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LA LUCHA ESTATAL CONTRA LA BANCARIZACIÓN

El afán estatal de recaudar dinero a como dé lugar conspira de manera dramática contra la llamada bancarización; es decir, contra la necesidad de que los fondos de la economía circulen dentro del sistema financiero

Para nosotros es algo bastante natural. Las operaciones comerciales en la Argentina suelen hacerse en efectivo cuando revisten cierta importancia. Y además suelen hacerse en moneda extranjera, esencialmente en dólares.

Esta realidad tiene mucho que ver con varios factores que probablemente no siempre observamos con el detenimiento necesario.

Una enumeración rápida puede resultar agobiante para el hombre común, pero sin embargo resultará rápidamente comprensible. Por empezar la inmensa carga tributaria se traduce hoy en día en innúmeros mecanismos de retención y percepción de impuestos tanto a nivel nacional como provincial y hasta municipal. Se trata de regímenes que en muchos casos se basan en presunciones y carecen de fundamento serio, aparte de resultar aplicados sin consulta previa respecto de la situación de los presuntos contribuyentes. A ello se suma la necesidad de tramitar exclusiones de tales regímenes y la devolución de importes, que habrá de producirse o no a las cansadas y sin ajuste o interés resarcitorio alguno. A todo ello se le suma el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, que como se sabe se aplica a todos los movimientos tanto de depósitos como de pagos dentro del sistema bancario.

El régimen legal regulatorio de los llamados cheques diferidos tiene, a su vez, un condicionante natural en lo que se refiere al trasfondo jurídico. Es muy difícil cobrar cuando el cheque resulta rechazado y no existe voluntad de pago por parte del emisor. Ingresar en el terreno del cobro judicial es gravoso y de resultado incierto.

Es cierto que sin embargo tales cheques son utilizados en muchísimas operaciones comerciales, como también lo es que suelen llenarse de endosos porque nadie está dispuesto a pasar por el banco y someterse a tantos regímenes tributarios como provincias existen, más la Nación y ciertos municipios según sea el caso.

Así las cosas, los extranjeros que llegan a estas playas no pueden creer que tantas operaciones de importancia (compra de inmuebles, automotores, maquinaria agrícola, etc.) se lleven a cabo en oficinas bancarias en donde las partes se juntan con escribanos y contadores para que los compradores entreguen a los vendedores grandes cantidades de billetes de dólar, por ejemplo. O que la gente lleve en bolsos o portafolios grandes cantidades de dinero para depositar en la cuenta de una Agencia de automóviles o de una de turismo.

El Estado, desde hace varios años, ha intentado promover la llamada bancarización. Como se sabe, existe una ley que obliga a pagar con cheque las operaciones por encima de los $ 1.000.-. Se trata de una ley absurda y esencialmente inconstitucional no tanto por imponer esta clase de obligación, sino por establecer sanciones absolutamente incomprensibles en un Estado de Derecho, tales como por ejemplo que se desconozca la existencia misma de la operación . Hablamos de la llamada ley antievasión, que lleva el número 25.345 y que dispone en su artículo primero que no surtirán efecto entre las partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales (se efectúen tanto en el país como en el Exterior) si no cumplen con este requisito. Esta ley fue reglamentada en su momento de manera impropia por una Resolución General de la A.F.I.P., la 1547, que agregó condicionamientos en cuanto a la forma de emitir los cheques, cuya operatoria en realidad está regimentada en la ley del cheque, es decir la 24.452 y en la que nada tiene que hacer el organismo encargado de recaudar impuestos.

Más allá de la situación jurídica lo cierto es que la trama regulatoria tendiente por un lado a obligar a los habitantes a realizar sus operaciones dentro del sistema financiero no ha dado ni de lejos con los resultados que se esperaban. Y la razón de ello es que para los gobernantes el dinero cautivo dentro del sistema es fácilmente atacable por leyes, decretos, resoluciones, disposiciones normativas, notas externas, circulares o lo que fuere por parte de Nación, provincias y municipios que de tal modo obtienen fácilmente recursos de los supuestos contribuyentes.

Las consecuencias de todo este accionar, que hemos denominado en su momento rapiñero, están a la vista. Nadie quiere ser el proverbial pato de la boda. Y muchos prefieren arriesgar o buscar la forma de evitar, precisamente, la exacción que les significa entrar en el sistema. Son cada vez más las personas que tratan de no utilizar tarjetas de crédito o de débito para de esa manera evitar ser víctimas de los regímenes de información afipianos, que en cualquier momento pueden operar como disparadores de reclamos e inspecciones.

¿Y a qué lleva todo esto? Entre muchas otras cosas a incrementar los riesgos. Los diversos delitos (tales como las denominadas salideras bancarias, los robos, hurtos, arrebatos y demás) están en relación directa con esta elusión sistemática que hacen los operadores comerciales y los hombres y mujeres del común. Nadie quiere quedar dentro de un sistema perverso y extorsivo, en el cual se requiere toda clase de explicaciones y trámites para poder recuperar al menos el dinero retenido de manera ilegítima con argumentos muchas veces ridículos por parte de los organismos recaudadores. Y exigencias de envío de documentación sin intimación previa alguna.

El Estado quiere obligar a la gente a entrar en el sistema y da como principal argumento la necesidad de operar en blanco. Sin embargo todos sabemos que la economía funciona en negro en un porcentaje cercano al 50%. Probablemente sin leyes como la citada más operaciones se realizarían en efectivo, eso es cierto. También lo es que los riesgos que se corren al manejarse en efectivo son muy grandes hoy por hoy, entre otras cosas porque el Estado ha mostrado a lo largo de los años su absoluta impotencia en punto a resolver el problema de la delincuencia. La situación muy por el contrario se ha agravado de tal modo que es común escuchar hoy en día expresiones del tipo de “si no nos roban los ladrones nos roba el Estado”. No compartimos en esencia que se llegue a tal extremo. Se supone lógicamente que el Estado tiene la facultad de cobrar impuestos y que debe hacerlo sobre la base de la razonabilidad y dentro de la legitimidad. Pero es indudable que la percepción de parte de la gente (y con razón) no es esa. Y precisamente no la es porque los elementos citados en cuanto a la manera en que se aplican los regímenes de retención y percepción, más las enormes dificultades para salirse de ellos, más los tiempos y formas de las devoluciones de los montos retenidos indebidamente, más la falta de ajustes o intereses en tales devoluciones en tiempo de alta inflación especialmente, son argumentos bastante sólidos de parte de quienes ponen en un pie de igualdad al Estado con los ladrones. No solamente hay que ser honesto sino que también hay que parecerlo.

La verdad es que el Estado en lugar de luchar por la bancarización termina en la práctica luchando en contra de ella. A todo ello se suma la enorme presión tributaria en todos los sectores, la proliferación de regímenes de información que obligan a los habitantes a suministrar todo tipo de datos respecto de terceros con quienes operan, y la increíble pero cierta abolición del secreto bancario y fiscal concomitantes.

Los riesgos son muy grandes. Hoy en día no se trata solamente de que a alguien le roben su dinero en una calle cualquiera. Los casos de asesinatos a mansalva por cualquier motivo pueden verse cotidianamente en diarios y televisión. Los gobernantes no parecen tomar nota de ello. Pero tampoco parece ser preocupación seria de parte de muchos profesionales, tanto de las ciencias económicas como del derecho, que parecen más bien consentir el tratamiento dado a los contribuyentes, especialmente en materia de regímenes de información.

El argumento que suele darse es el de que mucha gente está categorizada donde no le corresponde y que por ello el Estado hace bien en exigir información. Es decir que dado que se presume que muchos son culpables (y no inocentes, que es el principio liminar del derecho comparado), el Estado tiene el derecho de exigir información claramente de modo inconstitucional, invasiva de la privacidad y violatoria de los derechos bancario y fiscal. Una bizarría inaceptable pero corriente.

Cuando analizamos esta situación llegamos a la conclusión de que las cosas que nos ocurren de manera diaria no tienen como único motivo la actitud de gobernantes y funcionarios, sino que cuentan de algún modo con cierto apoyo profesional y en general de buena parte de la población. Argumentos tales como el de la evasión supuesta son francamente ridículos. El Estado tiene la obligación y el derecho de exigir y controlar el pago de impuestos mediante métodos legales y ajustados a derecho. Y no a lo bestia, como ocurre y resulta justificado por no pocos profesionales y dirigentes en general.

A todo esto se le suma una constante: las moratorias impositivas y previsionales. La certeza por parte de los funcionarios de que buena parte de la población no está al día con sus impuestos y gabelas varias, los lleva a dictar normas del tipo jubileo, con el objetivo de arrimar más y más dinero a las arcas estatales y cerrar las cuentas de un grifo que parece eternamente abierto.

En definitiva podemos decir que la situación actual está signada por una enorme presión tributaria a la que se suma una cada día mayor presión administrativa (que constituye una carga pública) basada en muchos casos en la falta de respeto de principios constitucionales básicos (intimidad, secreto bancario, secreto fiscal, no declarar contra uno mismo, etc.); a todo lo cual se agrega la proliferación de presunciones para retener dinero de cuentas bancarias sin previo aviso, cosa que origina perjuicios económicos y financieros, tanto por la dificultad de recuperar el dinero, cuanto por la necesidad de someterse a verdaderas vejaciones suministrando información a agentes de los fiscos, sin comunicación fehaciente y sin haberse iniciado procesos de inspección como marcan las propias leyes de procedimientos. La pérdida de tiempo y de dinero es muy grande. Es mucho mayor que la que verdaderamente correspondería por el hecho de operar dentro del sistema y en blanco. Además, y como todo el mundo sabe, el propio Estado no opera en blanco en materia de contrataciones laborales. Y lo hace de manera masiva en todos los niveles desde hace muchos años.

