Hemos señalado reiteradas veces que es fácil iniciar la intervención en los mercados, lo complicado es salir de ella
Los problemas con el sector agropecuario se multiplican. Las insólitas listas negras que circularon en el Mercado de Liniers sirvieron únicamente para que ingrese menos hacienda o de menor calidad al tiempo que se multiplicaron las operaciones directas o en el campo.
El manejo del precio de referencia del trigo o las trabas a las exportaciones de maíz cerrando el “registro” de exportadores se agregan a los remanidos controles de precios que se disfrazan como acuerdos, que a su vez se postergan en el tiempo nada menos que por un año más.
Ciertas conclusiones del secretario Moreno respecto de fórmulas polinómicas de márgenes de utilidad y referencias a San Agustín de las cuales nos hemos ocupado oportunamente, no hacen sino escarbar en las profundidades de la naturaleza humana y sus afanes de lucro, con la intención de modificarlas, arrogándose así la paternidad de la ética.
En el medio, los empresarios en general adoptan una actitud sumisa y en muchos casos silenciosa ante la seguridad de obtener subsidios, financiamiento blando, desgravaciones impositivas o esquemas promocionales varios que compensen las diferencias que conlleva la venta de artículos a precios congelados en un marco inflacionario y devaluatorio.
La crisis energética llevó de apuro a tratar de construir dos centrales térmicas (una en Campana y la otra en la localidad de Timbúes en Santa Fe, cuya licitación se ha efectuado por un monto de algo más de 1.000 millones de dólares. Poca gente sabe de dónde saldrá ese dinero. Pues bien, aproximadamente la mitad provendrá de un fondo creado por las diferencias de precio que las generadoras de electricidad no pueden trasladar a las distribuidoras ya que éstas últimas tienen congelados los precios al consumidor, es decir sus tarifas. El gobierno “separa” por así decirlo, la diferencia y, en lugar de pagar la deuda, lo que hace es exigirle a tales generadoras a que cobren sus acreencias en inversiones en nuevas centrales, como el dinero así y todo no alcanza, el resto también debe ponerlo el Estado u obtenerlo de algún lado. Ese resto, que en rigor es la mitad, saldrá probablemente de las AFJP (¡cuándo no!). Y el gobierno insiste en que acá no hay crisis energética bajo ningún aspecto. El flamante secretario de Finanzas parece que será el encargado de esta última gestión .ante las AFJP
La aparición de mercados negros (sobre todo en la carne) y la desaparición o escasez progresiva de los artículos con precios acordados con el gobierno muestran a las claras que la política intervencionista está comenzando a dar los resultados esperados. Esto es: inflación no reflejada en los índices de precios, mercados negros y escasez de productos.
Todo ello en un marco asaz favorable en materia de precios internacionales de las commodities con aumentos sostenidos en la recaudación fiscal, con superávit suficiente y con reservas casi excesivas en la medida en que el señoreaje no genere tasas de interés suficientemente aceptables debido al temor a los embargos de parte de los llamados hold outs.
Un crecimiento superior al 8% en el PBI para este año. Una expectativa de más del 7% para el año venidero. Una baja sostenida del índice de desocupación y hasta una mejora en la cantidad de trabajo en blanco, pese a que se calcula que no menos de 6 millones de personas trabajan en negro.
La preocupación del gobierno en el sentido de que los índices de precios no reflejen la realidad inflacionaria creada por el propio gobierno y su política de expansión monetaria ha llegado a un grado de ridiculez preocupante. Las distintas formas de apriete, de las que nos hemos ocupado reiteradamente, no se enmarcan en la seriedad de un modelo económico que se pretende superador.
La repetitiva referencia de la ministra Miceli a las ganancias excesivas, que hace suya sin solución de continuidad el secretario de comercio, resultan francamente inadmisibles si con ello se pretende contener la inflación. El flagelo inflacionario nada tiene que ver con los márgenes de ganancia. En décadas anteriores a los 90, la Argentina tuvo récords inflacionarios con empresas que no sólo no ganaban, sino que tenían déficit pavorosos (como el caso de YPF o ENTEL, por dar ejemplos). Las empresas privadas, sometidas a controles de precios y con prohibiciones de despedir a sus empleados, con salarios fijados por el gobierno y con una ley de abastecimiento que permitía apresar a quienes no abastecieran el mercado, no eliminaron en absoluto el flagelo inflacionario que llevó al peso argentino a perder la friolera de 13 ceros entre 1970 y 1991. Lo único que se consiguió en aquellos años es vaciar las góndolas de las despensas, generar mercados negros múltiples con tipos de cambio múltiples, demorar meses y meses las entregas de vehículos para que llegaran al comprador sin la rueda de auxilio y sin los limpiaparabrisas, por ejemplo.
Ninguna campaña de abaratamiento, ningún auto económico, ningún “pan porteño”, ninguna “canasta” de ninguna índole, ninguna campaña contra las subas de precios, ninguna lista de precios máximos y ninguna veda de lo que fuere pudieron evitar que un peso actual equivalga a 1 billón de pesos moneda nacional del 31 de diciembre de 1969.
Las listas de precios máximos de la década del 80 distinguían hasta el diámetro de los huevos de gallina. Y las vedas de carne llegaban al grado de detalle de permitir comerciar empanaditas pero no pastelitos.
Quien no haya vivido esas épocas puede creer que estamos bromeando. En absoluto. Esta gente creía que así podríamos construir un país en serio y llegar a ser una Argentina potencia, como se decía en los 70.
