Artículos de Economía

Autor: ANDREA FABIANA MAC DONALD (*)

En esta oportunidad analizaremos uno de los temas de actualidad como es la distribución del ingreso y la pobreza en la economía argentina, los factores que influyen en su determinación y los efectos macroeconómicos que se producen en la PEA (Población Económicamente Activa), llegando a nuestras consideraciones finales.

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO COMO PROBLEMÁTICA SOCIAL. EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 1990-2002.

Ciertamente la distribución del ingreso surge como una problemática social dentro de la sociedad como consecuencia de la pobreza, la desigualdad y la precarización laboral preocupaciones centrales de la economía argentina.

Se considera que la distribución del ingreso es la manera en como se le asignan los recursos entre los distintos estratos sociales; de allí que si hay asimetrías en esa asignación de recursos, y trae aparejado el problema de la desigualdad, la pobreza y la precarización laboral que sufre la economía argentina en la actualidad.

Algunos economistas han hecho referencia a la denominada teoría de la distribución del ingreso la cual ha ido desapareciendo pero aún siguen existiendo las teorías de la distribución y sus implicancias para los impuestos. Indudablemente esta evolución se explica por el predominio de la teoría neoclásica. Es que desde esta perspectiva teórica, la distribución es sólo un caso especial de la teoría de los precios, ya que estos se conforman a partir de las retribuciones de los factores de producción –capital, trabajo y tierra- que se corresponden a su vez con sus productividades marginales.

Siempre la teoría de la distribución está estrechamente vinculada con las teorías sobre crecimiento, y a fin de mantenernos dentro de los límites y objetivos propuestos, solo dejamos indicada algunas de derivaciones principales de los enfoques en lo que respecta a la dinámica de la acumulación capitalista, el cambio tecnológico y las tendencias del empleo.

El flujo circular de la economía es la clave para poder explicar la distribución del ingreso teniendo como agentes fundamentales a las economías domésticas integradas por los demandantes de bienes y servicios (consumidores), las empresas (oferentes) que ofrecen bienes y servicios a las familias y que a su vez recibirán del ingreso que obtienen de sus salarios producto de las compras que efectúen en el mercado y el Estado otro agente económico siendo de discusión si su intervención en el mercado es optimo o no para su funcionamiento dentro de la economía.

En Argentina, la distribución del ingreso ha sufrido grandes transformaciones a partir de la década de los noventa, tal como BECCARIA y MAURIZIO señalan la década de los noventa implicó para el país fuertes transformaciones tanto a nivel macroeconómico como en la estructura productiva que impactaron significativamente en la generación y distribución de los ingresos incluidos aquellos derivados del trabajoBeccaria, Luis – Mauricio, Roxana: “Mercado de trabajo y distribución personal del ingreso”. Capítulo III del libro “Trabajos, ingresos y políticas en Argentina”. Javier Lindemboin. (compilador) – Editorial Eudeba.

Es así como durante dicho período la economía argentina advierte que la creación de empleo es mínima y que estuvo condicionada a altas tasas de crecimiento hasta el año 1993 hasta que en el año 1995 es afectada por la crisis económica en México denominada “efecto tequila” agravando el funcionamiento del mercado laboral incrementándose desde entonces las tasas de desempleo llegándose a niveles del 20% de desocupación en el Gran Buenos Aires y el área urbana el 18,4%.

Uno de los escenarios más complejos sufridos por la economía argentina ha sido en el año 2002 luego de declararse el default económico y ante una inestabilidad institucional, Argentina tuvo que enfrentar una de las crisis más agudas de su historia, en donde el PBI llegó a reducirse a un 11% mientras que el desempleo trepó hasta el 21,5% llegándose a un 58% de la población en donde muchas personas poseían ingresos inferiores a la línea de pobreza.

En la siguiente tabla exponemos las variaciones porcentuales del PBI y del empleo que se extiende desde 1991-2001.

Fuente: Lindeboim (2003). “Trabajo, ingresos y políticas en Argentina”. Contribuciones para pensar el siglo XXI. Javier Lindenboim. Editorial Eudeba.

Observamos aquí las variaciones que sufren el PBI, el empleo, subempleo y el pleno empleo como van reduciéndose hasta llegar a niveles mínimos en el año 2001 a valores negativos de los mismos. Comentario de la autora.

LA DISTRUBUCION DEL INGRESO Y EL MERCADO LABORAL EN ARGENTINA – EVOLUCIÓN DE LA PEA – CONSECUENCIAS MACROECONÓMICAS.

Es importante señalar que la distribución del ingreso tiene incidencia en el funcionamiento del mercado laboral y en la evolución de la PEA (Población Económicamente activa) advirtiéndose un incremento sin precedentes de la tasa de desempleo durante el período 1998 al año 2006 siendo en este último año cuando la misma se estabiliza o ha disminuido a raíz de la aplicación de políticas macroeconómicas diferentes a las instrumentadas durante la década de los 90.

En la siguiente tabla ilustramos los datos macroeconómicos correspondientes al mercado laboral durante el período 1998 a 2006 y su incidencia en la PEA (Población económicamente activa) tomando como base la población de 18 años en adelante.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH/INDEC.

Los datos entre paréntesis se presentan sin ajustar por empalme para 1998 y 2001.

Lindenboim J. ob.citada.

Se advierte que posteriormente al efecto tequila (1995) la tasa de empleo llegaba al 54% en tanto que la tasa de desocupación alcanzaba al 14% y la de subocupación el 13% siendo estos datos luego incrementados en la etapa recesiva comprendida en el 2001-2002 donde se hizo evidente la caída del empleo aumentando de manera considerable la tasa de desempleo llegando a sus niveles máximos y luego recuperándose en forma lenta a partir del 2003 llegando al 2006 donde se disminuye la tasa de subocupación y subutilización de la fuerza de trabajo en relación a la PEA. Interpretación de la autora.

Durante el período 2003-2008 la economía argentina experimentó un crecimiento de las tasas anuales elevadas en relación con el PBI y con la ocupación de la mano de obra creándose 4 millones de puestos de trabajo; al respecto ARCEO, GONZALEZ, MENDIZABAL y BASUALDO manifiestan que la situación durante el año 2009 se alteró significativamente ya que la economía argentina registró un importante deterioro y sus consecuencias se hicieron sentir sobre los trabajadores especialmente en el nivel de ocupación.Arceo, Nicolás – González Mariana – Mendizábal Nuria y Basualdo, Eduardo M.: “La economía argentina de la posconvertibilidad en tiempos de crisis mundial”. Editorial Cara o Ceca. CIFRA – CTA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina).

Finalmente en lo que atañe al año 2009, el mercado laboral argentino tuvo que enfrentar una reversión de las tendencias existentes producto de la crisis internacional y a comienzos del tercer trimestre del año 2009 se habrían perdido 93 mil puestos de trabajos registrados aún el gobierno había otorgado subsidios a los fines de mantener una cantidad considerable de empleos por medio de un programa especial del Ministerio de Trabajo.

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA POBREZA – NUEVAS PROPUESTAS PARA EL FUTURO.

Muchos autores vinculan a la distribución del ingreso con la pobreza, siendo una de las problemáticas latentes en la economía argentina teniendo como cuestiones centrales a la pobreza estructural, la precarización laboral y la desigualdad social que afecta a toda una sociedad.

En la actualidad, la pobreza comprende un 10% de los individuos que no llegan a cubrir sus necesidades básicas ni servicios indispensables no siendo aún solucionada por la aplicación de políticas sociales eficientes estando vinculado a la precarización laboral que ofrecen contratos temporales e inestabilidad en el empleo siendo de cada 100 personas, 40 se encuentran en el trabajo informal o en negro.

La desigualdad es otro de los aspectos esenciales en el contexto de la distribución del ingreso teniendo en cuenta que hoy existe la necesidad de una inclusión social a los fines de eliminar los peligros que acechan como la drogadicción y la delincuencia juvenil ante la falta de oportunidades de los jóvenes y los costos económicos y sociales que los mismos producen en la propia sociedad.

KULFAS señala que la pobreza no es un fenómeno asociado sólo al desempleo sino también a la baja calidad de muchos empleos que existen en la Argentina y que en ausencias de políticas específicas, el crecimiento económico tienda a cristalizar e incluso a profundizar la desigualdad. Sulfas, Matías: “Crecer o distribuir: un planteo equivocado”. Revista Desafíos para un proyecto nacional. Septiembre 2010.

Es decir que la pobreza es el producto de las malas condiciones laborales en materia de contratación, falta de estabilidad laboral acompañada de la implementación de malas políticas sociales acentuando más la brecha entre los que mas tienen y los que menos tienen, generando costos económicos y sociales en la sociedad.

ALTIMIR, BECCARIA, y GONZALEZ ROZADAS, señalan que desde el año 1974 se verificó una tendencia de constante empeoramiento de la desigualdad del ingreso de los hogares a un ritmo casi uniforme que termina pro elevar la desigualdad desde un coeficiente de Gini de 0,36 en 1974 a otro de 0,51 en el año 2000. Altimir, O. – Beccaria, L. – González Rozada, M. “La distribución del ingreso en Argentina 1974-2000” – Revista de la CEPAL Nro. 78, 2002.