En lugar de propender a la bancarización, como se ha intentado por ejemplo con el uso de tarjetas de débito (y en su momento de crédito) con devoluciones parciales de IVA, lo que se hace apunta a todo lo contrario.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010

www.hectortrillo.com.ar

La Perversidad de la Inflación

La inflación es un fenómeno monetario y solamente puede ser reducida o eliminada si la expansión de moneda guarda relación con el crecimiento del producto bruto.

La preocupación del gobierno y de distintos sectores de la comunidad por la aceleración del proceso inflacionario es saludable si de alguna manera se busca una solución razonada y coherente para combatir el flagelo.

En otras épocas, conspicuos periodistas hoy encaramados en posiciones de adhesión al actual gobierno o en la antípoda, para el caso es igual, llegaron a comparar el proceso inflacionario con una epidemia de cólera. Tamaño dislate tiene que ver no solamente con el desconocimiento. No podemos imaginar determinadas mentes más o menos elaboradas suponiendo que los procesos inflacionarios son producto de una especie de virus; una calamidad o un castigo divino.

Hasta no hace demasiado tiempo, el proceso inflacionario desatado en la Argentina a partir de la estafa devaluatoria del año 2002, tuvo relación directa con el tipo de cambio alto y la emisión monetaria subsecuente. La esterilización de la moneda excedente mediante la emisión de bonos de deuda (básicamente las llamadas NOBACS y LEBACS) no dejó de ser un recurso de corto alcance. El gobierno ha llegado a suponer que el superávit primario provenía de una mejor administración cuando en realidad la única causa relevante fue el producido de los impuestos a las exportaciones (las llamadas retenciones) que pudieron aplicarse en virtud, precisamente, del tipo de cambio alto. Y también, claro está, de los precios elevados de las llamadas commodities en el mercado internacional.

De manera que si no se hubiera mantenido el tipo de cambio elevado artificialmente, probablemente un alto porcentaje de los impuestos a las exportaciones no hubiera podido aplicarse. Es decir que, excepto por los mayores precios, solamente en un cuadro de emisión monetaria espuria para comprar dólares caros fue posible recaudar recursos y considerarlos superávit. Recursos que no eran otra cosa que emisión pura.

El gobierno ha preferido reiterar una y mil veces el concepto absolutamente infantil de que la inflación se producía porque tal o cual sector aumentaba sus precios sin motivo. Tal falacia ha sido repetida hasta el cansancio también por muchos comunicadores, y no solamente aquellos que participan de la fiesta mediática de la televisión pública y sus sucedáneos.

Dicen que quienes toman como ciertas y repiten tantas veces gruesas falsedades terminan creyéndolas. Y algo por el estilo parece haber ocurrido en la Argentina.

Justamente en estas horas ha reaparecido la figura del secretario de comercio Moreno, un personaje del cual carece de sentido reiterar su triste historia, pero a todas luces clave para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Moreno reivindica la creencia de que los precios son manejables desde una oficina. Y, dicen, que también recurre a métodos extorsivos hasta con un arma sobre la mesa. No nos consta pero son muchos los que repiten esto. Alguna vez tuvimos la oportunidad de escucharlo hablar en la radio a este señor, en el que fue posiblemente el único reportaje que concedió en su vida. En aquel momento lo que repetía al estilo de un bando militar era que ellos (el gobierno) no iban a permitir que los precios de tales o cuales productos se dispararan. Es decir, no daba a conocer las medidas tendientes a detener el proceso inflacionario mediante el control de los medios monetarios, sino que se limitaba a decir, cual celador de escuela, que acá no habría subas de precios porque él no iba a tolerarlas. El que sí toleró semejantes afirmaciones de carácter autoritario e inconstitucional, fue el periodista que lo entrevistaba.

Es obvio que esta clase de metodologías, aparte del tinte fascista que encierran, han demostrado ser una y mil veces una verdadera estupidez. Y es obvio que el daño que se ha producido en sectores como el energético y el cárnico es inmenso. Mientras tanto, como se sabe, se ha dañado el sistema estadístico de manera irreparable por muchos años, mediante la intervención del Instituto de Estadísticas y Censos para amañar las cifras y mostrar una realidad inexistente.

En este marco, tenemos hoy en día un rebrote inflacionario que está siendo impulsado por un expansionismo monetario originado en supuestas utilidades del Banco Central producidas por las devaluaciones. También se recurre a métodos poco claros como el recurso de destinar divisas de las reservas al pago de deuda pública por medio de la emisión de moneda. Las reservas del Banco Central provienen de la emisión de moneda para comprarlas. Si luego se recurre al traspaso de tales reservas al gobierno para que éste pague deuda y para ello se emite moneda si se trata de obligaciones en pesos, tal emisión se duplica.

Al mismo tiempo, es obvio que si el gobierno no comprara divisas mediante el recurso de la emisión, éstas caerían de precio, con lo cual quiere decir que, una vez más, el gobierno está comprando caro lo que en verdad cuesta más barato. Y para ello, reiteramos, sigue emitiendo moneda.

Las falacias sobre el proceso inflacionario resultan grotescas y poco edificantes si pensamos en depositar confianza en las autoridades que además recurren a estos métodos de la denominada contabilidad creativa.

El actual ministro de economía presenta un cuadro de abundante verborragia, y suele quedar prisionero de afirmaciones bastante poco serias si las observamos técnicamente. En verdad suele pasar el aviso, por decirlo de algún modo, como si tuviera siempre la obligación de defender las acciones del actual gobierno poniendo a todos los antecesores en la antesala del infierno. El método lo usan también los políticos, especialmente el matrimonio Kirchner. Pero el Dr. Boudou es un economista, no un político. Y más allá de que tal método siempre resulta poco creíble, lo cierto es uno espera de un funcionario técnico algo más que chicanas verbales.

Pues bien, el ministro ha hecho referencia varias veces al hecho de que determinados planes de ayuda o ajustes jubilatorios favorecen el consumo y mejoran la situación general. Ha hecho comparaciones en lo que se refiere a montos jubilatorios y ha llegado a decir que son los más altos de Latinoamérica.

Como cualquiera ha de poder notar, todos los ajustes juntos efectuados al sector pasivo y a todos los demás sectores no ha mejorado la situación de postergación de una enorme cantidad de población en la Argentina. Se calcula que cerca del 40% de los habitantes de la república están hoy por hoy debajo de la línea de pobreza.

Ocurre que la mejoría del estándar de vida no se logra mediante ajustes nominales de ingresos en una moneda que no es confiable para la población y que pierde su valor día tras día por efecto de la emisión constante. Pero hay más: la comparación con otros países es incompleta si no se toman en cuenta los precios de los bienes en tales países. Dicho de otra manera: lo que cuenta no es lo que gana en dólares un individuo sino para cuánto le alcanza ese dinero. Este dato tan simple y obvio es directamente omitido en el discurso ministerial, lo cual resulta cuando menos alarmante y lo vuelve absolutamente increíble. O no sabe, u oculta la referencia obvia a los precios. Qué será peor, nos preguntamos.

La verdad es que la suba de ingresos por efecto de la asignación de recursos que en definitiva provienen de la emisión de moneda no mejora la calidad de vida de nadie.

El gobierno nacional mantiene un entramado sistema de subsidios que provienen básicamente de los recursos fiscales obtenidos entre otras cosas mediante la emisión de moneda para comprar dólares excedentes a un precio superior al de mercado. Estos subsidios no son tomados en cuenta para analizar los precios de los bienes o servicios subsidiados. Así, si un boleto de colectivo cuesta poco más de un peso, ese es el valor que toma el INDEC para calcular el incremento promedio de los precios. Esto más allá de las anomalías y tropelías de todo tipo cometidas en ese organismo estadístico. La falacia es evidente. El precio no es el precio si no se computa todo lo que se paga para que un servicio pueda llevarse a cabo. Por lo tanto, tal cifra es una mentira. Y punto.

En horas de escribir estas líneas han aparecido comentarios periodísticos del secretario del confederación sindical única de la Argentina con personería gremial, don Hugo Moyano, que hicieron acordar aquellos dichos del Dr. Raúl Alfonsín respecto de que un poco de inflación no viene mal. La inflación es una estafa y es un impuesto. Es una estafa porque la emisión espuria de moneda desvaloriza los pesos que podamos tener en nuestros bolsillos, y es un impuesto porque es la manera de hacerse de recursos por parte de un Estado voraz sin tener que recurrir a impolíticos ajustes nominales hacia abajo.

Y, como todo el mundo sabe, las principales víctimas de este accionar francamente deshonesto, son los asalariados y los jubilados. La gente de renta fija. La gente a la que el Sr. Moyano dice defender.

El origen del problema es siempre el mismo: intentar mantener un nivel de gasto público por encima de todas las posibilidades. Hacerse de recursos para ello a como dé lugar. Todas las políticas limitantes de importaciones (salvo casos de dumping demostrados y claros), y las inconcebibles trabas a las exportaciones tienen como resultado el deterioro del mercado afectado por tales medidas y la suba de los precios y la escasez. Sin embargo se persiste en eso. Y cuando la economía anda un poco mejor, como en estas horas, se considera un triunfo de personajes funestos y patoteros o de la producción agrícola que hasta ayer nomás se defenestraba.`

Se llega así al extremo de intentar en el Congreso terminar con la payasada del INDEC, invirtiendo tiempo y esfuerzo en obtener logros políticos de cuestiones que no deberían haber aparecido siquiera. Las energías que deberían utilizar nuestros legisladores para resolver verdaderos problemas nacionales, que son innúmeros; son utilizadas para estos temas, u otros como el caso del presidente del Banco Central, el uso de las reservas, o la modificación de la ley de entidades financieras para que los bancos privados dejen de ser tales y se conviertan literalmente en cotolengos.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010

Autor: Lic. Aldo Abram

En el Congreso, la oposición al gobierno ha presentado un proyecto de ley para que se les reconozca “el 82% móvil” a los actuales jubilados; lo que hizo estallar la polémica sobre si este compromiso es financiable o no. Cabe recordar que esa era la promesa de pago que recibieron nuestros padres y abuelos por sus aportes al anterior sistema de reparto estatal, cuya quiebra se puso en evidencia a fines de los ´80, con la Ley de Emergencia Previsional; aunque, en realidad, hacía tiempo que nadie cobraba dicho porcentaje del sueldo que hubiera tenido en actividad.

