo también permitía remover otra restricción financiera que sufren las economías en desarrollo, como es la ausencia de un mercado de crédito de largo plazo.

En resumen, eran de esperar resultados positivos de la globalización financiera ya que la remoción de las restricciones se traduciría en una mayor ritmo de crecimiento y menor volatilidad. Sin embargo, a pesar de la mayor disponibilidad de divisas, ahorro externo y financiamiento de largo plazo, esto no sucedió. Por el contrario, la experiencia argentina desembocó en un resonante fracaso. ¿Por qué?

La "dosificación" del crédito

En la explicación de los resultados deben considerarse dos tipos de factores, algunos propios del sistema internacional y, otros, de carácter nacional, que son los que se analizan a continuación.

Un aspecto que resulta conveniente destacar es la existencia de límites estrictos para la utilización eficiente del ahorro externo. La dosificación es crucial. No siempre la globalización financiera permite eliminar la restricción de ahorro sobre el crecimiento. La experiencia parece señalar que el financiamiento internacional sólo funciona positivamente ("como dice la receta") cuando es administrado en pequeñas dosis. Por el contrario, en dosis excesivas resulta nocivo.

La conclusión es que la integración financiera internacional debe ser administrada de modo tal de mantener la utilización del ahorro externo dentro del límite en que su aporte al crecimiento resulta positivo. Las políticas macroeconómicas, esto es, las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, constituyen, justamente, los elementos cruciales en el manejo de esa administración.

El rol del tipo de cambio

El tipo de cambio real juega un papel estratégico en el patrón de desarrollo. Uno de los principales instrumentos para fomentar el crecimiento y el empleo es contar con un tipo de cambio real competitivo. A su vez, una política de tipo de cambio real debe mantener el ahorro externo dentro de los límites sustentables a largo plazo, que son también los límites de su contribución positiva al crecimiento.

En síntesis, la política de tipo de cambio real debe articular y coordinar la inserción comercial con la inserción financiera, permitiendo que el balance de pagos y el endeudamiento externo evolucionen conforme los objetivos fijados en la estrategia de desarrollo.

La experiencia nacional

En Argentina, a pesar de las lecciones negativas que brinda la experiencia reciente, hay una significativa corriente económica que sigue argumentando en favor de una utilización ilimitada del ahorro externo, resultando partidaria de dejar librada su magnitud y el valor del tipo de cambio real a los efectos de los flujos irrestrictos de capital. No ha registrado que esa política tiende a colocar las economías en trayectorias insostenibles que conducen a trampas financieras de bajo crecimiento y alta vulnerabilidad, que frecuentemente desembocan en crisis profundas.

Argentina está entre las peores experiencias de integración en el proceso de globalización. En el origen del problema que desembocó en el mayor default de la historia hay un error de política original: la combinación de apertura financiera y tipo de cambio real apreciado. Otros países, como Chile, cometieron el mismo error en los años setenta pero, a diferencia de Argentina, no lo repitieron en forma acentuada en los años noventa.

Perspectivas

A pesar de la exitosa reestructuración de la deuda pública externa lograda por nuestro país, las relaciones de endeudamiento continúan siendo aún muy altas. Indudablemente, un objetivo estratégico nacional es la progresiva reducción de ese endeudamiento.

Dos políticas son cruciales para el cumplimiento de este objetivo estratégico y ambas han sido formuladas y están siendo implementadas por el gobierno. Por un lado, la preservación de un tipo de cambio real competitivo. Por otro, el compromiso, contenido en el programa financiero de largo plazo que sustentó la propuesta de reestructuración de la deuda en default, que el sector público no volverá a endeudarse en el mercado financiero internacional.

Por Roberto Frenkel. Junio 2005

Recientemente, miembros

de ClubMacro aplicaron 160 encuestas destinadas a conocer mejor el perfil de

los estudiantes de la

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Del ejercicio

participaron un total de 120 mujeres y 40 varones, que están cursando entre

tercer y quinto año y cuyas edades oscilan en la banda de 20 a 23 años. A continuación

se presentan los principales resultados obtenidos en la muestra y algunos

comentarios (a efectos didácticos se han redondeado las cifras).

Características

socioeconómicas

La información obtenida

señala que los encuestados provienen de sectores socioeconómicos prósperos o

desahogados. Un 80% continua viviendo en casa de sus padres y la mayoría (70%

del total) "no sufre falta de dinero" y se "encuentra

muy conforme con su vida". Aproximadamente la mitad del total tiene

empleo. (Estos datos resultan coincidentes con otros relevamientos hechos a

nivel facultad que destacan la alta proporción de estudiantes de clase media).

Estudio y Universidad

La elección de carrera fue

hecha tomando en cuenta, principalmente, la "buena posibilidad de

salida laboral" (40% del total) o "por vocación"

(40%).

El cuadro siguiente destaca

la imagen positiva de la

Facultad en el aspecto académico. En general, los estudiantes

consideran su nivel como "muy bueno" (40%) o "bueno"

(60%), calificación similar a la que otorgan a docentes y materias. Por el

contrario, expresan una fuerte disconformidad respecto la organización

administrativa, que la mitad de los encuestados considera "regular"

o "mala"

Un dato de interés reside

en el hecho que uno de cada cuatro encuestados (mayor entre mujeres) considera

a la Facultad

un "lugar gratificante" y sólo un 15% la vive como "una

carga pesada". Obviamente, para la mayoría (60%) es "una

necesidad".

En la dedicación al estudio

(sin considerar tiempo de cursada) se observa una fuerte diferencia de genero,

como se muestra en el cuadro de abajo. La mitad de los varones dedica menos de

2 horas diarias al estudio mientras que la mayoría de las mujeres le consagra

entre 2 y 4 horas (55%) o hasta más de 4 horas/diarias (25%). Obviamente, esta

mayor aplicación de la mujer se refleja en su mejor rendimiento académico,

medido tanto por el promedio de calificaciones como la aprobación de cursos.

Posiblemente contribuya a

explicar esta diferencia la mayor valoración que la mujer tiene del estudio, ya

que un 60% consideró que esa dedicación va a ser "bien recompensada".

Entre los varones, la mitad opinó que la recompensa es poca o ninguna y no

justifica el esfuerzo.

Tiempo libre y

adicciones

El cuadro siguiente muestra

la utilización del tiempo libre y el grado de adicción al tabaco y el alcohol

por parte de varones y mujeres. Destaca el alto porcentaje de mujeres que fuman

(55% frente a sólo el 30% en los varones). Por otro lado, la mitad de los

varones se emborracha "a veces", mientras que entre las

mujeres sólo lo hace una cuarta parte y un 70% afirmó no haberse embriagado

nunca.

Etica y compromiso

social

La encuesta incluyó la

opinión sobre dos temas controvertidos: aborto y eutanasia. En el tema del

aborto la mayoría de los encuestados que emitieron juicio (60% de las mujeres y

70% de los varones) considera que no debería ser penalizada la mujer que

interrumpe voluntariamente su embarazo. Es más, una de cada cinco mujeres

manifestó su disposición a hacerse un aborto y un 40% de los varones lo

recomendaría.

Por otro lado, son mayoría

los partidarios de la legalización de la eutanasia. Sin embargo una tercera

parte de los encuestados se abstuvo de adoptar una posición en este tema.

Quizás uno de los

resultados más sorprendentes, pero clara manifestación de la época, es el

terminante rechazo que sienten los jóvenes por la política (al 90% le interesa

poco o nada) y la simetría que muestran las simpatías por las diferentes

tendencias. Mas de la mitad no definió su ubicación en el arco de preferencias

ideológicas y aquellos que lo hicieron se repartieron por igual, principalmente

entre centro-derecha y centro-izquierda.

