Impuestos

Aclaraciones sobre la cuestión de los paraísos fiscales

Se le ha dado amplísima difusión al acuerdo celebrado con el Principado de Mónaco vinculado al levantamiento de los secretos bancario y fiscal. Es fundamental, sin embargo, poner las cosas en su lugar más allá de la publicidad oficial.

Los convenios de intercambio de información o de doble imposición son bastante comunes entre los países y buscan, dentro de una lógica a nuestro modo de ver bastante discutible, una mayor transparencia el relación con el comportamiento fiscal y en general con la operatoria que puede estar originada en operaciones ilegales.

Centralizándonos únicamente en los acuerdos que apuntan al intercambio de información debemos señalar que la República Argentina tiene firmados convenios del estilo con varios países, como por ejemplo España, Perú, Brasil o Chile. Acaba de firmarse ahora un acuerdo con Mónaco y existe uno con EEUU que data del año 1981 pero que como no fue ratificado por ambos países (Argentina y EEUU) no se encuentra en práctica.

Como hemos señalado en un trabajo anterior, en las reuniones del G 20 se hizo hincapié en la necesidad de establecer pautas de intercambio informativo con el objeto de combatir la evasión impositiva, el lavado de dinero, e inclusive de evitar las crisis financieras. Allí estuvo la Argentina en la persona de su presidenta encabezando el discurso-sermón tendiente a detectar las consecuencias de las decisiones políticas que condujeron a eso, y no para señalar cómo modificar tales políticas, que constituyen las causales.

Es curioso pero digno de señalar que así como existe un convenio no vigente con EEUU desde hace 28 años, siendo que los argentinos por ejemplo es hacia donde más derivan fondos, también la Argentina ha cerrado las puertas a los auditores del FMI con argumentos bastante poco convincentes pero que en definitiva encierran un ocultamiento de información, siendo que además nuestro país es socio de dicho organismo.

Combatir la evasión fiscal o el narcolavado son fines en sí mismos que implican una calidad moral superlativa y un comportamiento transparente en el manejo de las cuentas públicas, algo de lo que la Argentina de las últimas décadas al menos carece más que notoriamente. Sólo baste mencionar la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, los actos de corrupción cuya dilucidación parece dormir en los cajones de algún fiscal, el envío de los fondos de Santa Cruz, justamente a un paraíso fiscal, por parte de su gobernador Néstor Kirchner y tantos otros ejemplos. Si a ello le sumamos el recientemente finiquitado blanqueo de capitales tenemos un perfil que verdaderamente no se condice con la calidad moral a la que nos referimos. Digamos que no estamos para sermonear a nadie. Y creemos sinceramente que no somos ni de lejos los únicos.

La AFIP actualmente viene reteniendo los fondos de impuestos que debe reintegrar a exportadores con el argumento de que éstos han realizado sus exportaciones a países de baja o nula tributación (denominación técnica de los paraísos fiscales) para triangular de allí a terceros destinatarios. En nuestra opinión la verdadera razón de la no devolución de los impuestos es la necesidad imperiosa de recaudar y mostrar números positivos. Aún y cuando tales números sean en realidad falaces. ¿Acaso no es lo que viene ocurriendo con los datos del INDEC impúdicamente desde comienzos de 2007?

Es que más allá de ciertos supuestos la realidad es que, por ejemplo, para la aplicación de tributos a las exportaciones en el caso de commodities existen precios de referencia dado que se trata de un mercado transparente. Y es sobre tales precios sobre los que se aplican las tasas de retención fijadas por el Estado. Si esta operatoria es legal (y lo es), entonces no queda del todo claro qué es lo que está buscándose en estos casos, como no sea lo que nosotros suponemos.

Aún así, si las exportaciones fueron efectivamente realizadas, el componente fáctico se ha cumplido en lo que respecta a la normativa vigente para la devolución de los impuestos involucrados (especialmente el IVA sobre los insumos). Esto ocurre aún en los casos en que los bienes exportados no cuenten con precios de referencia o no constituyan mercados transparentes. La necesidad de parte de la AFIP en punto a asegurarse que todo esté bien lo que hace es demorar durante largos meses, (incluso podrían ser años) la devolución de los tributos. Es una verdadera abertura al vacío de consecuencias imponderables.

Obsérvese que el Fisco, en caso de duda razonable y con una legislación acorde a su pretensión, podría por ejemplo exigir garantías reales, como se hace en muchos otros casos. En lugar de ello, recurre al sofisma de no pagar lo que debe porque no está seguro de que el acreedor (el contribuyente) hubiera obrado bien. Algo así como no pagar las expensas del edificio porque el portero a juicio del moroso barre mal la vereda.

Volviendo específicamente a la cuestión del intercambio de información entre países, hay que señalar una vez más que no se trata de ninguna manera de una apertura indiscriminada donde todo el mundo que opere con tales o cuales plazas será incluido un listado y subido a Internet. Los contribuyentes deberán encontrarse bajo fiscalización del organismo fiscal y es preciso que las actuaciones conduzcan razonablemente a la suposición de que podrían existir operaciones no declaradas que involucren a los países con los que existen convenios.

La presión sobre los países de baja o nula tributación para que suministren información no se condice, insistimos, con el comportamiento general de muchos países que no entran en esa categoría, como por ejemplo el Reino Unido o los mismísimos EEUU. Y ni qué hablar del nuestro con los antecedentes que someramente enumeramos. Y la realidad es que los argumentos del G 20 dejan bastante que desear, porque si bien es imperioso evitar operaciones ocultas e ilegales, también lo es que la punta del ovillo no está allí sino en el funcionamiento mismo del sistema financiero internacional, cargado de intervenciones de todo tipo y favorable al otorgamiento de ayudas allí donde todo el mundo sabe que jamás serán devueltas o a valores tan ridículos que incentivan la inversión dado el bajo riesgo concomitante, colaborando de ese modo con la generación de burbujas que luego se intenta acotar con más y más intervencionismo.

Otro punto es el manejo de la drogadicción, que si bien no es nuestro tema no deja de resultar al menos contradictorio. En efecto, mientras la producción y venta de narcóticos es ilegal, no lo es su tenencia para consumo. Y en determinados países la legislación es todavía más permisiva. Más allá de nuestra propia opinión respecto de la necesidad de legalizar bajo ciertas formas la venta de sustancias hoy prohibidas, lo cierto es que no es razonable que se opere de manera contradictoria. Y eso ocurre y no ha sido, que sepamos, tema del G 20, siendo que las drogas son las generadoras de los mayores volúmenes de dinero negro del mundo. La verdad es que si el consumo es legal, la producción y venta no pueden seguir siendo ilegales. O una cosa o la otra.