En la Argentina, el estallido del viejo régimen jubilatorio fue rápido debido a que (tal como sucede en la actualidad): a) los recursos eran usados para financiar gasto público (hoy se pagan laptops, decodificadores para TV digital estatal, asignaciones universales por hijo, etc.); b) se le colocaron títulos públicos con irrisorios rendimientos que terminaron licuándose (ahora, además, se dan créditos baratos para obras de infraestructura y a determinados sectores privilegiados); y c) les regalaron jubilaciones y pensiones a quienes nunca habían aportado para recibirlas (a partir de 2007, más de 2.000.000 de personas empezaron a cobrar del ANSES sin haber hecho los pagos correspondientes).

Quizás, muchas de esas erogaciones eran necesarias; pero debieron haberse realizado con lo que pagamos de impuestos y preservar los fondos de los aportantes para el pago de sus futuras pasividades. Ahora, cabría preguntarse por qué el actual régimen de “reparto” estatal no va a quebrar, si estamos haciendo con sus recursos las mismas cosas que hicieron explotar al anterior.

En realidad, más allá del manejo irresponsable que hacen los gobiernos, estos esquemas jubilatorios llevan la semilla de su propia autodestrucción. Es que el problema es que no son sistemas de reparto; lo que implicaría que las personas activas aporten a una “caja” y, luego, en función de lo recolectado, mucho o poco, esos recursos se repartan con algún criterio entre los que están en la etapa pasiva.

Entonces, ¿cómo funcionan en todo el mundo los mal llamados sistemas de “reparto”? Cada aportante hace un pago al Estado, y este se compromete a abonarle una determinada suma mensual a partir del momento en que se jubile en una fecha prefijada. Esto es lo mismo que si cada trabajador, en lugar de hacer dichos aportes, todos los meses le comprara al gobierno un título público que le pagará cupones mensuales a partir de un momento dado, en el que entrará en la etapa pasiva.

Por lo tanto, no existe tal cosa como un régimen de reparto previsional, sino un sistema de endeudamiento estatal. El problema es que, en todos los países en que se aplica y no sólo en la Argentina, los aportes jubilatorios personales son contabilizados como recursos corrientes del gobierno y, por lo tanto, se crea la ilusión de que pueden ser gastados sin dejar un pasivo a pagar. Por eso es que a los políticos les encanta este esquema; ya que será algún futuro gobierno el que tendrá que reconocer que no está la plata para abonar lo comprometido.

Aún en las economías desarrolladas, que manejaron con más responsabilidad y eficiencia los sistemas previsionales de “reparto”, la deuda devengada se ha vuelto impagable. La solución adoptada ha sido la reprogramación compulsiva y unilateral de los futuros pagos comprometidos a los aportantes, que se instrumenta a través del aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte.

Hoy, vemos que la discusión política pasa por cómo se gastarán los recursos que aportamos con tanto esfuerzo. Si el gobierno los usará como “caja política” o si se les reconocerá el 82% móvil a los jubilados del sistema que quebró. Por mi parte, prefiero lo segundo; aunque no necesariamente sea lo justo. Cuando una empresa quiebra, sus acreedores no cobran lo comprometido, sino lo que se puede pagar (si no, pregúntenselo a los tenedores de títulos públicos defaulteados en 2001). La realidad es que pretender abonar el 82% móvil es inviable y terminará drenando más rápido los recursos hoy acumulados en el ANSES y los que se aporten a futuro. Aumentar impuestos o contribuciones patronales para enfrentar este compromiso, sólo servirá para postergar en el tiempo esta “crónica de una muerte preanunciada” del sistema previsional. No es futurología, ya nos pasó y le está pasando al resto del mundo.

De todas formas, las encuestas muestran que la gran mayoría de los aportantes argentinos no espera vivir de la jubilación estatal. Es obvio que se asume que el pago de las contribuciones es un impuesto para poder trabajar formalmente y esto fue siempre así. Aún los que ahorraban en una cuenta a su nombre en las AFJPs, consideraban que ese dinero se lo apropiarían los políticos para gastarlo y tuvieron razón; ya que, en la Argentina, la diluida calidad institucional no garantiza el respeto de los derechos de sus habitantes. Lamentablemente, sin esta última condición básica, es utópico pensar en un sistema previsional que brinde pasividades dignas acordes al esfuerzo realizado en la etapa activa.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Autor: Richard Leonardo Amaro Gómez

Anualmente se tiene que presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales de las personas físicas, que empieza a vencer en abril de cada año. La preparación de estas declaraciones juradas conlleva un sinnúmero de datos muchos de los cuales los debe proporcionar el cliente al contador. Cómo estos datos son de distinta índole dado que no son sólo de naturaleza económica sino también financieros, patrimoniales e inclusive algunos personales, estos datos siempre los solicita al contador al cliente, quien remite de diversas formas todos los datos. Debido a que por lo común está provisión de información por parte del cliente es en forma desorganizada, es decir, sin seguir un orden lógico esto trae aparejado dos grandes consecuencias:

a)Se insume mucho tiempo por parte del contador por tener que ordenar, clasificar y controlar toda la información y,

b)Se insume mucho tiempo por parte del cliente al cual hay que estar llamándolo para que aclare los aspectos que quedaron difusos y para que remita la información que todavía no proporcionó.

Además del riesgo de presentar declaraciones juradas inexactas por no tener la suficiente y adecuada información para la liquidación de los impuestos. A esto se suma que las exigencias de información que requieren los aplicativos de IGPF (impuesto a las ganancias personas físicas) e IBPF (impuesto a los bienes personas físicas) de la Administración Federal de Ingresos Públicos es creciente a lo largo del tiempo, es decir, con las modificaciones de los aplicativos las nuevas versiones solicitan cada vez más datos. Por lo cual no cabe extrañar que el volumen de datos que cada cliente deba proporcionar a su contador sea cada vez más en cantidad y detalle.

Problema

¿Qué procedimientos se puede aplicar para que los clientes proporcionen a sus contadores la información precisa en cantidad y calidad en tiempo y forma (organizada de manera lógica) para la correcta liquidación y presentación de los impuestos anuales: impuestos a las ganancias e impuesto a los bienes personales?

Hipótesis

Si se utiliza un modelo de planilla para la provisión de los datos económicos, patrimoniales, financieros y personales, además de un pequeño manual sencillo y breve que explique su funcionamiento, entonces no sólo se podría optimizar el tiempo que demanda la liquidación y presentación de los impuestos anuales de las personas físicas, sino que además generaría un valor agregado para el cliente optimizando también su tiempo.

Fundamentación

Teórica:

Todas las escuelas de la administración científica desde Federico Taylor y Enrique Farol (administración clásica) hasta Peter Drucker, Herbert Simon, Harold Koontz, Heinz Weihrich, Michael Porter, etc. (administración moderna), entre otros representantes de las escuelas modernas de la administración, sostuvieron que la eficiencia y eficacia tanto de los recursos físicos así como de los humanos requieren de la racionalización de todas las actividades a través de la planificación, gestión y control que debe llevarse a cabo en la fase preliminar de toda actividad, para así alcanzar racionalmente los objetivos. De esta manera con la introducción de las ideas de planificación, gestión y control para asegurar la consecución de objetivos, toda tarea debe pensarse antes de manera cuidadosa para evitar el empirismo que conlleva al derroche de recursos, entre ellos, un recurso vital que resulta no renovable como es el tiempo.

Empírica:

Desde antigua data se comprobó que toda tarea que realiza el ser humano analizando de antemano un método y coordinándolo con las demás personas que intervienen en la labor, conlleva a evitar desvíos y asegurar la optimización del tiempo en el logro del objetivo planteado. Si bien es imposible pensar en racionalizar de ante mano toda las tareas que lleva a cabo el individuo dado que eso haría desaparecer una faceta esencial del mismo como lo es la espontaneidad, ello no quita que ciertas tareas profesionales sea necesario su racionalización a través de la planificación para optimizar el tiempo. Lo cual siempre sucede y se repita en la práctica, aunque sea de manera inconsciente.

Defensa

El análisis de todos los datos cuantitativos y cualitativos de los clientes tanto referidos a su aspecto económico, patrimonial, financiero así como también a su aspecto personal cumple un rol de primerísimo importancia dado que los desvíos generan diferencias dinerarias a favor o en contra del órgano recaudador, que este caso es la Administración Federal de Ingresos Públicos, con los correspondientes intereses respectivos y multas en caso de ello configure un comportamiento o conducta ilícita punible según las normas de procedimiento fiscal.

El factor tiempo también cumple otro factor importante tanto para el cliente como para contador que siempre corre contra el tiempo a la hora de liquidar los impuestos anuales, razón por la cual siempre se terminan prorrogando los vencimientos oficiales. A esto se suma que las exigencias de información de los fiscos, no sólo a nivel nacional sino también a nivel local (provincial y municipal) es cada vez mayor, lo cual amplia la cantidad de datos que deben proporcionar el cliente y el análisis que se debe hacer de los mismos.