Indudablemente, ha

contribuido a ese rechazo el deplorable ejemplo de la clase política que

gobernó el país hasta poco tiempo atrás y, en particular, el ex presidente

Carlos Menem, que encabeza el listado de las personas mas detestadas y el

antimodelo por excelencia de los encuestados. Consecuentemente, nadie mencionó

a un dirigente político entre los "personajes admirados" o

modelo a seguir.

Finalmente, llama la

atención la mayor proporción de mujeres que realizan regularmente actividades

políticas, religiosas y de solidaridad.

Perspectivas y

reflexiones

Entre los jóvenes existe

clara conciencia del retroceso del país, ya que son mayoría quienes opinaron

que en "tiempo de sus padres", es decir una generación atrás,

se vivía mejor. Esta valoración también se manifiesta en el hecho que un 40% de

los encuestados considera que emigrar "puede mejorar su futuro".

A pesar de esta visión

negativa (o realista) sobre la evolución de nuestra sociedad, un 80% de los

encuestados tiene una apreciación positiva respecto de su futuro, al que lo ve

"muy bueno". Sin embargo, es posible que esta visión optimista

sea mas una consecuencia de la confianza en sus propias fuerzas (rasgo

característico del ser joven) antes que en la esperanza de un devenir venturoso

del "afuera", es decir, de nuestra sociedad.

Indudablemente, los

estudiantes de hoy tienen sus propias peculiaridades propias de la realidad que

les toco y les toca vivir. De poco sirve comparar sus idearios o convicciones

con épocas de mayor contestación. Son décadas de represión, oídos sordos y

puertas cerradas las que han sembrado las condiciones para que prosperen

actitudes más conservadoras e individualistas

Un país en construcción

como el nuestro no puede prescindir de la participación de los jóvenes en la

construcción del futuro común. Para ello es necesario revalorizar el rol de la

universidad como escuela de formación de dirigentes, abrir los canales de

participación en las diferentes instancias institucionales, desde los centros

de estudiantes a los partidos políticos, y estimular el acceso por merecimiento

a los cargos públicos.

Por Natalia Fernández, Fernando Couto

y Alberto Pontoni. Junio 2005

Por Alberto Pontoni. Mayo 2005

La presente Constitución, que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro común, crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. La Unión coordinará las políticas de los Estados miembros encaminadas a lograr dichos objetivos y ejercerá, de modo comunitario, las competencias que éstos le atribuyan. (art. I-1 del proyecto de Constitución de la Unión Europea).

Europa enfrenta un momento crucial en su proceso de integración: la ratificación de la flamante Constitución por parte de sus 25 Estados miembros. Tras la firma por Jefes de Estado y de Gobierno del proyecto de tratado que establece la Constitución de la Unión Europea, se requiere su aceptación unánime para que esta pueda entrar en vigor.

Hasta ahora la autoridad de la UE derivaba de una serie de acuerdos intergubernamentales pero una vez aprobado el nuevo tratado dejará de existir como una asociación de Estados para convertirse en una sola entidad política y jurídica. Éste es un hecho fundamental que modifica de facto y de iure la naturaleza de Europa desde la caída del Imperio Romano.

El nuevo Tratado mantiene sin cambios los principales organismos existentes, como el Consejo, la Comisión, la Corte de Justicia y el Banco Central, y consolida y actualiza en un solo texto las normas vigentes. Por otro lado, incorpora importantes novedades tendientes a hacer más operativo el accionar de esta entidad supranacional, como es la designación de un Presidente y un Ministro de Relaciones Exteriores y la adopción de las decisiones del Consejo por una mayoría calificada que tendrá en cuenta a los Estados y sus poblaciones.

En síntesis, el proyecto de Constitución Europea representa un claro avance en el proceso de integración regional y una mayor coincidencia en materia de política internacional por parte de los Estados que componen actualmente la Unión.

Sin embargo, el proceso de ratificación que requiere la aprobación unánime de los estados miembros presenta un serio escollo: Francia. Este país, verdadera clave de la Europa integrada junto con Alemania, ha convocado a un referéndum nacional para el 29 de mayo para que sean los propios ciudadanos, en lugar del parlamento, quienes se pronuncien sobre la aceptación de la Constitución. La preocupación proviene del hecho que hasta el momento las encuestas muestran una mayoría partidaria del rechazo. De ser así, todo el esfuerzo por construir un nuevo ordenamiento jurídico supranacional se retrotraerá.

¿Quiénes y por qué resisten la Constitución Europea?

Confusión y transversalidad

El debate esta muy mezclado, tanto en materia de protagonistas como de argumentos. Lo curioso es que desde veredas enfrentadas se sostienen conductas similares confirmando a la transversalidad como un rasgo característico de estos tiempos. Las diferencias no pasan por las tendencias ideológicas tradicionales, de izquierda o derecha, ni por los partidos políticos, ni por otros agrupamientos de la sociedad. A su vez, argumentos hay para todos, para justificar el rechazo o la aceptación.

Francia es un buen ejemplo de confusión y transversalidad. De los 8 partidos habilitados para participar en la campaña la mitad esta a favor de la nueva Constitución, incluyendo los conservadores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y la Unión para la Democracia (UDF), así como los progresistas del Partido Socialista (PS) y los Verdes, mientras que los cuatro restantes, el Partido Comunista (PCF), el ultraderechista Frente Nacional (FN) y los nacionalistas del Movimiento por Francia (MPF) y Unión por Francia (RPF) la rechazan.

Entre los que se oponen a la nueva Constitución en el terreno específicamente económico se encuentran quienes tienen miedo a perder su puesto de trabajo o calidad de vida por la imposición de estándares comunes en una banda mas baja, ya sea por la migración de ciudadanos del este europeo dispuestos a reemplazarlos aceptando menores salarios o porque se facilitará el redespliegue de las empresas en las zonas mas postergadas.

Desde este punto de vista, prevaleciente en la mayoría de los trabajadores franceses que se pronuncian por el rechazo, el proyecto de Constitución esta teñido de ultraliberalismo económico y favorece a las grandes corporaciones. Esto permite entender tanto la división entre los socialistas de ese país y la oposición de los comunistas, así como el fuerte apoyo brindado por los sectores conservadores, como el partido gobernante (UMP).

En España, los liberales consideran que el Tratado favorece los intereses de Francia y Alemania, de allí su oposición. En este caso el rechazo proviene de considerarlo un freno para los países que, como España, aspiran a liberalizar más sus mercados para ganar competitividad. La Unión, amparada en su potestad para coordinar las políticas de empleo y competencia de los Estados miembros, terminará imponiendo estándares más altos destinados a proteger el sistema hiperregulado y poco competitivo de sus socios mayores.

En suma, para algunos la Carta Magna europea sienta las bases para un sistema más flexible y de mercado que favorece a las grandes corporaciones mientras que para otros es expresión de un régimen esclerótico e intervencionista que se pretende implantar en toda la región, obstaculizando las posibilidades de un desarrollo capitalista moderno.

A título de conclusión

Lo que esta sucediendo en Europa deja mucho para reflexionar, en particular, acerca de la vigencia de un pensamiento nacionalista reaccionario y un individualismo mezquino en el modo de proyectar el futuro, que atraviesa tanto a sectores "progresistas" como "conservadores". Sin embargo, llama la atención que esto se produzca en el desarrollo de una experiencia social, política y económicamente exitosa, como es la unificación europea y, en particular, en la nación que lideró este proceso.

Argentina y, principalmente, Brasil, que se encuentran liderando el proceso de integración regional, a través del Mercosur y de la reciente Comunidad Sudamericana de Naciones, deben leer atentamente las lecciones que ofrece el camino europeo. Las construcciones colectivas requieren de cierto grado de generosidad en las decisiones de corto plazo si es que se quieren alcanzar modelos sustentables y perdurables que puedan traducirse en mayores ganancias para todos. El desafío de la dirigencia pasa tanto por elaborar esa propuesta común como por incorporarla al espíritu de los ciudadanos de la región.

