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Mediante la resolución general (AFIP) 1856 (BO 30-03-05) se dispuso una prórroga en la vigencia del régimen de asistencia financiera ampliada (RAFA), ahora extendido, según podemos leer en el encabezado de la resolución que comentamos.

El régimen presenta algunas variantes con relación al anterior, por lo cual haremos a continuación una rápida reseña de todos los conceptos regularizables. Diremos primero que el nuevo plazo para la presentación vence el 30-06-2005, y que las obligaciones que pueden incluirse son todas aquellas vencidas hasta el 31-10-2004 inclusive. También aclaramos, como consideración previa, que las cuotas del nuevo régimen se extienden a 96 en el caso de las empresas grandes, y de 120 para las PYMES.

CONCEPTOS REGULARIZABLES

1. Impuestos, contribuciones y aportes a la seguridad social.
2. Intereses, multas y demás accesorios por las obligaciones citadas en 1.
3. Multas y cargos formulados por el servicio aduanero por tributos a la importación y exportación.
4. Deudas por retenciones a beneficiarios del Exterior.
5. Impuestos adeudados por salidas no documentadas.
6. Obligaciones surgidas de ajustes provenientes de inspecciones.
7. Deudas pendientes de RAF y RAFA por obligaciones vencidas al 31-10-2004.

CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN

1. Retenciones y percepciones practicadas o no (excepto los aportes de trabajadores en relación de dependencia y las retenciones a beneficiarios del Exterior)
2. Los anticipos y/o pagos a cuenta
3. El IVA por prestaciones realizadas en el Exterior (RG AFIP 549/99)
4. Los aportes y contribuciones al régimen de obras sociales
5. Las cuotas destinadas a las ART
6. Los aportes y contribuciones al personal del servicio doméstico.
7. La contribución al RENATRE (Rural)
8. Los conceptos comprendidos en el Monotributo.
9. Los intereses, accesorios y multas de los conceptos precedentes, excepto los que corresponan a retenciones, percepciones, anticipos y pagos a cuenta.

Quedan fuera del régimen los imputados con auto de procesamiento o prisión preventiva por delitos vinculados con la evasión tributaria y los delitos comunes que tengan vinculación con incumplimientos de obligaciones tributarias, de la seguridad social o aduaneras.

Cada cuota, denominada PAGO PARCIAL, no podrá ser inferior a $ 100.- tomando en cuenta únicamente la deuda de capital

CANTIDAD DE CUOTAS

La cantidad de cuotas máxima a considerar será la siguiente:

1. Por las retenciones a beneficiarios del Exterior o por salidas no documentadas: hasta 12 cuotas.
2. Por las deudas aduaneras o de aportes de trabajadores en relación de dependencia: hasta 36 cuotas.
3. Para el resto de las deudas: hasta 96 cuotas, que podrá extenderse a 120 en caso de tratarse de PYMES y siempre y cuando el total de la deuda no supere los $ 100.000.-

DEFINICIÓN DE PYMES

La resolución define el concepto de PYMES partiendo de lo normado en la Res. S.P. y M.E. 24/01, es decir, tomando en cuenta los montos facturados por año.

Tamaño/Sector Agropecuario Industria y minería Comercio Servicios
Micro-empresa $ 270.000 $ 900.000 $ 1.800.000 $ 450.000
Pequeña empresa $ 1.800.000 $ 5.400.000 $ 10.800.000 $ 3.240.000
Medianaempresa $ 10.800.000 $ 43.200.000 $ 86.400.000 $ 21.600.000

TASA DE INTERÉS

La tasa de interés aplicable es la correspondiente a los intereses resarcitorios o punitorios según corresponda. En el primer caso la tasa es del 1,5% y en el segundo del 2,50 %, siempre mensual. Esta tasa no es fija, sino que puede ser modificada por el organismo de aplicación tantas veces como lo estime conveniente a lo largo del tiempo, dependiendo de las condiciones económicas. Aclaramos finalmente que los intereses punitorios rigen desde la fecha de la demanda hasta la de adhesión al RAFA.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2005

 

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
(011) 4328-3382
estudio@hectortrillo.com.ar

La salida del default ha sido exitosa a juicio de prácticamente todos los economistas. La mayoría de los diarios financieros importantes del mundo han hecho hincapié en las bondades del canje así como también de las excelentes perspectivas que se ponen de relieve para encarar el futuro. Todo ello en un marco de gran euforia por el éxito y también de interesantes negocios hechos casi de inmediato en los mercados de títulos, tanto de los defaulteados que no ingresaron en el canje, como los nuevos títulos de los que sí lo hicieron, e incluso de los bonos llamados "postdefault", es decir, aquellos

títulos como los Boden que fueron suscriptos en canje de los depósitos provenientes del corralito.

Como se ha reiterado, en muchos casos las expectativas se han presentado como buenas o incluso muy buenas. Los títulos en pesos ajustables por el CER, por ejemplo, han resultado ser muy demandados dado que se cubre con ellos la inflación (se ajustan por CER) y se consigue un interés, al tiempo que se espera una baja del valor del dólar, o como mucho un sostenimiento de tal valor, redundando para quienes ingresen en tales títulos en ganancias en dólares.

Esta introducción pretende dar un marco general a los comentarios que siguen, dado que para señalar lo que nos parece relevante y de fondo, resulta imprescindible poner las cosas en perspectiva. Y eso es lo que intentamos hacer.

El canje ha sido exitoso en tanto se toma como excelente el porcentaje de aceptación, que es más o menos el previsto por la gran mayoría de los economistas. Cabe esperar ahora que aquellos bonistas que no han ingresado tengan una segunda oportunidad. Esta expectativa no es exagerada, y ha sido contemplada también por numerosos analistas, dado que las negociaciones con los organismos internacionales de crédito, como el FMI, implican incluir en la agenda tal posibilidad, desde el momento que las exigencias para volver a prestar o refinanciar créditos a países en default indican que debe haber un

porcentaje de aceptación del 95%.

Otro aspecto por el cual se viene reclamando desde el FMI y también desde el llamado G 7, es el de la renegociación de los contratos con las empresas concesionarias de servicios públicos, debido al atraso de las tarifas en dólares que ya lleva más de 3 años, y también dada la incertidumbre que conlleva mantener estos casos abiertos durante un lapso tan prolongado. En esta cuestión el gobierno ha fijado fechas para las audiencias con las "privatizadas", lo cual constituye un paso bastante tímido, pero que empieza a ser algo.

El impulso inflacionario motivado por el mantenimiento forzoso del tipo de cambio alto ha empezado a hacerse notar cada día con mayor vigor, tal como lo anticipamos en nuestra última reseña anual. En efecto, las presiones sobre salarios y precios, los conflictos gremiales tendientes a lograr aumentos de sueldo y los enojos de los funcionarios con los sectores que suben los precios, son cada vez más corrientes.

Precisamente el presidente se ha lanzado contra el sector de la carne por la suba de días pasados, sin tener en cuenta que se trata de un problema circunstancial provocado por intensas lluvias que dificultan la salida de los campos del ganando en pie, y también contra la petrolera Shell con acusaciones a nuestro juicio bastante descomedidas sobre falta de colaboración y demás, cuando el panorama internacional de fuerte suba del petróleo es un hecho de todos conocido. En otras palabras, que tanto en un caso como en el otro, no se trata de impulsos inflacionarios provocados por

la inyección de dinero espurio para sostener el tipo de cambio, sino de factores exógenos que hacen a los cambios en los precios relativos.

La verdadera historia en materia de crecimiento del PBI sostenido en el tiempo a lo largo de 2, 3 o 4 décadas no se escribe mediante estos arrebatos y acusaciones movidas por la realidad cotidiana, sino antes bien en el marco de un cuadro de seguridad jurídica, eficiencia económica y arribo de inversiones que mejoren la tecnología y el PBI per cápita, porque es en estas cosas donde está la fuente donde abreva el genuino crecimiento económico.

Hemos señalado en otras oportunidades que la educación, la salud y la seguridad ciudadana han de jugar un rol preponderante, ya que tales premisas aportan la mejoría cultural y social indispensable para ingresar a competir con el mundo con productos a precios internacionales comparables a los de los países más avanzados, dado que se requiere un material humano suficientemente preparado y saludable. Pero también es imprescindible hacer funcionar el Estado de Derecho en toda su plenitud, sin que

funcionarios del orden que sea suban o bajen el pulgar porque se enojan con determinados sectores y amenazan con sanciones incluso tributarias (como incrementar retenciones a las exportaciones), o las quitan según sean las reacciones. La seguridad jurídica se basa, sobre todo, en la ausencia de discrecionalidad. Aunque tal discrecionalidad pueda aparecer aquí o allá como justa. El respeto de los contratos, el reconocimiento de las obligaciones, las garantías constitucionales básicas deben ser los pilares de una Nación.

No hace falta abundar mucho para comprender que en nuestro país los capitales han huido una y otra vez a lo largo de las décadas. Los cálculos hablan desde hace rato de que más de 150.000 millones de dólares de argentinos se refugian en el Exterior. Es decir que no sólo las empresas extranjeras se "llevan las ganancias", sino también las nacionales. Ello aparte de que las nacionales que se han vendido no han originado en general nuevas inversiones locales por parte de sus viejos dueños.

En verdad, la salida de capitales tiene siempre como razón fundamental la necesidad de poner a buen resguardo los ahorros. Creemos que esto está de sobra comprendido por todos nosotros, incluído como se sabe el propio presidente de la Nación.

Lo cierto es que tal salida de los ahorros nacionales tiene su razón de ser en la inseguridad jurídica y política a la que nos referimos, y es imprescindible revertir esta situación de verdaderamente aspiramos a convertirnos en una Nación de alto grado de desarrollo. Al mismo tiempo tal reversión es la que mejor que nada atraería capitales extranjeros. Es nuestro país quien necesita tales capitales, y por lo tanto hay que fomentar su llegada y no a la inversa.

La reforma del Estado, tanto Nacional como Provincial y Municipal, es también indispensable, porque el gasto público improductivo constituye asignación de recursos, lo que equivale a utilizar mal los capitales escasos con que contamos.

A su vez, en general las empresas en países inseguros como el nuestro, arriesgan menos inversiones y por lo tanto no alcanzan los estándares de calidad exigidos en los países avanzados, resignándose muchas veces a exportar lo que puedan en el área latinoamericana. Las razones de este tipo de decisión hay que buscarlas en todo lo que antecede. Y esto viene a cuento porque suele privar la idea de que es un problema de idiosincrasia local. A veces puede que sea cierto, pero tantas otras, en nuestra opinión, es simplemente disminuir el riesgo de hacer inversiones y no poder

recuperarlas.

