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Nuestra historia como país es un claro ejemplo de marchas y contramarchas, signadas de profundas crisis políticas, económicas y sociales. Es difícil encontrar un período histórico de desarrollo sostenido en el tiempo, salvo el transcurrido desde Caseros hasta la crisis del 30. Creemos que para ser una nación exitosa se requiere el esfuerzo del conjunto de la sociedad y para ello es necesario alcanzar un consenso nacional que siente las bases de un plan para el desarrollo de la república.

El gobierno es quien debe asumir la iniciativa de una convocatoria abierta y comprensiva de todos los sectores para debatir un proyecto de país que beneficie a todos a través de un crecimiento sostenido y un reparto equitativo de la riqueza. En la agenda de ese gran encuentro deben figurar los siguientes temas:

1. Qué producir . Deberán analizarse con realismo las posibilidades competitivas de los diferentes sectores y transformarlos en locomotoras del desarrollo conjugando el esfuerzo privado y público. Las inversiones deberían estar orientadas hacia actividades productivas eficientes en lugar de aquellas de carácter especulativo que terminan perjudicando la economía. Necesariamente deberán considerarse problemas que hoy frenan el crecimiento o pueden transformarse en amenazas futuras, como la falta de crédito para inversiones industriales y la creciente tendencia al monocultivo en el agro.

2. Seguridad jurídica . Crear un marco jurídico e institucional sólido y transparente, con reglas claras y estables que fomenten las iniciativas. Es necesario mantener políticas de largo plazo y no sujetas al gobierno de turno. Se deben fijar lo que los países desarrollados establecen como “políticas de estado”. El cambio de reglas permanente, hace de nuestro país un destino lleno de inestabilidad e incertidumbre que impide el planeamiento a largo plazo.

3. Inclusión social . Es necesario contemplar el acceso a un trabajo digno de los excluidos, ya que no es factible un modelo con gran parte de la población fuera del sistema. La capacitación y la educación son las llaves para esa integración. Asegurar una educación de excelencia en todos los niveles es fundamental. Para esto se debe mejorar el sistema educativo primario de las zonas marginales, especializar en los niveles medios para que los jóvenes cuenten con conocimientos técnicos adecuados para su rápida inserción laboral y fomentar las carreras que cubran las necesidades profesionales de acuerdo al modelo adoptado.

4. Tecnología . Invertir en I&D en busca de tecnologías que permitan elevar la competitividad nacional y alcanzar niveles óptimos de calidad para nuestros productos. En un mundo de acelerados cambios es necesario buscar la innovación permanente para no retrasarse frente a futuros competidores.

Conclusión . Luego de analizar las posibilidades del país nos damos cuenta de la necesidad fundamental es mirar en positivo y a largo plazo, para conseguir un crecimiento sustentable en el tiempo. Si no se logra un consenso nacional que se plasme en un proyecto de país seguiremos perdiendo tiempo y oportunidades en discusiones inútiles.

Por Norberto Quiroga Vergara y Ramón Fernández Casares

Reglas Claras

Reglas claras. La experiencia de los países que han logrado desarrollarse exitosamente muestra la necesidad de contar con reglas claras, que se mantengan en el tiempo y que no se modifiquen con cada cambio de gobierno. Para ello, resulta necesario que los principales actores de la sociedad (partidos políticos, gobierno, empresas, sindicatos) se pongan de acuerdo sobre un modelo de país y de esa manera dar estabilidad política y económica. Si las reglas de juego y quienes deben aplicarlas cambian constantemente, ya sea en contenidos o interpretación será difícil obtener buenas inversiones y proyectos de largo alcance ya que sólo se verán interesados en producir en el país aquellos atraídos por exageradas ganancias de rápida realización.

La seguridad jurídica no es un precepto ideológico en sí mismo, sino la condición necesaria de cualquier programa o política de largo alcance. Podemos señalar, como en el dicho, que a "río revuelto, ganancia de pescadores". Esto no sirve para desarrollar un país.

Respeto legal. Sin embargo no basta con reglas claras, también es necesario que se respeten. Esta es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, sin importar si otros las cumplen o no. Muchos no pagan impuestos y se escudan en que hay empresas que tampoco lo hacen o muchos dirigentes que no declaran. Empecemos por cumplir nosotros mismos y nos será más fácil decir que no cuando nos ofrezcan algún negocio raro.

Justicia. Que haya reglas y que algunos las cumplan tampoco es suficiente. Quien no respete la ley debe ser castigado, sin importar si es un dirigente o un individuo común. Si es una personalidad importante la que no cumple y es castigado mejor todavía, de esa forma nadie tendrá como excusa que el otro no hace y no pasa nada. En nuestro país abundan los ejemplos de casos sin culpables (que a veces ni siquiera son investigados), que incluye a toda clase de actores. Incluso hay impunidad en los pocos casos de corrupción que salieron a la luz, como el de IBM-Banco Nación.

Transparencia. Combatir la corrupción es otra condición necesaria para el desarrollo. A los países que les va bien es donde menos corrupción hay, mientras que la falta de transparencia suele estar acompañada de atraso y pobreza.

Responsabilidad. Los principales culpables de los problemas del país somos nosotros mismos. Somos los que elegimos a quienes nos gobiernan y a pesar que a veces nos podemos equivocar en otros casos no tenemos excusa ya que renovamos la confianza en gente que hizo una mala gestión.

Educación. La educación es otro tema a resolver. La observación de los modelos exitosos muestra el acierto de quienes invirtieron en educación, principalmente en ciencias relacionadas con la técnica y la investigación.

Mi reflexión. Para que el país crezca, tiene que haber reglas claras, que se mantengan con el tiempo y que quienes no las cumplan sean castigados. Todos deberíamos trabajar para crecer, sin boicotearnos, y pensar más allá que sólo en nosotros mismos.

Por Jonathan Hazan

La inflación es un fenómeno esencialmente monetario y no de márgenes de utilidad o “carteles” que suben precios. De la comprensión del problema depende la solución. El punto es si se desea resolver el problema o por el contrario se pretende postergar sus efectos.

Los acontecimientos acaecidos en la semana que concluye muestran a las claras que estamos ante la evidencia de que el problema inflacionario ha llegado para quedarse, tal como hemos venido señalando desde hace más de un año. Sorprende especialmente la falta de claridad técnica observada en los funcionarios en general, y de Economía en particular. Si bien puede ser entendible (aunque de ningún modo justificable por el daño que infiere a la población) que el ala política del gobierno acuse a empresarios incluso con nombre y apellido de pretender obtener ganancias excesivas o “injustificadas”, no parece de buen tino que la recientemente designada ministra del área anuncie medidas de fiscalización de precios a cargo de intendentes bonaerenses como parte de las “medidas antiinflacionarios” encaradas por el Gobierno Nacional.

Es obvio que ni los “carteles”, ni los empresarios que pretenden ganar dinero o incluso muchísimo dinero no producen en sí inflación, y por lo tanto el razonamiento es, desde el vamos, muy poco técnico, por no decir otra cosa. Los primeros, es decir los “carteles” constituyen una violación de las leyes de competencia que deben ser sancionados tal y como corresponde. En cuanto a los márgenes de ganancia, nada tienen que ver con un proceso inflacionario aún visto desde el punto de vista más elemental. Nadie paga por un producto lo que no vale, y si paga por él, entonces lo vale. Es tan sencillo que cuesta creer que verdaderos técnicos y economistas puedan caer en el discurso político de acusar a comerciantes de un problema monetario generado por la política elegida de sostenimiento de tipo de cambio alto. O competitivo, como le gusta decir al Presidente. Volvernos competitivos sin serlo, porque siéndolo, no es necesario un tipo de cambio artificialmente elevado.

Los artilugios monetarios como el del tipo de cambio elevado artificialmente, se sostienen con emisión de moneda no requerida por el mercado. Ese solo hecho produce

inflación. La moneda excedente, como los tomates excedentes, o el producto que fuere, provoca baja de valor, precisamente por ser sobreabundante. Es por eso que el aire es gratis aún siendo imprescindible.

No es que queramos caer en lecciones elementales de economía, sino que nos preocupa sobremanera el sesgo acusatorio que han tomado los hechos. Enviar a intendentes con grupos de personas a verificar precios es la antesala de cosas peores que ya hemos vivido, y varias veces. Que un comerciante quiera vender un producto a un precio más elevado es cosa de él, y es nuestro derecho no comprarlo. Pero que el comerciante tema ser atacado, saqueado, sitiado por un piquete o algo por el estilo por vender libremente un producto al precio que quiera es gravísimo. Es verdad que se reitera oficialmente que de ninguna manera es éste el fin perseguido, pero dudamos de que alguien pueda estar tranquilo ante este panorama.

No queremos caer en comentarios de tinte político, pero no podemos dejar de observar una realidad: el modelo económico de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto ha llegado a su fin, porque los efectos no deseados, o como se dice ahora los “daños colaterales” son cada vez más evidentes y es necesario salir a corregir el problema con medios técnicos, sobre los cuales podremos discutir, estar de acuerdo o no estarlo. Pero con medios técnicos, no con discursos altisonantes acusatorios y hasta clasistas.

Los datos con que contamos muestran en noviembre un crecimiento del índice de precios del orden del 1,2%, valor que podrá disimularse un poco y de hecho estimamos que no se corresponde con la realidad, pero que muestra a las claras que estamos en un problema generalizado de suba de precios de toda la economía, es decir, de un proceso inflacionario desatado, con tasas todavía bajas para nuestra historia, pero descomedidas en el marco internacional. Recordamos a quienes nos siguen que a principios de este año, nuestras estimaciones estaban en el orden del 13 o 14% para todo el período, cosa que podrá morigerarse tal vez con los corsés sobre algunos precios “pactados” con supermercadistas, pero que no es más que una postergación, volvemos a decir.

Los productos que se venden en los supermercados, con ser cruciales para la vida ciudadana, no son ni el 10% de los bienes y servicios en general que maneja una economía. Tomar a tales establecimientos como el centro del problema es, además, limitante y francamente discriminatorio. Las bajas de precios acordadas por la Licenciada Miceli llevan a preguntarse si los bienes producidos alcanzarán a satisfacer la demanda a tales precios reducidos, o si en cambio se producirá desabastecimiento. Porque una demanda excedente debe ser satisfecha y para ello es preciso una producción adicional, que requiere inversiones. Basta el ejemplo del gas para comprender lo que queremos decir.

En la Argentina han subido y continúan subiendo TODOS los precios, y también los salarios. Desde alquileres hasta taxímetros, desde tasas e impuestos hasta servicios médicos.

Cabe preguntarse si algún inversor está dispuesto con este panorama a instalar un supermercado, por ejemplo. O un tambo.

