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La Guerra de Irak

El camino elegido por el presidente Bush para sacar a los Estados Unidos de la grave crisis económica y de sus malas perspectivas está produciendo una profunda conmoción en el escenario político mundial. La justificación esgrimida para atacar a Irak sólo resulta creíble para los deseosos de desatar su venganza contra alguna nación árabe. Para el resto resulta claro que el régimen de Saddam es una amenaza que el mundo puede controlar y que la guerra de Bush no es una cruzada contra el mal.


¿Qué razón de fondo esta empujando a Estados Unidos a esta aventura bélica a costa de impredecibles consecuencias en la geopolítica mundial y de muchas naciones en particular?

Los análisis siguen, en términos generales, dos líneas de interpretación que se diferencian por el énfasis puesto en las principales beneficiarias de esta guerra: las multinacionales del petróleo y el complejo militar-industrial. Los sólidos vínculos de estas corporaciones con los más altos funcionarios de la administración Bush le otorgan credibilidad a ambas versiones.

La interpretación más difundida considera como principal razón el despojo de las ricas reservas de crudo de Irak en beneficio de empresas norteamericanas e inglesas. Detrás de las partes estarían, por un lado, los intereses de Exxon, Texaco y la British Petroleum y, por otro, Total Fina Elf (francesa), Lukoil (rusa) y National Oil Company (China), que están operando en ese país y temen ser desplazadas por un cambio de régimen político.


La otra versión revive un clásico: la necesidad de la guerra para salir de la depresión a través de la reactivación del complejo militar-industrial. Máxime, si el financiamiento del espectacular gasto que demandará la invasión de Irak –estimado en el orden de los 100.000 millones de dólares- es solventado con el petróleo de ese país.

En ambos casos, además de los beneficios directos que aportaría la invasión para las multinacionales de la guerra y del petróleo, se contabilizan efectos indirectos para la economía. Esta clara manifestación de hegemonía imperial vendría a templar la desgastada confianza de la población e inversionistas, volviendo a atraer capitales.

Recientemente se ha venido señalando un nuevo argumento de fondo que se suma a los anteriores: el real objetivo de EEUU sería la economía de Europa y, particularmente, el euro. Según esta interpretación fue la decisión de Irak, en noviembre del 2000, de adoptar el euro para sus transacciones de crudo el factor detonante de la situación actual.


En los últimos dos años el dólar se ha depreciado en poco más del 20% respecto del euro. El colapso del "dólar fuerte" junto con el derrumbe de la bolsa han contribuido seriamente a debilitar la confianza sobre la economía de EEUU, lo que ha derivado en una fuerte reversión del ingreso de capitales, agravando la recesión.

En ese contexto cabe preguntarse qué pasaría si otros paises, en particular los miembros de la OPEP, siguieran el ejemplo de Irak y el dólar comenzara a ser sustituido por el euro como moneda de referencia y de reserva mundial.

Esto sería sumamente grave para la economía norteamericana, pues le impediría seguir financiando sus abultados déficit comerciales a través de la "exportación de dólares". El comercio internacional se ha convertido en un mercado donde el mundo produce bienes y EEUU los dólares para comprarlos. De allí, que la deuda actual de EEUU con el resto del mundo alcance a la astronómica suma de 6 billones de dólares, equivalentes a dos terceras partes de su PBI.

De revertirse la confianza que individuos y gobiernos tienen en el dólar se produciría una corrida financiera mundial que llevaría al default de los Estados Unidos, ya que este país no cuenta con los recursos financieros suficientes (euros, yenes, etc.) para honrar sus compromisos. Los argentinos, que hemos vivido las consecuencias de la ilusión del pesodolar o del 1:1 virtual, tenemos el raro privilegio de poder llegar a imaginar una situación de estas características.

Por el contrario, la Europa del euro se vería beneficiada con la prerrogativa de poder emitir la moneda de referencia y reserva internacional. El abandono, en 1971, de la convertibilidad oro del dólar ha facilitado este fenómeno, ya que el privilegio pasa a recaer en la economía que genera mayor confianza. Esto es lo que Estados Unidos pretende evitar.

El petróleo es la más importante de las commodities que se comercian internacionalmente, de allí la trascendencia de la moneda de referencia utilizada en sus transacciones, ya que el efecto contagio de una eventual sustitución por el euro sería devastador. Este supuesto no resulta difícil de imaginar si se considera que Europa es el principal importador de crudo.

En síntesis, detrás de los aprestos bélicos se esconde la intención de sostener la visión de un dólar eternamente fuerte que estimule el ingreso de capitales en los Estados Unidos y evite que la burbuja reviente. Para ello resulta fundamental disuadir a quienes pretendan, como Irak, sustituir el dólar como moneda de transacción y reserva mundial.

Por Alberto Pontoni. Marzo 2003

El Boom Agrícola

La cosecha 2002/03, estimada en 71 millones de toneladas, será la más grande de la historia argentina, superando la anterior en mas de un millón de toneladas. Esto ha sido posible debido a la concurrencia de circunstancias favorables, tanto de carácter técnico como económico, que se tradujeron en un aumento del área sembrada y la mejora en los rendimientos de los cultivos.


