Artículos de Economía

Por Alberto Pontoni.Agosto 2003

En estos días las entidades que nuclean al sector agropecuario han hecho sentir su fuerte oposición a los cambios propuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el cálculo del impuesto a las ganancias en las exportaciones de cereales y oleaginosas. Este reclamo se suma al que vienen efectuando desde hace más de un año para eliminar las retenciones (impuestos a las exportaciones) que gravan al sector.

En el caso del impuesto a las ganancias resulta evidente que la acción de lobby desplegada por las entidades empresarias, en particular, la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), es en beneficio de un pequeño grupo de firmas exportadoras que realizan prácticas de evasión, subfacturando precios a través de operaciones de triangulación e intermediarios fantasmas. Para evitar estas maniobras la AFIP esta tramitando la facultad de revisar el valor de embarque declarado. Por su parte, los dirigentes rurales resisten la sanción de la modificación legal propuesta amenazando con un derrumbe de las exportaciones por valor de 860 millones de dólares y mermas en los ingresos de los productores agrícolas y del Fisco.

Esto no es así. El Gobierno no esta generando un gravamen nuevo ni cambiando la alícuota impositiva, sólo esta perfeccionando su legítimo ejercicio de contralor en una actividad donde resultan notorias las modalidades de evasión impositiva. Los únicos perjudicados por esta medida serán los intermediarios que actúan ilegalmente y no todo el campo, como se afirma. Por eso, no es valido el argumento utilizado por las entidades rurales que sostienen que la medida obligará a la creación de un seguro a costa del productor, que terminará afectando sus ingresos y desalentando la producción.

El otro tema es el de las retenciones. A partir de febrero del 2002 el gobierno volvió a recurrir a este instrumento de política fiscal, muy utilizado en el pasado y eliminado en la década del 90. Se comenzó gravando las exportaciones de petróleo y, posteriormente, se incorporaron otros rubros, con alícuotas que van del 5% al 20%. Los cereales, grasas y aceites vegetales tributan el máximo. El año pasado el Fisco recaudó a través de este impuesto poco más de 2.300 millones de dólares y para el año en curso se espera superar los 3 mil millones de dólares, un 13% de la recaudación tributaria estimada. Las provincias de Santa Fé, Buenos Aires y Córdoba contribuyen con casi el 70% de ese total.

Las entidades agropecuarias cuentan en este terreno con un importante aliado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha reclamado por la eliminación de estos impuestos. A pesar de ello, Economía ya ha hecho saber que las retenciones no serán eliminadas sino reducidas y que dicho ajuste se realizará en forma gradual a partir del próximo año.

Las retenciones, ¿Perjudican al productor? ¿Afectan la producción? ¿Cómo impactan sobre el resto de la economía? ¿Son impuestos discriminatorios o justos?

Retenciones y renta agraria

Para un país como el nuestro, que destina el grueso de su producción agropecuaria al mercado externo, el precio de los diferentes bienes agrícolas es reflejo de su cotización internacional. De allí, que un impuesto a las exportaciones afecte el precio interno de los productos al reducir en forma proporcional el ingreso de los vendedores.

Un ejemplo simple facilita la comprensión de este argumento. Suponiendo que el precio de la soja en el mercado internacional sea de u$s 200 la tonelada, que el dólar se cotiza a tres pesos y que las exportaciones de soja son gravadas por una retención del 20%, el precio interno de la soja, es decir, el monto que los exportadores o acopiadores estarán dispuestos a pagar será de $ 500, menos fletes y comisiones.

De lo anterior se derivan dos consecuencias.

En primer lugar, las retenciones afectan al propietario de la tierra y no al productor. El precio de la tierra es consecuencia directa del beneficio que generan los bienes que produce. Si el precio del bien sube (o baja su costo de producción) el precio de la tierra aumentará. Lo contrario sucederá cuando baja el precio del bien (o aumenta su costo de producción).