Con este panorama, podemos concluir que no se trata de mantener el dólar en valores altos para así poder competir. Ello no es más que un artilugio monetario que equivale a provocar desequilibrios que se pagan más temprano que tarde, porque es sostener artificialmente lo que de por sí no se sostiene. Debemos aprender del pasado, que tantas veces repitió el mismo panorama hasta finalmente terminar en el estallido. El rodrigazo, la salida de la tablita cambiaria, el desastre el plan austral y del plan primavera, el pan Bónex, el corralito y otros cataclismos tuvieron el mismo origen:

disimular la ineficiencia mediante artilugios monetarios que terminan encorsetando las variables económicas hasta provocarse el estallido.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

La reciente culminación del canje de una porción sustancial de la deuda pública nacional cierra un capitulo importante en la reparación del desquicio generado por tres décadas de políticas económicas aberrantes. Más allá de los ahorros de recursos es importante resaltar el logro alcanzado en la elaboración de un "pensamiento propio" en el manejo profesional de este tema. La Argentina ha sentado jurisprudencia internacional y ha establecido un histórico precedente de espaldas a las directivas de los centros de poder domésticos y del exterior, financieros y académicos, que en todo momento apuntaron al fracaso. Asimismo, como economistas es un deber felicitar a nuestro colega Roberto Lavagna que supo demostrar que en economía hay intereses antes que leyes y que el camino del desarrollo es una creación heroica que requiere profesionalidad y compromiso nacional.

Antecedentes

A fines del 2001 el total de la deuda pública alcanzaba a 144.4 mil millones de dólares y los intereses superaban los 10 mil millones anuales. Sin duda, semejante deuda y su servicio eran absolutamente impagables, con o sin declaración de default, ya que la economía no generaba el superávit fiscal y externo (divisas) necesario para hacer frente a los pagos.

Superado el caos del 2002 el Gobierno comenzó a trabajar en una estrategia de reestructuración global que, básicamente, distinguía entre aquellas obligaciones que debían honrarse plenamente (negociando una espera) y aquellas a las que se ofrecería un pago, pero con una quita sustancial. Las primeras, que sumaban 62 mil millones de dólares, correspondían a obligaciones de corto plazo y prestamos de organismos internacionales y paises. Las segundas, estaban representadas, principalmente, por títulos y prestamos contraidos con acreedores privados que en conjunto rondaban la suma de 82 mil millones.

Después de largas negociaciones el Gobierno terminó ofreciendo por las obligaciones en default un set de tres bonos alternativos (Par, Descuento y Cuasi Par), que se diferencian, principalmente, por los porcentajes de quita, intereses y plazos de amortización.

Resultados

El canje con quita y espera fue aceptado por el 76% de los tenedores de títulos en default, con acreencias por 78 mil millones de dólares (62 mil millones de capital más intereses acumulados) a cambio de nuevos bonos por un total de 35.2 mil millones. La quita fue del 55% y el ahorro para el Estado de casi 43 mil millones de dólares. El Gobierno mencionó una quita del 65.6% y un ahorro de 67 mil millones, porque computa en las quitas los créditos de quienes no ingresaron al canje, como si no fueran a pagarse nunca jamas. Los que no ingresaron al canje mantienen acreencias por mas de 24 mil millones de dólares, considerando capital e intereses.

Con el canje se alcanzaron dos objetivos: quita, pues se logró una reducción sustancial de una porción de la deuda y una disminución de los intereses pactados y, espera, ya que el plazo de pago se estiró de un promedio de 8 años y medio a poco más de 14 años. Un indicador que resume los logros obtenidos es la reducción a menos de la mitad de la carga anual por pago de intereses de esta porción de la deuda pública. El gobierno ha estimado en 3.200 millones de dólares el servicio anual promedio de la deuda reestructurada. Posiblemente la cifra final aumente debido a la necesidad de ofrecer una alternativa a quienes quedaron fuera.

El futuro

Quienes creen que Argentina superó este problema se equivocan y mucho. El monto del stock de deuda sigue siendo excesivamente alto y la carga de su servicio una de las más gravosas del mundo. Tres datos permiten comprender la situación.

1. Después del canje el stock de deuda es, según el Gobierno, de 125.2 mil millones de dólares (no computa la deuda con quienes no ingresaron al canje). Sin embargo, en un escenario más realista, que incluya las acreencias de los renuentes con una quita similar al resto, la deuda total alcanzaría los 136 mil millones de dólares. Este monto representa el 80% del PBI actual y equivale a unos 16 mil dólares por familia.
2. La nueva deuda absorberá sólo en concepto de intereses un promedio de 6.800 millones de dólares anuales (considerando una tasa del 5%), equivalentes al 20% de nuestras exportaciones y casi un 4% del PBI actual.
3. En los próximos 6 años se concentran vencimientos por 70 mil millones de dólares. Suponiendo se destinen todos los años el 3.5% de un PBI expandiéndose a una tasa del 6% anual, se necesitará refinanciar obligaciones por unos 30 mil millones de dólares. En el 2005 hay que pagar 13 mil millones y otros 14 mil millones al año siguiente.

¿Es factible honrar estos compromisos?

Sólo con crecimiento. Como bien lo señalara el ministro Lavagna en su intervención "ningún artilugio reemplaza al crecimiento". El país deberá necesariamente crecer en los próximos años a una tasa superior al 6% anual, para llegar al 2010 con un PBI de 230 mil millones de dólares (el actual es de 170 mil millones) y exportaciones que superen los 45 mil millones. ¿Qué se requiere?

Obviamente, políticas orientadas a estimular la producción, tanto por demanda como por oferta. Pero la clave pasa, fundamentalmente, por una dirigencia eficiente y comprometida con el interés nacional. Los desafíos son crecimiento y bienestar para todos, es decir, producir y distribuir equitativamente el esfuerzo común. Esta fue la permanente preocupación de los fundadores de la economía y debe continuar siéndolo.

Reflexiones finales

1. Lo positivo. Dos cuestiones: el manejo autónomo de toda la gestión y el éxito. Más allá del monto real de la quita obtenida (sustancialmente inferior a la ofrecida inicialmente en Dubai en setiembre del 2003) la reestructuración de la deuda alcanzó el máximo éxito posible en el marco de una negociación. De haberse propuesto condiciones mas gravosas para los acreedores el nivel de aceptación habría sido muy inferior, provocando un fracaso de consecuencias políticas y económicas imprevisibles.
2. El gusto amargo. Que los únicos perjudicados por la reestructuración hayan sido acreedores privados del exterior que en su momento confiaron en la Argentina, mientras que los verdaderos responsables, la dirigencia política y económica local con responsabilidad de gobierno en las últimas tres décadas, siga gozando impunemente. Un acto de justicia sería que compartan, al menos, los costos de su mala praxis y, en muchos casos, paguen por la utilización del cargo público con fines delictivos.

Por Alberto Pontoni.Marzo 2005

ver: Canje de Deuda 

Resulta evidente que el Gobierno Nacional ha encarado el incipiente rebrote inflacionario mediante la ya clásica política de precios concertados. Esto es: lograr acuerdos sectoriales para bajar o sostener los precios de algunos productos dentro de parámetros "sociales", lo que equivale a decir accesibles para las clases más postergadas. A ello se suma un discurso en general acusatorio con relación al comportamiento empresario, que por supuesto colabora en punto a la búsqueda de concertaciones.

Esto significa decir, recurriendo a la lógica más elemental, que el Gobierno admite que estamos ante un problema de alzas en los precios e intenta corregirlo aplicando una metodología determinada.

Hemos venido sosteniendo que la inyección de moneda para mantener el dólar alto ha producido un impulso en los precios de gran magnitud. Y por otro lado hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que luego de dos años de crecimiento del PBI entramos en una especie de cuello de botella porque la necesidad de inversiones para atender la demanda adicional se encuentra con el escollo de lo que genéricamente podemos denominar falta de seguridad jurídica.

Si bien esperamos para este año un aumento considerable de las importaciones que contribuirá a disminuir el excedente de oferta de dólares provenientes de las exportaciones, no es menos relevante decir que el Gobierno sigue intentando restar circulante monetario mediante colocaciones en Lebacs, Nobacs, y otras medidas colaterales, como ser adelantar la devolución de los redescuentos otorgados a los bancos luego de la pesificación asimétrica. Asimismo, la extensión de plazos para liquidar exportaciones o la permisividad de cancelar anticipadamente financiamientos provenientes del Exterior apuntan a evitar la sobreoferta de dólares tanto como sea posible. Todo ello dirigido a un mismo objetivo: evitar o postergar tanto como sea posible la emisión de moneda dirigida a comprar los excedentes de dólares manteniendo así el tipo de cambio alto. A todo ello se suma la compra de dólares mediante recursos del tesoro, esto es, con el superávit que evita la emisión de moneda.

Lo cierto es que estamos ante un impulso inflacionario y el Gobierno evidencia tanto en el plano de la concertación como en las medidas monetarias que estamos mencionando a vuelapluma, un claro intento de corregir el problema. Cabe entonces analizar si estimamos que lo logrará.

Estamos en un año electoral y llevamos dos años en los cuales el gasto público creció cerca de un 60% aproximadamente respecto de 2002. Tenemos problemas con las tarifas de servicios públicos que siguen más o menos congeladas precisamente para evitar que se disparen aún más los precios, pero con el consiguiente daño a la política de inversiones en áreas como la energética. Existe la certeza de que tendremos dificultades para la provisión de combustibles durante el invierno. De hecho, ya se producen cortes con bastante frecuencia, sobretodo en el gas a nivel de industrias. Y también hay problemas con la energía eléctrica, que en parte debe ser generada con fuel oil importado por la baja cota de las centrales hidroeléctricas.

Reconocemos en este panorama nuestro particular escepticismo. Estamos ante un problema serio en un momento en que resulta difícil bajar el gasto público, precisamente por la cercanía de las elecciones. En rigor, que sepamos nada se ha hecho en la materia en estos años. Por el contrario se han creado nuevos planes de ayuda que sin dejar de reconocer su necesidad en muchos casos, provocan en muchos casos desvíos en la asignación de los recursos dado que su utilización dista de ser correcta, sobre todo cuando se encargan de ello organismos estatales o paraestatales, en lugar de hacerlo ONG, por ejemplo.

Mientras por un lado el Estado sale a ayudar a los sectores más postergados, por el otro se admite que la única forma de resultar competitivos es manteniendo retrasados los ingresos de la población contados en divisas. El dólar es caro, por ende la mano de obra es barata. De manera que a la ineficiencia tradicional argentina en materia de servicios que debe brindar el Estado, se suma la atención de problemas de grandes cantidades de personas indigentes.

No deja de ser una cuestión a mencionar este hecho. Si bien es razonable atender a quienes lo necesitan, ello tiene un costo, que se suma al gasto público total, obviamente.

Esto en materia pública. En la faz privada los empresarios no parecen dispuestos a arriesgar inversiones si no hay seguridades a mediano plazo por lo menos. Por lo tanto la eficiencia en este sector se encuentra circunscripta a lo que hay instalado, más un plus acotado y sumamente prudente.

