Economía

Las distorsiones que existen en la Argentina en el andamiaje económico, tributario, financiero y administrativo luego de más de 70 años de populismo en sus diversas variantes son inmensas. Intentar comenzar a corregirlas es un trabajo ímprobo, inconmensurable. Porque siendo como es la economía una ciencia social, las reacciones que pueden esperarse de parte de productores o consumidores de bienes y servicios, son muchas veces imprevisibles.

Trataremos de analizar aquí breve y exclusivamente del problema de la energía eléctrica, y muy en particular de las medidas anunciadas por el ministro del área energética hace algunas horas.

Más allá de las dificultades oratorias del ministro y del entramado increíblemente denso y burocrático de la normativa, cabe antes que nada hacer algunas reflexiones generales

Ningún sistema que implique subsidios, que hoy eufemísticamente se denominan “tarifas sociales”, puede ser establecido PARA SIEMPRE.

Debe apuntarse siempre a corregir las causas que dan o dieron lugar a la necesidad de subsidiar, para salir de esta clase de esquemas que generan dependencia política y hasta humillación.

Además, cualquier formato de subsidio que fuera necesario debe aplicarse caso por caso, mediante relevamientos de campo, y no a través de parámetros generalizados como los que la nueva normativa ha establecido (dos sueldos mínimos, monotributistas sociales, autos con más de 15 años y cosas por el estilo). Es necesario tomarse el trabajo de ir casa por casa, como en un censo, y relevar la situación de todas las zonas afectadas, que esencialmente comprenden en este caso el conglomerado urbano de Buenos Aires y sus alrededores, ya que en el Interior muchos de estos subsidios directamente no existen, lo cual de paso sea dicho constituye una inequidad insólita ¿En el Interior la gente necesita menos los subsidios, o en Buenos Aires no se necesitan tanto? Estamos en el mismo país ¿no?

También hay que considerar que la generalizada idea de que quien más consume debe pagar más que proporcionalmente atenta contra la ley de oferta y demanda y castiga al que más gasta para cubrir de ese modo y favorecer al que está subsidiado, el que a su vez consume más porque en definitiva le sale más barato.

Es como si dijéramos que vamos al quiosco a comprar un paquete de pastillas que cuesta 10 pesos, pero como nos vamos de viaje pedimos una caja de 100 paquetes, y entonces el quiosquero nos cobre a razón de 15 pesos el paquete porque consumimos mucho, en lugar de por ejemplo hacernos un descuento por cantidad.

En la Argentina existen más de 18 millones de personas que reciben alguna forma de subsidio directo, es decir, prácticamente la mitad de la población. ¿Por qué ocurre esto?, son preguntas que deben formularse.

Ocurre porque toda esa gente (dejando de lado distorsiones y subsidios inútiles a gente que puede pagar pero que fue incluida en sistemas subsidiados por fallas gravísimas en la instauración de tales sistemas), gana poco dinero. ¿Y por qué gana poco dinero? Porque la productividad es muy baja, esencialmente. Y por qué razón es muy baja la productividad? Porque no hay inversiones o producción suficiente. Y por qué razón: porque todos los sistemas vigentes hasta hace muy poco de controles de precios, cepo cambiario, cierre de exportaciones, limitaciones de importaciones de insumos, arbitrariedades de funcionarios sobre márgenes de utilidad, prohibiciones de girar dividendos, confiscaciones de empresas (como Repsol) y AFJP, apropiación de las reservas del Banco Central y un sinfín de etcéteras llevan a que nadie quiera arriesgarse a invertir en el país. Si alguien invierte para que luego los gobernantes le fijen precios, cupos, topes, márgenes, salarios, y todo lo demás, realmente no parece ser una buena decisión hacerlo.

Que tanta gente deba ser subsidiada de alguna forma, no es un éxito, es un fracaso. Y que deba serlo sine die, no es terminar con la pobreza, sino anquilosarla.

Volvamos a la energía eléctrica. Durante varios años las tarifas en la Capital y alrededores fueron congeladas por razones políticas. Varias veces se intentó corregir en parte este verdadero dislate mediante la supresión de subsidios en determinados barrios, como queda dicho, o el “renunciamiento” de quienes quisieran. También se iban a enviar formularios a los domicilios para que la gente expresara si necesitaba seguir siendo subsidiada y los motivos por los cuales consideraba que fuera así.

Todos sabemos en qué quedó todo esto. En prácticamente nada.

Pero es importante tener en cuenta que el gobierno anterior tenía plena conciencia del problema. Y lo mismo ocurría con el gas domiciliario, donde se aplicaron normas que hicieron subir tarifas hasta un 500% durante 2015 si no se ahorraba hasta un 20% del consumo del año anterior.