Esto permite entender el fuerte incremento que viene registrando el precio de la tierra a partir del abandono de la convertibilidad. En el 2001, una hectárea de campo de excelente vocación agrícola en zona premium de la pampa húmeda (como el triángulo Arrecifes-Rojas-Pergamino) se cotizaba en 2.500-3.000 dólares/pesos. Hoy, se sitúa en los u$s 5.000 y, de eliminarse las retenciones, superaría los u$s 6.000. La explicación de este extraordinario aumento de precios, tanto en dólares como en pesos, reside en el fuerte incremento de beneficios provocado por la devaluación. En términos generales, el ingreso agrícola se triplicó mientras que los costos no llegaron a duplicarse. Asimismo, el aumento del precio de la tierra ha incrementado, en forma paralela, su renta o alquiler, es decir, la retribución que percibe el propietario.

La otra consecuencia de las retenciones se relaciona con los consumidores domésticos. Una baja de los precios agrícolas abarata los alimentos y el costo de la canasta familiar. Por lo tanto, las retenciones contribuyen a reducir el costo de vida y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo. Se estima que una eventual eliminación de las retenciones provocaría una caída del salario real de un 15%, ya que el alto nivel de desempleo bloquea la posibilidad de ajustes salariales que puedan compensar las alzas de precios.

A modo de conclusión

La salida de la convertibilidad y la devaluación del peso, junto a la licuación de las deudas por la pesificación de los créditos, aumentó sustantivamente la renta agraria y produjo una fuerte transferencia de ingresos a favor del campo. Los propietarios rurales fueron los principales beneficiados por una medida que tenía por propósito mejorar la competitividad del sector industrial a través de la reducción de las importaciones de manufacturas. El sector agropecuario no requería de estímulos adicionales para crecer, prueba de ello es el fuerte aumento de la producción y exportaciones agrícolas durante la convertibilidad.

Las retenciones no son gravámenes discriminatorios de la producción agropecuaria, como se pretende hacer creer. Es un impuesto que grava la riqueza y no la producción, para el caso, la propiedad de la tierra rural. En consecuencia, deben ser analizados como un instrumento de distribución de ingresos y desde ese ángulo evaluar la legitimidad de la intervención pública.

En definitiva, a través de las retenciones el gobierno esta captando sólo una porción de la injusta redistribución de ingresos que produjeron las medidas de política económica del año pasado, que generaron un espectacular enriquecimiento de los propietarios rurales a costa, principalmente, del empobrecimiento de los asalariados y otros sectores de la población.

Por Alberto Pontoni. Agosto 2003

Corto y largo plazo en economía son categorías que no dependen del transcurrir del tiempo.

El corto plazo esta vinculado a la posibilidad de aumentar la producción de bienes y servicios a partir de una mejor utilización de la capacidad instalada, es decir, sin promover nuevas inversiones. De allí, que el corto plazo refiera a la reducción de la capacidad ociosa disponible y la plena ocupación de los recursos existentes, ya sean humanos o físicos. Para alcanzar este propósito se suele estimular a los diferentes componentes de la demanda agregada, fundamentalmente el consumo y el gasto público, que se han revelado como los instrumentos más eficientes de reactivación económica. De esto trata la Macroeconomía y de allí la preocupación por el presente del fundador de esta disciplina, John M. Keynes, que se refleja en la conocida frase "en el largo plazo todos estaremos muertos".

Por su parte, el largo plazo se vincula al incremento de la capacidad productiva, ya sea por la vía del cambio tecnológico, el aumento del parque de maquinarias, la expansión de la infraestructura física, la capacitación e, incluso, a través de la migración de trabajadores, para el supuesto de escasez de mano de obra. Este es el ámbito del Desarrollo Económico.

A partir de Keynes perdió importancia el debate acerca del rol del Estado en la reactivación económica. Ya nadie discute la necesidad de la intervención pública para restablecer o garantizar los equilibrios macroeconómicos. Por el contrario, en el campo del desarrollo se ha reavivado la crítica del fundamentalismo de mercado al rol del Estado en la planificación estratégica. Paradójicamente, es en los paises de América Latina donde esta cruzada se mantiene más activa, a pesar del estrepitoso fracaso registrado en las últimas décadas.