Dejamos para el final una de esas perlas a las que no terminamos de acostumbrarnos

El titular de la Secretaría de Ingresos Públicos señaló: Recibí instrucciones precisas de la presidenta Cristina Kirchner, quien nos ha encomendado la tarea de acentuar la percepción de riesgo y la gestión fiscal respecto de los grandes operadores económicos.

Este tipo de comentarios siempre llevan una curiosa pátina de perversión. ¿Hacían falta recibir precisas instrucciones presidenciales para cumplir con su deber? ¿Por qué habrá que acentuar la tarea respecto de los grandes operadores económicos y no de los demás? ¿Es que conviene ser pequeño o mediano operador económico para estar a salvo?

Ese tufillo de resentimiento y de falta de ecuanimidad consecuente con las acciones de no pocos funcionarios de actual gobierno no hace sino abrir un mar de dudas respecto de los objetivos finales.

Porque adicionalmente el tema fue planteado como si se tratara de una apertura indiscriminada de archivos para mostrar lo que todos y cada uno hacen con su dinero y con sus bienes, lo cual está prohibido por la propia Constitución Nacional, y luego termina en una difusa orden presidencial sin la cual parece que las cosas no hubieran sido ni siquiera del modo en que son.

Investigar, obtener información sobre presuntos evasores, fiscalizar, lograr el objetivo de evitar operaciones espurias es perfectamente legal. No de ahora, sino de siempre. Y es función de los organismos públicos intervinientes lograr la mayor eficacia posible sin órdenes de ningún tipo. Simplemente porque es su deber.

Más allá de los anuncios la ciudadanía espera todavía aclaraciones y definiciones sobre los casos de corruptelas manifiestas, como la cuestión de la efedrina y el apoyo a la campaña presidencial, la valija de Antonini Wilson, los fondos de Santa Cruz o la bolsa de Felisa Miceli.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 17 de octubre de 2009

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

(011) 5254-5820 y (011) 154-4718968

www.hectortrillo.com.ar

Nuevos requisitos para acreditación de entidades exentas

Resumimos a continuación las características principales de la nueva norma, la Resolución General (AFIP) 2681 que sustituye a la anterior RG (AFIP) 1815

La AFIP ha resuelto suprimir el sistema de empadronamiento establecido en la resolución 1815 y sus modificaciones. La nueva resolución consta de 42 artículos y 3 anexos, y señalamos los aspectos esenciales

Se establece a partir del 1/1/2010 una nueva forma de acreditar la condición de sujeto exento en el impuesto a las ganancias. En tal sentido, se crea el "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias".

El certificado de exención también se aplicará para la alícuota reducida o exenta del impuesto a los débitos y créditos.

Las entidades que soliciten el "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias" deberán:

- Estar inscriptas y poseer C.U.I.T. ;

- Poseer el alta en el impuesto a las ganancias y de corresponder en el IVA;

- Tener actualizada la información respecto de su forma jurídica, mes de cierre de ejercicio, actividades económicas y el domicilio fiscal declarado;

- Haber cumplido -en caso de corresponder- con la presentación de las declaraciones juradas del IVA y de los Recursos de la Seguridad Social de los últimos 12 meses vencidos a la fecha de la solicitud, y haber cumplido con la última presentación de la DDJJ del impuesto a las ganancias y la prevista por la resolución general (DGI) 4120.

Para solicitar el certificado de exención se deberá confeccionar el F. 953 mediante el programa aplicativo "AFIP DGI - CERTIFICADO DE EXENCIÓN EN GANANCIAS - Versión 1.0" y remitirlo mediante transferencia electrónica.

Posteriormente, los responsables deberán efectuar un seguimiento en línea del estado del trámite de solicitud, y lo finalizarán una vez que concurran a la AFIP a presentar determinada documentación.

Los "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias" serán otorgados por períodos anuales, coincidentes con el ejercicio fiscal de la entidad, y producirán efectos a partir de la fecha de vigencia que el mismo establezca y serán oponibles a terceros a partir de la fecha en que sean publicados en la Web de la AFIP.

Las renovaciones anuales serán efectuadas en forma automática mediante un sistema diseñado por el Fisco que validará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las entidades correspondientes en un plazo de entre 60 y 90 días previo al vencimiento de los certificados vigentes. En caso de detectarse incumplimientos, éstos serán publicados en el servicio web "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias" opción "Control de incumplimientos para renovación de certificado", para que las entidades procedan a subsanarlos con el objeto de obtener la renovación del certificado.

Las entidades que al 1/1/2010 posean un certificado de reconocimiento vigente serán incluidas automáticamente en el presente régimen y obtendrán el "Certificado de exención en el impuesto a las ganancias" con la vigencia que le corresponda, según el mes de cierre de la entidad. Por su parte, las entidades que tengan el reconocimiento en trámite al 1/1/2010 deberán cumplir dentro de 60 días con las nuevas disposiciones comentadas. Por último, destacamos que se efectúan precisiones con respecto a las adecuaciones necesarias que deben realizar las entidades exentas para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

(011) 5254-5820 y (011) 154-4718968

www.hectortrillo.com.ar

A través del dictado de la Resolución General 2675/09 (AFIP) la Administración Federal de Ingresos Públicos procedió a crear el Registro de Claves Bancarias Uniformes con el objetivo de unificar las distintas modalidades de pago de distintos conceptos cuyos beneficiarios son los contribuyentes. A continuación, detallamos los principales aspectos de la resolución:

REGISTRO DE CLAVES BANCARIAS UNIFORMES

Se crea el "REGISTRO DE CLAVES BANCARIAS UNIFORMES" el cual será utilizado por la Administración Federal, para realizar los pagos en concepto de devoluciones, reintegros, reembolsos y demás regímenes de restitución de fondos a contribuyentes, responsables y administrados, así como a cesionarios que resulten destinatarios de créditos cedidos conforme al Código Civil por parte de los contribuyentes y demás responsables acreedores originarios de los fondos a restituir.

Los sujetos mencionados deberán declarar ante esta Administración Federal, una Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de acuerdo con lo establecido en la presente, como requisito previo imprescindible para el cobro de sus acreencias.

