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ACTUALIDAD ECONÓMICA: ¿LE ASISTE ALGO DE RAZÓN A MOODY´S?

La calificadora internacional ha emitido un informe con relación a lo que podría pasar dentro de un año o un año y medio con el sistema bancario argentino. Los banqueros y en general los economistas han contestado con lo que pasa hoy, pero no resulta claro por qué no podría pasar lo que el informe señala.

Como es de público conocimiento, la calificadora internacional Moody´s le bajó la nota al sistema bancario argentino, pasándola de estable a negativa. Más específicamente, la conocida agencia hizo referencia a la sostenibilidad en el tiempo del sistema, a sus perspectivas en un lapso comprendido entre un año y un año y medio. El informe se refiere a las políticas fiscales y monetarias expansionistas que están impulsando el crecimiento económico, el consumo y los niveles inflacionarios a niveles (sic) difíciles de sostener”.

Si acercamos la lupa podemos observar que la calificación en principio dirigida al sistema bancario, en verdad está referida a la política macroeconómica impulsada por el gobierno. En otras palabras: no parece que sea el sistema bancario el que tendrá problemas, sino que los problemas los tendrá el “modelo” y esto afectará al sistema bancario.

Prácticamente desde todos los sectores vinculados al quehacer financiero y bancario se han alzado voces de protesta y de reclamo ante la situación planteada. Por un lado se afirma que el sistema bancario ofrece índices de solvencia, liquidez y fortaleza más que adecuados. Por el otro se califica de “temerario” el informe que comentamos. Y se recuerda que por el tamaño y menor grado de conexión con otros sistemas, casi no sufrió las crisis bancarias de los países centrales.

Nos limitamos a transcribir de manera rápida los cuestionamientos desde lo que podríamos llamar el punto de vista técnico y dejamos de lado opiniones políticas que nos parecen absolutamente irrelevantes. Especialmente las que apuntan a defenestrar a estas calificadoras con argumentos tales como que en otras oportunidades han fracasado en sus pronósticos. Ello así en virtud de que si estamos analizando éste caso, y nos referimos a sus implicancias, mal podemos entrar a discutir los aciertos o desaciertos pasados de tal o cual agencia de calificaciones. Si, en virtud de fallas anteriores lo que califica Moody´s carece de valor, hablar o discutir la calificación es una entelequia. No lo vemos así, pensamos que es relevante lo que afirma, y tenemos razones para suponer que tan equivocada no está.

EL PANORAMA ACTUAL

Según datos publicados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las consultoras ACM y Econviews, entre otros, podemos tener un somero panorama de la situación fiscal actual y de su perspectiva para el año próximo.

En el año 2010 las cifras netas de superávit fiscal, una vez deducidos los costos financieros, arrojaron algo más de 3.000 millones de pesos. Para el año 2011, las estimaciones apuntan a un déficit de poco más de 30.000 millones, que pasarán a 52.300 millones en 2012. Se cuentan aquí los incrementos en los ingresos, en el gasto primario y en los intereses de la deuda. No pretendemos explayarnos en del detalle de las cifras, pero las mismas marcan una tendencia concreta con la tasa de inflación esperada y el hecho de que los gastos han venido creciendo más que los ingresos y la perspectiva es que esta misma tendencia continuará en el futuro, especialmente si como resulta previsible el actual gobierno resultará reelecto en octubre próximo.

El financiamiento del déficit en el corriente año se producirá recurriendo a los llamados depósitos públicos del Banco de la Nación, a las reservas y a las utilidades del Banco Central y a los recursos excedentes provenientes de la ANSES.

En la medida en que se continúe con la política monetaria expansionista e incentivadora del consumo, las fuentes de financiación no alcanzarán para cubrir el desfasaje. Esta realidad ha sido señalada por innumerables profesionales, mucho antes de la “nota” que estamos comentando.

Los intentos del gobierno para saldar las cuentas con el Club de París apuntan, naturalmente, a obtener fuentes de financiamiento internacional, hoy vedadas especialmente por la deuda que tiene el país con ese Club. Si no se llega a un acuerdo, y es evidente que se dilata cada vez más esa posibilidad, el creciente déficit fiscal deberá ser cubierto de otra forma. Y precisamente el punto que no debemos dejar de tener bien presente es el de determinar quién y cómo absorberá el desbalance creciente.

OTRAS DISQUISICIONES

Si como es de prever de las elecciones de octubre resulta además que el oficialismo vuelve a tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso, es muy probable que se traten allí proyectos de ley como el de reformulación de la Carta Orgánica del Banco Central, o el de declarar a las instituciones bancarias de interés público.

No son cuestiones menores. El Banco Central luego de que el Poder Ejecutivo echara, de mal modo y absolutamente fuera de la legalidad al ex presidente Martín Redrado, ha incorporado a la institución encargada de preservar el valor de la moneda a la lista de organismos disponibles para hacer y deshacer según los designios de los funcionarios cercanos a la presidencia de la Nación. En otras palabras, se ha terminado la autonomía y también la independencia del centro neurálgico de la decisión financiera.

La calificación de servicio público para las instituciones bancarias cambia radicalmente su función como negocio financiero, dado que pasarían a ser simples instrumentos para promover o desarrollar actividades que a juicio de las autoridades políticas resultaran convenientes. Es decir que las posibilidades de mantener una rentabilidad se reducirían notablemente. Y ni qué hablar de la tenencia de títulos públicos en el caso de que el Estado nacional, por imperio de las circunstancias deficitarias, decidiera refinanciar la deuda y por ende canjear tales títulos por otros a mayor plazo, como tantas veces ha ocurrido.

A ello se suman otras cuestiones tales como el control estricto sobre las compras de divisas que muestra a las claras la intención de desdoblar el mercado cambiario fomentando la operatoria informal a mayores precios, la emisión de moneda en torno del 40% anual, la regulación de las tasas de interés y el manejo discrecional de los encajes bancarios para ajustarlos a los enfoques políticos vigentes.

CONCLUSIONES

El flujo y reflujo de fondos y en general la operatoria financiera está y estará sujeta a los vaivenes de los enfoques políticos vigentes. Proyectos en danza como los mencionados probablemente se traten y se aprueben, al tiempo que el Banco Central continuará utilizando las reservas para pagar deuda, lo cual constituye una anomalía muy seria respecto del respeto del valor de la moneda local. También es posible que se recurra a otras fuentes de financiación. De hecho la falta de ajuste por inflación de los balances de las empresas multiplica la presión tributaria de manera notable. El actual viceministro Feletti ha dicho públicamente que el modelo “populista” (sic) se profundizaría. Sus expresiones no han sido debidamente enmendadas por lo que cabe suponer que tuvo el visto bueno de sus superiores para expresarse de ese modo. Y la verdad es que la profundización del tal “populismo”, por definición, requiere la apropiación por parte del Estado de rentas provenientes de particulares y de empresas. Las llamadas “rentas extraordinarias” son siempre carne de cañón. Aquel que gana un poco más en la Argentina, puede prepararse que algún impuesto nuevo le caerá.

Por lo tanto, y más allá de cualquier otra consideración, Moody´s claramente está hablando de lo que podría sobrevenir, y no de la situación actual del sistema bancario. Y en tal sentido, no parece improbable que su pronóstico se cumpla.

Decir esto puede aparecer como “agorero” y cosas por el estilo, pero entendemos que no es atacando al mensajero como se aclaran estas cuestiones. A Moody´s se le ha respondido con la situación actual, pero Moody´s está hablando de la situación futura. Distinguir la diferencia está en la base para ensayar una respuesta que hasta ahora no hemos visto.

Si hay efectos negativos destacables dentro de este “modelo”, ellos son los producidos por el efecto inflacionario, por la fuga de capitales y por la falta de inversiones genuinas. La baja productividad es también una consecuencia de varios años de mantenimiento del tipo de cambio alto (algo que ya no ocurre) y de los subsidios y demás formas de ayuda, que tienen a anquilosar una situación insostenible por ser económicamente inviable. O “sustentable”, como gustan decir no pocos profesionales.

Si las cosas continúan así, o incluso se profundizan, fácilmente podemos asignar grandes posibilidades de que de acá a un año o dos se produzca una situación insostenible para la rentabilidad del sistema bancario. Dicho de otro modo: Moody´s no está tan equivocada en sus supuestos.

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 30 de agosto de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

www.hectortrillo.com.ar

Una buena administración permite reducir la carga tributaria. La auditoría fiscal brinda un reaseguro de gran importancia.

Una segunda opinión, nunca está demás.

Soy de nuevo ingreso en la licenciatura de contaduría en la Unam, y se que este foro me va a ayudar mucho con mis dudas

LA VIVIENDA Y LA POLÍTICA

“Es la economía, estúpido” James Carville, asesor de campaña de Clinton

El problema del acceso a la vivienda se manifiesta de diversas formas en el mundo entero. En los países menos desarrollados se da de forma parecida a la que nosotros conocemos. En los más desarrollados se ven barrios donde la gente vive hacinada y en condiciones de higiene francamente precarias. En ciertos regímenes totalitarios se observa gran cantidad monoblocs que se asemejan a las estructuras que se obtienen de los juegos para armar de los niños, en los que se amontonan las familias y se acomodan como pueden. En lugares más primitivos, la gente sobrevive en chozas e inclusive en cavernas. Y, todavía peor, una gran cantidad de seres humanos vive directamente a la intemperie.

En el mundo viven, con sus más y sus menos, unos 7.000 millones de habitantes. Hace poco más de un siglo, la cifra total no superaba, según las mejores estimaciones, los 1.000 millones.

Las necesidades habitacionales crecieron de manera inusitada ante el notable mejoramiento de la expectativa de vida producto, a su vez, de los avances científicos y tecnológicos.

Así, acceder a una vivienda se ha convertido cada vez más en un drama de dimensiones inusitadas.

Si bien en cada región del mundo esta ingente cuestión intenta resolverse, no en todas partes se utilizan las mismas políticas, obviamente. Lo cierto es que, en general, salvo escasísimas excepciones, el problema persiste y se acrecienta.

Si bien nuestra intención es referirnos a lo que ocurre en la Argentina, la mención del problema a nivel mundial tiene por objeto contextualizar la cuestión. De ninguna manera intentamos caer en el conocido proverbio del “mal de muchos...”

Para intentar paliar al menos esta situación es necesario cuantificarlo. Luego definir qué se supone que es posible hacer. Y finalmente, asignar urgencias.

Desde nuestra perspectiva, todas las políticas seguidas desde hace no menos de 6 décadas han fracasado u obtenido resultados muy parciales e insuficientes. Por el contrario, las distorsiones y abusos producto de legislaciones populistas y supuestamente asistencialistas no han dejado de destruir lo poco o mucho que podría haberse avanzado en la materia.

Durante 30 años (hasta mediados de los 70) rigió en el país una ley que congelaba los alquileres, impedía los desalojos y manifiestamente mostraba la absoluta negación del problema inflacionario, producto precisamente de políticas monetarias erradas y erráticas. Así las cosas, aquellos inmigrantes que en la primera mitad del siglo XX construían alguna piecita con sus ahorros para tener un alquiler que le sirviera de paliativo en sus últimos años en este mundo, vieron cómo un Estado omnipotente y abusador les destruía su sueño de manera definitiva. Propietarios e inquilinos llegaron a matarse por esta absurda política surgida durante el gobierno peronista de los años 40 y 50. Hemos conocido casos en donde el monto mensual llegó a ser tan ridículo que ni valía la pena molestarse a intentar cobrarlo.

El Estado, en su furibundo intervencionismo, ideó una y otra vez políticas de construcción de barrios y casas para entregar de manera más o menos organizada, a todos aquellos que se anotaban en los diversos planes. Pero también, y muy especialmente, a aquellos a los que se deseaba favorecer por conveniencias políticas.

Surgieron así barrios en algunos casos tristemente célebres, como el conocido como Fuerte Apache.