Los temas tradicionalmente contemplados en la agenda clásica del desarrollo, es decir, aquellos en que se promueve una acción decidida del Estado, son los siguientes:

* Creación de infraestructura

* Capacitación de recursos humanos

* Investigación científica y tecnológica

* Industrialización, ya sea por vía sustitutiva o exportadora

* Administración de los recursos estratégicos y del sistema financiero

* Orientación productiva del ahorro

* Distribución progresiva de ingresos

El caso argentino

Argentina ha experimentado diferentes modelos de desarrollo en sus escasos 120 años de vida moderna, los que pueden ser esquematizados en cuatro grandes ciclos, de acuerdo al tipo de intervención que ha tenido el Estado en la economía:

* Conservador. (1880-1945) La acción pública se centró en la atracción de inversiones extranjeras (y mano de obra) para la creación de la infraestructura requerida para un desarrollo orientado al mercado externo. El ritmo de expansión local acompañó la evolución de los centros pero mostró su alta vulnerabilidad en momentos de crisis.

* Populista. (1945-1955) La gestión pública se orientó a la mejora en la distribución de ingresos y el fomento de la industrialización a través de la sustitución de importaciones. Estas medidas permitieron una rápida expansión del mercado interno pero la desatención del sector exportador dificultó seriamente la sustentabilidad de este modelo.

* Desarrollista. (1955-1976) Es el que más se asemeja a una acción de desarrollo clásica e integral. A pesar de las dificultades derivadas de la inestabilidad política, la década del sesenta es el periodo de mayor crecimiento y prosperidad de nuestro país, lo cuál se ve reflejado en los indicadores de producción, empleo y nivel de remuneraciones.

* Neoliberal. (1976-2002) El mercado y las oportunidades de negocios reemplazaron la acción pública en las decisiones estratégicas. En el discurso se pregonaba la función prescindente o subsidiaria del Estado en la economía y se lo relegaba al rol de guardián de la seguridad jurídica y promotor del clima adecuado de negocios para el sector privado. La experiencia terminó en el mayor desastre económico de nuestra historia.

Ideas para un nuevo desarrollo

El gobierno actual parece abrir un nuevo periodo en la historia económica del país, que se manifiesta en la voluntad de cambio y la revisión de las políticas implementadas en la última década. Superadas las urgencias de la coyuntura y la necesidad de reactivar el aparato productivo, después de la profunda depresión de los últimos años, ha comenzado a esbozarse una nueva estrategia de desarrollo.

En un documento reciente se señalan los principales objetivos estratégicos a los que apunta la gestión del equipo del ministro Lavagna con el propósito de alcanzar una mejora integral de la competitividad del aparato productivo (véase de Oscar Tangelson y José O. Bordón "Recomendaciones para una estrategia nacional de desarrollo" , mayo 2003). Esos objetivos son:

* El fortalecimiento de los sectores más dinámicos de la economía, como es el caso de las industrias que integran la cadena agroalimentaria.

* La reconstitución de los sectores que fueron desarticulados pero que presentan buenas posibilidades competitivas.

* La promoción de sectores estratégicos donde sea factible para Argentina alcanzar un rol relevante, como en software y servicios informáticos, biotecnología y bienes culturales.

* La consolidación de un ambiente amigable para el desarrollo de negocios y pequeñas industrias, que permita el surgimiento de nuevos emprendedores.

* El fomento de un desarrollo productivo equilibrado entre las diferentes regiones.

* La profundización de la integración regional en el marco del Mercosur

La agenda presente

La propuesta del gobierno es, obviamente, un avance tanto respecto del modelo de los 90 como de las propuestas que se agotan en la sola reivindicación de una mejor distribución de ingresos, ya que apunta a un compromiso para el fortalecimiento del sector productivo. Sin embargo, resulta insuficiente para atender las necesidades del desafío actual y el rol asignado al Estado resulta muy limitado para poder contribuir a superar los obstáculos que frenan el desarrollo nacional.

Resulta entendible la falta de mayor audacia en las propuestas, atento el historial de mala calidad institucional y corrupción de nuestro sector público. Sin embargo, esto no justifica relegar la función del Estado en la promoción del desarrollo a la mera generación de oportunidades de buenos negocios para el sector privado. Un repaso al legado de Raúl Prebisch y una recorrida por las experiencias exitosas de otros paises puede servir para el aliento de propuestas y objetivos más ambiciosos en la actual dirigencia.