En su momento se llegó a prohibir, por ejemplo, que los comercios estuvieran abiertos más allá de las 18:30 hs, para evitar las jornadas extensas de los empleados del ramo. De tal manera, la gente salía de las oficinas del Microcentro y se encontraba con que hasta los puestos de venta de diarios y revistas estaban cerrados.
El Estado fijaba precios, fijaba sueldos, fijaba tasas de interés, fijaba tipo de cambio, fijaba márgenes de utilidad, fijaba la imposibilidad de modificar la situación de los trabajadores, fijaba la obligación de aportar al sistema jubilatorio y a la obra social, fijaba qué productos estaba prohibido importar (como los perfumes, por ejemplo). Fijaba absolutamente todo. Y la moneda perdía valor a raudales. Aún en tiempos del llamado plan austral que se publicitaba con el argumento de que un austral equivalía a 80 centavos de dólar, al tiempo que el billete de un austral era de color verde. Con esta idea, se argumentaba que un austral valía más que un dólar, engañando a la población con la idea de que nuestra moneda era más valiosa que la norteamericana, cuando se trataba (y se trata) de un problema de unidad de medida o de cuenta, simplemente.
Con algunas diferencias, a todo esto estamos volviendo. Tarifas de servicios con precios políticos, subsidios a sectores preferidos por el gobierno por la razón que fuere, regímenes promocionales de todo tipo (superan los 50 entre nacionales y provinciales), precios congelados, etc.
Adquirir tecnología en el Exterior es caro porque el dólar es caro porque el gobierno quiere que sea caro, por lo tanto también tenemos retraso tecnológico progresivo. Con lo cual no sólo no somos competitivos sino que lo somos cada vez menos, excepto, claro está, en el sector primario.
¿Cuál es el origen de esta situación? La ineficiencia del Estado argentino en general. Hoy por hoy cualquier empresa destina empleados y tiempo a cumplir con la enormidad de exigencias de los organismos públicos. La cantidad de aplicativos de la AFIP y de las direcciones de Rentas provinciales debe superar fácilmente los 100. Los regímenes de información se multiplican, los anticipos de impuestos son mensuales, las retenciones deben informarse, los impuestos como el IVA y los Ingresos Brutos también son de presentación mensual y así sigue la cosa. El destino de los fondos es incierto, se dirige a sectores preferidos, a subsidios determinados, a provincias y municipios amigos. No decimos nada nuevo.
Los partidos se arman entre familiares y amigos. No hay elecciones libres de internas que designen candidatos. La reforma política de la que tanto se hablaba en 2002 ha quedado en el olvido. Nadie parece preocuparse del gasto. De tal modo que las provincias en su conjunto terminarán 2006 con déficit, volviendo a las andadas.
Los servicios públicos aguantan por las inversiones hechas en los 90, guste o no. Y en buena medida impagas por el default. Pero poco a poco se deterioran y comienzan a escasear o empeorar.
El país crece en algunos sectores claves: la actividad primaria, la construcción. Se recupera en otros: la industria automotriz. Pero en conjunto no llegan las inversiones necesarias para continuar a futuro desarrollándose, porque la incertidumbre política y la falta de reglas de juego espantan al capital.
Los precios de los alimentos en el mercado internacional dieron por tierra con un montón de teorías sobre términos del intercambio, y los caramelos terminaron siendo una industria de avanzada al tiempo que el acero ha pasado a un riguroso segundo plano en los tiempos de la cibernética.
Las planificaciones tienen siempre la impronta de reprimir la inventiva. Cuando determinadas personas o sectores entienden que hay que promocionar la fabricación de algo, se limita la posibilidad de incentivar a quien puede crear lo nuevo. Las economías más intervencionistas, y las más centralizadas, son por definición las que más retrasan tecnológicamente. Y no sólo por el encarecimiento artificial del tipo de cambio como ocurre entre nosotros, sino porque simplemente alguien decide que el futuro es el acero, por dar un ejemplo, y gasta el dinero de los demás en fabricarlo, limitando las posibilidades de esos demás para producir con su dinero lo que les plazca.
El gobierno argentino resalta la obra pública como promotora de crecimiento. Pero la obra pública es consecuencia de la utilización del dinero que se recauda de la gente vía impuestos e inflación. Dinero que en poder de esa gente probablemente tendría otros destinos, entre los cuales se encuentra sin dudas la iniciativa y el emprendimiento individual o social.
También hay que decir que esa obra pública es entre otras cosas la gran demandadora de materiales de construcción, y por lo tanto responsable de buena parte del crecimiento del sector. Si tomamos en cuenta que una de las razones de la salida de Lavagna del gobierno fue la acusación de sobreprecios de parte de Vialidad Nacional; y la famosa causa del cartel en el que varias empresas del mismo rubro fueron condenadas, siendo que el principal comprador es el Estado, queda bastante claro dónde está el quid de la cuestión.
La sabia Constitución de 1853, fundamentada por Juan Bautista Alberdi, prefiere resguardar los intereses particulares en su declaración de derechos y garantías. Pretende impedir que sea el Estado quien decida. Pretende que ese Estado se encargue de garantizar que tales derechos serán respetados. Compárese esto con la realidad actual y se verá cuán lejos estamos de cumplir con lo que nuestros mayores escribieron.
El intervencionismo es el camino inverso. Es el Estado quien decide qué haremos de nuestras vidas, y no al revés. No es el gobierno nuestro mandatario, sino nuestro mandante. No son los legisladores nuestros representantes, sino quienes nos extraen recursos para emprender lo que los gobernantes consideran que es mejor para nosotros. Porque nosotros, sin tales gobernantes, no estamos en condiciones de decidir qué preferimos y qué no. Esta es la verdadera historia de los tiempos que corren.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2006
HÉCTOR BLAS TRILLO
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