Por Alberto Pontoni. Mayo 2005

El próximo mes asume la presidencia del Banco Mundial Paul Wolfowitz, un norteamericano designado por el gobierno de Bush para reemplazar a su compatriota James Wolfensohn. ClubMacro presenta algunos datos sobre esta institución y su nuevo presidente mechados con algunos comentarios del Dr. Alieto Guadagni, representante argentino ante ese organismo, expresados en una reciente nota publicada en La Nación del 19.3.05

La paternidad de los mellizos

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nacieron simultáneamente en 1945, al final de la Segunda Guerra, en el marco del Acuerdo de Bretton Woods (la comisión de expertos responsable de definir los lineamientos del futuro BM fue presidida por J.M. Keynes). Actualmente, son miembros de estos organismos 184 países que suman una población superior a los 6 mil millones de habitantes. Una idea de la importancia del Banco Mundial como instrumento para potenciar el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los paises más atrasados reside en el hecho de manejar una cartera de créditos de 20 mil millones de dólares anuales y contar con una planta de 10 mil funcionarios.

Sin embargo la cruel realidad del mundo es expresión suficiente del fracaso de estas instituciones. La brecha entre paises ricos y pobres, entre los del Norte y los del Sur, se ha venido incrementando en forma sostenida. Ejemplo claro de esta frustración es Africa. Es más, poco han influido las políticas del BM y del FMI a los extraordinarios avances obtenidos en regiones tradicionalmente postergadas del planeta, como es el caso de China y Vietnam.

Al investigar las causas que podrían explicar el fracaso de estas instituciones en el logro de sus propósitos fundacionales no debe descartarse el carácter plutocrático de su forma de gobierno, realidad que se repite en otros organismos internacionales.

En los 60 años transcurridos desde la creación del Banco y el Fondo se han sucedido en la conducción de cada una de estas instituciones nueve presidentes, todos norteamericanos en el caso del BM y todos europeos en el FMI. Muestra clara de la desigual correlación de fuerzas en el mundo es el hecho que el gobierno de estas instituciones, que tanta influencia tienen en el destino común, descansa sobre un pequeño grupo de naciones que representan apenas el diez por ciento de la población global.

Al respecto el Dr. Guadagni señala:

"El poder decisorio en estas entidades no guarda debida relación con la importancia económica de las naciones miembros; existe una evidente subrepresentación de los países en vías de desarrollo y en transición que maximiza así el peso decisorio del G-7. Basta señalar, por ejemplo, que China e India suman un PBI casi equivalente al de toda Europa, pero sus votos son apenas la quinta parte del poder de decisión europeo".

"Si el Banco Mundial es un financiador clave para los países en vías de desarrollo, pero además concentra la mayor "sabiduría" mundial, a todos nos interesa que esté bien gobernado. Un buen presidente para el Banco Mundial tiene que tener tres condiciones: experiencia en administración financiera, conocimiento de las grandes cuestiones del desarrollo y, sobre todo, liderazgo internacional. Por este motivo, la metodología de selección debería tender a escoger el mejor candidato para tan importante tarea; es obvio que mientras más amplia sea el área geográfica de selección, mayor será la chance de hacer una buena decisión. Por esto, es ineficiente restringir el proceso de designación a ciudadanos de un país, como lo fue hace meses seguir con la tradición de necesariamente un ciudadano europeo para el FMI."

"Es evidente que existe una asimetría fundamental entre la realidad actual del planeta y los mecanismos de gobierno mundial, en manos de países industrializados que representan, principalmente, la cultura occidental, una de las principales expresiones de dicho anacronismo. La credibilidad y la eficacia de los organismos internacionales dependen de su adaptación a la nueva realidad mundial; sólo entonces podrán contribuir sustancialmente al progreso y la paz de las naciones."

El nuevo lobo

La designación por parte de la administración Bush de Paul Wolfowitz, ex subsecretario de Defensa y uno de los arquitectos de la guerra en Iraq, en lugar de James Wolfensohn, como nuevo presidente del Banco Mundial, luce como una afrenta a las naciones que buscan una vía de desarrollo propia y una provocación de quienes detentan la supremacía del poder. Algo similar ocurrió con Robert Mac Namara, ex secretario de Defensa durante uno de los periodos más brutales de la guerra de Vietnam (1961-1963), que pasó a presidir el BM a partir de 1968.

Wolfowitz es considerado uno de los más apasionados halcones neoconservadores del gobernante Partido Republicano y un defensor de la "Pax Americana", fundada en el predominio y control unilateral de Estados Unidos en el mundo. Fue duramente criticado en 1992, durante la presidencia de Bush padre, cuando fragmentos de su "Guía sobre Política de Defensa" se filtraron al periódico The New York Times. Ese documento proponía acciones preventivas contra estados hostiles y medidas para impedir el surgimiento de potencias regionales o mundiales que pudieran competir con Estados Unidos.

Durante los 90 Wolfowitz fue el presidente de la Escuela John Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados, donde contrató al historiador Francis Fukuyama, autor de la tesis acerca del "fin de la historia" que proclamaba la perpetuidad del capitalismo.

En síntesis, el nuevo presidente del Banco Mundial suma 35 años de carrera académica y pública y un largo historial como estratega de la supremacía occidental y defensor de las "guerras justas" pero ninguna experiencia directa en finanzas o planes de desarrollo, menos aun en misiones para reducir la pobreza.

Nuestra reflexión

No cabe duda que atravesamos tiempos duros y de desafíos. La descripción arriba presentada, que ilustra sobre el manejo arbitrario y manipulación de los organismos internacionales por parte de la potencia hegemónica y un puñado de paises poderosos, debe servir para extraer lecciones que se traduzcan en acciones. Entre ellas, no esperar soluciones mágicas, de afuera o de arriba, y confiar en nuestras propias capacidades para resolver los problemas que enfrentamos. Asimismo, contribuir a frenar los desequilibrios y asimetrías en las relaciones internacionales a través del apoyo solidario de los marginados.

La Argentina de los 90 constituye, justamente, un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, una mediocre combinación de seguidismo adulón de los más poderosos conjugado con petulancia y desdén frente a nuestros iguales. Este también es un legado de una clase dirigente decadente y una asignatura pendiente del nuevo país que todos deseamos.

Una de las circunstancias positivas de la actual coyuntura es la apertura del debate acerca de la necesidad de un protagonismo activo del Estado en el desarrollo económico. Esto no ocurría desde la década del 60. Dos generaciones se vieron bombardeadas con repetidos discursos que culpaban de todos nuestros males al gasto público y el déficit fiscal, para concluir en la necesidad de confiar en el mercado como motor del desarrollo y justificar la transferencia al sector privado de sus funciones económicas.

El estrepitoso fracaso de la revolución privatizadora y el retroceso del país están atrayendo la atención sobre temas que parecían condenados al olvido, como la explotación de los hidrocarburos y el diseño de un nuevo sistema de transporte. De allí, que los candidatos presidenciales y el gobierno se hayan venido refiriendo a la situación de los ferrocarriles.

El sistema ferroviario argentino esta aniquilado. Sin embargo, cabe reconocer que no fue la privatización quien mató al tren, sólo descuartizó un moribundo. La contribución de diferentes sectores a la destrucción de este valioso instrumento de desarrollo e integración nacional es una clara muestra de la mediocridad de nuestra clase dirigente. Si bien la agonía del ferrocarril se inicia en la década del 30, con la reducción de inversiones de las empresas extranjeras propietarias del tendido, es a partir de 1947 que se acelera el colapso. Durante 45 años ineficientes administraciones estatales, civiles y militares, peronistas y radicales, en connivencia con una dirigencia sindical prebendaria, se sucedieron en el saqueo de Ferrocarriles Argentinos y generaron la mayor fuente de déficit público.