Por Alberto Pontoni. Mayo 2003

En un reciente artículo ("La economía de especulación en la picota" publicado en La Gaceta de Económicas, mayo del 2003) basado en una investigación sobre el comportamiento de las principales firmas de Wall Street acusadas de vender "pescado podrido" a sus clientes, el Prof. Víctor Beker de la Universidad de Buenos Aires, destaca la forma y facilidad con que estas empresas han engañado y estafado a los ahorristas que confiaron en ellas.

Para ello, los timadores se sirvieron de las burbujas especulativas que afloraron en la década pasada facilitadas por la fuerte expansión de los fondos de inversión. Los administradores de esas masas de capitales líquidos, ávidos de colocaciones rápidas y rentables, canalizaron los recursos, principalmente, a empresas tecnológicas y paises emergentes. El objetivo era el financiamiento de los nuevos emprendimientos vinculados a la revolución de las telecomunicaciones o la necesidad de crédito de los gobiernos, originada en los tradicionales desequilibrios fiscales.

¿En donde reside la estafa y la corrupción de ejecutivos y gobernantes?

En el engaño y ocultación sistemática de la realidad. Toda burbuja especulativa requiere de buenas noticias, pues de lo contrario se desinfla inmediatamente. Cuando estas no existen hay que inventarlas para estirar el optimismo y permitir a unos pocos "vivos" salir temprano del juego, es decir, antes del estallido de la burbuja, haciendo fabulosas diferencias. Como es sabido, el colapso de las corporaciones tecnológicas, expresado en el desplome del Nasdaq, se produjo a fines del 2000 y la crisis de los emergentes fue precipitada por el default argentino un año mas tarde.

Esto es lo que hicieron los directivos de Enron, WorldCom, Xerox y tantas otras corporaciones, que recurrieron a maniobras contables fraudulentas, dibujando balances que mostraban ganancias y ocultaban perdidas mientras liquidaban sus tenencias accionarias antes del estallido de la burbuja tecnológica. Es más, el mismo presidente George Bush y su segundo, Dick Cheney, han sido involucrados en acciones de esta naturaleza cuando se desempeñaban como ejecutivos de grandes firmas.

Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin la complicidad de los responsables de auditar las cuentas, como la firma Arthur Andersen y las calificadoras de riesgo y asesores de inversión, como Merrill Lynch. La justicia norteamericana comprobó este accionar delictivo y aplicó numerosas y severas condenas, pecuniarias y penales, tanto a los responsables directos de estas maniobras como a quienes las facilitaron.

Algo similar ocurrió con la burbuja financiera que se armó a través de la compra de bonos públicos de países emergentes. Las sucesivas operaciones de reestructuración de deuda a tasas cada vez mayores, que en el caso argentino se suceden desde el plan Brady hasta el Megacanje, permitían acumular fabulosos pero engañosos beneficios. El juego pasaba por deslumbrar a los inversores con ilusorias ganancias ocultando el carácter incobrable de la cada vez más voluminosa deuda externa que iban acumulando esos paises.

En pocos años el mercado internacional de bonos para países emergentes se multiplicó. De los 30.000 millones de principios de los 90 pasó a 300.000 millones a fines de la década.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito corporativo, los responsables de las estafas perpetradas con la deuda pública de los paises emergentes no han sido juzgados y ni siquiera demandados. Comenzando por el principal responsable de auditar las cuentas públicas y guía de los inversores de todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional.

En el caso argentino resulta más que evidente la connivencia, durante la gestión del ministro Cavallo a lo largo del 2001, de gurúes y medios de prensa vinculados a los sectores financieros que mientras se producía la retirada de los más "vivos", ganaban tiempo tratando de contener el desmoronamiento irremediable de las cotizaciones, proclamando un futuro venturoso para la convertibilidad y los títulos públicos.