Entre las ventajas económicas se destaca el fuerte incremento de los ingresos del productor, tanto en dólares como en pesos, motivado por dos factores. Por un lado, el alza del 20-25% de los precios internacionales, consecuencia de sequías y adversidades que afectaron la producción de EEUU y otros países competidores. Por otro, la superdevaluación del peso, que multiplicó en 3.3 veces su cotización respecto del dólar. Estos beneficios han permitido compensar con creces la carga impositiva adicional que representan las retenciones a las exportaciones, equivalentes al 20% de las ventas, y el mayor precio de los insumos y combustibles, que han duplicado los costos de producción medidos en pesos.

En consecuencia, los ingresos en pesos del productor agrícola se multiplicaron más de 3 veces (deducidas las retenciones) mientras que sus costos se duplicaron. La ventaja del sector agropecuario, de tener ventas dolarizadas y muchos costos pesificados, le ha permitido ser el gran beneficiario de la superdevaluación y pesificación de deudas del 2002.

Desde el punto de visto técnico productivo, los altos rendimientos obtenidos son expresión tanto de las buenas condiciones climáticas que acompañaron esta cosecha como de las modernas tecnologías utilizadas, desmintiendo las amenazas de sectores interesados que presagiaban una reversión tecnológica motivada por las retenciones.


El campo bajo la convertibilidad

La explosión agrícola es el fenómeno económico más importante de la última década. Durante la convertibilidad y a pesar de la rigidez del 1:1 la producción agrícola nacional logró duplicarse, pasando de un nivel de 35 millones de toneladas al actual de 70 millones. Ese crecimiento espectacular, que se produjo de la mano de la soja, encuentra su principal explicación en el aumento de la demanda mundial y la mejora de los precios internacionales.

El área sembrada se expandió en un 50%, pasando de 17 a casi 25 millones de hectáreas y las nuevas tecnologías, como la siembra directa y los transgénicos, permitieron un fuerte incremento de los rindes y la reducción de los costos de producción. La soja ha sido la principal protagonista de esta nueva revolución agrícola. En los últimos 10 años ha duplicado su área sembrada, ocupando casi la mitad de las tierras actualmente en cultivo, y cuadriplicado su volumen de producción.


Esta mayor presencia del agro en la producción también se reflejó en las ventas al exterior. En 1993 las exportaciones de productos agrícolas, incluyendo granos, semillas, aceites y otras manufacturas de ese origen, representaban la tercera parte del total exportado y su valor rondaba en los 4.700 millones de dólares. Para el 2003 se espera alcanzar los 10.000 millones de dólares.

Impacto económico

Si bien deberá esperarse hasta fines de mayo para tener los datos finales de maíz y soja las buenas condiciones climáticas en desarrollo permiten prever una cosecha superior a los 70 millones de Tm. Ese volumen se distribuye, principalmente, entre soja (34 millones), maíz (14.5 millones), trigo (12.5 millones) y girasol (4.5 millones). Las exportaciones de granos, aceites y harinas se estima alcanzarán en el 2003 los 10 mil millones de dólares, de los cuales la soja suma 6.300 millones, el maíz 1.100 millones, el trigo otros 1.300 millones y el girasol 800 millones.

Esta exitosa campaña agrícola tendrá importantes consecuencias sobre la economía. Los 10.000 millones de dólares de exportaciones de origen agrícola estimados para este año, contribuirán decisivamente en la obtención de un sustancial superávit comercial, del orden de los 18.000 millones de dólares. La liquidación de esas divisas incrementará la oferta de dólares presionando a la baja el tipo de cambio. Esta situación pondrá al gobierno frente a la disyuntiva de incrementar la compra de divisas, para evitar una caída del precio del dólar por debajo de los $ 3, lo que redundará en un incremento de la liquidez monetaria.

Por otro lado, el Fisco se verá beneficiado por la recaudación de 2.000 millones de dólares en concepto de retenciones a las exportaciones agrícolas, que le proporcionarán casi el 10% del total de ingresos estimados para el 2003.

Comentarios

Una vez más Argentina se ve beneficiada por la conjunción de circunstancias favorables de origen externo. Las perspectivas del mercado mundial resultan alentadoras, a pesar de la resistencia a la eliminación de subsidios agrícolas por parte de EEUU y la Unión Europea. Por otro lado, es posible incorporar nuevas tierras y alcanzar una superficie cultivada de 35 millones de hectáreas y superar los 100 millones de toneladas. El mercado esta.

Para ello se requiere planificación e inversiones que permitan encarar la puesta en producción de nuevas tierras, incluyendo la recuperación de las ricas áreas anegadas de la provincia de Buenos Aires, la realización de obras destinadas a facilitar los sistemas de transporte y producción de energía, así como la promoción de actividades industriales vinculadas al sector agroalimentario.

Este desafío requiere del esfuerzo conjunto del sector privado y público. Los recursos financieros para encarar una revolución productiva de esta magnitud están disponibles. La recesión y el desplome de la inversión en los países industrializados han generado disponibilidad de capitales y liquidez, que se manifiestan en las bajisimas tasas de interés.

¿Qué falta? Sólo una dirigencia animada de interés nacional, que lidere un equipo de funcionarios probos y competentes y que dote al Estado de los instrumentos necesarios para enfrentar este desafío.