Los mencionados autores manifiestan que los principales factores asociados al incremento en la desigualdad de ingresos se centran en las fuerzas que actúan en el mercado de trabajo, lo que permite delinear a grandes rasgos 4 fases distintas a lo largo de último cuarto de siglo, donde en los años 70 el empeoramiento en la desigualdad estuvo asociado a la caída de salarios reales y a una mayor dispersión salarial, en tanto que en los años 80 se asoció la desigualdad al incremento del desempleo y de la informalidad.

Así observamos en las distintas fases de la evolución de la distribución del ingreso como la brecha de desigualdad ha ido incrementándose desde el punto de vista salarial por calificación de trabajador según su categoría laboral.

En la siguiente tabla expondremos los principales datos macroeconómicos en función de los aportes provenientes de diferentes sectores de la economía al cambio de distribución de ingreso durante los períodos 2002-2003 y del 2004 -2008.

Fuente: Elaboración con la base de EPH – INDEC. Citado por Novick, Marta: “Herramientas para pelear contra la desigualdad”. Revista Desafíos. Septiembre de 2010.

CONSIDERACIONES FINALES:

De acuerdo al presente análisis, hemos llegado a nuestras consideraciones finales las cuales son las siguientes:

1-La distribución del ingreso como problemática social se vincula con la pobreza, el desempleo y la desigualdad social.

2-La evolución de la distribución del ingreso en la economía argentina desde la década de los 90 hasta la actualidad.

3-La distribución del ingreso en el mercado laboral argentino y su impacto en la PEA.

4-La pobreza esta asociada con la mala calidad de los empleos y las malas condiciones de contratación para los trabajadores originando inestabilidad en el empleo y desocupación.

(*) Autor: ANDREA FABIANA MAC DONALD Jefa de Trabajos de Análisis Económico y Financiero y de Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho. Master en Derecho y Economía (tesis en preparación) – Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho.

LA POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

Hector Jaime Lozada Vanegas*

Abogado Especializado en Ciencias Penales y Criminológicas,

Universidad Externado de Colombia.

Candidato a Magister en Relaciones Internacionales con énfasis en Derecho Internacional.

Universidad de Buenos Aires.

Profesor de Derecho Civil, Universidad Manuela Beltrán. (Bucaramanga).

Contacto:

facebook. Hector Jaime Lozada vanegas.

e-mail. lozadajusticia2@hotmail.com

Ofic. Calle. 34 nº 19 - 14 Ofic. 302.

Bucaramanga - Colombia.

ABSTRACT.

This article analyzes the political position of the United States against the Rome Statute of the International Criminal Court. In particular, the article seeks to establish from the description of the crimes within the jurisdiction of the court, the role that has been taking the United States as an observer of the processes being conducted by the International body, given that this nation did not ratify the said treaty This permanent position is part of the management of its international relations, and has remained intact since the govermant of Bill Clinton, George Bush and Obama , from whom the memebers of the IPC, had hoped that he would make a review of U.S policy towards the IPC, Despite this, he kept his position of not sending the treaty to the Senate. The U.S. government policies have affected directly or indirectly the position of Colombia against the statute, specifically with regard to the reservation made in respect of war crimes

RESUMEN.

El presente artículo analiza la posición política de los Estados Unidos frente al estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En particular el articulo persigue establecer, a partir de la descripción de los delitos de competencia de la corte , el rol que ha venido jugando Estados Unidos como observador de los procesos judiciales que adelanta dicho organismo Internacional, habida cuenta que esta nación no ratifico el mencionado tratado. Esta permanente posición política es parte del manejo de sus relaciones Internacionales y ha permanecido incólume desde los Gobiernos de Bill Clinton, George Bush e incluso Obama de quien se tenía la esperanza de que hiciese una revisión de la política norteamericana respecto de la CPI, este mandatario mantuvo la negativa de enviar el estatuto de la CPI al senado. Estas políticas del gobierno norteamericano han afectado directa o indirectamente la posición de Colombia frente al estatuto, específicamente con relación a la reserva hecha respecto de los crímenes de guerra.

Key words.

Positive complementarity, International teaties ratification, ad-hoc tribunal, International law, international relations, state politics, principle of legality, Rome Statute.

Palabras claves.

Complementariedad positiva, ratificación de tratados Internacionales, tribunal ad-hoc, Derecho Internacional, relaciones Internacionales, políticas de estado, principio de legalidad.

1.- INTRODUCCION.

La creación de la corte Penal Internacional es bastante reciente, el estatuto de Roma entro en vigor en Julio de 2002, sus antecedentes más inmediatos los encontramos en los juicios de Núremberg y de Tokio, “el tribunal de Núremberg tuvo su inicio el 21 de nov. de 1945 y termino el 1 de octubre de 1946, allí se acuso a 25 jerarcas Nazis y a otras organizaciones ídem, de ellos se condeno a muerte a 12, a prisión perpetua a 3 y a prisión temporal a 4 y los demás fueron absueltos” (1)

En los procesos de Núremberg y Tokio se vulnero flagrantemente el principio de legalidad (2), no obstante algunos autores sostienen que dicho principio se adapto a múltiples circunstancias dado que la esencia de esta regla exige solamente el conocimiento de de parte del autor del carácter delictuoso de su acto no siendo necesaria e imprescindible una previa y rigurosa definición de la infracción (Fierro 1977).

Hemos hecho referencia al principio de legalidad como garantía procesal que ha de ser tenida en cuenta incluso en el ámbito Internacional, ya que se erigen con los principios logrados por el Derecho penal, la problemática que presentaron los juicios de Núremberg y Tokio, tuvo, con justa razón, muchas críticas debido a la pobreza de las garantías procesales de los sindicados (3), entendemos sí que estos juicios se dieron en el contexto del final de la segunda guerra mundial, sin embargo es de anotar que estas críticas sirvieron como antecedentes del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El análisis que se pretende en esta ensayo tiene plena vigencia y utilidad en la medida en que la persecución universal de este tipo de crímenes que afectan hondamente los intereses más preciados de toda la especie humana, es importante determinar la posición que tiene Estados Unidos como potencia del mundo y además ello determinara el futuro de las relaciones Internacionales, ahora bien con relación a los delitos que son competencia de la corte penal Internacional, hemos de anotar que estos se encuentran descritos de forma escrita, estricta y previa en la parte segunda (art. 5 y siguientes) del estatuto de la C.P.I. ; así de que desde nuestro punto de vista y entendiendo que cuando un estado firma adopta y ratifica el tratado con todas las formalidades de su ordenamiento Jurídico, está aceptando la legalidad de la norma para todos sus ciudadanos, máxime cuando el congreso de cada país debe tomarse el tiempo prudente para revisar el estatuto de la C.P.I.

2.-DESARROLLO.

Consideraciones históricas.

Antecedentes del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Los juicios de Núremberg y Tokio fueron Tribunales militares, es decir, establecidos para solo para juzgar a los nazis y a los que fueron considerados criminales de guerra, y donde los vencedores de la segunda guerra mundial juzgaron a los vencidos; pero como hemos anotado fue un tribunal pobre en los términos del concepto moderno del debido proceso. Para corregir estas circunstancias se pensó en crear un Tribunal de Carácter Permanente para perseguir y reprimir los delitos contra el derecho de gentes y los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, es decir, perseguir y juzgar a los grandes criminales, que no pueden ser juzgados por sus propios estados ya que hacen

parte del aparato del mismo; esta función tendría un carácter complementario de aquella, que de ordinario tienen los órganos estatales.

Los Tribunales de Núremberg y Tokio fueron tribunales militares donde se cometieron errores en términos de garantías procesales para los enjuiciados y en donde indudablemente se violo el principio de legalidad, tal como: La carencia de neutralidad del tribunal y la fiscalía, pues ellos eran nacionales de los Estados Unidos; Nunca se investigo el bombardeo atómico contra Hiroshima y Nagasaki, a pesar de que estos tribunales constituyen una lucha contra la impunidad, sin embargo la gran mayoría de los historiadores aceptan que se trato de un juicio de vencedores contra vencidos.

Con relación a los tribunales para Yugoslavia y Rwanda, estos tribunales fueron ad-hoc y tenían como característica principal que se restringen a un tiempo, a un conflicto y a un lugar determinado, ellos fueron constituidos por el consejo de seguridad de Naciones Unidas para perseguir masacres y violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, que constituyen una gran amenaza a la paz y la seguridad internacional, sin embargo el problema jurídico que se plantea tiene que ver con la actuación del consejo de seguridad de Naciones Unidas quien está facultada para reprimir y actuar cuando se ve amenazada la paz y la seguridad mundial, no obstante el cuestionamiento que cabe en este contexto es si el consejo de seguridad no se extralimito en sus funciones.

A pesar de las críticas que se le puedan hacer a los juicios de Núremberg y Tokio y a los tribunales de Yugoslavia y Rwanda, estos fueron sin lugar a duda la base para el desarrollo del Derecho Penal Internacional y del nacimiento del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues acumularon una valiosísima experiencia jurisprudencial y procesal y son definitivamente los antecedentes de este estatuto.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado el 17 de julio de 1998 por la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las naciones unidas, tiene como características principales:

La Complementariedad: Esto significa que tiene carácter complementario de las jurisdicciones nacionales, esto significa que en ningún momento está llamado a reemplazar a los tribunales nacionales, este principio se desarrolla en los artículos 17 al 20 del estatuto. (4)

Competencia: Tiene competencia respecto de los crímenes cometidos después de la entrada en vigencia del tratado internacional, es decir, junio 1 de 2002. No tiene carácter retroactivo; además el estatuto permitió que un estado parte pueda declarar que durante un periodo de siete (7) años contados a partir de la fecha en vigencia del estatuto (Julio 1-2002) el estado parte no acepta la competencia de la corte sobre los crímenes de guerra cuando se denuncia la comisión de estos delitos por los nacionales del estado parte; Colombia hizo dicha aclaración para que sus militares no fuesen juzgados por la corte, pero este plazo se venció en julio de 2009. Francia también hizo lo propio.