Hace mucho que la Argentina dejó de ser la potencia ferroviaria de otrora. En 1930 nuestra red ferroviaria de 40.000 km representaba el 45% del tendido total de América del Sur y nos situaba en el tercer lugar continental, después de EEUU (400.000 Km) y Canadá (65.000 Km). En esos tiempos, el tren cargaba más de 50 millones de toneladas/año, mientras que ahora se despachan sólo 18 millones. La declinación también alcanzó al tráfico interurbano de pasajeros, que actualmente es de 2.5 millones de personas/año y que representa la décima parte de quienes se movilizaban por ferrocarril 25 años atrás.

La red operativa se ha reducido sustancialmente. La actual extensión de la red de carga ronda los 31.000 Km, sin embargo el 60% del tráfico esta concentrado en sólo 5 ramales, de una extensión de 2.500 km. La contracción de la capacidad operativa también se expresa en la limitada disponibilidad de material rodante, compuesto por unas 500 locomotoras y 25.000 vagones de carga. En la década del 70 el sistema contaba con 3.000 locomotoras y 90.000 vagones.

Del ferrocarril integrador al tren de empresa

Para los argentinos el tren representa algo mucho más profundo que la nostalgia de las viejas locomotoras a vapor y los sueños de viajar, ya que la integración económica y demográfica de nuestro territorio esta íntimamente asociada a la traza ferroviaria. A diferencia de otros paises en la Argentina el riel se anticipó a los caminos, reemplazando el tren a la carreta y los arreos de mulas. Muchos son los pueblos que nacieron, crecieron y se apagaron acorde el movimiento de sus estaciones.

A partir de la privatización esto cambió. Las principales concesionarias del sistema de transporte de cargas son, básicamente, empresas que utilizan el ferrocarril como un medio de transporte "interno", tanto de insumos hacia sus plantas de producción como de sus productos hacia puntos de distribución o embarque.

El tendido del Nuevo Central Argentino, de propiedad de la aceitera Gral. Dehesa, es utilizado como colector de granos hacia las plantas de la empresa y de despacho de aceite a los distintos puertos de embarque, como el que la misma firma tiene sobre el Paraná. Casi el 80% de las cargas del Ferrosur Roca, que pertenece a Loma Negra, se compone de cemento y otros materiales que moviliza esta empresa entre su planta de Olavarria y Buenos Aires. Lo mismo, pero en menor medida, ocurre con el transporte de acero por el Ferroexpreso Pampeano, del grupo Techint.

A continuación se muestra la composición de la red nacional de carga.

Ferrocarriles de carga

1. Buenos Aires al Pacífico (BAP), Pescarmona, 5.300 km

2. Mesopotámico-Urquiza (FMGU), Pescarmona, 2.600 km

3. Ferrosur Roca (FR), Loma Negra, 3.400 km

4. Ferroexpreso Pampeano (FEPSA),Techint , 5.200 km

5. Nuevo Central Argentino (NCA), Aceitera Deheza, 4.500 km

6. Gral. Belgrano (FGBSA), varios, 10.000 km

Perspectivas y alternativas

En síntesis, el sistema ferroviario ha quedado reducido a su mínima expresión y sobrevive concentrado en franjas menores y cargas específicas, con una estructura obsoleta y equipos en condiciones de chatarra. La casi totalidad de los tendidos no sirven para el transporte de cargas pesadas ni permiten desplazamientos veloces y gran parte de ellos se encuentran apoyados directamente sobre la tierra, como cuando fueron construidos. De allí, la poca relevancia de analizar la eventual reestatización del sistema existente.

El debate de fondo pasa por la revisión integral del sistema de transporte para una Argentina moderna y, en particular, el rol que le corresponde al ferrocarril. Existen excelentes posibilidades para el desarrollo del ferrocarril en la Argentina, facilitadas por su geografía y las características de su producción. Actualmente, menos del 15% de la producción de granos y oleaginosas se transporta por tren.

La inversión requerida para el tendido de una moderna red ferroviaria de 10.000 km de vías, incluyendo equipos y material rodante, es del orden de 5.000 millones de dólares. Un esfuerzo de esta magnitud no puede ser asumido en forma individual por empresas locales. Cabe recordar que la inversión realizada por las nuevas concesionarias en los años previos a la actual crisis fue del orden de 50 millones de dólares/año y que el único tendido nuevo realizado fueron los 17 km del Tren de la Costa.

La única alternativa de realizar un emprendimiento de esta magnitud y sacar provecho de sus evidentes ventajas económicas, sociales y ambientales es a través del liderazgo del Estado. La participación del sector privado resultará útil, pues evitará malgastar recursos en proyectos inconsistentes, como la cuantiosa inversión realizada para alcanzar una salida al pacífico a través de los Andes, que terminó como un servicio turístico (Tren a las Nubes).

Cabe esperar que las promesas de rescatar al tren, que despiertan una natural simpatía en todos los argentinos, no queden en la retórica demagógica ni que sucumban frente a los intereses de sectores inmobiliarios, interesados en la desafectación de las tierras del ferrocarril, o de las corporaciones automotrices y concesionarios de autopistas, que se expresan en las llamativas "ausencias" del tren en proyectos claves, como los cruces del Paraná y Uruguay y la ampliación del puerto de Buenos Aires.

Por Alberto Pontoni. Abril 2005

La reciente culminación del canje de una porción sustancial de la deuda pública nacional cierra un capitulo importante en la reparación del desquicio generado por tres décadas de políticas económicas aberrantes. Más allá de los ahorros de recursos es importante resaltar el logro alcanzado en la elaboración de un "pensamiento propio" en el manejo profesional de este tema. La Argentina ha sentado jurisprudencia internacional y ha establecido un histórico precedente de espaldas a las directivas de los centros de poder domésticos y del exterior, financieros y académicos, que en todo momento apuntaron al fracaso. Asimismo, como economistas es un deber felicitar a nuestro colega Roberto Lavagna que supo demostrar que en economía hay intereses antes que leyes y que el camino del desarrollo es una creación heroica que requiere profesionalidad y compromiso nacional.

Antecedentes

A fines del 2001 el total de la deuda pública alcanzaba a 144.4 mil millones de dólares y los intereses superaban los 10 mil millones anuales. Sin duda, semejante deuda y su servicio eran absolutamente impagables, con o sin declaración de default, ya que la economía no generaba el superávit fiscal y externo (divisas) necesario para hacer frente a los pagos.

Superado el caos del 2002 el Gobierno comenzó a trabajar en una estrategia de reestructuración global que, básicamente, distinguía entre aquellas obligaciones que debían honrarse plenamente (negociando una espera) y aquellas a las que se ofrecería un pago, pero con una quita sustancial. Las primeras, que sumaban 62 mil millones de dólares, correspondían a obligaciones de corto plazo y prestamos de organismos internacionales y paises. Las segundas, estaban representadas, principalmente, por títulos y prestamos contraidos con acreedores privados que en conjunto rondaban la suma de 82 mil millones.

Después de largas negociaciones el Gobierno terminó ofreciendo por las obligaciones en default un set de tres bonos alternativos (Par, Descuento y Cuasi Par), que se diferencian, principalmente, por los porcentajes de quita, intereses y plazos de amortización.