Por Alberto Pontoni.Febrero 2003

Privatizaciones de los Servicios Públicos

Por Alberto Pontoni.Febrero 2003


A inicios de la década del 90 se inició en Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, un proceso de reforma del Estado de gran magnitud. Desmantelamiento para algunos, puerta de entrada al primer mundo para otros, la privatización de los servicios públicos generó una polémica que continúa hasta hoy.

El optimismo acerca del papel de las empresas públicas en la economía fue un fenómeno generalizado de la década del 40. Posteriormente, comienza un proceso de desencanto, originado tanto en la ineficiencia de los servicios como en la creciente carga fiscal que representaban para el Estado, que lleva a la ruptura del consenso favorable. La recesión y la hiperinflación de finales del 80 le asestan un golpe mortal. Incluso hay quienes sostienen que la política de privatizaciones generó una popularidad similar a las nacionalizaciones.

Las privatizaciones abarcan un proceso muy heterogéneo de acciones que va mucho mas lejos que la mera transferencia de peajes y servicios públicos al sector privado. De allí que no pueda juzgarse este fenómeno sólo a partir de los cambios producidos en la calidad de prestaciones en teléfonos, gas o electricidad, como pretenden sectores interesados en la justificación global de ese periodo.


La venta de YPF y las concesiones de hidrocarburos son temas de la mayor trascendencia económica, que no deben confundirse con el análisis de los servicios públicos. Asimismo, corresponde diferenciar otras acciones privatizadoras de gran importancia global e individual cuyas consecuencias se harán sentir en los próximos años, como es la administración del sistema de jubilaciones y pensiones.

Sin embargo y a pesar de esa heterogeneidad de acciones, existe un común denominador de la cruzada privatizadora: el propósito de otorgar nuevas oportunidades de negocios al sector privado. Esta acción abarca desde la apertura de mercados de monopolio público, como las telecomunicaciones, hasta la transferencia de bienes del patrimonio común.

De allí, la importancia de incorporar al análisis el precio de la transacción, es decir, lo percibido por el Estado a cambio del negocio otorgado, ya sea un mercado o un activo, presente o futuro, para evaluar la eventual lesión y menoscabo del patrimonio colectivo. Sin embargo, no resulta sencillo comprobar la consumación de un despojo. Un indicio puede estar en los resultados obtenidos por las empresas involucradas.


Aclarada esta cuestión se exponen algunas reflexiones sobre los servicios públicos en Buenos Aires, transcurridos más de 10 años desde su transferencia al sector privado.

El caso de los servicios públicos

En términos generales resulta indiscutible que los servicios de teléfonos, luz, gas y aguas han mejorado sustancialmente la calidad de prestación y ampliado la extensión de su cobertura. Sin embargo, esta modernización se ha producido a un costo excesivo. Entre 1986 y 1996 el gasto en electricidad, gas y teléfono incrementó su participación en el presupuesto familiar en un 50%. En los hogares de bajos ingresos la participación en el gasto total paso del 6% al 11%.

Este fuerte aumento en el costo de los servicios encuentra su explicación tanto en los ajustes de tarifas realizados por el gobierno en la etapa previa a la privatización como en los dispuestos por las empresas en los años siguientes. Las empresas gozaron del privilegio de poder indexar sus tarifas (a pesar de la prohibición expresa establecida en la ley de Convertibilidad) conforme al índice de inflación de EEUU y, adicionalmente, se las favoreció con la revisión de las cláusulas contractuales pactadas. De allí, que entre 1991 y 1998, en plena vigencia de la Convertibilidad, se hayan registrado aumentos de tarifas del 200% (gas residencial), 140% (telefonía básica) y 90% (electricidad residencial) en esos servicios.

La otra cara de este mismo fenómeno se refleja en las superutilidades percibidas por las empresas involucradas en las privatizaciones, que se sitúan muy por encima del resto de las grandes empresas que operan en el país. Justamente, son estos beneficios extraordinarios los que permiten abrigar la sospecha que el argumento de "privatizar para modernizar" ha servido para ocultar la consumación de un despojo del patrimonio colectivo a través de la adquisición de activos a precios subvaluados.

El caso de las empresas que concurrieron a la privatización de teléfonos y que poco tiempo después vendieron sus participaciones resulta ilustrativo. Todas multiplicaron varias veces su inversión inicial y obtuvieron récords difíciles de igualar en tiempo y monto. Techint obtuvo ganancias equivalentes al 780% de su inversión original (vendió en 1997), Pérez Companc 550% (1999), Banco Morgan 520% (1999) y Comercial del Plata 430% (1993).

De lo expuesto se concluye la necesidad de corregir las "fallas" y abusos en la prestación privada de servicios. Esto requiere una intervención activa del Estado a través de la revisión de los contratos, la incorporación de nuevos actores que promuevan la competencia y el fortalecimiento de las entidades de control. Sin embargo, la tradicional ineficiencia (o complicidad) estatal impone la participación ciudadana como un elemento fundamental para impulsar esta decisión de cambio.