La preocupación del Dr. Lavagna respecto a la necesidad de promover inversiones era similar a la que muestra la flamante ministra Miceli. La búsqueda de aprobación del nuevo régimen de desgravación de ganancias invertidas en bienes de capital a punto de sancionarse muestra claramente la paradoja de que es necesario lanzar ofertas para lograr lo que el mercado no logra: más inversión.

Los márgenes de utilidad de las empresas son los posibles. Y es lógico que cada empresario pretenda ganar más dinero, porque para eso se dedica al comercio o a la producción. Que algunos precios suban debe ser convalidado por el mercado, es decir por la demanda. Y si no hay suficientes medios de pago, algunos precios bajarán.

Quien compra fideos deja de comprar carne. Así de sencillo. A menos que el Estado convalide el nuevo escalón con emisión de moneda, que es lo que viene ocurriendo.

Si observamos el nuevo Presupuesto Nacional veremos que la inflación estimada para 2006 marca un tope máximo del 11%. Es decir que el propio Gobierno acepta que los precios subirán un 11%. ¿Esto significa que si los precios son “remarcados” hasta allí ello es razonable y no un abuso, pero si llegaran a ser incrementados un 12% sería irracional y abusivo?.

Hemos podido escuchar a conocidos periodistas afirmando que la baja del 15% acordada con algunos empresarios demuestra que los márgenes de ganancia eran amplios y que pueden ser menores. ¿Esto quiere decir que el fenómeno inflacionario desaparecerá si los comerciantes y empresarios ganan menos dinero?, ¿O se limitará a un módico 11% que para tales periodistas “está bien”?.

Resaltamos este punto porque nos parece que tanto discurso errado contribuye a torcer la idea que el hombre común puede hacerse de qué cosa es la inflación.

Vender algo más barato aumenta su consumo, y si el precio no sube debe aumentar la producción, o el bien se agota, como el gas. Y para aumentar la producción, insistimos, hay que invertir, para lo cual hacen falta reglas de juego claras, estabilidad en las normas, seguridad jurídica, y no exponernos a que un piquete o un grupo de saqueadores comandado por quienquiera que fuere nos quite bienes y haciendas ante la mirada impávida de las autoridades, como ha ocurrido y probablemente ocurra nuevamente, lamentablemente.

Quienes cuentan con algunos años tal vez recuerden que en los años 50 los almaceneros iban a parar a la cárcel de Devoto por “especular y subir los precios”. La moneda nacional tiene hoy 13 ceros menos que la vigente en 1969. ¿Es esto culpa de especuladores y comerciantes deshonestos?. ¿Combatiendo la deshonestidad se combate la inflación?.

Estamos ante la lucha contra los molinos de viento. Estamos en la antesala de un problema mucho mayor. La inflación es el impuesto más injusto y afecta primero que a nadie a quienes perciben remuneraciones fijas.

Pretender derogar la ley de la oferta y la demanda es una vieja aspiración desde el emperador Diocleciano en adelante. El resultado es de todos conocido. Al menos eso creíamos.

Esperemos que la sensatez vuelva allí donde parece haberse escurrido. Hemos tenido una recuperación notable y ya superamos incluso los niveles productivos de 1998, los mejores de la historia. Continuar creciendo implica morigerar el gasto público y hacer eficiente la administración, de manera que la asignación de recursos sea por lo menos buena. La baja de los impuestos puede lograrse si el dinero proveniente de ellos no se malgasta, para poder contar con los servicios que presta el Estado sin tener que abonarlos dos veces, como ocurre con la seguridad o con la educación. Por ejemplo, bajar la carga pública que significa cumplir con innumerables exigencias de los entes de recaudación de impuestos, por ejemplo, bajaría dramáticamente los costos de administración de cualquier empresa, sea esta pyme o no.

El camino a seguir es claro y conocido, pero de eso no se habla, al menos hasta ahora.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2005

Copyright © Cdor. Héctor Blas Trillo - Reservados todos los derechos contador@hectortrillo.comEstudio Héctor Blas Trillo

Economía y tributación

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Con fecha 23 de noviembre pasado la AFIP publicó en el Boletín Oficial la Nota Externa Nº 7/2005, aclaratoria de la ley 25.345 (conocida como ley antievasión) y la resolución (AFIP) 1547 que configura en ciertos aspectos una verdadera ficción legal.

Antes de entrar en en análisis de esta norma, debemos decir que las Notas Externas de la AFIP son en verdad aclaraciones procedimentales, es decir que no constituyen disposiciones de cumplimiento obligatorio. Para decirlo de otro modo el sentido que persiguen es informar al contribuyente cuál es la posición del Fisco sobre un determinado tema. Queda luego en manos del involucrado, asumir la discusión para fijar un criterio diferente en caso de ganarla.

Comentaremos de manera breve y lo más práctica posible las principales cuestiones tratadas.

En primer lugar, nos remitiremos a nuestros trabajos anteriores sobre el tema de los medios de pago para operaciones superiores a $ 1.000.-, que como se sabe deben ser efectuados mediante cheque "para depositar en cuenta bancaria" aparte de la obligación de cumplir con determinados requisitos formales y registrales en la documentación y contabilidad del contribuyente, caso contrario la AFIP los desconoce como tales obligando al pago de los impuestos resultantes tal como si los pagos no hubieran sido efectuados.

El primer aspecto que fue objeto de larga discusión es el que se refiere al hecho de que la resolución 1547 no podía reglamentar la ley antievasión, ya que ésta menciona expresamente al Banco Central como el encargado de hacerlo. De allí que cierta parte de la doctrina interpretó que la resolución se limitaba a reglamentar el artículo 34 de la ley 11.683 de Procedimiento Fiscal. Esta última norma se refiere a salidas no documentadas, es decir a pagos sin comprobantes o sin evidencias suficientes, y lo que hace es admitir que si el contribuyente prueba que los pagos fueron hechos, los mismos son válidos y deducibles, mientras que la ley antievasión directamente los desconoce como si jamás hubieran sido hechos.

El segundo tema que juzgamos de interés es el de que para la AFIP las órdenes de pago no son asimilables a la factura. En consecuencia, la registración en estos documentos de la información referida al medio de pago utilizado exigida por la resolución, no es válida. Porque precisamente la exigencia es que tal información sea registrada en la factura o documento equivalente. Y la orden de pago no lo es. Tampoco lo es el recibo o el registro informático optativo.

Y el tercer aspecto que nos parece de enorme interés, es el de que en el caso de pagos en especie, los mismos no serán válidos como instrumentos de pago, por lo tanto no surtirán efectos tributarios. Es decir, no serán reconocidos como tales.

Verdaderamente este último punto nos parece de una gravedad inusitada. Esto significa que en el caso de por ejemplo un productor agropecuario que compre un tractor y pacte abonarlo con el producido de la cosecha, no podrá hacerlo porque el pago no surtirá efecto impositivamente. Y por lo tanto no podrá hacer valer la operación en los distintos impuestos, tal como se interpreta.

Sin embargo, la permuta o el trueque son consideradas operaciones válidas. Es decir que instrumentalmente no son incompatibles con las normas que comentamos.

Como se ve, la cuestión a dilucidar es cuándo una operación es un trueque, y cuándo una dación en pago o pago en especie. Para ello habrá que tener en cuenta cómo se pacta el negocio, esencialmente. Pero sabemos que cualquier decisión que se tome siempre puede ser cuestionada.

Estamos pues, en el terreno de una verdadera ficción legal, donde un pago no es un pago, y un contrato entre partes puede ser invalidado en sus efectos, al menos impositivamente. Esto ya era así desde la sanción de la ley y de la resolución que estamos comentando, pero a partir de la aclaración de la AFIP, el panorama se oscurece más todavía. .

Obviamente que no compartimos una rigurosidad que a nuestro juicio viola la legislación de fondo, concretamente los códigos civil y comercial e incluso la misma Constitución Nacional. Pero se trata de una cuestión sobre la cual deberá expedirse la Justicia.

Mientras tanto, naturalmente el consejo básico es tratar de hacer las cosas ajustándose a la normativa e incluso a las notas externas, a menos que haya una justificación de peso.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2005

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Por Alberto Pontoni y Azul Coppari. Noviembre 2005

Analizamos uno de los modelos mas difundidos como experiencia de acuerdo nacional, los Pactos de la Moncloa.

Hace 30 años, en noviembre de 1975, fallecía Francisco Franco, Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, que durante casi 40 años gobernó España con puño de hierro. Lo sucedió como jefe de Estado Juan Carlos I, conforme lo había dispuesto el mismo dictador poco tiempo antes. En junio de 1977, después de un año y medio de difícil transición y en el marco de una convulsionada coyuntura política, económica y social España va a elecciones libres (las primeras desde 1936, cuando triunfó el Frente Popular).

El resultado electoral mostró una dispersión de preferencias que dificultaba la búsqueda de una salida para la profunda crisis que vivía el país, ya que la centro derecha (UCD) obtuvo el 35% de los votos, los socialistas del PSOE el 29% y los comunistas (PCE) un 10%.

Es en este contexto que en octubre de 1977 se realiza un acuerdo nacional, conocido como Pacto de la Moncloa, suscripto por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y sancionado por unanimidad en ambas cámaras del parlamento. Se considera que este hecho institucional constituye uno de los cimientos, junto con el ingreso a la Comunidad Económica Europea en 1986, de la España moderna y democrática de hoy.

Los Pactos de la Moncloa son, básicamente, dos: el político (Programa de Actuación Jurídica y Política) y el económico (Programa de Saneamiento y Reformas de la Economía). Mientras que el primero perseguía la consolidación democrática del país, que se perfecciona con la sanción de una nueva Constitución en 1978, el segundo plantea medidas urgentes destinadas a salir de la seria crisis económica y modernizar la estructura productiva.

El Programa Económico

El legado de Franco fue una España poco desarrollada, en seria recesión económica, con fuerte desequilibrio externo y creciente inflación. La emigración a naciones vecinas a partir de mediados del 50, constituía la principal salida y recurso de subsistencia para gran parte de la población, oficiando de factor de contención social.

En 1977 la situación era explosiva. Las exportaciones sólo cubrían el 45% de las importaciones, provocando el sostenido incremento del endeudamiento externo y caída de reservas. La deuda trepó a 14 mil millones de dólares, triplicando la disponibilidad de divisas y la inflación alcanzó a niveles del 50% anual. Las pequeñas empresas, seriamente endeudadas, estaban paralizadas y el desempleo rondaba el millón de personas.

El Programa de Saneamiento y Reformas de la Economía, suscripto en el marco de los acuerdos de la Moncloa, con el consenso de los partidos políticos y previa consulta de las organizaciones laborales y empresariales, consideraba acciones de corto y mediano plazo.

Las de acción inmediata estaban destinadas a contener la inflación y estimular la actividad empresarial, recayendo el esfuerzo, principalmente, sobre el sector público, que se comprometía a una mayor austeridad, y los asalariados, que renunciaban a las medidas de fuerza para obtener ajustes salariales.