Para no hacer esto demasiado largo, podemos decir que todos los planes de viviendas encarados por organismos como el FONAVI y los sistemas de créditos blandos como la circular 830 del Banco Hipotecario, en tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín, o aquella famosa circular 1050 de los años de la dictadura militar, no lograron ser otra cosa que tímidos paliativos en el mejor de los casos, mientras la mayoría aparecía adornada de corruptelas y asignaciones a “los amigos” del poder de turno.

En la actualidad, los planes consisten en entregar fabulosas sumas de dinero a fundaciones o a personas vinculadas con el llamado “campo social” lo cual equivale a violar elementales normas de control de gastos de Estado. Y no sólo eso, sino que parte del prejuicio de suponer que ciertas gentes son más buenas que otras según sea su ideología. La vieja confusión entre virtudes e ideas, que lleva a algunos a pretender apropiarse de la ética. Y de los fondos públicos.

A todo lo antedicho se ha venido sumando, en los últimos años, esa especie de dormidera de la autoridad constituida para establecer o restablecer el orden público, en general con el argumento falaz de no “criminalizar la protesta social”, razonamiento que constituye la antesala de la anomia, que finalmente termina aplicándose a las ocupaciones ilegales de tierras.

Está muy fresco en la memoria de la población lo ocurrido en el Parque Indoamericano, donde luego de una intervención de la Policía Federal un día, al siguiente se permitió la ocupación del predio en medio de una verdadera oda a la barbarie. Gente arrojándose piedras, exhibiendo armas de fuego, incendios y cortes de calles y autopistas mientras la presidenta de la República interrumpía la transmisión en vivo de semejante despropósito para, mediante la cadena nacional, ocuparse de otra cosa. Un despropósito mayor aún.

Más allá de cómo y quiénes organizan y lucran con las “tomas” de espacios públicos o de predios particulares, lo cierto es que existe una convalidación expresa o tácita, de tal modo que quienes usurpan obtienen un premio por ello. Una y otra vez ha quedado demostrado que así es. Todas las villas de emergencia que pululan en la Capital Federal se han originado en ocupaciones ilegales. Y ahí están, creciendo todos los días sin que nadie se atreva a poner las cosas en su lugar, sino todo lo contrario.

Lo mismo está ocurriendo por estas horas en Jujuy, donde luego de la represión que terminó costando nada menos que cuatro vidas, se ha presentado un proyecto de expropiación de un solar privado a fin de lotearlo entre los ocupantes. Una verdadera ignominia, si se toma en cuenta que la función del Estado es, antes que ninguna otra, hacer respetar los derechos adquiridos, ello con independencia de ocuparse de ayudar a quienes lo necesiten mediante el uso de fondos públicos. Dicho de otra manera: una cosa es que se asignen tierras fiscales o incluso se expropien terrenos de particulares con la debida indemnización, y otra muy distinta es que se convalide una usurpación.

Pero, con todo, la cuestión es intentar imaginar cómo debe encararse la solución de fondo. Porque es sabido que los planes de ayuda de la índole que fueren constituyen artilugios que son usados políticamente para comprar voluntades. Esto dicho en general y casi sin excepciones es lo que ha ocurrido desde hace varias décadas. Ningún gobernante regala nada, y mucho menos de su propio peculio. En los últimos tiempos, por el contrario, tal peculio crece de manera exorbitante sin que aparezca una justicia supuestamente independiente que investigue. El dinero para construir viviendas es obvio decirlo que proviene de las arcas públicas. Todo el dinero utilizado en todos los planes oficiales, cualquiera sea su modalidad, surge de la recaudación tributaria o de la emisión espuria de moneda. Inclusive en los casos en los que los favorecidos deben pagar una cuota, es obvio que la misma se encuentra subsidiada fuertemente, siendo toda la población la encargada de pagar la diferencia.

El problema de la vivienda responde, en sí mismo, a una cuestión bastante más general y tiene que ver con la concepción económica y política de un Estado soberano. La existencia de seguridad jurídica y de una moneda o unidad de cuenta confiables son esenciales. Las tasas de interés no son producto de especulaciones o de teorías conspirativas y “golpes de mercado”, sino la consecuencia de la inestabilidad monetaria y jurídica.

La razón por la cual un país como el nuestro no recibe inversiones a gran escala y no avanza en ningún proyecto industrial serio, es precisamente esa. No hay otra forma de lograr el crecimiento dentro del llamado capitalismo que no sea la de volverse menos burocráticos, más eficientes, menos arbitrarios.

La tendencia a una mayor estabilidad fiscal, jurídica y monetaria, es la base para una mejora en la productividad. No es inflando el valor del dólar como nos volveremos competitivos. Es insólito que las inversiones no lleguen masivamente a estas playas siendo que, como se afirma, nos va fenómeno y crecemos a tasas chinas.

No es subsidiando o estableciendo tarifas diferenciales como se logra el crecimiento y en definitiva el desarrollo. Cualquier ayuda es un paliativo. No un método para combatir la pobreza o el subdesarrollo. Esto hay que entenderlo de una buena vez. Y ya es hora.

El actual gobierno reparte todo tipo de prebendas, subsidios, asignaciones familiares. Interviene en todos los mercados, fija los precios, cambia los índices, usa las reservas del Banco Central, emite moneda, reparte feriados. Todo parece estar mal hecho a menos que el omnipresente gobierno nacional organice un acto en el que la presidenta pontifique, ante la amalgama de funcionarios afines que están allí para aplaudir, la verdad revelada que los argentinos no hemos entendido.

Y la verdad es que los funcionarios y los políticos no son más que seres iguales que nosotros que un día se vistieron la casaca. Tan buenos y tan malos, tan justos y tan descarriados como cualesquiera de los habitantes de este suelo.

Que tengan o no una cuota de poder, no los convierte en omnisapientes. Esto también es una obviedad que claramente la presidenta de la Nación no ha entendido. En verdad no parecen haber entendido este razonamiento tan simple la inmensa mayoría de los políticos. Primero se destruye la moneda mediante políticas expansionistas, luego se destruye el Estado de Derecho porque la realidad no se condice con su parecer, y finalmente se pretende resolver el descalabro económico y financiero con más y más intervencionismo. Intervencionismo que llevan a cabo personas de carne y hueso como cualesquiera de nosotros.

Si observamos la realidad económica y social, rápidamente podremos comprobar que se multiplica todo tipo de subsidios, controles, asignaciones, rebajas, planes “para todos”, ayudas, repartos, y mil etcéteras. Y sin embargo el estándar de vida ha caído de manera segura y seguida a lo largo de varias décadas.

La moneda se ha deteriorado al punto de haber perdido trece ceros en algo más de 40 años. Y como vamos, más temprano que tarde perderá algún cero más.

La construcción de edificios de todo tipo se ha multiplicado en las ciudades en los últimos años. La razón fundamental es que para muchos ahorristas constituye una reserva patrimonial mucho mejor que la tenencia de cualquier papel. Pero hay otra razón que no se menciona actualmente: el Estado ha dejado de intervenir en el mercado de los alquileres. Es eso lo que posibilita que mucha gente “ahorre en ladrillos”, como ocurría antes de la desastrosa sanción de la ley de congelamiento de los alquileres que señalábamos al comienzo.

Quienes contamos algunos años, recordamos las sucesivas intervenciones en el mercado de alquileres en los años 70 y 80. Todas ellas posteriores a la derogación de la funesta ley de congelamiento.

Sólo en los años 90 se dejó de lado esta política. Y curiosamente, si bien hubo algunos amagues durante éste y el anterior gobierno, la cosa no pasó a mayores y finalmente al menos hasta ahora no se ha tocado el mercado, excepto por la prohibición de colocar cláusulas de ajuste monetario en los contratos, cuestión que obliga a tomar recaudos y muchas veces infla los precios iniciales.

Pero sí se ha producido un fenómeno que podríamos llamar concomitante. La prohibición de construir edificios por falta de infraestructura en cloacas, agua de red o tendido eléctrico y de gas domiciliario. Es decir, en lugar de reclamar que el Estado o las empresas concesionarias mejoren la infraestructura, lo que se hace es intentar impedir que se construya, violando así el derecho de propiedad de quienes en su terreno desean construir. Sin indemnización alguna, por supuesto.

La verdad es que el asistencialismo es funcional a la compra de votos. El llamado Estado benefactor regala y subsidia, creando la ilusión en las gentes de que todo aquello que necesiten lo obtendrán sin esfuerzo alguno.

En términos económicos termina siendo preferible estar siempre de lado de los que reciben; y no de quienes hacen el esfuerzo de producir. Es así como la productividad no mejora como debería, mientras los empleos públicos o aquellos trabajos inventados por las leyes mediante subsidios, crecen y crecen sumando más y más ineficiencia.

No hay aliento a la producción o a la inversión lisa y llana cuando no se respetan contratos, derechos o condiciones. No hay aliento al ahorro en moneda nacional cuando se sabe que la moneda pierde rápidamente su valor y que encima el propio Estado miente al respecto.

Una economía sólida, ordenada, respetuosa de la ley y sostenida en el Estado de Derecho es la base para el crecimiento sostenido y ordenado, que alienta la llegada de capitales, la inversión y el trabajo.

Este tipo de concepción jurídico política no existe casi en la Argentina. Y no existe desde hace muchos años. Tantos como los que llevamos debatiendo la falta de viviendas.

Intereses de clase, facciosos, arribistas, se agregan a esta verdadera puesta en escena. Los llamados “pueblos originarios” reclaman tierras de sus antepasados, reclamo al que se suman intereses políticos arribistas y facciosos. Los “sin techo” se constituyen en una forma de poder de clase o de casta. No importa demasiado dónde vivían y dónde dormían el día anterior. Basta que estén donde deben estar en el momento indicado para la “toma”, y luego anotarse para percibir la ayuda

El camino de la bondad puede estar plagado de buenas intenciones por parte de gente de bien y que intenta ocuparse de las necesidades de los demás. El camino elegido favorece el populismo y la facciosidad política.

Acceder a la vivienda desde la política es, casi de seguro, entrar en la prebenda y en la dádiva. En la transacción a cambio de votos. A la vivienda se accede desde la economía.

Quizás lleve mucho tiempo, quizás no haya para todos. Eso puede ser. Pero entonces sí el Estado puede aportar lo suyo, desde organizaciones no gubernamentales y apolíticas, con el debido control de los fondos, las auditorías y las rendiciones de cuenta. Como también marca la Constitución Nacional

Héctor Blas Trillo Buenos Aires, 7 de agosto de 2011

La presidenta de la república volvió a plantear una vieja dicotomía como si se tratara de una elección que puede motivarse mediante un consejo vertido por la dirigencia política.

¿Quién no recuerda aquella famosa afirmación de Lorenzo Sigaut “el que apuesta al dólar pierde”? ¿Quién no tiene presente aquella otra de Juan Carlos Pugliese “le aposté al corazón y me contestaron con el bolsillo”? Más atrás en el tiempo, pero no por ello menos vigente, Juan Domingo Perón decía “¿alguien vio alguna vez un dólar?”

Sucesivos gobiernos y sucesivos políticos en la Argentina han intentado desactivar la preferencia por el dólar como refugio de valor, incluso con afirmaciones nacionalistas del tipo “yo vivo en la Argentina y me manejo en pesos”; repetida incluso por comentaristas políticos o periodistas a lo largo de muchos años.

Hace ya muchos años que la economía en serio se maneja en dólares. Incluso en los tiempos de la llamada convertibilidad, el dólar siguió siendo la unidad de cuenta para la inmensa mayoría de la población. La apelación a que “somos argentinos” y “debemos defender lo nuestro”, nunca sirvió para nada.

Sin embargo parece tener más rédito político seguir recurriendo “al corazón” en lugar de buscar las causas por las cuales los argentinos hemos decidido proteger nuestros ahorros en moneda extranjera y no en la moneda local.

La respuesta entendemos que es obvia y no entraremos en detalles en aras de la brevedad, como se dice habitualmente.