La Generación del 80

Por Alberto Pontoni. Enero 2003


La poca claridad de la dirigencia argentina por plantear una salida nacional frente a la actual crisis económica se refleja en la devoción que desde diferentes sectores se rinde a la Generación del 80 y su supuesta claridad para definir un proyecto de país. Paradójicamente, esa actitud incluye a quienes, presumiblemente, expresan un compromiso con un desarrollo de carácter autónomo.

Más allá de los confusos, que son mayoría, existe un grupo interesado en mantener vivo el culto a aquella dirigencia y el mito sobre la intencionalidad patriótica de sus acciones. La finalidad es demostrar que la bancarrota argentina se encuentra asociada al desplazamiento del patriciado local del gobierno y al intervencionismo estatal que produjo el cierre de la economía con propósitos industrialistas. Democracia e industrialización serían, justamente, las dos principales causas de la decadencia de los últimos 60 años, en contraste con la bonanza del periodo 1880-1940, de hegemonía conservadora.

En realidad, la expansión productiva y el fuerte auge exportador de aquel periodo se produjo a pesar de esa clase dirigente que, por otro lado, fue la principal responsable de la continuidad del rezago histórico nacional y de desaprovechar una de las grandes posibilidades que tuvo el país para sumarse al grupo de las naciones industrializadas.


La incorporación de la Argentina a la economía mundial es consecuencia de la conjunción de varios factores que permitieron el aprovechamiento de su potencial agropecuario. Por un lado, las innovaciones tecnológicas, principalmente el ferrocarril, la navegación a vapor y el frigorífico, que hicieron factible el transporte a grandes distancias de granos y carnes. Por otro, la inversión extranjera, principalmente británica, que asumió el financiamiento, la realización e, incluso, la operación de la infraestructura requerida para posibilitar las exportaciones agropecuarias. Al iniciarse la primera guerra mundial un 90% de la red ferroviaria y de la infraestructura ligada a la exportación de granos y carnes era extranjera.

La formidable afluencia de recursos destinados a poner en marcha el aparato productivo transformó el perfil del país y produjo una modernización del tipo "llave en mano". Todo se importaba desde los centros. Desde la red ferroviaria, con vías, trenes y estaciones, hasta el diseño urbano de las nuevas ciudades. La Argentina se modernizaba antes de alcanzar su industrialización, convirtiéndose en un paradigma de modernización sin desarrollo.

En este proceso, el papel de la Generación del 80, fue subordinado y sus mayores tareas fueron, en lo institucional, la integración del territorio y consolidación de un gobierno nacional, y en lo económico, allanar el camino para el ingreso del capital extranjero y promover la inmigración. Poco o nada hizo para aplicar al desarrollo la extraordinaria masa de excedentes generados durante este periodo.


La resistencia de esta dirigencia a la implementación de una estrategia de desarrollo industrial, que permitiera aprovechar la excepcional bonanza del momento, era la consecuencia lógica de un espíritu mercantilista que se arrastraba del pasado. Por otro lado, esta visión se correspondía con el interés de una clase terrateniente que había aumentado en forma extraordinaria su patrimonio, debido tanto a la incorporación de nuevas tierras, por la llamada "campaña del desierto", como al incremento de su cotización, derivada del aprovechamiento agrícola y de las inversiones en infraestructura.

Resulta sencillo de comprender la poca disposición de esa dirigencia en adoptar cambios que podrían llegar a resultarle perjudiciales, ya que promover la industrialización requería mejorar la distribución del ingreso, para estimular el desarrollo del mercado interno, y la adopción de políticas activas, para proteger las industrias nacientes.

Mejorar la distribución del ingreso implicaba, principalmente, provocar cambios en el régimen de tenencia de la tierra, que se encontraba concentrado en pocas manos. En Argentina la tierra no fue una recompensa al sacrificio de pioneros sino el botín de conquistadores. Sin duda, un sistema de producción basado en pequeños propietarios, del tipo colonos o chacareros como el sistema de farmers promovido en EEUU, habría favorecido el proceso de industrialización pero afectado el poder político y económico del sector dominante.

Las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra fueron, justamente, una de las principales razones del alto porcentaje de inmigrantes "retornados". Un 70% de los casi 5 millones de extranjeros ingresados antes de 1920 regresó a sus paises de origen frustrados por la falta de posibilidades de incorporación estable, fenómeno que nos diferencia de lo sucedido en otros paises de evolución similar, como Canadá y Australia.

Por otro lado, la protección de industrias a través de la prohibición de importaciones o establecimiento de aranceles, como hizo EEUU a principios del s. XIX para estimular el desarrollo de su industria textil, habría encarecido el costo de los bienes y de la mano de obra, reduciendo el margen de utilidad obtenido en la actividad agropecuaria.

Obviamente, era más fácil y lucrativo usufructuar la renta de una riqueza territorial obtenida con poco esfuerzo –y valorizada por las inversiones de terceros- y acrecentar sus beneficios reinvirtiendo el excedente en el sector financiero, que abordar el desafío de la industrialización. El proyecto de la Generación del 80 fue la mera salvaguarda del interés particular de un sector reducido y concentrado de la sociedad, no el desarrollo nacional. Es más, favoreció la modernización de la Argentina pero obstaculizó su desarrollo.

