Blog de Clubmacro

Por Alberto Pontoni. Mayo 2004

En el horizonte ha comenzado ha delinearse un nuevo fantasma que amenaza con agravar la crisis energética originada por la escasez del gas. Esta semana el precio internacional del petróleo, continuando la tendencia alcista de los últimos meses, alcanzó el récord de 42 dólares por barril. Esta situación ha dado pie a un nuevo reclamo de las empresas que operan en nuestro país para obtener ajustes en los precios del crudo y de los combustibles.

En principio resulta lógico y razonable que en una economía de mercado las empresas reclamen por un "alineamiento" de los precios internos en correspondencia con los valores internacionales. Sin embargo, resulta ilustrativo analizar la evolución de los precios y el comportamiento de esas mismas empresas durante la década pasada para comprobar la poca coherencia y falta de consistencia de dichos argumentos.

Antes de entrar al fondo de la cuestión es necesario destacar el alto grado de concentración que impera en el mercado de combustibles de nuestro país, ya que tan sólo 3 empresas son responsables del 90% de la producción y comercialización de derivados del petróleo. A fines de los 90 la participación de Repsol YPF (incluyendo su controlada EG3) en la refinación de derivados de petróleo era del 57% y la de Shell y Esso del 35%. Entre las tres sumaban un 92% del total. A su vez, en ventas a consumidores finales las tres concentraban el 90% y 88% de los mercados de naftas y gas oil. En términos generales el volumen de gasoil vendido casi triplica las ventas de naftas, debido a la fuerte sustitución de naftas por gasoil (fenómeno de dieselización) y GNC que se registró durante el último decenio.

Sobreprecios y Rentas Oligopólicas

En abril del año 2000 el Instituto Argentino de la Energía (IAE) publicó el trabajo "Análisis del Mercado de Combustibles Líquidos en la República Argentina", realizado por expertos de su Departamento Técnico. En el mismo se estudia la evolución de los precios de los combustibles y se comparan los precios cobrados en nuestro país por las empresas productoras con los valores de referencia internacionales.

Los hallazgos, correspondientes al periodo 1992-2000, fueron sorprendentes:

Los precios en salida de refinería (excluyen impuestos y gastos de comercialización) de los combustibles vendidos en el país nunca siguieron una trayectoria que reflejara los cambios en el mercado internacional, sino que mantuvieron sus propios niveles.

Los precios del gasoil y las naftas cobrados por las refinadoras se ubicaron, en promedio, entre un 19% y un 64% por encima de sus valores de referencia internacional, dependiendo del producto y de la empresa.

En las naftas el sobreprecio cobrado por YPF, respecto de su valor de referencia internacional, fue del 38%. En el caso de Esso del 47% y de Shell del 64%. En el gasoil el sobreprecio promedió un 19%. Los mayores apartamientos se observaron en 1998 y 1999, cuando el precio internacional del crudo se redujo a 10-12 u$s/barril, sin que esta baja repercutiera en el mercado interno. En ese momento el gasoil refinado por YPF se llegó a vender a un precio superior en un 150% a su valor internacional y en el caso de Shell el sobreprecio alcanzó a un 220%.

El cuadro siguiente muestra los excedentes transferidos a las principales refinadoras como consecuencia de los sobreprecios derivados de la diferencia de precios internos respecto de los internacionales. Para la estimación se han considerando los precios y el volumen comercializado por cada empresa entre 1993 y 1999.

El estudio también señala que los excedentes transferidos por los consumidores (particulares, agro, transporte e industria) a favor de las principales refinadoras como consecuencia de los sobreprecios derivados de la diferencia de precios internos respecto de los internacionales entre los años 1993 y 1999 fueron de aproximadamente 4.500 millones de pesos/dólares. La captación de este excedente se distribuyó entre las principales productoras de la siguiente forma: YPF+EG3 54%, Shell 28% y Esso 18%.

Esta situación abusiva fue consecuencia de las condiciones de oligopolio y falta de competencia del mercado argentino, que permitió que las empresas no trasladaran a los precios finales de los combustibles la baja del crudo en el mercado internacional. Por el contrario, el incremento de precios del petróleo, sobre todo el que se produjo desde fines de 1999, fue trasladado en forma casi inmediata a los precios de venta final de los productos.

Reflexiones

En una economía de mercado el precio doméstico de los combustibles debe guardar una cierta correspondencia con el nivel de precios del mercado internacional. La experiencia argentina de la última década es un claro ejemplo de las distorsiones derivadas del poder oligopólico ejercido por un puñado de empresas, consolidado a partir de la privatización de YPF. Los precios internos subieron siempre que se registraron alzas en el mercado mundial pero no descendieron cuando estos disminuían. Obviamente, esto fue posible debido a la existencia de un Estado complaciente o cómplice (no ausente).

El resultado de estas maniobras fue una enorme transferencia de recursos que redujo la capacidad adquisitiva de las familias y restó competitividad a la producción nacional.

Hoy son las mismas empresas las que reclaman ajustes de los precios domésticos de los combustibles en razón del alza internacional del petróleo. Corresponde al nuevo Gobierno llevar a la mesa de negociación su comportamiento pasado y establecer formas de compensación y mecanismos que eviten la continuidad de estas prácticas y la obtención de rentas fundadas en prebendas y privilegios.

Por Alberto Pontoni.Mayo 2004

Uno de los problemas más importantes que enfrenta la humanidad, derivado del modelo tecnológico adoptado, es la dependencia del petróleo como fuente de energía. Al carácter agotable de este recurso y la alta concentración del grueso de las reservas en pocas zonas del planeta se suma el fuerte deterioro ambiental que esta provocando su uso.A continuación se presenta una selección de párrafos de un reciente articulo del Prof. Jeffrey D. Sachs (Universidad de Columbia), "El futuro energético en peligro", en el que se pasa revista a los riesgos que reviste la situación actual y se señalan algunas acciones que deberían implementarse para evitar esas consecuencias.

Dos problemas energéticos moldearán nuestro futuro económico y geopolítico de las próximas décadas: la dependencia del petróleo de Medio Oriente y la desestabilización del clima del planeta.

Depender del petróleo de Medio Oriente resulta cada vez más riesgoso. Nadie sabe cuánto petróleo queda y cuánto costará extraerlo. El crecimiento económico de China, India, Brasil y otros países determinará un fuerte aumento de la demanda mundial de energía. Si Medio Oriente ya está en un punto límite, imaginen qué podría ocurrir de intensificarse la competencia entre Estados Unidos, Europa, China, India, Japón y otras naciones por el petróleo de esa región.

El segundo gran desafío radica en que nuestro sistema energético moderno está desestabilizando el clima del planeta. El petróleo y otros combustibles fósiles (la hulla y el gas natural) provocan cambios climáticos en el largo plazo, pero poca gente aprecia la gravedad de los riesgos implícitos. Estos cambios afectarán el clima en todos sus aspectos: desde las temperaturas, hasta las precipitaciones y las pautas de tormentas. Asimismo, causarán alteraciones fundamentales en el medio físico: por ejemplo, elevarán el nivel del mar y modificarán los procesos químicos oceánicos.

Los efectos son impredecibles. Cabe suponer que serán enormes en cuanto a producción agrícola, enfermedades, disponibilidad de agua -tanto potable como para riego- erosión de las costas, etcétera. Tal vez estas alteraciones sean bruscas, ya que la historia ha demostrado que pueden producirse cambios impresionantes en cuestión de décadas.

Estos cambios generarán una gran zozobra económica y podrían provocar reacciones negativas de la conducta humana, llevando a una intranquilidad política masiva, movimientos de refugiados y conflictos violentos.

De allí que estos desafíos -escasez de petróleo, aumento de la inestabilidad en Medio Oriente y cambios climáticos- exijan una reflexión lúcida.

Frente a esta situación algunos proclaman la necesidad de reducir drásticamente el consumo mundial de energía. Sin embargo, esta alternativa debilitará la economía sin solucionar el problema del suministro de petróleo a largo plazo ni el del cambio climático.

Otros, nos exhortan a desacostumbrarnos a los combustibles fósiles y emprender una carrera alocada hacia las fuentes energéticas renovables, como la solar o la eólica. Pero estas alternativas son costosas y, en términos realistas, no pueden reemplazar los combustibles fósiles.

Alternativa

Por suerte, si trazamos planes de largo plazo a escala mundial, es posible hallar el modo de superar los desafíos y conseguir suministros energéticos confiables, seguros desde el punto de vista ambiental y a precios accesibles.

Para ello hay que tener en cuenta dos ideas fundamentales.

Primera: debemos reconocer que aun cuando el petróleo comience a escasear otros combustibles fósiles (hulla, gas) y no convencionales (arenas de pizarra y alquitranada) seguirán abundando durante siglos. En consecuencia, se debe encarar el desarrollo de tecnologías e infraestructuras que posibiliten el uso eficiente y seguro de estos otros combustibles fósiles. Por ejemplo, ya existen procesos químicos para convertir la hulla en gasoil. También podemos convertirla en hidrógeno y sustituir, como propulsor, al motor de combustión interna de los automóviles. Sin embargo, todavía no existe consenso respecto del balance costo-eficacia de esta tecnología.

Segunda: cuando la producción de petróleo se mantenga estable o empiece a declinar y entren a tallar esos otros combustibles fósiles, deberemos controlar sus efectos climáticos. En el futuro, siempre desde la perspectiva ambiental, la forma segura de usar combustibles fósiles será capturar el anhídrido carbónico en la usina, antes de que salga a la atmósfera, y neutralizarlo en algún tipo de depósito subterráneo. Este procedimiento, denominado "captura y neutralización del carbono", ya es objeto de estudio.

En definitiva, nuestro futuro energético no dependerá de una solución única, sino de diversas medidas: (i) explorar y explotar nuevos yacimientos petrolíferos, en especial fuera de Medio Oriente; (ii) mejorar la eficiencia energética; (iii) desarrollar y adoptar, en el largo plazo, otras fuentes de energía renovables a precios asequibles; (iv) usar otros combustibles fósiles, como la hulla, de modo tal que no dañen el medio ambiente.

Hoy, no estamos pensando en el agotamiento del suministro mundial de petróleo; confiamos demasiado en la producción de Medio Oriente y pasamos por alto las consecuencias ambientales del uso de combustibles fósiles. Por este camino, estamos llegando a un callejón sin salida y la realidad nos alcanzará.

¿Cómo debemos encarar el futuro?

Los mayores consumidores de energía del mundo, empezando por Estados Unidos, Europa, China, Japón e India, tienen que acordar acciones colectivas con un doble objetivo: por un lado, desarrollar nuevas tecnologías de captura y almacenamiento del carbono; por el otro, explotar y usar fuentes energéticas alternativas a un costo accesible.

Asimismo, debemos hacer que los precios de mercado de la energía reflejen los verdaderos costos sociales de dicho consumo. Así, tanto los consumidores como los proveedores podrán decidir mejor respecto a la eficiencia de la energía, la explotación de fuentes alternativas y la adopción de tecnologías seguras para el medio ambiente.

Uno de los temas actualmente mas debatidos es el futuro de China y el eventual "aterrizaje" de una economía que para ciertos analistas se encuentra sobrecalentada. Las cifras correspondientes al primer trimestre del 2004 son espectaculares e indican una aceleración vertiginosa del crecimiento del PBI (9.7%) y la inversión en activos fijos (43%). Para algunos aún existe aire suficiente para continuar el extraordinario desempeño de los últimos 25 años. Para otros, China esta atravesando un fenómeno de burbuja similar al que precedió el colapso de los tigres asiáticos en 1997-99. Para estos últimos, la discusión se centra sobre las consecuencias de un aterrizaje inevitable, en forma "brusca" o "suave". Obviamente, los efectos negativos de un enfriamiento de China se harían sentir sobre el conjunto de la economía mundial y particularmente sobre Japón. Argentina, también se encontraría entre los afectados atento el alto grado de vulnerabilidad de nuestra principal fuente de divisas: las exportaciones del complejo soja.