De lo expuesto se desprende lo fundamental que se convierte que el contador cuente con todos los datos económicos, patrimoniales, financieros y personales de cada cliente, razón por la cual el utilizar una planilla estándar para la provisión de los mismos, además de un pequeño manual sencillo y breve que explique su utilización, llevaría a optimizar el tiempo que demanda la liquidación y presentación de los impuestos anuales, aparte de generar un valor diferencial en el servicio profesional optimizando también el tiempo de los clientes, quien no deberían insumir tiempo extra remitiendo datos no informados.

Los beneficios de utilizar una planilla de solicitud de datos estándar radica en:

a)tener todos los datos metódicamente organizado en un solo documento,

b)tener constancia escrita de los datos proporcionados para los clientes para la liquidación (papel de trabajo),

c)poder comparar rápidamente las diferencias respecto a papeles de trabajo de años anteriores,

d)asegurarse de que el cliente sepa todos los datos que debe informar, entre otros beneficios.

Si bien se puede cuestionar que el llenar la planilla y en caso de duda leer el manual llevaría tiempo al cliente, hay que tener en cuenta que ese tiempo sería menor al que demandaría las reuniones, mails y llamados. Además no hay que olvidar que la primera vez en su aplicación puede ser una tarea que demande un poco de más tiempo, pero en lo sucesivo y debido a la denominada Curva de Aprendizaje el tiempo tiende a bajar cada vez más. Y esto no sólo se aplica al cliente sino también al contador.

En la Argentina actual y con el gran avance de la tecnología no sólo se puede pensar en una planilla estándar a llenarse a mano, sino en un formulario a completarse en archivo con instrucciones y a remitirse vía correo electrónico (email) lo cual facilitaría aún más el trabajo, más allá que luego por correo se puede remitir copia de la documentación que el contador necesita ver. Incluso también se puede pensar en un formulario a completar a través de Internet en la página del estudio con instrucciones para que los datos sean remitidos on line.

El análisis de esté método de trabajo para recopilar los datos necesarios para la liquidación y presentación ante la AFIP de los impuestos, implica la racionalización de uno de los trabajos más complejos y que tiempo demandan a los contadores públicos, que además se puede mejorar de manera continua asegurando un feedback o retroalimentación necesaria por parte de los clientes, para que esto a su vez no se convierta en un trabajo para ellos complicado.

Tanto el marco conceptual como el empírico de la hipótesis formulada avalan la necesidad de dejar atrás el empirismo y la improvisación, por la planificación racional de método que por lo todo lo expuesto llevaría a resultados de eficiencia y eficacia que no sólo beneficiaría al contador en su labor sino que además al cliente, generando de esta manera un ventaja diferencial en el servicio profesional.

Conclusiones:

La planificación racional de todo trabajo, tanto teóricamente como empíricamente, ha sido una preocupación constante de los administradores.

La diferencia principal de un trabajo profesional de uno que lo es no sólo lo marca quien lo realiza sino también la manera en que se lleva a cabo.

El empirismo y la improvisación, ha cedido por la planificación racional de métodos de trabajo que logren mayor eficiencia y eficacia en la consecución de los resultados deseados o esperados.

Las tareas que lleva a cabo el contador para la liquidación anual de los impuestos anuales (ganancias y bienes personales) no escapan a esa necesidad de metodización y racionalización a través de la planificación debido a diversos factores que hoy son clave para llevar dicha tarea de manera exitosa y a su vez para crear un valor diferencial en la prestación de un servicio profesional.

El procedimiento que se puede aplicar para que los clientes informen a sus contadores los datos necesarios en tiempo y forma, para la correcta liquidación y presentación de los impuestos anuales, una de las tantas tareas que lleva el contador, es sin lugar a duda estandarizar dicha tarea mediante un modelo de planilla para la provisión de los mismo, aparte de acompañarlo de un pequeño manual. De esta manera no sólo se podría optimizar el tiempo que demanda la liquidación y presentación de los impuestos anuales de las personas físicas, sino que además generaría un valor agregado para el cliente optimizando también su tiempo.

Autor: Richard Leonardo Amaro Gómez

Contador Público

Licenciado en Administración de Empresas

Richard Leonardo Amaro Gómez

http://tributoimposicin.blogspot.com/

Email: ramaro@pyaconsultores.com

richardamaro2003@hotmail.com

La Economía de Complementos cree que el Capitalismo Maduro, al que denomina “Capitalismo de Competencia Salvaje”, se acerca ya a los límites de la Economía Estacionaria, vislumbrada por los clásicos, por Marx, por Schumpeter y por varios representantes del actual modelo neoclásico.

La Economía de Complementos indaga sobre varios aspectos relativos al instrumental analítico del modelo neoclásico, por lo que aclara que no pretende reemplazarlo en su totalidad; es cierto que elimina algunos de esos instrumentos, pero también trata de adecuar una buena parte de ese instrumental a las condiciones reales de cada uno de los países subdesarrollados del planeta. Por otra parte, sirve también para fundar las bases teóricas de una nueva variedad de Capitalismo, al que denomina Capitalismo de Complementos. Por lo tanto, tampoco se trata de sustituir el actual sistema con otro diferente, pues la experiencia de la ex URSS nos ha demostrado que ningún país puede obviar la fase capitalista en la evolución de su historia económica. Al observar que en la ex Unión Soviética tres generaciones fueron inútilmente sacrificadas en pos de una tesis errada, “El Socialismo en un solo país”, la Economía de Complementos afirma que ninguna generación debe renunciar al legítimo gozo de los beneficios que la tecnología le ofrece, en el proceso de elevar su nivel de vida y de su salud física y mental, sobre la base de su esfuerzo y capacidad, pues basta que una generación cumpla con el principio de la conservación del medio ambiente, de tal manera que la tasa de explotación de los recursos naturales siempre sea inferior a su tasa de reposición.

El modelo neoclásico, el que ocupa los programas de enseñanza de la disciplina económica en la mayor parte de las universidades del mundo, ha dividido la economía en varias disciplinas y ángulos de percepción. Por ejemplo, hay dos grandes ramas: la economía “positiva”, la que sería la encargada de describir “el qué es” y enunciar las llamadas “leyes” económicas, anulando cualquier juicio de valor; y la economía normativa, la que determinaría “lo que debe ser” sobre la base de juicios de valor acerca del bienestar de los grupos humanos.

La visión de la Economía de Complementos es integral, no hace divisiones artificiales, a no ser que el estudio de una realidad concreta lo determine. En este caso, afirma la unidad de ambas percepciones en una sola. Esto se pondrá de relieve con mayor claridad, cuando se defina el concepto de la nueva propuesta. La manía de separar los fenómenos integrales en miniparcelas de conocimiento para “analizarlos” convierte este análisis en una especie de autopsia académica.

Una revisión del modelo neoclásico nos muestra que construye un edificio conceptual que admite el mayor número de discrepancias que cualquier otra, aún entre aquéllos que comparten la misma escuela de pensamiento. Recordemos a Nixon cuando los EE.UU sintió por primera vez lo que los países subdesarrollados ya teníamos como algo crónico: la sorpresiva aparición simultánea de altos índices de inflación y desempleo. Con el objeto de encontrar una salida a este laberinto tan extraño, convocó a Paul Samuelson, Premio Nóbel de Economía en ese entonces y le preguntó que debía hacer al respecto. Samuelson, neokeynesiano, le dijo que no se preocupara, que dedicara toda su atención a resolver el problema del desempleo y que una vez resuelto, el de la inflación desaparecería. Eso significaba ejecutar programas de creación de empleos, incremento de inversiones en infraestructura, reducción de impuestos, política monetaria expansiva y aumento del déficit fiscal.

Nixon, que no se contentaba con una sola opinión, solicitó la presencia de Milton Friedman, líder de la corriente monetarista, una de las más conservadoras del neoliberalismo. Su respuesta fue tan categórica como la de Samuelson: era preciso orientar todas las energías para anular la inflación, una vez vencida, el desempleo desaparecería como por encanto. Para alcanzar el objetivo era preciso reducir las inversiones, aumentar los impuestos, restringir el circulante y reducir el déficit fiscal, exactamente lo contrario de lo que había dicho Samuelson. Ésa y no otra, era la manera de luchar contra la estanflación y el desempleo. Fue por eso que un comentarista, después de que Milton Friedman recibiera el Premio Nóbel en el año 1976, refiriéndose a las respuestas de Friedman y Samuelson a las consultas de Nixon, dijo:

"La Economía es la única ciencia que permite que dos académicos, v.g. Samuelson y Friedman, sean acreedores al Premio Nobel por el hecho de que el segundo afirmara lo contrario de lo que motivó el premio que se le concedió al primero."

En cuanto al método que el modelo neoclásico usa, el famoso caeteris paribus, Harry Truman sintió en carne propia lo que eso significaba y reaccionó en consecuencia. Se dirigió a la Asociación de Economistas de los EE.UU para rogarles que por favor le mandaran un economista manco para cumplir con las tareas de asesor económico de la Casa Blanca. Lo quería manco, porque estaba cansado, dijo, que cuando preguntaba algo a un economista, éste le decía: on one hand, podría suceder esto; pero, on the other hand, podría pasar lo contrario. Con su típico humor rústico, vio que la mejor manera de solucionar el problema era tendiendo a su disposición, claro está, un economista manco, mandando así un mensaje a la ambigüedad de la teoría en boga.

No olvidemos que otro humorista definió al economista como el individuo que nos dice qué va a suceder mañana y luego nos explica con detalles las razones por las que no sucedió de ese modo. Todas estas expresiones son efectos del fracaso del modelo neoclásico. La Economía de Complementos que ahora pongo a vuestra consideración, trata de subsanar esos defectos.