En 2004 la inversión alcanzó al 18% del PBI, aproximadamente, cuando lo que se estima esperable para lograr un crecimiento sostenido que empalme además con las exigencias provenientes de la renegociación de la deuda, es del orden del 22% del PBI.

Digamos también que el PBI, medido en dólares valuados en torno de los $ 3.-, alcanzará alrededor de U$S 160.000 millones. Esta cifra es sumamente baja si se la compara con países como México, que pasa los U$S 600.000.-. De manera que aún en el caso de que las inversiones mantengan un crecimiento sostenido, estamos hablando de valores relativamente bajos en términos comparativos.

Yendo de lleno a la política de concertación de precios, es obvio que se trata de un paliativo tendiente a contener los efectos de la inflación, y su duración está demostrado históricamente que no es demasiado larga.

Es que está claro que la selección de productos a precios contenidos, provoca un incremento de la demanda de tales bienes, lo cual lleva al agotamiento de la oferta y la búsqueda de productos alternativos a precios seguramente superiores. De hecho, concertar precios implica evitar mediante recursos que podríamos llamar exógenos, su suba.

De manera que hay que tener muy en claro que este tipo de medidas nunca son de largo aliento. Cabe preguntarse entonces qué hará el Gobierno cuando los tiempos se agoten.

Es probable que en ese punto se resalte la lamentable política acusatoria que vemos cada vez con más frecuencia, especialmente mediante la Secretaría de Defensa del Consumidor, que no trepida en publicar solicitadas acusando a los empresarios de vender a precios abusivos y demás.

Si bien podemos colegir que no faltará quien efectivamente se abuse de una situación, lo cierto es que en el conjunto tenemos un problema inflacionario provocado por una política monetaria, y que este problema no se resuelve si no se encara una reforma de fondo que lleve a garantizar la juridicidad del sistema, juntamente con la aplicación de políticas tendientes a bajar el gasto público en serio, en todos los órdenes y sin trepidar. Es decir, exactamente lo contrario de lo que está haciéndose.

La recuperación de la economía ha provenido de la devaluación y del no pago de la deuda externa especialmente. Pero también se ha debido a la estabilidad pasada que hizo que la población confiara bastante en la moneda local. Ello permitió recuperar los niveles de producción de 1998 y en algunos rubros un poco más, inclusive. Y lo que está pasando es que el exceso de demanda, maximizado por las medidas tomadas en diciembre respecto de postergar retenciones de impuestos, anticipos y demás, ha ido agotando la capacidad ociosa heredada de la crisis. Es aquí donde es necesario un incremento rápido y sostenido de las inversiones, especialmente en el área energética.

Nosotros pensamos que tal como van las cosas, es muy probable que la tasa de aumento de los precios sea bastante superior a la prevista incluso por los economistas más enfrentados ideológicamente al Gobierno.

La esperanza de que se tome nota de esta tendencia y se modifique de plano su política, es francamente baja.

Reiteramos que estamos en un año electoral, y que el impresionante aumento del gasto público difícilmente sea revertido.

Nada indica, por otra parte, que esté pensándose en reformular el sistema tributario para ir eliminando impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones o a las transacciones financieras (impuesto al cheque).

En el plano internacional, la suba de las tasas por parte del Tesoro de EEUU hace presagiar una revalorización del dólar que en nada colabora en todo este proceso. El peso está subvaluado, como venimos repitiendo, y cuanto más se revalorice el dólar, peor.

Luego del canje de la deuda, el efecto default en materia de divisas va llegando a su fin. Comenzarán los problemas judiciales con los llamados "fondos buitre" que se han quedado con gran cantidad de deuda defaulteada y pretenden obtener un resultado superior al logrado por quienes adhirieron al canje. Esto significa que por un lado comenzarán a salir divisas para el pago de la deuda, aparte del incremento esperado de las exportaciones. Esto último tenderá a disminuir la sobreoferta de dólares para la segunda mitad

Todo ello dentro de un contexto inflacionario y también, probablemente, de conflictos sindicales y sociales por demandas salariales.

Buenos Aires, 28 de marzo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

Asesor y consultor de empresas

(011) 4328-3382

estudio@hectortrillo.com.ar

En las últimas tres décadas el consumo mundial de soja, fundado en la gran riqueza de proteínas que presenta esta leguminosa y oleaginosa, ha pasado de 40 a 200 millones de toneladas, creciendo a un ritmo de 5 millones de toneladas/año. Todo indica que esta tendencia se mantendrá debido a (i) las perspectivas de crecimiento de China e India, (ii) los cambios en la alimentación de ganado para evitar el mal de la vaca loca y (iii) la potencial utilización en la elaboración de combustibles (biodiesel).

La contracara de este fenómeno es el aumento de la importancia económica de este cultivo y la gran expansión del área sembrada en Brasil y Argentina, que junto con EEUU concentran el 80% de la producción mundial. Actualmente, Brasil produce cerca de 60 millones de toneladas y las divisas generadas por exportaciones ya superan los 10 mil millones de dólares, más del doble que el azúcar y café sumados.

En nuestro país, en los últimos 20 años el área sembrada con soja pasó de 2 a 14 millones de hectáreas y la producción de 3.5 a 35 millones de toneladas. A su vez, las exportaciones del complejo soja superan los 7 mil millones de dólares anuales, más de la quinta parte de nuestras exportaciones totales.

Sin embargo, el festival de la soja no es gratis ya que la explotación irracional y la expansión de la frontera agrícola esta generando secuelas aún difíciles de evaluar. Brasil enfrenta el riesgo de una catástrofe ecológica debido a la creciente deforestación de la selva amazónica impulsada por avances genéticos que han permitido la adaptación del cultivo al clima tropical y en Argentina el reemplazo de bosques por soja esta produciendo la mayor deforestación de la historia. Según datos oficiales el país esta perdiendo unas 200.000 hectáreas de bosques al año.

Córdoba es la provincia donde el proceso es más devastador, seguida por Santiago del Estero y Salta. En estas tres provincias, que albergan reservas importantes de bosques nativos, se conjuga la acción de empresarios inescrupulosos y gobiernos cómplices que permiten el accionar de los bulldozers sin reparar en las consecuencias futuras.

En la última década, junto con el incremento del cultivo, Córdoba perdió el 30% de sus bosques nativos, ubicados principalmente en las sierras. Es más, de las 10 millones de hectáreas de bosques que había hace un siglo sólo queda un 12 por ciento y, peor aún, en la zona serrana sólo resta el 2 por ciento de la superficie boscosa original. Esto ha afectado seriamente su equilibrio ecológico pues mientras en el sur de la provincia el exceso de lluvias provoca inundaciones en el noroeste se reiteran las sequías.

La deforestación de los bosques de montaña destruye esa "fábrica de agua" natural que son las sierras, que actúan como "esponjas" que absorben el agua y la van liberando a lo largo del año. La deforestación en gran escala permite que el agua de lluvia escurra rápidamente, como si se deslizara por una autopista, impidiendo la retención del fluido y provocando posteriores sequías (la alegoría corresponde a Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente).

En economía suelen minimizarse efectos como los descriptos al cargarlos en la cuenta de los costos de la modernización bajo términos tales como "externalidades negativas" o "fallas del mercado". De forma similar en el vocabulario castrense se suelen cargar a la cuenta de las llamadas guerras justas los costos por "daños colaterales". Esos "sacrificios necesarios" han servido para justificar en nombre de la globalización, económica o religiosa, capitalista o socialista, el genocidio de indígenas americanos en el siglo XVI y de campesinos rusos en el XX. Esta visión se corresponde con la instrumentación de la economía al servicio del interés particular de grupos.

La solución

La racionalidad económica puesta al servicio de los intereses particulares o del mercado no es ajena a estos descalabros y abusos, es más, actualmente concentra la mayor dosis de cinismo justificante dentro de las diferentes categorías de pensamiento.

En este campo, como en tantos otros, las soluciones técnicas existen pero el problema pasa por quién y cómo implementarlas, ya que confiar en la "mano invisible del mercado" llevará a situaciones de no retorno. El desafío reside en producir más soja con más eficiencia en la misma cantidad de tierra y no a costa del bosque.

Las principales organizaciones ecologistas del país coinciden en la necesidad de establecer con urgencia inmediata un plan de ordenamiento territorial y una ley de bosques que prohiba la deforestación por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de los ecosistemas. No cabe duda que la prohibición absoluta de deforestar y las penas de prisión para los que desmonten son instrumentos que van a llegar en unos años más, pero el problema es que lo harán cuando ya sea muy grave la escasez de agua.

Obviamente, ningún funcionario, nacional o provincial (ni siquiera las organizaciones de productores agropecuarios) se opondrá frontalmente a estas iniciativas, que serán siempre reconocidas como necesarias en declaraciones retóricas y discursos demagógicos. Sin embargo, la forma de sabotearlas pasa por el timing o el management, es decir, frenando la instrumentación de las medidas o implementando mecanismos burocráticos o poco eficientes de control.

Una vez más las soluciones económicas dependen de decisiones políticas y la única garantía que estas se tomen en el tiempo y orientación mas adecuados es ampliando la participación popular, tanto en la toma de decisiones como en su ejecución.

El deterioro en las últimas décadas de la democracia representativa y la conducta deplorable de dirigentes y representantes hacen necesario estimular el compromiso ciudadano a través de mecanismos de democracia directa o participativa. Esto implica sumar a la mesa de decisiones a las organizaciones sociales y ecológicas comprometidas con la protección del patrimonio natural, como son el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y entidades como la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y Greenpeace.

La incorporación de estos nuevos actores es un factor esencial para construir una nueva economía en el marco de una nueva democracia. El resto son buenas intenciones, y de ellas esta pavimentado el camino al infierno.

Por Alberto Pontoni. Marzo 2005

Es nuestra intención abordar en este trabajo las responsabilidades tributaria y penal de los distintos sujetos de los deberes impositivos. Para ello tomaremos como base la legislación vigente y también, en tanto corresponda, la jurisprudencia y la doctrina concomitantes. Tenemos en claro que el tema no se agotará con las consideraciones que haremos, pero esperamos por lo menos echar luz sobre aquellos puntos que están suficientemente definidos y sobre los cuales no existen dudas al respecto.

En términos generales diremos que los sujetos de los deberes impositivos se dividen en: (a) los responsables por deuda propia y (b) los responsables por deuda ajena. Entre los primeros encontramos, obviamente, a los propios contribuyentes, en tanto les corresponde la responsabilidad directa de ingresar las obligaciones impositivas que sobre ellos recaen. Entre los segundos están todas aquellas personas físicas o jurídicas sobre las cuales la legislación vigente hace recaer el carácter de sujetos pasivos de la relación tributaria, poniendo a su cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aún cuando no revistan la calidad de contribuyentes.

Respecto de las responsabilidades de cada contribuyente, damos por sentado que en general se tiene claro la necesidad de cumplir con las distintas obligaciones. Pero cuando entramos en el terreno de los responsables por deuda ajena, allí se generan dudas y no son pocas las lagunas legales que terminan siendo cubiertas por la jurisprudencia y también por dictámenes y aclaraciones de diversa índole, es decir, la llamada jurisprudencia administrativa.

Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios son responsables por la deuda de los entes que administran o representan de manera solidaria con ellos en determinadas circunstancias. Tales circunstancias se producen cuando dichos administradores no cumplen con los deberes tributarios que le asigna la ley en lo que respecta a los entes administrados. Hay que tener en cuenta que esta responsabilidad personal y solidaria hace que tales representantes deban responder con sus bienes propios y también estar sujetos a sanciones que pueden llegar a la aplicación de la ley penal tributaria en cabeza de ellos.

Debemos decir, asimismo, que cuando los representantes que citamos demuestren debidamente a la AFIP que se vieron imposibilitados de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, quedan eximidos de responsabilidad solidaria.

Ahora bien, la solidaridad no se presume y requiere, como decimos, el incumplimiento de los deberes por parte del contribuyente. Su inobservancia debe ser imputable a título de culpa o dolo y queda en cabeza de los representantes demostrar que fueron imposibilitados de cumplir

La naturaleza de la responsabilidad es siempre subjetiva, precisamente porque debe haber culpa o dolo. En general la jurisprudencia se encamina a determinar la responsabilidad dentro de los límites del derecho tributario y también tomando en cuenta la prueba ofrecida en punto a la conducta dolosa o culposa.

Hay un viejo dictamen (203/1958 DGI) que se refiere al tema, afirmando que los exdirectores, gerentes y demás representantes que hubieren estado en el ejercicio de sus cargos a la fecha del vencimiento de las obligaciones impositivas son responsables de su cumplimiento. Por ende, de no cumplir se cae en principio en la presunción y llegado el caso deberá demostrarse que no hubo culpa o dolo. Este dictamen tiene su importancia porque específicamente se refiere a los representantes que estaban cumpliendo funciones al momento de la falta, con independencia de que ya no estén en sus cargos.

A continuación reseñaremos un par de fallos relativamente recientes donde se dilucidan casos vinculados con este vidrioso tema, para ilustrar acerca del criterio que adopta la Justicia, que por supuesto sigue los lineamientos comentados.

Tenemos por ejemplo un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, de fines de 1997, que atribuye la responsabilidad al presidente del directorio por ser el titular de las cuentas bancarias mediante las cuales operaba la empresa. (Ostachi, Juan Carlos TFN Sala C)

Citamos también otro fallo, también del TFN, de agosto de 2000, en el cual se plantea la responsabilidad de un químico industrial designado director de una sociedad, que asesoraba a la empresa desde su profesión, desarrollando nuevos productos e influyendo en la compra de insumos. Estas funciones, se consigna, eran ajenas al cumplimiento de las obligaciones impositivas o de la libranza y firma de cheques, aunque este director concurría a las asambleas, y también representaba a la empresa ante las cámaras vinculadas al sector correspondiente.

En este caso, el Tribunal falló tomando en consideración la situación particular de esta persona. En efecto, se concluye que la atribución de responsabilidades por las omisiones o faltas en materia tributaria, es de carácter especial y de naturaleza subjetiva, y por lo tanto la solidaridad imputada solo puede recaer sobre aquellos directores que administren o dispongan los fondos societarios. Se aclara en este caso que deben estar cumpliendo tales funciones al momento de producirse la infracción, es decir no antes o después. De manera tal que aquellos directores que por su función específica fueran ajenos al manejo administrativo o financiero de la sociedad, no pueden ser considerados responsables solidarios en un pie de igualdad con quienes por su función en tal sentido hayan tenido facultad de decidir en materia tributaria y hubieran actuado de modo negligente o con culpa personal. (Nelson, Fontán I. TFN Sala C).

Citamos también el caso de una actora que se excusa en cuanto a su responsabilidad personal en virtud de que la situación económica y financiera de la empresa impidió el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La prueba ofrecida destaca el endeudamiento de la empresa y las dificultades financieras, pero el Tribunal concluye que la actora era quien disponía el destino de los fondos, siendo que en forma recurrente lo hizo dejando de lado precisamente las obligaciones fiscales.

Esta persona había invocado el inciso a) del artículo 8 de la ley de Procedimiento Tributario, que excluye de responsabilidad a quienes "demuestren debidamente que sus representados, mandantes, etc, los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales". (Ripa, Jorge J. TFN Sala B Mayo 2002)

Finalmente, diremos que la responsabilidad penal subyacen los casos en que la conducta de los directores y representantes, caiga en los delitos previstos en la ley 24.769 (penal tributaria).

Como puede verse en los ejemplos comentados, siempre la responsabilidad es de carácter subjetivo y debe probarse. El tema es de gran trascendencia, porque la experiencia demuestra que en muchos casos se constituyen sociedades con el objeto de limitar las responsabilidades patrimoniales de los socios, siendo que tales responsabilidades afectan el patrimonio personal si se demuestra la culpa o el dolo de quienes dirigen o representan a las empresas. E incluso les cabe responsabilidad penal, como queda dicho.

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
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En un trabajo reciente en el que hablábamos de las perspectivas para la economía durante el año 2005 (ver: la inflación y el tipo de cambio), hicimos especial hincapié en la posibilidad de que se dispararan los índices inflacionarios como consecuencia de la emisión monetaria a la que viene recurriendo el Banco Central para comprar los dólares provenientes de las exportaciones.

Como es sabido, las presiones inflacionarias no se producen en forma simultánea y en toda la economía, sino que afectan a determinados rubros de manera aparentemente desordenada y progresiva. En verdad, esto depende de muchos factores y trataremos de ceñirnos a las evidencias con que vamos contando para ilustrar sobre lo que queremos significar. En los últimos tiempos es evidente que los precios vienen subiendo sin solución de continuidad y que ciertos gremios presionan sobre el empresariado para lograr sustanciosos aumentos de sueldos, aún pese a las "asignaciones no remunerativas" encaradas por un Gobierno deseoso de reprimir los impulsos en tal sentido.

A su vez, como hemos señalado en otras oportunidades, el cuasicongelamiento de las tarifas de servicios públicos en general, continúa con toda su fuerza manteniendo en principio a raya los grandes disparadores inflacionarios, pero a costa, obviamente, de una alta desinversión en sectores claves, como el energético.

La política de tipo de cambio alto, pensada como tantas veces en nuestra historia reciente como una forma de reducir artificialmente el llamado "costo argentino" y volver las exportaciones competitivas, poco a poco va desangrándose ante la evidencia de los efectos negativos consecuentes y cada vez más evidentes.

Téngase presente que la aplicación de retenciones al agro o al petróleo, por ejemplo, fue posible precisamente por la devaluación monetaria, que dejó un colchón remanente para que el Estado aplique esta práctica en tanto y en cuanto los costos de producción, devaluados en dólares, no vuelvan al estadio anterior. A ello, se sumó el importante aumento de los precios internacionales, del petróleo y de la soja, fundamentalmente. Aunque como también es de conocimiento público el precio de esta última ha caído en una proporción importantísima.

Recalcamos una vez más que las medidas de política monetaria pueden tener una utilidad en momentos de crisis y por cortos períodos, pero el sostenimiento de ellas más allá de lo razonable en función de la particular situación, conduce al desastre más temprano que tarde.

En este marco, es evidente que los precios de los cereales, tales como el citado o el maíz y el trigo, han caído entre el 30 y el 40%, lo cual puede tener un efecto devastador con vistas a la próxima siembra del cereal de invierno. Porque si bien es cierto que este año la cosecha de granos probablemente supere en un 10% a la anterior, también lo es que las expectativas de menores ganancias, o incluso de pérdidas, producirán desistimientos de importancia, a menos que desde el Estado se tome el toro por las astas en este sentido y se reduzcan las retenciones.

Es obvio que estamos ante un dilema que no por reiterado deja de ser dramático: bajar o eliminar las retenciones producirá una merma en los ingresos de las arcas públicas, pero tal merma se producirá de todos modos por la baja de los precios internacionales. Y también habrá una baja en la cosecha del año próximo si como se prevé bajan las áreas sembradas como consecuencia de lo antedicho.

El Gobierno sigue sosteniendo, esta vez por boca del Jefe de Gabinete, que la política de sostenimiento de un tipo de cambio alto no se modificará. Precisamente porque este artilugio es el que permite mantener una competitividad que debería ser lograda sobre bases reales. Pero para ello hace falta volver eficiente a una Nación que por lo general no se ha caracterizado en ninguno de sus estratos por mantener un grado de austeridad y eficacia de gestión razonables.

No está en vista ninguna reforma del Estado, tanto nacional como provincial, que permita ver al menos una luz al final del túnel en esta materia. Atrás quedaron las promesas en tal sentido, llevadas a cabo sobre todo en los dramáticos primeros meses de 2002.

La salida del default puede tener un efecto positivo, indudablemente, pero también implicará el comienzo de las erogaciones en pago de intereses a los acreedores. Esto producirá la merma de las reservas, lo cual entre otras cosas producirá una reducción del llamado señoreaje, es decir el interés que percibe por la colocación de las divisas en bancos internacionales.

La presión tributaria es en estos momentos suficientemente elevada como para otorgar al Estado un superávit que supera incluso el porcentaje del 3% del PBI pactado en su momento con el Fondo Monetario. Un número notable que a su vez sirve para restar dinero al circuíto de la demanda de bienes y servicios. Dicho en otras palabras: el dinero que se abona en impuestos no se gasta en bienes o servicios, por lo tanto no presiona sobre los precios. Como se dice en la jerga: enfría la economía.

Las retenciones, junto con el llamado impuesto al cheque, constituyen los principales impuestos distorsivos de nuestra economía, aunque obviamente no son los únicos. Los desincentivos a la inversión son evidentes a la hora de analizar la presión tributaria si nos adentramos en impuestos como el de la ganancia mínima presunta o el de los bienes personales, que gravan los activos sin considerar los pasivos. O el mismísimo impuesto a las ganancias, que desde la gran devaluación sigue sin reconocer los efectos inflacionarios, dando lugar al pago de enormes sumas por ganancias ficticias.

Volviendo a las retenciones a las exportaciones, cabe tener presente que nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay no las aplican. Y hemos podido comprobar estos últimos años cómo el primero se convirtió en una potencia agrícola mundial, al tiempo que los otros dos han logrado avances notables en la materia.

Lamentablemente no somos optimistas respecto del futuro. Y no lo somos porque de la conjunción del tipo de cambio sostenido alto en forma artificial, más los impuestos distorsivos que incluyen las retenciones, pasando por la falta de seguridad jurídica y las presiones inflacionarias generadoras de conflictos sociales no nos parece un marco adecuado para el crecimiento sostenido tal como se ha comprometido el Estado en punto a la negociación de la salida del default.