Entre las acciones acordadas destacaban:

* El compromiso del gobierno de reducir el gasto y ejercer una política monetaria restrictiva.

* La aceptación de ajustes salariales conforme la pauta de inflación futura en lugar de la pasada. Esta medida representaba un sacrificio de los trabajadores, pues implicaba aceptar aumentos de remuneraciones inferiores a la evolución del costo de vida.

* La flexibilización del régimen laboral, a través de mecanismos de contratación temporal y mayores facilidades para el despido de personal (inicialmente, hasta el 5% de la plantilla).

El Pacto también contemplaba iniciativas que apuntaban a una mejora de los derechos sindicales y la distribución del ingreso, a través de reformas de la estructura impositiva, seguridad social y educación. De esta forma se pretendía presentar el acuerdo como un reparto equitativo de sacrificios. Sin embargo, poco de esto último se llegó a concretar.

El Programa permitió alcanzar los objetivos de corto plazo fijados. En 1978, la inflación descendió al 16%, la situación fiscal mejoró, las reservas se duplicaron y las empresas comenzaron a recuperarse. Sin embargo, poco se avanzó en los objetivos propuestos para el mediano plazo, principalmente la reducción del desempleo y una mejora en la distribución del ingreso. Las promesas de reformas terminaron siendo postergadas.

En 1982 llega al gobierno el Partido Socialista (PSOE) que, paradójicamente, privilegió políticas ortodoxas de crecimiento por sobre la distribución. Durante la gestión de Felipe González mejoraron las principales variables macroeconómicas y aumentaron las utilidades de las empresas, pero al mismo tiempo cayó el salario real, se agravó el desempleo y aumentó la precariedad laboral. El mercado desplazó el anterior régimen de acuerdos.

Reflexiones finales

El aspecto más positivo del Pacto de la Moncloa está, definitivamente, en el componente político. Los rituales simbólicos y ceremonias de reconciliación nacional (entre las que destaca el reconocimiento de la monarquía) así como el consenso de la dirigencia política respecto del proceso de democratización del país generó un clima de gran confianza que repercutió favorablemente y facilitó el ingreso a la Comunidad Europea. Desde este aspecto constituyó una respuesta inteligente de la dirigencia de ese país para superar el retraso y engancharse al exitoso tren de la integración europea.

La Moncloa deja otra lección: el incumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores a pesar de las apelaciones grandilocuentes a la necesidad de un reparto de sacrificios. El pacto económico sirvió para contener las demandas de los asalariados que debieron resignar ingresos y empleos y esperar más de dos décadas para mejorar su situación.

La España de la Moncloa es muy diferente de la Argentina de hoy, que lleva más de dos décadas de ejercicio democrático, no le espera ninguna locomotora externa de progreso y bienestar a la cuál engancharse y viene de superar un profundo colapso. De allí, que el desafío no pase tanto por la modernización institucional sino, principalmente, por concertar las bases para impulsar un desarrollo equitativo e integrador, lo cuál implica que el eje del consenso debe estar orientado a la definición del programa económico.

Han transcurrido cuatro años desde aquellas desesperanzadas elecciones de octubre del 2001 que anticiparon el inicio de la debacle económica más profunda vivida por el país. Es mucho lo avanzado en tan corto lapso lo cuál debe ser motivo de reconocimiento para quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de administrar la crisis.

Los principales ejes de la actual gestión económica fueron la fijación y consolidación de una paridad cambiaria más conveniente para el sector productivo, la renegociación con quita y espera de la asfixiante deuda pública, la aplicación de retenciones a las exportaciones (que en la práctica constituyen impuestos a la renta de recursos naturales), la expansión controlada de la oferta monetaria y un manejo ordenado de las cuentas públicas.

Esto permitió alcanzar una buena performance macroeconómica expresada en los siguientes indicadores:

· tasas de crecimiento global del orden del 9% anual

· sustancial mejora del nivel de uso de capacidad instalada y ocupación industrial,

· incremento de las exportaciones y del superávit comercial,

· contención de las presiones inflacionarias

· recomposición del sector financiero y de las reservas

· aumento de la recaudación y reversión del crónico déficit del sector público

Como consecuencia, la Argentina de fines del 2005 muestra un nivel productivo similar al de inicios de la crisis (1998) pero esta mejor situada tanto en su inserción internacional, comercial y financiera, como en el manejo de las cuentas públicas. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que este proceso de recuperación se ha hecho a costa de serios sacrificios, principalmente de los sectores más vulnerables, y es poco lo avanzado en materia de modernización y adaptación a los cambios que revolucionan el mundo.

La tarea macroeconómica ya fue hecha y se realizó satisfactoriamente. Ahora llegó el momento de enfrentar el desafío del desarrollo. ¿Por donde empezar?

La punta del ovillo

Hay algunas cuestiones que para los argentinos deberían resultar obvias, después de las frustradas experiencias de las últimas décadas, tanto de la "perdida" (80s) como de la "desperdiciada" (90s).

Hoy es un anacronismo el plantear opciones como mercado vs planificación o empresa privada vs Estado, ya que todos ellos constituyen factores fundamentales en una estrategia de desarrollo adaptada al nuevo milenio. El desafío consiste, justamente, en armonizarlos en lugar de contraponerlos.

De allí que en una sociedad compleja como la nuestra la senda del desarrollo y de la inclusión social deba comenzar por la búsqueda de consensos para la definición de objetivos y estrategias, es decir, de acuerdos democráticamente alcanzados entre los diferentes actores sociales y económicos. Es la necesidad de una paritaria del desarrollo.

Consenso amplio y acuerdos sectoriales

Recientemente, la Unión Industrial Argentina (UIA), preocupada por la amenaza de una espiral de conflictos gremiales que pueda repercutir en una suba sostenida de salarios, propuso un pacto para acordar con el sector gremial pautas de remuneraciones, precios e indemnizaciones, por un mínimo de dos años con revisiones semestrales.

En principio, los empresarios aceptarían un aumento de los salarios rezagados por la evolución del costo de vida en los últimos años y, a partir de allí, proceder a una actualización periódica en función del incremento de productividad. Asimismo, están reclamando cambios en el régimen actual de indemnizaciones por despido y riesgos de trabajo, incluyendo una reducción de aportes patronales A cambio de ello se comprometerían a mantener sus precios en sintonía con la pauta de inflación oficial.

A pesar que iniciativas de este carácter resultan siempre positivas corresponde señalar que este no es el consenso amplio arriba propuesto.

Una paritaria UIA-CGT/CTA resulta insuficiente para atender la problemática nacional de ingresos y modernización productiva, así como limitada en su alcance. Cabe recordar que de los 20 millones de personas con capacidad laboral que cuenta el país menos de una cuarta parte se vería representada en esa mesa de negociación, ya que el número de trabajadores del sector privado que se desempeña "en blanco" es de sólo 4.5 millones.

Paritaria del desarrollo

Un acuerdo nacional para el desarrollo debe ir mucho mas lejos y atender la situación del conjunto de excluidos, obligando a un análisis profundo de la estrategia productiva del país y el papel que deberán asumir los principales actores en ese proceso. Estado, empresas, trabajadores y desempleados deberán estar presentes en esa mesa de negociación.

Una clara diferencia entre paises desarrollados respecto de otros como el nuestro es, justamente, el alto porcentaje de población excluida. De allí, que en los primeros las propuestas de acuerdo social revistan el carácter de negociaciones tripartitas.

En el caso argentino se suma una particularidad que refuerza la necesidad de una mesa de concertación de cuatro patas. Esa característica esta dada por el desarrollo reciente de organizaciones que agrupan a desocupados y excluidos, así como la aparición de nuevas formas de activismo social, como el piquete. Quienes menosprecian estas organizaciones o impugnan su representación deberían también considerar las falencias que muestran el conjunto de nuestras organizaciones sindicales y empresariales.

En la capacidad de acordar un consenso global reside el gran desafío nacional. Sin duda alguna corresponde al Gobierno realizar la convocatoria, proponer agendas y facilitar la realización de una experiencia tan valiosa como inédita, sentando las bases de una nueva cultura de concertación que contribuya a desterrar las perjudiciales practicas de confrontación y mesianismo, tan frecuentes en el accionar de nuestras dirigencias.

Por Alberto Pontoni. Octubre 2005

A raíz de numerosos comentarios recibidos respecto de nuestro articulo anterior, que cuestionaba la inclusión hecha de Argentina por el PNUD entre los paises de desarrollo humano alto, hemos considerado avanzar en las causas de fondo del problema e introducir algunas precisiones con la finalidad de resaltar las ideas expuestas y facilitar su traducción en propuestas de cambio factibles y adaptadas a nuestra realidad.

* El principal problema social argentino es la formidable proporción de carenciados, que se expresa en los quince millones de "pobres" y cinco millones de "indigentes", clasificados como tales a partir de estrechas líneas de ingreso individual inferiores a 3.5 dólares/día, para la pobreza y a 1.3 dólares/día, en el caso de la indigencia.

* A pesar de las limitaciones existentes es factible lograr que muchos de aquellos que hoy sufren serias carencias puedan vivir sustancialmente mejor y tener una calidad de vida similar a la de algunos paises europeos que nos deslumbran, como España.

* Para alcanzar ese grado de desarrollo no es necesario esperar a crecer y duplicar o triplicar el PBI. Existe un atajo que pasa por la mejora en la distribución de ingresos. Si la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos lograra reducirse al nivel de España no habría indigentes y disminuiría notoriamente el número de pobres.

¿Qué tiene España que no tiene la Argentina? ¿Qué explica la desigual distribución de ingresos en ambos paises? ¿Cómo reducir las irritantes brechas en el corto plazo?

Hay dos grandes líneas de interpretación. Para unos el problema reside en que el Estado no cuenta con los fondos necesarios para paliar la situación de los más postergados, mientras que para otros hay recursos suficientes pero no llegan a quienes deberían llegar. En un caso la situación se corregiría aumentando la recaudación, incrementando la presión impositiva y/o reduciendo la evasión fiscal, mientras que en el otro el énfasis debería estar puesto en un cambio de prioridades y mejorar la eficiencia del sector público.

En verdad no es poco lo que se recauda en Argentina, ya que el sector público consolidado, que comprende las diferentes instancias de gobierno (nacional, provinciales y municipales), captura más de una cuarta parte del PBI. Con sólo limitar ciertos privilegios y reducir la evasión la recaudación fiscal podría alcanzar a un tercio del producto bruto interno.

¿Es esto suficiente para llevar adelante una efectiva lucha contra la exclusión y mejorar la distribución de ingresos? En principio si, siempre que una porción importante pueda llegar a quienes lo necesitan.

Teóricamente es factible eliminar la pobreza extrema de nuestro país con los recursos existentes, canalizando hacia los más postergados un diez por ciento del total de la recaudación pública, es decir, el equivalente de menos de 5 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, esto resulta fácil de enunciar pero difícil de ejecutar pues implica sanear el gasto público y reasignar fondos con otros criterios, afectando intereses particulares y corporativos que hacen de la corrupción su razón de ser.