LA POSICION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

A pesar de que el gobierno de BILL CLINTON firmo el tratado de la C.P.I. el 31 de dic. de 2000, GEORGE W. BUSH, retiro la firma, y adopto una aptitud bastante hostil hacia la corte, para el año 2002 el congreso de los Estados Unidos adopto la ley (aspa) American Service-Members`Protection Act , según la cual se imponía la cooperación de los Estados Unidos en la C.P.I. y que además Estados Unidos restringiría la ayuda a aquellos países miembros de la corte un acuerdo que protegía a los nacionales norteamericanos por acciones de sus miembros en los territorios de los estados miembros de la C.P.I. sin embargo la política de Estados Unidos a establecido que desea trabajar con la C.P.I. en aquellos países en donde Estado Unidos tenga intereses como es el caso de Darfur, en este conflicto se enfrenta la parte norte árabe e islámica con el sur que son africanos y cristianos, recordemos que Estados Unidos no ha ratificado el estatuto de la C.P.I. pero si ha fungido como observador en temas que son de su interés, como es el caso de Darfur, región que se encuentra en Sudan Occidental, zona en la cual Estados Unidos tiene muchos intereses.

El gobierno de OBAMA se ha mostrado muy preocupado por la reivindicación de los derechos humanos, situación que se encuentra en pugna contra la seguridad y la lucha contra el terrorismo de su antecesor George Bush y poco después de su elección ordeno el cierre, en el plazo de un año, de la prisión de Guantánamo, para Estados Unidos se plantea un serio problema en términos de liderazgo por el respeto del Derecho Internacional y la construcción de mecanismos de defensa de los Derechos Humanos promulgados por naciones unidas, ahora bien, para mostrar acciones concretas a este respecto la administración de Obama debe ratificar el estatuto de la C.P.I.

CONFERENCIA PARA LA REVISION DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA C.P.I.

En junio del año en curso (2010) se llevo a cabo la revisión del estatuto del C.P.I. allí se discutió sobre que debe entenderse por el delito de agresión y cuales son el ámbito de competencia de la corte en relación a este delito, a partir de esta conferencia, el delito de agresión debe entenderse así: Acto de agresión se entenderá el uso de la fuerza armada por un estado contra la soberanía de otro estado, a integridad territorial o la independencia política de otro estado, o en cualquier otra forma incompatible con la carta de Naciones Unidas, y será de potestad del consejo de seguridad de las Naciones Unidas dictaminar cuando ha acaecido un crimen de agresión y restablecer la paz y la seguridad internacional. Ahora bien, también se aclaro en Kampala (Uganda) si el consejo de seguridad de naciones unidas no actúa corresponde al Fiscal General de la C.P.I. iniciar una investigación por consentimiento propio o a petición de un estado parte.

Con relación a Colombia la política exterior de nuestro país a estado desde la segunda guerra mundial alineada con la política de los Estados Unidos, recordemos que las relaciones con esta nación se deterioraron después de la separación del canal de Panamá, pero se volvieron a restablecer los gobiernos de EDUARDO SANTOS y de LOPEZ PUMAREJO desde aquel entonces las decisiones en materia de política exterior han estado ligadas a las de estados Unidos; Colombia hizo una aclaración con relación a la posibilidad de que los militares colombianos no fuesen juzgados durante los siete (7) años vigentes del estatuto de Roma, sin embargo la presión de los Estados Unidos se hace efectiva con la promulgación de la ley de protección de los miembros del servicio americano restringiendo la colaboración militar a los países miembros del C.P.I. y por ende a Colombia.

CONCLUSIONES.

Creemos que el mundo unipolar liderado por los Estado Unidos está dando paso a un mundo multipolar, ello después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, a partir de entonces, y desde nuestro punto de vista, se presenta un cambio de paradigma que plantea un nuevo orden mundial, donde surgen nuevas potencias que influyen notoriamente en las decisiones del mundo, este es el caso de Rusia, India, China y Japón.

Dentro de las preocupaciones de la Comunidad Internacional se encuentran, como lo sostiene la carta de las Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, a pesar de que esta es la función principal del consejo de seguridad de naciones unidas, Estados Unidos debe alinearse a la gran mayoría de países que creen en la C.P.I. como una forma de reprimir delitos que atañen y lesionan los bienes jurídicos más preciados de la humanidad.

La comunidad Internacional esta fijándose horizontes muy claros como son la justicia universal, la inequidad económica y social y el cambio climático entre otros, si Estados Unidos quiere mantener su liderazgo mundial debe ratificar los tratados que tienen que ver con estas preocupaciones que son de carácter universal, por ejemplo: Es el mayor contaminante de gases del mundo y por ende la administración Obama, tendrá que dar muestras claras y tomar acciones al respecto.

Es importante que Colombia pueda ir logrando independencia de los Estados Unidos en materia de política exterior, teniendo en cuenta el gran compromiso que adquirió al ser nombrado miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de los compromisos que ha adquirido con el estatuto de Roma, los cuales son de obligatorio cumplimiento, específicamente para un estado parte como lo es nuestra querida nación.

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1.- Instituto de Derecho Comparado, Seminario Internacional de derecho Internacional y Derecho Interno edit. Uniboyaca, pág. 615.

2.-Asi, la expresión nullum crimen, nulla poena sine lege, ya este respecto Beling (http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/penal/El_principio_de_legalidad.ht) para que una norma responda al principio de legalidad, ella debe ser: escrita, estricta y previa, resaltamos aquí esta última característica, que se refiere a que la norma debe ser anterior al hecho delictivo.

3. El principio de legalidad, además del aforismo latino “Nullum poena sinne legue”, no hay pena sin ley previa escrita y exacta, comprende el principio de juez natural que ha de ser nombrado ex ante, el debido proceso, el derecho a la defensa técnica, unidad de fuente legislativa - principio que le debemos al código napoleónico-. A pesar de esto, el derecho internacional ha venido ganando legitimidad a partir de sus fuentes principales cuales son los tratados internacionales y la costumbre internacional. En el caso de Núremberg y de Tokio no se conto con ninguno de estas garantías.

4. Los estados africanos abogan por un nuevo concepto llamado complementariedad positiva, que hace referencia a la ayuda que estos estados requieren por parte de la Corte Penal Internacional con el objetivo de restaurar y fortalecer sus sistemas jurídicos contrario sensus, de ser reemplazados por la justicia dela Corte Penal Internacional.

BIBLIOGRAFIA.

1. BROTONS, Antonio. Derecho Internacional. Madrid: Mc Graw Hill, 1997.

2. COMPENDIO DE NORMAS INTERNACIONALES. Buenos Aires: La Ley, 2005.

3. LONDOÑO, Jorge E. Derecho Internacional y Derecho Interno. Tunja: Uniboyaca, 1999.

4. VELASQUEZ, Fernando, Derecho Penal Parte General. Bogotá: Temis, 1997.

5. http: //www.todoiure.com.ar/monografías/mono/penal/elprincipiodela legalidad.ht

Nuevos gualichos para aumentar el crédito bancario

Autor: Lic. Aldo Abram

Si bien en la actualidad el sistema financiero brinda muchos otros servicios, su tarea básica es intermediar el ahorro de una comunidad transformándolo en crédito para consumidores, productores o para el sector público. Por lo tanto, para que haya préstamos, tiene que haber depósitos y este “insumo” no es de los bancos, sino de los ahorristas que se lo CONFIARON. Escribimos esta palabra en mayúsculas porque el principal capital de cualquier sistema financiero es su “confiabilidad”; por lo cual, su objetivo primordial tiene que ser cuidar el dinero de sus depositantes.

Como vemos, no es cierto que su función sea esencialmente prestarle a determinados sectores o financiar un cierto “modelo productivo”, como dicen muchos políticos y economistas. Sin embargo, en la Argentina, nuestros funcionarios públicos han tendido a usar los recursos que están en los bancos como instrumentos de política económica. Así nuestra historia se plagó de confiscaciones de ahorro, para financiar los gastos excesivos de gobiernos (ej. Plan BONEX de diciembre de 1989) o para subsidiar a determinados sectores (ej. a los deudores en dólares “pesificados” con los recursos de los depositantes de moneda extranjera, en 2002).

Desde el Estado, se siguen dando señales en este sentido, como cuando se fuerza a las entidades financieras a otorgar determinado tipo de crédito o se les fijan las tasas que deben cobrar. Esto es una clara violación de los derechos de los depositantes que eligieron al banco que consideraron les brinda una remuneración adecuada y el mejor manejo de los ahorros que ellos le confiaron. Este avasallamiento es permanente en nuestro país; por lo que no debe extrañarnos que los argentinos tratemos de tener nuestros ahorros lo más lejos posible del sistema financiero (o sea de las manos de los funcionarios públicos).