El Boom

China es la segunda economía más grande del mundo. Su PBI se estima (en poder adquisitivo equivalente) en 6 billones de dólares, lo que hace un per capita de 4.500 dólares, para una población de 1.300 millones de habitantes. La población bajo la línea de pobreza no alcanza al 10%. A efectos comparativos, la Argentina actual tiene un PBI de 110 mil millones, un per capita de 3.000 dólares y los pobres constituyen, al menos, una cuarta parte de la población.

Por otro lado, China no es una economía pastoril, como algunas viejas imágenes pretenden mostrar. Si bien la mitad de su fuerza laboral (unos 750 millones de trabajadores) se desenvuelve en el campo, la producción agrícola representa sólo un 15% del PBI, mientras que la industria (incluyendo construcción) alcanza al 51% (el doble que en Argentina).

Las exportaciones chinas vienen creciendo sostenidamente y en el 2003 superaron los 440 mil millones de dólares, que representan el 6% del total mundial. También las importaciones se han incrementado llegando a 415 mil millones en el 2003. La mitad de ese importante volumen de comercio se canaliza hacia países del Asia-Pacífico, principalmente Japón, Hong Kong, Corea y Taiwan. El intercambio con Estados Unidos, destino de una cuarta parte de sus exportaciones, es sumamente favorable a China.

Los reiterados superávits comerciales, sumados al fuerte ingreso de capitales registrado en la última década, explican el alto nivel de reservas de esta economía, del orden de 450 mil millones de dólares. Su deuda externa, que alcanza a 150 mil millones de dólares, resulta poco significativa con relación a sus exportaciones, PBI o volumen de reservas.

La evolución de China a partir de 1978 constituye el fenómeno de crecimiento económico más notable de la economía mundial de todos los tiempos. En los últimos 25 años cuadriplicó su producto y en la década de los 90, logró duplicarlo en sólo nueve años (implica una tasa sostenida de crecimiento superior al 9% anual).

Para evaluar en toda su dimensión el fenómeno chino hay que considerarlo en el contexto de las otras economías pujantes de la región Asia-Pacífico, donde ya se concentra un tercio de la producción mundial. Para el 2020 China junto a Japón, India, Indonesia, Corea del Sur y Tailandia se encontrarán, entremezclados con EEUU y Alemania, a la vanguardia de las potencias económicas del mundo.

El auge inversor

Las exportaciones y, principalmente, la inversión han sido los motores del espectacular crecimiento de China. El auge de la inversión tiene 3 razones básicas:

Boom de la construcción. Este fenómeno se registra en las zonas costeras y particularmente en Shanghai y Pekín. En el 2003 la construcción representó más del 20% del PBI de esas ciudades, provocando un aumento en el precio de los materiales e insumos y un auge de nuevas inversiones en los sectores relacionados. China absorbe actualmente el 40% de la producción mundial de cemento y un 30% del carbón, hierro y acero.

Expansión de exportaciones. La alta competitividad del sector manufacturero chino, favorecido por bajos salarios y un tipo de cambio que "ata" el yuan al dólar, ha facilitado la expansión de sus exportaciones. De allí el fuerte incremento de inversiones en este sector.

Crecimiento del crédito. El sostenido ingreso de capitales, atraídos por el diferencial de interés y expectativas de apreciación del yuan, ha contribuido al aumento de la liquidez y de los préstamos bancarios, así como de las reservas en divisas. Hasta el momento esta situación no se ha expresado en presión inflacionaria. El alza de precios del 2003 fue de sólo 1.2%.

El síndrome de burbuja

Quienes impulsan la hipótesis de una supuesta "burbuja" inversora y un eventual colapso de la economía suelen esgrimir que una magnitud de inversión tan alta como la que presenta China puede llevar a excesos de capacidad, provocando derrumbe de precios y quiebra de empresas, con el consecuente efecto devastador sobre el sistema bancario y el conjunto de la economía.

A esto agregan dos factores adicionales de preocupación:

Mala cartera crediticia. Como se señalara antes, el sector bancario ha transformado el aumento de liquidez derivado de la fuerte entrada de capital extranjero en un explosivo boom de crédito. Según algunas versiones gran parte de esos prestamos se han canalizado hacia el sector inmobiliario y empresas ineficientes, estimándose de dudoso cobro entre un 40-50% del total. Esta situación podría agravarse si crecen las quiebras o caen los precios en el sector inmobiliario.

Déficit comercial. Si bien las exportaciones dieron un salto fenomenal en los últimos dos años, pasando de 250 a 440 mil millones de dólares, las importaciones han estado creciendo a un ritmo mayor, reduciendo progresivamente el superávit comercial, que en el 2002 fue de 50 mil millones y en el 2003 de 25 mil millones de dólares. La novedad reciente es el cambio de signo y la aparición de un apreciable déficit en el balance comercial.

Algunos analistas, igualmente sostenedores del riesgo de explosión de la "burbuja" china, suman a estas amenazas otros peligros latentes, como una caída del ingreso de capitales y la escasez de energía eléctrica.

Las medidas de enfriamiento

El gobierno chino ha tomado varias medidas destinadas a evitar la anunciada crisis por recalentamiento. Esas medidas están destinadas, principalmente, a frenar la expansión del crédito, aumentar el tipo de interés y brindar mas solvencia al sistema financiero.

• Control de préstamos bancarios. Principalmente a sectores con exceso de capacidad, como la construcción y producción de acero, cemento y automóviles. El objetivo es evitar una crisis de sobreoferta que llevaría a derrumbes de precios y quiebras de empresas. Esta aún fresco el recuerdo de la incidencia del boom inmobiliario en la crisis de los paises del sudeste asiático en1997-99.
• Aumento de encajes. En los últimos meses se elevaron en varias ocasiones los coeficientes de reserva que los bancos comerciales deben mantener. De esta forma se intenta reducir la oferta de crédito y poner un freno a la expansión de liquidez.
• Incremento de la tasa de redescuento. En marzo el banco central elevó el tipo de interés que aplica la autoridad monetaria en el mercado interbancario.

Sin embargo, algunos analistas piensan que estas medidas son insuficientes para frenar el ritmo de inversión, ya que el incremento del tipo de interés difícilmente resulte un disuasivo eficaz frente a la avalancha de proyectos que se suceden. Por el contrario, podría terminar agravando la situación al constituirse en un motivo de atracción de nuevos capitales que incrementarían la liquidez.

Quienes descuentan el fracaso de las medidas de enfriamiento adoptadas por el gobierno y especulan con una explosión de la "burbuja" inversora son los mismos que reclaman un reajuste al alza del tipo de cambio (apreciación del yuan). Esta medida permitiría desacelerar el crecimiento a través del desaliento de las exportaciones y la reducción de la liquidez, al disminuir el ritmo de compra de divisas por parte del banco central.

Obviamente, esta postura cuenta con el respaldo del gobierno de EEUU, cada vez más preocupado por el alto déficit que presenta su balanza comercial con China. También es compartida por los capitales especulativos que ingresaron en el pasado con la intención de aprovechar el diferencial de interés, que se beneficiarían de la apreciación del yuan.

Sin embargo, es poco probable que el gobierno chino adopte esta medida que afectaría severamente al sector exportador en momentos que la balanza comercial comienza a ser deficitaria. La modernización de China demanda un volumen creciente de importaciones, tanto de alimentos y petróleo como de bienes de capital e insumos industriales, y la forma más saludable de financiación pasa por el aumento de las exportaciones.

A título de reflexión final

Si el enfriamiento adopta la forma de un aterrizaje abrupto, el crecimiento del PIB chino podría ser sustancialmente inferior al 7% previsto por el gobierno. En tal caso, los efectos de repercusión global podrían ser significativos. Cabe tener en cuenta que la economía china es la segunda en importancia. Su producto, medido a paridad de poder adquisitivo, representa un 13% del total mundial (el de EEUU alcanza al 21% y el de la UE al 16%) y sus importaciones un 6%. Además, China ha sido la gran locomotora de la economía mundial en los últimos años (se le atribuye una cuarta parte del crecimiento económico total).

En consecuencia la desaceleración del ritmo de crecimiento de China tendría serias repercusiones globales. Los mas afectados serían los paises del área Asia-Pacífico, Japón en particular, donde se concentra la mitad de su intercambio comercial. También sufrirían las economías latinoamericanas, que verían derrumbarse los precios de las materias primas que constituyen la base de sus exportaciones, desde la soja al cobre.

Sin embargo, el espectacular crecimiento de la economía China parece asentarse sobre bases firmes que le brindan sustentabilidad, como son la expansión de su sector productivo y de sus exportaciones. A diferencia de otras experiencias de expansión aceleradas, verdaderas "burbujas" que se desplomaron en poco tiempo, como la Argentina de los 90, el gobierno chino ha canalizado con inteligencia las inversiones del exterior y ha sabido mantener bajo control el efecto distorsivo y la volatilidad generada por el ingreso de capitales de corto plazo.

A pesar de ello es lógico que se produzcan recalentamientos y bloqueos en un sistema económico sometido a un ritmo tan sostenido de expansión. Sin embargo, difícilmente el gobierno chino vaya a tomar medidas que impliquen abandonar lo sustancial de su modelo, como sería el caso de una apreciación del tipo de cambio y el desaliento del sector exportador. Es más probable que continúe con su política de restricción monetaria y crediticia y establezca controles más estrictos al ingreso de capitales.

De todos modos, es de esperar que en materia de comercio exterior China busque equilibrar su intercambio con aquellos paises que mantiene un déficit estructural con miras a agravarse en el futuro. Es el caso de la Argentina. En los últimos 5 años nuestras exportaciones a China se han cuadriplicado, pasando de 600 a 2.500 millones de dólares y en el 2003 obtuvimos un superávit comercial de 1.800 millones.

Mas allá de la discusión acerca del aterrizaje de la economía china interesa sacar conclusiones que puedan contribuir a pensar el futuro nacional. Actualmente ese mercado representa casi el 10% del total de nuestras exportaciones y existen excelentes perspectivas para incrementar esa participación. Sin embargo, es necesario tener presente que para aumentar nuestras ventas debemos aumentar nuestras compras, una regla básica para profundizar y dar estabilidad a una relación comercial.

En conclusión, China es un excelente socio para ampliar nuestra participación en el comercio mundial. Para que esto ocurra debemos pensar en ese país no tan sólo como mercado para nuestros productos sino también como proveedor de tecnología y bienes de capital para el desarrollo del nuevo perfil productivo de la Argentina.

Por Alberto Pontoni.Mayo 2004

Por Alberto Pontoni.Noviembre 2003

Globalización se ha convertido en una categoría difícil de definir que, por un lado, refiere a la descripción de una nueva realidad y, por otro, sirve de ropaje a una vieja ideología, que enmascara el tradicional propósito hegemónico de toda potencia dominante. Abrirse ingenuamente al comercio de mercancías y capitales no equivale a facilitar la expansión de las comunicaciones e Internet. Tampoco deben confundirse las particularidades de la actual etapa de internacionalización de la economía con el intento de imponer un modelo cuyo principal objetivo es desarmar las iniciativas de desarrollo nacional.

¿A que realidades se refiere la globalización en economía? Básicamente, a dos fenómenos. Por un lado, el incremento del comercio mundial de bienes y servicios, favorecido por el derrumbe de fronteras políticas y el desmantelamiento de barreras a las importaciones como consecuencia de numerosas negociaciones y acuerdos, incluyendo la creación y puesta en marcha de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por otro, el aspecto más novedoso de esta etapa, el explosivo crecimiento y alta movilidad de los fondos de inversión, sumado a una mayor apertura de los mercados de capitales. Las transacciones mundiales de dinero y los flujos de capitales especulativos se han multiplicado, contribuyendo al boom y colapso de muchas economías. Asimismo, han acelerado y amplificado la transmisión de las convulsiones, transformando problemas nacionales en crisis regionales o mundiales, como sucedió en los casos de México, Rusia, el sudeste asiático y, mas recientemente, Argentina.