OPERACIONES EXCLUIDAS DEL RÉGIMEN

El procedimiento de pago a través de Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) establecido en esta resolución general, no resultará de aplicación para:

a) El beneficio previsto por el Título III de la Ley N º 25.865, reglamentado por el Artículo 89 del Decreto Nº 806 del 23 de junio de 2004 (Reintegro aportes autónomos).

b) El reintegro indicado en el Artículo 27 del Decreto Nº 806/04 (monotributo).

c) Los regímenes de bonificación establecidos en el Artículo 19 de la Resolución General Nº 1966, sus modificatorias y complementarias, en el Artículo 17 de la Resolución General Nº 1967, sus modificatorias y complementarias y en el Artículo 22 de la Resolución General Nº 2278, sus modificatorias y complementaria (planes de pagos).

d) Lo dispuesto en la Resolución General Nº 1575, sus modificatorias y complementaria.

e) Los pagos a legaciones extranjeras.

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR LA CLAVE BANCARIA UNIFORME (C.B.U.)

A efectos de informar la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.), el interesado deberá ingresar, a través del sitio "web" del Organismo (http://www.afip.gob.ar), al servicio de "Declaración de CBU para cobros de origen tributario, aduanero y de la seguridad social - opción información alta/modificación/ consulta".

A tales fines se accederá mediante la utilización de la "Clave Fiscal" habilitada con Nivel de Seguridad 3 o superior. Este servicio, calificado como no delegable, sólo podrá ser utilizado por el Administrador de Relaciones o Subadministrador de Relaciones definidos en la mencionada resolución general.

De tratarse de una unión transitoria de empresas (UTE), deberán informarse las Claves Bancarias Uniformes (C.B.U.) correspondientes a la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de cada uno de los componentes de dicha unión transitoria.

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA CLAVE BANCARIA UNIFORME

La Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) informada, antes de ser dada de alta será corroborada por esta Administración Federal, con la información obtenida de acuerdo con el procedimiento establecido en el Capítulo A de la Resolución General Nº 2386 y su modificación, a efectos de verificar la respectiva relación "C.U.I.T. titular o cotitular/C.B.U.".

En aquellos casos en que no pueda llevarse a cabo la verificación de la relación "C.U.I.T/C.B.U.", las entidades bancarias mediante el servicio "e-Ventanilla" obtendrán en forma semanal el archivo correspondiente a la entidad y confirmarán o rechazarán la relación.

El resultado será transmitido a este Organismo a través de "Internet", ingresando al servicio "Declaración de CBU para cobros de origen tributario, aduanero y de la seguridad social opción confirmación", dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la información.

Una vez cumplida la validación de datos indicada en los artículos anteriores, este Organismo procederá a dar de alta la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) informada.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2009

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

(011) 5254-5820 y (011) 154-4718968

www.hectortrillo.com.ar

Los bienes suntuarios y el Estado de Derecho

Cuando apenas éramos adolescentes e ingresábamos a la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, nos sorprendíamos cotidianamente oyendo e incorporando más tarde nuevas palabras a nuestro vocabulario. La economía tiene, como toda ciencia, su lenguaje propio, su cadencia, su jerga.

Así, a poco andar, descubrimos, entre tantas, una palabreja que hasta entonces nos había sido vedada por nuestro escaso conocimiento en esas lides: suntuario.

Observamos en el discurrir del estudio de la tributación, que aquello que para las autoridades era considerado suntuario, era gravado a tasas mayores, con el argumento de que, justamente, por ser suntuario , quien quisiera los bienes (o servicios) incluidos en el rubro, debería pagarlos proporcionalmente más caros.

Claro, dado que el mayor precio desalienta el consumo, estos bienes, pensábamos, dejarían de consumirse, o el consumo sería reducido también más que proporcionalmente, logrando de esta forma un extraño efecto: que quien hubiera querido disfrutarlos, dejara de hacerlo.

Es que suntuario es aquello vinculado con el lujo, con la demasía, con el exceso de bienes innecesarios, dice el diccionario de la RAE poco más o menos. Luego decidir qué bienes entran en esta categoría no es un tema menor. A su vez, resulta violado el principio de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas.

Alguna vez le planteamos a nuestro profesor de Impuestos I el curioso galimatías que para nosotros significaba intentar que algo se consuma menos o se pague más caro que lo que proporcionalmente correspondería, siendo que de ese modo la ley de oferta y demanda terminaría poniendo las cosas en su lugar, desalentando o bajando su consumo, mermando la recaudación tributaria, y reduciendo o directamente dejando sin trabajo a los productores de tales bienes.

En esos tiempos todavía éramos demasiado jóvenes como para poner en tela de juicio otro efecto que al cabo la propia experiencia nos fue mostrando: el paso del tiempo hace que aquello que mucha gente podría considerar lujoso en una época, pase a ser indispensable pocos años después. Y que lo que para unos es un lujo, para otros es una necesidad imperiosa. A su vez existen bienes que mientras para algunos son extremadamente preciados, para otros resultan absolutamente indiferentes.

También comenzamos a reflexionar sobre otro interesante detalle a nuestro modo de ver: ciertos bienes en algunas sociedades o naciones resultan imprescindibles, mientras que en otras pueden considerarse verdaderas excelsitudes.

En otras palabras, concluimos, sin saberlo, aceptando lo que podríamos llamar la teoría de la relatividad aplicada a la economía.

El tiempo, el lugar, el precio relativo, las preferencias personales; jugaban y juegan un papel fundamental en lo que se vincula con la necesidad. Pero no es todo.

Hay también factores imponderables que convierten en estrictamente necesario aquello que hasta ayer nomás era poco reclamado.

Y también puede ocurrir que mientras para unos es imprescindible contar por ejemplo con un aire acondicionado, para otros puede resultar contrario a su salud y preferir en su lugar el modesto ventilador o incluso el abanico.

Y así damos en el otro punto al que queríamos llegar: ¿Es suntuario aquello que es caro únicamente? ¿O será suntuario también aquello que siendo barato resulta lujoso y sobrante, que por lo demás no son la misma cosa? Tranquilamente podemos vivir sin golosinas y sin gaseosas. Podemos arreglarnos con ropa elaborada en serie y de segundas marcas y podemos, en definitiva, vivir como lo hacían nuestros abuelos a costos muy inferiores a los que normalmente se manejan hoy. De hecho, mucha gente vive a valores muy inferiores, y no estamos hablando de indigencia. Si no lo hacemos es porque nuestras posibilidades económicas nos lo permiten. Y al hablar de posibilidades hablamos genéricamente también de precios y de ingresos.