El resultado está a la vista, los argentinos no usamos a los bancos para ahorrar. En nuestro país, los depósitos totales rondan el 25 del PBI; mientras en los países “serios” multiplican ese ratio, por lo menos, por dos. Es más, usamos al sistema financiero como un “segundo bolsillo”, por motivos transaccionales; lo cual queda claro cuando observamos que más del 75% de las imposiciones están a un plazo menor a 90 días. Por lo tanto, con esta disponibilidad de recursos, ¿con qué fondeo esperamos que los bancos den créditos baratos y de largo plazo?

Cuando algo es escaso, es caro y se puede ser más selectivo a la hora de asignarlo. Por lo tanto, los pocos préstamos que se puedan dar, irán a manos de aquellos que brinden mejores garantías de repago; lo cual es bueno para los ahorristas, dueños de esos fondos. Además, como implica un riesgo enorme usar recursos depositados por corto tiempo para dar créditos de largo plazo, estos últimos serán aún más escasos. Por lo tanto, no extraña que la principal queja que se escucha sobre el sistema financiero es lo escaso y caro del crédito que ofrece, principalmente al sector PyMes.

Queda claro que lo primero que hay que lograr para que haya más préstamos bancarios es que la gente confíe en el sistema financiero argentino. Sin embargo, el proyecto de reforma de la ley que rige este sector, presentado por el diputado Heller en el Congreso, va en el sentido contrario. Lo declara “servicio público” y, con esa excusa, incrementa las posibilidades de intervención de los funcionarios estatales en el mismo; lo cual garantiza que la intermediación bancaria en la Argentina continúe en vías de extinción.

El sistema financiero es importante para la economía de un país; pero eso no la transforma en un servicio público. De hecho, con ese criterio, son mucho más esenciales la producción y la comercialización de alimentos, sin los cuáles moriríamos todos los que no vivimos en el campo.

En la Argentina, tenemos 85 entidades financieras y un grado de concentración del negocio que es más bajo que el de la mayoría de los países comparables. No tiene sentido hablar de las virtudes de promover la competencia para mejorar los servicios a los consumidores y, al mismo tiempo, dificultar el ingreso de instituciones extranjeras o limitar la capacidad de expansión de una entidad a un 8% de los depósitos o los créditos del sistema. El incentivo mayor de un banco es poder crecer para ganar más plata y, para ello, intentará abrir más sucursales y brindar mejores servicios. Después, tiene que haber mecanismos que controlen que no pueda tener una posición dominante que impida la competencia; lo cual no depende necesariamente de su tamaño.

Tampoco tiene sentido obligar a los bancos a prestarle un determinado porcentaje (no menos de 38%) de su cartera a las PyMes. Cada entidad tiene su estrategia crediticia y, con ella, busca maximizar la relación rendimiento/riesgo asumido con los depósitos que le confiaron. ¿Quién dice que un burócrata estatal puede decidir mejor qué hacer con sus ahorros que su propio dueño, que le delegó esa responsabilidad a un determinado banco?

Otra aberración es pretender fijarle límites a la tasa de interés que cobren por los préstamos a las PyMes. Esto derivará en que las entidades, con el dinero de los ahorristas, tendrán que asumir más riesgo por un menor rendimiento, lo cual las vuelve menos sólidos. Conclusión, estamos restándole confiabilidad al sistema financiero; por lo que habrá menos depósitos y menos crédito para todos.

La reforma de la ley de Entidades Financieras tiene que ir justamente en el sentido inverso. Debe establecer condiciones de respeto de los derechos de los depositantes y usuarios del sistema financiero por parte de las entidades y, también, del Estado. Además, debe buscar la mayor bancarización posible, facilitando el acceso a una cuenta bancaria básica. Promover la competencia entre los bancos, sin restringir los incentivos a brindar mayor, mejor y más baratos servicios a los usuarios. El proyecto Heller promueve que se asuman más riesgos con los fondos de los ahorristas, cuando en el mundo la tendencia es a controlar que hagan un manejo prudente de esos recursos. Por último, sin una moneda estable que sirva de reserva de valor, es muy difícil promover el ahorro bancario de largo plazo, fuente de toda posibilidad de crédito a la producción. Por ello, mientras se siga bastardeando al peso, sería bueno permitir el uso de toda la variedad posible de índices de actualización de depósitos y préstamos.

Lamentablemente, como dijimos, la historia argentina está plagada de políticas arbitrarias y absurdas de “iluminados” legisladores y funcionarios públicos que creen poder multiplicar milagrosamente “los peces y los panes” y terminan en perdidas o estruendosos fracasos que paga toda la sociedad. Sin embargo, parece que a los argentinos nos gusta repetir los errores y creer en el surrealismo mágico que algunos proponen. ¡Así estamos!

Autor: Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

LA LUCHA ESTATAL CONTRA LA BANCARIZACIÓN

El afán estatal de recaudar dinero a como dé lugar conspira de manera dramática contra la llamada bancarización; es decir, contra la necesidad de que los fondos de la economía circulen dentro del sistema financiero

Para nosotros es algo bastante natural. Las operaciones comerciales en la Argentina suelen hacerse en efectivo cuando revisten cierta importancia. Y además suelen hacerse en moneda extranjera, esencialmente en dólares.

Esta realidad tiene mucho que ver con varios factores que probablemente no siempre observamos con el detenimiento necesario.

Una enumeración rápida puede resultar agobiante para el hombre común, pero sin embargo resultará rápidamente comprensible. Por empezar la inmensa carga tributaria se traduce hoy en día en innúmeros mecanismos de retención y percepción de impuestos tanto a nivel nacional como provincial y hasta municipal. Se trata de regímenes que en muchos casos se basan en presunciones y carecen de fundamento serio, aparte de resultar aplicados sin consulta previa respecto de la situación de los presuntos contribuyentes. A ello se suma la necesidad de tramitar exclusiones de tales regímenes y la devolución de importes, que habrá de producirse o no a las cansadas y sin ajuste o interés resarcitorio alguno. A todo ello se le suma el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, que como se sabe se aplica a todos los movimientos tanto de depósitos como de pagos dentro del sistema bancario.

El régimen legal regulatorio de los llamados cheques diferidos tiene, a su vez, un condicionante natural en lo que se refiere al trasfondo jurídico. Es muy difícil cobrar cuando el cheque resulta rechazado y no existe voluntad de pago por parte del emisor. Ingresar en el terreno del cobro judicial es gravoso y de resultado incierto.

Es cierto que sin embargo tales cheques son utilizados en muchísimas operaciones comerciales, como también lo es que suelen llenarse de endosos porque nadie está dispuesto a pasar por el banco y someterse a tantos regímenes tributarios como provincias existen, más la Nación y ciertos municipios según sea el caso.

Así las cosas, los extranjeros que llegan a estas playas no pueden creer que tantas operaciones de importancia (compra de inmuebles, automotores, maquinaria agrícola, etc.) se lleven a cabo en oficinas bancarias en donde las partes se juntan con escribanos y contadores para que los compradores entreguen a los vendedores grandes cantidades de billetes de dólar, por ejemplo. O que la gente lleve en bolsos o portafolios grandes cantidades de dinero para depositar en la cuenta de una Agencia de automóviles o de una de turismo.

El Estado, desde hace varios años, ha intentado promover la llamada bancarización. Como se sabe, existe una ley que obliga a pagar con cheque las operaciones por encima de los $ 1.000.-. Se trata de una ley absurda y esencialmente inconstitucional no tanto por imponer esta clase de obligación, sino por establecer sanciones absolutamente incomprensibles en un Estado de Derecho, tales como por ejemplo que se desconozca la existencia misma de la operación . Hablamos de la llamada ley antievasión, que lleva el número 25.345 y que dispone en su artículo primero que no surtirán efecto entre las partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales (se efectúen tanto en el país como en el Exterior) si no cumplen con este requisito. Esta ley fue reglamentada en su momento de manera impropia por una Resolución General de la A.F.I.P., la 1547, que agregó condicionamientos en cuanto a la forma de emitir los cheques, cuya operatoria en realidad está regimentada en la ley del cheque, es decir la 24.452 y en la que nada tiene que hacer el organismo encargado de recaudar impuestos.

Más allá de la situación jurídica lo cierto es que la trama regulatoria tendiente por un lado a obligar a los habitantes a realizar sus operaciones dentro del sistema financiero no ha dado ni de lejos con los resultados que se esperaban. Y la razón de ello es que para los gobernantes el dinero cautivo dentro del sistema es fácilmente atacable por leyes, decretos, resoluciones, disposiciones normativas, notas externas, circulares o lo que fuere por parte de Nación, provincias y municipios que de tal modo obtienen fácilmente recursos de los supuestos contribuyentes.

Las consecuencias de todo este accionar, que hemos denominado en su momento rapiñero, están a la vista. Nadie quiere ser el proverbial pato de la boda. Y muchos prefieren arriesgar o buscar la forma de evitar, precisamente, la exacción que les significa entrar en el sistema. Son cada vez más las personas que tratan de no utilizar tarjetas de crédito o de débito para de esa manera evitar ser víctimas de los regímenes de información afipianos, que en cualquier momento pueden operar como disparadores de reclamos e inspecciones.