Resultados

El canje con quita y espera fue aceptado por el 76% de los tenedores de títulos en default, con acreencias por 78 mil millones de dólares (62 mil millones de capital más intereses acumulados) a cambio de nuevos bonos por un total de 35.2 mil millones. La quita fue del 55% y el ahorro para el Estado de casi 43 mil millones de dólares. El Gobierno mencionó una quita del 65.6% y un ahorro de 67 mil millones, porque computa en las quitas los créditos de quienes no ingresaron al canje, como si no fueran a pagarse nunca jamas. Los que no ingresaron al canje mantienen acreencias por mas de 24 mil millones de dólares, considerando capital e intereses.

Con el canje se alcanzaron dos objetivos: quita, pues se logró una reducción sustancial de una porción de la deuda y una disminución de los intereses pactados y, espera, ya que el plazo de pago se estiró de un promedio de 8 años y medio a poco más de 14 años. Un indicador que resume los logros obtenidos es la reducción a menos de la mitad de la carga anual por pago de intereses de esta porción de la deuda pública. El gobierno ha estimado en 3.200 millones de dólares el servicio anual promedio de la deuda reestructurada. Posiblemente la cifra final aumente debido a la necesidad de ofrecer una alternativa a quienes quedaron fuera.

El futuro

Quienes creen que Argentina superó este problema se equivocan y mucho. El monto del stock de deuda sigue siendo excesivamente alto y la carga de su servicio una de las más gravosas del mundo. Tres datos permiten comprender la situación.

1. Después del canje el stock de deuda es, según el Gobierno, de 125.2 mil millones de dólares (no computa la deuda con quienes no ingresaron al canje). Sin embargo, en un escenario más realista, que incluya las acreencias de los renuentes con una quita similar al resto, la deuda total alcanzaría los 136 mil millones de dólares. Este monto representa el 80% del PBI actual y equivale a unos 16 mil dólares por familia.
2. La nueva deuda absorberá sólo en concepto de intereses un promedio de 6.800 millones de dólares anuales (considerando una tasa del 5%), equivalentes al 20% de nuestras exportaciones y casi un 4% del PBI actual.
3. En los próximos 6 años se concentran vencimientos por 70 mil millones de dólares. Suponiendo se destinen todos los años el 3.5% de un PBI expandiéndose a una tasa del 6% anual, se necesitará refinanciar obligaciones por unos 30 mil millones de dólares. En el 2005 hay que pagar 13 mil millones y otros 14 mil millones al año siguiente.

¿Es factible honrar estos compromisos?

Sólo con crecimiento. Como bien lo señalara el ministro Lavagna en su intervención "ningún artilugio reemplaza al crecimiento". El país deberá necesariamente crecer en los próximos años a una tasa superior al 6% anual, para llegar al 2010 con un PBI de 230 mil millones de dólares (el actual es de 170 mil millones) y exportaciones que superen los 45 mil millones. ¿Qué se requiere?

Obviamente, políticas orientadas a estimular la producción, tanto por demanda como por oferta. Pero la clave pasa, fundamentalmente, por una dirigencia eficiente y comprometida con el interés nacional. Los desafíos son crecimiento y bienestar para todos, es decir, producir y distribuir equitativamente el esfuerzo común. Esta fue la permanente preocupación de los fundadores de la economía y debe continuar siéndolo.

Reflexiones finales

1. Lo positivo. Dos cuestiones: el manejo autónomo de toda la gestión y el éxito. Más allá del monto real de la quita obtenida (sustancialmente inferior a la ofrecida inicialmente en Dubai en setiembre del 2003) la reestructuración de la deuda alcanzó el máximo éxito posible en el marco de una negociación. De haberse propuesto condiciones mas gravosas para los acreedores el nivel de aceptación habría sido muy inferior, provocando un fracaso de consecuencias políticas y económicas imprevisibles.
2. El gusto amargo. Que los únicos perjudicados por la reestructuración hayan sido acreedores privados del exterior que en su momento confiaron en la Argentina, mientras que los verdaderos responsables, la dirigencia política y económica local con responsabilidad de gobierno en las últimas tres décadas, siga gozando impunemente. Un acto de justicia sería que compartan, al menos, los costos de su mala praxis y, en muchos casos, paguen por la utilización del cargo público con fines delictivos.

Por Alberto Pontoni.Marzo 2005

ver: Canje de Deuda 

En las últimas tres décadas el consumo mundial de soja, fundado en la gran riqueza de proteínas que presenta esta leguminosa y oleaginosa, ha pasado de 40 a 200 millones de toneladas, creciendo a un ritmo de 5 millones de toneladas/año. Todo indica que esta tendencia se mantendrá debido a (i) las perspectivas de crecimiento de China e India, (ii) los cambios en la alimentación de ganado para evitar el mal de la vaca loca y (iii) la potencial utilización en la elaboración de combustibles (biodiesel).

La contracara de este fenómeno es el aumento de la importancia económica de este cultivo y la gran expansión del área sembrada en Brasil y Argentina, que junto con EEUU concentran el 80% de la producción mundial. Actualmente, Brasil produce cerca de 60 millones de toneladas y las divisas generadas por exportaciones ya superan los 10 mil millones de dólares, más del doble que el azúcar y café sumados.

En nuestro país, en los últimos 20 años el área sembrada con soja pasó de 2 a 14 millones de hectáreas y la producción de 3.5 a 35 millones de toneladas. A su vez, las exportaciones del complejo soja superan los 7 mil millones de dólares anuales, más de la quinta parte de nuestras exportaciones totales.

Sin embargo, el festival de la soja no es gratis ya que la explotación irracional y la expansión de la frontera agrícola esta generando secuelas aún difíciles de evaluar. Brasil enfrenta el riesgo de una catástrofe ecológica debido a la creciente deforestación de la selva amazónica impulsada por avances genéticos que han permitido la adaptación del cultivo al clima tropical y en Argentina el reemplazo de bosques por soja esta produciendo la mayor deforestación de la historia. Según datos oficiales el país esta perdiendo unas 200.000 hectáreas de bosques al año.

Córdoba es la provincia donde el proceso es más devastador, seguida por Santiago del Estero y Salta. En estas tres provincias, que albergan reservas importantes de bosques nativos, se conjuga la acción de empresarios inescrupulosos y gobiernos cómplices que permiten el accionar de los bulldozers sin reparar en las consecuencias futuras.

En la última década, junto con el incremento del cultivo, Córdoba perdió el 30% de sus bosques nativos, ubicados principalmente en las sierras. Es más, de las 10 millones de hectáreas de bosques que había hace un siglo sólo queda un 12 por ciento y, peor aún, en la zona serrana sólo resta el 2 por ciento de la superficie boscosa original. Esto ha afectado seriamente su equilibrio ecológico pues mientras en el sur de la provincia el exceso de lluvias provoca inundaciones en el noroeste se reiteran las sequías.

La deforestación de los bosques de montaña destruye esa "fábrica de agua" natural que son las sierras, que actúan como "esponjas" que absorben el agua y la van liberando a lo largo del año. La deforestación en gran escala permite que el agua de lluvia escurra rápidamente, como si se deslizara por una autopista, impidiendo la retención del fluido y provocando posteriores sequías (la alegoría corresponde a Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente).

En economía suelen minimizarse efectos como los descriptos al cargarlos en la cuenta de los costos de la modernización bajo términos tales como "externalidades negativas" o "fallas del mercado". De forma similar en el vocabulario castrense se suelen cargar a la cuenta de las llamadas guerras justas los costos por "daños colaterales". Esos "sacrificios necesarios" han servido para justificar en nombre de la globalización, económica o religiosa, capitalista o socialista, el genocidio de indígenas americanos en el siglo XVI y de campesinos rusos en el XX. Esta visión se corresponde con la instrumentación de la economía al servicio del interés particular de grupos.