Mucha gente, sobre todo mayor, se arregla con muy poco. Mientras otra no puede prescindir de cremas y afeites varios para conservar la tersura de su piel, calzar zapatos o lucir trajes de afamadas marcas para concurrir a una reunión social o simplemente para mostrarse mejor. Sin ir más lejos (y hablamos en este caso siempre de la ciudad e Buenos Aires), todavía existían las pelotas de trapo con las que organizábamos los picados.

En definitiva concluimos (hace ya muchos años) que aquello que se considera suntuario puede no serlo más un buen día. O no haberlo sido nunca. Mientras que aquello que jamás fue tomado como lujoso bien puede haberlo sido siempre sin que los funcionarios encargados de aplicar discriminatorias gabelas se hubieran dado cuenta.

O, tal vez, sí se hayan dado cuenta pero resultaba y resulta ser políticamente incorrecto modificar la tendencia.

Lo cierto es que, volviendo al principio de estas reflexiones, el efecto que logran representantes y funcionarios al establecer impuestos desproporcionados contribuye, en verdad, a nivelar para abajo. Deja sin trabajo a mucha gente y no recauda más impuestos. Pero consigue que quienes desean disfrutar de ciertos bienes no puedan hacerlo o se les dificulte o encarezca sobremanera. Suena bastante parecido a la envidia ¿no?.

¿Nos dirá el amable lector que esto tal vez tenga que ver con las tarifas y sobrecargos de la electricidad o el gas? ¿Acaso con la tenencia de automóviles más caros o con la realización de viajes al exterior? ¿Quizás con el repetido adagio de que quien más tiene más paga al que nos hemos referido en otras oportunidades?

Quizá recuerde entonces que a poco de iniciado el gobierno de la Alianza en 1999 se produjo el famoso impuestazo del Dr. Machinea que estableció, entre otras cosas, un impuesto adicional al agua mineral, dado que los pobres toman agua de la canilla. O tal vez soda, vaya uno a saber.

¿Cuántos impuestos tiene una factura de agua corriente, por ejemplo? Fácilmente el 50 o el 60% del valor que se paga. Entiéndasenos: una factura de $ 100 conlleva impuestos por aproximadamente $ 57, según las estimaciones que profesionalmente se hacen de la carga impositiva total. Es decir que el agua corriente cuesta 43 pesos y el resto son impuestos. El cálculo surge de tomar los impuestos explícitos en la factura, más lo que no figuran allí, tales como Ganancias, Ingresos Brutos, Ganancia Mínima Presunta, Bienes Personales Responsable sustituto, y todas las demás cargas y gabelas incluyendo en ellas las contribuciones previsionales y las diversas tasas nacionales, provinciales y municipales.

¿Qué porcentaje representa este valor? Siéntese el lector: ¡El 132%!

Y estas gabelas las aplica el mismo funcionario que luego revisa las listas de productos para elegir aquellos que habrá de considerar suntuarios para proponer para ellos alícuotas adicionales.

Alguna vez relatamos que un ministro a cargo de las obras públicas de los años 80 dijo que su gobierno había comenzado a colocar medidores de agua para evitar su derroche. Y que se había comenzado por la zona norte, donde abundan las piscinas. Este buen señor mostraba así la pátina que muestran los inventores del suntuarismo. ¡Es que en verdad, quien consume agua para llenar su piscina, gasta mucha agua, pero no la derrocha! La derrocha quien deja una canilla abierta o la manguera regando la vereda durante horas.

El funcionario de marras no se dio cuenta del detalle y el entrevistador tampoco. Ese es el principal problema. Porque en definitiva los funcionarios actúan sobre la base de una determinada mentalidad. Esa mentalidad no es patrimonio exclusivo de los funcionarios, obviamente.

Alguna vez un periodista que solía hablar, como Kirchner, de la angurria empresaria , (que no la suya propia) se refirió a un accidente de aviación, ocurrido frente a las costas norteamericanas, como causado por cortocircuitos originados en las pantallas interactivas colocadas en los respaldos de los asientos. Casi disfrutaba describiendo el hecho de que la desgracia se había producido porque cierta burguesía pretendía disfrutar de un vuelo más placentero. No usó esas palabras, pero se notaba en el tono una suerte de goce ante la desgracia. Cosa que seguramente negará con todas sus fuerzas, pero que resultaba indisimulable.

Es que ese avión con tantas comodidades resultaba suntuario como tal y por lo tanto resultaba difícil de soportar que alguien pudiera disfrutarlo.

Ese periodista aún trabaja en los medios, aunque no tiene la preponderancia de otros. No tiene importancia nombrarlo. Aunque tal vez no falten quienes lo ubiquen y reconozcan.

La triste realidad es que la retracción de consumo de esta clase de bienes por su excesiva carga tributaria no convierte en pobres a los ricos ni en ricos a los pobres. Tan solo es la neurótica necesidad de sentir que quien puede gozar no habrá de hacerlo porque se lo impedimos.

En aquellos años juveniles que describimos al comienzo de estas líneas, estaba de moda una canción de protesta, como le decíamos entonces, que provenía, si no recordamos mal, de los tiempos de la guerra civil española y que en un par de sus versos rezaba algo así como que habrá de llegar el día en que la tortilla se invierta, y los pobres coman pan, y los ricos mierda...

Quienes la cantaban y gozaban con ella, tal vez no notaron nunca que el afán igualitario que a la vez proclamaban, habría de indicar antes y ahora que todos debían comer pan. Y no como tristemente repetía el estribillo, que lo harían en venganza y que ahora los ricos comerían mierda como antes la habían comido los pobres. Es decir, lo que proclama esta línea argumental es una igualdad que en verdad sólo puede conseguirse nivelando para abajo, porque en la vida hay personas más capaces que otras. Pero cuando acercamos un poco la lupa vemos que en verdad a lo que se apunta es a que los otros no disfruten de aquello que no podemos disfrutar nosotros. Y llevado al extremo, que esos otros coman mierda o se caigan con su avión y se mueran. En este último caso obviamente que la apreciación es inconsciente, en el primero es explícita y hasta convertida en estribillo de una canción de guerra.