Se esta difundiendo el tema de la nueva interpretacion dada al Codigo Penal que amplia el derecho al aborto a todo embarazo por violacion o por abuso. Si esa es la interpretacion, para que el legislador habria hablado de mujer idiota o demente?. No opinare acerca del aborto en si, pero me inquietan los requisitos para acceder al mismo porque se violenta el concepto de delito y de inocencia sin condena. Ruego no entiendan que este pequeño comentario va en contra de alguien o demuestra una ideologia determinada, hablo solo de Derecho. La mujer, supuestamente violada o abusada y como consecuencia embarazada, se presente en un hospital, aduce haber sido victima del supuesto delito, y el medico le debe exigir solo una denuncia o una declaracion jurada. No olvidemos que la accion por violacion es de accion privada, es decir, activada por la parte victima. Como hacer para saber si hay delito?. Porque si no hay delito no puede haber aborto desde que esta prohibido por la tipicidad del C.Penal. Accion privada, mera denuncia analizada por un medico, es suficiente?, una declaracion unilateral jurada es suficiente?. Es cierto que mucho habria que esperar para una eventual condena firme, pero me parece que vamos de este extremo al otro: el apresuramiento. Agreguemos que puede haber violacion del marido. Porque digo esto, porque todo queda servido para que, SIN ELEMENTOS, una mujer puede abortar violando la ley, casi riendose de ella. Agreguemos que ya la Corte ha dicho que no se necesita orden judicial, y es mas, cualquier presentacion en este sentido, es rechazada in limine conforme esta dictrina. Si imaginamos que hubo delito, la mujer que solicita el aborto esta bajo los efectos de un desequilibrio importante ya que ha sido victima de un delito ultrajante y tremendo. Viendolo asi, puede libre y capazmente formalizar una DDJJ?. Creo si que el medico puede oponer objecion de conciencia porque si cree que va a matar a un persona en el vientre, nadie podria obligarlo a obrar contra sus convicciones. Es un principio juridico de siempre. En la historia clinica que se dira: solo que concurre una mujer que dice haber sido de una violacion o un abuso y que solicita el aborto. De un delito que es supuesto con lo que se viola la tipicidad del C.Penal que habla de delito. Con esto no estamos presuponiendo una condena futura sin ningun fundamento salvo pruebas fisicas indiscutibles como desgarros, inflamaciones, lesiones internas, etc.?. Es que hablamos de aborto. De acuerdo a nuestra legislacion, que de seguir asi debera ser modificada, se habla de vida desde la concepcion: Constitucion Nacional Tratado de los Derechos del Niño y Pacto de San Jose de C.Rica, Ley de Medicina 17132, Codigo Civil, doctrina y jurisprudencia. Que hacemos para no romper las reglas de la politica de tipicidad del Codigo Penal, deslindar responsabilidad medica, asegurar equilibrio psicologico en la reclamante de la prestacion medica, en las leyes que hablan de la vida desde la concepcion?. Me parece que hay que responder varias preguntas y ajustar varias piezas para que esta tendencia prospere sin dejar huellas negativas en el orden juridico.

Evanán Romero resume lo más resaltantes de PDVSA en cuanto a su estado financiero y operativo. Lea el Informe Petrolero de Romero.

Los resultados financieros y operativos de PDVSA fueron presentados en la Memoria y Cuenta del Ministerio y lo allí planteado presenta un panorama muy preocupante en lo que atañe a la salud de la empresa.

En primer lugar se da cuenta de una caída de 42% de los ingresos en comparación con el 2008 para una cifra de 72,9 mil millones de dólares. Una consecuencia directa fue el aporte social que sufrió una merma del 34% y los traspasos al Fonden fueron solo de 2,3 mil millones de dólares cuando en el 2008 llegaron a 15,1 mil millones de dólares, siendo el descenso de 84%.

Los aportes a la nación también se vieron sensiblemente disminuidos, al pasar de 53,12 mil millones de dólares aportados en 2008, a 23,83 mil millones en 2009, es decir un 55.1%, menor.

Dada la prioridad social puesta en PDVSA por el Gobierno, sólo podemos imaginarnos -ya que pocas cifras fueron dadas- lo que significan estos resultados en términos de las tareas básicas de la Industria en términos de nuevos pozos de desarrollo y exploración.

El informe se extiende a explicar las razones de los fracasos en la política de cooperación con PetroCaribe y PetroSur, en particular en el caso de PDVAmérica se indica que enfrentó obstáculos para avanzar en los proyectos de Ecuador y en Argentina. Al respecto apunta que hubo retrasos en la instalación del complejo refinador del Ecuador.

El Informe resalta el incremento descomunal de la nómina de PDVSA, la cual sumó en un año 13.936 personas mas para alcanzar casi 100.000 trabajadores. Se resalta en el Informe que "una barrera adicional la constituyó la baja disponibilidad de personal calificado requerido para la ejecución de las ctividades actuales, y la que surgen producto del crecimiento de los negocios en especial de las filiales petroleras".

También se resalta el retardo en los pagos a las empresas proveedoras de obras, servicios, y su impacto tan negativo en el flujo de caja de las mismas, paralización y desfase en el cumplimiento de las actividades con la consiguiente afectación de los compromisos operacionales y ejecución de los proyectos.

Asimismo, el Informe reconoce el alto incremento de las deudas de PDVSA las cuales la ubica en 21.6 mil millones de dólares para fines del 2009, sin incluir los compromisos contingentes con su personal y los litigios en curso en el país y en el exterior.

Veronica Nanco

http://www.economiaalcuadrado.com

Peter Lynch, es un auténtico mito en Wall Street:

Peter Lynch accedió como gestor al ruinoso fondo Magallan con más de 50 Mill$ de pérdidas y consiguió transformarlo en el mayor Fondo de Inversión del mundo, el fondo de Peter Lynch pasó de 20 Mill$ hasta los 14.000 millones de dólares cuando Peter Lynch se retiró en el momento cumbre de su carrera, consiguiendo un 30% anual durante 13 años batiendo todos los índices y fondos.

Hace poco, me hice con un libro de Peter Lynch: Beating the Street, en donde Lynch plasma todo lo aprendido y sus conclusiones y anécdotas principales. Es uno de los libros sagrados del Análisis Fundamental y creo que podría sernos útil para nuestro día a día.

A partir de hoy, voy a ir publicando un resumen-traducción al Español con las principales conclusiones y datos más interesantes que Peter Lynch nos presenta en su libro.

Espero que después de cada capítulo, debatamos sobre sus conclusiones y nos ayudemos unos a otros a comprender mejor esos conceptos fundamentales que tantas veces dejamos abandonados.

Veronica Nanco

Economia Al Cuadrado

Autor: Lic. Aldo Abram

Los argentinos valoramos poco la importancia de la calidad de las instituciones. Es más, solemos confundir las instituciones con los instrumentos que las viabilizan o, incluso, con clubes de futbol, asociaciones, etc. En realidad, son las normas y principios que rigen una sociedad y que se plasman, principalmente, en la Constitución Nacional y en las leyes.

Si formamos un conjunto con los países que tienen alta calidad institucional, veremos que coinciden con los que ya les brindan a su gente, o están haciendo avances en ese sentido, una mayor posibilidad de progreso o bienestar económico. En cambio, aquellos en los que no se respetan los derechos y las instituciones, son naciones con altos niveles de pobreza o en decadencia económica.

Esto no debería llamarnos mucho la atención; ya que uno trataría de no invertir en un país donde: a) se confisquen los depósitos bancarios; b) un secretario de un Ministerio pueda obligarnos a manejar a su antojo nuestra empresa (los costos, a quién, cuánto y a qué precio vendemos), a veces sin norma que lo avale e incluso sin una directiva escrita; c) un funcionario pueda presionarnos para que nos desprendamos de nuestra empresa e, incluso, pretenda decirnos a quién debemos vendérsela; d) los organismos de información pública brinden estadísticas falseadas; e) un Estado, que sea incapaz de cumplir con sus funciones básicas, pretenda ejercer de empresario o decidir mejor el destino de la plata ajena; o f) las reglas de juego varíen según le convenga coyunturalmente a los funcionarios de turno.

Desde 2007, el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (ESEADE) elabora anualmente un Índice de Calidad Institucional para 192 países del mundo (Informe completo )y, recientemente, se presentó el del corriente período. Allí se confirma que aquellos países con mayor calidad institucional son los que generan mayores avances en innovaciones; ya que son los que respetan los derechos de propiedad intelectual. Además, al tener reglas de juego claras y generales que se mantienen en el tiempo, permiten los largos procesos de inversión que la investigación demanda. Por ello, tampoco debería asombrarnos que sean los que más progresan y brindan bienestar a sus pueblos.

Sin embargo, la calidad institucional no es solamente importante para incentivar la inversión, el empleo y generar riqueza. Doña Rosa también necesita poder tener alguna certidumbre para planificar su vida. Por ejemplo, un matutino económico publicó una encuesta realizada entre los que aportan al sistema previsional y más del 80% manifestó que no espera poder vivir de la jubilación que cobrará cuando entre en la etapa pasiva. La realidad es que el actual régimen de reparto estatal tiene los mismos vicios que aquel que estafó a nuestros abuelos y padres; ¿por qué debería ser el resultado distinto? Una respuesta puede ser: porque el actual sistema administre mejor los recursos. En el año 2007, se hizo una moratoria que permitió cobrar jubilaciones y pensiones a más de 1.000.000 de personas que no hicieron los correspondientes aportes. Los recursos no salieron de las rentas generales del gobierno, sino de la caja previsional. De allí también están fondeando la asignación universal para la niñez, las laptops para los estudiantes de los colegios, los decodificadores de la televisión digital, etc. ¿Qué quedará para los futuros jubilados? En suma, una historia que se repite.