¿Y a qué lleva todo esto? Entre muchas otras cosas a incrementar los riesgos. Los diversos delitos (tales como las denominadas salideras bancarias, los robos, hurtos, arrebatos y demás) están en relación directa con esta elusión sistemática que hacen los operadores comerciales y los hombres y mujeres del común. Nadie quiere quedar dentro de un sistema perverso y extorsivo, en el cual se requiere toda clase de explicaciones y trámites para poder recuperar al menos el dinero retenido de manera ilegítima con argumentos muchas veces ridículos por parte de los organismos recaudadores. Y exigencias de envío de documentación sin intimación previa alguna.

El Estado quiere obligar a la gente a entrar en el sistema y da como principal argumento la necesidad de operar en blanco. Sin embargo todos sabemos que la economía funciona en negro en un porcentaje cercano al 50%. Probablemente sin leyes como la citada más operaciones se realizarían en efectivo, eso es cierto. También lo es que los riesgos que se corren al manejarse en efectivo son muy grandes hoy por hoy, entre otras cosas porque el Estado ha mostrado a lo largo de los años su absoluta impotencia en punto a resolver el problema de la delincuencia. La situación muy por el contrario se ha agravado de tal modo que es común escuchar hoy en día expresiones del tipo de “si no nos roban los ladrones nos roba el Estado”. No compartimos en esencia que se llegue a tal extremo. Se supone lógicamente que el Estado tiene la facultad de cobrar impuestos y que debe hacerlo sobre la base de la razonabilidad y dentro de la legitimidad. Pero es indudable que la percepción de parte de la gente (y con razón) no es esa. Y precisamente no la es porque los elementos citados en cuanto a la manera en que se aplican los regímenes de retención y percepción, más las enormes dificultades para salirse de ellos, más los tiempos y formas de las devoluciones de los montos retenidos indebidamente, más la falta de ajustes o intereses en tales devoluciones en tiempo de alta inflación especialmente, son argumentos bastante sólidos de parte de quienes ponen en un pie de igualdad al Estado con los ladrones. No solamente hay que ser honesto sino que también hay que parecerlo.

La verdad es que el Estado en lugar de luchar por la bancarización termina en la práctica luchando en contra de ella. A todo ello se suma la enorme presión tributaria en todos los sectores, la proliferación de regímenes de información que obligan a los habitantes a suministrar todo tipo de datos respecto de terceros con quienes operan, y la increíble pero cierta abolición del secreto bancario y fiscal concomitantes.

Los riesgos son muy grandes. Hoy en día no se trata solamente de que a alguien le roben su dinero en una calle cualquiera. Los casos de asesinatos a mansalva por cualquier motivo pueden verse cotidianamente en diarios y televisión. Los gobernantes no parecen tomar nota de ello. Pero tampoco parece ser preocupación seria de parte de muchos profesionales, tanto de las ciencias económicas como del derecho, que parecen más bien consentir el tratamiento dado a los contribuyentes, especialmente en materia de regímenes de información.

El argumento que suele darse es el de que mucha gente está categorizada donde no le corresponde y que por ello el Estado hace bien en exigir información. Es decir que dado que se presume que muchos son culpables (y no inocentes, que es el principio liminar del derecho comparado), el Estado tiene el derecho de exigir información claramente de modo inconstitucional, invasiva de la privacidad y violatoria de los derechos bancario y fiscal. Una bizarría inaceptable pero corriente.

Cuando analizamos esta situación llegamos a la conclusión de que las cosas que nos ocurren de manera diaria no tienen como único motivo la actitud de gobernantes y funcionarios, sino que cuentan de algún modo con cierto apoyo profesional y en general de buena parte de la población. Argumentos tales como el de la evasión supuesta son francamente ridículos. El Estado tiene la obligación y el derecho de exigir y controlar el pago de impuestos mediante métodos legales y ajustados a derecho. Y no a lo bestia, como ocurre y resulta justificado por no pocos profesionales y dirigentes en general.

A todo esto se le suma una constante: las moratorias impositivas y previsionales. La certeza por parte de los funcionarios de que buena parte de la población no está al día con sus impuestos y gabelas varias, los lleva a dictar normas del tipo jubileo, con el objetivo de arrimar más y más dinero a las arcas estatales y cerrar las cuentas de un grifo que parece eternamente abierto.

En definitiva podemos decir que la situación actual está signada por una enorme presión tributaria a la que se suma una cada día mayor presión administrativa (que constituye una carga pública) basada en muchos casos en la falta de respeto de principios constitucionales básicos (intimidad, secreto bancario, secreto fiscal, no declarar contra uno mismo, etc.); a todo lo cual se agrega la proliferación de presunciones para retener dinero de cuentas bancarias sin previo aviso, cosa que origina perjuicios económicos y financieros, tanto por la dificultad de recuperar el dinero, cuanto por la necesidad de someterse a verdaderas vejaciones suministrando información a agentes de los fiscos, sin comunicación fehaciente y sin haberse iniciado procesos de inspección como marcan las propias leyes de procedimientos. La pérdida de tiempo y de dinero es muy grande. Es mucho mayor que la que verdaderamente correspondería por el hecho de operar dentro del sistema y en blanco. Además, y como todo el mundo sabe, el propio Estado no opera en blanco en materia de contrataciones laborales. Y lo hace de manera masiva en todos los niveles desde hace muchos años.

En lugar de propender a la bancarización, como se ha intentado por ejemplo con el uso de tarjetas de débito (y en su momento de crédito) con devoluciones parciales de IVA, lo que se hace apunta a todo lo contrario.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010

www.hectortrillo.com.ar

Autor: Lic. Aldo Abram

En el Congreso, la oposición al gobierno ha presentado un proyecto de ley para que se les reconozca “el 82% móvil” a los actuales jubilados; lo que hizo estallar la polémica sobre si este compromiso es financiable o no. Cabe recordar que esa era la promesa de pago que recibieron nuestros padres y abuelos por sus aportes al anterior sistema de reparto estatal, cuya quiebra se puso en evidencia a fines de los ´80, con la Ley de Emergencia Previsional; aunque, en realidad, hacía tiempo que nadie cobraba dicho porcentaje del sueldo que hubiera tenido en actividad.

En la Argentina, el estallido del viejo régimen jubilatorio fue rápido debido a que (tal como sucede en la actualidad): a) los recursos eran usados para financiar gasto público (hoy se pagan laptops, decodificadores para TV digital estatal, asignaciones universales por hijo, etc.); b) se le colocaron títulos públicos con irrisorios rendimientos que terminaron licuándose (ahora, además, se dan créditos baratos para obras de infraestructura y a determinados sectores privilegiados); y c) les regalaron jubilaciones y pensiones a quienes nunca habían aportado para recibirlas (a partir de 2007, más de 2.000.000 de personas empezaron a cobrar del ANSES sin haber hecho los pagos correspondientes).

Quizás, muchas de esas erogaciones eran necesarias; pero debieron haberse realizado con lo que pagamos de impuestos y preservar los fondos de los aportantes para el pago de sus futuras pasividades. Ahora, cabría preguntarse por qué el actual régimen de “reparto” estatal no va a quebrar, si estamos haciendo con sus recursos las mismas cosas que hicieron explotar al anterior.

En realidad, más allá del manejo irresponsable que hacen los gobiernos, estos esquemas jubilatorios llevan la semilla de su propia autodestrucción. Es que el problema es que no son sistemas de reparto; lo que implicaría que las personas activas aporten a una “caja” y, luego, en función de lo recolectado, mucho o poco, esos recursos se repartan con algún criterio entre los que están en la etapa pasiva.

Entonces, ¿cómo funcionan en todo el mundo los mal llamados sistemas de “reparto”? Cada aportante hace un pago al Estado, y este se compromete a abonarle una determinada suma mensual a partir del momento en que se jubile en una fecha prefijada. Esto es lo mismo que si cada trabajador, en lugar de hacer dichos aportes, todos los meses le comprara al gobierno un título público que le pagará cupones mensuales a partir de un momento dado, en el que entrará en la etapa pasiva.

Por lo tanto, no existe tal cosa como un régimen de reparto previsional, sino un sistema de endeudamiento estatal. El problema es que, en todos los países en que se aplica y no sólo en la Argentina, los aportes jubilatorios personales son contabilizados como recursos corrientes del gobierno y, por lo tanto, se crea la ilusión de que pueden ser gastados sin dejar un pasivo a pagar. Por eso es que a los políticos les encanta este esquema; ya que será algún futuro gobierno el que tendrá que reconocer que no está la plata para abonar lo comprometido.

Aún en las economías desarrolladas, que manejaron con más responsabilidad y eficiencia los sistemas previsionales de “reparto”, la deuda devengada se ha vuelto impagable. La solución adoptada ha sido la reprogramación compulsiva y unilateral de los futuros pagos comprometidos a los aportantes, que se instrumenta a través del aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte.

Hoy, vemos que la discusión política pasa por cómo se gastarán los recursos que aportamos con tanto esfuerzo. Si el gobierno los usará como “caja política” o si se les reconocerá el 82% móvil a los jubilados del sistema que quebró. Por mi parte, prefiero lo segundo; aunque no necesariamente sea lo justo. Cuando una empresa quiebra, sus acreedores no cobran lo comprometido, sino lo que se puede pagar (si no, pregúntenselo a los tenedores de títulos públicos defaulteados en 2001). La realidad es que pretender abonar el 82% móvil es inviable y terminará drenando más rápido los recursos hoy acumulados en el ANSES y los que se aporten a futuro. Aumentar impuestos o contribuciones patronales para enfrentar este compromiso, sólo servirá para postergar en el tiempo esta “crónica de una muerte preanunciada” del sistema previsional. No es futurología, ya nos pasó y le está pasando al resto del mundo.