La pobreza inmanente es la del espíritu. Y la venganza como norte solo conduce al desastre. Al desastre como sociedad, como nación.

Si verdaderamente se quiere cumplir con el espíritu de la Constitución a lo que hay que apuntar es a la igualdad de los impuestos y de las cargas públicas. A la igualdad ante la ley. Operar en sentido inverso no solamente no es cumplir con la ley fundamental, que en todo caso es un bien jurídico, es partir de la idea de que quienes son mejores deben repartir o no disfrutar de su bienestar. Y es así como finalmente huyen capitales y personas. Y finalmente baja la inversión, se pierden empleos y baja la calidad de vida de toda la comunidad.

Hablábamos del tiempo. El tiempo convierte en popular aquello que alguna vez pudo haber sido exclusivo. El automóvil, el avión, la computadora, el teléfono celular, lo que sea, no hace tanto eran preciados bienes de los que muy pocos disfrutaban. La accesibilidad se logra no debilitando a quien los produce, no discriminándolo.

El día en que en la Argentina se reflexione sobre estos temas (y tal vez otros que no acuden a nuestra memoria en estos momentos), habremos empezado a admirar a quienes creativamente desarrollan su capacidad y su inventiva, y con tales recursos se vuelven adinerados. Y no como consecuencia del nepotismo de los cargos públicos o de pegarla en algún programa de TV.

Y una palabritas finales para el dinero y la riqueza. La posesión de riquezas suele ser bastante castigada por ciertos moralistas. Los argumentos más usados van hacia el lado de quien posee se vuelve esclavo de sus riquezas, avaro o lo que sea. En una sociedad libre todos tenemos derecho de hacer con nuestros bienes lo que queramos. Y nadie tiene derecho a quitárnoslos porque considera que son muchos. Y el Estado tiene a su vez la obligación de respetar la Constitución y las leyes. Y más allá de eso, tiene la función de respetar la individualidad y también la de promover el bienestar general. Persiguiendo (o combatiendo) al capital no es como se logra mejorar la calidad de vida. Y menos todavía si la persecución es arbitraria o clasista. Los derechos y las garantías de las gentes son esenciales para vida en un Estado de Derecho.

La obligación legal de quienes poseen riquezas es la de pagar sus impuestos y cumplir en general con sus obligaciones como cualquier hijo de vecino. Cualquier exceso de rigor hacia ellos implica una discriminación inaceptable en términos constitucionales. Pero también es la causa fundamental de que las inversiones y las propias personas terminen huyendo de la Argentina. Esta es la razón y el principio liminar de nuestra decadencia.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2009 HÉCTOR BLAS TRILLO

El gobierno está estudiando incentivar la repatriación de capitales con el objeto obvio de promover inversiones. En realidad, de lo que se trata es de atraer especialmente los capitales negros mediante lo que comúnmente conocemos como blanqueo , seguramente pagando una tasa ínfima de impuesto respecto de lo que hubiera correspondido pagar de haber operado dentro de la legalidad. Aparentemente se busca también, al menos por lo que ha trascendido, que los capitales que retornen se vuelquen a obras de infraestructura , esto equivale a decir que se sometan a planes del gobierno respecto de qué obras deben hacerse, cuándo y dónde.

Esta cuestión del blanqueo , lo mismo que las reiteradas moratorias impositivas, tiene necesariamente que ser pasada por el tamiz de la ética, a la que parecen tan afectos en sus discursos de tablado nuestros actuales gobernantes cuando declaman y acusan a todo el mundo (literalmente) de todo. La realidad es que si pretendemos analizar éticamente el premio que significa para el evasor, y el castigo para el cumplidor, estamos ante una evidente paradoja, ya que así las cosas lo ético se vuelve exactamente lo contrario, y viceversa. Ello sin contar el hecho de que los propios actuales gobernantes aún no han rendido debida cuenta de los fondos girados al exterior por la provincia de Santa Cruz provenientes de las regalías petroleras abonadas en los años 90.

Pero, si acercamos un tanto la lupa, podremos ver que muchas veces la evasión está originada en el propio sistema tributario en el que estamos inmersos desde hace muchos años. La casi infinita cantidad de gabelas; los innúmeros sistemas de información, retención, percepción; las llamadas tasas progresivas siguiendo el conocido sofisma de que quien más tiene más paga para violar la obvia ley de la proporcionalidad; y el castigo que constituye poder resultar víctimas de inspecciones masivas en caso de no hacer lo que el gobierno quiere; son factores que evidentemente tienden a operar en un sentido ampliamente negativo. Una cosa es pagar impuestos como corresponde, y otra muy distinta es someterse a un sistema arbitrario, rapiñero y profundamente distorsivo, amén de castigador del éxito de manera casi resentida, para decirlo como corresponde.

En estos momentos, en los que han proliferado sistemas de retención y percepción basados en brumosas normas y fundamentados en incompletos y erróneos registros difundidos en páginas oficiales de Internet, son muchos los supuestos contribuyentes que pagan ingentes sumas de dinero sin motivo alguno. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ante reclamos claros y concretos por incluir indebidamente a supuestos contribuyentes, contesta estólida que luego de corregido el error podrá tramitar la repetición (devolución) del gravamen . El famoso solve et repete , es decir pague y pida la devolución. Una tarea sencilla si las hay y con el consiguiente perjuicio financiero y económico a cargo del afectado. Baste recordar, por ejemplo, que en materia tributaria la repetición de impuestos origina magros intereses desde el momento en que se presenta la demanda de repetición.

Hay que resaltar el hecho de que estos sistemas de retención-percepción se aplican cada vez más a impuestos de pago mensual, como por ejemplo Ingresos Brutos o el IVA en el nivel nacional, lo cual desde cualquier especialista constituye una insana política tributaria. Aunque la verdad es que entre nosotros lo insano hace rato que ha pasado a ser la cosa más natural del mundo en la materia.

A todo este panorama hay que agregar el llamado impuesto al cheque, que pese a que finiquita a fin de este año, ha sido incluido en el Presupuesto 2009, con lo cual queda claro que, o por el Congreso o por los otrora denostados D.N.U. (decretos de necesidad y urgencia) que aplicaba el sultanato será renovado como siempre. Así las cosas, no son pocos los que le huyen a la llamada bancarización .

Todas y cada una de estas aristas, y muchas otras, llevan a que la economía informal en la Argentina constituya fácilmente el 45% o más de la operatoria total. En buen romance, permanentemente se generan enormes sumas de dinero negro, que muchas veces se pasan a divisas y son giradas al Exterior cuando las papas queman.