Al país le falta un programa integral sobre los aspectos que mencionamos al comienzo (economía, finanzas, impuestos, administración de la cosa pública) y todo esto debe ser atacado, definido, consensuado.

Salir con un programa de subsidios selectivos sobre bases de datos frías metidas en sistemas computadorizados oficiales no es una buena elección. Y mucho menos producir incrementos tarifarios casi sobrenaturales. Somos conscientes de que las tarifas son ridículas, pero tampoco podemos pasarnos al otro lado de un día para el otro.

Viene a nuestra mente aquella vieja ley de los años 40 o 50 por la cual el régimen peronista congeló todos los alquileres y prohibió los desalojos provocando el verdadero desastre inmobiliario que provocó. Esa le duró más de 30 años y había gente que directamente regalaba sus propiedades a los inquilinos porque debía pagar más impuestos por ellas que lo que percibían de alquiler. De ese esquema perverso se salió en los años 70 mediante el recurso de ir pasando a valores de mercado porcentajes de los alquileres en períodos trimestrales o semestrales. Luego hubo otras intervenciones en ese mercado en los años 80 y hoy hay problemas también especialmente por la inflación, pero el problema madre, el desastre original, fue corregido.

Acá estamos en la misma. Uno oye en la radio infinidad de situaciones. Gente que alquila o que no tiene el recibo de la luz a su nombre. Gente que vive sola o trabaja todo el día y consume poca energía pero no es que no pueda pagarla. Gente que recibe visitas de familiares en determinadas épocas del año y por lo tanto su consumo se incrementa y salta a la escala siguiente. Y así siguiendo.

Por eso es que consideramos que estas cuestiones, en tren de aplicarse, deben hacerse mediante un trabajo de campo. Un censo. Caso por caso.

A esto debe agregarse un cierto gradualismo. Y también la certeza de que el esquema irá siendo abandonado en el tiempo, como en el ejemplo citado de los alquileres.

Porque acá se planteó un verdadero galimatías que ha dado lugar a infinidad de comentarios y análisis que no van, en absoluto, al fondo de la cuestión.

Que nuestro amable lector se tome el trabajo de ver, por ejemplo, la cantidad de tributos que incluye una factura de luz, y que NO SE HAN TOCADO. Hay provincias y municipios que hasta “tasa de ambulancias” incluyen. Claro, es fácil cobrar impuestos en una factura de luz, porque nadie deja de pagar por miedo a que le corten el servicio.

Pongamos a continuación un ejemplo, de una persona que vive en el GBA y tiene el servicio de Edenor.

Impuestos, tasas y otras yerbas francamente inexplicables:

• Impuesto al valor agregado
• Contribución municipal
• Contribución provincial
• Impuesto Pcia. De Bs.As. leyes 7290/67 y 8016/73
• Fondo Pcia de Bs.As. ley 9038
• Fondo Pcia de Santa Cruz (¡!) ley 23681
• Cargo Res SE 745/05 estabilizado
• A cuenta ajuste anual FEP

Por supuesto que como contracara de esto, figura el subsidio al consumo, que en el ejemplo transcripto es prácticamente las ¾ partes del consumo total, lo cual hace que una factura bimestral para un departamento en una zona residencial pague en total $58,48. Menos de 30 pesos por mes. Un verdadero absurdo.

Pero hay que tener en cuenta que las personas se acostumbran a pagar cifras ridículas y destinan parte de sus ingresos a otras actividades. Revertir esto y de golpe multiplicar esta factura por 5 o 6 va a originar conflictos. Sobre todo si por otra parte otros consumos también sufrirán aumentos.

Y finalmente un parrafito para lo “social”. “Social” es todo, o debería serlo. De tal manera que quien no puede pagar la tarifa plena de luz, se supone que tampoco puede pagar el precio completo de una gaseosa, de un quilo de pan, de un par de zapatillas o de lo que sea. Caemos entonces en la entelequia de que todo debe ser “social”, que es un poco lo que buscaba el gobierno anterior con sus planes “para todos” (carne, cerdo, pescado, milanesas…) que por supuesto fueron un reverendo fiasco. Como aquello de enviar al planeta entero a comprar al Mercado Central porque es más barato.

Ahora bien, si pretendemos que TODO tenga una “tarifa social”, que todo sea barato, que la ganancia sea baja, o que directamente no se gane dinero ¿cómo haremos para que lleguen inversiones y den trabajo digno a la gente? Esta pregunta jamás la ha respondido el populismo, ni en la Argentina ni en el mundo entero. Por eso países como Venezuela que nadan en petróleo están sumidos en la miseria en la que están.