La moneda argentina ha sido degradada una y otra vez, y sigue siéndolo. La evidencia de los controles de precios no hace sino corroborar este aserto. Nadie confía en aquello cuyo valor debe ser respetado por obligación y no porque conviene. Y los controles de precios, vistos desde el ángulo opuesto, implican intentar a lo bruto que la moneda no se desvalorice. Algo así como las “lomas de burro” en lugar de los semáforos o los indicadores de velocidad máxima.

Ahora la presidenta ha recurrido a una variante que también ha sido utilizada otras veces. Aquella según la cual lo mejor para los argentinos es invertir en acciones en lugar de comprar dólares. Sin embargo, hay sobradas razones por las cuales esto no ocurre y por eso es necesario pedirlo.

Por un lado, las acciones están sujetas a un mercado bastante reducido y las variaciones de sus precios pueden ser muy grandes de un día para el otro y por razones incluso políticas. Un ministro que salga a decir que tal o cual empresa no puede ajustar sus tarifas, o que debe seguir tal o cual política de dividendos pueden ser motivos para grandes bajas. Inversamente, una política intervencionista que redunde en un proteccionismo a tal o cual actividad, puede provocar un incremento notable en minutos.

Además de la injerencia estatal, existe un sinnúmero de factores que puede dar lugar a grandes cambios. En definitiva, tener acciones implica estar atentos a lo que puede ocurrir cotidianamente, dedicarse a estudiar lo que pasa y en definitiva estar encima del negocio. Los ahorristas no hacen eso. Por eso prefieren masivamente comprar dólares o, en su caso, colocar el dinero en plazos fijos para comprar luego dólares con el resultado de sus colocaciones. En estos momentos el dinero puesto en tales condiciones oscila los 25.000 millones de dólares, una cifra nada desdeñable que muestra además que cuando existe una cierta garantía de conservación del valor de la moneda, la gente opta por los pesos. Y no es que la garantía la ponga Guillermo Moreno y sus controles de precios. No. La garantía es la de que la tasa de interés sea superior a la devaluación de la divisa norteamericana.

Otro dato que es de suma importancia es que las acciones actualmente no son al portador. Cualquier adquisición de acciones es nominativa y por lo tanto el comprador queda registrado como tal. No ocurre lo mismo con los títulos públicos, que sí son al portador. Una curiosa heterogeneidad tratándose en definitiva de inversiones por parte de la gente.

Lo cierto es que todos sabemos lo que puede llegar a ocurrir por quedar “escrachados” y sujetos a verificación. Lo mismo está ocurriendo en la compra de dólares, y es por eso que ha aumentado considerablemente el volumen operado en el llamado dólar libre, o “blue”.

Otro aspecto que hay que considerar es que mucha gente tiene temor a que le apliquen un nuevo impuesto a las operaciones financieras. Las operaciones financieras como tales no están exentas del impuesto a las ganancias para las empresas, sí lo están para las personas físicas. Pero esto puede cambiar. Hay proyectos presentados al respecto.

Y como hemos dicho muchas veces a la hora de la creación de nuevos impuestos acá no hay oposición. Tardan minutos en ponerse de acuerdo opositores con oficialistas. En estos momentos existen diferencias vinculadas a cuestiones más de fondo, como ser la función que debe cumplir el Banco Central, de lo contrario muy probablemente ya estaría consumada la nueva figura tributaria.

La apropiación de los fondos de las AFJP ha servido una vez más para no confiar en el Estado en lo que respecta a una futura jubilación. La gente no espera que el día que se jubile podrá irse de vacaciones a las Islas Baleares, como los alemanes o los ingleses. Sabe que eso no va a ocurrir nunca, que el aporte jubilatorio es en realidad un impuesto y que en definitiva y con mucha suerte obtendrá una remuneración mínima, que ni para la subsistencia le alcanzará. Es decir que sus posibilidades de pasarla más o menos bien en los años otoñales, dependerán antes que nada de conservar sus ahorros sin dejarlos jamás en manos del Estado.

Por lo tanto, he ahí una razón más para intentar aportar lo menos posible y colocar en dólares lo más que se pueda. Esto es lo que hace la mayoría de la gente que tenga alguna capacidad de ahorro.

Y quien nos lee, si está en tal situación, lo sabe muy bien.

Los argentinos tienen fuera del país algo así como 150.000 millones de dólares y por supuesto esto no es casualidad. A lo largo de los años, las políticas monetarias e también las impositivas han sido desastrosas. La absoluta falta de confianza en el respeto al estado de derecho ha invadido a toda la sociedad. Es inútil mantener discursos de ocasión. No son creíbles.

A tal punto no lo son, que el propio Néstor Kirchner derivó las regalías petroleras de su provincia al extranjero, como todo el mundo sabe. Y se comenta en el mundillo político que no son pocos los representantes del pueblo que protegen sus dinerillos en dólares, en el colchón o donde sea.

La historia es recurrente. Rodrigazo, plan Bónex, corralito, corralón, default. Vaciamiento de las cajas de jubilaciones, apropiación de los fondos de las AFJP. Estafas devaluatorias, pesificaciones. Es lógico que la gente no quiera correr riesgos. O por lo menos que sean los menos posibles.

Por lo tanto, volvemos al comienzo de este comentario: no es pidiéndole a la población que compre acciones como se logra que se compren acciones, sino adoptando políticas que lleven a comprar acciones. Más bien el pedido presidencial produce el efecto inverso.

Nadie nos pide que hagamos aquello que vemos que nos conviene. Lo hacemos directamente. Y si tienen que pedírnoslo, lo más probable es que revisemos cualquier decisión tomada en esa dirección.

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 19 de julio de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

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El artículo 18 de la ley de procedimiento fiscal (LPF) establece las llamadas presunciones, que son los supuestos legales en los que se basa la administración federal de ingresos públicos para determinar de oficio los tributos adeudados.

Los legisladores no se anduvieron con chiquitas en esta materia. El artículo en cuestión, junto a dos más que, sin numerar, se encuentran a continuación, abarca al menos cinco páginas del tamaño A 4.

En términos generales las presunciones pueden admitir o no la llamada prueba en contrario.

Pretendemos en este breve comentario referirnos, dentro de dichas presunciones, al tema de los incrementos patrimoniales no justificados. Esto es, cuándo la ley presupone que una determinada operación, por ejemplo un préstamo, es en realidad dinero proveniente de operaciones no declaradas pero de propiedad del prestatario.

Cuando una persona física o jurídica obtiene un préstamo del exterior y éste proviene de un país considerado de “baja o nula tributación”, la ley presume que se trata de un incremento patrimonial no justificado, y obliga al interesado a probar fehacientemente que ello no es así.

No se trata de una cuestión menor, obviamente. Exigir por ejemplo que un banco de las Bahamas pruebe el origen de ciertos fondos es, en nuestro modo de ver, un exceso evidente. Entre otras cosas por la existencia del secreto bancario.

Será entonces el propio prestatario local quien deberá probar que ese dinero proviene de actividades efectivamente realizadas en terceros países, ya sea por él mismo o por terceros en dichos países.

Tratando de ser prácticos podemos decir que ante una operatoria del tipo que estamos mencionando es fundamental contar con elementos probatorios que permitan aclarar las cosas sin sufrir daños.

Digamos entonces que todas las formalidades que uno pudiera imaginar superfluas pueden resultar de gran trascendencia.

Por ejemplo que exista un documento, un contrato de mutuo, por ejemplo. Que esté el original y que tenga fecha cierta (autenticada por escribano público). Que los fondos hubieran ingresado al país en forma bancaria y que hayan sido acreditados en una cuenta de la empresa. Que la documentación que fuera expedida por autoridad extranjera estuviera legalizada y, en caso de estar redactada en otro idioma, que se acompañe la traducción efectuada por un profesional traductor público.

Es interesante recordar que el artículo 2.246 del Código Civil dice que un mutuo debe estar redactado en documento público o, en caso de ser privado, contener fecha cierta; caso contrario no resulta oponible a terceros.

Otro dato de suma importancia es que las condiciones pactadas en la operación estén dentro de las prácticas comunes del mercado, que se abonen los intereses en los plazos previstos y que se cumpla con lo pactado integralmente. Obviamente en caso de algún incumplimiento, éste debe estar plenamente justificado y es el interesado quien debe probar de forma fehaciente las causas de la mora.

Existe un dictamen de la D.A.T., el 72/97 que se refiere a los “indicios determinantes” para constatar si un préstamo es simulado. Los puntos contemplados son: (a) la fecha cierta, (b) la carencia de recaudos en cuanto a la protocolización consular, (c) falta de acreditación de la personería de los firmantes, (d) informalidad de la solicitud de ampliación del préstamos (e) falta de garantías o avales tomando en cuenta los montos involucrados y (e) inexistencia de documentación que respalde la conveniencia de tomar el préstamo.

Nosotros consideramos que, aun a pesar de la enumeración taxativa del dictamen mencionado, las cuestiones de prueba siempre se conforman de una serie de elementos y la ausencia de alguno de ellos no prueba necesariamente que se trata de una operación fraguada.

No es razonable por ejemplo que alguien obtenga un préstamo por un monto visiblemente superior incluso al patrimonio del prestatario. No es definitorio si existen avales, pero es cuando menos un punto a demostrar adicional.

Debemos decir que al menos en nuestra experiencia, los inspectores no siempre tienen en cuenta los principios de la llamada realidad económica, de manera que se dejan llevar, por así decirlo, por los indicios del dictamen 72 mencionado. Y si falta algo, siguen adelante con la presunción de culpabilidad. Obligando al contribuyente a defenderse judicialmente.

Aclaramos también que no necesariamente el ingreso de dinero al país puede ser consecuencia de un préstamo, obviamente. A veces se trata de un aporte de capital, por ejemplo. Y no siempre es dinero físico, también puede tratarse de maquinarias, e incluso de servicios.

Un conocido fallo de la sala A del Tribunal Fiscal (Establecimientos San Andrés S.A. 29/11/1999) se dijo que ante la falta de un adecuado respaldo documental, la prueba debe ser particularmente fehaciente. Es menester que se demuestre por otros medios de prueba indubitables la secuencia completa de la operatoria (acreditarse la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación de los mismos por parte de éste y su posterior restitución.

Marcamos aquí especialmente el punto de la aplicación de los fondos porque es fundamental. Más allá de todo lo demás, es obvio que si se pide un préstamo éste tiene una finalidad determinada y precisa. Incluso si se trata de fortalecer el giro del negocio, es necesario probar que la situación financiera previa ameritaba realmente la necesidad de endeudarse.

En el fallo Ortolani, Juan, confirmado por la Corte Suprema el 2/12/2001 se dijo que la simple transferencia de recursos monetarios de un país a otro por vía bancaria, lo único que demuestra es la existencia material de tales fondos; pero no demuestra cómo se originaron.

Es decir que, claramente, además de toda la cuestión formal involucrada, es imprescindible probar el origen. Especialmente en el caso de países de baja o nula tributación.

CONCLUSIÓN:

Las necesidades de endeudamiento o de integración de capital requieren una serie de precauciones que cuidadosamente debe ser elaborada como paso previo. La legislación vigente está cargada de presunciones que revierten la carga de la prueba y que por lo tanto aumentan aun más los recaudos que deben ser tomados.

Podemos coincidir en que este tipo de legislación dificulta la operatoria comercial y es cierto. Pero es lo que tenemos en la materia. Y podemos agregar que la tendencia es a que las exigencias sean cada vez mayores.

En el afán de detectar operaciones ilícitas, la legislación ha avanzado mundialmente en el sentido de revertir la carga de la prueba. Todo el andamiaje montado en torno del lavado de dinero apunta a eliminar secretos bancarios y fiscales, a obligar a informar sobre la operatoria de terceras personas, a invadir la privacidad. No ponemos en duda en este trabajo que el fin sea loable, sólo nos limitamos a describir los hechos. Y los hechos muestran que, o tomamos las debidas precauciones para por lo menos razonablemente estar a cubierto, o mejor dejamos de lado ciertas opciones.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 14 de julio de 2011

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

www.hectortrillo.com.ar

Una buena administración permite reducir la carga tributaria. La auditoría fiscal brinda un reaseguro de gran importancia.