¿En qué consiste la ideología globalizadora? En tratar de demostrar la conveniencia, particularmente para paises en desarrollo, de implementar políticas de "mercados abiertos". Esto es aprovechar el empuje que proviene de los mercados, favoreciendo las inversiones de las corporaciones transnacionales y el ingreso de capitales. La traducción práctica de esta idea se expresa en el paquete de medidas que impulsa el llamado Consenso de Washington. Entre ellas destacan la desregulación de mercados, baja de aranceles, facilidades al ingreso de capitales e inversiones extranjeras, garantía de la propiedad intelectual y patentes y el achicamiento del sector público.

Tiempo atrás, los fundamentalistas de mercado solían recurrir al ejemplo de los llamados tigres asiáticos, como Indonesia, Corea y Taiwan, para demostrar las bondades de las políticas globalizadoras. Sin embargo, dos hechos dieron por tierra con estos argumentos. Por un lado, los trabajos del Premio Nobel y ex economista del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, revalorización otras causas y brindaron otro enfoque sobre el éxito de esos paises. La apertura comercial fue un importante motor del crecimiento, pero el despegue se produjo en el marco de políticas nacionales que orientaron la producción, brindaron fuerte protección al mercado interno e impidieron el ingreso de entidades financieras y capitales especulativos del exterior. A su vez, cuando esos paises cedieron a la presión del FMI y levantaron sus barreras al ingreso de capitales se sucedieron una serie de maniobras de especulación financiera que derivaron en la crisis que asoló el sudeste asiático en 1997.

Alternativas exitosas

Frente a los desafíos de la globalización hay dos tipos de respuestas exitosas. Una, la de aquellos paises que en forma individual adoptaron vías autónomas y supieron aprovechar las ventajas de la modernización y la globalización conteniendo sus efectos nocivos, como son los casos de China, las economías del sudeste asiático e Irlanda, entre otros.

Otra, la experiencia integradora de la Unión Europea, que supo construir su propia globalización al regular bajo una misma legislación la circulación de bienes, capitales, servicios y personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la construcción europea se concretó a través de una política dirigida a la corrección de las disparidades nacionales. Esto permitió que en 10 años el PBI per capita de los tres países menos prósperos de la Unión -España, Grecia y Portugal- creciera del 68% al 80% de la media comunitaria. Fue la conjunción de ambas estrategias la que permitió avanzar en la convergencia regional.

Lamentablemente, no existe a escala global una capacidad similar de construcción. Sin una estrategia correctiva la mayor apertura económica internacional se traducirá en mayores ventajas para las economías más prósperas y competitivas, que son las que obtendrán un mayor provecho de las oportunidades derivadas de la ampliación de los mercados. Si no se introducen los necesarios mecanismos correctores la globalización continuará generando una agudización de los desequilibrios económicos internacionales.

Una clara expresión de esta falta de voluntad niveladora es la resistencia de las naciones desarrolladas al reclamo de los paises más pobres de abrir sus fronteras y desarmar las barreras proteccionistas que dificultan el ingreso de materias primas. En lugar de ello se continúa practicando una solidaridad mal entendida, incluso perversa, como en el caso de las donaciones de alimentos que realizan los paises ricos, que terminan agravando aún más la agricultura de los países hambrientos, haciendo más miserable a su población.

La experiencia argentina

¿Fue la globalización la causa del colapso argentino? En primer lugar, hay que señalar que la Argentina de los 90 fue uno de los paises más favorecidos por el proceso de globalización, atento la afluencia masiva de recursos atraídos por buenas oportunidades de negocios y la confianza suscitada por un gobierno amigable con los centros de poder y las transnacionales. Entre 1992 y 2000 ingresaron al país más de 110 mil millones de dólares. Si se contabilizan los egresos por intereses y utilidades, el saldo neto de los flujos financieros alcanzó a 65 mil millones de dólares.

De allí, que la responsabilidad del fracaso argentino deba ser rastreada, antes que en los nuevos fenómenos de la globalización, en las políticas "bobas" implementadas y la confianza ciega depositada en los mecanismos de mercado. A diferencia de los paises exitosos, se descuidó la defensa del mercado interno y poco se hizo para transformar en valor agregado –es decir, industria- la afluencia de capitales, desperdiciando una oportunidad histórica para el desarrollo del país.

El colapso argentino ha contribuido mas que el movimiento antiglobalización a frenar el huracán globalizador, asestando un duro golpe a los fundamentos de esa ideología. A su vez, el default de la deuda ha servido para poner un freno a las maniobras especulativas del capital financiero. No sería de descartar que, de mantenerse la intransigencia del ministro Lavagna respecto del pago de la deuda, su imagen pase a ocupar un lugar de privilegio junto a la escritora Susan George y el agricultor José Bové (en referencia a los lideres de ATTAC, organización que impulsa el establecimiento de un impuesto a los movimientos de capitales (Tasa Tobin) y de Vía Campesina, famosa por sus ataques a McDonalds en Francia),

¿Es competitiva la industria nacional?

Seguramente gran parte de quienes se formulen esta pregunta responderán por la negativa. Sus fundamentaciones apuntarán, principalmente, al diferencial de precios o calidades con productos similares extranjeros. Los más inmersos en el proceso productivo pondrán el énfasis en el desfasaje tecnológico del sector manufacturero, la falta de capacitación o el espíritu poco innovador de nuestro empresariado. Sin embargo, en este como en tantos otros temas económicos, es necesario comenzar separando ideología de realidad.

A diferencia de lo que ocurre en otros paises, en la Argentina de los últimos 30 años se ha sembrado y difundido un sentimiento antiindustrial que ha sido sistemáticamente alimentado por funcionarios, centros de pensamiento liberal y medios masivos. Existe una especie de sensación de sospecha permanente sobre la industria y los industriales que se refleja en la reiterada recurrencia a términos descalificantes, tanto para el sector (ineficiente) como para los empresarios (rentistas, prebendarios, evasores).

El antiindustrialismo es una ideología transversal que en nuestro país encuentra sus raíces en el pensamiento conservador de origen terrateniente pero que suma adeptos en diferentes sectores de la sociedad, incluso entre núcleos progresistas. Por su parte, las dirigencias empresarias han contribuido a reforzar esta impresión a través de la paradójica complicidad o pasividad frente a las políticas que llevaron al desmantelamiento del aparato productivo nacional durante las décadas del setenta y noventa. Una clara manifestación de esa patología empresaria fue el aval otorgado a la gestión de Martínez de Hoz. Primó mas en el ánimo de la dirigencia empresaria el revanchismo antiobrero, expresado en el disciplinamiento u opresión social practicado por la dictadura militar, que la defensa de sus propios intereses estratégicos.

De allí, que en amplios sectores de la sociedad aún exista la convicción acerca de la falta de competitividad de la industria nacional y que su supervivencia se encuentra supeditada a las transferencias del campo, la sobreexplotación laboral o la evasión impositiva.

¿Es esta la realidad?

Competitividad micro y macro

En términos sencillos, la competitividad micro surge de la comparación de costos de bienes de calidad similar entre empresas diferentes. Si A fabrica escobas a $ 5 la unidad mientras que a B le cuestan $ 5.50, la conclusión es que A es más competitivo que B. Sin embargo, la medición se complica al momento de efectuar comparaciones con productos extranjeros ya que existen otros factores, principalmente el tipo de cambio pero también las condiciones de financiamiento y la existencia de diferentes subsidios, ajenos a la empresa y que dependen de las condiciones macroeconómicas del país. (En una ocasión un exportador argentino de maquinarias describió la desigualdad de condiciones financieras con que debía enfrentar a sus competidores europeos en terceros mercados con una frase sumamente gráfica e ilustrativa: "Ellos exportan un crédito y, de paso, te regalan una maquina").

En consecuencia, las condiciones de competitividad no dependen sólo del proceso productivo intra empresa (micro) sino también de condiciones extra empresa (macro).

La historia económica de nuestro país proporciona una sólida evidencia que puede servir de guía para una mejor comprensión de la dinámica de estos factores. Los ciclos expansivos del sector manufacturero fueron siempre impulsados por severas crisis externas o intervenciones públicas de carácter proteccionista. En situaciones de bonanza externa, de superávit de balanza de pagos, el peso tiende a valorizarse y la industria a retroceder.

La explicación de este evidencia hay que buscarla en las grandes ventajas comparativas del sector primario exportador, que le permiten seguir produciendo y exportando con niveles de tipo de cambio en que la producción industrial queda fuera de competencia. Esto fue lo que ocurrió durante la convertibilidad. A pesar de la apreciación del peso el sector agroexportador logró expandirse mientras que la industria se contrajo a niveles inéditos.

Este fenómeno genera una de las paradojas o patologías estructurales de la economía argentina: la bonanza del sector primario compromete la supervivencia del sector transformador. En otras palabras, cuando al campo le va bien la industria incuba una crisis. El mecanismo de transmisión de este remolino vicioso es el tipo de cambio, ya que el incremento de saldos exportables tiende a valorizar el peso y hacer perder competitividad a los sectores más sensibles y expuestos a la competencia externa.

De allí, que el desarrollo de la industria nacional se encuentre más ligado a factores que hacen a la competitividad macro, principalmente al tipo de cambio, antes que a otros de carácter micro. En consecuencia el problema deja de ser de eficiencia o comportamiento empresarial para transformarse en un desafío de la política económica.

¿Es posible quebrar este remolino vicioso?

Alternativas

Las opciones pasan, en todos los casos, por una intervención del Estado. En nuestro país, los principales instrumentos utilizados para evitar la asfixia de la industria por la sobrevaloración del peso han sido el monopolio del comercio exterior, las barreras arancelarias, el establecimiento de tipos de cambio diferenciales y los impuestos a las exportaciones (retenciones).

En el contexto actual resulta difícil pensar en mecanismos de control del comercio exterior y, por otro lado, los compromisos internacionales asumidos por el país dificultan o impiden la instrumentación de barreras arancelarias y tipos de cambio diferenciales. En consecuencia, el único instrumento viable es la imposición de retenciones a las exportaciones de productos con mayores ventajas comparativas, como los agropecuarios. Este mecanismo permite al Estado captar y redireccionar una porción del excedente generado por el sector primario y reducir la oferta de divisas en el mercado evitando la revalorización del peso. (Paradójicamente, las retenciones, al evitar la depreciación del dólar, contribuyen a aumentar el ingreso en pesos de los exportadores. Obviamente, este argumento no resulta convincente a los sectores tradicionales).

Obviamente, una política pro industrial no se agota en esta sola acción. La intervención en el mercado cambiario es una condición necesaria pero requiere ser complementada con otras medidas de asistencia, principalmente financieras.

Sin embargo, debe quedar claro que las transferencias de recursos al sector industrial no son subsidios destinados a compensar una tara particular de nuestros empresarios sino el costo necesario de industrializarse en un país que enfrenta una doble desventaja competitiva: la presencia de un sector dotado de extraordinarias ventajas comparativas (pero incapaz de brindar empleo e ingresos al conjunto) y la existencia de serias distorsiones en el mercado internacional.

Por Alberto Pontoni. Noviembre 2003

La industria del calzado es uno de los sectores industriales que muestra mayores cambios en las últimas décadas. Actualmente se producen en el mundo unos 12 mil millones de pares, con un promedio de 2 pares por persona. Un dato interesante es el hecho que un 60% de esa producción es exportada. China (produce 6.500 millones de pares/año y exporta 4 mil millones) e India (700 millones de pares/año), son los paises que registraron el crecimiento más espectacular de esta industria, desplazando de la escena a naciones que en su momento fueron grandes productores, como Italia, cuya producción se ha reducido a 400 millones de pares/año.

Por otro lado, el gran importador mundial sigue siendo EEUU (1.800 millones de pares), seguido de Japón y Alemania. Estos 3 paises concentran casi la mitad de las importaciones totales netas (excluyendo Hong Kong, que opera como país de transito). El valor del comercio mundial de calzado no deportivo ronda los 15 mil millones de dólares anuales, correspondiendo un 85% de ese total al calzado con capellada de cuero.