La corrupción criolla

En Argentina "corrupción hubo siempre" y no es necesario hacer un recuento de casos y circunstancias para advertir el alto grado de descomposición del sector público, tanto a nivel del Estado nacional como de las provincias y municipios. Un cómplice necesario de esta conducta criminal suele ser el empresario corruptor, constituyendo el fenómeno tan bien ilustrado en el lenguaje popular como "patria contratista".

Dos factores resultan particularmente llamativos y preocupantes en el caso argentino. Por un lado, que bajo gobiernos constitucionales y administraciones civiles la corrupción y su factor estimulante, la inmunidad de corruptores y corruptos, no se haya detenido. Por otro, que la implementación de reformas que perseguían erradicar la corrupción estructural a través de la llamada "transparencia del mercado" fue un estimulo antes que un freno.

Una reciente investigación realizada por cuatro organizaciones no gubernamentales asociadas en el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), estima en 10.000 millones de dólares el costo social producido por la corrupción y otros delitos económicos desde el retorno de la democracia en Argentina. El informe, elaborado sobre la base de un relevamiento de 750 causas penales de distintas jurisdicciones, también señala que en sólo el 3 por ciento de las causas analizadas hubo algún tipo de condena.

Reflexiones finales

La postulación del crecimiento como condición previa y necesaria a la distribución ha sido desmentida por los hechos y perdido vigencia en el debate del desarrollo. Sin ir tan lejos, días atrás en la presentación del Informe sobre Desarrollo Mundial 2006, que lleva por título "Equidad y Desarrollo", el economista jefe del Banco Mundial reconoció que "existe una complementariedad entre equidad y crecimiento económico... y que... al generar mayor equidad, podemos generar una sociedad más eficiente".

En otras palabras, un país como el nuestro que cuenta con recursos e ingresos suficientes, puede ya mismo mejorar el bienestar de su población sin necesidad de esperas ni de promesas futuras y convertirnos en una nación con verdadero desarrollo humano "alto", como España. Para ello deberíamos cambiar el actual patrón de distribución de ingresos. Los recursos están en las arcas públicas, el resto es decisión política animada de criterio solidario y transparencia. El principal obstáculo reside en la administración criminal y antisocial de esos fondos.

La corrupción repercute negativamente sobre la distribución de ingresos a través de, al menos, tres mecanismos: estimulando la evasión, restando prioridad a la atención de los sectores postergados e impidiendo que estos lleguen donde corresponde. Aumentar los recursos públicos sin modificar el patrón corrupto de administración es estimular la matriz mafiosa y consolidar el sistema prebendario y excluyente existente.

La experiencia internacional muestra que puede haber desarrollo con más o menos mercado pero nunca con altos niveles de corrupción pública. El Estado, tanto por su rol irremplazable de componedor y orientador de los diferentes sectores e intereses, como de generador y movilizador de recursos, puede ser un instrumento fundamental para promover el desarrollo equitativo, pero no podrá cumplir adecuadamente estas funciones si quienes ejercen cargos de responsabilidad los usufructúan en beneficio propio, de empresas o corporaciones.

Por Alberto Pontoni. Octubre 2005

Pretendemos en este trabajo dar algunas pautas sobre esta modalidad contractual, que consideramos puede ser de gran utilidad en determinadas condiciones que trataremos de analizar

Esta forma contractual se encuentra regulada por los artículos 99 y 100 de la ley de contrato de trabajo (LCT), y también por los artículos 68 a 80 de la ley nacional de empleo (LNE). A su vez, se encuentra reglamentado por el decreto 342/92 para el caso de trabajadores eventuales contratados a través de empresas de servicios eventuales. Se trata de una modalidad a la que puede recurrirse siempre y cuando exista una razón que le de sustento, y que la misma sea demostrable por la empresa. Podría ser, por ejemplo, la necesidad de hacer un trabajo de desmonte en un campo, o tomar un empleado para reemplazar a otro en uso de licencia o por vacaciones. Se determinan una serie de requisitos que sintetizaremos como sigue: - En primer lugar no deben haberse producido en la empresa ni despidos ni suspensiones por falta de trabajo durante los 6 meses anteriores a la contratación. - El contrato debe formalizarse por escrito, con determinación del objeto clara y precisa, lo mismo que la eventualidad a que hacemos referencia. - Debe mantenerse tal eventualidad, esto es la causa del objeto que justifica la utilización del sistema, y los porcentajes máximos de personal bajo contratos establecidos para que sea posible su implementación

La necesidad de que la causal sea concreta y precisa es fundamental a la hora de demostrar la viabilidad del acuerdo, porque en caso de no serlo se considera el contrato celebrado como de tiempo indeterminado.

La duración de este tipo de contratos no puede exceder de 6 meses en períodos de un año, y de un año en períodos de tres años. Si la contratación es directa por parte de la empresa, no corresponde la utilización del periodo de prueba. Tampoco es necesario preavisar al final del período, ni se está obligado al pago de indemnización alguna, siempre y cuando la relación laboral se extinga por finalización de la obra, de la tarea asignada o de la causa que le dio origen. El trabajador debe quedar registrado como "de temporada", indicando la modalidad de contratación en el nuevo Registro de Altas y Bajas en Materia de Seguridad Social y quedar registrado en el Libro de Sueldos y Jornales del artìculo 52 de la LCT.

Es importante destacar que si luego de un tiempo el empleador desea contratar a un trabajador por tiempo indeterminado y éste ya se desempeñó de manera eventual, no es aplicable el período de prueba, y además se le deberá reconocer la antigüedad del por el trabajo anterior. En el caso de una empresa de servicios eventuales, son éstas las que se encargan de contratar al personal, pero ambas serán solidariamente responsables en el pago de las obligaciones laborales. En estos supuestos es aplicable el período de prueba, dado que la relación de vínculo lo es con la empresa de servicios eventuales en cuestión. Si la empresa usuaria contratara en forma efectiva a un trabajador contratado por intermedio de la empresa de servicios eventuales, deberá respetarse la antigüedad en dicha empresa desde el momento en que el trabajador ingresó en ella. Digamos también que las empresas de servicios eventuales deberán constituirse siempre como personas jurídicas y su objeto social deberá ser único. Siempre la titular del contrato de trabajo será la empresa de servicios eventuales, y la dirección estará a cargo de la usuaria. Y la responsabilidad, como dijimos, es solidaria.

Es útil resaltar que un trabajador contratado bajo esta modalidad queda regido por el Convenio Colectivo de que se trate, según la actividad de la usuaria. Lo mismo vale para la obra social.

También es interesante, aunque vayamos un poco más lejos en el análisis, decir que las empresas de servicios eventuales deben contratar a los trabajadores eventuales de manera permanente y que dentro de un año aniversario no podrán estar sin trabajo durante más de 60 días corridos o 120 días alternados. Si se da esta circunstancia y el trabajador intima a la empresa para que en 48 hs le otorgue un nuevo destino, podrá considerarse despedido en caso de que esto no ocurra, y le corresponden el preaviso y la indemnización por antigüedad, siempre a cargo de la empresa de servicios eventuales.

Ahora bien, cuando los empleadores contraten personal a través de empresas de servicios eventuales, deberán actuar como agentes de retención de la totalidad de las obligaciones que deban ingresarse a la CUSS, como así también la contribución del 3% que la empresa de servicios eventuales debe ingresar al Fondo Nacional de Empleo. En cambio, no deberá retener el 4,44% destinado a Asignaciones Familiares, que deberá ser compensado o depositado directamente por la empresa de servicios eventuales, según lo normado en el decreto 342/92. Este decreto es el encargado de establecer formas y plazos que deberán observar las empresas usuarias para efectuar las retenciones de los importes facturados en concepto de sueldos y jornales y proceder a su depósito. También en él se dictan las obligaciones de las empresas de servicios eventuales en le marco de la RG 712 de la AFIP. La retención citada procederá, por supuesto, en el momento del pago de los conceptos señalados, que deberán figurar en forma detallada en la factura La usuaria entregará un comprobante detallando razón social y CUIT tanto de ella como de la prestadora del servicio eventual, SUSS, identificación de la factura, fecha de emisión e importe sobre el que se efectúa la retención. Obviamente monto de esta última y fecha en que se la practica. Si no se da cumplimiento a este requisito, la empresa de servicios eventuales debe denunciar a la AFIP dentro de los 3 días posteriores a tal hecho, aportando a tal fin los datos respectivos de la operación omitida. Se trata como se ve, de un control cruzado para asegurarse el cumplimiento de las obligaciones provisionales, que como queda dicho es una responsabilidad solidaria de los dos partìcipes.

Entendemos que con esto damos una idea general de cómo funcionan este tipo de contratos y dejamos un párrafo final para la importancia que pueden tener dentro de las distintas variantes que se ofrecen y de las que nos ocuparemos en futuros trabajos. Dadas las dificultades que presenta el régimen laboral vigente, resulta verdaderamente importante tomar en cuenta estas consideraciones a la hora de contratar personal.

Buenos Aires, 14 de octubre de 2005

Estudio Héctor Blas Trillo

economiaytributacion@yahoo.com.ar

(011)154-4718968

Finlandia es un país joven (obtuvo su independencia en 1906) y pequeño, tanto en extensión (338.000 km2 cubierto en su mayor parte por lagos) como en población (5 millones de habitantes). Sus riquezas naturales son escasas, constituyendo los bosques su fuente principal de recursos primarios. A pesar de ello se encuentra a la vanguardia en todo, tanto en los clásicos indicadores de desarrollo humano (ingresos, equidad, empleo, salud, educación, oportunidad de genero, mantenimiento ambiental, etc) como en desarrollo tecnológico, competitividad, ejercicio institucional y ausencia de corrupción. Lo extraordinario de este pequeño gran país es que en menos de un siglo pasó de la pobreza al bienestar generalizado y que, recientemente, logró emerger de una seria crisis y transformarse en una economía posindustrial. El articulo ilustra sobre algunas causas de este desempeño y en que medida es replicable a realidades como la nuestra.

A principios de la década del noventa Finlandia sufrió fuertemente el colapso de la Unión Soviética, su vecino y principal socio comercial. El sector productivo, basado en la industria metalúrgica y de pasta de celulosa, se derrumbó arrastrando a otros sectores. El país se frenó y el desempleo trepó al 20%. Hoy, sólo 15 años después, Finlandia deslumbra como uno de los modelos más exitosos de lo que se ha dado en llamar sociedad posindustrial, conjugando bienestar social y modernidad económica.

¿Cómo pudo aprovechar ese país el traumatismo de una crisis para realizar una mutación económica profunda que fue mucho más allá de una mera recuperación? Esta es, justamente, la particularidad del caso finlandés y aquello que más atrae la atención de los estudiosos del desarrollo.