Como decimos al principio, intentamos no desviarnos del problema central que nos ocupa que es el esquema tarifario de la energía eléctrica. Lo hicimos tanto como pudimos, porque a veces los ejemplos deben tomarse de otros rubros.

Lo cierto es que sólo es posible ordenar la economía si son tomados en cuenta todos los aspectos, y especialmente si no se castiga el éxito.

Todos los planes promocionales, todas las “cajitas felices” apuntan siempre a reducciones de impuestos o de cargas sociales; eso y confesar que tanto los impuestos como las cargas sociales son carísimas, es lo mismo. Ponerse las pilas y encarar un plan integral es lo urgente.

Esto que se ha hecho es un parche de consecuencias imprevisibles, y que posiblemente obligue a aplicar correcciones y a dar marcha atrás en una buena medida, como ya ocurriera durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner.

Buenos Aires, 30 de enero de 2016

HÉCTOR BLAS TRILLO

El gobierno de Cristina Fernández fue criticado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y San Luis, por retener ilegalmente fondos coparticipables que correspondían a provincias gobernadas por partidos no kirchneristas. Luego de largos reclamos de discriminación en contra de provincias que no se alinearon con sus intereses políticos, la corte suprema falló a favor de las provincias, obligando al Estado Nacional a dejar de retener esos fondos y a devolver lo que le viene reteniendo desde el año 2006.

El Pacto Fiscal

En 1992 se pactó, entre el Estado Nacional y las provincias, un acuerdo mediante el cual el Estado Nacional quedaba autorizado a retener un 15% de la masa de impuestos coparticipables para atender el pago de las obligaciones provisionales nacionales. Este pacto, denominado "pacto fiscal" fue prorrogado sucesivamente mediante acuerdos entre el Estado Nacional y las provincias.

se acuerda:

PRIMERA: A partir del 1ro. de Setiembre de 1992, el Estado Nacional queda autorizado a retener un 15 % (quince por ciento), con mas una suma fija de $ 43.800.000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables [...]

para los siguientes destinos:

a) El 15 % (quince por ciento) para atender el pago de las obligaciones provisionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios.[...]

Ley Nº 24.130 - Sancionada Septiembre 2 de 1992. - Ratificase el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales", suscripto el 12 de agosto de 1992.

El Estado Nacional extiende el pacto unilateralmente

Sin embargo, las provincias no refrendaron el pacto. A pesar de esto, el Estado Nacional extendió el plazo de forma unilateral a partir del 1 de enero de 2006, mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema el 24 de Noviembre de 2015.

ARTICULO 76. — Prorrógase durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la distribución del producido de los tributos prevista en las Leyes Nos. 24.977, 25.067 y sus modificatorias [...]Ley 26.078 - Sancionada: Diciembre 22 de 2005

La posición kirchnerista se declara inconstitucional

En 2015, la corte suprema falló en contra del Estado Nacional y de la posición del gobierno kirchnerista, en pleitos iniciados por:

- Córdoba

- Santa Fe

- San Luis

Por la detracción de recursos coparticipables.

El fallo ordena a la nación a dejar de quedarse con el 15% de la coparticipación federal de esas tres provincias, que era utilizado para financiar la ANSES. Además, el Estado Nacional deberá devolver a las provincias todo lo que les retuvo desde el 1 de enero de 2006 mas los intereses que correspondan.

También se declaró inconstitucional la deducción de recursos del 1.9% de la recaudación de los tributos y recursos aduaneros a cargo de la AFIP. El tribunal declaró que esos fondos eran coparticipables.

El Estado Nacional deberá devolver a las provincias lo que les retuvo

En 2016, los montos estimados adicionales que recibirán cada una de las provincias serán:

- Córdoba: $6200 millones

- Santa Fe: $6000 millones

- San Luis: $1600 millones

Los montos retenidos por el Estado Nacional bajo el gobierno kirchnerista a las mencionadas provincias desde el año 2006 son, a valores históricos:

- Córdoba: $ 19.800 millones

- Santa Fe: $19.900 millones

- San Luis: $5.000 millones.

Estos montos deben ser actualizados a valores actuales.

San Luis inició los reclamos legales en el año 2008, Santa Fe lo hizo en el año 2009 y Córdoba lo hizo en el año 2013.

Esta sentencia sienta una importante jurisprudencia en materia de coparticipación federal. Con esta sentencia, probablemente mas provincias, como Mendoza, inicien reclamos legales contra el gobierno nacional para que les devuelvan lo retenido inconstitucionalmente.

Consecuencias para los jubilados nacionales

Desde diciembre, el gobierno nacional contará con 80 millones menos, que deberá transferir mensualmente a las provincias que ganaron los juicios. Además de tener que devolver los fondos que el Estado Nacional les retuvo durante años.