El mundo muestra dos modelos contrapuestos que compiten en el mercado internacional: el "asiático o económico", cuyo liderazgo ejerce China, que aprovecha el bajisimo costo de su mano de obra, y el "europeo", representado por Italia y seguido por España y Portugal, mas caro pero con diseño y elaboración de mayor calidad.

El modelo brasileño

Brasil es un caso interesante de analizar. Representa una vía propia, intermedia entre China e Italia, pero igualmente exitosa, que en los últimos 25 años logró triplicar su producción y colarse entre los grandes exportadores mundiales. Sus logros en el comercio internacional son el resultado de la adopción de una estrategia adecuada enfocada en la provisión de zapatos de mujer en el segmento de precio medio/bajo para el mercado de EEUU. Actualmente, el 70% de los 1.600 millones de dólares anuales provenientes de sus exportaciones de zapatos, fundamentalmente de mujer, se dirigen a EEUU, ocupando el primer lugar entre los proveedores de calzado femenino de ese país (42% del total, seguido por China con el 38% e Italia con el 10%).

Es más, en los últimos años Brasil ha comenzado a insertarse en el nicho de calzado de máxima calidad, siendo actualmente el único proveedor no italiano de marcas como Gucci, Prada y Ralph Lauren. Asimismo, marcas brasileñas, como Reef o Havainas (calzado informal) se están posicionando en el mercado internacional.

¿Cómo lo logró? ¿Qué participación tuvo el sector público en el boom del zapato brasileño?

Decisiva. Aquí es donde mueren las palabras y comienzan los hechos. El sector público de Brasil se involucró activamente en el desarrollo de este sector con una batería de instrumentos que abarcaron desde ventajas impositivas, hasta inteligencia y promoción comercial, pasando por el financiamiento. Entre las ventajas impositivas se contabilizan la reducción y diferimiento de impuestos, así como créditos tributarios. En lo que hace a la promoción comercial el apoyo para la creación de una base de datos y la participación en misiones y ferias, entre otros. Asimismo, se brindó asistencia para el equipamiento, capacitación y acceso a tecnologías de avanzada con la finalidad de lograr una rápida modernización del sector.

Sin embargo, la clave del éxito, el lubricante de las otras acciones, fue el financiamiento destinado a promover este sector. Tan solo entre 1995 y 1998 el BNDES –el banco de desarrollo de Brasil- financió programas para el sector del cuero y calzado por mas de 300 millones de dólares, la mayoría de los cuales se canalizó a favor de pymes.

El retroceso argentino

¿Y Argentina? Para atrás. Entre 1991 y 1998 la producción de calzado cayó más del 30% y entre 1997 y el 2001 el derrumbe se aceleró a un ritmo del – 15% anual. A este fenómeno contribuyeron dos factores. Por un lado, la fuerte caída del consumo de calzado que pasó de un promedio de 4 pares per capita en la década del 80 a menos de 2 pares en la actualidad. Por otro, el aumento de las importaciones que tuvo su cenit en el 2001, cuando el 45% de los zapatos vendidos internamente fue de origen importado.

Sólo la estupidez e ineficiencia de la dirigencia local puede explicar este retroceso en un país que procesa mas de 10 millones de cueros vacunos por año. El balance comercial del sector es una clara radiografía de la situación. En el 2000 Argentina exportó cueros por 800 millones de dólares (a Brasil e Italia, entre otros) e importó zapatos por casi 200 millones (de Brasil e Italia, entre otros). La hiperdevaluación y el retroceso del consumo en el 2002 corrigieron este desajuste, al desplomarse las importaciones y permitir una recuperación, pero sin brindar una solución de fondo al sector, que continua rezagado y vulnerable.

El futuro posible

El ejemplo de Brasil muestra el camino para revertir esta situación. Una meta moderada para Argentina sería duplicar la producción de calzado en 4-5 años, alcanzando para el 2007 los 100 millones de pares, 75 millones de los cuales serían absorbidos por el consumo interno y 25 millones se exportarían. Esto representaría un ingreso adicional de unos 350 millones de dólares y la creación de aproximadamente 20 mil nuevos empleos.

El país tiene los recursos básicos para desarrollar una producción que le permita incursionar competitivamente en el segmento de calidad media y alta, basada en la disponibilidad de cueros, la capacidad y experiencia de nuestras curtiembres, la buena calificación y bajo costo de la mano de obra, sumada a la rica tradición artesanal y diseño local.

¿Qué se requiere? Además de voluntad e inteligencia aplicadas al diseño de un programa sectorial estratégico, que incluiría la identificación de nichos de productos y mercados (¿calzado de vestir o informal? ¿para mujer o hombre?, etc) es necesario brindar apoyo al sector privado para facilitar su modernización (diseño, tecnología, equipamiento, calidad) y fomentar el surgimiento de jugadores globales (consorcios, firmas de trading).

El costo fiscal de un programa de esta naturaleza se sitúa por debajo de los 2 millones de dólares/año y las necesidades de financiamiento, principalmente para exportaciones, en los 25 millones. De lo expuesto se concluye que en el sector del calzado es posible hacer mucho con poco, debido a sus bajos requerimientos de capital y tecnología. Sin embargo, para mejorar los pies es necesario, ante todo, cambiar la cabeza.

Por Alberto Pontoni. Octubre 2003

Argentina, ¿es un país rico o pobre?

La pregunta admite respuestas antagónicas. Argentina es, indudablemente, un país muy rico si se considera la gran disponibilidad de recursos y capacidad de producción que posee. Tanto en lo que hace a medios físicos o naturales, contabilizando la extraordinaria extensión de tierras potencialmente cultivables (de las cuales hay casi 40 millones de hectáreas en explotación), el impresionante stock ganadero (incluyendo las 50 millones de cabezas bovinas), los inconmensurables recursos de origen mineral, las importantes reservas de petróleo y gas, el caudal pesquero, etc, todo ello sazonado por excelentes recursos hídricos, buenos climas y abundantes lluvias. Si a este inventario se suman los recursos humanos el cuadro resulta aún mas optimista, debido a la alta calificación educativa de la población, modernidad cultural y tradición científica. Ejémplo de ello son los tres premios Nobel en medicina y fisiología y las contribuciones de argentinos al desarrollo científico y tecnológico.

Desde otro punto de vista, Argentina es un país pobre y postergado. El ingreso medio de la población, que actualmente se ubica en el orden de los 3.000 dólares per capita, es 7 veces inferior al promedio europeo y 12 veces menor al de los paises más desarrollados. En consecuencia, Argentina es el caso de un país rico con una población pobre.

Sin embargo, este enfoque de la realidad puede dar lugar a confusiones. Incluso, podría considerarse que la pobreza nacional es consecuencia del escaso aprovechamiento de nuestros recursos naturales cuando, en verdad, estos han sido y están siendo sobreexplotados y, en algunos casos, hasta el límite de su agotamiento.

Una adecuada interpretación de este fenómeno debe partir de la revalorización del trabajo como fuente genuina de valor y riqueza. Visto de esta forma, las causas de nuestra pobreza se derivan de la alta exclusión laboral y la baja productividad del sistema económico.

Exclusión y baja productividad

De existir condiciones adecuadas, como las vigentes en un país desarrollado, mas de la mitad de la población (unos 20 millones de argentinos) podrían tener empleo e ingresos suficientes para sostener un nivel de vida satisfactorio. En cambio, menos de la cuarta parte (unos 8 millones) alcanzan esa condición. El resto integra el ejército de desempleados (3 millones), subempleados (4 millones) y desanimados (5 millones). En esto radica la mayor perversión del actual sistema económico, que desaprovecha el aporte productivo del 60% de la población económica potencialmente activa.

La PEA argentina es del 42% de la población. Sin embargo, no integran esta categoría los "desanimados" (aquellos que ya han desistido de buscar empleo, atento la falta de trabajo) y otros sectores potencialmente capaces. Esto explica la diferencia con paises desarrollados, cuya PEA llega a alcanzar al 60% del total.

Otra distorsión es la baja productividad de nuestra economía, consecuencia de la poca importancia del sector manufacturero, el más auténtico generador de valor agregado, que representa sólo el 15% del PBI y ocupa a menos de 1 millón de trabajadores. La composición de nuestras exportaciones constituye un fiel reflejo de esta realidad, ya que en sus dos terceras partes son productos primarios o con poca elaboración.

En resumidas cuentas, la riqueza de una nación y de sus habitantes reside, principalmente, en el aprovechamiento de la capacidad transformadora de su población. De allí, que la fuente del atraso y la pobreza argentina resida en la escasa utilización del potencial productivo de sus habitantes. Paradójicamente, asistimos a una dicotomía perversa en que conviven "la sobreexplotación de unos pocos con la desocupación de muchos", funcional a un sistema igualmente perverso. Esta crisis se soluciona con trabajo y, principalmente, con industria. Para parecernos a España es imprescindible, al menos, duplicar nuestra industria.

Interpretaciones

¿Por qué estamos como estamos?

En este punto las explicaciones difieren, según la óptica o ideología de quien responda. Para los ortodoxos la culpa reside en el exceso de Estado y populismo, que ha trabado el desarrollo de un "verdadero capitalismo" (a pesar de tres décadas de dictaduras y democracias de mercado). La solución consistiría en un mayor aliento de la actividad privada y la reducción del Estado a sus funciones indelegables, como justicia y seguridad.

Para otros, la responsabilidad hay que rastrearla en la hegemonía que ejercen los centros sobre la periferia, que les permite aprovecharse de nuestros recursos y trabajo a través de diversos mecanismos de carácter financiero, productivo o comercial. La receta para salir del pozo pasaría por romper con las formas de dependencia o sumisión neocolonial.

Una tercera explicación del retraso y la pobreza, que tuvo su auge en las décadas del 50 y 60, pone el acento sobre el carácter primario exportador típico de las economías subdesarrolladas y la indolencia propia de sus dirigencias rentistas. De allí, los esfuerzos de las corrientes desarrollistas de posguerra en estimular el surgimiento de una clase empresarial dinámica (burguesía nacional) con decisión y capacidad para encarar un proceso de industrialización. En ese contexto, corresponde al Estado facilitar la canalización de recursos financieros y garantizar el acceso prioritario de la producción nacional al mercado interno. Esta corriente, conocida como estructuralismo, debido al énfasis puesto sobre la necesidad de cambios profundos, influyó decisivamente en las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, características del periodo de posguerra.

Perspectivas

Actualmente, asistimos a un renacer de la visión estructuralista del subdesarrollo. Existe un amplio y sólido consenso en la sociedad acerca de la necesidad de emerger del atraso a través de la industrialización. El fracaso de las políticas ortodoxas aplicadas en las últimas tres décadas, en particular las experiencias conducidas por los ministros Martínez de Hoz y Cavallo, y el deterioro del país que ha producido la primarización se han convertido en los argumento más contundentes a favor de la industrialización.

Nunca Argentina produjo tantos granos, minerales y petróleo como en la actualidad, ni explotó tan intensamente sus recursos naturales. Sin embargo, nunca los argentinos estuvimos tan mal como en el presente. La solución de nuestros problemas no pasa por la mejora del precio de los granos ni por la eliminación de los subsidios agrícolas en los paises desarrollados. Para el país pastoril sobramos 20 millones de argentinos, de allí que la única alternativa de desarrollo sustentable e integradora pase por la industria.

Por Alberto Pontoni. Octubre 2003

El Véneto es una región del nordeste de Italia con una superficie de 2 millones de hectáreas y una población de 4 millones de habitantes, cuyo eje es la legendaria Venecia. Hasta principios de los 60 la región mostraba un importante retraso, con un per capita inferior al promedio italiano y una población de bajo nivel educativo dedicada a una agricultura pobre. Su desarrollo industrial era modesto y ligado a dos polos productivos: uno, textil-lanero, que se remonta al siglo XVIII y otro, químico-mecánico, surgido durante el periodo fascista.