Es decir que no solamente tenemos hoy por hoy cifras cercanas a los 150.000 millones de dólares de argentinos en el Exterior y en negro, sino que además, esa cifra se incrementa seguramente todos los días, a menos, claro está, que sus dueños se la gasten.

Ahora bien, un blanqueo de capitales es una ratificación de la inseguridad jurídica a menos que constituya el pie de apoyo de una nueva plataforma de enlace entre el trabajo productivo y la laboriosidad en todos los ámbitos, incluido el financiero, y la legalidad. Y en tal caso estaríamos ante una nueva paradoja: la constitución de un orden tributario justo, equitativo y eficiente, pero conformado sobre la base de cimientos falaces y mentirosos. Con lo que en realidad, más que perdonar lo que hay que hacer es cobrar los impuestos que correspondan y garantizar una verdadera y sana intangibilidad futura. Se encuentran vigentes planes de pago a largo plazo que tranquilamente podrían aplicarse para una regularización dentro de la ley.

Hay una gravosa carga de ilegalidad, de inmoralidad y de falta de ética inclusive en el discurso oficial. Desde funcionarios que se meten en todo, hasta la convicción de que existen mentirosos patoteros que elaboran índices de precios impresentables porque son falaces, torpes, y hasta insidiosos. Todo junto, adobado por patéticos casos de corrupción, como el ventilado de la valija llena de dólares en un avión oficial, o Skanska, o las acusaciones nunca del todo concretadas pero sí expresadas, del ex ministro Lavagna al ministro de Planeamiento que derivaron en su momento en un real y concreto caso de cartelización en los precios de materiales de construcción que se le venden especialmente al Estado. Y la salida del Dr. Lavagna del gobierno de Néstor Kirchner.

A todo esto se suma un accionar rayano en la ridiculez basado en el intervencionismo, los controles de precios, las prohibiciones de exportaciones, los actos de venganza y odio al campo, las eternas moralinas hacia los empresarios , las acusaciones de extorsión, de avaricia, de falta de patriotismo, y mil etcéteras.

En un cuadro de situación como el planteado resulta casi un chiste suponer que los capitales vendrán a la Argentina a ponerse a disposición de personajes funestos y resentidos que sin embargo tienen el poder de acusar, atacar, mandar inspecciones masivas, no otorgar permisos de exportación, exigir todo tipo de información privativa de las empresas, y nuevamente mil etcéteras.

¿Quién puede asegurar que en poco tiempo quienes hubieran adherido al blanqueo no resultarían escrachados (una verdadera especialidad del oficialismo) en listas difundidas en la web como paradigmas de la maldición antipatriótica? ¿No se sigue cantando en los actos la famosa marcha que invita, cual una guerra torpe y regresiva, a combatir al capital?

Evitar la informalidad implica establecer un sistema jurídico político que respete las instituciones, que termine con las arbitrariedades y las bravuconadas, que dé garantías a quienes crean riqueza y a toda la población en general de que sus derechos no serán violados impunemente todos los días. No importa tanto la política que se siga, no importa tanto si las tasas de impuestos son unas u otras, se trata simplemente de poner límites y de asegurar plenamente que serán respetados en todos los planos y por todos los habitantes de la república, en un orden legal y ante una Justicia verdaderamente independiente, y no como la actual que sobresee por falta de méritos a personajes sospechados y sospechosos de trampas verdaderamente impresentables. Y esto por sólo citar un ejemplo.

La tarea es muy ardua. Es muchísimo el camino que debe recorrerse para crear en la gente, y en el mundo entero, la sensación de que ahora sí en la Argentina se respetan los derechos de las personas; se respeta el derecho de propiedad, se respeta el derecho de elegir y de vivir como nos plazca en tanto no violemos la ley. ¿Cómo podrá garantizarse la estabilidad tributaria si ni siquiera si toma en cuenta que están presupuestándose ingresos provenientes de un impuesto cuya vigencia no está prevista para el año próximo?

Alguien recordaba en estos días la famosa ley de intangibilidad de los depósitos del año 2001, una verdadera obra del surrealismo de nuestros políticos y de la política en general, dado que constituía una genuina y absurda redundancia. Vino entonces a nuestra mente una pregunta basada en una atroz sensación de estar ante un tembladeral: ¿se respeta acaso hoy mismo la intangibilidad de los depósitos de las AFJP o de la Anses?

El blanqueo, si se produce, seguramente le servirá a unos pocos. No queremos ser mal pensados pero hasta es posible que le sirva a esos funcionarios hoy por hoy faltos de mérito . Tal vez cueste por otra parte distinguir acerca del origen de los capitales blanqueados, lo cual puede crear un serio problema ante la Unidad de Investigaciones Financieras y hasta ante la DEA. Es probable que ciertos narcotraficantes acudan presurosos a la ventanita abierta cual resurrección de Lázaro. Estamos en las antípodas de la ética, pero declamándola.

La ética y la moral no se declaman. Se practican. Y para levantar el dedo acusador es preciso tener bien limpia la mano. Cosa que efectivamente no ocurre entre nosotros. Desde hace ya unos cuantos años.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2008 &n bsp; HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contadores Públicos

ECOTRIBUTARIA

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

www.hectortrillo.com.ar

Escúchenos por radio Palermo FM 94.7 (www.radiopalermo.com.ar) los miércoles de 19 a 20 hs. Y los lunes de 14 a 15 hs. en AM 770 Amplitud

Mediante la RG 2471 la AFIP procedió a determinar el concepto de residencia en el país a los efectos del régimen de información respecto de los ingresos de fondos radicados en el exterior por parte de sujetos residentes.

En determinadas condiciones y para determinadas operaciones, los fondos radicados en el exterior que ingresaren al país según lo determinado por parte de sujetos residentes en el país han originado dudas y consultas diversas. Por tal motivo, mediante la RG (AFIP) 2.471 se modificó la redacción del artículo 3ª de la resolución señalada más arriba, aclarando los tantos para las personas físicas (argentinas o no) y las sucesiones indivisas, que son los sujetos comprendidos en el artículo 69 inciso a) de la ley del impuesto a las ganancias (sociedades, fondos comunes, fideicomisos, fundaciones, etc). También en la citada resolución se determina igual conceptualización para las demás sociedades, empresas, explotaciones, entidades y establecimientos estables, constituídos/as y ubicados/as en el país, los fideicomisos de la ley 24.441 y los fondos comunes de inversión normados por la ley 24.083 constituídos en el país.