Es que en verdad, dejando de lado cualquier suspicacia política (que no es el objetivo de este trabajo), no alcanzan a verse las reformas de fondo que nos conduzcan a una mayor eficiencia general y a un ordenamiento administrativo de los distintos componentes del Estado que tornen razonable y no excesiva la carga tributaria al tiempo que la vuelvan acorde a los servicios que se esperan de ella.

Hasta el momento todos los economistas coinciden en señalar que se ha producido una reactivación mediante la utilización de la capacidad instalada anteriormente y que había dejado de utilizarse durante la crisis. Es decir, estamos volviendo a los niveles de producción global del año 1998. Pero no aparecen en el horizonte serios planes de inversión a gran escala. Y por supuesto entendemos que ello es así como consecuencia de los temas que hemos señalado.

Dr. Héctor Blas Trillo

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Micro económico los jueves en AM 770 Radio Urbana - Buenos Aires, 8 a 10 hs.

Nos pareció importante abordar un tema que consideramos que ofrece un gran número de dudas. Este tema es el de la prescripción liberatoria, con la salvedad de que nos referiremos exclusivamente a las obligaciones fiscales y previsionales. Recordamos que en materia civil existe también la prescripción adquisitiva, es decir la adquisición de derechos por el transcurso del tiempo, como la tradicional usucapión, conocida comúnmente como "posesión veinteañal" para los inmuebles (ver: tratamiento fiscal de las ventas de inmuebles). Nos referiremos por lo tanto, a la liberatoria únicamente.

La prescripción no es la extinción de un derecho, sino simplemente de la acción. Esto es: ya no es posible accionar legalmente contra un deudor una vez prescripto el plazo para hacerlo, pero si el deudor voluntariamente extingue la obligación, el pago es válido porque la deuda sigue vigente, no desaparece.

Abordaremos en primer lugar la prescripción de los impuestos nacionales, es decir de aquellos que están bajo la órbita de la AFIP, para luego hacerlo sobre los provinciales y municipales y finalmente nos referiremos a la prescripción en materia previsional.

La prescripción en materia fiscal está incorporada a la ley de procedimiento que rige la materia, es decir la vieja ley federal 11.683. En ella se determina que para quienes tengan la obligación de inscribirse en los impuestos y hayan cumplido con tal requisito, la prescripción es quinquenal, es decir que opera a los 5 años, mientras que para quienes debiendo haberse inscripto no lo hubieran hecho, el plazo es de diez años. A su vez los términos indicados comienzan a contarse desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que corresponde la presentación de la declaración jurada del impuesto de que se trate.

Es decir que en este año 2005, por ejemplo, se encuentran prescriptas las declaraciones de impuesto a las ganancias de 1998 para todos aquellos casos de personas físicas o jurídicas a los cuales la presentación de la declaración jurada vencido en 1999.

En el transcurso de los plazos legales pueden ocurrir hechos que determinan la interrupción o la suspensión de la prescripción. En la primera se produce el regreso a cero de los plazos corridos, mientras que la segunda solamente deja en suspenso el plazo mientras se desarrolla un juicio, por ejemplo.

La suspensión se produce normalmente por medio de la denominada determinación de oficio que practica el Fisco ante una omisión impositiva. Tal determinación puede ser recurrida por el contribuyente tanto por la vía administrativa como por la vía judicial. En tal caso, la prescripción queda suspendida hasta los 90 días posteriores al dictado de la sentencia que deje firme la obligación determinada. Tal suspensión abarca únicamente aquello que es objeto de discusión y por lo tanto de determinación de oficio.. Es decir que si la AFIP cuestiona el modo en que se distribuyeron los honorarios de directores del ejercicio 1999 en la declaración de impuesto a las ganancias, lo que se suspende es la prescripción relativa a ese tema únicamente y por el monto cuestionado.

La interrupción en cambio, ocurre cuando por ejemplo el contribuyente presenta una declaración rectificativa. En tal caso la prescripción comienza de nuevo desde cero a partir del 1° de enero del año siguiente de tal hecho, pero únicamente sobre la materia y monto rectificado.

En lo referente a las multas y los llamados accesorios, es decir, los intereses y los anticipos de impuestos, diremos que éstos últimos dejan de ser exigibles al momento de presentarse la declaración jurada, de manera que si los anticipos no se pagaron, pero se presentó la declaración, se extingue la exigencia de los mismos, pero no de los intereses resarcitorios por la omisión del pago. De manera que el plazo de prescripción para esos intereses, lo mismo que para aquellos que se devenguen por falta de pago del saldo de la declaración jurada, prescriben junto con ésta.

Inflación, Tipo de Cambio y Presión Tributaria Artículo de Héctor Trillo

Responsabilidad Tributaria

Régimen de Asistencia Financiera Ampliada

Ley Antievasión Argentina

Tratamiento Fiscal de las Ventas de Inmuebles

Las multas por su parte son aplicables siempre que los impuestos omitidos que dieron lugar a ellas correspondan a períodos no prescriptos.

También puede darse el caso de una renuncia a la prescripción por parte del contribuyente. Ésta es factible aunque deben cumplirse formalidades bastante rigurosas, sobre todo en el caso de tratarse de personas jurídicas. Este caso, aunque parezca curioso, suele darse cuando por la proximidad de la prescripción la AFIP debe hacer una determinación de oficio. En efecto, es bastante frecuente que el Fisco llegue a último momento, a fines de diciembre, sin tener concluído el trabajo de inspección. Los datos reunidos suelen dar lugar a determinaciones de oficio que luego por supuesto pueden ser recurridas por el contribuyente. Pero puede pasar que haya la posibilidad de probar hechos mediante documentación o pericias y entonces el interesado renuncia voluntariamente a la prescripción esperando aclarar las cosas.

Una situación especial se da en materia penal. En efecto, la prescripción de la acción penal se produce cuando finaliza el plazo de pena de prisión que pudiera asignarse al delito en cuestión. En la ley penal tributaria, tal plazo puede llegar a ser de 9 años y medio, ello implica que puede ocurrir que habiendo prescripto la acción para exigir el pago de impuestos, no haya ocurrido lo mismo en materia penal. Dado que la ley penal tributaria es muy reciente (año 1997), no existe aún jurisprudencia al respecto. Pero evidentemente se trata de un tema de gran importancia a tener en cuenta.

Bien, veamos ahora brevemente la cuestión en materia provincial, municipal y provisional.

La prescripción generalmente es fijada en los Códigos Fiscales provinciales, aunque la norma general es en realidad el Código Civil. Este código, que es único para todo el país, lo es en virtud de que las provincias han delegado a la Nación la facultad de establecerlo, de lo contrario cada una de ellas podría tener el propio código, como ocurre en EEUU, por ejemplo. Es decir que se trata de una ley nacional, no federal como la de procedimientos citada al comienzo de este trabajo. Esto ha dado lugar a una importante jurisprudencia porque generalmente las provincias establecen plazos de 10 años mientras que el Código Civil fija como plazo general los cinco años. Y cabe aclarar que los cinco años del código se cuentan desde el momento del vencimiento de la obligación, y no desde el 1° de enero del año siguiente.

Como decimos, sin embargo las provincias han venido fijando por lo general 10 años, dando lugar a innúmeras controversias. Actualmente, la provincia de Buenos Aires tiene establecido el plazo en 5 años, aunque en 2001 dictó una ley de novación de deudas, con la cual interrumpió la prescripción de prácticamente los 10 años anteriores. Este aspecto está dando lugar actualmente a reclamos por parte de la DPR sobre años tales como 1994 o 1995.

Y para terminar, en cuanto a la prescripción en materia provisional, diremos que la misma se produce a los 10 años desde el momento mismo del vencimiento de cada obligación, ello en virtud de lo normado por el art. 1|6 de la ley 14.236.

Dr. Héctor Blas Trillo

Contador Público

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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE LA AFIP

La AFIP ha instaurado, mediante las resoluciones generales N° 1966 y 1967 dos planes de facilidades, el primero de carácter permanente y el segundo de carácter transitorio. Tratamos de analizar en este trabajo, a manera de resumen comparativo, las diferencias y similitudes entre un plan y el otro.

Complementado los trabajos publicados anteriormente por nuestro Estudio, nos proponemos a continuación hacer una reseña práctica que permita determinar la conveniencia o no de adherir a un plan o al otro. El plan de la RG (AFIP), es de carácter transitorio y se refiere a deudas vencidas al 31 de agosto de 2005, además, las deudas deberán consolidarse pues la presentación es única. Es decir que la deuda a regularizar deberá ser consolidada, presentando por un lado las obligaciones impositivas permitidas y las contribuciones a la seguridad social, y por el otro los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia.

1. Deudas vencidas al 31/08/2005 pueden regularizarse según la RG 1967 hasta el 30/06/2006, mediante una única presentación:

FUENTE: AFIP Y CPCECABA

2. Plan de facilidades permanente , que posibilita regularizar las deudas vencidas bajo determinadas condiciones y plazos de acuerdo con lo normado en la RG (AFIP) 1967:

FUENTE: AFIP Y CPCECABA

FUENTE: AFIP Y CPCECABA

También es posible, dentro del plan permanente , regularizar la deuda de contribuyentes no inscriptos, es decir de aquellos que siendo responsables de las distintas obligaciones contempladas en la legislación vigente, no han obtenido número de CUIT para cumplir con las mismas. En este caso no es posible regularizar aportes personales de trabajadores en relación de dependencia y el único esquema posible es el siguiente

NO INSCRIPTOS

CUOTAS TASA DE INT. TASA BONIF

DEUDAS IMPOSITIVAS Y DE CONTRI 36 1,25% 0,87%

BUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 48 1,50% 1,05%

FUENTE: AFIP Y CPCECABA

Estos cuadros permiten observar fácilmente a nuestro criterio los distintos beneficios que se obtienen en materia de financiación. Recordamos que los intereses son aplicables sobre el monto determinado sin quita alguna en materia de intereses resarcitorios y/o punitorios devengados hasta el momento de la presentación. A continuación expondremos un cuadro comparativo de las distintas obligaciones que pueden presentarse en el plan transitorio, en el permanente o en ambos.

Transcribimos a continuación un cuadro comparativo elaborado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se consigna cada tipo de obligación y el plan en el que puede ser ingresada. Entendemos que puede ser de gran utilidad, aunque deben tenerse en cuenta las distintas fechas y plazos requeridos para el ingreso, tal como se ha explicado en los trabajos anteriores.

(1) A PESAR DE NO ESTAR MENCIONADOS EXPRESAMENTE COMO CONCEPTOS INCLUIDOS TAMPOCO LO ESTÁN COMO EXCLUIDOS

(2) CANCELADOS HASTA LA FECHA DE ADHESIÓN AL PLAN DE FACILIDADES

(3) SÓLO DE ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTA QUE SE HAYAN CANCELADO HASTA EL DÍA 31/8/05 INCLUSIVE

© HÉCTOR BLAS TRILLO

Por Alberto Pontoni.Octubre 2004

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del desembarco español a estas tierras, ClubMacro desea evocar la memoria de las poblaciones nativas que sufrieron la salvaje explotación colonial y rendir homenaje a los millones de compatriotas expatriados que contribuyen con su sacrificio cotidiano al bienestar de nuestros paises, obligados a emigrar debido a la codicia e insensibilidad de las clases dirigentes. Estos nuevos protagonistas son, principalmente, jóvenes de extracción humilde.