Justamente, una de las grandes confusiones proviene de no distinguir modernidad de desarrollo. Toda nación desarrollada es moderna pero no toda nación que disfruta de los adelantos de un momento es desarrollada. Desarrollo indica la ubicación en un puesto de vanguardia en la transformación productiva, esto es, en la elaboración de bienes, en el posicionamiento industrial. Desarrollo es industrialización.

Hoy, paradójicamente, esta herencia sigue vigente a pesar de haber desaparecido aquella clase terrateniente. La confianza en las fuerzas del mercado y la carencia de un proyecto industrializador se vuelven a expresar con toda intensidad en los programas de los candidatos para las próximas elecciones presidenciales.

Sector Automotriz

El sector automotor es un buen indicador del desarrollo industrial de un país y de la situación de su economía. Las ventas de automóviles y equipos de transporte expresan la vitalidad de la demanda doméstica, en particular el poder adquisitivo y la confianza de los consumidores de clase media, mientras que las exportaciones de vehículos son un buen termómetro de la competitividad de la industria manufacturera y de sus posibilidades.


En el caso argentino existe otra razón de particular interés para el análisis de esta actividad. A diferencia de lo ocurrido con la mayoría de las otras ramas industriales la fabricación de automóviles y equipos de transporte registró una sustancial expansión durante la década pasada. Es más, el país llegó a exportar un número significativo de unidades revirtiendo el tradicional carácter mercado internista de este sector.

Dicha expansión fue consecuencia, en gran medida, de un tratamiento preferencial otorgado a esta actividad que no encuentra parangón en otras ramas, como son las ventajas especiales logradas en los acuerdos de integración regional, los subsidios específicos (Plan Canje) y hasta una inexplicable tolerancia en la violación de normas aduaneras y el pago de obligaciones impositivas. Indudablemente, la presencia de poderosas firmas transnacionales le brindó a este sector un escudo defensivo frente a la política aperturista y antiindustrial de los últimos años, al que no pudieron acceder las empresas nacionales dedicadas a otras actividades, como la fabricación de textiles o calzados.

De acuerdo al Censo Industrial de 1994, la fabricación de vehículos y equipos de transporte representa el 8% del valor agregado por la industria manufacturera, generando unos 80.000 puestos de trabajo. La productividad laboral de este sector, medida por el valor agregado por trabajador, es una de las mayores de la industria nacional.


Antecedentes. La industria automotriz fue el eje de la segunda etapa de la revolución industrial. La primera, iniciada a mediados del s. XVIII, tuvo como protagonista al sector textil, principal beneficiario de los cambios tecnológicos desencadenados por la maquina de vapor. Un siglo y medio después, a principios del s. XX y a partir del desarrollo del motor a combustión y el aprovechamiento de la nafta y el diesel como combustible, se inicia en el mundo la era del automóvil (y del petróleo y del avión, entre otros).

En Argentina, la producción masiva de automotores se inicia con un rezago superior a 40 años respecto de los paises industrializados. La primera planta de ensamblado, propiedad de la firma norteamericana Káiser, se instaló en 1956. Con anterioridad hubo diferentes intentos frustrados para fabricar automóviles, como los del fabricante de revólveres Ballester Molina, que desarrolló dos prototipos entre 1935 y 1940, y el modelo "Justicialista" creado en 1950. Incluso, hubo un proyecto pionero en 1901, el del auto "Yruam".

La industria en la convertibilidad. Durante los casi 11 años de convertibilidad (1991-2001) la Argentina produjo 3 millones y medio de automotores, a un promedio de 320.000 vehículos por año. Los picos de producción se alcanzaron en 1997 y 1998, con cifras anuales de 450.000 unidades, que representan una capacidad de fabricación de casi 40.000 vehículos mensuales.


En ese mismo periodo las ventas en el mercado interno totalizaron cerca de 4 millones de unidades, a razón de 350.000 vehículos por año. El mayor registro corresponde a 1994, con 510.000 unidades comercializadas en el país.

Las ventas al exterior, durante esos 11 años, superaron los 1.1 millones de unidades y las importaciones fueron de aproximadamente 1.5 millones. El saldo neto fue de 360.000 vehículos importados. Cabe señalar que el 90% de las importaciones se produjeron con anterioridad a 1997. A partir de ese año el número de automotores exportados viene superando el de importados, arrojando un saldo positivo en el balance comercial.

Un dato relevante es el desempeño del sector en 1998, cuando se alcanzaron los récords históricos de producción y exportaciones. Ese año se exportaron casi 240.000 vehículos, más de la mitad de los 460.000 fabricados.

Situación actual. El sector automotriz fue el más afectado por la agudización de la crisis económica del 2002. La producción se contrajo a 160.000 vehículos, un 33% menos que el año anterior y las ventas en el mercado local se redujeron un 55%, situándose al nivel de 40 años atrás (80.000 unidades).

Un factor que llama la atención es la caída, durante el año pasado, del 20% de las exportaciones de vehículos, a pesar de la baja sustancial de los costos en dólares producida por la superdevaluación. Una parte de la respuesta se encuentra en el carácter ensamblador que adoptó esta actividad en los últimos años al incrementarse el componente importado de los vehículos y neutralizar el estimulo pro exportador de la devaluación.