Una segunda opinión, nunca está demás.

Por: Juan Nahuel Fresca (www.teoria-economica.blogspot.com)

El profesor Mankiw me dió un claro ejemplo sobre algo que vengo pensando hace tiempo. En la Parte 1 comenté que esto podría llegar a pasar (si es que hoy no está pasando) en el “barrio cerrado”.

1. El Banco puede seguir prestando fondos como si nada pasara. Si las cosas salen bien, excelente. Si las cosas salen mal, alguien va a ayudar al vecino a no caer en el pozo.
   • Los demás vecinos pueden sentir ese respaldo y usarlo en su propio beneficio. Es decir, pueden seguir dando fiestas los fines de semana sin preocuparse por sus deudas. Si no tengo para pagar, alguien me va a ayudar.
     • Incluso el vecino en apuros lo puede ver como una oportunidad, pero ya en forma, digamos, condicional. Puede seguir dando fiestas sin que nadie (o muy pocos) se enteren. Puede argumentar que sus deudas son tan altas que el ajuste que le pide la Comisión sea demasiado estricto para poder cumplirlo al pie de la letra.

Intervencionismo y corrupción

La ciencia económica es considerada una ciencia social y por lo tanto no exacta. Como se sabe, existen dos tendencias en el mundo, más o menos definidas. Una apunta al intervencionismo y entendemos que es absolutamente mayoritaria, y la otra a la libertad más o menos irrestricta en materia económica.

Las razones por las cuales han proliferado a lo largo de los siglos lo que nosotros llamamos las teorías intervencionistas, se basan en el hecho de que el mercado libre genera al parecer enormes injusticias, y que éstas deben ser corregidas por la acción del hombre, en tanto ser racional.

Frases tales como “el pez grande se come al chico” forman parte del acervo popular y están en el meollo de las razones por las cuales el mercado es considerado, en muchísimos casos, como una suerte de demonio de características etéreas y hasta deletéreas.

Nosotros consideramos que el mercado cuando funciona libremente regula de manera automática los distintos factores, y la distribución de los bienes y servicios se asigna entre la población según esfuerzos y capacidades. A la larga o a la corta, son los resultados, en el sentido económico del término, los que deciden producir o dejar de hacerlo, aumentar o disminuir el volumen producido, o buscar variantes mediante innovaciones para mejorar la performance. No es este el espacio para ampliar nuestras explicaciones sobre el funcionamiento del mercado, dado que el objeto de estas líneas es intentar explicar por qué el intervencionismo se relaciona tan estrechamente con la corrupción, tal como ocurre en la Argentina de hoy.

Decíamos que el mercado funciona y regula los distintos factores económicos. Y agregamos que ello también ocurre cuando priva la intervención estatal. Es decir, el Estado no elimina el odiado mercado, sino que altera su funcionamiento originando distorsiones, reemplazos e informalidades de todo tipo.

Un producto que sufre el congelamiento de su precio tiende a dejar de ser producido, o a modificar su formato, o a ser reducido su tamaño, o a abaratar su empaquetado, o a venderse en el mercado informal, o a cualquier otra forma que el amable lector imagine como necesaria para cubrir la brecha que se produce entre su precio real y aquel que los funcionarios deciden que debe ser.

Este simple ejemplo puede ser trasladado sin temor alguno a todos los bienes y servicios de una economía, sin excepción alguna. E incluyendo la remuneración por el trabajo.

Intentar referirnos a la corrupción dentro de la noción intervencionista nos lleva necesariamente a comentar qué ocurre durante la libertad económica.

Más allá de estar de acuerdo o no con la manera en la que el mercado regula las relaciones entre los seres humanos es importantísimo poder separar los actos ilegales, dado que éstos no tienen vinculación con el concepto de libertad de comercio. Como por razones políticas o simplemente por desconocimiento suelen confundirse las cosas, es necesario dejar sentado que las estafas, los abusos monopólicos o las “burbujas” financieras nada tienen que ver con la libertad del mercado, sino con actitudes llevadas a cabo por individuos o empresas violando la ley, o inclusive amparándose en leyes intervencionistas. La “libertad de ejercer toda industria lícita” no incluye aprietes o carteles, para citar ejemplos.

Ahora bien, ¿cómo son las cosas en el mundo intervencionista? Nos limitaremos a una breve descripción del caso argentino, intentando ser lo menos politizados posible.

El intervencionismo tiene tantas variantes como personas hay en el mundo con ganas de intervenir. Como nadie es exactamente igual a nadie, nadie tiene exactamente la misma idea de qué hacer en un momento determinado con las infinitas variables económicas. Los países avanzados tienen en general un extensísimo marco regulatorio que tratan de mantener estable tanto como resulte posible, de manera que los habitantes de ese mundo saben más o menos a qué atenerse y el mercado se acomoda a esa situación. Como el intervencionismo implica favorecer a unos en detrimento de otros, como línea general esa manera de encarar la economía hace que los países inmersos en el sistema crezcan menos, pero por regla general no se cae en cambios cotidianos de las reglas del juego, y mucho menos se cae en la arbitrariedad.

Lamentablemente no es lo que podemos decir de la Argentina, donde como todos sabemos un funcionario o dos pueden decidir si vendemos o no, si exportamos o no, cuánto, cómo, a qué precio e inclusive si se nos autoriza o no la venta, según como sea nuestro comportamiento. En el extremo, tenemos incluso un secretario de Estado que considera que quien importa por una determinada cifra debe exportar por un valor similar. Lo cual viene a significar que no todos los ciudadanos pueden llevar a cabo las compras que necesitan o desean, sino sólo aquellos que hacen arreglos con exportadores para que sus exportaciones figuren a nombre de esos importadores.

Puede colegirse, sin demasiado conocimiento, que todo este entramado de regulaciones, prohibiciones y permisos implica una merma en el grado de avance de la economía. Pero también puede uno imaginar que los permisos, las autorizaciones y los cupos, requieren una firma, y que esa firma bien puede ser obtenida si se da algo a cambio.

Todos los controles de precios apuntan a que los bienes y los servicios se vendan a un precio menor al que determina el mercado. Toda limitación a las importaciones significa una merma en la competencia y un encarecimiento de los productos fabricados localmente. Toda restricción a las exportaciones deteriora la balanza comercial, desalienta la producción de bienes exportables y afecta en consecuencia toda la actividad económica vinculada al mercado externo, mercado que también se ve seriamente afectado cuando se traban las importaciones.

Cuando determinados funcionarios tienen la posibilidad de disponer de recursos públicos para otorgar subsidios de cualquier tipo, es fácil imaginar que tal otorgamiento puede fácilmente tener un precio. Cuando tales funcionarios pueden disponer aceptar que un producto valga un poco más, eso también puede tener un precio.

Contar con información respecto de una decisión de devaluación un día antes, puede significar una transferencia de ingresos de millones de dólares en minutos. Y así podríamos seguir en todos los rubros que quisiéramos.

Por eso, si acercamos un poco la lupa a lo ocurrido en estas horas con la Fundación Madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, podemos observar claramente como la disposición de inmensas sumas de dinero, por más fines altruistas que tuviera, puede dar lugar a la corrupción más despiadada, si es que se comprueba lo que hasta el momento parece bastante obvio.

El Estado argentino ha intervenido, de una forma u otra, en prácticamente todos los sectores de la economía. Pareciera ser que nada funcionaría si no es de la mano de alguna ayuda o colaboración estatal. Pero quienes obtienen un crédito blando, una promoción industrial, una limitación a las importaciones de productos que compiten con los suyos, etc. saben muy bien que conseguir la preferencia oficial tiene un precio. No decimos necesariamente que ese precio sea en dinero. Baste ver cómo se asignan recursos a provincias y municipios amigos, y se es reticente con quienes no gozan de tal amistad. Cómo se persigue a ciertas empresas o grupos empresarios, y cómo jamás se pone la mira en otros.

Incluso en ciertos casos, como la participación provincial en los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja, la preferencia está escrita: quienes adhieren, reciben una especie de coparticipación, quienes no lo hacen, no reciben nada.

La verdad es que en la Argentina tenemos un intervencionismo con un altísimo grado de arbitrariedad, de discrecionalidad. Esto genera clientelismo, “capitalismo de amigos”, selección según gustos y pareceres del funcionario a cargo de la firma. Empleos públicos, “contratados” y conchabados en oficinas creadas ad hoc, se multiplican. Aún sin querer incursionar en la política como tal, es imposible sustraerse al hecho de que el clientelismo significa repartir recursos entre los adherentes, los familiares y los amigos

La corruptela que todo esto que someramente describimos cuesta al país miles de millones de dólares. No sólo por lo que de manera contante y sonante debe erogar el Estado para mantener el sistema, sino por el desaliento que produce entre los inversionistas, tanto locales como extranjeros.

También genera costos la falta de inversiones en sectores claves, como el energético. Lo que obliga a importar crecientes cantidades de combustibles líquidos y gaseosos, que deben pagarse a precios internacionales por lo general muy caros como consecuencia de la incertidumbre en el Medio Oriente, especialmente.

El sistema intervencionista genera corrupción, y no solamente entre nosotros. Y cuanto más arbitrario y discrecional es, más corrupción. Genera amiguismos, nepotismos y clientelismos de diversa índole. Genera gasto público creciente. Genera ineficiencia. Genera muchos daños colaterales. Pero especialmente genera corrupción.

Nadie en su sano juicio puede esperar que el otorgamiento de un beneficio resulte gratuito. No sólo le cuesta al resto de país. También cuesta, como decimos, pertenecer al sector privilegiado que recibe el beneficio.

El efecto es, en esencia, letal. Por eso en nuestro país aparecen los casos de corrupción que aparecen. Y hablamos de corrupción en el sentido más amplio. Se corrompe la política, se corrompe la economía, se corrompe la vida misma.

Un párrafo sobre lo que ocurre en Europa. Podemos señalar la situación de Grecia, que es hoy por hoy el país más comprometido. Pero también podemos hablar de muchos países de la Comunidad Económica. La esencia del fracaso es el intervencionismo que, motivado por la política, ha decidido cubrir cada día más de ayudas a todo el mundo. El llamado “Estado benefactor” es la pretensión de atender a todos y a todo con recursos públicos que, llegado un punto, no alcanzan. Eso lleva al endeudamiento y finalmente a la crisis y al default. Y eso a su vez lleva al ajuste, que puede adquirir diversas características. Devaluación, inflación, recorte de gastos, etc. En estas horas han trascendido las declaraciones del primer ministro británico en el sentido de llamar a quienes no tienen recursos que no tengan más hijos, porque de ellos debe ocuparse luego el Estado.

En el caso argentino, la inflación del 25% anual promedio que estamos soportando, más la presión tributaria más alta de la historia, más la apropiación de fondos de los futuros jubilados (tanto lo acumulado en las AFJP como el aporte mensual corriente), más la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de deuda, más la disposición de “utilidades” de dicho banco que en realidad son diferencias de cambio por sucesivas devaluaciones, más la emisión lisa y llana; son la forma de ajuste permanente elegida. El intervencionismo lleva a gastar lo que no se tiene porque el reclamo siempre es creciente, y si alguien obtiene algo que otro debe pagar, ese otro intenta pasar al bando de los que reciben. Y así hasta el infinito.

Héctor Blas Trillo 16 de junio de 2011

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Ecotributaria

Economía y Tributación

www.hectortrillo.com.ar

Por: Juan Nahuel Fresca (www.teoria-economica.blogspot.com).

Hace muchos años hubo un loteo de tierras en un lugar muy lejano. La familia de un buen amigo mio se hizo poseedora de una fracción. Era algo así como un barrio cerrado, pero sin esa figura actual.