En el mundo hay 180 millones de trabajadores expatriados que remesan regularmente dinero a sus familias. Según estimaciones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID, las transferencias a América Latina y el Caribe provenientes de los 20 millones de trabajadores de la región residentes en el extranjero alcanzaron, en el 2003, los 40 mil millones de dólares. Esta suma supera ampliamente los 32 mil millones remitidos el año anterior y todo hace suponer que ese monto continuará en ascenso (desde la década del 80 lo viene haciendo a un ritmo sostenido superior al 12% anual).

Una idea de la significación económica de las remesas que envían estos inmigrantes reside en el hecho que actualmente en algunos paises -El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Haití- el dinero enviado por los expatriados representa más del 10% del ingreso nacional y en varios es la principal fuente de generación de divisas (en El Salvador el monto de las remesas equivale a la mitad de todas las exportaciones y en México ocupa el segundo lugar como fuente de ingreso de divisas, sólo superado por el petróleo y mayor que el turismo).

A nivel macroeconómico estas transferencias reducen la pobreza, contribuyen a equilibrar la brecha comercial, facilitan el pago de la deuda, acrecientan las reservas de divisas y flexibilizan la restricción de créditos. Otro factor importante es que las remesas tienden a ser más estables que los volátiles flujos de capital y no generan endeudamiento.

Desde el punto de vista microeconómico interesa destacar que esos dineros suelen beneficiar directamente a poblaciones pobres de zonas marginales, constituyendo el principal o único ingreso de millones de familias condenadas a la pobreza e indigencia. Según estudios especializados, la mayor parte del dinero se usa para necesidades básicas (casa, comida, salud) y, en menor medida, en educación, propiedades y negocios familiares.

México encabezó en el 2003 el ranking de paises receptores de la región con unos 15 mil millones de dólares, seguido por Brasil con 6 mil millones y Colombia con 4 mil millones. A El Salvador, República Dominicana y Ecuador ingresan unos 3 mil millones de dólares anuales por este concepto y en Perú ronda los 2 mil millones.

Las tres cuartas partes del dinero recepcionado en la región proviene de Estados Unidos, donde 10 de los 17 millones de latinoamericanos adultos residentes en ese país envían periódicamente fondos de ayuda a sus familias. Otra fuente importante es España.

Se estima que las remesas giradas el año pasado por extranjeros residentes en España fueron de 7 mil millones de dólares. La magnitud de esta suma muestra los cambios positivos sucedidos en España en las últimas décadas, ya que los fondos girados por sus emigrantes fueron durante largos años la principal fuente de ingreso de divisas. La mitad correspondió a transferencias de trabajadores colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

Argentina ocupó el décimo lugar entre los receptores de remesas provenientes de España, con un total, incluyendo sistema bancario e informales, de 100 millones de dólares. Esta suma representa un incremento del 40% respecto del año anterior.

Se considera que actualmente hay mas de 30.000 residentes argentinos en España que mensualmente contribuyen al bienestar de sus familias (y del país) con envíos regulares de dinero que promedian 300 dólares mensuales.

A título de reflexión

Una sorprendente paradoja de esta realidad es el hecho que los montos que remiten los pobres expatriados de América Latina y el Caribe llegan a cuadriplicar la asistencia externa que recibe la región y superar en un 50% la inversión directa extranjera.

En otras palabras, es sustancialmente mayor la contribución al desarrollo que hacen nuestros emigrantes pobres que la proveniente de entidades públicas o corporaciones privadas extranjeras, en conjunto. Esto, sin llegar a considerar los costos que representan las inversiones del exterior por las salidas de recursos en concepto de repatriación de utilidades, regalías o pagos abultados a personal de dirección. Pero, de esto no se habla.

Por el contrario, poco o nada hacen nuestros gobiernos para aliviar las penurias que cotidianamente sufren estos millones de compatriotas que con su sacrificio contribuyen al bienestar de nuestros paises. Sacrificio que en muchos casos representa la propia vida, como los cientos que anualmente mueren de sed en los desiertos del norte de México o ahogados en el Mediterráneo, o los miles que diariamente son privados de su libertad y sometidos a discriminación y abuso por el delito de querer trabajar.

Sin llegar a pedir esfuerzos heroicos de nuestro servicio exterior en defensa de los trabajadores expatriados es posible, al menos, reclamar la mejora en la asistencia que se les brinda en el exterior e, incluso, la instrumentación de medidas que les permitan paliar algunas de las dificultades que deben enfrentar. Entre ellas:

* Información. Poco cuesta organizar cursos de orientación para quienes deseen emigrar, brindando información básica que abarque los aspectos de mayor interés, desde institucionales y legales a cuestiones específicas laborales.

* Giro de remesas. Hay un gran negocio montado sobre el envio de remesas de los emigrantes. El sistema bancario resulta engorroso para quienes desean girar 200-300 dólares de ayuda mensual y los canales informales son onerosos, ya que el costo del envío llega a representar del 10 al 15% del total. No sería muy complicado facilitar y abaratar (incluso llegar a la gratuidad) este servicio, máxime cuando se dispone de agencias del Banco Nación en los principales paises de destino.

Este es sólo un enunciado de dos iniciativas puntuales que podrían mejorar la toma de decisiones de quienes deseen emigrar o aliviar sus dificultades en el exterior. Sin embargo, sería preferible canalizar estas acciones bajo la forma de un programa específico de apoyo y asistencia, de la misma forma que hoy existen para quienes buscan exportar e incluso para extranjeros que quieren invertir en el país, como Fundación Exportar y Fundación Invertir.

El sector agroalimentario se compone de un conjunto de empresas y establecimientos que pertenecen a alguno de los siguientes grupos:

1- Aquellos establecimientos que forman parte del sector primarioy se dedican a la producción de alimentos (agricultura, ganadería, pesca y parte de la silvicultura).

2- Empresas que transforman materias primas provenientes se los emprendimientos mencionados en el punto anterior, en alimentos elaborados y semi elaborados.

Es decir, que el sector agropecuario está compuesto por empresas que pertenecen al sector primario y también por empresas que pertenecen al sector secundario.

Dentro de las empresas del sector primario, la agricultura y ganadería son las mas importantes. Subsectores importantes son, en la agricultura, la producción de soja, trigo y maíz, y dentro de la ganadería, la producción de carne vacuna, de cerdo y de pollos y de leche.

Con respecto a empresas del sector secundario, que pertenecen al sector agroalimentario, algunas de las mas importantes son frigoríficos, panaderías, producción de aceites, industria láctea, bebidas alcohólicas, etc.

Existe una visión ideológica extrema que suele evaluar la competitividad de un país conforme las condiciones institucionales, principalmente jurídicas y políticas, que favorecen el desarrollo del sector privado (el llamado clima de negocios) y, en particular, el acceso de las grandes corporaciones transnacionales Un claro ejemplo de este enfoque es el ranking de competitividad que periódicamente elabora el World Economic Forum.

En un reciente informe hizo retroceder a la Argentina 14 puestos en el último año, pasando del 64 al 78, a pesar del buen desempeño de la economía local durante ese periodo, situando a nuestro país muy por debajo de Chile (líder en A. Latina), Sudáfrica, Sri Lanka, Paquistán y Serbia. El trabajo también destaca que "las desventajas competitivas registradas para la Argentina son la inestabilidad política, la corrupción, la inflación y la falta de credibilidad pública en los gobernantes".

Como era de esperar los devotos locales del WEF se apresuraron en puntualizar que para mejorar la competitividad era fundamental encarar reformas de fondo vinculadas al rol del Estado, la eficiencia del gasto público, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

La competitividad cambiaria

Desde un enfoque más técnico y menos contaminado de proselitismo anti estado es útil analizar la competitividad internacional a partir del tipo de cambio y, en particular, de la influencia que ejercen los factores estructurales en la determinación de este.

En Argentina, las excepcionales ventajas de productividad del sector agropecuario representan un serio obstáculo para el desarrollo industrial. Cosechas abundantes o mejoras de los precios internacionales implican incremento de la oferta de agrodólares, con la consecuente presión a la baja del tipo de cambio (sobrevalorización del peso) y el perjuicio de la producción manufacturera que pierde competitividad cambiaria frente a sus similares de otros paises. Paradójicamente, las excepcionales ventajas de productividad del sector agropecuario se terminan transformando en un serio obstáculo para el desarrollo industrial, si el Estado no interviene activamente. Esto permite entender porque muchos productos nacionales suelen ser mas caros que los extranjeros.

En otras palabras, cuando al campo le va bien la industria incuba una crisis. El mecanismo de transmisión de este remolino vicioso es el tipo de cambio, ya que el incremento de saldos exportables tiende a valorizar el peso y hacer perder competitividad a los sectores más sensibles y expuestos a la competencia externa.

De allí, que el desarrollo de la industria nacional se encuentre más ligado a factores que hacen a la competitividad macro, principalmente al tipo de cambio, antes que a otros de carácter micro. En consecuencia el problema deja de ser de comportamiento empresarial o de eficiencia del sector público y pasa transformarse en un desafío de política económica.

Cuando la riqueza se convierte en maldición

La maldición argentina reside, paradójicamente, en la fantástica riqueza que la providencia nos regaló y que repercute en la bonanza agrícola. El mismo fenómeno (denominado técnicamente "enfermedad holandesa") suele afectar las posibilidades de desarrollo industrial en otros grandes exportadores de commodities, como los paises petroleros.

Para ser más precisos, la maldición argentina es consecuencia, justamente, de la conjugación de dos factores, la elevada productividad de nuestro sector primario (fuente principal de generación de divisas) y la falta de una adecuada acción reguladora del Estado.

La evolución de la industria nacional presenta un derrotero muy quebrado de líneas en ascenso y descenso, debido tanto a la marcha del sector primario como a las cambiantes políticas públicas. Las consecuencias están a la vista. En la Argentina de hoy convive una industria raquítica con un robusto sector agropecuario. Nunca el país explotó tan intensamente sus recursos naturales, ni produjo ni exportó tantos granos como ahora y sin embargo … nunca hubo tanta pobreza y exclusión social.

En el actual modelo económico sobramos la mitad de los argentinos. Un país exportador de materias primas con poco valor agregado es socialmente inviable, debido a la poca capacidad del sector primario para generar un nivel de empleo satisfactorio para el conjunto de la población. De allí, la necesidad de contar con una industria vasta y consolidada.