Ese año salieron aceleradamente de la Argentina 20.000 millones de dólares que presagiaban el dramático final. Mientras esto ocurría, Ambito Financiero instaba a la compra de títulos argentinos teniendo en cuenta su excelente rentabilidad y el economista Miguel A. Broda ("¿Qué hace falta para superar la crisis? ", La Nación del 25.3.01) señalaba que la situación era delicada pero remediable, a través del nuevo equipo económico del ministro Cavallo, el otorgamiento de poderes extraordinarios y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Cabe recordar que incluso algunos sectores del progresismo, tradicionalmente enfrentados a los grupos financieros, contribuyeron a levantar la ilusión de una salida posible para el país en el contexto del modelo vigente en aquel momento, a través de una alternativa de "ajuste equitativo".

En el juicio seguido contra Merril Lynch en los tribunales de Nueva York una prueba decisiva de la intención fraudulenta de esa empresa fueron los mensajes de los correos electrónicos de sus analistas que descalificaban privadamente las mismas acciones que recomendaban comprar "oficialmente" a sus inversores. De allí que junto con el Prof. Beker, cabe preguntarse: "¿Qué pasaría si se revisarán los e-mails privados de los analistas que aconsejaron invertir en bonos de la deuda argentina en 2001?"

Los ahorristas del mundo que compraron bonos argentinos deben comprender que fueron víctimas de una artimaña de la que resultaron beneficiarios grupos de especuladores financieros internacionales que se han servido o compartido beneficios con funcionarios de gobierno, organismos y firmas consultoras. Fueron usados para alimentar la espiral de la burbuja y han debido pagar un precio alto por su confianza en quienes preconizan pero no respetan las reglas del mercado, un tipo de hipocresía que en América Latina aprendimos a conocer hace mucho tiempo.

La reforma del sistema de jubilaciones y pensiones de Argentina ha sido y sigue siendo uno de los temas mas controvertidos de la política económica de los 90. El nuevo régimen, denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), fue instituido por la Ley 24.241 y entro en vigencia el 15 de julio de 1994.

Al igual que antes, el objetivo del nuevo régimen es brindar cobertura a las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento de la población con los recursos provenientes de los afiliados.

Los trabajadores en relación de dependencia contribuyen al financiamiento del sistema con el 28% de su remuneración, discriminados bajo la forma de aportes del trabajador (11%) y contribuciones del empleador (17%).

La principal diferencia es que en el nuevo sistema los beneficios resultan de los aportes individuales capitalizados (régimen de capitalización) a diferencia del anterior (régimen de reparto) en que sólo se tenían en cuenta años de aportes y últimas remuneraciones. Otro cambio sustancial fue la incorporación del sector privado en el manejo de los fondos previsionales, bajo la forma de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). En el sistema anterior la administración de esos recursos era exclusiva del Estado.

Un problema nacional grave es el bajo porcentaje de aportantes previsionales con relación a la población ocupada. Antes del colapso económico de diciembre del 2001 había unos 5.5 millones de aportantes a diferentes regímenes de cobertura previsional, frente a una población ocupada de 11.4 millones. Esto es menos de la mitad, un 48% del total. Esta baja proporción es un claro indicador del "trabajo en negro" y del alto grado de evasión y morosidad previsional de todo el sistema

En el país coexisten diferentes regímenes previsionales. El más importante de todos es el SIJP, que cuenta con poco más de 4 millones de aportantes sobre un total de 5.5 millones (72%). Los restantes 1.5 millones se reparten entre cajas provinciales, profesionales, de fuerzas armadas y de seguridad. A continuación se analiza lo sucedido en los primeros años de vigencia del nuevo régimen.

A junio del 2001 el SIJP contaba con 11 millones de afiliados, de los cuales 8.8 millones (80%) se encontraban adheridos a capitalización y 2,2 millones (20%) a reparto. El número de aportantes, en ese mismo mes, fue de 4 millones, 3,3 millones en el régimen de capitalización y 700.000 en el de reparto.

El promedio de ingresos de los afiliados aportantes al régimen de capitalización ronda los $ 850 mensuales. De allí, que el total de aportes al sistema administrado por las AFJP oscile en los $ 4.300 millones anuales, equivalentes al 11% de las remuneraciones totales.