La corte dio un plazo de 120 días para que se acuerde cómo se van a devolver esos fondos a las provincias. Estimamos que pueden pasar años para que las provincias recuperen los fondos que el gobierno kirchnerista les retuvo. En el corto plazo, es mas importante el flujo de fondos adicional que van a recibir las provincias y la desfinanciación de la ANSES, que es el organismo encargado de administrar las jubilaciones nacionales.

European Union welcomes new 2030 United Nations Agenda for Sustainable Development

TEAM EUROPE Juan Antonio Falcon Blasco

The 2030 Agenda, a universal framework for all countries to help eradicate poverty and achieve sustainable development by 2030, includes an ambitious set of 17 Sustainable Development Goals which was adopted at a special UN Summit on 25 September 2015.

The EU has been a leader in contributing to this process from the start. It is now committed to take this agenda forward, both inside the EU (such as through forthcoming EU initiatives like, inter alia, the Circular Economy Strategy which is designed to address more sustainable patterns of production and consumption) and through the EU’s external policies by supporting implementation efforts in other countries, in particular those most in need.

The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted in September by the United Nations sets out a global framework to eradicate poverty and achieve sustainable development by 2030, building on the Millennium Development Goals (MDGs) adopted in 2000. As the first ever global agreement setting a universal, comprehensive agenda for action, the 2030 Agenda includes an ambitious set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 associated targets, mobilising all countries and stakeholders towards their achievement and affecting domestic policies.

The 2030 Agenda also includes the United Nations Addis Ababa Action Agenda adopted in July which sets out the different means necessary to implement the 2030 Agenda, including domestic resources, private finance and Official Development Assistance (ODA). The 2030 Agenda (‘Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development) was informally agreed by consensus at the UN in August this year, and referred to this Summit for formal adoption by the General Assembly. The Addis Ababa Action Agenda agreed in July also forms an integral part of the 2030 Agenda by setting out tools, policies and resources that need to be put in place to ensure that it can be implemented.

Por Juan Antonio Falcón Blasco

Recientemente se ha puesto de moda hablar de las relaciones entre Africa y China, pero el contexto es mucho más amplio que esta visión parcial. Y es que el aumento del comercio en el hemisferio sur tiene como mejor ejemplo las relaciones entre los países en vías de desarrollo de Africa y de Asia.

Los verdaderos motores de estas relaciones han sido, por una parte, el florecimiento de la clase media en los gigantes asiáticos de China y la India, cuya demanda d productos básicos africanos está en continuo incremento. Y por otra parte, el dinámico crecimiento de las economías de Africa subsahariana, que estimula la demanda de manufacturas asiáticas.

El comercio internacional estimulado por estas dos tendencias es cualitativamente muy diferente del que mantiene Africa con la Unión Europea y los Estados Unidos, apoyado en acuerdos preferenciales de corte, en alguna manera, paternalista caritativo. En cambio, el comercio Sur-Sur de Africa con Asia, basado en complementariedades entre dos regiones en desarrollo, tiende a ser más fuerte, verdadero y, probablemente, acabará siendo un comercio sostenible.

Con un mercado mundial que cada vez está más integrado, los millones de habitantes de Africa subsahariana se juegan mucho si no se integran definitivamente en ese mercado integrado.

Muchos países subsaharianos han conseguido un desarrollo económico sustancial durante el último decenio. Dado el egocentrismo de los medios de comunicación occidentales, se conoce muy poco sobre los éxitos económicos de Africa. En el mencionado periodo, el 34% de la población africana vivía en países que, sin ser productores de petróleo, han disfrutado de un crecimiento del 4,5% o incluso superior.

Sin embargo, las cifras comerciales de Africa siguen siendo desalentadoras, sobre todo porque son muchos los países pequeños sin salida al mar y por la fuerte segmentación geográfica. Africa subsahariana abarca un grupo heterogéneo de países con economías, poblaciones y superficies de diferentes tamaños y con un PIB per cápita que va desde menos de 200 a 7.000 dólares. A nivel mundial, un tercio de las economías dependientes de recursos naturales se encuentran en Africa.

Existen 45 economías pequeñas y 2 potencias regionales (Nigeria y Sudáfrica) que juntas constituyen el 55% de la actividad económica del continente. De todas formas, 18 países que alojan al 36% de la población africana experimentaron un crecimiento sostenible durante la última década. Otros 14, con una quinta parte de la población, tuvieron un pequeño crecimiento o negativo del PIB durante el mismo periodo. Y muchos de ellos (como Burundi, República Democrática del Congo o Eritrea) sufrieron conflictos armados.

