Un viejo proverbio dice que resulta cuando menos absurdo repetir las mismas recetas y esperar un resultado diferente. Sin embargo, esa parece ser la realidad actual en materia económica..
La notable recuperación de la economía de nuestro país en los últimos tres años sirve de pie a varios de los funcionarios más encumbrados del gobierno nacional para asegurar que la receta seguida es la correcta y que por lo tanto no solamente este es el camino correcto sino que el mundo desarrollado y los organismos internacionales de crédito hacen planteos sustancialmente erróneos que ya no podrán imponernos.
Dejemos de lado cuestiones políticas, de personal soberbia o de ignorancia en la ciencia económica de no pocos de quienes así se expresan y centrémonos en la breve historia reciente y en sus porqués.
Durante los años de la llamada convertibilidad el déficit estatal tanto nacional como provincial y municipal llegó a niveles superiores a los 15.000 millones de dólares anuales que eran cubiertos con endeudamiento externo ya que la emisión de moneda sin respaldo estaba vedada por imperio de la ley. La baja productividad local, pese al evidente adelanto en tecnología alcanzado en esos años en prácticamente todos los rubros, provocaba la sobrevaluación del peso y la consiguiente baja de la competitividad en el sector externo. A tal punto, que Buenos Aires llegó ser en un momento, la Capital más cara del mundo después de Tokio. Se trataba de un encarecimiento producto de tal sobrevaluación, y el creciente endeudamiento cubría la diferencia. Vivíamos, como quien dice, de prestado.
Cuando las crecientes dificultades con el endeudamiento exterior se hicieron insoportables, comenzaron a surgir las llamadas cuasimonedas, que inmediatamente se convirtieron en una pandemia de proporciones cósmicas, con alguna excepción provincial producto de riquezas propias y naturales que no sufría las consecuencias directas y no la afectaba mayormente la coparticipación federal.
Esta situación, votada y aceptada por todos los sectores de la vida política nacional casi sin excepción, continuó hasta el estallido a fines de 2001. La crisis y la salida de la convertibilidad generaron una descomunal devaluación, pese a que el ministro Remes Lenicov hubiera anunciado que la misma no superaría $1,40 por dólar luego de que supuestos sesudos estudios técnicos así lo hubieran determinado. Pocas semanas después, la moneda norteamericana había alcanzado los $4.- por unidad, y no pocos economistas pronosticaban que pronto llegaría a los $ 10.-. Tales economistas han sido vapuleados varias veces por el presidente Kirchner por haberse equivocado en sus estimaciones. Pero, sin embargo, la certeza del cálculo de Remes Lenicov, defenestrada en horas por una realidad incandescente, ni siquiera fue puesta sobre el tapete por el primer mandatario. Nunca.
La enorme devaluación constituyó un literal "pelito al campo" para los tenedores de pesos convertibles a los cuales la ley y el Banco Central habían prometido un dólar por cada peso circulante. Nadie que sepamos inició una demanda por eso, pero la realidad es que el pagaré llamado peso fue la primera deuda que el Estado dejó de pagar, con el argumento falso de que los dólares "no estaban". Lo que no solo no era cierto sino que aunque lo hubiera sido debería haber dado lugar a la entrega de algún título o bono por la diferencia.
El colchón devaluatorio produjo a su vez una diferencia monstruosa de ingresos a favor del Estado. Éste, por un lado dejó de gastar 100.000 millones de dólares mensuales y pasó a gastar unos 25.000 millones, por el otro implementó rápidamente el viejo recurso de los derechos de exportación (verdadero kamikaze del crecimiento de cualquier país) para quedarse con parte de la enorme diferencia que el sector exportador primario obtenía al vender en dólares y pagar en pesos devaluados la mayoría de sus costos, incluidos, claro está, los salarios.
A esto se sumó el no pago de la deuda externa, el llamado default que dejó en el viento ("provocó un ahorro" según las expresiones presidenciales) la friolera de 67.000 millones de dólares. Aquella bonanza de los años convertibles se había volatilizado y licuado en la devaluación y en el "pelito al campo", interno y externo.
De tal manera el Estado comenzó a tener el impresionante superávit que hoy le permite, a su arbitrio, dar subsidios aquí, allá o acullá, según el comportamiento de los diversos sectores, que incluye poder político, presiones económicas, amistades y hasta cuestiones regionales vinculadas con el origen de nuestros actuales gobernantes.
La política seguida en materia de tarifas de la energía, o la más reciente en aplicación respecto de la carne vacuna, muestran a las claras la intención del actual gobierno en el sentido de que el mundo exterior no afecte a nuestro país. En sí misma tal pretensión es decididamente inconsistente. El aumento de la demanda de carnes a nivel internacional es producto entre otras cosas del surgimiento de la llamada gripe aviar, también del brote aftósico en Brasil, como hemos señalado oportunamente. Tal demanda adicional empuja a la suba los precios locales, que a su vez se sostienen por la sobreabundancia de pesos en circulación y ciertas "recomposiciones" de ingresos y salarios. Los esfuerzos del gobierno por retrotaer el precio de la carne mediante controles y acusaciones varias, han llegado a picos impensados. La prohibición de exportar emanada de una simple resolución ministerial (cosa que en un Estado de Derecho ni siquiera en tiempos de guerra se hace por esa vía), o el nombramiento del Sr. Guillermo Moreno para negociar precios de consumo interno desde la reflotada Secretaría de Comercio son apenas ejemplos. Moreno es calificado como un "duro" y según el Dr. Roulet, vicepresidente de CRA, ha llegado a decir en una reunión que si los productores cordobeses no pueden sobrevivir con un precio del kilo vivo de novillo de $ 2,40 "que se fundan". Si esto es verdad, cosa que no nos consta, estamos como en los tiempos del recordado Dr. Mazzorín, cuando decía públicamente que el precio del pollo lo pondría él, y estaba a su arbitrio la voluntad de bajarlo tanto como para destruir el mercado avícola. Todo ello en nombre de la Constitución y las leyes de la República. Y del Estado de Derecho.