La cuestión es que uno de los vecinos construyó rápidamente y su casa parecía una mansión al lado de las demás. Durante muchos años todo funcionaba bastante bien. Me contaba mi amigo que su bisabuelo, tuvo un problema con varios vecinos y vió como su mansión se venía abajo. Luego de mucho trabajo (y mucha ayuda) pudo reconstruir su lugar. Sin embargo, su abuelo (que no estaba muy bien) hizo algunas cosas malas en su gran casa (aunque la hizo mucho más grande) y, rápidamente, quedó en la ruina. Hubo algunas peleas entre vecinos y la casa se dividió en dos... Muchos años más tarde, se resolvieron las diferencias y su familia pudo estar unida nuevamente. La unión no se hizo de la noche a la mañana, sino que, por el contrario, llevó muchos años poder conciliar las diferencias de esas familias nuevamente. De allí en más, eran referentes en la zona.

No hace muchos años, un grupo de vecinos (quizás envidiosos, quizás para cuidarse o quizás para ser un grupo representativo dentro de la localidad) decidió cercar el barrio.

Parecía que el costo de oportunidad de encerrarse sería bastante bajo como para correr ese riesgo.

Para el vecino de la mansión, sería una oportunidad para demostrar su poder y para los vecinos más pobres, sería una oportunidad de disfrutar los beneficios de estar dentro del cerco.

Al principio, los beneficios era muchos y para todos. Su barrio fue vitoriado como el sucesor de ese gran barrio del otro lado de la avenida...

Pero, como en todos los barrios cerrados, comenzaron los problemas. Parecía que algunos vecinos no eran tan trabajadores como el dueño de la mansión y sus jefes de familia disfrutaban de los beneficios de pertenecer sin preocuparse por el futuro de sus hijos.

Sin embargo, luego algunos años de bonanza e irresponsabilidad, los inconvenientes se hicieron mucho más graves, aún cuando algunos familiares y amigos del vecino de la mansión advertían a los vecinos de la gravedad de sus hechos.

A los problemas que me contaba mi amigo se sumó uno mayor. Los vecinos que hoy conocemos como "nuevos ricos" en Argentina, aceptaron gustosos una forma de vida que no podían llevar a cabo. El mainstream era confuso (o no, eso lo veremos) y los bancos "pensando" en el vecino de la mansión (algo así como un agente representativo) decidieron prestarle a todos los vecinos a la misma tasa de interés que a éste. De esta forma, con créditos baratos, los nuevos vecinos del barrio creyeron estar en el cielo. Gastaban más de lo que ganaban, pero eso no importaba. Mantener el barrio siempre sería una prioridad y, cualquier problema de fondos, podía ser resuelta por la comisión que llevaba adelante las finanzas del barrio. Muchos mejoraron sus casas y quisieron reproducir aquella primera y gran mansión, mejoraron su jardín, compraron más y mejores juguetes para sus hijos, etc. Nunca, o casi nunca, fue oída la voz del consejo que quería limitar la bonanza de los nuevos vecinos. Era una fiesta y todos estaban invitados.

Como era de esperar, toda la irresponsabilidad tiene un límite y, el más pobre de los nuevos ricos comenzó a tener problemas para pagar sus deudas. Como "buenos vecinos", los miembros del consejo decidieron prestarle fondos para poder pagar sus cuentas, comprar la comida de sus hijos, pagar el colegio,etc. La condición era que este vecino debía reducir sus gastos porque sus ingresos no eran los suficientes para cubrirlos. Intencionalmente o no, nuevos vecinos comenzaron a tener problemas para pagar sus deudas (es un tema de Riesgo Moral, que analizaremos en otro post). Nuevamente, el consejo destinó fondos a ellos bajo la misma condición.

El clima en el barrio comenzó a cambiar. Ya no había fiestas los fines de semana y muchos vecinos comenzaron a mirarse con recelo. Lo único que los consolaba era saber que al barrio del otro lado de la avenida las cosas tampoco le iban tan bien. Cualquiera sea la causa, dejaron de saludarse entre ellos, comenzaron los comentarios por lo bajo (como cualquier barrio) y las divisiones ya eran públicas. Sin embargo, había que mantener el barrio a cualquier precio....

Hace unos días me volví a cruzar con mi amigo y me contó las nuevas novedades del barrio: El más pobre de los ricos tiene problemas de nuevo (se rumorea que es un adicto que nunca va a recuperarse) y los hijos de otro vecino comenzaron a quejarse porque no les cambian los juguetes ni les compran las zapatillas que tienen sus amigos de la mansión.

Parece que el dueño de la mansión le está soltando la mano a todos los "nuevos ricos" porque no ve que se hayan preocupado después del préstamo que les dio el consejo del barrio.

Mi amigo siempre fue escéptico con la creación de este barrio. No por discriminador, pero sabía que no era un lugar ideal para hacer un barrio... En fin, esas son otras historias...

Antes de irse y saludarme afectuosamente, me dijo dos cosas:

- El hombre de la mansión y su famila son amantes de The Rolling Stones, sobre todo de su disco Let it bleed.

- Por el contrario, alguno de los vecinos más afectados tararean las letras de Pigs on the wind de Pink Floyd.

Espero encontrarlo pronto. Me interesé como una vieja de barrio sobre las novedades 

Hola mi nombre es silvina de corrientes, estoy interesada en aprender todo sobre bolsa de comercio y quiero que me ayuden. NO SE NADA.

El tratamiento fiscal de los consorcios es materia de consulta en forma recurrente. En este trabajo comentaremos los aspectos más salientes dentro del marco legal vigente.

ENCUADRAMIENTO LEGAL

Los consorcios de propiedad horizontal se encuentran encuadrados en la vieja ley 13.512 y según el artículo 33 del Código Civil son personas jurídicas de carácter privado.

Cada propietario de un departamento o unidad funcional lo es también de las denominadas partes comunes del edificio y del terreno donde está erigido en la misma proporción que la que corresponde a su unidad.

Se dice que el consorcio de propiedad horizontal no es equivalente al dominio o al condominio contemplados en el Código Civil.

ADMINISTRACIÓN

La ley dispone que el consorcio debe designar un representante que será el encargado de administrar las cosas de aprovechamiento común, gestionar ante las autoridades como mandatario legal, recaudar los fondos necesarios, etc.

Es decir que el representante es en realidad un mandatario, y sus atribuciones surgen del reglamento de copropiedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El consorcio es responsable por deuda propia, mientras que el administrador o representante lo es por deuda ajena. Las obligaciones de pago que corresponden al consorcio deben ser cumplidas por el mandatario, esto es, por el representante administrador.

RESPONSABILIDAD PENAL

El administrador es responsable penalmente y por lo tanto le caben las generales de la ley en la materia si comete algún tipo de irregularidad. También tiene responsabilidad penal el Consejo directivo del consorcio, por supuesto en el caso de estar involucrado.

Es importante destacar que los consorcistas constituyen el Consejo directivo y éste se reúne y resuelve sobre cuestiones cotidianas que finalmente delega en el administrador. Siendo éste último el mandatario encargado de los pagos fiscales, previsionales, etc, es obvio que su falta de cumplimiento dolosa es imputable a él de manera directa.

INGRESOS DEL CONSORCIO

Es bastante común que los consorcios cuenten con ingresos por el alquiler de lugares comunes del edificio. Es el caso de la existencia de locales comerciales, espacios para publicidad gráfica o la terraza para la colocación de antenas de telefonía.

Según un dictamen de la Dirección de Asesoramiento Técnico de la AFIP (18/2010) corresponde asignar esos ingresos a cada uno de los condóminos en la proporción correspondiente según la unidad funcional que poseen.

Suele ocurrir que en los consorcios tales ingresos se netean de la obligación de pago de expensas. Pero en verdad se trata de ingresos de la primera categoría para el impuesto a las ganancias y cada condómino debe declarar ese ingreso de corresponder en su declaración jurada del mencionado impuesto.

Corresponde analizar brevemente si tales ingresos, u otros, están sujetos a la retención del impuesto según lo normado en la R.G. (A.F.I.P.) 830.

Según la R.G. (A.F.I.P.) 924 los consorcios de propietarios constituidos según la ley 13.512 no están comprendidos entre los sujetos pasibles de retención. A su vez en dos sendos dictámenes de la D.A.T. (Dirección de Asuntos Técnicos), el 18/2010 ya citado y el 75/2001 se determinó que la retención tampoco se aplica a los consorcistas, aunque ello no implica que la ganancia no esté gravada.

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Según la opinión del Fisco los consorcios regidos por la ley 13.512 no están obligados a practicar retenciones porque no están incluidos en la R.G. 830 ya mencionada (Dictamen D.A.T. 57/00). Pero sí están obligados a retener los administradores por los pagos efectuados por cuenta de terceros. No retiene el consorcio, pero sí retiene el administrador por los pagos que efectúe por cuenta y orden del consorcio.

SITUACIÓN EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Los consorcios son responsables del I.V.A. según lo dispone el artículo 4º de la ley de este impuesto. Por ello, deberán contar con C.U.I.T. y revestir el carácter de responsables inscriptos en dicho impuesto.

Los ingresos por alquileres generarán I.V.A. de corresponder, es decir cuando se trata de locaciones gravadas.

Ello es así con independencia de que algunos consorcistas sean monotributistas, según lo ha contemplado el dictamen D.A.L. (Dirección de Asuntos Legales) 70/01.

En definitiva el consorcio es sujeto de este impuesto en tanto genere hechos gravados por él.

La posición del Fisco es que los saldos a favor que pudieran resultar no son trasladables a los consorcistas.

Un detalle a considerar es que el pago de los alquileres que pudieran existir de las partes comunes debe ser efectuado al consorcio y no a cada uno de los copropietarios.

FACTURACIÓN

Los consorcios deben emitir facturas si generan ingresos como por ejemplo por alquileres de lugares comunes. Los ingresos provenientes de las expensas no generan hecho imponible alguno.

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN

En cuanto al régimen de información establecido por la R.G. (A.F.I.P.) 2159 cuando la superficie de la unidad funcional supere los 100 metros cuadrados o las expensas individuales superaren los $ 3.600 por semestre.

IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS BANCARIOS (IMPUESTO AL CHEQUE)

El consorcio no es contribuyente del impuesto a las ganancias, de manera que no podrá considerar crédito alguno por este impuesto. En cambio el administrador sí podrá hacerlo si la cuenta corriente figura a su nombre.

SEGURIDAD SOCIAL

El administrador tiene a su cargo la liquidación de los sueldos del personal, que se encuentra regulado por el Estatuto del Personal de Casas de Rentas y Propiedad Horizontal (ley 12.981 y D.R. 11.296/49 y Res. M.T.P. 11/1951). El Convenio Colectivo es el 589/10.

Obviamente que es el administrador quien debe cumplir con las obligaciones previsionales, tanto en los aspectos formales como de pago de las mismas.

Pero el empleador es el consorcio, y por lo tanto la responsabilidad por cualquier incumplimiento recae sobre éste.

ALGUNAS SUGERENCIAS

La experiencia práctica muestra que normalmente los consorcistas no suelen ocuparse demasiado por el funcionamiento de la administración. Incluso los integrantes del Consejo de Administración suelen confiar en el representante designado y no establecen controles adecuados.

Pero es necesario tener bien presente que la responsabilidad es del consorcio, más allá de la que le cabe al administrador según lo que hemos comentado.

Resulta necesario garantizar el debido control sobre los actos administrativos, y de otra índole, llevados a cabo, a fin de evitar sorpresas.

La verificación anual de temas tales como el libro de administración, la rendición anual de cuentas, los comprobantes que respaldan los ingresos y los egresos, el libro de actas, los informes de asesores legales, etc. es, en nuestro modo de ver, una tarea imprescindible.

Últimamente se ha puesto relativamente de moda la contratación de una auditoría anual a efectos de evaluar el cumplimiento de las obligaciones, especialmente las impositivas y las previsionales. Tal auditoría no necesariamente debe ser externa, pueden llevarla a cabo los propios consorcistas, tal vez con algún asesoramiento profesional.