En los últimos meses las plantas automotrices han estado fabricando un promedio de 16.000 vehículos mensuales, de los cuales un 75% se exportan.

Perspectivas y alternativas. La capacidad de producción de la industria automotriz nacional es, al menos, tres veces superior a los registros actuales. Argentina tiene la infraestructura, equipos y capacidad técnica suficiente para producir unos 50.000 vehículos mensuales, en lugar de los 16.000 actuales.

El problema no es de producción sino de mercado. Para lograr la reactivación de la industria automotriz se requiere triplicar el actual volumen de exportaciones. Esto es, exportar unas 400.000 unidades anuales.

¿Qué lo impide? ¿Qué se debería hacer para alcanzar esta meta? ¿Hay posibilidades?

Se puede. Hay varias experiencias de paises, como Corea, de industrialización más tardía que la Argentina que lo pudieron hacer. Lograrlo es un desafío que requiere la sinergia de empresas y gobierno ya que las dificultades están más asociadas a las limitaciones particulares de cada empresa y los problemas derivados de su acción individual que a obstáculos de mercado.

Las características de esta actividad facilitan la acción conjunta del sector privado y público. La fabricación de vehículos es una industria concentrada y moderna, en la que operan firmas transnacionales con vasta experiencia en el mercado mundial. Corresponde al gobierno convocarlas y liderar un proceso de negociación en función de metas y requerimientos precisos. Justamente, este es el punto crucial del desafío y donde el problema deja de ser técnico para transformarse en político.

En síntesis, el problema de reactivar al sector automotor no es de oferta sino de demanda, el mercado esta pero hay que saberlo trabajar, los que saben pueden pero requieren el liderazgo y asistencia del sector público y para ello se necesita un gobierno con estrategia y capacidad, es decir, un proyecto nacional. Y esto depende de todos nosotros.

Por Alberto Pontoni. Enero 2003

La Pobreza en Argentina

La sustentabilidad de la pobreza en Argentina



La Argentina vive la peor crisis económica de su historia, con mas de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, niveles desconocidos de marginación laboral, quiebra del aparato productivo, cesación de pagos externa y colapso del sistema financiero. Ha dejado de ser el alumno modelo del FMI y el ejemplo a seguir por otras naciones en desarrollo para convertirse en la peor experiencia del periodo de posguerra. Es mas, muchos argentinos dudamos poder salir de este abismo que no parece tener fin, al que nos condujeron en forma progresiva los gobiernos que se sucedieron en las últimas décadas.

El generalizado repudio de la población respecto de la dirigencia política y económica de los últimos 30 años responsables por acción, ineficacia u omisión de la situación actual, se expresa en el difundido que se vayan todos, que identifica a cacerolazos, escraches, marchas de desocupados y piqueteros, así como en las legiones de jóvenes que abandonan el país.

Paradigma y expresión patética de la conducta de esa clase dirigente son las dos principales figuras políticas surgidas tras la sangrienta dictadura militar de los 70: Alfonsin y Menem. Ambos llegaron al poder envueltos en las mejores banderas del radicalismo y peronismo, la democracia, el respeto por las libertades públicas y la reivindicación de los derechos humanos, en un caso, y la defensa del trabajo y la producción nacional, el desarrollo regional y la justicia social, en el otro. Sin embargo, ambos terminaron involucrados con lo peor y más desdeñable de cada uno de esos movimientos, priorizando intereses corporativos o individuales y traicionando la fe publica depositada en ellos.

Capitalismo a la Argentina



En la búsqueda de explicaciones a la involución económica y social del país se pueden encontrar diferentes visiones.

Los responsables directos en la ejecución de las políticas que llevaron a este estrepitoso fracaso nacional, que suelen emboscar hipócritamente sus intereses particulares tras las banderas de la libertad de mercado, discurren sobre el carácter "populista" de nuestro país y las dificultades de establecer un sistema capitalista. Para esta corriente de pensamiento, ligada a la defensa de los intereses de los grupos económicos dominantes, la Argentina no es capitalista -de allí la crisis- y el desafío reside en realizar las transformaciones pendientes para convertirse en una real economía de mercado. Obviamente, los deberes pendientes se refieren al desmantelamiento de lo poco que queda del Estado, ya sea en el campo económico o social.

En la Argentina de hoy -después de haberse consumado la entrega a precio vil de los recursos naturales, concesionado servicios básicos con clientela cautiva y tarifas abusivas, privatizado ineficientemente el ahorro público y arrasado con los controles al ingreso irrestricto de capitales y mercaderías, se requiere de mucha ingenuidad para creer que la salida de la crisis pasa por la privatización del Banco Nación y del PAMI o el despido de una tercera parte de los empleados públicos y la reducción de los cargos políticos al nivel nacional y provincial.

En el otro extremo se encuentran quienes piensan que la experiencia argentina es una clara muestra del fracaso del capitalismo en general, sin profundizar en las características domésticas. Este tipo de afirmaciones de carácter general no explican adecuadamente el desarrollo de otros países ni se traducen en propuestas operativas para la coyuntura.