La transformación

En primer lugar, hay que tener en consideración que la salida de la crisis no se produjo a través de instrumentos tradicionales de auxilio en caso de naufragio económico, como son el crédito o la devaluación. La utilización del crédito no fue posible, al igual que en la Argentina del 2002, porque el sistema financiero estaba colapsado por el alto grado de sobreexposición crediticia al momento del estallido. A su vez, los compromisos adoptados en el marco del proceso de incorporación a la Unión Europea le impedían devaluar.

La clave de la transformación económica de Finlandia debe ser rastreada en la inteligente planificación y conjugación del sector privado y público. Más precisamente, entre la adecuada y eficiente decisión de una empresa: Nokia, y la igualmente acertada estrategia del gobierno para convertir a Finlandia en una "sociedad de la información".

Nokia, el gigante de las comunicaciones inalámbricas, es la compañía más grande de Finlandia en volumen de ventas y empleo (absorbe casi el 3% de la oferta laboral) e influencia mucho toda la economía. Empezó como una compañía industrial de pasta de celulosa y papel que, a partir de su crisis, se transformó exitosamente en una empresa de electrónicos y de desarrollo detecnologías de información y comunicación (TICs).

Por su parte, el Gobierno ha hecho mucho por convertir a Finlandia en una sociedad de la información a través, principalmente, del financiamiento de actividades de investigación y desarrollo (I&D) y educación. Finlandia esta en el grupo de paises que más invierten en I&D (cerca del 4 por ciento del PBI) y que mayor presupuesto asigna al apoyo de la ingeniería y la tecnología en las universidades. Los avances en el desarrollo de sistemas de comunicación inalámbrica y de teléfonos celulares de tercera generación son, en gran medida, resultado de la investigación del sector público (junto con Nokia) en estas áreas.

La preocupación del gobierno por mantener el liderazgo en temas relacionados con las TICs es permanente. Muestra de esta inquietud es la creación e institucionalización del Comité para el Futuro, un colectivo de científicos, planificadores y políticos, destinado a analizar asuntos relacionados con los desafíos de las nuevas tecnologías y la globalización.

Claves y Lecciones

De la experiencia de Finlandia se desprenden importantes claves que pueden resultar útiles para Argentina y otros paises. A pesar que la formula no es exótica ni desconocida, es conveniente insistir que no hay recetas únicas ni simples ya que el camino del desarrollo atraviesa diferentes desafíos económicos y sociales.

Consenso y pensamiento estratégico. La cooperación entre gobierno, empresas, gremios, y organizaciones sociales, es un factor sustancial en la búsqueda y construcción de opciones superadoras en el caso de paises con cierto nivel de desarrollo económico y social. Esta herramienta es una constante de las políticas públicas en las naciones nórdicas y también se encuentra en los cimientos del boom reciente de España e Irlanda, institucionalizados como Pacto de la Moncloa (1977) y Acuerdo Social (1987), respectivamente.

Dicho de otra forma, una función clave del Gobierno es presidir "paritarias del desarrollo", que tengan el propósito de articular el funcionamiento de economías de mercado en un marco de plena inclusión social. Sería un error presumir que los problemas actuales pueden ser resueltos unilateralmente y una miopía de graves consecuencias estimular la confrontación entre los diferentes sectores sociales o la exclusión de alguno de ellos.

Distribución, competitividad y eficiencia. Una de las grandes sorpresas de Finlandia es la excelente conjunción de competitividad empresarial con fuerte presión impositiva. La clave reside en el hecho de ser un juego en que "todos ganan".

Por un lado, los sectores populares, que disfrutan los beneficios de inversiones sociales financiadas con esos recursos, como subsidios, asistencia médica y educación de calidad generalizada Por otro, las empresas y los sectores más ricos, sobre quienes recae la mayor carga tributaria, que también se benefician de esa política redistributiva en la medida que el modelo económico siga descansando sobre la sabiduría y el conocimiento.

Pero, la principal lección es que Finlandia no es un milagro sino la evidencia de una construcción humana inteligente y solidaria. Una solución posible de alcanzar, pero que requiere la voluntad de las clases dirigentes para asumir los cambios necesarios.

Por Alberto Pontoni.Octubre 2005

Mientras el presidente del Banco Central reconoce la necesidad de subir las tasas de interés para contener el rebrote inflacionario, el gobierno sigue empeñado en postergar los efectos inflacionarios de un plan que genera inflación por definición.

En los últimos días los indicadores de precios al consumidor para el mes en curso han mostrado variaciones positivas inquietantes, sobre todo en materia de alimentos de la denominada canasta básica. Como tantas veces hemos señalado, resulta difícil predecir en qué momento los precios alcanzarán los porcentajes de la devaluación, pero sin ninguna duda que lo harán, y posiblemente más temprano que tarde en la medida en que ya se ha superado prácticamente la capacidad ociosa resultante de la crisis. En estos momentos, en que el crecimiento sostenido ha llegado a valores de producción de 1998, comenzamos a recorrer el camino de la imperiosa necesidad de inversiones, junto con una inevitable suba de precios que como se sabe el gobierno trata de controlar mediante procedimientos demasiado conocidos en nuestro país.

Desde el Banco Central, la llamada "ortodoxia" monetaria de retirar de circulación la emisión utilizada para comprar excedentes de divisas para sostener el precio por encima del valor de mercado, es acompañada por la suba de tasas que también se requiere cuando el proceso inflacionario comienza a marcar el rumbo, aparte de la elevación natural que provoca el endeudamiento requerido precisamente para lograr el cometido de retirar la moneda emitida del circulante.

A todo esto, las sucesivas negativas del ministro de economía respecto de una negociación con el FMI una y otra vez se chocan con la realidad de que tanto al organismo multilateral como a la Argentina les resulta conveniente arribar a un acuerdo.

La deuda a refinanciar es del orden de los 18.400 millones con el Fondo hasta 2007, lo cual aparece como imprescindible.

El Dr. Lavagna no ha querido avalar tasas en dólares por encima de 8,5% anual, y por eso declaró desierta la semana pasada la licitación de los nuevos Boden 2015, pero ello le crea problemas en lo que resta del mes de setiembre, y deberá recurrir a fondos del Tesoro para hacer frente a algunas obligaciones financieras.

La idea de dejar caer el dólar ha hecho decir al presidente del Central que ésta no produciría una baja de los precios, lo cual es cierto, pero probablemente no por las razones que la generalidad de la población tiende a creer. Los precios de los bienes, sobre todo los minoristas, distan de haber alcanzado el porcentaje de ajuste que sí tuvo el dólar, que para peor está inflado artificialmente. De manera que es razonable suponer que, o bien continuarán subiendo (algo que eufemísticamente o no hoy se llama "reacomodamiento"), o bien no bajarán si el tipo de cambio cae. De hecho ningún precio cae si la gente lo paga, y si no lo paga no es el precio.

Mientras tanto el gobierno sigue tratando de fomentar las inversiones, que como venimos diciendo resultan imprescindibles para crecer. Y este intento se afianzará en el curso de esta semana mediante la presentación de un proyecto de desgravación en el impuesto a las ganancias de las compras de bienes de capital. La idea, para nada novedosa, consiste en que en tales casos el dinero invertido sería considerado un gasto y por lo tanto quedaría desgravado directamente el primer año de la inversión, sin necesidad de seguir el tradicional proceso de amortizaciones o incluso de amortización acelerada.

Insistimos en el punto de que las promociones son consecuencia de la evidencia de que sin ellas las inversiones no llegan, o no llegan lo suficiente. Del mismo modo de que los acuerdos de precios y las medidas "ortodoxas" en materia monetaria que comentamos, son indicativas de que la inflación es un dato.

Otro aspecto de interés es que el Banco Mundial está listo para aprobar en enero un nuevo programa de créditos para nuestro país. Se habla de una cifra de U$S 3.000 millones a tres años y se trata de un programa de asistencia que reemplazará al que vence.

Existe la idea de que el Banco Mundial junto con el BID financien la reconversión del Plan Jefas y Jefes para que 500.000 personas que hoy cobran este tipo de plan se integren al plan Familias, que consiste básicamente en ayudar a las madres siempre y cuando vacunen y envíen a sus hijos al colegio. El programa resulta al parecer exitoso en otros países donde está aplicándose, pero muestra a las claras el cuadro de situación en el que desgraciadamente nos encontramos.

La salida del grupo Suez de Aguas Argentinas se enmarca en el retiro progresivo de inversiones del país galo de América Latina, pero también es un indicio cierto de la situación en que se encuentran las mal llamadas "privatizadas". La renegociación de los contratos ha venido avanzando en un marco de necesidad por parte de las empresas de aceptar imposiciones en muchos casos bastante inconsistentes (como el sistema de premios y castigos por no bajar los consumos eléctricos modificado sobre la marcha e incluso con implicancias retroactivas), ante la realidad de que una salida puede significar una pérdida mayor. Pero lo cierto es que la falta de inversiones en áreas clave, como la petrolera, indican un progresivo retroceso en la calidad de los servicios, que se acrecentará de continuarse con la misma política.

Los efectos supuestamente beneficiosos del tipo de cambio alto, como hemos dicho muchas veces, se contraponen con el encarecimiento de la tecnología de punta que debe importarse, y con la imposibilidad de sostener tarifas políticas y pretender inversiones que deben pagarse en divisas.

Los modelos de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto son inflacionarios y regresivos en materia de tecnología. Es un dato de la realidad. Y la necesidad de una reforma estructural del Estado en todos sus niveles para convertir a la Argentina en un país eficiente, tiene un costo político demasiado elevado como para afrontarlo en tanto y en cuanto la economía más o menos continúe en crecimiento, y máxime en un año electoral.

Veremos entonces cómo continúa la política económica luego de las elecciones, fecha para la cual todo lo que sea ajustes de precios, salarios y tarifas, ha venido postergándose.

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2005

© Héctor Trillo

Pool de Siembra: Tratamiento Impositivo e Implicancias Legales

En este trabajo avanzamos sobre esta modalidad contractual, también conocida como agrupamiento rural, que tiene por objeto lograr un resultado económico a partir de la unión de los aportes y esfuerzos de los distintos actores que lo componen.

La denominación, pool de siembra, se ha puesto muy en boga en los últimos años, pero esta modalidad contractual no es nueva, ya que los agrupamientos rurales empresarios tienen una larga tradición, si bien es cierto que últimamente han proliferado como una consecuencia directa de la necesidad de los distintos intervinientes de aunar sus capacidades y especialidades para lograr un beneficio.

Si bien tales actores pueden ser muchos, esencialmente puede decirse que un pool de siembra ha de contar con un "administrador", uno o varios "propietarios del campo", uno o varios *contratistas*, posiblemente un *gestor* y también *inversores*, que pueden no ser gente de campo, sino terceros interesados en el negocio. Digamos que cada parte puede ser persona física o jurídica.