Hay que tener presente que no solamente se trata de verificar que los pagos se hubieran hecho, sino que los cálculos sean los correctos. Y que los ingresos hubieran tenido el destino que les corresponda. Esta cuestión no es menor y requiere de conocimientos específicos, como es obvio. Se trata entonces de compatibilizar la necesidad de control con las posibilidades económicas, tomando en cuenta la responsabilidad que le cabe al consorcio.

Héctor Blas Trillo 14 de mayo de 2011

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Ecotributaria

Economía y tributación

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Una buena administración permite bajar la carga tributaria

Dividendos Políticos

Mediante un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 441, la presidenta de la república ha eliminado un inciso del artículo 76 de la ley 24.241 que instituyó, en el año 1993 el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.). Este inciso había sido corroborado por la ley 26.425 mediante la cual se dispuso la apropiación por el Estado Nacional de los fondos en poder de las A.F.J.P., que de tal modo resultaron disueltas.

Es importante recordar lo que se disponía en dicho inciso, lo transcribimos: f) En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia respectiva

Es decir, la obligación de parte de las A.F.J.P. de no poder contar con más del 5% del derecho de voto en asambleas fue expresamente mantenida por la ley de apropiación de los fondos de las A.F.J.P. en el año 2008, votada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y puesto en vigencia durante este mismo gobierno.

Por lo tanto el cambio producido en la normativa vigente ha consistido esencialmente en modificar una ley sancionada por este mismo gobierno mediante un decreto de necesidad y urgencia. No somos juristas y no queremos meternos en terrenos que no nos corresponde, pero resulta cuando menos incoherente que lo aprobado por ley y promulgado por el Poder Ejecutivo hace apenas dos años, ahora haya sido anulado mediante un decreto de ese mismo Poder Ejecutivo.

Se discute si era tan necesario y urgente proceder de este modo y lo cierto es que, más allá de que algunos considerandos del decreto hablan de la premura por los cierres de los balances y las convocatorias a asambleas, resulta bastante lógico que el procedimiento sea cuestionado.

Ahora bien, cuál es en verdad el trasfondo, el elemento subyacente que ha provocado este repentino cambio. Según la propia presidenta de la Nación ha manifestado públicamente, ciertas empresas se niegan a distribuir dividendos con lo cual perjudican a sus accionistas; fueron en términos generales sus expresiones. Y ésta parecería ser la razón de fondo.

Es conveniente dilucidar algunos aspectos para mejor claridad de quienes pudieran ser sorprendidos en su buena fe. Incluso la propia presidenta, de ser el caso.

En primer lugar, la limitación del 5% en la participación del capital accionario en poder de la ANSES tuvo su origen en un aspecto básicamente institucional: limitar la participación de integrantes financieros en las decisiones operativas de las compañías. Ello así en virtud de que sabía que al crearse las AFJP se generaría un mercado de capitales de gran importancia que volcaría parte de sus ingresos en acciones de empresas. Su injerencia en asuntos comerciales o técnicos no se consideraba beneficiosa. Y este mismo criterio se mantuvo en 2008 cuando las tenencias de las AFJP fueron expropiadas por el Estado.

En segundo lugar, las acciones responden a criterios de emisión que son disímiles y que sería necesario clarificar en cada caso. Hay acciones con derecho a un voto, a 5 votos, preferidas, diferenciales y sin derecho a voto. Con lo cual no necesariamente una participación en el capital accionario confiere proporcionalidad de votos.

En tercer lugar, la distribución de dividendos otorga a los accionistas dinero contante y sonante al momento de su percepción, pero la no distribución de dividendos lo que hace es revalorizar la tenencia accionaria, por cuando el valor patrimonial proporcional es ahora mayor.

Para decirlo del modo más simple: no es cierto que se perjudiquen los accionistas si no se distribuyen dividendos, porque ello es reemplazado por un mayor valor de sus acciones.

Ahora bien, más allá del caso particular difundido y planteado por los gobernantes (el caso Siderar, integrante del grupo Techint), lo cierto es que cuando las compañías no distribuyen cantidades importantes de dividendos es porque tienen previsto llevar adelante proyectos de inversión, aumento de producción, mayores existencias de materiales, etc. Es decir, no se trata de que se guardan el dinero en una caja fuerte al mejor estilo del Tío Rico de la historieta. Sino que ese sobrante utilitario forma parte del capital de giro del negocio de alguna forma. Lo cual hace estimar un mejoramiento futuro de la compañía, con lo cual la valorización de las acciones que cotizan en la Bolsa suele ser superior al valor patrimonial proporcional señalado.

En términos redondos, Siderar anunció el reparto de dividendos por $ 1.500 millones, cuando cuenta con utilidades acumuladas y no repartidas de $ 6.500 millones y según ha salido en los diarios y ha sido afirmado por el ministro de economía Boudou, parece ser el meollo de toda esta cuestión.

Se comenta que el grupo Techint ha venido desarrollando proyectos de inversión en Brasil, en detrimento de la Argentina, por razones de conveniencia comercial e industrial, lo cual a su vez es mal visto por las autoridades locales.

Tanto el aspecto de los dividendos no distribuidos como el de la supuesta inversión en otro país no constituyen sino decisiones empresarias que tienen que ver con el futuro de la empresa, valorizan la tenencia accionaria, y conforman una mejor perspectiva. Sin embargo, para los gobernantes no es así. O al menos manifiestan que no es así.

Lo que ha trascendido es que la ANSES requiere de los abultados dividendos que podría repartir Siderar para engrosar sus arcas y seguir sosteniendo un sistema de reparto de subsidios cada vez más caro y menos sostenible.

La presión para colocar nuevos directores en esa y otras empresas tiene que ver esencialmente con cuestiones políticas. La tendencia a participar más de los directorios pretende influir en las decisiones, si no es por imperio del voto, que no sería mayoritario en ningún caso, al menos por imperio del corporativismo estatal. Es decir, por los proverbiales contactos con el Poder Ejecutivo, que en una país donde está tan vapuleado el Estado de Derecho puede significar cualquier tipo de arbitrariedad.

A ello se suma que la intención del Poder Ejecutivo, al menos por lo que ha trascendido, no es la de colocar en funciones directivas a técnicos provenientes del sector privado y de trayectoria en funciones similares, sino a militantes de una organización política denominada La Cámpora y que es regenteada entre otros por el hijo del fallecido ex presidente.

Todo lleva entonces a una sola conclusión, de lo que se trata es de lograr dividendos políticos. Ocupar espacios para que las empresas por presión y arbitrariedades diversas se vean obligadas a hacer lo que los gobernantes desean en cada momento.

Estas presiones se han venido dando desde hace varios años. Prohibiciones de importaciones o de exportaciones. Curiosos canjes entre quienes exportan para poder importar. Precios controlados. Canastas de bajo costo para liberar otros precios. Otorgamiento o no de subsidios. Dificultades o no para obtener permisos de importación o de exportación. Facilidades o no para la obtención de créditos blandos o regímenes diferenciales. Y un sinnúmero de etcéteras.

La industria y el comercio en la Argentina se encuentran hoy por hoy condicionados de mil maneras en un marco de absoluta inseguridad jurídica y signados por el intervencionismo más arbitrario y hasta prepotente que jamás pudieron imaginarse muchos.

Es en esta realidad que hay que analizar lo que ocurre con la cuestión del intento de nombramiento de directores del Estado en las empresas. Esta y no otra.

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Una buena administración reduce la carga fiscal. Una segunda opinión nunca está demás.

Apuntes Sobre la Libertad Económica

Todo reglamento que es pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio más fecundo

Juan Bautista Alberdi

La tendencia al intervencionismo no es un fenómeno exclusivo de los argentinos. En términos generales, en mayor o en menor medida, el mundo se ha ido volcando progresivamente hacia lo que se llama proteccionismo, que de manera muy amplia significa intentar corregir los efectos que son considerados negativos de la existencia de la libertad económica.

La idea predominante hoy por hoy es que un grupo de personas, o tal vez una sola persona, encerrada en su oficina y provista de una computadora, puede decidir qué cosa es mejor para millones de congéneres. Modificar para impedir o para permitir, para negar o para consentir, para estimular o para deprimir.

La idea subyacente es que el mercado se equivoca, es salvaje, se desliza despiadadamente sobre los más necesitados y destruye todo en favor de los más poderosos.

¿Es esto esencialmente cierto?

Lo primero que hay que decir es que el mercado en sí no es un ente capaz de portarse mal o bien, sino que constituye la fuerza de la necesidad económica de los seres humanos.

El intercambio de bienes y servicios, de capacidades y de posibilidades. De todo aquello que es escaso y a la vez necesario.

El salvajismo tiene como lugar común la idea de que los poderosos se imponen siempre a los más débiles, que resultan de ese modo destruidos. Cabe entonces que nos preguntemos quiénes son más débiles y por qué lo son.

Si nos referimos a países o regiones del mundo lo que observamos es que son más débiles quienes tienen menor desarrollo relativo, ya sea por carecer de capitales o de una población suficientemente preparada para afrontar las exigencias de la tecnología. De allí las grandes migraciones hacia países o regiones más desarrolladas, donde estas gentes llegan para llevar a cabo las tareas más simples o también las más rudas. Los pueblos desarrollados y que gozan de una educación superior y de un bienestar acorde, no son proclives a realizar las tareas más pesadas o de menor jerarquía.

Por lo tanto lo segundo que puede decirse se deriva de lo primero. Los pueblos más atrasados relativamente migran para ocupar las posiciones más humildes en los lugares más avanzados. Allí educan a sus hijos y buscan que éstos superen a sus padres y se eduquen para mejorar su posición socioeconómica.

Si todo este movimiento se produjera dentro de un clima de absoluta libertad, ello implicaría en primer lugar el verdadero y digno respeto de los llamados derechos humanos, tan proclamados hoy por hoy políticamente y tan poco puestos en práctica.

Las barreras proteccionistas no atacan tanto a los bienes y servicios como a las personas que pretenden mudarse de país. Barreras de todo tipo se yerguen a modo de elevados muros que pretenden impedir que la marea humana se desplace de un sitio a otro. Quienes habitualmente proclaman la necesidad de atención y protección al desprotegido o al desvalido, no dudan un instante a la hora de establecer fronteras que para ellos deberían ser infranqueables. En otras palabras: más allá de una determinada línea, que los seres humanos se las arreglen como puedan.

Esta actitud no es nueva. En verdad, si lo pensamos un poco, fácilmente comprobamos que así ha ocurrido desde el comienzo mismo de los tiempos.

Se argumenta muchas veces que los inmigrantes quitan el trabajo a los locales, sin detenerse a pensar que el trabajo que aquellos hacen es, por lo general, el que éstos se niegan a realizar.

El intervencionismo, en este punto como en cualquier otro, no mejora sino que empeora el estándar de vida de la población afectada. Tanto de quienes no pueden entrar como de quienes están dentro. Porque la llegada de mano de obra barata produce un mayor bienestar económico de toda la población en su conjunto, y no una merma.

Los gobiernos de los países desarrollados adoptan estas actitudes prohibitivas porque eso es lo que demanda la gente en general. Por un lado existe una buena dosis de xenofobia inmanente, y por el otro se ha generalizado la idea de que quienes llegan de otras latitudes quitan el trabajo a los locales cuando eso no es cierto, porque los locales no hacen por lo general esos trabajos. Y aún si los hicieran lo que molesta es la competencia, que justamente es uno de los pilares del liberalismo económico. Por eso por ejemplo el preámbulo de la Constitución Argentina habla de la aceptación de todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar este suelo y no hace distinciones sobre las tareas que vengan a realizar.

Entonces los gobiernos de todas las latitudes y de todos los formatos, desarrollados o no, lo que buscan son formas de proteccionismo, de intervencionismo, de “corrección” de los errores o de las maldades del mercado. Todo ello produce no la desaparición del mercado, no la abolición de la ley de oferta y demanda. No. Produce un cambio de reglas de juego que hace que el mercado se acomode a un nuevo escenario. Basta ver lo que ocurre en regímenes totalitarios vigentes como China o Cuba. En este último país, más cercano y conocido incluso por el turismo, el mercado negro es una constante histórica en todos los órdenes de su vida. Lo mismo ocurre en el lejano gigante asiático, aunque esa realidad se desconozca.