Igualmente Africa es excepcional desde el punto de vista de la geografía física y humana. Es la región en desarrollo que posee más países y cada uno de ellos limita en promedio con otros cuatro. Gran parte de la población de Africa habita en países con una geografía y una economía desfavorable para el desarrollo.

El 40% de la población vive en países sin salida al mar (en comparación con el 23% de la Europa oriental y de la ex Unión Soviética). La baja densidad de población se acentúa por el elevado coste del transporte  interno, que duplica el de cualquier otra región en desarrollo. Como resultado de esto: mercados pequeños y poco profundos (a excepción de Sudáfrica y Nigeria). Y estas condiciones encarecen el comercio en Africa.

Estas condiciones originan que, mientras el comercio mundial originó el 16% del producto mundial en 1991 y el 20% en 2004, la cuota de exportación de Africa haya disminuido sin cesar desde hace sesenta años.

Frente a este horizonte, los precios de los principales productos básicos que exporta Africa han subido sustancialmente desde 1999, gracias al crecimiento de las economías asiáticas en desarrollo, sobre todo de China e India. Al mismo tiempo, como hemos apuntado, la clase media de estos países adquiere cada vez más manufacturas, lo cual permite incrementar y diversificar las exportaciones africanas. Y, sobre todo, se abre la posibilidad de que los empresarios africanos obtengan más valor localmente al elaborar los productos básicos antes de exportarlos.

CARACTERISTICAS DEL COMERCIO ENTRE AFRICA Y ASIA

A lo largo de 15 años, los flujos comerciales entre Africa y Asia se incrementaron rápidamente y hoy son el prototipo del comercio Sur-Sur.

 - Evolución de las cuotas. De 1990 a 1995 las exportaciones de Africa a Asia aumentaron un 15%, y en los cinco últimos años un 20% (por encima de todas las otras regiones). Asia es el tercer destinatario más importante de las exportaciones africanas, después de la Unión Europea y Estados Unidos. Las importaciones africanas de productos asiáticos crecieron también, pero no tanto como las exportaciones.

- Complementariedades incipientes. Los productos manufacturados representan solamente el 20% de las exportaciones totales de Africa, y las exportaciones a Asia coinciden con esta media mundial. Los productos básicos representan el 86% de las exportaciones de Africa subsahariana a Asia, en tanto que las importaciones de productos asiáticos manufacturados es el 80%. Pero existe una dinámica interna que apunta a una complementariedad entre ambas regiones.

Africa puede suministrar a Asia materias elaboradas para el crecimiento de la industria y el consumo. La creciente población china e india con un cada vez mayor poder adquisitivo estimula la compra de productos africanos. Por su parte, Africa está importando manufacturas asiáticas para el consumo del hogar y bienes de capital  para el floreciente sector manufacturero.

- Papel de China e India. Estas dos economías son de las más dinámicas del mundo y han duplicado la tasa de crecimiento anual de las exportaciones africanas.  Esto mismo se observa también en el caso de la importación, especialmente en el caso de China.

Africa exporta sobre todo petróleo y materias primas a China y minerales no petroleros a India. El petróleo y el gas natural representan más del 62% del total de la exportación a China, seguidos de minerales y metales (17%) y materias primas agrícolas (7%). La exportación a India también se compone de recursos naturales: el 61% de minerales y metales y el 19% de materias agrícolas.

Por el contrario, Africa subsahariana importa de China e India productos básicos con un valor añadido mayor, especialmente textiles y vestimenta, equipos y maquinaria eléctrica, y productos de consumo como medicamentos, cosméticos y baterías de cocina. Las manufacturas constituyen el 87% de la importación de China.

- Políticas comerciales. El tema del acceso de los países menos avanzados a los mercados de los países ricos es el tema de moda en los foros regionales y bilaterales, especialmente de la Ronda de Doha. La reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias de los países industrializados aumentará las exportaciones africanas. Pero Africa se enfrenta a estas mismas barreras también en los países del Sur y asiáticos en desarrollo. A su vez, algunos países africanos han erigido barreras de este tipo que frenan las corrientes comerciales y que, en casos, provocan un sesgo en contra de sus exportaciones.

Aunque los aranceles asiáticos sobre las exportaciones africanas están disminuyendo, esta tendencia se produce muy lentamente. De hecho, los tipos arancelarios que Asia aplica a ciertos grupos de productos son más elevados para los países menos avanzados de Africa. Estos grupos de productos (materiales crudos no comestibles, alimentos y ganado en pie) representan dos tercios de la exportación total de los países africanos menos avanzados a Asia.