De todas formas, las encuestas muestran que la gran mayoría de los aportantes argentinos no espera vivir de la jubilación estatal. Es obvio que se asume que el pago de las contribuciones es un impuesto para poder trabajar formalmente y esto fue siempre así. Aún los que ahorraban en una cuenta a su nombre en las AFJPs, consideraban que ese dinero se lo apropiarían los políticos para gastarlo y tuvieron razón; ya que, en la Argentina, la diluida calidad institucional no garantiza el respeto de los derechos de sus habitantes. Lamentablemente, sin esta última condición básica, es utópico pensar en un sistema previsional que brinde pasividades dignas acordes al esfuerzo realizado en la etapa activa.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Autor: Lic. Aldo Abram

Los argentinos valoramos poco la importancia de la calidad de las instituciones. Es más, solemos confundir las instituciones con los instrumentos que las viabilizan o, incluso, con clubes de futbol, asociaciones, etc. En realidad, son las normas y principios que rigen una sociedad y que se plasman, principalmente, en la Constitución Nacional y en las leyes.

Si formamos un conjunto con los países que tienen alta calidad institucional, veremos que coinciden con los que ya les brindan a su gente, o están haciendo avances en ese sentido, una mayor posibilidad de progreso o bienestar económico. En cambio, aquellos en los que no se respetan los derechos y las instituciones, son naciones con altos niveles de pobreza o en decadencia económica.

Esto no debería llamarnos mucho la atención; ya que uno trataría de no invertir en un país donde: a) se confisquen los depósitos bancarios; b) un secretario de un Ministerio pueda obligarnos a manejar a su antojo nuestra empresa (los costos, a quién, cuánto y a qué precio vendemos), a veces sin norma que lo avale e incluso sin una directiva escrita; c) un funcionario pueda presionarnos para que nos desprendamos de nuestra empresa e, incluso, pretenda decirnos a quién debemos vendérsela; d) los organismos de información pública brinden estadísticas falseadas; e) un Estado, que sea incapaz de cumplir con sus funciones básicas, pretenda ejercer de empresario o decidir mejor el destino de la plata ajena; o f) las reglas de juego varíen según le convenga coyunturalmente a los funcionarios de turno.

Desde 2007, el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (ESEADE) elabora anualmente un Índice de Calidad Institucional para 192 países del mundo (Informe completo )y, recientemente, se presentó el del corriente período. Allí se confirma que aquellos países con mayor calidad institucional son los que generan mayores avances en innovaciones; ya que son los que respetan los derechos de propiedad intelectual. Además, al tener reglas de juego claras y generales que se mantienen en el tiempo, permiten los largos procesos de inversión que la investigación demanda. Por ello, tampoco debería asombrarnos que sean los que más progresan y brindan bienestar a sus pueblos.

Sin embargo, la calidad institucional no es solamente importante para incentivar la inversión, el empleo y generar riqueza. Doña Rosa también necesita poder tener alguna certidumbre para planificar su vida. Por ejemplo, un matutino económico publicó una encuesta realizada entre los que aportan al sistema previsional y más del 80% manifestó que no espera poder vivir de la jubilación que cobrará cuando entre en la etapa pasiva. La realidad es que el actual régimen de reparto estatal tiene los mismos vicios que aquel que estafó a nuestros abuelos y padres; ¿por qué debería ser el resultado distinto? Una respuesta puede ser: porque el actual sistema administre mejor los recursos. En el año 2007, se hizo una moratoria que permitió cobrar jubilaciones y pensiones a más de 1.000.000 de personas que no hicieron los correspondientes aportes. Los recursos no salieron de las rentas generales del gobierno, sino de la caja previsional. De allí también están fondeando la asignación universal para la niñez, las laptops para los estudiantes de los colegios, los decodificadores de la televisión digital, etc. ¿Qué quedará para los futuros jubilados? En suma, una historia que se repite.

Los argentinos no tenemos instrumentos para ahorrar en nuestro país, excepto la vieja tradición del “ladrillo”. Son demasiadas las veces que los gobiernos han manoteado los depósitos del sistema financiero para pagar crisis o beneficiar a deudores “licuados”. Incluso, la mayoría de nuestros políticos consideran que los ahorros que están en la banca deben ser instrumentos de política económica. Es decir, deben ser asignados según lo decida algún burócrata y, una clara prueba de ello, son algunos proyectos de reforma de la ley que rige al sistema financiero que se conocieron recientemente. Nuevamente se confirma la percepción de los ciudadanos de que no se respetará el derecho de los verdaderos dueños de esos recursos, que no es el gobierno ni los banqueros, sino los depositantes.

Cuando alguien le confía sus ahorros a un banco, lo hace porque eligió a quién considera sabrá cuidarlos e invertirlos bien. ¿Qué derecho tiene un funcionario a asignar esos recursos en una forma distinta? ¿Quién dice que él puede elegir mejor a quién darle un crédito? No debería extrañar que tengamos un sistema financiero que pocos usan para ahorrar y, sin dicho insumo básico, con una irrisoria capacidad de dar préstamos. Con muchas de las reformas propuestas, esto sólo tenderá a empeorar.

Sin calidad institucional, rige la “ley de la selva” y prima el derecho del más fuerte. La gente puede tratar de sobrevivir; pero se le vuelve cuesta arriba el progresar y construir un futuro mejor para su familia. No es casualidad que, en el índice de 2010, la Argentina ocupe el lugar 120 y, desde 2007, haya bajado 27 lugares. Sólo cinco países tuvieron peor evolución (Bolivia, Senegal. Maldivas, Kiribati e Islas Salomón). Entre los 36 países de América, estamos en el lugar 28. Cabe aclarar que esta decadencia institucional argentina no es una historia de los últimos años, lleva décadas. Cada vez más naciones, incluso entre nuestros vecinos, entienden que mayor calidad institucional significa mejor calidad de vida para sus pueblos y, por ende, nos superan y nos dejan en peor posición relativa. ¿Tardaremos mucho en entenderlo los argentinos?

Todos tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, la responsabilidad cívica de exigir que nuestros representantes respeten los derechos, las instituciones y los límites para el ejercicio de sus funciones que establece la Constitución Nacional. Sin embargo, deben asumir un mayor compromiso quiénes más “talentos” recibieron, es decir: la dirigencia empresaria, profesional e intelectual. No cabe duda que, en general, no ha estado a la altura de las circunstancias y que, hasta ahora, ha primado el interés particular sobre el general. Al que le quepa el sayo que se lo ponga; pero no seamos hipócritas y, luego, le echemos la culpa a otros de la creciente decadencia y pobreza que resulta de nuestras acciones, errores y omisiones.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

RICARDO GAITÁN

ricardogaitan20@hotmail.com

FALSIFICACION DE LAS MARCAS

El persistente aumento de la falsificación de signos distintivos, patentes, modelos y marcas, es consecuencia del hecho incuestionable de que nos encontramos en una sociedad en la cual el comportamiento social gira en torno al consumo de productos y marcas con buena reputación. Es la razón por la cual todo producto o servicio de buena calidad, amparado por una marca conocida se convierte en objetivo de los falsificadores. Esta práctica constituye una actividad muy dañina para las empresas, no solo desde un punto de vista económico sino en el detrimento de la imagen y el prestigio que va unido a la marca, sin dejar en el tintero, el daño que se ocasiona a los consumidores.

La falsificación es una práctica que se remonta a los orígenes de la civilización. Aristóteles en el capítulo 29 del libro V de la Metafísica, definió el término “falso”, lo que provocó discusiones en torno a la falsedad y autenticidad; pero fue en los tiempos modernos con la revolución industrial y las nuevas tecnologías, que el plagio tomo su real dimensión, a tal punto que ha superado lo "refalsificando". Un ejemplo de ello son las marcas japonesas de hace cuatro o mas décadas, que lograron superar las marcas foráneas de Europa y Estados Unidos, no solo de electrodomésticos, sino de juguetes, relojes, automóviles entre otras muchas.

¿Cuál es la razón por la cual las marcas notorias están en peligro?

El crecimiento de las actividades de falsificación que se viene produciendo en todo el mundo, se debe al hecho de que nos encontramos en una sociedad en la que el comportamiento de la mayoría de las personas gira alrededor de las marcas, especialmente, de marcas de prestigio. Es la razón por la cual toda marca que logra tener éxito se encuentra en la mira de los falsificadores. El fraude continúa vigente porque existe el consumo y la demanda de "productos piratas", que de alguna manera logran suplantar la marca auténtica aprovechando la ingenuidad del comprador. Es una realidad que no podemos desconocer porque somos victimas de esta práctica o también porque conscientemente somos cómplices.