Los argentinos no tenemos instrumentos para ahorrar en nuestro país, excepto la vieja tradición del “ladrillo”. Son demasiadas las veces que los gobiernos han manoteado los depósitos del sistema financiero para pagar crisis o beneficiar a deudores “licuados”. Incluso, la mayoría de nuestros políticos consideran que los ahorros que están en la banca deben ser instrumentos de política económica. Es decir, deben ser asignados según lo decida algún burócrata y, una clara prueba de ello, son algunos proyectos de reforma de la ley que rige al sistema financiero que se conocieron recientemente. Nuevamente se confirma la percepción de los ciudadanos de que no se respetará el derecho de los verdaderos dueños de esos recursos, que no es el gobierno ni los banqueros, sino los depositantes.

Cuando alguien le confía sus ahorros a un banco, lo hace porque eligió a quién considera sabrá cuidarlos e invertirlos bien. ¿Qué derecho tiene un funcionario a asignar esos recursos en una forma distinta? ¿Quién dice que él puede elegir mejor a quién darle un crédito? No debería extrañar que tengamos un sistema financiero que pocos usan para ahorrar y, sin dicho insumo básico, con una irrisoria capacidad de dar préstamos. Con muchas de las reformas propuestas, esto sólo tenderá a empeorar.

Sin calidad institucional, rige la “ley de la selva” y prima el derecho del más fuerte. La gente puede tratar de sobrevivir; pero se le vuelve cuesta arriba el progresar y construir un futuro mejor para su familia. No es casualidad que, en el índice de 2010, la Argentina ocupe el lugar 120 y, desde 2007, haya bajado 27 lugares. Sólo cinco países tuvieron peor evolución (Bolivia, Senegal. Maldivas, Kiribati e Islas Salomón). Entre los 36 países de América, estamos en el lugar 28. Cabe aclarar que esta decadencia institucional argentina no es una historia de los últimos años, lleva décadas. Cada vez más naciones, incluso entre nuestros vecinos, entienden que mayor calidad institucional significa mejor calidad de vida para sus pueblos y, por ende, nos superan y nos dejan en peor posición relativa. ¿Tardaremos mucho en entenderlo los argentinos?

Todos tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, la responsabilidad cívica de exigir que nuestros representantes respeten los derechos, las instituciones y los límites para el ejercicio de sus funciones que establece la Constitución Nacional. Sin embargo, deben asumir un mayor compromiso quiénes más “talentos” recibieron, es decir: la dirigencia empresaria, profesional e intelectual. No cabe duda que, en general, no ha estado a la altura de las circunstancias y que, hasta ahora, ha primado el interés particular sobre el general. Al que le quepa el sayo que se lo ponga; pero no seamos hipócritas y, luego, le echemos la culpa a otros de la creciente decadencia y pobreza que resulta de nuestras acciones, errores y omisiones.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

¿Cuál es el secreto de Google que lo convierte, no solo en el motor de búsqueda más utilizado de occidente, sino en la marca más valiosa del mundo?

Google, IBM, Microsoft y Apple, lideran el ranking de las marcas más valiosas del mundo según una reciente investigación de la consultora británica Millward Brown, líder global de investigación en valoración de marca. A estas se suman BlackBerry, Vodafone, Amazon.com, China Mobile, Verizon, entre muchas otras. ¿Por qué éstas marcas, varias de ellas que no existían hace 15 años, exceptuada IBM, dominan los primeros lugares en este ranking de BrandZ Top 100? La respuesta esta resumida en una sola palabra: Tecnología.

En los últimos 25 años el mundo cambió radicalmente debido a los avances tecnológicos y la gran cantidad de nuevos inventos y aplicaciones: automóviles que funcionan con energía solar, televisión en tres dimensiones, telefonía celular, realidad virtual, autopistas de la información, redes sociales en Internet, etc., su presencia en la vida cotidiana es tan fuerte que ha logrado penetrar nuestras mentes, ocupando un espacio muy importante.

Esta situación queda demostrada con las nuevas empresas que han aparecido para poner en nuestras manos las herramientas “necesarias” para estar en coherencia con las exigencias del mundo moderno. Los beneficios que trajo consigo la tecnología proporcionaron mayor productividad con excedentes que permitieron disponer no solo del tiempo, sino de mayores espacios para la educación y la investigación. Estas herramientas están representadas por las marcas que utilizamos en todo momento, sin las cuales hoy no podríamos vivir.

Google es la más valiosa con un valor estimado, según la consultora Millward Brown, de 114.000 millones de dólares, seguido de IBM con 86 mil millones de dólares. Apple ocupa el tercer puesto y Microsoft el cuarto. Facebook, el popular sitio de redes sociales, entró en el ranking con un valor de marca de 5,5 mil millones de dólares. Por otro lado, las principales marcas de telefonía móvil han aparecido en la medición BrandZ Top 100: China Mobile con un valor de 52.616 millones de dólares; y las estadounidenses BlackBerry y Verizon con 30.708 y 24.675 millones de dólares respectivamente.

La característica fundamental que diferencia este modelo de valoración de marcas respecto de otros, se debe a que Millward Brown es el único estudio que tiene en cuenta no sólo los resultados financieros, sino también la opinión y fidelidad de los consumidores, y las perspectivas de futuro de las marcas.

Por otro lado, cabe señalar que Baidú, el motor de búsqueda más importante de China y principal rival de Google en el mercado de búsquedas en Internet, es una compañía sobre la cual, otros expertos en valoración predicen un crecimiento mayor en los próximos años, debido no solo al número de habitantes que tiene China, sino desarrollo del gigante asiático en el contexto económico mundial, a tal punto que en muy pocos años podría sobrepasar al buscador estadounidense. La marca Baidú con sede en Pekín, inició operaciones a finales de 1999 bajo la conducción de Robin Li y Eric Xu.

ACTUALIDAD FISCAL: INCONSISTENCIAS Y BANCARIZACIÓN

La A.F.I.P. maneja hoy en día una gran cantidad de datos de los contribuyentes. De tal manera, los procesos de detección de inconsistencias mediante entrecruzamiento de información disparan verificaciones para los responsables que no tienen en cuenta la relación básica entre ingresos y gastos.

Desde siempre las campañas de la A.F.I.P. han tenido mucho de mediático, como se dice ahora. Pero lo cierto es que el ente recaudador cuenta en la actualidad con una enorme cantidad de información de cada habitante de la Nación. Más que nunca en la historia.

El concepto tradicional de secreto bancario o de privacidad de las acciones personales ha quedado prácticamente en el olvido, y realmente cuesta mucho imaginar que la justicia haga algo al respecto, al menos con la actual conducción política.

La A.F.I.P. cuenta con información de consumos en tarjetas de crédito, movimientos bancarios, cuotas de colegios privados, tenencia de bienes registrables, participaciones en empresas, operatoria bursátil, contratación de viajes, y muchísimos otros datos que directamente invalidan cualquier intento de privacidad de nuestros actos.

De nada sirve en un país donde la ley hace rato que no se respeta, exigir que una investigación sea la que derive en el pedido mediante oficios de los datos privados de cada uno, la A.F.I.P. ya los tiene, entre otras cosas mediante el cuasi infinito sistema de regímenes de información que desde hace algunos años ha venido instaurando sin que prácticamente desde ningún sector profesional, cámara empresaria e incluso sindicato (ni hablar de la justicia) se haya intentado impedirlo o morigerarlo.

Como una especie de dios pagano, el Estado vigila todos y cada uno de nuestros actos. Una rémora del Gran Hermano televisivo dentro de cada una de nuestras casas.

Dada la falta de institucionalidad existente, el organismo no tiene reparos en hacernos saber públicamente que sabe todo acerca de nosotros. Así, hace unos días (exactamente el 11 de junio) publicó una denominada circular con relación a la investigación iniciada sobre monotributistas que es una verdadera joya del avance estatal sobre los derechos personalísimos. Ello en virtud de que es sabido que ya cuenta con datos de todos nosotros, no es que iniciará una investigación y nos los pedirá mediante requerimiento. Basta leer cualquier reportaje al titular de Ingresos Públicos para comprobar lo que afirmamos. Transcribimos a continuación esa circular:

Circular 5/2010 (BO. 11/06/2010) 1

MONOTRIBUTO. Aclaración sobre causales de exclusión.

La AFIP aclaró que a los fines de determinar si se configuran o no las causales de exclusión previstas en los incisos e), f) y k) del Artículo 20 del Anexo de la Ley 24.977, texto sustituido por la Ley 26.565, deberán considerarse las pautas que se indican a continuación:

§ Adquisición de bienes o gastos de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados, no debidamente justificados por el contribuyente -inc. e)-: no serán computables las adquisiciones de bienes o los gastos, respecto de los cuales se demuestre que han sido pagados con ingresos adicionales a los obtenidos por las actividades incluidas en el régimen Simplificado, que resulten compatibles con el mismo.

§ Depósitos bancarios, debidamente depurados que resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de la categorización –inc. f)-: del total de los depósitos o acreditaciones bancarias efectuados por el pequeño contribuyente, se detraerán, entre otros, los fondos respecto de los cuales se pruebe que:

· corresponden a ingresos originados en actividades no incluidas en el régimen Simplificado que resulten compatibles con el mismo, o

· pertenecen a:

- Terceras personas, en virtud de que la o las cuentas bancarias utilizadas operan como cuentas recaudadoras o administradoras de fondos de terceros (por ejemplo: Administradores de consorcios).

- el o los cotitulares, cuando se trate de cuentas a nombre del pequeño contribuyente y otra u otras personas.