Recientemente, se están dando datos que demuestran que Asia ha implantando elevados tipos arancelarios para ciertos productos africanos que frenan su exportación. Y si nos fijamos en los aranceles indios para los productos agrícolas, que suponen la posibilidad de crecer para Africa, la situación es preocupante. En cambio, China es un país relativamente liberalizado, cuyos tipos arancelarios sobre el 45% de la importación rondan o igualan el cero. Los chinos tienen previsto bajar aún más los aranceles y reducir la dispersión de la estructura arancelaria.

Al mismo tiempo, la estructura de los aranceles asiáticos es problemática para las exportaciones africanas. Los productos de mayor elaboración están sometidos a aranceles más altos para conservar en el mercado nacional actividades con un valor añadido alto. Por otra parte, las materias primas disponibles localmente tienen aranceles más bajos, así se incentiva a la industria nacional a obtener insumos baratos en el extranjero y elaborarlos en el país. Lo cual desalienta la elaboración de productos en Africa antes de exportarlos a Asia.

En otros casos, simplemente, los productores africanos no tienen capacidad de producción y no pueden aprovechar los tipos arancelarios bajos de Asia.

REFORMAS DENTRO DE AFRICA

Siendo lógico que es necesario modificar los aranceles progresivos, también es esencial que los países africanos sigan trabajando para realizar reformas internas: supresión de barreras al ingreso y a la salida, instituciones que fomenten la competencia entre las empresas nacionales, creación de un régimen de incentivos y disciplina para la gobernabilidad, y medidas que flexibilicen el mercado de trabajo y de capitales. Sin olvidar que la simple reducción de aranceles no conduciría a nada si los países africanos no actúan para producir de manera rentable y detectar focos de demanda.

Las exportaciones de Africa a Asia no presentan una gran diversificación, pero la dotación de factores de Africa complementa  a las de China y la India. Africa al ser rica en recursos cuenta con una ventaja competitiva natural para la producción de materias primas y energéticas. China e India poseen una gran cantidad de mano de obra cualificada que les ofrece una ventaja cualitativa para la elaboración de productos.

Pero, ante todo, hay que apuntar una evolución favorable de la complementariedad entre Africa y Asia. Para fortalecer esto se deberían de tomar tres medidas:

-en relación a los productos manufacturados de valor añadido basadas en productos naturales, que China y la India importan. Africa no desea continuar como “canasta de recursos” naturales, sino que espera poder aprovechar el beneficio de su elaboración. Aunque hasta ahora solamente Sudáfrica y Nigeria han entrado en esta fase, China e India importan bastantes materias susceptibles de elaborar.

-las perspectivas de mayor participación en las cadenas de valor mundiales aumentan. Las complementariedades verticales a lo largo de la cadena valor entre Africa y China e India aumentan. Los estudios dicen que los productores africanos podrían participar en las redes comerciales mundiales del sector de la vestimenta

-hay que trabajar en la diversidad entre los países africanos y los beneficios que proporciona la integración regional. Sudáfrica se ha transformado en un centro de desarrollo industrial y comercial dentro y fuera de Africa subsahariana. Las complementariedes tecnológicas entre Sudáfrica y China e India podrían incrementar el comercio intraindustrial. A través de la integración regional, las complementariedades intrasectoriales entre los líderes industriales de Africa y China e India podrían producir mejores resultados en los mercados subregionales.

Africa está en condiciones de sacar ventaja del crecimiento del mercado chino e indio para alcanzar un desarrollo económico generalizado. Los países africanos deben ir en la dirección de transformar las materias primas antes de venderlas y participar en cadenas de ofertas mundiales.

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

Gran parte de la inversión extranjera directa que llega a Africa subsahariana está destinada al sector del petróleo. El 70% de la inversión se destinó a cinco de los siete exportadores africanos y en Sudáfrica. Éste país es el que más inversión extrajera atrae, incluso en el sector financiero, tras sus medidas de liberalización de los años noventa.

Aunque entre el 50 y el 80% de la inversión en Africa se destina en la explotación de recursos naturales, actualmente algunos países están atrayendo cada vez más inversión en otros sectores como las telecomunicaciones, la elaboración de alimentos, el turismo, la construcción, la electricidad, el comercio minorista, la transformación y los equipos de transporte. Se trata de un fenómeno reciente, en el que China e India han tomado la delantera.

La inversión china en Africa representa el segundo destino de ésta después de Asia. China mantiene lazos con el continente negro desde la Guerra Fría y es un inversionista importante en infraestructuras. Alrededor de 700 empresas chinas están presentes en Africa. China se volcó en el sector terciario, pero últimamente se ha concentrado en los países con petróleo.

La India está igualmente presente en Africa desde hace tiempo. Su presencia se ha concentrado en la manufactura y en el sector servicios. Hoy está prestando una mayor atención al petróleo. Africa oriental y meridional es un potente imán para India a causa de los inmigrantes indios allí asentados.