Las personas físicas de nacionalidad argentina (incluso las naturalizadas) que no residan de modo peronanente en otro país pero permanezcan en forma continuada en el exterior durante 12 meses serán consideradas no residentes. La presencia continua o temporal en el país por un lapso que no exceda un total de 90 días dentro de los 12 meses señalados no interrumpe la condición de no residente.

A su vez, las personas de existencia visible de nacionalidad extranjera que hubieran obtenido la residencia permanente en la Argentina o que, aún sin haber obtenido tal residencia permanente, hubieran permanecido en el territorio nacional con autorizaciones temporarias durante 12 meses, aún con ausencias de hasta 90 días, continuadas o no, durante el lapso indicado, serán también consideradas residentes.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2008

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

CONTADORES PÚBLICOS

ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

Estudio @hectortrillo.com.ar

www.hectortrillo.com.ar

(011) 5254-5820 (011) 154-4718968

A través de la resolución Nº 15/2008 el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto el reempadronamiento de todas las sociedades comerciales, fundaciones y asociaciones civiles con domicilio en la jurisdicción. A su vez la resolución 5/2008 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas estableció las condiciones y plazos para cumplir con esta disposición.

Únicamente no deben efectuar este trámite las sociedades, fundaciones y asociaciones civiles que tuvieran inscripción posterior al 31 de diciembre de 2006.

 

COMENTARIO PREVIO

 

Una vez más los organismos oficiales encargados del control societario derivan a los contribuyentes la función de control, con las costas a su cargo , además. La realidad es que la presión tributaria y la carga pública que significa el trabajo de elaborar la información para presentar en este caso ante la I.G.P.J. son una forma más de terminar descansando en que los controlados se conviertan en controlantes de sí mismos y realicen el trabajo que deberían realizar sus controladores.

En este caso, además de las tasas que deben abonarse para llevar adelante este trámite, se le suma la necesidad de presentar los últimos tres balances con la firma del contador público y la legalización pertinente, también a su cargo.

Por experiencia sabemos que no son pocos los casos en los que, por ejemplo, a raíz de la desvinculación del profesional actuante en su oportunidad, es preciso recurrir a otro, con el consiguiente costo adicional que impone la revisión de la documentación de soporte de la información suministrada en tales balances.

Consideramos que si un organismo estatal no está en condiciones de verificar el cumplimiento de las disposiciones para las cuales fue creado, algo debería cambiar en este tipo de esquemas.  Esperamos que el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires se ocupe de esta clase de cuestiones, exigiendo por ejemplo que por lo menos el costo de este trabajo sea reintegrado por el Estado Provincial. Máxime ahora que estamos en tiempos de reintegros y compensaciones.

 El hecho de que sociedades, fundaciones y asociaciones constituidas inclusive durante el año 2006 deban reempadronarse constituye un elemento más a favor de lo  que sostenemos.

Resulta verdaderamente incomprensible tamaña exigencia, porque muestra claramente hasta qué punto las autoridades se ven necesitadas de recurrir a una medida de este tipo. En qué condiciones estarán los antecedentes, nos preguntamos, para llegar a esto.

 

INSTRUCTIVO

 

Transcribimos a continuación el instructivo que explica el trámite a llevar adelante, con la documentación a presentar y los plazos para hacerlo. La fecha tope es, hasta el momento, la del 25 de agosto de 2008.

 

  INSTRUCTIVO REEMPADRONAMIENTO OBLIGATORIO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES

 

SOCIEDADES INCLUIDAS : Las sociedades tipificadas en la ley de Sociedades Comerciales, las Sociedades de Economía Mixta (Decreto 15349/46), las Sociedades de Garantía Recíproca (ley 24467) y las Sociedades del Estado (ley 20705).

SOCIEDADES EXCEPTUADAS : Las sociedades mencionadas en el ítem anterior, inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con posterioridad al 31 de diciembre de 2006.-

ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EXCEPTUADAS: Las inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con posterioridad al 31 de diciembre de 2006.-

PLAZO : A partir del 03 de Marzo de 2008 hasta el 25 de Agosto de 2008.

                  

TASA FISCAL :

Sociedades comerciales: Corresponde el sellado fiscal en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispone el art. 38 inc. 1 y 25 de la ley 13404 modif. 13450.- El sellado fiscal deberá timbrarse en la nota de presentación. NO SE ACEPTARAN TIMBRADOS EFECTUADOS EN HOJAS EN BLANCO.

En la actualidad el sellado fiscal asciende a $ 80.-

Asociaciones Civiles y Fundaciones: EXENTAS DE PAGO DE SELLADO FISCAL.

DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR :

Sociedades comerciales:

    Nota de presentación donde se solicita el reempadronamiento con firma certificada y tasa fiscal correspondiente.
      Declaración jurada. Se deberá completar el formulario de alta de datos generales con firma debidamente certificada del representante/s de la sociedad comercial, o bien, del apoderado/s quienes deberán acreditar fehacientemente el carácter invocado. El formulario se obtendrá de la página web oficial del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires : www.mjus.gba.gov.ar y de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: www.mjus.gba.gov.ar/.
    Acreditación de representación:

En el caso que la declaración jurada sea firmada por el representante legal , deberá acompañar: actas mecanografiadas y certificadas en cuanto a su contenido del acta de asamblea y/o acta de directorio de distribución de cargos y/o acta de reunión de socios donde fue elegido el representante.

En el caso que la declaración jurada sea firmada por el apoderado , deberá acompañar original o copia de poder debidamente certificado.

    Se deberá acompañar los balances de los tres (3) últimos ejercicios contables firmados por contador público, cuya firma deberá legalizarse ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
    Se deberá adjuntar acta de asamblea mecanografiada de aprobación de los ejercicios contables y sus correspondientes planillas de asistencia y/o acta de reunión de socios, según corresponda. Todas deberán estar debidamente certificadas en cuanto a su contenido.

 

Asociaciones Civiles y Fundaciones :

    Nota de presentación donde se solicita el reempadronamiento con firma certificada.
    Declaración jurada. Se deberá completar el formulario de alta de datos generales con firma debidamente certificada del representante de la asociación civil/fundación, o bien, del apoderado/s quienes deberán acreditar fehacientemente el carácter invocado.