§ El importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad de que se trate de los últimos 12 meses supere el 80% de las ventas de bienes o al 40% en el caso de locaciones y/o prestaciones de servicios –inc. k)-: del total de compras se detraerán los importes correspondientes a las adquisiciones de bienes que tengan para el pequeño contribuyente el carácter de bienes de uso, respecto de las cuales se demuestre que han sido pagadas con ingresos adicionales a los obtenidos por las actividades incluidas en el régimen Simplificado, que resulten compatibles con el mismo.

Quienes tenemos muchos años en esto, venimos bregando desde hace rato para que los contribuyentes tengan en cuenta que la razonabilidad y la consistencia son esenciales para evitar ser puestos bajo la lupa. No estamos hablando aquí de evasión impositiva y ni siquiera de elusión. Simplemente estamos pretendiendo recordar que dado que el ente cuenta con tantísima información debemos andarnos con pie de plomo a la hora de incurrir en gastos mediante tarjetas o bancarizar nuestros movimientos más allá de lo indispensable y siempre teniendo en cuenta que cualquier desvío importante habrá que explicarlo llegado el caso. La relación entre los ingresos declarados y los gastos es apenas una parte de la cuestión. Muchas veces en la práctica el simple hecho de vender un vehículo, por ejemplo, puede arrojar diferencias de ingresos que disparen una verificación. Si bien obviamente en tal caso es perfectamente demostrable el origen de los fondos, las casi ilimitadas facultades de los inspectores pueden terminar en controversias con aspectos de las declaraciones personales que de movida no era esperable que se dieran.

A todo ello se agrega que tanto la Nación mediante el denominado impuesto al cheque y los distintos regímenes de percepción y de retención bancarias , como las provincias mediante los infinitos regímenes de retención y de percepción por las dudas, pueden hacer que la situación se torne directamente dramática en cuanto a la carga impositiva que debemos soportar.

El manejo bancarizado de los recursos es, hoy por hoy, costosísimo. En la inmensa mayoría de los casos los contribuyentes reclaman en vano por saldos a favor de todo tipo y color, por retenciones indebidas, e inclusive para dejar de figurar en las listas negras denominadas padrones mediante las cuales los organismos fiscales obligan a las instituciones bancarias a cobrar impuestos por las dudas.

La función del Contador Público como revisor y auditor permanente de la contabilidad es indispensable para poder garantizar medianamente un grado de razonabilidad que evite las inconsistencias (discordancias, como las llama ARBA, dándole incluso un efecto sonoro seguramente por ignorancia). Más allá de eso, la consistencia del flujo de fondos debe ser permanentemente monitoreada.

Es que la llegada de los inspectores y de los requerimientos no tiene que ver con examinar la documentación para comprobar si estamos en orden. No. Tiene que ver con el ajuste que pueden sacar por encontrar tales inconsistencias. El Fisco (nacional, provincial, municipal) es, hoy por hoy, un organismo que intenta recaudar dinero a como dé lugar. Aún teniendo a mano la explicación certera del origen de un movimiento, cualquier ligereza en la documentación abre las puertas a un intercambio interminable de información, concurrencia al organismo con libros, papales de trabajo, fotocopias, notas y multinotas, presentaciones y aclaraciones, etc. que limitan nuestro tiempo y nuestra capacidad de trabajo efectivo.

Mientras hace unos años existía el llamado bloqueo fiscal, eso no ocurre hoy. Por lo tanto las facultades de los inspectores, si bien no son omnímodas, nos llevan a depender de ellos de una manera desagradable, pegajosa y en ciertos casos hasta ignominiosa.

Sabemos que la simple concurrencia a la Agencia de la A.F.I.P. puede derivar en innúmeros inconvenientes. Los empleados a cargo de la atención no suelen tener las mismas opiniones y obligan a los contribuyentes a acercar documentación, pagar multas que por no estar firmes no son exigibles, hacer presentaciones de diversas características y, en definitiva, someter a los mismos a un peregrinaje agobiante y sin sentido.

Por estas horas finalmente un fallo de la Corte ha puesto las cosas en su lugar respecto de los embargos automáticos de parte del Fisco luego de librar una boleta de deuda. La Corte ha exigido lo obvio: que haya una orden judicial para poder trabar un embargo. Ya se alzaron las voces de siempre desde el Poder Ejecutivo en contra de un fallo absolutamente ajustado a derecho. Porque en un Estado de Derecho es inconcebible que un organismo recaudador pueda embargar una cuenta bancaria sin orden judicial y comunicación previa al supuesto infractor. Sin embargo, eso es lo que viene ocurriendo desde hace una década y sólo ahora la justicia finalmente se ha pronunciado, haciendo que los funcionarios pongan el grito en el cielo porque limita las facultades recaudadoras. Porque las facultades recaudadoras en la Argentina incluyen la de tomar el dinero de los contribuyentes como sea, tal como lo demuestran los diversos sistemas de retenciones bancarias que mencionamos más arriba, por ejemplo.

Es por eso que sostenemos que al peligro de las inconsistencias hay que sumarle el peligro de la bancarización, porque esta última en definitiva significa poner el dinero a disposición de los funcionarios para que mediante resoluciones, comunicaciones, circulares, notificaciones, padrones o lo que fuera, se apropien de él.

Buenos Aires, 21 de junio de 2010

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

www.hectortrillo.com.ar

CORTE SUPREMA: declaró inconstitucional el IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA. Determinó que las normas impugnadas en determinado caso son constitucionalmente inválidas, en razón de que la actora acreditó que tuvo pérdidas en los años comprendidos en el litigio. El fallo es un importantísimo antecedente que sienta jurisprudencia. Por supuesto que no significa que el impuesto no siga aplicándose, sino más bien que en casos similares es posible obtener la inconstitucionalidad por la vía judicial.

La causa llegó a consideración de la Corte, después de que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocara lo resuelto por la instancia anterior y declarara inconstitucional el impuesto a la ganancia mínima presunta, por carecer la actora de capacidad contributiva durante los períodos fiscales 1995, 1996 y 1998.

La Cámara consideró que surge del texto de la ley una presunción de renta fundada “en la existencia de activos en poder del contribuyente”, motivo por el cual existe “una marcada desconexión entre el hecho imponible y la base imponible, en tanto, se grava una manifestación de capacidad contributiva presunta, que considera sólo al activo para la base imponible, sin tener en cuenta la existencia de pasivos”.

La parte demandada, Poder Ejecutivo Nacional, interpuso un recurso extraordinario, ya que la sentencia interpretó normas de carácter federal en sentido adverso al postulado por el apelante, que fue concedido por la Cámara.

En el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, no se ha expresado nada acerca de la ponderación de la prueba realizada por la Cámara, que le concedió el recurso solamente en cuanto a la inteligencia de las normas federales, ante lo que el apelante tampoco dedujo recurso de queja.

Entiende la Corte que “para una adecuada solución de esta controversia, resulta imprescindible desentrañar cuál es el presupuesto de hecho que adopta la ley”.

La Corte opina que “la cuestión objeto de controversia es, en lo esencial, determinar si ese modo de imposición, en la medida en que no tiene en cuenta el pasivo de los sujetos comprendidos en la norma y se desentiende de la existencia de utilidades efectivas, resulta inconstitucional en tanto, como sucede en el sub examine, la actora ha demostrado que su explotación comercial arrojó pérdidas en los períodos ya indicados”.

Recordó el Tribunal que “ha sostenido en reiteradas oportunidades que es necesario que el Estado prescriba claramente los gravámenes para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus respectivas conductas en materia tributaria”. También, dijo que “la ley que establece el impuesto aquí cuestionado no contiene una redacción clara y precisa, circunstancia que demuestra una deficiente técnica legislativa… [a la que] se une el hecho de que la denominación dada al gravamen por el legislador no es decisiva para definir el carácter de éste”, pues como lo ha dicho el Alto Tribunal, en conformidad con la Constitución Nacional, “ante la ausencia de correlación entre el nombre y la realidad, corresponde desestimar el primero y privilegiar la segunda”.

También, sostuvo el Tribunal que en otras ocasiones ha justificado la existencia de esta clase de mecanismos presuntivos, pero al así hacerlo ponderó la existencia de “excepcionales circunstancias”.

En este caso, la Corte entendió que no mediaban tales circunstancias excepcionales y que la ley no se ajustaba a un criterio de razonabilidad en tanto estableció una presunción de ganancias que no podía derivarse aún cuando el contribuyente hubiese demostrado –como en este caso- que, por el contrario, tuvo pérdidas y por tal motivo declaró la inconstitucionalidad de la ley.

Asimismo, concluyó la Corte que “el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso”.

En consecuencia, con los votos de los ministros Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, confirmó la Corte la sentencia de Cámara que había sido materia de apelación. En disidencia votaron las ministras Highton de Nolasco y Argibay.

Hola !!

Mi nombre es Daniela K, estoy a una materia de recibirme de contadora en la Universidad de Buenos Aires.

Escribo para hacer algunas consultas.

Tengo un cliente que se dedica a los servicios de imagen y sonido y es profesional.

Hace cuatro años constituyo una sociedad de responsabilidad limitada, él es el socio gerente mayoritario y a su vez esta dado de alta como profesional en el monotributisto por la misma actividad.

Por esta razón no sólo abona el impuesto de monotributo, sino también ganancias e iva por la sociedad y ganancias y bienes personales por su persona.

Considero que no es necesario estar simultáneamete tributando en concepto de monotributista y autónomo por su sociedad, más todos los impuesto y requisitos que debe cumplir por la misma. También sé, que esta situación se realizó en su beneficio, para evitar grabar todos sus ingresos por ganancias como persona jurídica y física.

De todas formas, esta situación no se realiza de forma ordena, así que demasiado no sirve.

Además, si bien aún no controle sus ingresos, gastos y documentación. Puedo decir según mi experiencia, que esta persona debería estar inscripto como autónomo, y cumplir con el pago de iva, ganancias y bienes personales (de corresponder).