Desde nuestro punto de vista, en Argentina se ha desarrollado un tipo de capitalismo prebendario y antiindustrial fundado sobre privilegios institucionales, al que sería mas propio calificar de modelo de "capitalismo mafioso" y de economía de saqueo", de atenernos a la forma como se llevo a cabo la expropiación de la propiedad pública. En la consolidación de este modelo ha jugado un rol sustancial el Estado a través de la entrega de recursos, concesión de servicios, canalización forzosa del ahorro y desmantelamiento de redes de protección a la industria nacional. Los favorecidos han sido, por un lado, una camarilla de pseudoempresarios beneficiarios directos de las reformas -la llamada patria contratista- y, por otro, sectores económicos del exterior, que han aprovechado de la desindustrialización y el desmantelamiento del aparato productivo.

En la Argentina de hoy, el mercado y la competencia funcionan casi exclusivamente en determinados sectores y al nivel de pequeñas y medianas empresas mientras que en el resto de la economía predominan monopolios y oligopolios surgidos de contratos o concesiones leoninas hechos con el Estado.

El desafío consiste, justamente, en cambiar el modelo actual y establecer un capitalismo de producción y competencia, lo cuál requiere de un Estado activo que lleve a cabo las transformaciones institucionales necesarias.

De la recesión con deflación a la depresión con inflación



¿Estamos frente a un cambio de modelo? ¿Son idóneas las medidas de política económica adoptadas por la gestión Duhalde-Remes para revertir la crisis?

En primer lugar, el Gobierno no esta haciendo nada para cambiar el modelo vigente y reorientar el rol del Estado en la economía, promoviendo un capitalismo competitivo, sustentado en la industrialización y la mejora en la distribución de ingresos. Por el contrario, la inflación generada por la devaluación ha deteriorado el poder adquisitivo de la población profundizando la crisis y acentuando el carácter excluyente del modelo.

La más importante de las medidas adoptadas, el abandono de un sistema de tipo de cambio fijo por otro de flotación sucia, medida impulsada por el FMI y sectores vinculados a la producción de bienes exportables, produjo una fuerte devaluación del peso que ha sumado un nuevo problema a los ya existentes, la inflación. La recesión con deflación se ha transformado en depresión con inflación.

Las claves para interpretar la coyuntura y no confundirse con las marchas y contramarchas del Gobierno se encuentran en el programa económico que impulsa el FMI. La mayor preocupación del Fondo es obtener superávit en las cuentas externas de Argentina, es decir, la generación de saldos positivos en la balanza comercial para hacer frente a los compromisos financieros derivados del endeudamiento y las remisiones de utilidades generadas por las inversiones externas radicadas en el país. Todo ello manteniendo o, de ser posible, reduciendo los aranceles a la importación vigentes, objetivo estratégico de EEUU y el mundo industrializado.

La receta que permite resolver esta ecuación es simple: comprimir la demanda interna con la finalidad de reducir importaciones y aumentar exportaciones. Los instrumentos de política económica para alcanzar este objetivo son dos: la devaluación y el ajuste fiscal. Mediante la devaluación se reduce el consumo privado a través de la perdida de poder adquisitivo que provoca la inflación, mientras que por el ajuste fiscal se contrae el componente de la demanda que debería actuar como factor anticíclico y propulsor de la salida de la crisis.

La falacia de la vía exportadora



Obviamente, el marketing del modelo se realiza desde otro ángulo, ocultando su carácter excluyente y realzando su supuesta virtud. La baja de salarios reales haría más competitiva la producción local provocando un sustancial aumento de las exportaciones que impulsaría un nuevo sendero de crecimiento.

Para alcanzar su propósito los propagandistas de la vía exportadora suelen recurrir a la utilización de técnicas subliminales que facilitan la asociación entre la Argentina conservadora, rica, generosa y abundante, de principios de siglo, con una economía con escasa injerencia estatal, poco industrializada y centrada en la exportación. El sentido del mensaje es claro: el paraíso se perdió por culpa del populismo y la intromisión del Estado.

Sin embargo, la experiencia internacional es rica en ejemplos que refutan por ingenuo o malintencionado el argumento anterior. Hoy, en plena transnacionalización no se puede esperar del mercado, al menos para países en desarrollo, que produzca las transformaciones necesarias requeridas para consolidar un modelo industrial exportador.

Los ingenuos de mercado deberían estudiar con mayor detalle la experiencia latinoamericana y observar que las fuertes contracciones salariales tienden a consolidar un modelo regresivo de distribución del ingreso (concentrador-excluyente), en el que un pequeño núcleo de población captura un alto porcentaje de los ingresos en concomitancia con aumentos de la pobreza y el desempleo. Este tipo de modelo determina un perfil productivo de carácter primario-exportador con un limitado desarrollo industrial y una escasa absorción de empleo. En esa Argentina sobran veinte millones de argentinos.

Es mas, el superávit externo, objetivo de la devaluación, en lugar de orientarse al financiamiento de nuevas inversiones se termina aplicando, por un lado, al pago de compromisos financieros y retorno de inversiones extranjeras y, por otro, al consumo suntuario o ahorro en el exterior.