La principal causa de este malestar se debe al escaso poder adquisitivo de la gran mayoría de los consumidores en cualquier parte del mundo, sean de países industrializados o tercermundistas. Según un estudio realizado a mediados de 2006 por Ipsos-Mora y Araujo a pedido de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, China es uno de los países con los mayores niveles de producción, tránsito y consumo de productos que infringen los derechos de propiedad intelectual, junto con Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia, Vietnam, Corea y sus pares del Mercosur, Brasil y Paraguay, El estudio concluye en que la compra de estos productos predomina en los niveles socioeconómicos más bajos.

¿Qué factores originan la falsificación de una marca y cómo afecta al consumidor?

Las causas que originan el plagio de una marca son muy variadas, entre ellas esta la poca capacidad creativa, la pobreza intelectual y los escasos valores éticos y morales de los falsificadores. Estas causas se originan principalmente en los países o culturas subdesarrolladas.

Los chinos han sido conocidos mundialmente por la rutilante marquilla “Made in China” colocada en todo tipo de artículos que salen del gigante asiático: ropa, electrodomésticos, zapatos, juguetes, relojes, comida, etc. La telefonía móvil no ha sido la excepción y muchos de estos aparatos son fabricados en ese país, aunque las ideas les llega de otros países como Finlandia, Suecia, Japón, Alemania. Nokia ha sido una de las más afectadas. Por lo menos en América, las marcas de móviles más conocidas son: Sony Ericsson, Motorola y Nokia, pero en China, estas marcas no son conocidas por ellas mismas, sino por sus falsificaciones.

Para contrarrestar de alguna manera este abuso, Nokia lanzó un programa para luchar contra la falsificación, no solo de sus equipos, sino también de sus baterías, que incluye un etiquetado especial y la persecución legal de las compañías "piratas". Nokia, el primer fabricante mundial de teléfonos móviles, decidió tomar esta iniciativa después de que varias baterías no originales sufrieran cortocircuitos y estropearon sendos aparatos de esta marca.

¿Cómo se contrarresta la falsificación de este activo intangible?

Como lo hemos visto en varias de estas columnas, la marca es el activo intangible mas poderoso de una empresa, que muchas veces puede superar el valor de los activos tangibles como la maquinaria, los edificios los vehículos etc., lo cual significa que la propiedad sobre la marca tiene mayor relevancia que las propias instalaciones donde se producen los objetos amparados por el “signo” que más tarde es objeto de falsificación. Por esta razón es muy importante que el empresario prevenga posibles abusos contra ese patrimonio. Lo más aconsejable es que haga las cosas a tiempo, protegiendo su marca desde el principio, porque no sabemos que pueda pasar con su idea en el futuro cercano.

Cualquier elemento que diferencie una marca de la competencia debe ser amparada, pues ello es lo que le da valor: tipografía, música, colores, iconos, símbolos, etc. Un envase con diseño especial debe ser registrado. La industria de perfumes, tiene como disciplina proteger sus empaques. A principios del siglo pasado (1914) la compañía Coca-Cola resolvió el problema de plagio con el diseño de una botella con la forma de cuerpo de mujer y la registró como marca. Si una marca y todos los elementos que la componen no está custodiada legalmente, la compañía será vulnerable a la comercialización de su propiedad intelectual por parte de otros.

. ¿Cuales son los productos más vulnerables a la copia?

Toda marca que logra tener éxito en el mercado se encuentra en la mira de los falsificadores. El fraude marcario no solamente incluye textiles, calzado, restaurantes, licores o juguetes, también se extiende a los artículos electrónicos, de lujo, y los medicamentos, sólo por mencionar unas pocas categorías. Las victimas se ven obligadas pasar por un doloroso calvario jurídico que puede durar mucho tiempo. Nike, La Coste, Náutica, Levi’s, Rolex, Barbie, son algunas marcas que han logrado consolidar un prestigio y por esta razón han sido victimas del plagio. En nuestro país esta práctica es muy común: “copiamos y producimos de todo”, lo malo es que a veces superamos los originales.

¿Cómo actuar ante una situación de plagio de marca?

Cuando se presenta una situación de falsificación o un plagio de marca, lo mas aconsejable es seguir una serie de pasos que describimos a continuación:

Primera. Negociación directa con el infractor. Se trata de resolver el conflicto por medios extralegales. Es un paso previo a la reclamación administrativa o judicial.

Segunda. Acción administrativa. En caso de que el usurpador pretenda el registro de la palabra, nombre o marca, transgresora, debe presentarse la oposición, acción que se realiza mediante un documento el cual se radica en la oficina de patentes y registros del país respectivo.

Tercera. Mediante un proceso judicial con la asesoría de abogados especializados, para lo cual existen dos vías de reclamación: civil y penal. Mediante el proceso civil se puede solicitar a la autoridad competente el cese cautelar de la actividad infractora, previo depósito de garantía. Es una vía de reclamación costosa y lenta para la solución del conflicto. No obstante es la única vía real para solicitar indemnizaciones. En materia penal y ante actuaciones dolosas del infractor, el afectado puede solicitar la condena por el delito de usurpación de marcas y patentes el cual, conforme a la nueva normatividad penal, no es excarcelable.

¿Qué casos de plagio han tenido gran resonancia a nivel mundial?

En toda época se han presentado casos de usurpación no solo de marcas, también de ideas, inventos, o proyectos. Un caso muy sonado está relacionado con el invento del teléfono. En 1874, Antonio Meucci ofreció su invento, prototipo del teléfono, a Wester Union, la poderosa compañía de telégrafos de Estados Unidos, que aparentemente despreció su propuesta. Dos años después Alexander Graham Bell apareció en las primeras páginas de los periódicos de la época como el inventor del dispositivo. Junto a él, la Western Union, su rutilante patrocinadora. Tuvieron que pasar más de 125 años de una intensa lucha que inicio Meucci y que continuaron sus herederos, para que el Congreso de Estados Unidos reconociese oficialmente la verdad, y en 2001 rescatase a Meucci del olvido. ¿Qué fue lo que realmente paso? Antonio Meucci no tuvo los diez dólares que se necesitaban en 1874 para renovar una patente que lo habría lanzado a la historia como el padre del teléfono.

Otra caso se presentó hace algunos años, con la cadena de tiendas minorista más grande del mundo, Wal Mart. La multinacional conoció un invento de un ganadero de Nebraska, que consistía en un reflector a control remoto. Wal Mart propuso al inventor, adquirir su invento. En vista de la negativa, la cadena de tiendas decidió fabricar un dispositivo casi idéntico al del ganadero quien no dudó en embarcarse en una gran batalla legal con el único objetivo de defender su propiedad que meses atrás había patentado.

¿Qué es un secreto industrial y cómo se protege?

Muchas de las empresas que han logrado éxito, lo deben principalmente al desarrollo de una forma especial de producción, o algún tipo de “formula secreta” aplicada a sus productos. Coca-Cola por ejemplo, hace gala de su “formula secreta” que nadie la conoce. Es un secreto industrial y lo tiene celosamente cuidado. Para proteger este tipo de activos, existen firmas de abogados especializadas en la protección industrial. Sus prácticas de confidencialidad y secretos industriales abarca la preparación de contratos relativos a empleo, consultoría, confidencialidad, no competencia, no revelación, desarrollo de secretos industriales por parte de empleados, y cesión de inventos. Además asesoran en la auditoria de programas de protección al secreto industrial, incluyendo el manejo de sugerencias de empleados, así como ideas e inventos no requeridas. Estas firmas también representan a los clientes en controversias que involucran supuesta apropiación de secretos industriales, violaciones a acuerdos de confidencialidad, apropiación de información secreta por parte del empleado o el consumidor y la revelación de información sobre secreto industrial.

RICARDO GAITÁN

Publicista, experto en Gerencia de Marca. Gerente de CO Branding/Colombia.

ricardogaitan20@hotmail.com

DE GRECIA SIN AMOR

Nadie puede sorprenderse ante los acontecimientos actuales en la economía de Grecia. En verdad, tanto economistas como políticos saben, en general, cómo termina la fiesta. Pero no muchos parecen dispuestos a decirlo abiertamente.

Por distintas razones, es cierto. Pero todos saben cómo termina. En economía todo es posible, menos evitar las consecuencias. Repetir estos conceptos es, hoy por hoy, de Perogrullo. Pero no lo ha sido a lo largo de unos cuantos años.

El problema de Europa es esencialmente la falta de competitividad que le impide mantener un estándar para el que, literalmente, no le da el cuero. La economía norteamericana, por su parte, es inmensamente más dinámica, ya que se aviene a las leyes básicas del mundo de los bienes escasos: la oferta y la demanda, el respeto del Estado de Derecho, la ley de quiebras, etc.

Luego de la llamada crisis de las hipotecas, provocada en nuestra opinión por la sobre intervención de una Reserva Federal ávida de encargarse de las leyes del mercado, el gobierno norteamericano decidió intervenir con el método de salvataje esencialmente keynesiano que consiste en emitir moneda para que los actores en dificultades sean sostenidos económicamente mediante ayudas financieras y el sostenimiento de tasas de interés bajísimas, cuando no directamente nulas. No es la primera vez que lo hace. Algo parecido ocurrió con la crisis del petróleo en los años 70.

Pero la fiesta que supone disponer de la máquina de hacer billetes es una ilusión. El gran generador de la burbuja que condujo a la crisis fue, precisamente, el intervencionismo, que consistió en prestar dinero a tasas bajas y sin garantías suficientes para incentivar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.