Representante : Fotocopia del Acta de Asamblea de la que surja la designación del cargo que ostenta el firmante, debidamente certificada en cuanto a su contenido.

Apoderado : deberá acompañar original o copia de poder debidamente certificado.

El formulario se obtendrá de la página web oficial del Ministerio de Justicia   de la Provincia de Buenos Aires: www.mjus.gba.gov.ar y de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: www.mjus.gba.gov.ar/.

    Se deberá acompañar los balances de los tres (3) últimos ejercicios contables.

BALANCES CON MENOS DE $ 15.000.- DE INGRESOS ANUALES: Presentar con la fórmula estado de resultados y estado de situación patrimonial. ACTIVO-PASIVO-PATRIMONIO NETO Y DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FIRMADO POR PRESIDENTE Y TESORERO.

BALANCES CON MAS DE $ 15.000.- DE INGRESOS ANUALES:

BALANCES FIRMADOS POR CONTADOR PUBLICO, CUYA FIRMA DEBERA LEGALIZARSE ANTE EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

    Se deberá adjuntar fotocopia de acta de asamblea de aprobación de los ejercicios contables y sus correspondientes planillas de asistencia, memoria firmada por presidente e informe de comisión revisora de cuentas. Todas deberán estar debidamente certificadas en cuanto a su contenido.

 

CERTIFICACION DE FIRMAS :

Sociedades comerciales: Las firmas se deberán certificar por ante escribano público, Registro Público de Comercio y/o Juzgado de Paz.

Asociaciones civiles/fundaciones: Las firmas se deberán certificar por ante escribano público, Registro Público de Comercio, Juzgado de Paz y/o Municipalidades con convenio vigente.

 

SOCIEDADES, ASOCIACIONES CIVILES, FUNDACIONES Y MUTUALES SIN MATRICULA REGISTRAL:

A las entidades que durante el trámite de reempadronamiento, se constate que no poseen matrícula otorgada por esta Dirección Provincial, deberán previamente iniciar el correspondiente trámite de obtención de la misma. Y una vez finalizada la matriculación, se continuará con el trámite de reempadronamiento.

 

                                                                                                               Buenos Aires, 3 de abril de 2008

HÉCTOR BLAS TRILLO

 

Economía y tributación

 

RAMOS MEJÍA BUENOS AIRES

 (011) 5254-5820 (011) 154-4718968

www.hectortrillo.com.ar

 

Escúchenos por 94,7 Radio Palermo  los miércoles de 19 a 20 hs en De algunos para todos y los martes y jueves de 7:30 a 9 hs.  en AM 770 Radio Amplitud

Si bien ha venido comentándose la posibilidad de una nueva prórroga, al momento de publicar este trabajo no hay ninguna novedad al respecto.

Los problemas derivados de la deficiente atención que viene observándose en las dependencias de la ANSES han hecho surgir versiones sobre una posible prórroga en la eliminación del llamado Fondo Compensador, que es el sistema vigente hasta el presente según el cual son los mismos empleadores los que abonan las cargas sociales. Nos consta que son muchos los que desde hace varios meses vienen bregando por cumplir con exigencias que varían según la UDAI a la que concurren e incluso según quien sea el empleado que los atiende.

La situación es por demás absurda, si se tiene en cuenta que el trámite debería ser bastante simple, toda vez que los empleadores tienen incorporados en el sistema Mi Simplificación (AFIP) a todos los trabajadores y su núcleo familiar y siendo que las normas vigentes tan sólo exigen un par de notas con datos básicos, que aún así en buena medida se reiteran.

Cuesta entender que luego de tanto tiempo no pueda uniformarse el criterio a seguir. Incluso es llamativo que un trámite que debería ser tan simple como suministrar incluso por Internet la información necesaria, dé lugar a tantos problemas.

Un breve resumen enviado al Foro Tributario del Consejo Profesional de la CABA por la contadora Claudia Casetta nos pareció ilustrativo. Lo transcribimos a continuación.

La resolución (ANSeS) 670/2007 dispone que partir del 1/4/2008 se producirá la incorporación masiva al SUAF de todos los empleadores que no hayan requerido expresamente ni presentado solicitudes de Reintegros de Asignaciones Familiares abonadas a esa fecha por el Fondo Compensador vigente hasta el próximo 31 de marzo.

Todos los empleadores incorporados al SUAF podrán presentar todas las solicitudes de reintegros pendientes hasta el 30/6/2008. Vencido el plazo, caducará el derecho a solicitarlo en lo sucesivo.

Las empresas no incluidas en el SUAF deberán presentar hasta el 30 de abril ante la ANSeS la siguiente documentación:

1. Nota con carácter de declaración jurada detallando la nómina de trabajadores (identificados por apellido y nombre y por CUIL) que han optado por percibir las asignaciones familiares a través de una cuenta bancaria (CBU), adjuntando por cada uno de ellos la constancia emitida por el banco o copia del extracto bancario donde conste CUIL o DNI, apellido y nombre y número de CBU correspondiente; o en su defecto, la boca de pago o la provincia, localidad y código postal del lugar de cobro elegido por cada uno de los trabajadores.

2. Nota con carácter de declaración jurada en la que informen los datos que a continuación se detallan en caso de estar comprendido dentro de lo establecido en la resolución (DE-N) 344/2005 (por la cual se dispone que las Asignaciones Familiares correspondientes a las trabajadoras que se encuentren gozando o inicien su licencia por maternidad en el mes del ingreso formal de sus empleadores al SUAF, deberá seguir abonándose por medio del Sistema Compensador hasta la finalización de la licencia):

" CUIT de la empresa.

" Razón social.

" CUIL de la trabajadora.

" Apellido y nombre de la trabajadora.

" Tipo de licencia (maternidad o maternidad Down) que se encuentra gozando o debe iniciar la trabajadora al momento de la incorporación de la empresa en SUAF.

" Períodos y montos ya abonados.

" Períodos y montos a abonar (desde el mes de incorporación en adelante).

Buenos Aires, 28 de marzo de 2008

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

RAMOS MEJÍA BUENOS AIRES

(011) 5254-5820 (011) 154-4718968

www.hectortrillo.com

Escúchenos por 94,7 Radio Palermo los miércoles de 19 a 20 hs en De algunos para todos (www.radiopalermo.com.ar) y los martes y jueves de 7:30 a 9 hs. en AM 770 Radio Amplitud