En materia energética es obvio que la baja de la producción petrolera, según datos de los primeros 9 meses de 2005 (supera el 5%), e inclusive de la del gas en igual período (del orden del 1,5%) es un claro indicativo de los efectos de una determinada política de congelamientos de precios y retenciones a las exportaciones que llegan al 45% en el marco de un valor internacional del petróleo que se aproxima raudamente a los 80 dólares. Si pensamos que las naftas tienen al consumidor un componente impositivo cercano al 60% del valor bruto de venta (es decir de cada peso, 0,60 son impuestos) tenemos una verdadera pintura de hasta dónde puede llegarse en materia de sostener artificialmente baja una realidad que tarde o temprano resultará insostenible.
El gasoil sigue subsidiado para el transporte, y los pasajes de colectivos y trenes se mantienen también artificialmente bajos al tiempo que el dólar oscila en $3,10 cuando hace 4 o 5 meses estaba en $2,85. El deterioro del parque automotor en estos rubros es evidente en estos años.
Nada de esto es nuevo en la Argentina: sostener el tipo de cambio alto para financiar sectores elegidos por el gobierno se compadece con la política de resultar competitivos sin serlo. Eso y no otra cosa es el dólar competitivo. La inyección de moneda y el endeudamiento en Lebacs para retirarla de circulación y evitar la explosión inflacionaria son de una ortodoxia monetarista a prueba de cualquier discurso. Pero como no es suficiente aparecieron y se multiplicaron rápidamente los "acuerdos" de precios y los controles.
En momentos de escribir estas líneas, es vox pópuli la puesta en vigencia de la vieja ley de abastecimiento del año 1974, que aplica incluso penas de prisión a quienes no respeten los precios "acordados".
Nadie habla de respetar el valor de la moneda. Todos en cambio, hablan de respetar los precios en tal moneda.
Pero el respeto de los precios no obedece a lo que linealmente alguien pueda hacer en tal sentido. La oferta y la demanda siempre cumplen su rol, de lo contrario y dejando de lado la arbitrariedad, no tiene sentido suspender exportaciones de carne.
En los países de controles más férreos del mundo, como Cuba o China, existe un fenomenal mercado negro que cualquier visitante percibe en los primeros minutos nomás de haber ingresado en ellos. Hacemos este comentario alejados de cualquier consideración política. Tan sólo expresamos la realidad de que el mercado siempre funciona, y la ley de oferta y demanda no puede ser abolida. Nos preguntamos entonces cuál es el sentido de colocar a "duros" que afirman que no "negocian" con productores sino con Estados y que al parecer se despreocupan de cómo pueda resultar el negocio para los productores. Descartamos que no se pretende literalmente generar condiciones como las de los países que citamos a guisa de ejemplo. Más bien se intenta una especie de conjunción entre las leyes del mercado y la intervención estatal. Pero tal intervención es desmadrada, pasional y demonizadora. Y entendemos que la realidad no funciona así.
La creación de un fondo fiduciario al cual se destinarán los excedentes del precio de $ 2,40 por kg de novillo pretende ser novedosa pero no es otra cosa que una nueva retención. Que por lo demás ratifica que el precio puede y seguramente superará los 2,40 pesos. Claro, el punto es que no llegue a las carnicerías. Pero en sí es una contradicción más entre lo que se declama y lo que los mismos funcionarios esperan. Como esperan también que la inflación del año sea del 11% según el Presupuesto Nacional.. Siendo la inflación un fenómeno monetario no se entiende de qué otra manera se gestará que no sea por la acción de la Casa de Moneda.
Por qué los precios habrán de mantenerse congelados y la inflación seguirá sumando números constituye un misterio insondable. A menos, claro está, que el propio gobierno sepa que tal inflación es, primordialmente, un recurso impositivo más y no tenga el menor interés es desprenderse de él.
En los años 70 el mercado negro de la carne era de un tamaño descomunal porque por más tipificaciones que imponía la Junta Nacional de Carnes, lo cierto es que los precios corrían por otro andarivel. Nada más y nada menos que el de la realidad. El fondo fiduciario que supuestamente se implementará, afectará al mercado de Liniers, pero no puede implementarse respecto de las operaciones privadas, con lo cual o éstas se prohiben y persiguen, o habrá un mercado negro al otro día del implementado el fondo.
Cuesta creer, y lo decimos con el énfasis que nos produce la preocupación, que con estas políticas y estas leyes se pretenda obtener resultados diferentes a los obtenidos en su tiempo.
Volver a lo mismo y esperar resultados diferentes, sin embargo, parece ser el criterio elegido. Lamentablemente
Buenos Aires, 22 de abril de 2006
© HÉCTOR BLAS TRILLO