Con todo y pese a todo, es obvio que los E.E.U.U. tienen esa dinámica de la que hablamos en otras oportunidades y que se basa en el hecho de que prácticamente el 75% de su economía funciona dentro de las leyes del mercado, mientras que la llamada eurozona, tomada en su conjunto, mantiene en manos estatales un porcentaje superior al 50%. Es decir, las leyes del mercado son negadas mucho más en Europa, siendo además la economía en conjunto bastante más pequeña.

La Unión Europea tiene normas que establecen que, por ejemplo, sus miembros no pueden tener un déficit superior al 3% de su P.B. I. . Se ha dicho que en Grecia, por cuestiones políticas y otras, el déficit ha crecido a cerca de un 13% de su P.B.I. Algo parecido ocurre en varios de los países miembros de la Unión.

Sin explayarnos tanto como para volvernos muy aburridos tenemos que decir que las pautas de integración del Mercado Común están destinadas a zanjar aspectos vinculados con la competitividad, que obviamente no es la misma en los 27 miembros que lo integran. Ese 3% permitido es una de tales pautas.

Pero la política del Estado Benefactor, que rige las democracias europeas, no parece entrar en razones. Y cuando no dibuja cifras como ocurre entre nosotros, sale con la lengua afuera pidiendo ayuda y prometiendo que para dentro de unos años el problema estará resuelto.

¿PARA QUÉ SIRVE LA AYUDA?

En última instancia la ayuda significa que los demás integrantes deben colaborar con la ineficiencia del país en cuestión. Ayudar a Grecia es eso. Es un país que funciona a pérdida y esa pérdida hay que cubrirla para que vuelva a fojas cero la falta de competitividad.

Esto que decimos lo hacemos con simpleza y salteándonos varios pasos. Pero es así. ¿Soluciona el problema salir a dar ayudas financieras a países en dificultades por falta de eficiencia comparada? Absoluta y definitivamente no. Y eso es independiente de que, para ayudar, se recurra a la emisión de moneda, a endeudamiento o a excedentes fiscales. Porque el problema lo tiene el país ineficiente. Simplemente se busca que no sea el causante el que pague, sino que lo hagan entre todos en forma mancomunada. Es decir, diluir en lo posible el efecto de la crisis. Disimularlo. No es lo mismo que lo paguen los griegos que si lo hacen todos los países de la Unión. Es como un club o las expensas de un consorcio, digamos.

Pero que quede bien en claro una vez más: no se resuelven estos problemas saliendo a tapar baches pasados con ayudas. Es obvio que una vez utilizado el dinero para cubrir el agujero, nuevos agujeros se generarán a menos que, precisamente, se ajuste la economía griega. Y he aquí el gran dilema.

PRESIÓN FISCAL, INFLACIÓN Y AJUSTE

¿Cómo puede ajustarse la economía griega? Esencialmente puede intentar volverse más eficiente y gastar mejor su dinero. Este es el ideal. Tecnificarse, volverse menos burocrática, ajustar su administración, encarar una visión como Nación de mayor grado de conocimiento, educación, etc. Iniciar el camino de la reforma del Estado para hacerlo más útil y competitivo. Eso hace competitiva a una economía y así se logra recaudar más impuestos y gastar menos, hasta alcanzar el equilibrio. Este camino difícilmente sea el elegido. Es costoso, largo, poco visible en lo inmediato. Es, sobretodo antipolítico, como también lo es el ajuste.

Es más, si verdaderamente se hubiera pensado en el camino de la eficiencia, hace rato que se hubiera iniciado el derrotero. Y esto evidentemente no es lo que ha ocurrido.

Otra posibilidad de la que se ha hablado en estos días, es la de que Grecia salga del euro y vuelva a su moneda propia, el dracma. Así las cosas, podría llevar adelante una gran devaluación similar a la nuestra de 2002 y acabar con el problema. Una devaluación es, en esencia, una estafa a quienes confiaron en su moneda, una manera de trasladar a toda la comunidad el costo de la fiesta, y en definitiva una mentira, que lamentablemente suele digerirse mejor que la verdad.

La emisión de moneda local para cubrir el déficit del P.B.I. evita la recurrencia al euro, implica mermar el poder adquisitivo, disminuye el patrimonio líquido y también arrastra a la baja el valor de propiedades y empresas. Visto desde arriba, se haga lo que se haga la fiesta se paga. Y la emisión habrá de darse, de manera masiva, si se retorna al dracma y se concede una devaluación como forma de distribuir el costo de la fiesta.

La presión tributaria adicional entraría en lo que últimamente se denomina ajuste entre nosotros. Es una denominación cargada de desprecio, pero ese desprecio es evidente y eminentemente político. Como fácilmente puede colegirse, nada de lo que hemos señalado en los párrafos anteriores es otra cosa que un ajuste. Pero la población suele dormir mejor con una devaluación masiva, que es tomada como una catástrofe natural o poco menos, que una decisión de bajar salarios o subir impuestos, que es achacable a un gobierno y por lo tanto a los gobernantes de turno.

EL FUTURO

Grecia es uno de los 16 países de la Unión Europea que tiene como moneda el euro. Esto implica un verdadero corsé, igual que lo era la convertibilidad entre nosotros. Eso significa que, ante la menor competitividad, sólo es posible terminar la distorsión con más eficiencia. Si la economía alemana produce bienes y servicios en una determinada cantidad utilizando determinado capital, Grecia debería lograr lo mismo. Y el resto de los integrantes de la Unión lo mismo. De lo contrario el desfasaje subsiste. Y por más que se intente solucionarlo mediante ayudas y compensaciones varias, no se logra otra cosa que trasladar la ineficiencia de unos al costo de la eficiencia de otros, dañando (y no favoreciendo) la competitividad del conjunto.

De los 16 países citados, son 13 los que han superado el porcentaje del 3% mencionado al comienzo de estas líneas. No estamos ante un caso aislado, estamos ante la generalización de un problema que es inherente al sistema elegido.

Europa ha alcanzado un importantísimo grado de desarrollo y una evidente mejoría en los estándares de vida de su población a partir de la Segunda Gran Guerra. Pero ello se ha debido a la acumulación de capital per cápita, a la tecnología, a la mejor educación y a tantos factores que tienen que ver con la productividad. No a la proverbial quintita de fronteras cerradas y beneficios a rolete.

E.E.U.U. por su parte, sabe que la aplicación de recetas keynesianas tiene un límite. Que es posible inyectar dinero mientras la población tenga confianza en su dólar y no más. Sabe que debe detenerse a tiempo porque una vez pasado ese límite será muy difícil volver.

Es bueno recordar que en 1971 la onza troy de oro costaba 35 dólares y hoy vale 1.200 . Es decir que hoy hace falta contar con casi 35 veces más dinero para comprar lo mismo. Si bien el valor de la tal onza pudo haber variado y seguramente lo ha hecho, lo cierto es que lo que muestran estas cifras es que los norteamericanos no han hecho las cosas todo lo bien que ellos mismos podrían llegar a pensar.

Digamos que tanto la crisis del petróleo en los años 70, como la guerra de Irak luego del atentado a las Torres, y ahora la crisis de las hipotecas originaron fuertes emisiones de dólares y pavorosos déficit. Esos déficit se resolvieron con emisión en gran parte. El efecto no es neutro, como se ve con ese solo dato que vertimos.

Acá lo que está por verse es si la moneda europea común puede subsistir ante las desigualdades de productividad señaladas, el alto porcentaje de participación estatal y la evidente tendencia a no respetar los márgenes de déficit que los mismos miembros establecieron. Y cuando hablamos de subsistir tal moneda, hablamos también de su valor comparado. Porque si la pérdida de valor es muy grande para el euro, habrá nuevos cimbronazos y muy probablemente los países más industrializados del grupo no quieran seguir pagando la comodidad de los que gastan de más alegremente porque ajustar es costoso políticamente y volverse más eficiente lleva mucho tiempo.

FIN DE FIESTA

Lo que vemos hoy es el desencadenante de una estructura económica basada en el sostenimiento de fantasías relativas, por así decirlo. Países viejos, con tradiciones importantes, con enfoques humanitarios y socialmente atractivos que no tienen en cuenta que las cosas cuestan dinero, y que el dinero no sobra, y que no todo se puede alcanzar negando la realidad económica o considerándola salvaje. La realidad pasa su factura. Porque como dijimos al comienzo en economía todo puede hacerse, pero no es posible evitar las consecuencias.

El desastre griego, con muertos incluidos, tiene como responsables principales a quienes pergeñaron un sistema que no es viable, que no puede sostenerse indefinidamente. También son responsables los intelectuales, los ideólogos, los que se llenan la boca de compromisos sociales que luego esperan que sean pagados por los demás. Algo de todo esto nos resulta excesivamente familiar.

Tal vez el pueblo griego, como el nuestro, soporte mejor la idea de una catástrofe natural. Allí los responsables encontrarán la puerta para salir del marasmo. Pero una vez más quedará expuesta la realidad: no es posible violar las leyes de la economía sin pagar las consecuencias. Y tal como está ocurriendo con Grecia, lo mismo ocurrirá con varios otros miembros de la Unión si no arreglan sus cuentas. Y como esto último es demasiado difícil, lo más probable es que se busquen procedimientos alternativos para regular las cosas y que la suciedad no se note. Pero se notará.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 8 de mayo de 2010