La modalidad ofrece múltiples variantes, dado que puede haber por ejemplo varios predios en juego, éstos pueden ser de titulares participantes del pool, o de terceros arrendadores. Lo mismo puede ocurrir con los contratistas, que pueden ser parte del pool o bien éste contratarlos para una tarea determinada. Y por supuesto que en la práctica se dan, como decimos, un sinnúmero de situaciones.

Lo que vamos a comentar es, entonces, el marco legal y la situación ante los distintos impuestos de esta modalidad. En principio enumeraremos algunas formas contractuales, para luego incursionar en estos aspectos, cosa que haremos en tres presentaciones sucesivas.

La conformación social puede encontrarse, en principio, entre las siguientes

- Fideicomiso

- Fondo común de inversión

- Fondo de inversión directa

- Fondo de inversión agrícola

- Sociedad en los términos de la ley 19.550

- Sociedad de hecho

- Contrato accidental por cosecha.

- Otros.

En este primer trabajo comentaremos el caso del *contrato accidental por cosecha. *Para ello, debemos remitirnos a la ley 13.246, de arrendamientos rurales, que en el artículo 39 inc. a) dice que "/los contratos en los que se convenga, por su carácter accidental, la realización de hasta dos cosechas como máximo/, /ya sea razón de una por año, o dentro de un año agrícola/ (no un año calendario), /cuando fuera posible realizarla sobre la misma superficie, en cuyo caso el contrato no podrá exceder el plazo necesario para levantar la cosecha del último cultivo".

Bien, en este tipo de contratos deberá establecerse el predio o los predios y los aportes de cada uno de los integrantes. Luego, al finalizar la cosecha se repartirá el producido según lo acordado. También puede ocurrir que a alguno o algunos de los integrantes se le de dinero directamente.

El contrato no puede ser reiterado entre las mismas partes o sobre el mismo predio, ya que en tal caso se conformaría una aparcería o un arrendamiento según el caso.

Si se procede, como es lo más común, a repartir los frutos, lo aconsejable será dejarlo por escrito y con el conforme de cada parte respecto del volumen recibido y su relación con el resto. El retiro del producido deberá hacerse siguiendo las normas de la RG 1880/05 (AFIP) y concordantes de las secretarías de agricultura y de transportes. Es decir, que deberán munirse de cartas de porte. Y cuando los granos lleguen a su destino deberá emitirse el F. 1116/A, y 1116/ B o C en el momento de la venta. Como cada parte conserva su individualidad, no existe una organización común y la distribución del producido no configura una venta, por lo tanto no se aplica en tal momento la carga de *Impuesto al Valor Agregado.*

Al procederse a la venta, se genera el hecho imponible y es allí donde se computarán los créditos fiscales en dicho impuesto en que hubieran incurrido cada uno de los partícipes. Hay que tener en cuenta en este punto las retenciones dispuestas por la RG 1394, que para los contribuyentes no inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores de Granos son el 10,5% o el 18% (arroz) del impuesto, sin devolución, y para quienes sí se inscriban en tal registro, se reducen al 8% para la tasa del 10,5%, y al 18% para la tasa del 21% (devolución sistemática del 7% y 9% respectivamente)

En el impuesto a las *ganancias, *cada uno de los socios accidentales deberá declarar la utilidad que le corresponda. En el caso de que la venta no se hubiera producido al finalizar el ejercicio, deberá valuarse la existencia según lo normado por la ley de este impuesto, es decir a la cotización conocida menos gastos de venta si se ha cosechado, y en caso contrario habrá que valuar las existencias en sementeras. Ello implica declarar en el activo de cada uno la parte que le corresponde en el negocio adecuadamente valuada siguiendo la ley. Al momento de la venta, se aplicará la retención de la RG 830 (AFIP), siempre para este impuesto. Obviamente si se trata de una sociedad, la operatoria en el /pool/ quedará incluida dentro del balance impositivo de la misma.

En el impuesto sobre los *bienes personales *el propietario del campo es asimilable a un arrendador o aparcero dador, según la doctrina prevaleciente. Se recuerda que los inmuebles rurales están fuera del ámbito de este impuesto cuando pertenecen a personas físicas, pero si el propietario aporta algún otro tipo de colaboración, insumo o labor, cae dentro del impuesto sobre la ganancia mínima presunta, tal como comentaremos a continuación. A su vez los trabajos realizados por cada uno de los integrantes deberán computarse considerando el activo menos el pasivo al final del ejercicio, como capital aportado para el ejercicio de una actividad. Si alguno de ellos es una sociedad, entonces corresponde la figura del responsable sustituto sobre la tenencia de acciones o cuotas partes al final del ejercicio según su valor al cierre. Recordamos que el mínimo para quedar fuera de este impuesto es de $ 102.300.-, valor que no rige si se trata de una sociedad constituida según la ley 19.550.

En el impuesto a la* ganancia mínima presunta *cada uno de los integrantes deberá valuar sus aportes según la ley de este impuesto teniendo en cuenta que puede tener otras actividades que deberán agregarse a su declaración jurada, especialmente teniendo en cuenta que por debajo de los $ 200.000.- de capital afectado, no se es contribuyente de este impuesto.

Un dato interesante es que en este impuesto, el pago a cuenta de ganancias que pudieran corresponderle a una persona física partícipe, será a la tasa del 35%, con independencia de la progresividad de este impuesto en cabeza de ella.

En el impuesto sobre los *ingresos brutos *la gravabilidad se produce en el momento de la venta.

Finalmente diremos que en la celebración de un contrato de estas características es aconsejable siempre la firma ante escribano para darle fecha cierta y cumplir con las formalidades en cuanto a la exhibición de títulos, identidad, y demás documentación que fuera pertinente.

Buenos Aires, 24 de setiembre de 2005

Copyright © Cdor. Héctor Blas Trillo - Reservados todos los derechos

Las decisiones y proyectos económicos apuntan siempre en la misma dirección.

En el proyecto de presupuesto para el año 2006 no se prevén cambios en el sistema tributario. Es más, el gobierno ha venido diciendo que el único impuesto que considera “distorsivo” es el de las transacciones financieras (impuesto al cheque), por lo que parece haber dejado de lado definitivamente la pauta establecida en la mismísima plataforma electoral del actual presidente, en el sentido de tender a liminar progresivamente las llamadas retenciones a las exportaciones, que en verdad son derechos de exportación. A fin de año deberán votarse las leyes que extienden los llamados impuestos de emergencia, tales como Ganancias, Bienes Personales y el citado impuesto al cheque. Muchos tal vez no tienen presente que la Constitución Nacional determina que los llamados impuestos directos deben ser votados y aplicados por las provincias, por lo cual que lo haga la Nación solamente puede permitirse en estado de emergencia. El viejo impuesto a los Réditos (hoy a las Ganancias) subsiste en tal condición desde los años 30. Esto tiene relación directa con la coparticipación federal, un tema del cual nos ocuparemos en profundidad en algún momento, pero que pone en manos del Estado Nacional ingentes recursos que se reparten según determinados criterios, y a ellos se suma en los últimos años la entrega de los llamados ATN (adelantos transitorios de la Nación) a determinadas provincias para atender necesidades de diverso tipo.

El índice de precios, a todo esto, sigue contenido por una diversidad de controles directos e indirectos que ejerce el gobierno, tales como acuerdos de precios de cortes cárnicos o lácteos, los propios derechos de exportación, el cuasicongelamiento de las tarifas de todos los servicios públicos, los boicots ordenados desde la tribuna presidencial, etc. Así las cosas, el alza registrada durante agosto parece que su ubicará entre el 0,5 y el 0,7%, y ya sobre finales de dicho mes, nuevos anuncios tales como la prohibición de faenar animales vacunos de menos de 300 kg, y en curso de la semana que acaba de conluir las amenazas a las petroleras con un incremento en los derechos de exportación (que hoy por hoy están en el 45% del valor bruto exportado), a través de las expresiones del presidente que dijo textualmente que “ya sabemos las medidas que tenemos que tomar” en el caso de que se avance con un incremento en el precio de las naftas. Como reiteradamente hemos señalado, se trata de amenazas cumplibles mediante simples decretos de necesidad y urgencia, con lo cual la seguridad jurídica jamás sentará las bases para lograr un desarrollo sostenido.

Es por eso que continúan surgiendo nuevos planes de promoción en industrias, pymes, regiones, etc, con el objeto de lograr que algunas inversiones vengan al país. En esta línea se inscribe el proyecto de producción de un teléfono celular nacional, que demandará una inversión de $ 3.000.000.-, de los cuales $ 800.000.- aportará el Estado. Como decimos, lástima que no se nos da a nosotros una ayuda de un porcentaje semejante para emprender nuestra labor cotidiana. Y a todos, claro está.

La realidad es que sin esa ayuda evidentemente el proyecto no parece viable, y con esa ayuda, el precio de venta final del producto está altamente subsidiado por el Estado, que requiere para ello fondos del erario que contribuyen a impedirle entre otras cosas que baje los impuestos distorsivos.

El desastre acontecido en EEUU ante la llegada del huracán Katrina dejó fuera de funcionamiento a varias refinerías y provocó una tendencia a la suba adicional del petróleo, aparte de crear incertidumbre respecto de la política monetaria futura norteamericana, haciendo que algunos fondos de inversión se vuelquen a los llamados mercados emergentes, como el nuestro, provocando de ese modo una suba de los bonos surgidos del canje de la deuda que treparon por este efecto hasta un 8% en una semana. A lo expresado se suma que la tasa de largo norteamericana sigue siendo baja (4,5%) agregando incentivos adicionales.

Por su lado, la provincia de Buenos Aires, ha informado que se ofrecerán créditos por U$S 800.- millones dentro del tercer tramo del plan denominado Fuerza Pyme a través el Banco de la Provincia. Los créditos se otorgan con subsidios por lo que la tasa que se cobra es del 5% para un año y hasta el 8% para cuatro años. En este sentido cabe señalar que las tasas subsidiadas a unos sectores son abonadas por otros que no resultaren favorecidos, originando por lo demás las consabidas pujas sectoriales, traducidas en los clásicos lobbies para poder “entrar”, como ocurre siempre con todo tipo de planes promocionales.

En otro orden, se ha profundizado el diálogo entre el Mercosur y la UE para avanzar en una liberación multilateral de la Organización Mundial de Comercio En verdad, en nuestra opinión, la UE necesita ampliar su campo de acción para poder abaratar sus enormes costos de producción, producto del sostenimiento de un sistema cerrado y sumamente gravoso en materia de la llamada atención social, por ejemplo.

Un tema para comentar es que el Congreso tiene previsto tratar una nueva reforma en materia tributaria para otorgar mayores facultades a la AFIP en cuanto al control y pago de los aportes provisionales, previéndose penas de prisión de hasta 6 años (algo de eso ya está vigente en la ley antievasión), y también se busca que pueda deducirse del impuesto a las ganancias la remuneración del personal doméstico, como un incentivo para blanquear a esos trabajadores.