A principios de los 50 el 43% de su población activa estaba empleada en la agricultura, un 27% en la industria, principalmente artesanos autónomos, y el restante 30% en el comercio. La agricultura entró en crisis y produjo una fuerte expulsión de mano de obra, que debió migrar en busca de trabajo. Durante una década abandonaron la región unos 40.000 (¡un 10% de la población!) emigrantes por año, situación parcialmente compensada por la alta natalidad local. Este fenómeno, traumático desde el punto de vista social y cultural, evitó el mayor empobrecimiento de la región al generar transferencias y aliviar el desempleo.

Actualmente, sólo 4 décadas después, el cuadro se ha revertido y el Véneto se ha transformado en una de las regiones más prosperas e industrializadas de Europa con un per capita similar al de Holanda, 20% superior al promedio de Italia y la UE. Otra forma de describir esta evolución es considerar el ingreso medio del Véneto, que supera los 23.000 dólares por habitante, tres veces superior al del 60. Por otro lado, el producto regional pasó del 5% al 15% del PBI italiano.

¿Cuáles fueron las razones de este exitoso y acelerado modelo de desarrollo regional?

1- Integración europea. En los 60, poco después de la firma del Tratado de Roma, la situación comienza a revertirse. La pertenencia del Véneto al llamado Arco Alpino, la macro región más rica y dinámica de Europa, le permitió aprovechar el impulso del proceso de integración europea para estimular un fuerte desarrollo industrial. En poco tiempo el mercado de trabajo se estabilizó y la emigración se frenó, mejorando la condición económica y social del conjunto de la población.

2- Nichos de calidad. Una de las particularidades de la nueva industrialización fue la especialización regional en sectores vinculados a la moda (vestimenta, pieles, calzado, joyas, anteojos) y el hogar (muebles, cocinas, mármol), utilizando tecnologías de avanzada y alta calidad de producción, lo que facilitó su colocación en mercados de altos ingresos. La metalurgia y la química, sectores habitualmente considerados de punta en los procesos de industrialización, no participaron de este despegue. Posteriormente se sumó a este proceso la industria mecánica, con producciones de tecnología igualmente sofisticada (maquinas industriales, eléctricas y de precisión, entre otras) también destinada a mercados desarrollados.

3- Ventaja Pyme. El bajo requerimiento de capital y la alta calificación laboral requerida por este tipo de modelo industrial facilitó el surgimiento de las pymes. Las empresas de 10 a 50 empleados tuvieron un crecimiento explosivo a costa de las microempresas y talleres familiares, que se transformaron o desaparecieron. En la actualidad la dimensión de la industria véneta promedia los 13 dependientes por unidad.

4- Especialización territorial. La peculiar producción industrial y la localización geográfica de antiguos centros artesanales de la región dieron por resultado la conformación de clusters o distritos industriales. El desarrollo de los distritos se vio facilitado por el surgimiento de producciones personalizadas y a pedido en que se privilegia la relación estrecha con el cliente y la especialización. En la región existen 15 distritos, con al menos 10.000 empresas y 150.000 empleados ocupados en actividades especializadas. Los más importantes son Schio (maquinaria) con 1.700 empresas y 22.000 empleados, Pedemonte (vestimenta) 1.000/18.000, Livenza (muebles) 900/16.000, Verona (muebles) 2.000/11.000, Vicenza (orfebrería) 800/12.000, Arzignano (curtiembre) 500/11.000, Brenta (calzado) 800/10.000 y Belluno (anteojos) 600/6.000.

Más de la mitad de la producción de los distritos se exporta y esto explica que el Véneto sea la región de Italia que actualmente más exporta (1/3 de su PBI) y que más avanzó en este terreno. Las exportaciones son de alto valor agregado y, en su mayoría, destinadas a países ricos. En algunos rubros las marcas de la región ocupan puestos de vanguardia mundial, como en calzado deportivo y de mujer, anteojos, muebles de estilo y artículos de punto.

A titulo de reflexión

El Véneto de nuestros días vive una envidiable crisis de crecimiento, ya que parece haber saturado la potencialidad productiva de sus recursos locales en el marco de una situación de pleno empleo, con una tasa de desocupación regional del 3.5%, inferior a EEUU y Japón.

En lo que hace a su aspecto micro, resulta importante destacar de esta experiencia la exitosa conjugación de dos factores en el desarrollo industrial de la región: tecnología avanzada y producción de alta calidad orientada a mercados exigentes. Este modelo de industrialización se vio favorecido por la existencia de una antigua tradición regional de trabajo artesanal, reflejada en la especialización territorial y la preponderancia pyme.

En lo macro, existe una corriente que intenta demostrar que ese desarrollo se produjo en el contexto de un sector público ausente, tratando de circunscribir los logros al empeño y espíritu empresarial de su gente. Una clara expresión de este pensamiento es la Lega Nord, el movimiento segregacionista liderado por Umberto Bossi, de amplia influencia en la región.

Los que así piensan olvidan hechos fundamentales. En primer lugar, la acertada política de integración europea impulsada por el Estado nacional que sirvió de trampolín para el despegue de la región, una de las mas favorecidas por esta apertura. Asimismo, las políticas activas implementadas por el sector público en favor de las empresas industriales, particularmente pymes, que favorecieron la mejora de la competitividad global, como es el caso de las políticas de financiamiento y promoción comercial que facilitaron la colocación de la producción local en otros mercados.

Finalmente ¿qué es posible rescatar de este modelo para el desarrollo de nuestro país?

A pesar de la dificultad de trasplantar esta experiencia de industrialización, en atención a las grandes diferencias de contexto cultural y económico de ambos paises, es posible rescatar importantes lecciones. Entre otras, la factibilidad de una vía propia y la necesidad de implementar políticas que estimulen la iniciativa privada a través de la apertura de nuevos mercados y la mejora de la competitividad macro. En la Argentina actual el desafío es mayor al Véneto de los 60, obligando a un mayor compromiso del sector público, principalmente en materia de planificación industrial y territorial, financiamiento, modernización de la infraestructura y competitividad de los servicios.

Por Alberto Pontoni.Octubre 2003

Por Alberto Pontoni. Setiembre 2003

En los noventa, una nueva revolución tecnológica llegó a la agricultura a través de la utilización de semillas transgénicas u Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), como se los denomina en la jerga técnica. En los últimos seis años el área cultivada con OGMs en el mundo se multiplicó 30 veces, pasando de 2 a 60 millones de hectáreas. EEUU, con 30 millones de hectáreas ocupa el primer lugar, seguido por Argentina con 14 millones de has. Entre ambos se reparten las tres cuartas partes del área sembrada con transgénicos a escala mundial.

La principal ventaja de las semillas transgénicas se relaciona con la tolerancia que desarrolla la planta frente a herbicidas o insectos. Esto facilita y abarata las labores, ya que en lugar de recurrir a múltiples y variados "remedios" para combatir malezas y otros elementos dañinos de los cultivos se aplica un herbicida de amplio espectro, como el glifosato, que "mata todo menos la planta con antídoto". Por otro lado, Argentina es líder mundial en siembra directa, una tecnología que se complementa con los transgénicos y que esta desplazando la tradicional arada, reduciendo el desgaste de los suelos.

¿Por qué tanta resistencia frente a los transgénicos a pesar de estas ventajas? Una importante razón reside en la creciente perdida de confianza del público en la biotecnología. Escándalos como el "mal de la vaca loca" han deteriorado la percepción de la sociedad sobre los organismos de control y el riesgo de los alimentos derivados de la biotecnología. Por otro lado, grupos económicos, principalmente europeos, interesados en frenar el desarrollo de esta tecnología están aprovechando la situación. De allí, la necesidad de distinguir el autentico movimiento conservacionista e, incluso, anti-globalización, de los lobbies de sectores retrasados en tecnología transgénica y de los interesados en el mantenimiento de los subsidios agrícolas, en permanente búsqueda de justificativos para el establecimiento de nuevas barreras a la importación de granos.

Los variados argumentos que se suelen esgrimir para fundar el rechazo de los alimentos derivados de OGMs pueden ser ordenados en tres líneas principales:

1. Evidencias pseudo científicas. A pesar de los frecuentes artículos de opinión adversos, la realidad es que "no existe informe alguno de incidente de toxicidad, alergenicidad o otra indeseable consecuencia de liberaciones de OGMs o del uso de alimentos derivados de OGMs". A su vez, frente a quienes sostienen la eventualidad de daños futuros no predecibles, cabe señalar que las evaluaciones de riesgo realizadas con el mejor conocimiento actual, que incluye toda la información científica disponible, no han detectado efectos negativos de largo plazo. Obviamente, estos análisis no son garantía de "riesgo 0", de allí la necesidad de permanentes revisiones (coincidente con las conclusiones del documento de trabajo "Percepción pública de los OGMs", elaborado por el Dr. Moisés Burachik, de la Secretaría de Agricultura).

2. Negocio de transnacionales. Sin duda, argumento cierto. La respuesta no debe ser cancelar el desarrollo tecnológico sino ponerlo al alcance de todos y que la innovación no pueda ser abusivamente aprovechada por unos pocos. El método adecuado para frenar el capitalismo individualista no pasa por la destrucción de los avances científicos sino, entre otros, por la revisión de las normas sobre propiedad intelectual.

3. Información al consumidor. El "etiquetado" no es solución, a pesar del legítimo derecho del consumidor a informarse. Es más, contribuye a transferir el proceso de decisión del Estado al individuo en asuntos complejos, en lugar de revertir esta direccionalidad. En este, como en otros temas, la forma de poner límites a los aspectos negativos de la globalización y el avance de las grandes corporaciones pasa por fortalecer el rol del Estado exigiendo regulaciones efectivas y confiables. Obviamente la participación pública fortalece el desarrollo democrático y debe ser estimulada, pero también resulta necesario difundir el conocimiento científico para evitar su manipulación.

El caso argentino

En nuestro país el debate se potencia atento la importancia del cultivo de soja, donde se concentra la tecnología transgénica. Argentina se ha convertido en un país soja-dependiente, lo que equivale a decir transgénico-dependiente. Actualmente, la mitad del área sembrada y de la producción agrícola corresponde a soja transgénica (13 millones de hectáreas y 34 millones de toneladas). Somos el primer exportador mundial de aceites y harinas de soja y el tercero en poroto de soja. Esta actividad le genera al país ingresos por 6.500 millones de dólares anuales, una cuarta parte del total de las exportaciones.

De allí, la importancia del debate sobre OGMs en Argentina, enriquecido con el aporte de nuevos argumentos. Entre otros, el cuestionamiento de la creciente concentración y tendencia al monocultivo de soja y la eventual perdida de mercados debido al uso excluyente de semillas transgénicas. Argumentos atendibles y que ameritan un análisis profundo e integral de nuestro sector productivo, en particular, del agrícola.

Indudablemente, el mercado es un orientador natural de la producción y el reciente boom de la soja puede ser fácilmente explicado por el diferencial de rentabilidad de este cultivo con la incorporación del paquete tecnológico basado en transgénicos y siembra directa. Sin embargo, existen riesgos y daños no contemplados por el mercado que podrían hacer variar sustantivamente la conveniencia de este modelo productivo.

El riesgo ambiental del monocultivo debe ser evaluado seriamente. Argentina, como frecuentemente ocurre en los paises en vía de desarrollo, ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de verdaderos desastres provocados por la falta de control y planificación en el uso de los recursos naturales. El quebracho y, más recientemente, la pesca son dos ejemplos elocuentes de políticas de Estado ausente o cómplice.

Por otro lado, existe un riesgo comercial que también debe ser atendido. Nuestra producción debe adaptarse a las exigencias presentes y futuras de mercados, a los efectos de obtener mayores beneficios en nuestra política comercial. Si Europa se empecina en cerrar el acceso a los granos transgénicos debemos tener la flexibilidad suficiente para ajustar nuestra producción a las nuevas exigencias y no perder mercados.