La solución

La racionalidad económica puesta al servicio de los intereses particulares o del mercado no es ajena a estos descalabros y abusos, es más, actualmente concentra la mayor dosis de cinismo justificante dentro de las diferentes categorías de pensamiento.

En este campo, como en tantos otros, las soluciones técnicas existen pero el problema pasa por quién y cómo implementarlas, ya que confiar en la "mano invisible del mercado" llevará a situaciones de no retorno. El desafío reside en producir más soja con más eficiencia en la misma cantidad de tierra y no a costa del bosque.

Las principales organizaciones ecologistas del país coinciden en la necesidad de establecer con urgencia inmediata un plan de ordenamiento territorial y una ley de bosques que prohiba la deforestación por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de los ecosistemas. No cabe duda que la prohibición absoluta de deforestar y las penas de prisión para los que desmonten son instrumentos que van a llegar en unos años más, pero el problema es que lo harán cuando ya sea muy grave la escasez de agua.

Obviamente, ningún funcionario, nacional o provincial (ni siquiera las organizaciones de productores agropecuarios) se opondrá frontalmente a estas iniciativas, que serán siempre reconocidas como necesarias en declaraciones retóricas y discursos demagógicos. Sin embargo, la forma de sabotearlas pasa por el timing o el management, es decir, frenando la instrumentación de las medidas o implementando mecanismos burocráticos o poco eficientes de control.

Una vez más las soluciones económicas dependen de decisiones políticas y la única garantía que estas se tomen en el tiempo y orientación mas adecuados es ampliando la participación popular, tanto en la toma de decisiones como en su ejecución.

El deterioro en las últimas décadas de la democracia representativa y la conducta deplorable de dirigentes y representantes hacen necesario estimular el compromiso ciudadano a través de mecanismos de democracia directa o participativa. Esto implica sumar a la mesa de decisiones a las organizaciones sociales y ecológicas comprometidas con la protección del patrimonio natural, como son el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y entidades como la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y Greenpeace.

La incorporación de estos nuevos actores es un factor esencial para construir una nueva economía en el marco de una nueva democracia. El resto son buenas intenciones, y de ellas esta pavimentado el camino al infierno.

Por Alberto Pontoni. Marzo 2005

Por Alberto Pontoni.Octubre 2004

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del desembarco español a estas tierras, ClubMacro desea evocar la memoria de las poblaciones nativas que sufrieron la salvaje explotación colonial y rendir homenaje a los millones de compatriotas expatriados que contribuyen con su sacrificio cotidiano al bienestar de nuestros paises, obligados a emigrar debido a la codicia e insensibilidad de las clases dirigentes. Estos nuevos protagonistas son, principalmente, jóvenes de extracción humilde.

En el mundo hay 180 millones de trabajadores expatriados que remesan regularmente dinero a sus familias. Según estimaciones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID, las transferencias a América Latina y el Caribe provenientes de los 20 millones de trabajadores de la región residentes en el extranjero alcanzaron, en el 2003, los 40 mil millones de dólares. Esta suma supera ampliamente los 32 mil millones remitidos el año anterior y todo hace suponer que ese monto continuará en ascenso (desde la década del 80 lo viene haciendo a un ritmo sostenido superior al 12% anual).

Una idea de la significación económica de las remesas que envían estos inmigrantes reside en el hecho que actualmente en algunos paises -El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Haití- el dinero enviado por los expatriados representa más del 10% del ingreso nacional y en varios es la principal fuente de generación de divisas (en El Salvador el monto de las remesas equivale a la mitad de todas las exportaciones y en México ocupa el segundo lugar como fuente de ingreso de divisas, sólo superado por el petróleo y mayor que el turismo).

A nivel macroeconómico estas transferencias reducen la pobreza, contribuyen a equilibrar la brecha comercial, facilitan el pago de la deuda, acrecientan las reservas de divisas y flexibilizan la restricción de créditos. Otro factor importante es que las remesas tienden a ser más estables que los volátiles flujos de capital y no generan endeudamiento.

Desde el punto de vista microeconómico interesa destacar que esos dineros suelen beneficiar directamente a poblaciones pobres de zonas marginales, constituyendo el principal o único ingreso de millones de familias condenadas a la pobreza e indigencia. Según estudios especializados, la mayor parte del dinero se usa para necesidades básicas (casa, comida, salud) y, en menor medida, en educación, propiedades y negocios familiares.

México encabezó en el 2003 el ranking de paises receptores de la región con unos 15 mil millones de dólares, seguido por Brasil con 6 mil millones y Colombia con 4 mil millones. A El Salvador, República Dominicana y Ecuador ingresan unos 3 mil millones de dólares anuales por este concepto y en Perú ronda los 2 mil millones.

Las tres cuartas partes del dinero recepcionado en la región proviene de Estados Unidos, donde 10 de los 17 millones de latinoamericanos adultos residentes en ese país envían periódicamente fondos de ayuda a sus familias. Otra fuente importante es España.

Se estima que las remesas giradas el año pasado por extranjeros residentes en España fueron de 7 mil millones de dólares. La magnitud de esta suma muestra los cambios positivos sucedidos en España en las últimas décadas, ya que los fondos girados por sus emigrantes fueron durante largos años la principal fuente de ingreso de divisas. La mitad correspondió a transferencias de trabajadores colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

Argentina ocupó el décimo lugar entre los receptores de remesas provenientes de España, con un total, incluyendo sistema bancario e informales, de 100 millones de dólares. Esta suma representa un incremento del 40% respecto del año anterior.

Se considera que actualmente hay mas de 30.000 residentes argentinos en España que mensualmente contribuyen al bienestar de sus familias (y del país) con envíos regulares de dinero que promedian 300 dólares mensuales.

A título de reflexión

Una sorprendente paradoja de esta realidad es el hecho que los montos que remiten los pobres expatriados de América Latina y el Caribe llegan a cuadriplicar la asistencia externa que recibe la región y superar en un 50% la inversión directa extranjera.

En otras palabras, es sustancialmente mayor la contribución al desarrollo que hacen nuestros emigrantes pobres que la proveniente de entidades públicas o corporaciones privadas extranjeras, en conjunto. Esto, sin llegar a considerar los costos que representan las inversiones del exterior por las salidas de recursos en concepto de repatriación de utilidades, regalías o pagos abultados a personal de dirección. Pero, de esto no se habla.

Por el contrario, poco o nada hacen nuestros gobiernos para aliviar las penurias que cotidianamente sufren estos millones de compatriotas que con su sacrificio contribuyen al bienestar de nuestros paises. Sacrificio que en muchos casos representa la propia vida, como los cientos que anualmente mueren de sed en los desiertos del norte de México o ahogados en el Mediterráneo, o los miles que diariamente son privados de su libertad y sometidos a discriminación y abuso por el delito de querer trabajar.

Sin llegar a pedir esfuerzos heroicos de nuestro servicio exterior en defensa de los trabajadores expatriados es posible, al menos, reclamar la mejora en la asistencia que se les brinda en el exterior e, incluso, la instrumentación de medidas que les permitan paliar algunas de las dificultades que deben enfrentar. Entre ellas:

* Información. Poco cuesta organizar cursos de orientación para quienes deseen emigrar, brindando información básica que abarque los aspectos de mayor interés, desde institucionales y legales a cuestiones específicas laborales.

* Giro de remesas. Hay un gran negocio montado sobre el envio de remesas de los emigrantes. El sistema bancario resulta engorroso para quienes desean girar 200-300 dólares de ayuda mensual y los canales informales son onerosos, ya que el costo del envío llega a representar del 10 al 15% del total. No sería muy complicado facilitar y abaratar (incluso llegar a la gratuidad) este servicio, máxime cuando se dispone de agencias del Banco Nación en los principales paises de destino.