Ahora bien, podrá decirse que las gentes que apenas sobreviven en las condiciones más paupérrimas es imposible que se trasladen de un país a otro y es cierto. Un porcentaje de la población más pobre del planeta está signada por la postergación más absoluta. Por un lado habrá que ver qué hacen los gobiernos para lograr que ciertos pueblos se desarrollen pese a no tener en su suelo condiciones naturales amigables con la producción, pero nunca el desarrollo de burocracias supuestamente destinadas a atender los atrasos relativos repartiendo bienes o dinero han servido para mucho más que para dedicar párrafos políticamente correctos en “cumbres” por lo general llevadas a cabo en lugares paradisíacos. Porque la verdadera forma de sacar de la pobreza a esos pueblos, y a todos, pasa por la libertad de producir y de crear en un ambiente de respeto de derechos y garantías. Allí donde las reglas son fijadas partiendo de la base de la libertad del hombre, la propiedad privada, la protección legal del patrimonio, la disposición de los bienes, la educación. Lo que hizo grande a Japón no fue la riqueza de su suelo.

Si observamos el caso argentino podemos ver claramente cómo el intervencionismo avanza día a día sin solución de continuidad. Este fenómeno no es nuevo y en verdad se da universalmente.

Cuando se elige el camino de la intervención aparece entonces un grupo de funcionarios designados para tal fin, que mueven los hilos diariamente de la forma que mejor les parece para intentar paliar los efectos del salvajismo del mercado. Cada intervención que llevan a cabo, provoca efectos no deseados dada la infinita cantidad de variables que se mueven como consecuencia de esa intervención. Eso da lugar a nuevas medidas intervencionistas tratando de corregir los efectos no deseados que produjeron aquellas medidas iniciales, lo que a su vez provoca nuevos e indeseables efectos en otros factores económicos. Y así hasta el infinito.

Dejando de lado las especulaciones sobre actitudes políticas más o menos populistas y centrándonos únicamente en los efectos económicos, podemos ver aquí, en la Argentina, cómo el Estado interviene en prácticamente todo, siempre con el afán de corregir las maldades del libre mercado. Incluso sin tomar en cuenta que hace rato que tal libre mercado ha dejado de existir, precisamente en razón de las intervenciones.

Se otorgan subsidios, planes de ayuda, asignaciones por hijo, créditos blandos. Se establecen promociones, se direccionan créditos, se otorgan beneficios impositivos, se controlan precios, se vigilan los costos empresarios, se piden informes sobre las utilidades para justificar o no los precios. Se controlan e impiden exportaciones, ídem importaciones. Se controla el tipo de cambio. Se buscan acuerdos regionales para lograr intercambios con los países vecinos, que se modifican una y otra vez cuando las circunstancias son desfavorables a la Argentina, que es lo mismo que hacen los países vecinos cuando las circunstancias les son desfavorables a ellos. Se vigila la compra de divisas, la venta, la tenencia, el uso que se hace de ellas. Se modifican planes de estudio para adecuar la enseñanza en línea con la idea de que el mercado per se es algo oprobioso y demoníaco. Se viola el sistema jurídico legal en cuanto sea menester. Desde la eliminación de los secretos bancario y fiscal, hasta la sustracción de ahorros mediante sistemas de retención impositiva.

Casi todos los días aparecen nuevas medidas, nuevos controles, nuevas intervenciones. Un día se fijan precios máximos de las naftas, otro día se los libera. Más tarde se vuelve a la fijación. Y así. Lo mismo ocurre con permisos de importación, con permisos de exportación. Se incentivan producciones y se desalientan otras. Y luego a la inversa.

Mientras tanto, si la Argentina crece no es como consecuencia de todo este maremágnum intervencionista, sino porque los precios internacionales de los productos primarios que vendemos son muy buenos. Es decir, si el país crece es a pesar del intervencionismo y no por él.

Es fácil observar lo que ocurre en el mundo desde esta perspectiva. Por un lado tenemos una Europa cerrada y burocrática, gastadora, emperrada en mantener supuestos beneficios entre su población que se vuelven insostenibles por falta de recursos. Ahora bien, ¿por qué faltan esos recursos? Porque el sistema es costoso y poco competitivo. Esa es la razón y no otra.

Esto pretende ser un breve apunte sobre algunos aspectos en los que puede verse el inmenso deterioro al que ha conducido el intervencionismo. Y no sólo eso. La dependencia de la población inerme bajo la égida de los jefes políticos y los burócratas que tienen el poder de fijar precios, salarios, impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo, amén de emitir la moneda de curso forzoso.

La Argentina en particular tiene, salvando algunos períodos, más de 80 años de intervencionismo de todo tipo. Estamos seguros de que no alcanzaría una vida entera si pretendiéramos leer toda la legislación tendiente a promover el bienestar de la población, el desarrollo de la economía y la protección de los más pobres. Y sin embargo el país está en uno de los pozos más profundos de su historia, con un porcentaje altísimo de la población bajo la línea de pobreza y dependiendo de subsidios y planes de ayuda, o de empleos públicos otorgados en feudos provinciales o municipales.

El atraso tecnológico se hace sentir todos los días, y cualquier producto de avanzada cuenta 3 y hasta 4 veces más que en los EEUU, si es que nuestros funcionarios autorizan el ingreso al país.

La infraestructura ha sido virtualmente desmantelada a lo largo de los años. Los ferrocarriles fueron destruidos por falta de inversiones y de rentabilidad. El sistema de caminos se sostiene a duras penas mediante el recurso de esas verdaderas aduanas interiores que llevan la forma de peajes.

Los mercados más intervenidos han sido mermados cuando no destruidos. Y aquellos en los que no se llegó a extremos, se muestran exhaustos. No se producen inversiones, no se generan nuevos polos de desarrollo, no se buscan combustibles fósiles, no se instalan nuevos medios de transporte ni se construyen autopistas ni se acondiciona el sistema ferroviario.

Nadie está dispuesto a arriesgar capital para que un grupo de políticos decida luego intervenir arbitrariamente en todo cuanto se le ocurra y en el momento que le parezca.

Alguien podrá pregunta por qué esto ocurre en la Argentina y no en EEUU o en Brasil, por citar ejemplos. La respuesta es muy simple: el grado de intervencionismo es proporcionalmente muy inferior en esos u otros países. No es que no exista y que no cause daño, sólo que el daño es menor porque además de no alcanzar el grado de arbitrariedad y torpeza que muestra el nuestro, se mantiene en el tiempo mediante legislación más o menos duradera, que hace que los potenciales o reales inversores sepan qué ocurrirá en ese aspecto con un cierto grado de certeza.

Algo decididamente imposible entre nosotros en la situación política actual.

La libertad económica no es una utopía. Los países más libres de la Tierra han evolucionado y crecido a velocidades extraordinarias. Esto es evidente en países como EEUU, Canadá o Australia. Países prácticamente contemporáneos del nuestro.

La libertad económica no es absoluta en ellos. Por supuesto. Es relativa y diríase que cada vez es más relativa, lo cual no constituye un avance sino un retroceso. Porque hablando de libertad, si no somos libres de disponer de lo que es nuestro porque ciertas regulaciones lo impiden o dificultan, no somos en verdad libres. Es por ello que, aun no siendo absoluta la libertad económica, la tendencia debe ser siempre hacia una mayor dosis de ella. El secreto del desarrollo de la humanidad es la liberación de las fuerzas de quienes la integran. Nunca el sometimiento a reglamentos que so pretexto de organizarla, en verdad sólo la restringen.

Héctor Blas Trillo 18 abril de 2011

en el segundo trimestre del 2010, la tasa de interes activa descendio respecto a la observada en el mismo periodode 2009, al pasar de 13,4% en junio de 2009 a 9,5% en el mismo periodo del 2010; igual situacion presento la tasa pasiva, la cual paso de 6,3% a 3,7% en dicho lapso

Condicionada por el mundo, la politica marca el rumbo en 2011

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE). Director Ejecutivo de “Libertad y Progreso”

El contexto político local tendrá un impacto negativo inevitable

En 2011, en la Argentina habrá elecciones presidenciales; lo cual no es un hecho menor. Desde que volvimos a la democracia, cada vez que el Poder Ejecutivo pierde una elección legislativa, la incertidumbre política tiende a incrementarse hasta los comicios presidenciales. Por eso, es un error hablar de una crisis política coyuntural; ya que, en realidad, tiene que ver con una decadencia institucional que lleva décadas.

En los países serios, las políticas de Estado se fijan en el Congreso. El Poder Ejecutivo busca consensos entre los legisladores para aprobar las soluciones a los problemas de la gente. Cuando una ley se sanciona, el que está en el gobierno la ejecuta y, cuando la oposición llega al poder, la mantiene porque fue parte de su gestación. Esto permite tener reglas de juego a largo plazo que son vitales para consolidar un rumbo de desarrollo económico.

En la Argentina, cada cuatro años, elegimos un líder iluminado que nos salvará de nuestros problemas. En línea con esta cultura, los parlamentarios delegan su rol en el PEN y éste es quien fija las políticas de largo plazo, que serán cambiadas cuando asuma otro gobierno al que se le delegarán esas mismas facultades. Por ende, no hay políticas de Estado que duren más que el presidente de turno en el poder.

Como los argentinos y extranjeros sabemos que, aquí, las elecciones presidenciales significan una apuesta a “cara o ceca”, en el período previo siempre se produce una fuga de capitales. Es decir, por temor, bajamos nuestro gasto e inversión, sacamos nuestros depósitos de los bancos, desfinanciando la economía, y compramos dólares que mandamos al exterior o guardamos en el “colchón”. Por lo tanto, la demanda interna tiende a bajar y, con ella, la producción local de bienes y servicios; lo cual deriva en tendencias recesivas.

El nivel de liquidez internacional determinará el costo a pagar.

Dada la incertidumbre política local, cuán fuerte será la salida de capitales dependerá de lo que suceda en el exterior. Si el costo de la fiesta monetaria que lideró la Reserva Federal durante 2002-2008 se hubiera pagado al “contado”, con una caída profunda del nivel de actividad y desempleo, la reactivación y el aumento de los puestos de trabajo hubieran sido rápidos. Sin embargo, para moderar los costos económicos y sociales de la crisis, los países afectados optaron por implementar políticas monetarias y fiscales expansivas. El problema es que, cuando llega la recuperación, estos incentivos artificiales deben empezar a desarmarse y eso modera la salida, manteniendo en el tiempo tasas de desempleo altas.

Ahora, habrá que ver si los países desarrollados son capaces de enfrentar un proceso lento de mejora de la producción, el empleo y los mercados o intentarán “cebar la bomba” con más emisión de moneda y gasto público. En la Argentina, si el “pago en cuotas” del ajuste mundial remanente coincide con el período preelectoral, la fuga de capitales se potenciará y nuestras exportaciones se verán afectadas por una menor demanda externa y caída de los precios. Por lo tanto, tendremos un segundo semestre de 2011 con tendencias recesivas; luego de una primera mitad de año de desaceleración.

En tanto, si como parece cada vez más probable, la Reserva Federal vuelve a inundar el mundo de liquidez para incentivar su economía, la salida de recursos será moderada y podremos abastecerla más cómodamente, gracias al aumento de precios y de las posibilidades de colocar nuestras exportaciones. Por lo tanto, las tendencias recesivas serán menores y solamente tendremos una desaceleración moderada del nivel de actividad. Lamentablemente, esto incentivará la generación de burbujas en las economías emergentes y, cuando estallen, los costos sociales y económicos serán graves; pero no parece que vaya a suceder en 2011.