En conclusión, el debate sobre el uso de transgénicos no aporta, por el momento, indicios científicos de riesgos para el ambiente o la salud derivados de la utilización de esa tecnología. Sin embargo, la soja-dependencia y la tendencia al monocultivo pueden llegar a producir severos daños económicos y ambientales. Corresponde aplaudir el accionar de los grupos conservacionistas que alertan sobre estos riesgos y propiciar su mayor participación en los ámbitos de decisión pública. Esta es una alternativa eficaz para sacudir la modorra de un Estado ausente y acotar su complicidad con diferentes grupos de poder económico.

Por Alberto Pontoni.Agosto 2003

En estos días las entidades que nuclean al sector agropecuario han hecho sentir su fuerte oposición a los cambios propuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el cálculo del impuesto a las ganancias en las exportaciones de cereales y oleaginosas. Este reclamo se suma al que vienen efectuando desde hace más de un año para eliminar las retenciones (impuestos a las exportaciones) que gravan al sector.

En el caso del impuesto a las ganancias resulta evidente que la acción de lobby desplegada por las entidades empresarias, en particular, la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), es en beneficio de un pequeño grupo de firmas exportadoras que realizan prácticas de evasión, subfacturando precios a través de operaciones de triangulación e intermediarios fantasmas. Para evitar estas maniobras la AFIP esta tramitando la facultad de revisar el valor de embarque declarado. Por su parte, los dirigentes rurales resisten la sanción de la modificación legal propuesta amenazando con un derrumbe de las exportaciones por valor de 860 millones de dólares y mermas en los ingresos de los productores agrícolas y del Fisco.

Esto no es así. El Gobierno no esta generando un gravamen nuevo ni cambiando la alícuota impositiva, sólo esta perfeccionando su legítimo ejercicio de contralor en una actividad donde resultan notorias las modalidades de evasión impositiva. Los únicos perjudicados por esta medida serán los intermediarios que actúan ilegalmente y no todo el campo, como se afirma. Por eso, no es valido el argumento utilizado por las entidades rurales que sostienen que la medida obligará a la creación de un seguro a costa del productor, que terminará afectando sus ingresos y desalentando la producción.

El otro tema es el de las retenciones. A partir de febrero del 2002 el gobierno volvió a recurrir a este instrumento de política fiscal, muy utilizado en el pasado y eliminado en la década del 90. Se comenzó gravando las exportaciones de petróleo y, posteriormente, se incorporaron otros rubros, con alícuotas que van del 5% al 20%. Los cereales, grasas y aceites vegetales tributan el máximo. El año pasado el Fisco recaudó a través de este impuesto poco más de 2.300 millones de dólares y para el año en curso se espera superar los 3 mil millones de dólares, un 13% de la recaudación tributaria estimada. Las provincias de Santa Fé, Buenos Aires y Córdoba contribuyen con casi el 70% de ese total.

Las entidades agropecuarias cuentan en este terreno con un importante aliado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha reclamado por la eliminación de estos impuestos. A pesar de ello, Economía ya ha hecho saber que las retenciones no serán eliminadas sino reducidas y que dicho ajuste se realizará en forma gradual a partir del próximo año.

Las retenciones, ¿Perjudican al productor? ¿Afectan la producción? ¿Cómo impactan sobre el resto de la economía? ¿Son impuestos discriminatorios o justos?

Retenciones y renta agraria

Para un país como el nuestro, que destina el grueso de su producción agropecuaria al mercado externo, el precio de los diferentes bienes agrícolas es reflejo de su cotización internacional. De allí, que un impuesto a las exportaciones afecte el precio interno de los productos al reducir en forma proporcional el ingreso de los vendedores.

Un ejemplo simple facilita la comprensión de este argumento. Suponiendo que el precio de la soja en el mercado internacional sea de u$s 200 la tonelada, que el dólar se cotiza a tres pesos y que las exportaciones de soja son gravadas por una retención del 20%, el precio interno de la soja, es decir, el monto que los exportadores o acopiadores estarán dispuestos a pagar será de $ 500, menos fletes y comisiones.

De lo anterior se derivan dos consecuencias.

En primer lugar, las retenciones afectan al propietario de la tierra y no al productor. El precio de la tierra es consecuencia directa del beneficio que generan los bienes que produce. Si el precio del bien sube (o baja su costo de producción) el precio de la tierra aumentará. Lo contrario sucederá cuando baja el precio del bien (o aumenta su costo de producción).

Esto permite entender el fuerte incremento que viene registrando el precio de la tierra a partir del abandono de la convertibilidad. En el 2001, una hectárea de campo de excelente vocación agrícola en zona premium de la pampa húmeda (como el triángulo Arrecifes-Rojas-Pergamino) se cotizaba en 2.500-3.000 dólares/pesos. Hoy, se sitúa en los u$s 5.000 y, de eliminarse las retenciones, superaría los u$s 6.000. La explicación de este extraordinario aumento de precios, tanto en dólares como en pesos, reside en el fuerte incremento de beneficios provocado por la devaluación. En términos generales, el ingreso agrícola se triplicó mientras que los costos no llegaron a duplicarse. Asimismo, el aumento del precio de la tierra ha incrementado, en forma paralela, su renta o alquiler, es decir, la retribución que percibe el propietario.

La otra consecuencia de las retenciones se relaciona con los consumidores domésticos. Una baja de los precios agrícolas abarata los alimentos y el costo de la canasta familiar. Por lo tanto, las retenciones contribuyen a reducir el costo de vida y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo. Se estima que una eventual eliminación de las retenciones provocaría una caída del salario real de un 15%, ya que el alto nivel de desempleo bloquea la posibilidad de ajustes salariales que puedan compensar las alzas de precios.

A modo de conclusión

La salida de la convertibilidad y la devaluación del peso, junto a la licuación de las deudas por la pesificación de los créditos, aumentó sustantivamente la renta agraria y produjo una fuerte transferencia de ingresos a favor del campo. Los propietarios rurales fueron los principales beneficiados por una medida que tenía por propósito mejorar la competitividad del sector industrial a través de la reducción de las importaciones de manufacturas. El sector agropecuario no requería de estímulos adicionales para crecer, prueba de ello es el fuerte aumento de la producción y exportaciones agrícolas durante la convertibilidad.

Las retenciones no son gravámenes discriminatorios de la producción agropecuaria, como se pretende hacer creer. Es un impuesto que grava la riqueza y no la producción, para el caso, la propiedad de la tierra rural. En consecuencia, deben ser analizados como un instrumento de distribución de ingresos y desde ese ángulo evaluar la legitimidad de la intervención pública.

En definitiva, a través de las retenciones el gobierno esta captando sólo una porción de la injusta redistribución de ingresos que produjeron las medidas de política económica del año pasado, que generaron un espectacular enriquecimiento de los propietarios rurales a costa, principalmente, del empobrecimiento de los asalariados y otros sectores de la población.

Por Alberto Pontoni. Agosto 2003

Corto y largo plazo en economía son categorías que no dependen del transcurrir del tiempo.

El corto plazo esta vinculado a la posibilidad de aumentar la producción de bienes y servicios a partir de una mejor utilización de la capacidad instalada, es decir, sin promover nuevas inversiones. De allí, que el corto plazo refiera a la reducción de la capacidad ociosa disponible y la plena ocupación de los recursos existentes, ya sean humanos o físicos. Para alcanzar este propósito se suele estimular a los diferentes componentes de la demanda agregada, fundamentalmente el consumo y el gasto público, que se han revelado como los instrumentos más eficientes de reactivación económica. De esto trata la Macroeconomía y de allí la preocupación por el presente del fundador de esta disciplina, John M. Keynes, que se refleja en la conocida frase "en el largo plazo todos estaremos muertos".

Por su parte, el largo plazo se vincula al incremento de la capacidad productiva, ya sea por la vía del cambio tecnológico, el aumento del parque de maquinarias, la expansión de la infraestructura física, la capacitación e, incluso, a través de la migración de trabajadores, para el supuesto de escasez de mano de obra. Este es el ámbito del Desarrollo Económico.

A partir de Keynes perdió importancia el debate acerca del rol del Estado en la reactivación económica. Ya nadie discute la necesidad de la intervención pública para restablecer o garantizar los equilibrios macroeconómicos. Por el contrario, en el campo del desarrollo se ha reavivado la crítica del fundamentalismo de mercado al rol del Estado en la planificación estratégica. Paradójicamente, es en los paises de América Latina donde esta cruzada se mantiene más activa, a pesar del estrepitoso fracaso registrado en las últimas décadas.

Los temas tradicionalmente contemplados en la agenda clásica del desarrollo, es decir, aquellos en que se promueve una acción decidida del Estado, son los siguientes:

* Creación de infraestructura

* Capacitación de recursos humanos

* Investigación científica y tecnológica

* Industrialización, ya sea por vía sustitutiva o exportadora

* Administración de los recursos estratégicos y del sistema financiero

* Orientación productiva del ahorro

* Distribución progresiva de ingresos

El caso argentino

Argentina ha experimentado diferentes modelos de desarrollo en sus escasos 120 años de vida moderna, los que pueden ser esquematizados en cuatro grandes ciclos, de acuerdo al tipo de intervención que ha tenido el Estado en la economía:

* Conservador. (1880-1945) La acción pública se centró en la atracción de inversiones extranjeras (y mano de obra) para la creación de la infraestructura requerida para un desarrollo orientado al mercado externo. El ritmo de expansión local acompañó la evolución de los centros pero mostró su alta vulnerabilidad en momentos de crisis.

* Populista. (1945-1955) La gestión pública se orientó a la mejora en la distribución de ingresos y el fomento de la industrialización a través de la sustitución de importaciones. Estas medidas permitieron una rápida expansión del mercado interno pero la desatención del sector exportador dificultó seriamente la sustentabilidad de este modelo.

* Desarrollista. (1955-1976) Es el que más se asemeja a una acción de desarrollo clásica e integral. A pesar de las dificultades derivadas de la inestabilidad política, la década del sesenta es el periodo de mayor crecimiento y prosperidad de nuestro país, lo cuál se ve reflejado en los indicadores de producción, empleo y nivel de remuneraciones.

* Neoliberal. (1976-2002) El mercado y las oportunidades de negocios reemplazaron la acción pública en las decisiones estratégicas. En el discurso se pregonaba la función prescindente o subsidiaria del Estado en la economía y se lo relegaba al rol de guardián de la seguridad jurídica y promotor del clima adecuado de negocios para el sector privado. La experiencia terminó en el mayor desastre económico de nuestra historia.

Ideas para un nuevo desarrollo

El gobierno actual parece abrir un nuevo periodo en la historia económica del país, que se manifiesta en la voluntad de cambio y la revisión de las políticas implementadas en la última década. Superadas las urgencias de la coyuntura y la necesidad de reactivar el aparato productivo, después de la profunda depresión de los últimos años, ha comenzado a esbozarse una nueva estrategia de desarrollo.

En un documento reciente se señalan los principales objetivos estratégicos a los que apunta la gestión del equipo del ministro Lavagna con el propósito de alcanzar una mejora integral de la competitividad del aparato productivo (véase de Oscar Tangelson y José O. Bordón "Recomendaciones para una estrategia nacional de desarrollo" , mayo 2003). Esos objetivos son:

* El fortalecimiento de los sectores más dinámicos de la economía, como es el caso de las industrias que integran la cadena agroalimentaria.

* La reconstitución de los sectores que fueron desarticulados pero que presentan buenas posibilidades competitivas.

* La promoción de sectores estratégicos donde sea factible para Argentina alcanzar un rol relevante, como en software y servicios informáticos, biotecnología y bienes culturales.

* La consolidación de un ambiente amigable para el desarrollo de negocios y pequeñas industrias, que permita el surgimiento de nuevos emprendedores.

* El fomento de un desarrollo productivo equilibrado entre las diferentes regiones.