La recaudación tributaria de agosto superó los 10.200 millones de pesos, y el total de los primeros 8 meses del año sobrepasa los 78.000 millones de igual moneda. Un 18% más que en igual lapso de 2004. Por su parte la industria textil superó su mayor marca histórica de producción, acontecida en 1997, según datos de la Fundación Pro Tejer. Las exportaciones de cereales y oleaginosas crecieron en el primer semestre un 31% con respecto a igual período del año anterior. También entre diciembre y julio las ventas de alimentos crecieron casi el 9% según lo informado por las cadenas de supermercados. Estos y otros datos positivos, llevan a pensar en la necesidad imperiosa de definir un rumbo, fijar las y mantenerlas dentro de ciertos parámetros previsibles, lo cual lamentablemente no viene ocurriendo, como señalamos una y otra vez.

Es evidente que la campaña electoral ha alterado bastante la marcha de una cierta lógica productiva. Se observa en determinados sectores una especie de anticipación de lo que puede llegar a pasar luego del 23 de octubre. En lugar del clásico “wait and see” se tiende a aumentar stocks antes de que aumente el costo de los insumos.

El problema de la energía sigue vigente, tanto en electricidad como en gas, esencialmente. Según informes privados hay más de 4.000 millones de dólares frenados a la espera de una definición de fondo que clarifique el panorama a largo plazo. La baja de la tasa de IVA a los fertilizantes químicos, produce en los fabricantes de estos productos los mismos efectos que en toda la cadena agropecuaria que se mueve con la tasa diferencial del 10,5%: los insumos siguen gravados al 21%, generando saldos técnicos de difícil recuperación por parte de los productores o fabricantes.

En cuando a la exploración petrolera en zonas marítimas, la exigencia de asociarse con Enarsa (la petrolera estatal de reciente creación) arroja dudas y faltan definiciones, por lo que no avanza como se esperaba que lo hiciera. Ni de lejos.

Sin embargo, diremos también que el gobierno se apresta a suscribir una carta de entendimiento con Aguas Argentinas para la creación de un fideicomiso por 500 millones de pesos anuales a aportar por partes iguales entre la empresa de capitales franceses y el Estado Nacional. El Ente Regulador decidirá el destino de estas inversiones, que será siempre el de ampliaciones en la red. El ajuste de tarifas del agua domiciliaria, lo mismo que el de la electricidad y el gas, quedará para el año entrante.

Y vamos a terminar este trabajo haciendo una referencia al gasto público, medido en porcentaje del PBI. Nos referimos al gasto primario, no financiero. En 1990 la relación era un 19,4% del PBI, en 1994 era un 24,2%, en 2001 (año del desencadenamiento de la crisis), un 25,2% (récord). Hoy, estimado para el año en curso, tal porcentaje ascendería al 24,8%. En 2001 había un gran déficit, y éste se seguía cubriendo con endeudamiento externo, de manera que buena parte del gasto se pagaba con deuda. Hoy hay superávit, y el gasto se paga con los impuestos excesivos y distorsivos que el Dr. Lavagna ni siquiera está dispuesto a discutir porque considera al asunto una cuestión “ideológica”. Tal vez sea así, pero nos permitimos afirmar que más allá da las ideas que cada uno pueda tener, en general estamos de acuerdo en que un sistema como el vigente no puede convertirse en definitivo. No hay que olvidar que las retenciones a las exportaciones se basan primordialmente en el tipo de cambio alto sostenido artificialmente, lo cual provoca incentivos inflacionarios, al tiempo que deteriora el avance tecnológico por el encarecimiento de las importaciones de productos de última generación..

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2005

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Economía y tributación

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de publicar el informe anual de Desarrollo Humano (DH) colocando, una vez más, a Argentina dentro del grupo de naciones con "alto" DH. ¿Puede calificarse así a un país con más del cuarenta por ciento de su población sufriendo carencias y donde uno de cada cinco habitantes no cuenta con los medios suficientes para alimentarse?

En el mencionado informe Argentina ocupa el puesto 34 de una muestra que abarca a 177 naciones de todo el mundo encabezando el grupo latinoamericano de alto desarrollo, seguido por Chile (37), Uruguay (46), Costa Rica (47), Cuba (52) y México (53).

Sólo la arbitrariedad (no carente de intencionalidad) en la elección de indicadores y cierta insensibilidad estadística pueden hacer que Argentina comparta la clasificación de vanguardia con paises como Noruega, Japón y España y permita a los gobernantes de turno y alguno que otro cándido regodearse con la idea de formar parte del "primer mundo" o encabezar el ranking de las naciones latinoamericanas. Más patético aún resulta el caso de México, igualmente clasificado como de alto DH a pesar de que más de una cuarta parte de su población percibe ingresos inferiores a dos dólares diarios.

De allí el cuestionamiento a la utilización del calificativo "alto" que complementado con el termino "desarrollo" tiene un claro sentido de valoración positiva que desnaturaliza la realidad y constituye una verdadera afrenta a los numerosos contingentes de población que sufren cotidianamente todo tipo de privaciones en estos paises.

Como se elabora el IDH

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que clasifica a los paises en tres grupos (desarrollo humano alto, medio y bajo) atendiendo a los logros promedio alcanzados en materia de salud, educación y economía, medidos respectivamente por:

• La esperanza de vida al nacer, en el caso de la salud,
• Una combinación de tasas de alfabetización y de matriculación, para la educación, y


• Un PBI per cápita adaptado según poder adquisitivo, en economía

Sin duda el IDH es una forma de medición del bienestar un poco más amplia que el clásico ingreso per capita pero sigue adoleciendo del serio defecto de ser poco representativo para el conjunto de la población, lo cual resulta una deficiencia seria para el caso de paises muy segmentados por la regresiva distribución de ingresos, como es el nuestro.

Cualquier estudio serio sobre desarrollo debe necesariamente incorporar indicadores de distribución de ingresos, no como un complemento estadístico sino como insumo sustancial del análisis. Lamentablemente, vivimos la influencia de un economicismo restringido e interesado que descalifica la búsqueda de justicia social en aras de una supuesta eficiencia. Esta postura se refleja, entre otros, en la actual presión de EEUU por restar importancia al compromiso asumido en las Metas del Milenio de erradicar la pobreza.

Equidad y Desarrollo

En el cuadro que se muestra a continuación se comparan los ingresos anuales per capita, en dólares equivalentes (ajustados por poder adquisitivo), de Noruega, Japón, España y Argentina, ubicados, respectivamente, en los puestos 1, 11, 21 y 34 del IDH. La tabla permite apreciar el ingreso medio nacional y de los sectores más pobres y ricos de la población de cada país, así como las brechas que separan las puntas.

Elaboración propia sobre la base de datos del informe de Desarrollo Humano del PNUD

De la lectura del cuadro se desprenden algunas conclusiones de interés:

1. Las brechas entre el ingreso medio de los más ricos y los más pobres son brutales en Argentina: la diferencia entre "picos" y "valles" alcanza a ¡¡¡40 veces!!!, mientras que en el resto no supera las 9 veces. Resulta obvio que el concepto de alto desarrollo no puede estar asociado a tan grotesca falta de equidad.
2. Los más pobres argentinos son muchisimo más pobres que los más postergados de los paises de vanguardia, a diferencia de los más ricos que gozan de un bienestar similar. Los más pobres de España tienen un poder de compra 5 a 6 veces mayor que los nuestros mientras que la brecha entre los más ricos es de sólo un 20%.

El desafío es nacional

La experiencia de las naciones más desarrolladas indica que para alcanzar el bienestar colectivo distribuir resulta tan importante como crecer. Es más, existen variados argumentos que avalan la tesis que vincula el crecimiento con una mejor distribución de ingresos.

Mejorar el bienestar de los más pobres y aplanar la actual topografía de ingresos es teóricamente simple, pero muy difícil de llevar a la práctica por la fuerza de los intereses en juego y la falta de voluntad política de las dirigencias.

A efectos ilustrativos se señala que en nuestro país la brecha entre las puntas podría reducirse de 40 a sólo 8 veces si se transfiriera a los más pobres, vía impuestos, un diez por ciento de los ingresos del decil más rico, permitiendo que el ingreso medio de aquellos se cuadriplique. De realizarse el mismo ejercicio entre los quintiles más rico y más pobre, la brecha entre ambos grupos se contraería de 18 a 6 veces y el ingreso del veinte por ciento más pobre casi se triplicaría. De esta forma estaríamos muy cerca del nivel de España.

Sin duda es más fácil para nuestra dirigencia victimizarse y recurrir a peroratas que buscan descargar culpas en terceros o "los de afuera" antes que asumir los cambios internos necesarios para mejorar la situación a partir del sacrificio de los argentinos que más tienen y pueden, como ocurre en otros paises. Este es el camino para un mejor desarrollo humano.

Por Alberto Pontoni. Setiembre 2005

El gobierno sigue tomando medidas, y anunciando otras, con el único objetivo de controlar los precios atacando las consecuencias y dejando prácticamente intactas las causas de los incrementos.

Al momento de escribir estas líneas no se conoce todavía el incremento en el índice de precios al consumidor, pero las estimaciones oscilan entre el 0,5% según datos oficiales y 0,9% si partimos de informaciones privadas. La diferencia es llamativa, dado que una estimación es prácticamente el doble de la otra, pese a que en términos absolutos no estemos hablando de grandes cifras. Digamos que el margen de error llama la atención por lo enorme.

Según información periodística, en una reunión en el Ministerio de Economía entre funcionarios y empresarios vinculados a la industria frigorífica y consignatarios de hacienda, se ha manifestado la preocupación por el fracaso de los acuerdos de precios para 5 cortes cárnicos. Al mismo tiempo, la veda al faenamiento de animales de menos de 300 kg, que regirá desde el 1° de noviembre y apunta a aumentar la oferta de hacienda en estos meses, apunta según los funcionarios al mediano plazo y se vincula, según dicen, con la necesidad de aumentar los stocks vacunos del país. Y como se espera que de todas maneras haya una merma estacional en la oferta, se plantea la necesidad de tomar “medidas más drásticas” que en principio serían las de establecer un tope en los precios de toda la res por un lapso de 90 días.

También en materia de retenciones a las exportaciones se habla de la posibilidad de cambios. En principio se trataría de aumentar los derechos de exportación a los cueros. Aunque no hay mayores precisiones, al parecer existe una puja entre lo que pagan los frigoríficos por los cueros y lo que esperan recibir por ellos las curtiembres, pese a que un acuerdo entre ambos sectores había concluído en la promesa de un aumento. Esta cuestión afecta, naturalmente, al precio de la carne, ya que la rentabilidad de los frigoríficos tiene que ver también con la comercialización de los cueros..