Como conclusión hay que recalcar que si bien el boom de las exportaciones de productos naturales africanos hacia China e India está dando sus frutos, los países subsaharianos necesitan estrategias para transformarlos a largo plazo.

Los países africanos deben ir mucho más allá de las simples liberalizaciones de política comercial para abordar las reformas internas pendientes.

Hoy se lleva adelante una huelga general en la Argentina. Un “paro general”, como usualmente se le llama.

La principal bandera que han levantado los gremios organizadores del paro, está el pedido de terminar con el impuesto a las ganancias aplicado sobre los salarios. En realidad el pedido no es nuevo. Hace ya varios años que desde diversos sectores arrecian las críticas contra este impuesto.

Desde el gobierno se sostiene que es necesario cobrarlo, que la cantidad de trabajadores que lo pagan no es significativa, y que es imprescindible para la aplicación de medidas “redistributivas” que nuestros gobernantes consideran de estricta justicia.

Más allá de las declaraciones de algunos funcionarios y también de los sindicalistas, e incluso más allá de las opiniones de periodistas especializados o no, lo cierto es que el impuesto a las ganancias grava en la Argentina los sueldos y las jubilaciones, y lo hace cada día con mayor presión, en la medida en que mientras la inflación continúa su curso, los valores permanecen constantes.

La ley que creó este impuesto, que lleva el número 20.628 y fue promulgada el 31 de diciembre de 1973, dispone en su artículo 25 que los valores absolutos que surgen de la misma deben ser actualizados anualmente por la AFIP sobre la base de datos que aporte el INDEC.

Como es obvio, hace ya demasiados años que esto no ocurre, que este artículo no se cumple. En parte porque ha sido considerado suspendido por aplicación de la ley de convertibilidad (todavía vigente en materia de suspensión del ajuste por inflación); y en buena medida porque se ha resuelto transferir la responsabilidad de ajustar valores directamente al Poder Ejecutivo, que finalmente y sin cálculo matemático alguno que se base en estadísticas de inflación, ajusta cuando y como quiere el mínimo no imponible y las cargas de familia.

Y precisamente la falta de cumplimiento de reglas claras y matemáticas de ajuste de valores teniendo en cuenta la pérdida de valor de la moneda, ha hecho que el universo de contribuyentes crezca día a día, generando las inequidades que todos vemos hoy en día.

El impuesto a las ganancias vino a reemplazar a tres impuestos. El primero, que es el padre de la criatura, es el impuesto a los réditos, que se basa en los mismos principios y categorías que el hoy vigente. El segundo es un impuesto que se llamaba “a las ganancias eventuales”, que quedó subsumido. Y el tercero un impuesto que se denominaba “a la venta de valores mobiliarios”, que también en buena medida quedó incluido dentro del impuesto a las ganancias. No es cierto que este impuesto haya sido creado por Perón, como dijera días pasados el ministro de economía. Porque en verdad lo que se hizo fue subsumir impuestos menores dentro del impuesto general a los réditos, al que se le cambió el nombre.

La gran discusión doctrinaria es, desde siempre, si el salario es una ganancia o no lo es. Obviamente, si vamos al diccionario, claramente un sueldo no es una ganancia sino el precio del trabajo, la remuneración. La ganancia es utilidad proveniente de un negocio o de un trato.

Pero la verdad es que esta discusión se ha reflotado en estas horas debido al evidente atraso de los valores deducibles, que es lo que hace que cada vez más trabajadores, con un sueldo a valores constantes cada vez menor, tenga que pagar este impuesto.

El verdadero sofisma es que mientras el gobierno discute la necesidad de cobrar el impuesto a las ganancias, soslaya el hecho de que cada día cobra un impuesto mayor, como consecuencia de la pérdida de valor de la moneda. Porque acá la cuestión no es tanto que se cobra el impuesto, sino que cada vez se cobra más impuesto a valores constantes. Mediante este artilugio el Estado ingresa cada vez más cantidad de dinero a valores constantes, no el mismo dinero.

En cuanto al impuesto sobre los bienes personales, permanentemente se repite que este impuesto grava la riqueza. Y esto no es estrictamente así. Porque este impuesto grava a los activos, como lo hace el impuesto inmobiliario o el impuesto automotor (patente). Es decir, se trata de un impuesto a los activos, no al patrimonio. Excepto cuando se trata de una única propiedad destinada a vivienda, en cuyo caso es posible descontar el crédito hipotecario utilizado para la compra; o las acciones, que se toman al valor patrimonial proporcional, o a su cotización, el impuesto sobre los bienes personales grava los activos.