* La profundización de la integración regional en el marco del Mercosur

La agenda presente

La propuesta del gobierno es, obviamente, un avance tanto respecto del modelo de los 90 como de las propuestas que se agotan en la sola reivindicación de una mejor distribución de ingresos, ya que apunta a un compromiso para el fortalecimiento del sector productivo. Sin embargo, resulta insuficiente para atender las necesidades del desafío actual y el rol asignado al Estado resulta muy limitado para poder contribuir a superar los obstáculos que frenan el desarrollo nacional.

Resulta entendible la falta de mayor audacia en las propuestas, atento el historial de mala calidad institucional y corrupción de nuestro sector público. Sin embargo, esto no justifica relegar la función del Estado en la promoción del desarrollo a la mera generación de oportunidades de buenos negocios para el sector privado. Un repaso al legado de Raúl Prebisch y una recorrida por las experiencias exitosas de otros paises puede servir para el aliento de propuestas y objetivos más ambiciosos en la actual dirigencia.

No hay desarrollo sin industria.

No viene al caso discutir esta ley de la economía real con los tradicionales detractores de la industrialización en paises emergentes sino, mas bien, analizar lo sucedido en Argentina para tratar de entender las causas profundas de nuestra crisis y, en particular, el grave problema de desocupación y exclusión que nos afecta.

Argentina, al igual que otros paises de tradición rentista que han obtenido ventajas de sus riquezas naturales, ha engendrado una clase dirigente que ha hecho de la predica antiindustrial uno de sus argumentos preferidos. Sector "ineficiente, caro y atrasado" e industriales "poco competitivos, evasores y succionadores de subsidios" suelen ser reflexiones recurrentes de los voceros de esos grupos. Es más, los fundamentalistas de ese evangelio, suelen adjudicar las culpas del paraíso perdido, el del país agroexportador, a una mezcla de factores, tales como "proteccionismo", "populismo" y "estatismo".

Una circunstancia agravante es la aceptación de estos argumentos por otros sectores de la población. Sin duda, parte del empresariado industrial, en particular aquel que ocupa posiciones de privilegio, confirma con su actitud varias de estas imputaciones. Sin embargo, es posible que el fenómeno se alimente de una particularidad local.

Argentina se modernizó antes de industrializarse. Su temprano desarrollo en materia urbana, disponibilidad de infraestructura de transporte, red eléctrica y de aguas, así como sistemas de salud, educación y cultura de avanzada, que se expresaba en el Buenos Aires de principios de siglo, deslumbró a muchos convenciéndolos de la inutilidad de promover un desarrollo industrial frente a la fácil bonanza generada por la asociación de tierras fértiles, inversiones extranjeras y exportaciones agropecuarias.

Por el contrario, en los paises desarrollados la modernización llegó con la industria. Bajo diferentes formas pero siempre de la mano del desarrollo manufacturero. El empresario industrial fue un factor de progreso frente al señor de la tierra y el intercambio de trabajo por salario un avance frente a las ataduras y el vasallaje que caracterizaba la explotación feudal. De allí también la asociación, en esos paises, de industria con república y sistemas democráticos de gobierno en contraposición con la monarquía y el absolutismo propio de los señoríos de la tierra.

Pero no es necesario recurrir a la historia para describir el fenómeno. Las asimetrías que muestra la Argentina de hoy permiten apreciar con claridad las diferencias económicas, sociales, culturales y políticas entre las regiones y los contrastes que presentan conforme su grado de industrialización.

La desindustrialización argentina

Vayamos ahora a lo sucedido en la Argentina reciente. Existen diferentes formas de cuantificar el peso de la industria en una economía, ya sea a partir del valor agregado o por el grado de absorción de mano de obra. De todas formas, cualquiera sea el método elegido el signo de la tendencia es el mismo.

En los últimos 25 años se han perdido más de 600.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero, un 40% del total. Tan sólo en la última década hubo una disminución de 400.000 empleos industriales, que representan un 30% menos de los existentes en 1989. Una forma cruda de apreciar el fenómeno de desindustrialización es a través de la comparación de los porcentajes de población ocupada en las actividades industriales respecto del total. Mientras que en 1975 un 16% de los ocupados pertenecía al sector manufacturero, en 1989 la proporción había disminuido al 12% para reducirse a sólo el 7% a fines del milenio. Esto significa que actualmente sólo uno de cada 15 trabajadores se desempeña en una actividad manufacturera.

Frente a estas cifras no faltará quien argumente que la reducción del empleo industrial es un hecho que se registra a escala mundial que no implica desindustrialización y que, más bien, expresa el aumento de productividad manufacturera sumado al crecimiento de las actividades de servicios. En otras palabras, es una consecuencia del fenómeno de tercerización de la economía que avanza con el desarrollo.

Sin duda todo lo anterior es cierto pero tiene poca validez para explicar lo que ha venido sucediendo en nuestro país. Al respecto corresponde tener en cuenta:

1. En el caso de naciones muy industrializadas la proporción de empleo en el sector industrial se redujo (entre 1975 y 1995 el empleo en la industria cayó en Alemania del 47% al 37%, en EEUU del 33% al 24%, en Japón del 37% al 24% y en Italia del 39% al 33%) pero nunca se desmoronó a los niveles de Argentina. A pesar de los fuertes incrementos de productividad y el desarrollo del sector servicios, en esos países uno de cada tres o de cada cuatro trabajadores sigue vinculado la industria.

2. El sector de servicios en los paises de vanguardia suele ser de alta productividad y estar referido a producciones de contenido científico y tecnológico, como es caso del desarrollo de software, innovaciones técnicas, diseño, etc. Por el contrario, en la Argentina las actividades de ciencia y tecnología se encuentran en retroceso mientras que se ha incrementado la producción de servicios de baja productividad, como el comercio ambulatorio y de kiosko, el remise, el reciclaje de basura, el trueque, los trabajos comunitarios en el marco de planes sociales, etc. La categoría servicios se ha convertido más en una cobertura de actividades de subsistencia por falta de empleo que en una alternativa modernizante de la economía.

La asfixia industrial sufrida en la última década ha sido una consecuencia directa de la perversa asociación de tipo de cambio sobrevaluado y desmantelamiento de la red de protección (sistema arancelario y paraarancelario, control aduanero). En lugar de haber aprovechado a favor de la industria local la estabilidad de precios y el retorno del crédito alcanzados durante los primeros años de vigencia del modelo de convertibilidad se facilitó la invasión de productos del exterior.

Las consecuencias de la desindustrialización son terminantes, pobreza y desempleo. Revertir este proceso debe ser la prioridad de la coyuntura. Para ello se requiere de políticas adecuadas y empresarios.

Por Alberto Pontoni.Mayo 2003

La reforma del sistema de jubilaciones y pensiones de Argentina ha sido y sigue siendo uno de los temas mas controvertidos de la política económica de los 90. El nuevo régimen, denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), fue instituido por la Ley 24.241 y entro en vigencia el 15 de julio de 1994.

Al igual que antes, el objetivo del nuevo régimen es brindar cobertura a las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento de la población con los recursos provenientes de los afiliados.

Los trabajadores en relación de dependencia contribuyen al financiamiento del sistema con el 28% de su remuneración, discriminados bajo la forma de aportes del trabajador (11%) y contribuciones del empleador (17%).

La principal diferencia es que en el nuevo sistema los beneficios resultan de los aportes individuales capitalizados (régimen de capitalización) a diferencia del anterior (régimen de reparto) en que sólo se tenían en cuenta años de aportes y últimas remuneraciones. Otro cambio sustancial fue la incorporación del sector privado en el manejo de los fondos previsionales, bajo la forma de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). En el sistema anterior la administración de esos recursos era exclusiva del Estado.

Un problema nacional grave es el bajo porcentaje de aportantes previsionales con relación a la población ocupada. Antes del colapso económico de diciembre del 2001 había unos 5.5 millones de aportantes a diferentes regímenes de cobertura previsional, frente a una población ocupada de 11.4 millones. Esto es menos de la mitad, un 48% del total. Esta baja proporción es un claro indicador del "trabajo en negro" y del alto grado de evasión y morosidad previsional de todo el sistema

En el país coexisten diferentes regímenes previsionales. El más importante de todos es el SIJP, que cuenta con poco más de 4 millones de aportantes sobre un total de 5.5 millones (72%). Los restantes 1.5 millones se reparten entre cajas provinciales, profesionales, de fuerzas armadas y de seguridad. A continuación se analiza lo sucedido en los primeros años de vigencia del nuevo régimen.

A junio del 2001 el SIJP contaba con 11 millones de afiliados, de los cuales 8.8 millones (80%) se encontraban adheridos a capitalización y 2,2 millones (20%) a reparto. El número de aportantes, en ese mismo mes, fue de 4 millones, 3,3 millones en el régimen de capitalización y 700.000 en el de reparto.

El promedio de ingresos de los afiliados aportantes al régimen de capitalización ronda los $ 850 mensuales. De allí, que el total de aportes al sistema administrado por las AFJP oscile en los $ 4.300 millones anuales, equivalentes al 11% de las remuneraciones totales.

La administración de los fondos previsionales a través de las AFJP es un servicio sujeto a retribución. A cambio de los beneficios esperados de una gestión profesional de cartera los aportantes deben pagar una "comisión" que fluctúa en el 30-33% del aporte y que incluye un seguro por invalidez y fallecimiento. La "comisión" de las AFJP esta establecida sobre el ingreso imponible, es decir, las remuneraciones, siendo el promedio del sistema en concepto de "comisión" del 3,5%. Como los aportes al régimen de capitalización equivalen al 11% del salario, la comisión estimada en función de los aportes alcanza al 32%.

El mercado de las jubilaciones

Durante los 7 primeros años de vigencia del sistema las AFJP recibieron un total de $ 25.000 millones de pesos/dólares en concepto de aportes de los afiliados. El 30% de ese total, $ 7.500 millones, fue deducido por las AFJP en concepto de "comisión" mientras que los restantes $ 17.500 millones pasaron a integrar el fondo de capitalización de los afiliados.

Una tercera parte de lo percibido en concepto de "comisión" fue destinado por las AFJP al pago de primas de seguro de invalidez y fallecimiento ($ 2.500 millones), mientras que los restantes $ 5.000 millones quedaron como retribución bruta de su actividad.

Por otro lado, los fondos fueron invertidos en la compra de títulos públicos, que actualmente representan más del 75% de la cartera, depósitos a plazo fijo y papeles de empresas, como acciones y obligaciones negociables. A junio del 2001 el valor de los fondos integrados era de $ 22.200 millones.

En síntesis, de los aportes que se efectuaron a las AFJPs sólo un 70% pasó a integrar el fondo de capitalización individual del aportante, el 10% se aplicó al pago de las primas del seguro y el restante 20% se destinó a la retribución de las administradoras.

Paradojas

De los $ 25.000 millones aportados por los afiliados a lo largo de varios años sólo restaban como fondos integrados $ 22.200 millones. La rentabilidad obtenida por la gestión de cartera del fondo, deducidas las primas de seguro, resultó ¡inferior a la suma cobrada por las AFJP en concepto de comisión!.

De haberse depositado los fondos, previo descuento de las primas de seguro, a plazo fijo sin intermediación de AFJP y considerando una rentabilidad promedio anualizada del 10%, hoy se dispondría de un fondo sustancialmente mayor al actual (25% más).

A pesar que uno de los propósitos del sistema era independizar la administración de los fondos previsionales de la gestión de recursos públicos, en salvaguarda de los afiliados, la realidad actual es que el 75% de los fondos se encuentra bajo la forma de títulos públicos pesificados de un gobierno en default. Peor imposible.

Negocios en economías de cautiverio

Hasta el momento, los únicos beneficiarios reales del sistema han sido las AFJPs que han obtenido, deducidas las primas de seguro, una magnifica retribución del orden de 5.000 millones de dólares por ¡prestarle a un Estado insolvente los aportes de sus afiliados!. Por su parte, los afiliados disponen de menor cantidad y peor calidad de recursos.

Este es un caso típico, como peajes, concesiones y tantos otros, de negocios propios de un capitalismo prebendario o de una economía de cautiverio, donde el dinero y el riesgo lo aportan sólo clientes sometidos a empresas por imperio del estado (afiliados o usuarios).