Este es sólo un enunciado de dos iniciativas puntuales que podrían mejorar la toma de decisiones de quienes deseen emigrar o aliviar sus dificultades en el exterior. Sin embargo, sería preferible canalizar estas acciones bajo la forma de un programa específico de apoyo y asistencia, de la misma forma que hoy existen para quienes buscan exportar e incluso para extranjeros que quieren invertir en el país, como Fundación Exportar y Fundación Invertir.

Existe una visión ideológica extrema que suele evaluar la competitividad de un país conforme las condiciones institucionales, principalmente jurídicas y políticas, que favorecen el desarrollo del sector privado (el llamado clima de negocios) y, en particular, el acceso de las grandes corporaciones transnacionales Un claro ejemplo de este enfoque es el ranking de competitividad que periódicamente elabora el World Economic Forum.

En un reciente informe hizo retroceder a la Argentina 14 puestos en el último año, pasando del 64 al 78, a pesar del buen desempeño de la economía local durante ese periodo, situando a nuestro país muy por debajo de Chile (líder en A. Latina), Sudáfrica, Sri Lanka, Paquistán y Serbia. El trabajo también destaca que "las desventajas competitivas registradas para la Argentina son la inestabilidad política, la corrupción, la inflación y la falta de credibilidad pública en los gobernantes".

Como era de esperar los devotos locales del WEF se apresuraron en puntualizar que para mejorar la competitividad era fundamental encarar reformas de fondo vinculadas al rol del Estado, la eficiencia del gasto público, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

La competitividad cambiaria

Desde un enfoque más técnico y menos contaminado de proselitismo anti estado es útil analizar la competitividad internacional a partir del tipo de cambio y, en particular, de la influencia que ejercen los factores estructurales en la determinación de este.

En Argentina, las excepcionales ventajas de productividad del sector agropecuario representan un serio obstáculo para el desarrollo industrial. Cosechas abundantes o mejoras de los precios internacionales implican incremento de la oferta de agrodólares, con la consecuente presión a la baja del tipo de cambio (sobrevalorización del peso) y el perjuicio de la producción manufacturera que pierde competitividad cambiaria frente a sus similares de otros paises. Paradójicamente, las excepcionales ventajas de productividad del sector agropecuario se terminan transformando en un serio obstáculo para el desarrollo industrial, si el Estado no interviene activamente. Esto permite entender porque muchos productos nacionales suelen ser mas caros que los extranjeros.

En otras palabras, cuando al campo le va bien la industria incuba una crisis. El mecanismo de transmisión de este remolino vicioso es el tipo de cambio, ya que el incremento de saldos exportables tiende a valorizar el peso y hacer perder competitividad a los sectores más sensibles y expuestos a la competencia externa.

De allí, que el desarrollo de la industria nacional se encuentre más ligado a factores que hacen a la competitividad macro, principalmente al tipo de cambio, antes que a otros de carácter micro. En consecuencia el problema deja de ser de comportamiento empresarial o de eficiencia del sector público y pasa transformarse en un desafío de política económica.

Cuando la riqueza se convierte en maldición

La maldición argentina reside, paradójicamente, en la fantástica riqueza que la providencia nos regaló y que repercute en la bonanza agrícola. El mismo fenómeno (denominado técnicamente "enfermedad holandesa") suele afectar las posibilidades de desarrollo industrial en otros grandes exportadores de commodities, como los paises petroleros.

Para ser más precisos, la maldición argentina es consecuencia, justamente, de la conjugación de dos factores, la elevada productividad de nuestro sector primario (fuente principal de generación de divisas) y la falta de una adecuada acción reguladora del Estado.

La evolución de la industria nacional presenta un derrotero muy quebrado de líneas en ascenso y descenso, debido tanto a la marcha del sector primario como a las cambiantes políticas públicas. Las consecuencias están a la vista. En la Argentina de hoy convive una industria raquítica con un robusto sector agropecuario. Nunca el país explotó tan intensamente sus recursos naturales, ni produjo ni exportó tantos granos como ahora y sin embargo … nunca hubo tanta pobreza y exclusión social.

En el actual modelo económico sobramos la mitad de los argentinos. Un país exportador de materias primas con poco valor agregado es socialmente inviable, debido a la poca capacidad del sector primario para generar un nivel de empleo satisfactorio para el conjunto de la población. De allí, la necesidad de contar con una industria vasta y consolidada.

La competitividad y el futuro del desarrollo industrial dependen de una serie de factores que superan el ámbito de la fabrica y la órbita del empresario, ya que se puede elaborar con gran eficiencia un producto pero estar fuera del mercado. Sin duda, la existencia de un tipo de cambio adecuado es una condición necesaria mas no suficiente de una política que persiga un desarrollo industrial sustentable. En consecuencia, la acción pública no puede limitarse a la sola intervención en el mercado cambiario.

Es necesario reflotar la idea que el estado sea promotor del crecimiento económico planificando estratégicamente el mediano y largo plazo, una concepción a la que se renunció hace 40 años. En este campo esta todo por hacerse, comenzando por la creación de un marco institucional y económico sólido, con una dirigencia comprometida con el interés nacional que logre crear previsibilidad en las medidas que se adoptan.

Paradigmas y Paradojas

En este tema, al igual que en tantos otros, los argentinos seguimos viviendo en el pasado, juzgando nuestra riqueza conforme a patrones que han perdido vigencia. La historia del mundo y de América Latina en particular es prodiga en ejemplos de frustraciones nacionales fundadas sobre la abundancia de recursos naturales. En este sentido, el oro americano fue la perdición de la España colonial, así como la plata de Potosí la maldición boliviana.

El campo de hoy no es el campo de ayer. Un siglo atrás era la principal fuente de creación de trabajo (de allí la atracción que ejerció nuestro país sobre los ejércitos de desempleados del mundo) y el precio de los productos primarios tenía un alto valor agregado por el trabajo. Hoy, por el contrario, el empleo en el sector agropecuario es ínfimo y el valor agregado de los bienes agrícolas es, para el caso argentino, principalmente renta diferencial, esto es, retribución al propietario del factor tierra .

Otra confusión, asociada a este paradigma, es considerar que el bienestar de los argentinos depende de los precios internacionales de nuestras commodities agropecuarias. Pensemos por un instante en las consecuencias de una eliminación de los subsidios y de las trabas al ingreso de productos agrícolas en la Unión Europea y los Estados Unidos. Los precios internos de los alimentos se dispararían (el precio de la carne podría llegar a multiplicarse unas 10 veces) haciendo aún más angustiosa la ya precaria situación de los trabajadores. Además, se incrementaría la cascada de agrodólares presionando sobre el tipo de cambio y comprometiendo la viabilidad de muchas industrias con la consecuente perdida de empleos.

Los grandes beneficiarios de esta situación serían los dueños de la tierra. No los productores agropecuarios sino los propietarios de campos. En otras palabras, aumentaría la renta agraria, que es la retribución que perciben quienes detentan la apropiación privada de un bien. Sin una intervención correctora del Estado (retenciones u otro mecanismo de captación de renta) asistiríamos a una nueva versión de la paradoja que a la Argentina le va bien pero a muchos argentinos les va mal.

Tampoco nuestra balanza comercial es lo que se pretende sea. El holgado superávit de divisas que muestra el intercambio con el exterior se transforma en serio déficit cuando se contabiliza trabajo exportado vs. trabajo importado. En otras palabras, nuestra demanda sirve para crear mas puestos de trabajo en el exterior que aquellos que en el ámbito interno crea la demanda mundial de nuestros bienes. Sería, indudablemente, un ejercicio muy útil contabilizar el flujo comercial a través de la creación y perdida de puestos de trabajo.