La administración de los fondos previsionales a través de las AFJP es un servicio sujeto a retribución. A cambio de los beneficios esperados de una gestión profesional de cartera los aportantes deben pagar una "comisión" que fluctúa en el 30-33% del aporte y que incluye un seguro por invalidez y fallecimiento. La "comisión" de las AFJP esta establecida sobre el ingreso imponible, es decir, las remuneraciones, siendo el promedio del sistema en concepto de "comisión" del 3,5%. Como los aportes al régimen de capitalización equivalen al 11% del salario, la comisión estimada en función de los aportes alcanza al 32%.

El mercado de las jubilaciones

Durante los 7 primeros años de vigencia del sistema las AFJP recibieron un total de $ 25.000 millones de pesos/dólares en concepto de aportes de los afiliados. El 30% de ese total, $ 7.500 millones, fue deducido por las AFJP en concepto de "comisión" mientras que los restantes $ 17.500 millones pasaron a integrar el fondo de capitalización de los afiliados.

Una tercera parte de lo percibido en concepto de "comisión" fue destinado por las AFJP al pago de primas de seguro de invalidez y fallecimiento ($ 2.500 millones), mientras que los restantes $ 5.000 millones quedaron como retribución bruta de su actividad.

Por otro lado, los fondos fueron invertidos en la compra de títulos públicos, que actualmente representan más del 75% de la cartera, depósitos a plazo fijo y papeles de empresas, como acciones y obligaciones negociables. A junio del 2001 el valor de los fondos integrados era de $ 22.200 millones.

En síntesis, de los aportes que se efectuaron a las AFJPs sólo un 70% pasó a integrar el fondo de capitalización individual del aportante, el 10% se aplicó al pago de las primas del seguro y el restante 20% se destinó a la retribución de las administradoras.

Paradojas

De los $ 25.000 millones aportados por los afiliados a lo largo de varios años sólo restaban como fondos integrados $ 22.200 millones. La rentabilidad obtenida por la gestión de cartera del fondo, deducidas las primas de seguro, resultó ¡inferior a la suma cobrada por las AFJP en concepto de comisión!.

De haberse depositado los fondos, previo descuento de las primas de seguro, a plazo fijo sin intermediación de AFJP y considerando una rentabilidad promedio anualizada del 10%, hoy se dispondría de un fondo sustancialmente mayor al actual (25% más).

A pesar que uno de los propósitos del sistema era independizar la administración de los fondos previsionales de la gestión de recursos públicos, en salvaguarda de los afiliados, la realidad actual es que el 75% de los fondos se encuentra bajo la forma de títulos públicos pesificados de un gobierno en default. Peor imposible.

Negocios en economías de cautiverio

Hasta el momento, los únicos beneficiarios reales del sistema han sido las AFJPs que han obtenido, deducidas las primas de seguro, una magnifica retribución del orden de 5.000 millones de dólares por ¡prestarle a un Estado insolvente los aportes de sus afiliados!. Por su parte, los afiliados disponen de menor cantidad y peor calidad de recursos.

Este es un caso típico, como peajes, concesiones y tantos otros, de negocios propios de un capitalismo prebendario o de una economía de cautiverio, donde el dinero y el riesgo lo aportan sólo clientes sometidos a empresas por imperio del estado (afiliados o usuarios).

No es mera casualidad que el 72% de los fondos previsionales sea administrado por empresas extranjeras, ni tampoco que más de la mitad de esos recursos sean gerenciados por sólo 4 bancos, igualmente foráneos: BBVA, Citibank, HSBC y Santander. La concentración, otra particularidad de las economías de cautiverio, también se refleja en este mercado. Cuatro AFJPs concentran el 74% de los afiliados: Orígenes 27%, Consolidar 17%, Máxima 16% y Siembra 14%.

Por Alberto Pontoni. Mayo 2003

No hay desarrollo sin industria.

No viene al caso discutir esta ley de la economía real con los tradicionales detractores de la industrialización en paises emergentes sino, mas bien, analizar lo sucedido en Argentina para tratar de entender las causas profundas de nuestra crisis y, en particular, el grave problema de desocupación y exclusión que nos afecta.