Y fíjese, amable lector, que el tal impuesto iba a nacer con el pomposo nombre de “impuesto a las manifestaciones conspicuas de riqueza”. Es decir, más allá de la evidente inquina hacia los poseedores de riqueza, incluía el error conceptual de considerar riqueza al activo, sin descontar el pasivo.

Como sabemos, la denominación cambió aún antes de nacer, y así quedó como “impuesto sobre los bienes personales”. Un nombre bastante raro, si se quiere, porque “bienes personales” parece querer señalar aquello que es privativo de cada uno, siendo que en este caso se trata de bienes familiares. Mucho más apropiado sería denominarlo “a los activos”, pero ese nombre ya había sido usado para otro puesto, antecesor del hoy llamado “a la ganancia mínima presunta”.

Lo cierto es que el impuesto sobre los bienes personales grava con una tasa que arranca en el 0,5% del activo, cuando éste supera, al 31 de diciembre de cada año, la cifra de $ 305.000.-. Un importe absolutamente ridículo, que representa al cambio oficial algo más de 30.000 dólares. Piense en “las manifestaciones conspicuas de riqueza” y sonría, amable lector.

Pero hay más: este impuesto tenía un mínimo no imponible de $ 102.300, valor que estaba exento del impuesto y que equivalía a la misma cifra en dólares. Esto equivale a aproximadamente $ 1.000.000 al cambio oficial. Pero hay más: anteriormente el mínimo exento no era alcanzado por el impuesto en ningún caso, mientras que actualmente, si sobrepasamos un activo de $ 305.000, se paga impuesto sobre todo el activo. Si una persona consigue un préstamo de un millón de dólares el 31 de diciembre, aunque lo deba íntegro, debe pagar el impuesto. Por eso vale aclarar que si bien puede ser un impuesto “a la riqueza”, también puede no serlo en absoluto.

Nos hemos tomado el atrevimiento de llamar a estos impuestos “depresivos”. Lo hicimos porque verdaderamente son impuestos que deprimen el ánimo de cualquiera. Gravar el salario desalienta al trabajador, obviamente. Y gravar un activo tan exiguo hace pensar seriamente en las buenas intenciones de un gobierno que se define a sí mismo como “progresista”.

Además se utilizan argumentos que son sofísticos. Ni en un caso ni en el otro estamos hablando del respeto del llamado espíritu del legislador. Es obvio que se buscaba gravar con estos impuestos a una determinada capacidad contributiva, pero esto ha sido abandonado.

Y lo que correspondería es que los gobernantes le dijeran al pueblo que el tal espíritu fue abandonado y que cada día se cobra más impuesto a más gente mediante el artilugio de no reconocer la pérdida de valor de la moneda. Porque esta es la verdad.

El Poder Ejecutivo no está autorizado a dictar nuevos gravámenes, pero en la práctica es lo que hace mediante este recurso. Emite moneda sin respaldo, por lo tanto la moneda pierde valor. Eso de por sí es un impuesto que se le cobra a toda la población. El llamado impuesto inflacionario. Luego no ajusta los valores y cobra más impuesto a las ganancias y más impuesto sobre los bienes personales. Seriamente esto no responde a ninguna lógica tributaria más o menos seria, y muchísimo menos progresista. O progresiva.

Que desde ciertos sectores se pida directamente la abolición del impuesto a las ganancias a los trabajadores en particular, no es equivalente a que se ajusten los valores para volver al espíritu original. Son dos conceptos diferentes. El primero va más allá de la ley vigente, el segundo avasalla dicha ley.

Y un aspecto final que volvemos a señalar (en realidad todo lo que aquí decimos lo hemos dicho muchas veces). Siempre se habla del impuesto a la renta financiera para reemplazar la abolición de estos gravámenes. La renta financiera ya paga impuesto cuando se trata de sociedades comerciales. Solamente los particulares están libres de gravamen, pero únicamente cuando operan en el marco de la ley de entidades financieras (Bolsa, bancos, títulos valores públicos que cotizan, acciones, etc.). También está gravada la ganancia proveniente de la venta de acciones que no cotizan en Bolsa. Y cualquier operación financiera celebrada entre partes sin intervención de bancos o entidades financieras, también lo está. Suena simpático buscar siempre la salida por el lado de gravar la “renta financiera”, pero en verdad la operatoria particular en las condiciones descriptas, no alcanza al 10% del total. Y es conveniente destacar que hay que tener mucho cuidado con esto, porque si por ejemplo se gravan los intereses percibidos por los plazos fijos, como ya ha ocurrido en otras épocas, la presión sobre las tasas de interés puede ser muy grande; para que el Estado obtenga recursos muy pequeños.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 31 de marzo de 2015