A título de conclusión

Una mala lectura de esta nota sería considerarla como una crítica al sector agropecuario y a productores y trabajadores del campo. O concluir que no deberíamos pelear por la eliminación de subsidios y trabas comerciales. Lo correcto es considerarla una seria convocatoria a la intervención activa del Estado para la captación de una mayor porción de la renta diferencial generada en el sector agropecuario y de la cual se beneficia sólo un pequeño grupo social. De allí, deberán surgir gran parte de los recursos que el país necesita para promover industrias y actividades de menor productividad económica pero más intensivas en generación de empleo.

Por Alberto Pontoni. Agosto 2004

La energía es el motor de toda actividad humana. El consumo energético sigue creciendo arrastrado por el incremento constante de la producción de bienes y servicios y a pesar de la sustancial mejora en la utilización de los recursos. En la actualidad la producción de un bien requiere la cuarta parte de la energía utilizada 30 años atrás. A su vez, el petróleo continua siendo la principal fuente de energía y todo hace pensar que lo será por un largo tiempo. Los pronósticos coinciden en aceptar que en el 2030 los hidrocarburos continuarán cubriendo las 2/3 partes de las necesidades energéticas mundiales. De allí, que los conflictos vinculados al control de las zonas productoras de este recurso ocupen un capitulo central de cualquier lectura geopolítica de la historia del último siglo.

Curiosamente, las mayores reservas de petróleo se encuentran en paises del Tercer Mundo que, además, cuentan con yacimientos de altísima productividad natural, mientras que los mayores consumidores son los paises industrializados y, recientemente, China. Las reservas probadas de EEUU y Europa no alcanzan al 8% del total mundial, mientras que los paises de la OPEP concentran el 80%. El caso mas emblemático es EEUU que consume la cuarta parte del total mundial y sus reservas son de sólo el 3%. De allí que la frontera divisoria de consumidores y productores se corresponda con la bipolaridad Norte-Sur.

La década de los 70 constituye un punto de inflexión en la historia del petróleo, pues es el momento en que los principales paises productores toman conciencia de su rol fundamental y comienzan a elaborar políticas destinadas a incidir sobre el precio de este recurso. Dos instrumentos resultan claves en el éxito de esta estrategia: la nacionalización de los yacimientos a través de la reversión de las concesiones y la creación de la Organización de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP). La OPEP acabó con la hegemonía de las grandes empresas petroleras llamadas las "Siete Hermanas" (Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Standard Oil, British Petroleum y Royal Dutch Shell), que en los 50s controlaban más del 98% de la producción de petróleo en los territorios de los países que posteriormente formaron la OPEP.

La OPEP fue creada en 1960 por Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela, a los que posteriormente se sumaron Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Arabes Unidos, Nigeria y Argelia. A diferencia de otras iniciativas nacidas en el Sur para defender el precio de sus productos primarios (café, banano, cobre, cereales, etc.) la OPEP es, hasta este momento, la única asociación que obtuvo logros significativos en sus objetivos.

A inicios de los 80 los países de la OPEP ya controlaban el 88% de la producción de petróleo en sus territorios, en comparación con el 6% en 1970. El crudo cuya cotización rondaba los 3 u$s/barril, subió a 12 u$s/bl en 1973 y llegó a superar los 40 dólares en 1979.

La respuesta de los paises industrializados no se hizo esperar. En 1974, se crea la Agencia Internacional de Energía (AIE) como parte de una estrategia encabezada por Estados Unidos destinada a romper el cartel de los paises productores y reducir el precio del crudo. Las principales acciones para alcanzar ese objetivo eran incrementar la producción de crudo incorporando nuevas áreas y paises, debilitar la cohesión de los integrantes de la OPEP y tratar de revertir la nacionalización de los yacimientos impulsando "reformas" del Estado.

La estrategia resultó parcialmente exitosa. Los precios del crudo fueron descendiendo paulatinamente hasta llegar a cotizar a sólo 12 u$s/bl en 1998.

Sin embargo, en muy pocos países se llegó a privatizar totalmente la industria (la excepción mas importante fue Rusia en los 90) y en los de mayor vocación petrolera, como los del Golfo Pérsico, se mantuvieron fuertes barreras a la inversión privada en el sector. De allí que pueda afirmarse que las empresas petroleras de los paises OPEP constituyeron la mayor resistencia a la presión privatizadora de esos años.

Recientemente, el precio del petróleo volvió a subir debido, entre otros factores, a la decisión de la OPEP de regular la producción para estabilizar los precios en el orden de los 25 u$s/bl. En lo que va del 2004 el crudo se disparó un 35% alcanzando los 45 u$s/barril.

¿Qué hizo que en tan breve periodo se cuadriplicaran los precios, como en los 70s?

La OPEP, Chavez y Bush

En términos generales se suele explicar la suba de los precios del crudo como consecuencia de la escasez estratégica de este recurso expresada en la posibilidad de agotamiento de las reservas. Este es un viejo argumento que a pesar de su cuota de realismo, no permite entender las fuertes oscilaciones de corto plazo, que encuentran su explicación en las movimientos que realizan los principales actores involucrados en este escenario.

Actualmente, las reservas mundiales de petróleo alcanzan a 1.000 billones de barriles que equivalen a 40 años de consumo, si no hay nuevos descubrimientos. Un factor de preocupación es que en la última década las reservas crecieron sólo un 5% mientras que en los 80 aumentaron un 45%. La cuestión se agrava al comparar la situación desde la óptica Norte-Sur, ya que de mantenerse los actuales niveles de producción las reservas de EEUU se agotarían en 10 años mientras que en el Medio Oriente alcanzarían a 90 años.

Más allá del debate sobre las reservas y su incidencia sobre el valor del crudo existen dos factores que han resultado determinantes en el fuerte incremento del precio en estos años.

1. Fortalecimiento OPEP. En esto ha incidido, principalmente, la gestión desplegada por el presidente de Venezuela, Cesar Chavez (a través de Alí Rodríguez, su Ministro de Energía y titular de la OPEP entre 2001 y 2003) para volver a cohesionar la OPEP y ejercer un rol determinante en el mercado mundial. A ello se sumó el progresivo debilitamiento de los paises extra OPEP, cuya producción cayó por debajo del 65% del total mundial (en 1985 era del 72%). Ambos factores permiten entender la recuperación del precio por encima de los 20 u$s/bl, que se registra a fines de los 90.
2. Errores y contratiempos. La disparada de precios en el primer semestre del 2004 responde a los contratiempos o fracaso de la estrategia adoptada por la Administración Bush para debilitar la OPEP y que tenía por eje el control de los yacimientos de Irak, uno de los grandes productores junto con Arabia Saudita, Rusia, Irán y Venezuela. La fuerte resistencia a la invasión militar ha derivado en ataques contra instalaciones petrolíferas de Irak y Arabia Saudita que dificultan la producción. A esto se han sumado una serie de contratiempos que le han dado inseguridad al mercado y volatilidad a los precios, como la crisis del gas de EEUU en el 2003 y el reciente conflicto entre el gobierno de Rusia y la mayor petrolera de ese país, la empresa Yukos.

Las consecuencias de un petróleo en el orden de los 45 u$s/bl preocupan seriamente tanto al eje EEUU-UE-Japón como a China, ya que podría frenar el crecimiento mundial en 1-1.5%, atento los previsibles impactos en materia de alzas de precios y tasas de interés que contribuirían a retraer la inversión y dificultar la salida del estancamiento actual. Una visión optimista pasa por confiar que esta crisis contribuya a replantear los mecanismos de vinculación Norte-Sur y la histórica recurrencia al garrote y la prepotencia por alternativas de dialogo e inclusión que permitan un desarrollo con mayor equidad para todos.

Por Alberto Pontoni. Agosto 2004