Argentina, al igual que otros paises de tradición rentista que han obtenido ventajas de sus riquezas naturales, ha engendrado una clase dirigente que ha hecho de la predica antiindustrial uno de sus argumentos preferidos. Sector "ineficiente, caro y atrasado" e industriales "poco competitivos, evasores y succionadores de subsidios" suelen ser reflexiones recurrentes de los voceros de esos grupos. Es más, los fundamentalistas de ese evangelio, suelen adjudicar las culpas del paraíso perdido, el del país agroexportador, a una mezcla de factores, tales como "proteccionismo", "populismo" y "estatismo".

Una circunstancia agravante es la aceptación de estos argumentos por otros sectores de la población. Sin duda, parte del empresariado industrial, en particular aquel que ocupa posiciones de privilegio, confirma con su actitud varias de estas imputaciones. Sin embargo, es posible que el fenómeno se alimente de una particularidad local.

Argentina se modernizó antes de industrializarse. Su temprano desarrollo en materia urbana, disponibilidad de infraestructura de transporte, red eléctrica y de aguas, así como sistemas de salud, educación y cultura de avanzada, que se expresaba en el Buenos Aires de principios de siglo, deslumbró a muchos convenciéndolos de la inutilidad de promover un desarrollo industrial frente a la fácil bonanza generada por la asociación de tierras fértiles, inversiones extranjeras y exportaciones agropecuarias.

Por el contrario, en los paises desarrollados la modernización llegó con la industria. Bajo diferentes formas pero siempre de la mano del desarrollo manufacturero. El empresario industrial fue un factor de progreso frente al señor de la tierra y el intercambio de trabajo por salario un avance frente a las ataduras y el vasallaje que caracterizaba la explotación feudal. De allí también la asociación, en esos paises, de industria con república y sistemas democráticos de gobierno en contraposición con la monarquía y el absolutismo propio de los señoríos de la tierra.

Pero no es necesario recurrir a la historia para describir el fenómeno. Las asimetrías que muestra la Argentina de hoy permiten apreciar con claridad las diferencias económicas, sociales, culturales y políticas entre las regiones y los contrastes que presentan conforme su grado de industrialización.

La desindustrialización argentina

Vayamos ahora a lo sucedido en la Argentina reciente. Existen diferentes formas de cuantificar el peso de la industria en una economía, ya sea a partir del valor agregado o por el grado de absorción de mano de obra. De todas formas, cualquiera sea el método elegido el signo de la tendencia es el mismo.

En los últimos 25 años se han perdido más de 600.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero, un 40% del total. Tan sólo en la última década hubo una disminución de 400.000 empleos industriales, que representan un 30% menos de los existentes en 1989. Una forma cruda de apreciar el fenómeno de desindustrialización es a través de la comparación de los porcentajes de población ocupada en las actividades industriales respecto del total. Mientras que en 1975 un 16% de los ocupados pertenecía al sector manufacturero, en 1989 la proporción había disminuido al 12% para reducirse a sólo el 7% a fines del milenio. Esto significa que actualmente sólo uno de cada 15 trabajadores se desempeña en una actividad manufacturera.

Frente a estas cifras no faltará quien argumente que la reducción del empleo industrial es un hecho que se registra a escala mundial que no implica desindustrialización y que, más bien, expresa el aumento de productividad manufacturera sumado al crecimiento de las actividades de servicios. En otras palabras, es una consecuencia del fenómeno de tercerización de la economía que avanza con el desarrollo.

Sin duda todo lo anterior es cierto pero tiene poca validez para explicar lo que ha venido sucediendo en nuestro país. Al respecto corresponde tener en cuenta:

1. En el caso de naciones muy industrializadas la proporción de empleo en el sector industrial se redujo (entre 1975 y 1995 el empleo en la industria cayó en Alemania del 47% al 37%, en EEUU del 33% al 24%, en Japón del 37% al 24% y en Italia del 39% al 33%) pero nunca se desmoronó a los niveles de Argentina. A pesar de los fuertes incrementos de productividad y el desarrollo del sector servicios, en esos países uno de cada tres o de cada cuatro trabajadores sigue vinculado la industria.