La prórroga y modificación del PUREE, es decir del sistema de premios y castigos por consumo de electricidad, apuntó no solamente a evitar el problema de sus usuarios que recibieron juntas multas del año 2004 y del 2005, sino también a bajar la incidencia del rubro electricidad del hogar en el índice de precios. Es decir, a morigerar los indicadores inflacionarios.

El gobierno sigue comprando excedentes de dólares y colocando Lebacs para esterilizar el impacto de la emisión de moneda. Hasta el momento, el costo financiero del endeudamiento en estas letras no supera el llamado señoreaje, es decir la tasa obtenida por la colocación de las reservas en poder del BCRA, pero indudablemente neutraliza al menos parcialmente el ingreso por ese concepto. Y la tendencia como se sabe es a achicar más la diferencia entre el ingreso y el gasto financiero. Cabe decir que viene mermando el ingreso de dólares por liquidación de exportaciones por razones puramente estacionales, pero también porque existe una tendencia a la suba del tipo de cambio que hace que ingresen menos dólares para colocaciones en pesos, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas ofertas de Lebacs siguen sin ser indexadas, como se había anunciado que lo serían.

Otro dato que puede interesar es que está estudiándose otorgar créditos hipotecarios a tasa subsidiada del 5% anual para préstamos por cifras de hasta $ 80.000.-. Esta medida se enmarca en el rubro promociones, como venimos diciendo, y apunta a corregir la tasa de interés del 13 o 14% sobre este tipo de préstamos atacando la consecuencia y trasladando la diferencia a otros sectores de la comunidad, dado que el subsidio naturalmente saldrá del Tesoro, es decir de la recaudación tributaria y de la inflación generada por la expansión de circulante.

Como se sabe, las bajas tasas de interés son consecuencia siempre de una política monetaria seria y estable en el tiempo, sin cambios bruscos y arbitrarios mediante decretos o resoluciones motivados incluso por razones electorales, como puede verse en estos días lamentablemente. La garantía de una moneda sana, la seguridad jurídica y la estabilidad en las normas tributarias y financieras que deberían emanar siempre del Poder Legislativo, como lo establece la Constitución Nacional, sin duda ayudarían a crear las condiciones para que el precio del dinero baje por la baja del riesgo.

Y para ir terminando, diremos que se han tomado medidas limitantes de la importación de juguetes y calzado, que impactarán lógicamente sobre China y Brasil esencialmente. La idea, una vez más, es proteger a la industria local, lo cual implica, lógicamente, que los precios de estos productos no bajarán por efecto de la competencia externa. Hay que recordar que tanto el real brasileño como el yuan chino han venido apreciándose con respecto del dólar, lo cual iría en contra de las exportaciones de estos países, pero, sin embargo, la explicación que ha dado es que esta apreciación en el caso de Brasil ha dificultado la exportación de su producción de calzado a Europa y EEUU, y ello generaría la necesidad de canalizar los excedentes hacia nuestro país. En el caso de China simplemente las exportaciones a la Argentina vienen creciendo y de 26 millones de dólares en 2003 llegarían a 74 millones en el corriente año.

Y un dato final es que se permitirá la cotización en Bolsa de los certificados de plazo fijo. Con esta medida se pretende extender los plazos de colocación de fondos en los bancos, que en general son cortos al no ser indexados a menos de un año y ante la incertidumbre reinante. La propuesta la había hecho el presidente del Banco Central Martín Redrado a poco de asumir en esa función, y finalmente se concretará, al parecer.

Sin embargo, una medida de este tipo puede tener un efecto adverso para quien tenga la necesidad de vender un certificado por una colocación a una tasa determinada que haya sufrido un alza. Es decir, un certificado colocado al 5% anual bajará su precio si la tasa para el mismo lapso sube al 6%, dado que el adquirente querrá obtener por el título la tasa vigente al momento de comprarlo.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2005

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Consideraciones sobre el tratamiento tributario dado a la tenencia, venta o transferencia de inmuebles.

Continuamos analizando en este trabajo algunas cuestiones referentes a la situación impositiva que se presenta ante la tenencia, venta o transferencia de inmuebles urbanos y rurales.

En primer lugar nos referiremos a la venta de inmuebles, tanto urbanos como rurales. En este concepto consideraremos también los aportes a sociedades, el rescate y cualquier otra forma de disposición del dominio que pueda asimilarse a la venta.

Por empezar, definiremos cuatro tipos de sujetos: (1) las sociedades comerciales (2) personas físicas, (3) explotaciones unipersonales (4) propietarios del exterior.

Las sociedades comerciales son las de la ley 19.550 y también las comerciales de hecho. Si tales entes jurídicos deciden vender un inmueble de su propiedad podrán actualizar su costo de adquisición hasta marzo de 1992, por imperio de la ley de convertibilidad. Esto para inmuebles adquiridos con anterioridad a esa fecha, naturalmente. Y para los adquiridos posteriormente, el valor de compra en caso de estar considerado en dólares estadounidenses, se convierte a pesos al cambio de uno por uno. La utilidad que surja de esta venta va a pagar el 35% en el caso de las sociedades de capital, y en el caso de la SH se distribuirá la utilidad entre los integrantes para pagar cada uno según su declaración personal. En estos casos es factible evitar el pago del impuesto si el dinero obtenido se destina a la compra de otro inmueble como reemplazo. Un dato adicional es que la ley no permite comprar tal inmueble de reemplazo en el exterior.

Una alternativa es que en el caso de una S.A que no cotice en bolsa., por ejemplo, se venda el paquete accionario con lo cual se vende también el inmueble, en cuyo caso actualmente tal venta de acciones está libre del impuesto a las ganancias. Pero hay antecedentes jurisprudenciales que determinan que hay una utilidad en el precio de venta del paquete accionario que está dada por una suerte de sobreprecio de tales acciones en el caso de transferirse el dominio societario. Es decir que tal dominio permitiría suponer un plus en el valor que sí estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias en cabeza de los accionistas

En el caso de las personas físicas, la venta de sus propiedades personales no paga ganancias sino el impuesto a la transferencia de inmuebles, que lleva una tasa del 1,5% sobre el valor bruto de venta. Tales bienes son personales cuando hubieran estado alquilados, inexplotados o debe haber transcurrido más de dos años de su desafectación comercial.

El tercer caso es el de las empresas unipersonales. La venta de tales inmuebles está alcanzada por el impuesto a las ganancias.

Y el cuarto caso es el de propietarios del exterior (empresas o sociedades) de bienes inmuebles ubicados en el país, corresponde que el adquirente local retenga el 17,5% de impuesto a las ganancias, ya que la ley presume que el 50% del monto de la venta es utilidad, gravada por supuesto a la tasa del 35%. Cabe la posibilidad de que el residente del exterior viva en un país que tenga con la Argentina un convenio para evitar doble imposición, situación a contemplar y que puede permitir bajar la tasa. También existe un procedimiento que posibilita presentar al fisco los elementos y documentación concreta para justificar una retención de impuesto ajustada a la realidad Además, y respecto de los beneficiarios del exterior, cabe recordar que la Resolución 7/2003 de la Inspección General de Justicia presume que todas las sociedades ubicadas en los llamados "paraísos fiscales" pertenecen indirectamente a sociedades o personas físicas argentinas, una cuestión que no afecta el fondo de lo que estamos comentando, pe

LA SITUACIÓN ANTE EL IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA (GMP)

Los inmuebles urbanos afectados a una actividad comercial, lo mismo que los rurales en todos los casos, están dentro del ámbito del impuesto a la ganancia mínima presunta. Cabe recordar que la ley de este impuesto fija un mínimo del activo (sin considerar deudas) de $ 200.000.- superado el cual se paga sobre todo el 1%.

Cabe acotar que los inmuebles rurales se benefician con una quita del 25% sobre el valor de la propiedad libre de mejoras. Y este valor, a su vez, será el que surja de comparar el valor de compra ajustado hasta 1992 o la valuación fiscal para el impuesto inmobiliario provincial, la que resulte mayor.

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES (BP)

Los inmuebles urbanos están dentro de este tributo, para lo cual deben superar (junto con el resto de los activos del titular) la suma de $ 102.300.-, en cuyo caso se paga el 0,5% sobre todo el activo EXCEDENTE del mínimo señalado (por encima de los $ 200.000.- la tasa se eleva al 0,75%, sobre el excedente de dicha cifra). Hay que resaltar que las sociedades pagan BP por cuenta de los accionistas, dentro de la figura del llamado responsable sustituto, es decir que un campo dentro de una sociedad paga GMP por estar dentro de ella (naturalmente si el activo total supera los $ 200.000.-) y también paga BP en cabeza de los accionistas y por su tenencia accionaria, y en este caso no rige el límite de los $ 102.300.- de BP. La tasa es siempre 0,5% para este impuesto, sin mínimo no imponible, y además se toma el patrimonio neto (activo menos pasivo) para prorratear su valor entre la cantidad de acciones y llegar así al valor unitario de cada una, para determinar luego la porción correspondiente a cada

Un dato a tener en cuenta es que hay jurisprudencia respecto de que debe privar la realidad económica por sobre la llamada realidad registral. Este dato puede ser de interés en el caso de cesiones de predios o propiedades a los hijos para que realicen en ellos una actividad comercial o industrial, por ejemplo, en cuyo caso tal actividad en cabeza de los hijos paga GMP. Dado que el tema puede resultar vidrioso, es aconsejable en estos casos celebrar un contrato dándole fecha cierta en una escribanía.

TITULARES DEL EXTERIOR DE INMUEBLES

El representante local debe tributar GMP o BP según sea el caso bajo la figura del responsable sustituto. Acá entra a jugar la habitualidad de los actos en el país, prevista en la ley 19.550 de sociedades. Por ejemplo: un inmueble alquilado perteneciente a una sociedad del exterior entra en el ámbito de GMP, al menos según surge de consultas no vinculantes efectuadas al fisco.

OTRAS CONSIDERACIONES

Un aspecto interesante a resaltar es el hecho de que la actividad agropecuaria no es, según nuestro Código de Comercio, una actividad comercial, sino que es una actividad civil. Qué ocurre por ejemplo con una sociedad de hecho propietaria de un inmueble rural. O con una fundación, que en sí no persigue fines de lucro.

Hay un dictamen de la AFIP que ha dicho que la actividad agropecuaria de una Fundación está exenta porque no es una actividad comercial, sino civil. Es decir que no debe pagar BP responsable sustituto, y tampoco debe hacerlo una sociedad de hecho.

El punto es que la venta de un inmueble que no está afectado a una actividad de tercera categoría en el impuesto a las ganancias no debería pagar ganancias, sino transferencia de inmuebles.

En este trabajo dejamos abierto el tema, dadas las implicancias que tiene. Nos parece fundamental sin embargo que se fije una línea esclarecedora y definitiva por parte del fisco, para evitar precisamente este tipo de problemas.

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