Ya que considero que:

- Su facturación no supera los 200.000 pesos,

- Sólo tiene un empleado , que si bien no esta en blanco y sólo le factura , blanquarlo no generaría demasiados costos,

- Y que una de las ventajas más importantes de constituir una SRL, es para limitar la responsabilidad al capital aportado por eso es de suma importancia tener en cuenta que tipo de actividad realiza el sujeto. Si se tratare de una actividad riesgosa como la construcción o de ser un cirujano permite separar el patrimonio personal del de la empresa y sus riesgos.

Quisiera saber en cuanto a los costos que es lo mas conveniente en este momento.?????

Considero que como esta debe abonar estimativamente lo siguiente:

- Es importante considerar que la sociedad que tiene hasta el momento tiene un valor como tal.

Para eso expongo a continuación los valores de crear hoy en día una SRL

- Paga el monotributo por las razones anteriormente mencionadas.

Nuevos montos MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones

Categoría Parámetros Aportes Cuota mensual

Facturación Alquiler Previsional Salud Impuestos

B 24.000.- 9.000.- 110.- 70.- 39.- 219.-

MONOTRIBUTO ANUAL: $ 2628

- Pago de autónomo por socio gerente.

La categorización responde básicamente al siguiente cuadro:

ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS MAYORES INGRESOS TOTAL DE INGRESOS BRUTOS DEL AÑO ANTERIOR CATEGORÍA IMPORTE A ABONAR

Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles – socios de sociedades de cualquier tipo

Más de $30.000,00

V $ 563,20

Más de $15.000,00 hasta $30.000,00 IV $ 409,60

Hasta $15.000,00

III $ 256,00

Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios Más de $20.000,00 II $ 179,20

Hasta $20.000,00 I $ 128,00

Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores Más de $25.000,00 II $ 179,20

Hasta $25.000,00 I $ 128,00

Afiliaciones voluntarias Sin limitación I $ 128,00

Menores, de entre 18 y 21 años Sin limitación I $ 128,00

Jubilados por la Ley 24.241 Sin limitación I $ 128,00

Amas de casa Sin limitación I $ 108,00

AUTONOMO ANUAL : $ 6758,4

- Iva mensual por la SRL

- Llevar libro de actos

- Libro diario

- Libro de Compras

- Libro de Ventas

- Libro inventario

- Balance General

- Estado de Resultado

- Impuesto a las ganancias por la SRL

- Impuesto a las ganancias por persona física.

- Ganancia Mínima presunta, siempre y cuando su activo supere los $200.000

- Impuesto a los Bienes Personales por persona física, de corresponder

En caso de dar de baja la sociedad como así también el monotributo. Se debería realizar lo siguiente.

- Baja de monotributo a través de Internet, por alta en autónomos.

Este trámite no genera costo alguno.

Alta de autónomo, en

Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios Más de $20.000,00 II $ 179,20

Hasta $20.000,00 I $ 128,00

AUTONOMO ANUAL: $ 2150,4

- Baja de la SRL

En la IGJ por una disolución y nombramiento de liquidador, tenés que presentar:

- - El pago de la tasa retributiva de servicios.

- - El instrumento público o privado con la transcripción de la reunión de socios o acuerdo social o acta de asamblea y su registro de asistencia en la que se resolvió o declaró la disolución de la sociedad e informar si se nombró liquidador.

- - Debés presentar publicación del art. 10 ley 19.550 que debe contener la fecha de resolución social e individualizar al liquidador.

- -Form. Nº 1 (creo que es el 1 ), que si se hace por escritura pública debe emitirlo un escribano y si es por privada un abogado.

-

- Una vez disuelta ( al igual que en pcia. )la sociedad debe liquidarse y cancelar su registración (matrícula):

- -El pago de la tasa retributiva de servicios.

- -Form. Nº 1 ( idem anterior )

- -La escritura pública o el instrumento privado transcribiendo el acta de asamblea y reg. de asistencia,reunión de socios o ac. social que aprobó el balance final de liquidación, el proyecto de distribución y designación de la persona que conservará los libros y demás documentos sociales.

- -Denuncia de cese de actividades en Ing. Brutos.

- -Balance final de liquidación y el proyecto de distribución aprobado(con informe de auditoría que contenga opinión , o sea certificado por CPN ) y suscripto por el liquidador.

- -Luego por los libros rubricados y que estaban en uso a la fecha de disolución necesitás una certificación de CPN de la foja en la que el liquidador puso la nota de inutilización y firmó y que el resto de las hojas fueron inutilizadas y no hay asientos u otro tipo de registro intercalado.

- -Informe de CPN indicando el libro y los folios en los que se encuentra transcripto el balance final de liquidación y certificación del cumplimiento del proyecto de distribución y la existencia o no de saldos sujetos a reintegros.

-

La formalización de las actas y los pasos a seguir dependerá si la sociedad tiene bienes a liquidar o no: (El procedimiento está previsto para la SA, y se adapta en lo pertinente para la SRL).-?PRIMER CASO:

(Dos tramitaciones ante IGJ): La sociedad tiene a su nombre bienes registrables (inmuebles, automotores, etc.).

- El procedimiento es:

- ??1. Acta de directorio de convocatoria a asamblea extraordinaria.

- -??2. Acta de asamblea extraordinaria unánime que resuelve DISOLVER en forma anticipada la sociedad, y nombrar LIQUIDADOR, con aceptación del cargo.

- -??3. Escritura que protocoliza la asamblea, publica por 1 día en Boletín Oficial, y se inscribe en el Registro de Comercio.- (Para esta inscripción, la IGJ no pide balance de liquidación, ni tasas al día, ni balances al día).

- -??4. Proceso de liquidación por el Liquidador: Realiza el activo y cancela el pasivo.

- - ??5. Balance de liquidación y proyecto de distribución del remanente de los bienes entre todos los socios en proporción a sus tenencias.

- -??6. Acta del liquidador de convocatoria a asamblea extraordinaria.

- -??7. Acta de asamblea unánime que aprueba el balance de liquidación, y transcribe y aprueba el proyecto de distribución, nombra el Depositario de los libros y documentación social, con aceptación del cargo y domicilio especial en Capital Federal, y se hace el cierre contable de todos los libros rubricados (comerciales y laborales).

- - ??8. En cumplimiento del proyecto de distribución, si hubiere automotores, se firman en esta etapa los formularios 08 de transferencia a favor de los socios, y si hubiere inmuebles, se firman las escrituras públicas traslativas de dominio a título de adjudicación por disolución social, a favor de los socios.- (tener especial precaución con los aspectos impositivos actuales de esta transferencia de dominio).

- - ??9. Escritura que protocoliza la asamblea, y se presenta al Registro de Comercio junto al balance de liquidación, dictamen de precalificación de Contador, constancia de estar al día en el pago de las tasas anuales y en la presentación de los balances anuales a la IGJ, constancia del cierre contable de todos los libros comerciales y laborales (fotocopias autenticadas de la última hoja de cada libro rubricado), constancia de haber presentado la solicitud de baja en Ingresos Brutos, y certificado de inexistencia de inhibiciones por la sociedad expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de Capital, y también de la o las Provincias donde la sociedad hubiera tenido establecimiento o actuado.- Con dicha documentación, la IGJ procede a cancelar la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio.

- -??10. Por último, la presentación y baja de la CUIT ante la Afip.-

???SEGUNDO CASO: (Una sola tramitación ante IGJ):

La sociedad no tiene a su nombre bienes registrables (inmueble, automotores, etc.), ya realizó todo el activo y canceló todo el pasivo, y puede preparar directamente un balance de liquidación y proyecto de distribución.

- El procedimiento es:??

11. Acta de directorio de convocatoria a asamblea extraordinaria.

- -??12. Acta de asamblea extraordinaria unánime que resuelve DISOLVER en forma anticipada la sociedad, nombrar LIQUIDADOR, con aceptación del cargo, aprueba el balance de liquidación y el proyecto de distribución (puede no quedar nada o solo dinero efectivo a distribuir), nombra el Depositario de los libros y documentación social, con aceptación del cargo y domicilio especial en Capital Federal, y se hace el cierre contable de todos los libros comerciales y laborales.

- - ??13. Escritura que protocoliza la asamblea, publica por 1 día en Boletín Oficial, y se presenta al Registro de Comercio junto al balance de liquidación, dictamen de precalificación de Contador, constancia de estar al día en el pago de las tasas anuales y en la presentación de los balances anuales a la IGJ, constancia del cierre contable de todos los libros comerciales y laborales (fotocopias autenticadas de la última hoja de cada libro rubricado), constancia de haber presentado la solicitud de baja en Ingresos Brutos, y certificado de inexistencia de inhibiciones por la sociedad expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de Capital, y también de la o las Provincias donde la sociedad hubiera tenido establecimiento o actuado.- Con dicha documentación, la IGJ procede en un solo trámite a inscribir la disolución y el nombramiento de liquidador, y también a cancelar la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio.

- -??14. Por último, la presentación y baja de la CUIT ante la Afip.-

Les comento que el sistema MIS FACILIDADES para incluir deudas en gestión judicial adolece de un problema pues si bien ingreso la fecha de demanda solo calcula los intereses resarcitorios hasta la fecha de consolidación. Esto fue consultado a mesa de ayuda de AFIP y efectivamente registraron el problema que me dijeron están solucionando. Aviso que en estos casos tienen que sacar la liquidación de intereses por la página www.afip.gov.ar "cálculo de intereses combinados" y proceder a modificar los intereses resarcitorios e incluir los intereses punitorios como una nueva obligación para confeccionar perfectamente el plan de pagos.- Saludos.- María Soledad