No es mera casualidad que el 72% de los fondos previsionales sea administrado por empresas extranjeras, ni tampoco que más de la mitad de esos recursos sean gerenciados por sólo 4 bancos, igualmente foráneos: BBVA, Citibank, HSBC y Santander. La concentración, otra particularidad de las economías de cautiverio, también se refleja en este mercado. Cuatro AFJPs concentran el 74% de los afiliados: Orígenes 27%, Consolidar 17%, Máxima 16% y Siembra 14%.

Por Alberto Pontoni. Mayo 2003

Por Alberto Pontoni. Mayo 2003

En un reciente artículo ("La economía de especulación en la picota" publicado en La Gaceta de Económicas, mayo del 2003) basado en una investigación sobre el comportamiento de las principales firmas de Wall Street acusadas de vender "pescado podrido" a sus clientes, el Prof. Víctor Beker de la Universidad de Buenos Aires, destaca la forma y facilidad con que estas empresas han engañado y estafado a los ahorristas que confiaron en ellas.

Para ello, los timadores se sirvieron de las burbujas especulativas que afloraron en la década pasada facilitadas por la fuerte expansión de los fondos de inversión. Los administradores de esas masas de capitales líquidos, ávidos de colocaciones rápidas y rentables, canalizaron los recursos, principalmente, a empresas tecnológicas y paises emergentes. El objetivo era el financiamiento de los nuevos emprendimientos vinculados a la revolución de las telecomunicaciones o la necesidad de crédito de los gobiernos, originada en los tradicionales desequilibrios fiscales.

¿En donde reside la estafa y la corrupción de ejecutivos y gobernantes?

En el engaño y ocultación sistemática de la realidad. Toda burbuja especulativa requiere de buenas noticias, pues de lo contrario se desinfla inmediatamente. Cuando estas no existen hay que inventarlas para estirar el optimismo y permitir a unos pocos "vivos" salir temprano del juego, es decir, antes del estallido de la burbuja, haciendo fabulosas diferencias. Como es sabido, el colapso de las corporaciones tecnológicas, expresado en el desplome del Nasdaq, se produjo a fines del 2000 y la crisis de los emergentes fue precipitada por el default argentino un año mas tarde.

Esto es lo que hicieron los directivos de Enron, WorldCom, Xerox y tantas otras corporaciones, que recurrieron a maniobras contables fraudulentas, dibujando balances que mostraban ganancias y ocultaban perdidas mientras liquidaban sus tenencias accionarias antes del estallido de la burbuja tecnológica. Es más, el mismo presidente George Bush y su segundo, Dick Cheney, han sido involucrados en acciones de esta naturaleza cuando se desempeñaban como ejecutivos de grandes firmas.

Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin la complicidad de los responsables de auditar las cuentas, como la firma Arthur Andersen y las calificadoras de riesgo y asesores de inversión, como Merrill Lynch. La justicia norteamericana comprobó este accionar delictivo y aplicó numerosas y severas condenas, pecuniarias y penales, tanto a los responsables directos de estas maniobras como a quienes las facilitaron.

Algo similar ocurrió con la burbuja financiera que se armó a través de la compra de bonos públicos de países emergentes. Las sucesivas operaciones de reestructuración de deuda a tasas cada vez mayores, que en el caso argentino se suceden desde el plan Brady hasta el Megacanje, permitían acumular fabulosos pero engañosos beneficios. El juego pasaba por deslumbrar a los inversores con ilusorias ganancias ocultando el carácter incobrable de la cada vez más voluminosa deuda externa que iban acumulando esos paises.

En pocos años el mercado internacional de bonos para países emergentes se multiplicó. De los 30.000 millones de principios de los 90 pasó a 300.000 millones a fines de la década.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito corporativo, los responsables de las estafas perpetradas con la deuda pública de los paises emergentes no han sido juzgados y ni siquiera demandados. Comenzando por el principal responsable de auditar las cuentas públicas y guía de los inversores de todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional.

En el caso argentino resulta más que evidente la connivencia, durante la gestión del ministro Cavallo a lo largo del 2001, de gurúes y medios de prensa vinculados a los sectores financieros que mientras se producía la retirada de los más "vivos", ganaban tiempo tratando de contener el desmoronamiento irremediable de las cotizaciones, proclamando un futuro venturoso para la convertibilidad y los títulos públicos.

Ese año salieron aceleradamente de la Argentina 20.000 millones de dólares que presagiaban el dramático final. Mientras esto ocurría, Ambito Financiero instaba a la compra de títulos argentinos teniendo en cuenta su excelente rentabilidad y el economista Miguel A. Broda ("¿Qué hace falta para superar la crisis? ", La Nación del 25.3.01) señalaba que la situación era delicada pero remediable, a través del nuevo equipo económico del ministro Cavallo, el otorgamiento de poderes extraordinarios y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Cabe recordar que incluso algunos sectores del progresismo, tradicionalmente enfrentados a los grupos financieros, contribuyeron a levantar la ilusión de una salida posible para el país en el contexto del modelo vigente en aquel momento, a través de una alternativa de "ajuste equitativo".

En el juicio seguido contra Merril Lynch en los tribunales de Nueva York una prueba decisiva de la intención fraudulenta de esa empresa fueron los mensajes de los correos electrónicos de sus analistas que descalificaban privadamente las mismas acciones que recomendaban comprar "oficialmente" a sus inversores. De allí que junto con el Prof. Beker, cabe preguntarse: "¿Qué pasaría si se revisarán los e-mails privados de los analistas que aconsejaron invertir en bonos de la deuda argentina en 2001?"

Los ahorristas del mundo que compraron bonos argentinos deben comprender que fueron víctimas de una artimaña de la que resultaron beneficiarios grupos de especuladores financieros internacionales que se han servido o compartido beneficios con funcionarios de gobierno, organismos y firmas consultoras. Fueron usados para alimentar la espiral de la burbuja y han debido pagar un precio alto por su confianza en quienes preconizan pero no respetan las reglas del mercado, un tipo de hipocresía que en América Latina aprendimos a conocer hace mucho tiempo.

Todo análisis sobre el presente y futuro de la Argentina debe tomar en consideración la realidad del sector agropecuario atento su importancia en el quehacer productivo. Una de las principales fuentes de información para el estudio de la problemática económica, técnica y social de ese sector es el Censo Nacional Agropecuario, que periódicamente realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

A continuación se presentan algunos datos significativos del último relevamiento, realizado a fines del año pasado, que permiten apreciar los cambios sucedidos en el ámbito rural en la última década, al compararse sus resultados con los del censo anterior, de 1988.

• Actualmente existen unos 318.000 establecimientos agropecuarios que ocupan una superficie total de 170 millones de hectáreas. En los últimos 14 años la cantidad de establecimientos se ha reducido sensiblemente, en un 25%. Existen zonas, como Marcos Juárez en la provincia de Córdoba, donde el número de explotaciones disminuyó un 34% respecto del año 1988.

• El área sembrada representa casi una quinta parte del total ocupado, alcanzando a 33 millones de hectáreas. El incremento de la superficie agrícola a nivel país fue del 5%, pero en algunas zonas, como el noroeste, el aumento fue mayor (+48%). A pesar de ello, en la década del 90 la Argentina duplicó su volumen de producción agrícola pasando de 35 a 70 millones de toneladas anuales, como consecuencia del fuerte incremento de productividad derivado de las modernas tecnologías.

• Hubo importantes cambios en los cultivos, con fuertes incrementos en las áreas sembradas con oleaginosas (+65%) y cereales (+30%), a expensas de otros, como los industriales (caña, tabaco, algodón), que redujeron su cobertura en un 41%.

• El ganado bovino permanece estable, en alrededor de 47 millones de cabezas, mientras que el ovino, que supera los 12 millones de cabezas, se redujo un 45%, con fuertes caídas en Buenos Aires (-70%) y Santa Cruz (-50%). También el stock porcino se redujo sensiblemente (-40%), alcanzando actualmente a sólo 2 millones de cabezas

La concentración de la tierra

El último censo agropecuario resalta otro aspecto igualmente llamativo, la desaparición de 80.000 establecimientos agropecuarios. Entre 1988 y el 2002 el número de unidades productivas se redujo un 25%, pasando de 397.000 a 318.000. La otra cara del mismo fenómeno es la fuerte concentración de la propiedad de la tierra que se produjo en ese lapso, que se expresa en el incremento del promedio ocupado por establecimiento, que pasó de 420 a 540 hectáreas.

La principal explicación de este hecho debe rastrearse en la introducción de tecnologías más capital intensivas que han permitido fuertes aumentos de productividad pero que requieren mayor disponibilidad de recursos financieros y técnicos.

La nueva situación agudizó el "dualismo" en el sector rural, caracterizado por la convivencia de productores pyme de escasos recursos que utilizan sistemas más tradicionales de explotación y grandes unidades de producción con disponibilidad suficiente de medios técnicos y financieros para acceder a los modernos patrones de producción. Los "pool de siembra" representan, justamente, el paradigma de este modelo.

El desenlace de esta situación era previsible. El deterioro de ingresos llevó a la venta de tierras y el desplazamiento de un número significativo de familias rurales, que va más allá de las 80.000 que perdieron su condición de propietarios.

Impacto social

Un colaborador de este Reporte, el Ing. Ag. Hugo Almada, docente agropecuario y actual concejal de Lobería, nos ha hecho llegar sus observaciones sobre las serias consecuencias de este fenómeno para la familia rural.

• Desarraigo y marginalidad. La perdida de empleo del trabajador rural implica, generalmente, la migración a localidades cercanas de quienes viven en el campo, pues en su mayoría carecen de vivienda propia y habitan en el puesto que se les asigna. El desplazado llega a pueblos y ciudades sin vivienda ni trabajo y con pocas posibilidades de inserción laboral, ya que sus habilidades son específicas para la tarea rural. A eso debe sumarse un fuerte sentimiento de desarraigo debido a su idiosincrasia campera que choca con muchas de las costumbres urbanas. Esto convierte a un excelente peón rural, tractorista, esquilador, carrero, arreador, en un hombre abatido por la situación económica y por la pérdida de sus costumbres.

• Desolación. El desplazamiento de los trabajadores rurales vacía escuelas y comercios y contribuye al desempleo en otras actividades y la despoblación de las regiones, transformando el interior en una gigantesca tapera abandonada.

• Deterioro urbano. La nueva situación agrava el deterioro de las cuentas de los municipios rurales, ya que deben afrontar mayores gastos en rubros como asistencia social, salud, vivienda y educación, afectando otras prestaciones de servicios

• Necrosis local. Generalmente, los nuevos dueños de la tierra son grupos económicos con sus administraciones en grandes centros urbanos, que realizan sus operaciones comerciales y contratación de servicios con empresas y profesionales de fuera de la zona. Esto contribuye al deterioro económico del comercio (acopiadores, proveedores de insumos, etc), profesiones y otras actividades locales, agravando la situación.

• Daños ecológicos. La explotación intensiva en pos de la maximización de utilidades acelera la degradación del suelo y dificulta su recuperación. Se estima que cada centímetro de suelo perdido por erosión demora unos 200 años para recuperarse.

A titulo de reflexión

Sin duda no puede detenerse el avance tecnológico "destruyendo las maquinas", es decir, prohibiéndolo o negándolo. La solución tampoco pasa por la aplicación de políticas asistenciales a los desplazados, que sólo transfieren y agravan el problema. Corresponde al Estado hacer compatibles el progreso económico con el desarrollo social.

Una alternativa viable pasa por promover la transformación in situ de las materias primas, llegando con industrias a las localidades del interior y revalorizando el rol de las pymes en el desarrollo regional. El país necesita de muchos Rafaelas, Arroyitos, Villas Marías y Sunchales, verdaderos polos de desarrollo fundados en cadenas de transformación de productos agropecuarios. La tarea del sector público es hacer esto posible.