La inflación un problema que seguirá inflándose

En tanto, la inflación tenderá a ser un problema cada vez mayor. Para entenderlo, primero expliquemos de qué se trata. La moneda es un bien como cualquier otro. Tiene un productor (monopólico) que es el Banco Central y gente que la demanda, porque les facilita hacer transacciones, les sirve para atesorar y, también, como unidad de cuenta. Si los oferentes de trigo producen más de lo que la gente demanda, cualquiera sabe que su precio bajará. Si esto sucede con la emisión de pesos, pasará lo mismo. Ahora, si su valor se reduce, quiere decir que el “metro” con el que valuamos todos los bienes y servicios de la economía se está achicando y lo que midamos con él tenderá a “agrandarse”; aunque su tamaño siga siendo el mismo. Por lo tanto, lo que veremos es una “suba generalizada de precios”. Desde mediados de 2009, cuando tocó su mínimo desde 2007, la inflación pasó (estimaciones de CIIMA-ESEADE, www.ciima.org.ar) de menos de 13% ia., a casi 15% a fines de ese año y a 25% para todo 2010. Esto implica que el “metro” se está achicando, es decir que el valor del peso está cayendo. Por lo tanto, es obvio que el Banco Central está produciendo más moneda de lo que la gente quiere. Entonces, cabe preguntarse por qué lo hace.

La autoridad monetaria está incrementando fuertemente la emisión de pesos para financiar al gobierno, comprar dólares para que su valor no caiga internamente y dar créditos baratos a sectores privilegiados. Todo esto implica cobrarle a la gente un creciente “impuesto inflacionario” que esmerila los ingresos de los argentinos. En la medida que éstos suben mucho por el fuerte aumento de la producción, la sensación es de una estresante carrera entre precios-salarios que, por el momento, la mayoría cree ganar. No todos, porque los sectores de menores ingresos y los que no pueden variarlos en plazos cortos, están entre los perdedores.

Durante 2011, las transferencias del Banco Central al gobierno serán aún mayores, dadas las necesidades de gasto electoral, seguirán las compras de divisa para sostener el tipo de cambio y las políticas de préstamos sectoriales. Por ende, el ritmo de emisión de pesos no será menor que el actual y cuanto más se desacelere la economía, menos subirán los ingresos; por lo que más se sentirá, en los bolsillos de la gente, el “impuesto inflacionario” (que superará el 28%).

El tipo de cambio y la competitividad

Para muchos, es incompatible tener altos niveles de inflación con un tipo de cambio subiendo lentamente. Esto no es así; ya que, al usarse como referencia el dólar, dependerá de lo que esté pasando con el valor de esta moneda en el mundo. La divisa estadounidense ha venido depreciándose fuertemente en los últimos tiempos; por lo que el Banco Central argentino ha tenido que comprar divisas para sostener su precio local. Para hacerlo, emite pesos y deprecia su valor a igual o mayor velocidad que el dólar.

Esto explica por qué países como Brasil aumentan sus exportaciones tanto como la Argentina; mientras su tipo de cambio ha estado bajando y el nuestro subiendo. Cabe recordar que la inflación en el primero ronda el 5% y, en el segundo, se acerca al 30%; por eso no extraña que los empresarios lo sientan en sus ganancias.

El impuesto inflacionario lo paga el conjunto de la sociedad y, por supuesto, incluye al sector productivo que, para compensar la pérdida de competitividad que este aumento de costos implica, reclama el aumento de la cotización local del dólar. Sin embargo, el Banco Central sólo puede aumentar el tipo de cambio comprando más dólares con más emisión, disminuyendo el valor del peso. De esta forma, es cierto que el incremento del valor de las divisas extranjeras en el mercado local disminuirá lo que los productores pagan de impuesto inflacionario. Sin embargo, todo lo que ellos dejen de abonar, más el aumento de dicho tributo necesario para comprar reservas, deberá afrontarlo el resto de la sociedad con un aumento de la inflación, especialmente el sector de menores ingresos. Como vemos es una solución sumamente injusta.

La Constitución Nacional: la verdadera solución a los problemas argentinos

La única respuesta a los permanentes procesos inflacionarios de la Argentina es que el Banco Central esté bajo la órbita del Congreso y que recupere el rol de fijar el valor de la moneda que le dala Constitución Nacional. Dadoque el precio del peso es la contracara de su poder adquisitivo, lo podría hacer fijando un rango de metas de inflación que el BCRA debería cumplir. Así, la legislatura asumiría otra función indelegable según nuestra Carta Magna: determinar los tributos que debemos pagar los contribuyentes, en este caso el “impuesto inflacionario”. El Central tendría independencia para gestionar los instrumentos para cumplir los objetivos planteados y, al final de cada período, debería rendir cuenta ante el Parlamento. Para ello, sería bueno que este último controlara al INDEC, responsable de medir el índice de precios al consumidor; por lo que sería un paso importante que se apruebe el proyecto de ley que, en ese sentido, se está debatiendo actualmente. La única forma de recuperar la credibilidad del INDEC es sacarlo de la órbita del Poder Ejecutivo, que la destruyó con la intervención del organismo y los “dibujos” de sus datos desde 2007.

Al disminuir la inflación a niveles razonables, los empresarios podrán planear mejor y eso los incentivará a invertir más; lo cual incrementará la eficiencia de la economía argentina. El aumento de la productividad es el verdadero sostén de la competitividad y de los aumentos de salarios de los trabajadores.

Tener reglas de juego de largo plazo, también, es fundamental para atraer a los emprendedores y motivarlos a crear riqueza y empleo en nuestro país. Sin embargo, vimos que las políticas de Estado no existen en la Argentina. La única forma de que esto suceda es mejorando la calidad institucional y, lamentablemente, no estamos haciendo bien los deberes.

El Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (www.ciima.org.ar) realiza todos los años un índice de calidad institucional para 192 países del mundo. Desde 2007 y, hasta 2010, Argentina ha perdido 25 lugares, ubicándose en el puesto 120, y sólo cinco países perdieron más lugares (Islas Salomón, Kiribati, Maldivas, Senegal y Bolivia). En tanto, entre los 36 países de América, se ubica en el puesto 28.

Queda claro que los argentinos debemos dejar de creer que nuestros problemas los resolverá mágicamente un líder iluminado al que votamos como Presidente cada cuatro años. Debemos asumirnos como ciudadanos y elegir a nuestros representantes para los distintos cargos de acuerdo a su honestidad, capacidad y a que sus ideas nos parezcan las mejores para nosotros, nuestra familia y nuestro país. Luego, hay que controlar que actúen de acuerdo lo que han comprometido y que, cada uno, Presidente y legisladores, actúen según el rol y dentro de los límites para el ejercicio del poder que establece la Constitución Nacional. Para bregar que estas restricciones se cumplan está la Justicia que, si bien no gobierna, debe garantizar que los funcionarios no se excedan en el ejercicio del poder delegado por los ciudadanos.

Conclusión, si cumpliéramos con lo que mandala Constitución Nacional, los argentinos nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. Por eso es importante que, cada uno, asuma la responsabilidad cívica que le corresponde. Si seguimos actuando cómodamente como súbditos de los gobiernos de turno y no como ciudadanos, no nos quejemos y no le echemos la culpa de los resultados a nuestra dirigencia política.

La evolución del saldo positivo del balance comercial de 2010 generó cierta “preocupación” debido a que fue cayendo a lo largo de todo el año (en total 29%), a pesar de un fuerte crecimiento de las exportaciones (23% ia.). Por supuesto, se le echó la culpa al fuerte incremento de la importaciones (46% ia.). Esto me hizo acordar a lo sucedido a finales de 2008 cuando la mayoría de los analistas económicos proyectó una baja de las exportaciones argentinas, por la crisis internacional que hizo bajar sus precios; por lo tanto, como ingresarían menos divisas, apostó a un descenso del superávit del balance comercial para 2009. Sin embargo, terminado este último año, a pesar de que las ventas al exterior cayeron más de lo esperado, se encontraron con un aumento de dicho resultado comercial positivo (34%). Si entendemos por qué fallaron estas estimaciones, también comprenderemos por qué no es necesariamente preocupante lo sucedido con las importaciones en 2010.

El balance de pago, del que forma parte la cuenta comercial, es el reflejo contable de las relaciones económicas de los residentes de un país con los del extranjero. Algunos interpretan que las naciones pueden decidir importar y tener crisis de balance de pagos debido a que no encuentran, luego, el financiamiento para su gasto. Con tipo de cambio libre (ya sea fijo o flotante) esto no es así. Ninguna persona puede gastar más de lo que le ingresa, menos lo que ahorra, más lo que le prestan; por lo que a las naciones les pasa lo mismo. Es decir, cualquiera de nosotros, para poder gastar más de lo que tenemos (en el caso de un país, déficit en la cuenta corriente y en el balance comercial), deberíamos poder desahorrar (traer capitales de afuera) o endeudarnos (crédito o inversiones externas).

Supongamos que una persona que gasta todo lo que le ingresa ($3.000 mensuales), empieza a ver que su futuro laboral se complica. Es muy probable que decida guardar algo para tener con qué sobrevivir si pierde el empleo. Digamos que ahorra por $300, deberá gastar $ 2.700. Sin embargo, cuando llega a su trabajo el jefe le dice que las cosas están complicadas y que han decidido bajarle el sueldo a $2.500. Esto va a confirmar su preocupación y, por ende, decidirá mantener su decisión de ahorro; por lo que su gasto se deberá reducir a $2.200. Es más, estando más seguro de que la cosa viene mal, podría decidir hacer un ahorro aún mayor; lo que lo obligará a ser mucho más austero.

Es cierto que en 2009, las exportaciones cayeron (nos bajaron el sueldo); pero debido a la crisis internacional, la confiscación de los ahorros para la vejez de los aportantes al sistema previsional de capitalización y las elecciones legislativas, la percepción de riesgo se incrementó fuertemente. Por eso la gente empezó a fugar capitales (ahorro externo), dejó de consumir e invertir, sacó su plata de los bancos (desfinanciando la economía) y compró divisas extranjeras que mandó al exterior o al fondo de un placard, caja de seguridad o bajo el “colchón”. Por lo tanto, se incentivó una caída de la demanda interna que llevó a una recesión, reduciendo las importaciones hasta generar las divisas que se necesitaron para ser fugadas. La merma de los ingresos del país (exportaciones) solamente implicó que tuvimos que hacer un mayor recorte de las erogaciones (resultando en más recesión y menores compras al exterior) para generar el mismo ahorro externo (cantidad de divisas para fugar).

En 2010, pasó exactamente lo contrario. A pesar de que subió el “sueldo” (valor y cantidad de las ventas externas) del país, como la incertidumbre fue menor, la gente quiso ahorrar menos (en activos externos); por lo tanto, aumentó fuertemente su gasto e inversión (reactivación) y, con ellos, las importaciones. Como vemos, tanto a nivel personal, como a nivel de país, las decisiones financieras (ahorro, endeudamiento o inversión externa) son previas a las de erogación de los recursos (importaciones); por lo que en un país con tipo de cambio libre no podría haber una “crisis del balance de pagos”.

Por último, a partir de lo visto, vale la pena analizar el resultado de las restricciones, escritas o no, que está imponiendo la Secretaria de Comercio exterior a las importaciones. Si se cumplen dichas medidas, lo primero que lograrán es que baje la demanda de divisas extranjeras y, por lo tanto, su precio y poder adquisitivo en la economía local. Esto puede suceder con una baja del tipo de cambio nominal o, si el Banco Central decide sostenerlo comprando el excedente, con inflación. Por lo que la autoridad monetaria termina colaborando a ampliar el superávit comercial al adquirir reservas (que se depositan en el exterior) con impuesto inflacionario. Todo parecido a la realidad actual, no es pura coincidencia.

Además, la merma del valor de las divisas extranjeras en el mercado doméstico perjudica a los que las producen, es decir a los productores de bienes exportables, desincentivándolos a invertir. Estos sectores son los más eficientes de la economía, por eso pueden competir en el exterior, y los castigamos para beneficiar a los menos productivos, los empresarios locales que compiten con importaciones (que no les da el pinet para vender en el exterior). Conclusión, a menor eficiencia de la economía, menor bienestar económico del conjunto de los argentinos.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)