La competitividad y el futuro del desarrollo industrial dependen de una serie de factores que superan el ámbito de la fabrica y la órbita del empresario, ya que se puede elaborar con gran eficiencia un producto pero estar fuera del mercado. Sin duda, la existencia de un tipo de cambio adecuado es una condición necesaria mas no suficiente de una política que persiga un desarrollo industrial sustentable. En consecuencia, la acción pública no puede limitarse a la sola intervención en el mercado cambiario.

Es necesario reflotar la idea que el estado sea promotor del crecimiento económico planificando estratégicamente el mediano y largo plazo, una concepción a la que se renunció hace 40 años. En este campo esta todo por hacerse, comenzando por la creación de un marco institucional y económico sólido, con una dirigencia comprometida con el interés nacional que logre crear previsibilidad en las medidas que se adoptan.

Paradigmas y Paradojas

En este tema, al igual que en tantos otros, los argentinos seguimos viviendo en el pasado, juzgando nuestra riqueza conforme a patrones que han perdido vigencia. La historia del mundo y de América Latina en particular es prodiga en ejemplos de frustraciones nacionales fundadas sobre la abundancia de recursos naturales. En este sentido, el oro americano fue la perdición de la España colonial, así como la plata de Potosí la maldición boliviana.

El campo de hoy no es el campo de ayer. Un siglo atrás era la principal fuente de creación de trabajo (de allí la atracción que ejerció nuestro país sobre los ejércitos de desempleados del mundo) y el precio de los productos primarios tenía un alto valor agregado por el trabajo. Hoy, por el contrario, el empleo en el sector agropecuario es ínfimo y el valor agregado de los bienes agrícolas es, para el caso argentino, principalmente renta diferencial, esto es, retribución al propietario del factor tierra .

Otra confusión, asociada a este paradigma, es considerar que el bienestar de los argentinos depende de los precios internacionales de nuestras commodities agropecuarias. Pensemos por un instante en las consecuencias de una eliminación de los subsidios y de las trabas al ingreso de productos agrícolas en la Unión Europea y los Estados Unidos. Los precios internos de los alimentos se dispararían (el precio de la carne podría llegar a multiplicarse unas 10 veces) haciendo aún más angustiosa la ya precaria situación de los trabajadores. Además, se incrementaría la cascada de agrodólares presionando sobre el tipo de cambio y comprometiendo la viabilidad de muchas industrias con la consecuente perdida de empleos.

Los grandes beneficiarios de esta situación serían los dueños de la tierra. No los productores agropecuarios sino los propietarios de campos. En otras palabras, aumentaría la renta agraria, que es la retribución que perciben quienes detentan la apropiación privada de un bien. Sin una intervención correctora del Estado (retenciones u otro mecanismo de captación de renta) asistiríamos a una nueva versión de la paradoja que a la Argentina le va bien pero a muchos argentinos les va mal.

Tampoco nuestra balanza comercial es lo que se pretende sea. El holgado superávit de divisas que muestra el intercambio con el exterior se transforma en serio déficit cuando se contabiliza trabajo exportado vs. trabajo importado. En otras palabras, nuestra demanda sirve para crear mas puestos de trabajo en el exterior que aquellos que en el ámbito interno crea la demanda mundial de nuestros bienes. Sería, indudablemente, un ejercicio muy útil contabilizar el flujo comercial a través de la creación y perdida de puestos de trabajo.

A título de conclusión

Una mala lectura de esta nota sería considerarla como una crítica al sector agropecuario y a productores y trabajadores del campo. O concluir que no deberíamos pelear por la eliminación de subsidios y trabas comerciales. Lo correcto es considerarla una seria convocatoria a la intervención activa del Estado para la captación de una mayor porción de la renta diferencial generada en el sector agropecuario y de la cual se beneficia sólo un pequeño grupo social. De allí, deberán surgir gran parte de los recursos que el país necesita para promover industrias y actividades de menor productividad económica pero más intensivas en generación de empleo.

Por Alberto Pontoni. Agosto 2004

La energía es el motor de toda actividad humana. El consumo energético sigue creciendo arrastrado por el incremento constante de la producción de bienes y servicios y a pesar de la sustancial mejora en la utilización de los recursos. En la actualidad la producción de un bien requiere la cuarta parte de la energía utilizada 30 años atrás. A su vez, el petróleo continua siendo la principal fuente de energía y todo hace pensar que lo será por un largo tiempo. Los pronósticos coinciden en aceptar que en el 2030 los hidrocarburos continuarán cubriendo las 2/3 partes de las necesidades energéticas mundiales. De allí, que los conflictos vinculados al control de las zonas productoras de este recurso ocupen un capitulo central de cualquier lectura geopolítica de la historia del último siglo.

Curiosamente, las mayores reservas de petróleo se encuentran en paises del Tercer Mundo que, además, cuentan con yacimientos de altísima productividad natural, mientras que los mayores consumidores son los paises industrializados y, recientemente, China. Las reservas probadas de EEUU y Europa no alcanzan al 8% del total mundial, mientras que los paises de la OPEP concentran el 80%. El caso mas emblemático es EEUU que consume la cuarta parte del total mundial y sus reservas son de sólo el 3%. De allí que la frontera divisoria de consumidores y productores se corresponda con la bipolaridad Norte-Sur.

La década de los 70 constituye un punto de inflexión en la historia del petróleo, pues es el momento en que los principales paises productores toman conciencia de su rol fundamental y comienzan a elaborar políticas destinadas a incidir sobre el precio de este recurso. Dos instrumentos resultan claves en el éxito de esta estrategia: la nacionalización de los yacimientos a través de la reversión de las concesiones y la creación de la Organización de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP). La OPEP acabó con la hegemonía de las grandes empresas petroleras llamadas las "Siete Hermanas" (Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Standard Oil, British Petroleum y Royal Dutch Shell), que en los 50s controlaban más del 98% de la producción de petróleo en los territorios de los países que posteriormente formaron la OPEP.

La OPEP fue creada en 1960 por Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela, a los que posteriormente se sumaron Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Arabes Unidos, Nigeria y Argelia. A diferencia de otras iniciativas nacidas en el Sur para defender el precio de sus productos primarios (café, banano, cobre, cereales, etc.) la OPEP es, hasta este momento, la única asociación que obtuvo logros significativos en sus objetivos.

A inicios de los 80 los países de la OPEP ya controlaban el 88% de la producción de petróleo en sus territorios, en comparación con el 6% en 1970. El crudo cuya cotización rondaba los 3 u$s/barril, subió a 12 u$s/bl en 1973 y llegó a superar los 40 dólares en 1979.

La respuesta de los paises industrializados no se hizo esperar. En 1974, se crea la Agencia Internacional de Energía (AIE) como parte de una estrategia encabezada por Estados Unidos destinada a romper el cartel de los paises productores y reducir el precio del crudo. Las principales acciones para alcanzar ese objetivo eran incrementar la producción de crudo incorporando nuevas áreas y paises, debilitar la cohesión de los integrantes de la OPEP y tratar de revertir la nacionalización de los yacimientos impulsando "reformas" del Estado.

La estrategia resultó parcialmente exitosa. Los precios del crudo fueron descendiendo paulatinamente hasta llegar a cotizar a sólo 12 u$s/bl en 1998.

Sin embargo, en muy pocos países se llegó a privatizar totalmente la industria (la excepción mas importante fue Rusia en los 90) y en los de mayor vocación petrolera, como los del Golfo Pérsico, se mantuvieron fuertes barreras a la inversión privada en el sector. De allí que pueda afirmarse que las empresas petroleras de los paises OPEP constituyeron la mayor resistencia a la presión privatizadora de esos años.

Recientemente, el precio del petróleo volvió a subir debido, entre otros factores, a la decisión de la OPEP de regular la producción para estabilizar los precios en el orden de los 25 u$s/bl. En lo que va del 2004 el crudo se disparó un 35% alcanzando los 45 u$s/barril.

¿Qué hizo que en tan breve periodo se cuadriplicaran los precios, como en los 70s?

La OPEP, Chavez y Bush

En términos generales se suele explicar la suba de los precios del crudo como consecuencia de la escasez estratégica de este recurso expresada en la posibilidad de agotamiento de las reservas. Este es un viejo argumento que a pesar de su cuota de realismo, no permite entender las fuertes oscilaciones de corto plazo, que encuentran su explicación en las movimientos que realizan los principales actores involucrados en este escenario.

Actualmente, las reservas mundiales de petróleo alcanzan a 1.000 billones de barriles que equivalen a 40 años de consumo, si no hay nuevos descubrimientos. Un factor de preocupación es que en la última década las reservas crecieron sólo un 5% mientras que en los 80 aumentaron un 45%. La cuestión se agrava al comparar la situación desde la óptica Norte-Sur, ya que de mantenerse los actuales niveles de producción las reservas de EEUU se agotarían en 10 años mientras que en el Medio Oriente alcanzarían a 90 años.

Más allá del debate sobre las reservas y su incidencia sobre el valor del crudo existen dos factores que han resultado determinantes en el fuerte incremento del precio en estos años.

1. Fortalecimiento OPEP. En esto ha incidido, principalmente, la gestión desplegada por el presidente de Venezuela, Cesar Chavez (a través de Alí Rodríguez, su Ministro de Energía y titular de la OPEP entre 2001 y 2003) para volver a cohesionar la OPEP y ejercer un rol determinante en el mercado mundial. A ello se sumó el progresivo debilitamiento de los paises extra OPEP, cuya producción cayó por debajo del 65% del total mundial (en 1985 era del 72%). Ambos factores permiten entender la recuperación del precio por encima de los 20 u$s/bl, que se registra a fines de los 90.
2. Errores y contratiempos. La disparada de precios en el primer semestre del 2004 responde a los contratiempos o fracaso de la estrategia adoptada por la Administración Bush para debilitar la OPEP y que tenía por eje el control de los yacimientos de Irak, uno de los grandes productores junto con Arabia Saudita, Rusia, Irán y Venezuela. La fuerte resistencia a la invasión militar ha derivado en ataques contra instalaciones petrolíferas de Irak y Arabia Saudita que dificultan la producción. A esto se han sumado una serie de contratiempos que le han dado inseguridad al mercado y volatilidad a los precios, como la crisis del gas de EEUU en el 2003 y el reciente conflicto entre el gobierno de Rusia y la mayor petrolera de ese país, la empresa Yukos.

Las consecuencias de un petróleo en el orden de los 45 u$s/bl preocupan seriamente tanto al eje EEUU-UE-Japón como a China, ya que podría frenar el crecimiento mundial en 1-1.5%, atento los previsibles impactos en materia de alzas de precios y tasas de interés que contribuirían a retraer la inversión y dificultar la salida del estancamiento actual. Una visión optimista pasa por confiar que esta crisis contribuya a replantear los mecanismos de vinculación Norte-Sur y la histórica recurrencia al garrote y la prepotencia por alternativas de dialogo e inclusión que permitan un desarrollo con mayor equidad para todos.