Este es el horizonte que tenemos. El grado de endeudamiento y la fuerte presencia de inversiones extranjeras en el sector productivo y financiero permiten prever que la exclusión, definida como pobreza, desempleo y bajos salarios, llegó para quedarse. Resulta ilusorio, al menos en el corto plazo, soñar con la difusión de una eventual bonanza derivada de una expansión económica motorizada por las exportaciones.

La virtuosidad de un esquema devaluación = mas competitividad = mas exportaciones no es automática en países en desarrollo. Construir un sector industrial exportador requiere de la activa presencia del Estado.

Alternativas



Las alternativas existen. Desde el rescate crítico de nuestra propia experiencia de industrialización sustitutiva a los modelos de industrialización orientada a exportaciones realizados en el sudeste asiático. En todos los casos las experiencias exitosas fueron el resultado de una fuerte presencia del Estado tanto en la planificación como en la ejecución de las actividades necesarias, en manos de una dirigencia eficiente y con vocación nacional.

Sin embargo, en el corto plazo la única posibilidad de reactivación reside en una inyección de recursos que movilice la economía mediante un golpe de consumo y un programa de inversión pública. El Gobierno cuenta con los instrumentos para implementar una acción de estas características a través de planes sociales, aumento de jubilaciones, realización de viviendas y obras de infraestructura.

La solución de la crisis económica actual no es un problema de teoría económica sino de política económica. Los instrumentos existen pero se requiere de decisión para su aplicación.

Por Alberto Pontoni. Mayo 2002




Década del 90 - Riego País

La Argentina enfrenta la crisis económica mas importante de su historia, caracterizada por serios desequilibrios internos (recesión y déficit fiscal) y externos (insolvencia y falta de liquidez) que comprometen seriamente su futuro. Si bien la crisis comenzó en la primavera del 98 alimentada por factores externos de carácter financiero no deben confundirse sus circunstancias detonantes con sus causas profundas. La reducción de los flujos de créditos para países emergentes que siguió a las perturbaciones del sudeste asiático, Rusia y Brasil, y la consecuente alza de las tasas de interés, el deterioro de los precios internacionales de nuestras commodities y las devaluaciones del real, del euro y el yen, sólo aceleraron una crisis previsible, no la provocaron.


A continuación pasaremos breve revista a estos desequilibrios y las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de superarlos.

Recesión. El PBI se contrajo el 3,5% -el per capita un 6,5%- en los últimos dos años y casi la tercera parte de la población esta afectada por precariedad laboral, desempleo abierto o subempleo, situación que se refleja en los altos niveles de pobreza.

Para recuperar el crecimiento el Gobierno confió, en un principio, en estimular la inversión a través de medidas de ajuste fiscal. De esta forma esperaba ganar la confianza de ahorristas y acreedores del exterior para ampliar el crédito internacional y poder bajar la tasa de riesgo país y, en consecuencia, la tasa de interés doméstico. El diagnostico oficial resultó ingenuo al creer que la mera reducción del déficit público era condición suficiente para recuperar el crédito externo y retomar el sendero del crecimiento. Más bien, el Gobierno se dejó adormecer por los cantos de sirena de los voceros económicos del establishment que le prometían el codiciado investment grade si profundizaba el achicamiento del Estado, evitando realizar una lectura de la realidad mas profesional y comprometida con su base social.


El poco respaldo brindado por los acreedores externos, que se refleja en el paulatino incremento de la tasa de riesgo país, llevó al temprano fracaso de esta política obligando al Gobierno a un cambio de orientación, que privilegió la negociación directa con los titulares de concesiones de servicios públicos, es decir con los beneficiarios de las privatizaciones del 90, ofreciéndoles nuevas oportunidades de negocios a cambio de inversiones frescas con efecto reactivador. La extensión de las concesiones de rutas, renegociación de contratos ferroviarios y de otros servicios públicos, como correo, aguas, aeropuertos y telefonos, deben ser entendidas en este nuevo contexto (Reincidiendo en la cuestionable práctica de negociar precios, plazos y condiciones sin licitación).

Finalmente, el Gobierno parece estar comprendiendo que no puede continuar con esta política de ajuste perpetuo que no muestra resultados en lo económico y lo enfrenta a la sociedad. De allí que haya aceptado un déficit fiscal de $ 7.000 millones para el 2001, en lugar de los $ 4.800 originalmente previstos y la postergación por dos años de la meta de presupuesto equilibrado.

Déficit Fiscal. La administración menemista dejó un país con elevado y creciente déficit fiscal. Sin considerar lo obtenido por la venta de acciones de YPF y de licencias de comunicación y tomando en cuenta el rojo del PAMI, 1999 cerró con un déficit a nivel del Gobierno Nacional de 9.300 millones (3.3 % del PBI) y con una proyección para el 2000 de 12 mil millones (4.2% del PBI). De considerarse el conjunto del sector público argentino, es decir Nación mas provincias y municipios, el déficit del 99 superó los 13 mil millones de dólares.


Por las razones antes enunciadas así como para desactivar el explosivo crecimiento de la deuda pública, que a fines de 1999 alcanzaba a 116 mil millones de dólares (de los cuales, 110 mil millones eran en moneda extranjera) y que insumía intereses por 10 mil millones, el Gobierno implementó medidas destinadas a achicar en una tercer

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