Por Alberto Pontoni. Agosto 2004

Por Alberto Pontoni. Mayo 2004

En el horizonte ha comenzado ha delinearse un nuevo fantasma que amenaza con agravar la crisis energética originada por la escasez del gas. Esta semana el precio internacional del petróleo, continuando la tendencia alcista de los últimos meses, alcanzó el récord de 42 dólares por barril. Esta situación ha dado pie a un nuevo reclamo de las empresas que operan en nuestro país para obtener ajustes en los precios del crudo y de los combustibles.

En principio resulta lógico y razonable que en una economía de mercado las empresas reclamen por un "alineamiento" de los precios internos en correspondencia con los valores internacionales. Sin embargo, resulta ilustrativo analizar la evolución de los precios y el comportamiento de esas mismas empresas durante la década pasada para comprobar la poca coherencia y falta de consistencia de dichos argumentos.

Antes de entrar al fondo de la cuestión es necesario destacar el alto grado de concentración que impera en el mercado de combustibles de nuestro país, ya que tan sólo 3 empresas son responsables del 90% de la producción y comercialización de derivados del petróleo. A fines de los 90 la participación de Repsol YPF (incluyendo su controlada EG3) en la refinación de derivados de petróleo era del 57% y la de Shell y Esso del 35%. Entre las tres sumaban un 92% del total. A su vez, en ventas a consumidores finales las tres concentraban el 90% y 88% de los mercados de naftas y gas oil. En términos generales el volumen de gasoil vendido casi triplica las ventas de naftas, debido a la fuerte sustitución de naftas por gasoil (fenómeno de dieselización) y GNC que se registró durante el último decenio.

Sobreprecios y Rentas Oligopólicas

En abril del año 2000 el Instituto Argentino de la Energía (IAE) publicó el trabajo "Análisis del Mercado de Combustibles Líquidos en la República Argentina", realizado por expertos de su Departamento Técnico. En el mismo se estudia la evolución de los precios de los combustibles y se comparan los precios cobrados en nuestro país por las empresas productoras con los valores de referencia internacionales.

Los hallazgos, correspondientes al periodo 1992-2000, fueron sorprendentes:

Los precios en salida de refinería (excluyen impuestos y gastos de comercialización) de los combustibles vendidos en el país nunca siguieron una trayectoria que reflejara los cambios en el mercado internacional, sino que mantuvieron sus propios niveles.

Los precios del gasoil y las naftas cobrados por las refinadoras se ubicaron, en promedio, entre un 19% y un 64% por encima de sus valores de referencia internacional, dependiendo del producto y de la empresa.

En las naftas el sobreprecio cobrado por YPF, respecto de su valor de referencia internacional, fue del 38%. En el caso de Esso del 47% y de Shell del 64%. En el gasoil el sobreprecio promedió un 19%. Los mayores apartamientos se observaron en 1998 y 1999, cuando el precio internacional del crudo se redujo a 10-12 u$s/barril, sin que esta baja repercutiera en el mercado interno. En ese momento el gasoil refinado por YPF se llegó a vender a un precio superior en un 150% a su valor internacional y en el caso de Shell el sobreprecio alcanzó a un 220%.

El cuadro siguiente muestra los excedentes transferidos a las principales refinadoras como consecuencia de los sobreprecios derivados de la diferencia de precios internos respecto de los internacionales. Para la estimación se han considerando los precios y el volumen comercializado por cada empresa entre 1993 y 1999.

El estudio también señala que los excedentes transferidos por los consumidores (particulares, agro, transporte e industria) a favor de las principales refinadoras como consecuencia de los sobreprecios derivados de la diferencia de precios internos respecto de los internacionales entre los años 1993 y 1999 fueron de aproximadamente 4.500 millones de pesos/dólares. La captación de este excedente se distribuyó entre las principales productoras de la siguiente forma: YPF+EG3 54%, Shell 28% y Esso 18%.

Esta situación abusiva fue consecuencia de las condiciones de oligopolio y falta de competencia del mercado argentino, que permitió que las empresas no trasladaran a los precios finales de los combustibles la baja del crudo en el mercado internacional. Por el contrario, el incremento de precios del petróleo, sobre todo el que se produjo desde fines de 1999, fue trasladado en forma casi inmediata a los precios de venta final de los productos.

Reflexiones

En una economía de mercado el precio doméstico de los combustibles debe guardar una cierta correspondencia con el nivel de precios del mercado internacional. La experiencia argentina de la última década es un claro ejemplo de las distorsiones derivadas del poder oligopólico ejercido por un puñado de empresas, consolidado a partir de la privatización de YPF. Los precios internos subieron siempre que se registraron alzas en el mercado mundial pero no descendieron cuando estos disminuían. Obviamente, esto fue posible debido a la existencia de un Estado complaciente o cómplice (no ausente).

El resultado de estas maniobras fue una enorme transferencia de recursos que redujo la capacidad adquisitiva de las familias y restó competitividad a la producción nacional.

Hoy son las mismas empresas las que reclaman ajustes de los precios domésticos de los combustibles en razón del alza internacional del petróleo. Corresponde al nuevo Gobierno llevar a la mesa de negociación su comportamiento pasado y establecer formas de compensación y mecanismos que eviten la continuidad de estas prácticas y la obtención de rentas fundadas en prebendas y privilegios.

Por Alberto Pontoni.Mayo 2004

Uno de los problemas más importantes que enfrenta la humanidad, derivado del modelo tecnológico adoptado, es la dependencia del petróleo como fuente de energía. Al carácter agotable de este recurso y la alta concentración del grueso de las reservas en pocas zonas del planeta se suma el fuerte deterioro ambiental que esta provocando su uso.A continuación se presenta una selección de párrafos de un reciente articulo del Prof. Jeffrey D. Sachs (Universidad de Columbia), "El futuro energético en peligro", en el que se pasa revista a los riesgos que reviste la situación actual y se señalan algunas acciones que deberían implementarse para evitar esas consecuencias.

Dos problemas energéticos moldearán nuestro futuro económico y geopolítico de las próximas décadas: la dependencia del petróleo de Medio Oriente y la desestabilización del clima del planeta.

Depender del petróleo de Medio Oriente resulta cada vez más riesgoso. Nadie sabe cuánto petróleo queda y cuánto costará extraerlo. El crecimiento económico de China, India, Brasil y otros países determinará un fuerte aumento de la demanda mundial de energía. Si Medio Oriente ya está en un punto límite, imaginen qué podría ocurrir de intensificarse la competencia entre Estados Unidos, Europa, China, India, Japón y otras naciones por el petróleo de esa región.

El segundo gran desafío radica en que nuestro sistema energético moderno está desestabilizando el clima del planeta. El petróleo y otros combustibles fósiles (la hulla y el gas natural) provocan cambios climáticos en el largo plazo, pero poca gente aprecia la gravedad de los riesgos implícitos. Estos cambios afectarán el clima en todos sus aspectos: desde las temperaturas, hasta las precipitaciones y las pautas de tormentas. Asimismo, causarán alteraciones fundamentales en el medio físico: por ejemplo, elevarán el nivel del mar y modificarán los procesos químicos oceánicos.

Los efectos son impredecibles. Cabe suponer que serán enormes en cuanto a producción agrícola, enfermedades, disponibilidad de agua -tanto potable como para riego- erosión de las costas, etcétera. Tal vez estas alteraciones sean bruscas, ya que la historia ha demostrado que pueden producirse cambios impresionantes en cuestión de décadas.

Estos cambios generarán una gran zozobra económica y podrían provocar reacciones negativas de la conducta humana, llevando a una intranquilidad política masiva, movimientos de refugiados y conflictos violentos.

De allí que estos desafíos -escasez de petróleo, aumento de la inestabilidad en Medio Oriente y cambios climáticos- exijan una reflexión lúcida.

Frente a esta situación algunos proclaman la necesidad de reducir drásticamente el consumo mundial de energía. Sin embargo, esta alternativa debilitará la economía sin solucionar el problema del suministro de petróleo a largo plazo ni el del cambio climático.

Otros, nos exhortan a desacostumbrarnos a los combustibles fósiles y emprender una carrera alocada hacia las fuentes energéticas renovables, como la solar o la eólica. Pero estas alternativas son costosas y, en términos realistas, no pueden reemplazar los combustibles fósiles.

Alternativa

Por suerte, si trazamos planes de largo plazo a escala mundial, es posible hallar el modo de superar los desafíos y conseguir suministros energéticos confiables, seguros desde el punto de vista ambiental y a precios accesibles.

Para ello hay que tener en cuenta dos ideas fundamentales.

Primera: debemos reconocer que aun cuando el petróleo comience a escasear otros combustibles fósiles (hulla, gas) y no convencionales (arenas de pizarra y alquitranada) seguirán abundando durante siglos. En consecuencia, se debe encarar el desarrollo de tecnologías e infraestructuras que posibiliten el uso eficiente y seguro de estos otros combustibles fósiles. Por ejemplo, ya existen procesos químicos para convertir la hulla en gasoil. También podemos convertirla en hidrógeno y sustituir, como propulsor, al motor de combustión interna de los automóviles. Sin embargo, todavía no existe consenso respecto del balance costo-eficacia de esta tecnología.

Segunda: cuando la producción de petróleo se mantenga estable o empiece a declinar y entren a tallar esos otros combustibles fósiles, deberemos controlar sus efectos climáticos. En el futuro, siempre desde la perspectiva ambiental, la forma segura de usar combustibles fósiles será capturar el anhídrido carbónico en la usina, antes de que salga a la atmósfera, y neutralizarlo en algún tipo de depósito subterráneo. Este procedimiento, denominado "captura y neutralización del carbono", ya es objeto de estudio.

En definitiva, nuestro futuro energético no dependerá de una solución única, sino de diversas medidas: (i) explorar y explotar nuevos yacimientos petrolíferos, en especial fuera de Medio Oriente; (ii) mejorar la eficiencia energética; (iii) desarrollar y adoptar, en el largo plazo, otras fuentes de energía renovables a precios asequibles; (iv) usar otros combustibles fósiles, como la hulla, de modo tal que no dañen el medio ambiente.

Hoy, no estamos pensando en el agotamiento del suministro mundial de petróleo; confiamos demasiado en la producción de Medio Oriente y pasamos por alto las consecuencias ambientales del uso de combustibles fósiles. Por este camino, estamos llegando a un callejón sin salida y la realidad nos alcanzará.

¿Cómo debemos encarar el futuro?

Los mayores consumidores de energía del mundo, empezando por Estados Unidos, Europa, China, Japón e India, tienen que acordar acciones colectivas con un doble objetivo: por un lado, desarrollar nuevas tecnologías de captura y almacenamiento del carbono; por el otro, explotar y usar fuentes energéticas alternativas a un costo accesible.

Asimismo, debemos hacer que los precios de mercado de la energía reflejen los verdaderos costos sociales de dicho consumo. Así, tanto los consumidores como los proveedores podrán decidir mejor respecto a la eficiencia de la energía, la explotación de fuentes alternativas y la adopción de tecnologías seguras para el medio ambiente.