2. El sector de servicios en los paises de vanguardia suele ser de alta productividad y estar referido a producciones de contenido científico y tecnológico, como es caso del desarrollo de software, innovaciones técnicas, diseño, etc. Por el contrario, en la Argentina las actividades de ciencia y tecnología se encuentran en retroceso mientras que se ha incrementado la producción de servicios de baja productividad, como el comercio ambulatorio y de kiosko, el remise, el reciclaje de basura, el trueque, los trabajos comunitarios en el marco de planes sociales, etc. La categoría servicios se ha convertido más en una cobertura de actividades de subsistencia por falta de empleo que en una alternativa modernizante de la economía.

La asfixia industrial sufrida en la última década ha sido una consecuencia directa de la perversa asociación de tipo de cambio sobrevaluado y desmantelamiento de la red de protección (sistema arancelario y paraarancelario, control aduanero). En lugar de haber aprovechado a favor de la industria local la estabilidad de precios y el retorno del crédito alcanzados durante los primeros años de vigencia del modelo de convertibilidad se facilitó la invasión de productos del exterior.

Las consecuencias de la desindustrialización son terminantes, pobreza y desempleo. Revertir este proceso debe ser la prioridad de la coyuntura. Para ello se requiere de políticas adecuadas y empresarios.

Por Alberto Pontoni.Mayo 2003

Todo análisis sobre el presente y futuro de la Argentina debe tomar en consideración la realidad del sector agropecuario atento su importancia en el quehacer productivo. Una de las principales fuentes de información para el estudio de la problemática económica, técnica y social de ese sector es el Censo Nacional Agropecuario, que periódicamente realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

A continuación se presentan algunos datos significativos del último relevamiento, realizado a fines del año pasado, que permiten apreciar los cambios sucedidos en el ámbito rural en la última década, al compararse sus resultados con los del censo anterior, de 1988.

• Actualmente existen unos 318.000 establecimientos agropecuarios que ocupan una superficie total de 170 millones de hectáreas. En los últimos 14 años la cantidad de establecimientos se ha reducido sensiblemente, en un 25%. Existen zonas, como Marcos Juárez en la provincia de Córdoba, donde el número de explotaciones disminuyó un 34% respecto del año 1988.

• El área sembrada representa casi una quinta parte del total ocupado, alcanzando a 33 millones de hectáreas. El incremento de la superficie agrícola a nivel país fue del 5%, pero en algunas zonas, como el noroeste, el aumento fue mayor (+48%). A pesar de ello, en la década del 90 la Argentina duplicó su volumen de producción agrícola pasando de 35 a 70 millones de toneladas anuales, como consecuencia del fuerte incremento de productividad derivado de las modernas tecnologías.

• Hubo importantes cambios en los cultivos, con fuertes incrementos en las áreas sembradas con oleaginosas (+65%) y cereales (+30%), a expensas de otros, como los industriales (caña, tabaco, algodón), que redujeron su cobertura en un 41%.

• El ganado bovino permanece estable, en alrededor de 47 millones de cabezas, mientras que el ovino, que supera los 12 millones de cabezas, se redujo un 45%, con fuertes caídas en Buenos Aires (-70%) y Santa Cruz (-50%). También el stock porcino se redujo sensiblemente (-40%), alcanzando actualmente a sólo 2 millones de cabezas

La concentración de la tierra

El último censo agropecuario resalta otro aspecto igualmente llamativo, la desaparición de 80.000 establecimientos agropecuarios. Entre 1988 y el 2002 el número de unidades productivas se redujo un 25%, pasando de 397.000 a 318.000. La otra cara del mismo fenómeno es la fuerte concentración de la propiedad de la tierra que se produjo en ese lapso, que se expresa en el incremento del promedio ocupado por establecimiento, que pasó de 420 a 540 hectáreas.

La principal explicación de este hecho debe rastrearse en la introducción de tecnologías más capital intensivas que han permitido fuertes aumentos de productividad pero que requieren mayor disponibilidad de recursos financieros y técnicos.

La nueva situación agudizó el "dualismo" en el sector rural, caracterizado por la convivencia de productores pyme de escasos recursos que utilizan sistemas más tradicionales de explotación y grandes unidades de producción con disponibilidad suficiente de medios técnicos y financieros para acceder a los modernos patrones de producción. Los "pool de siembra" representan, justamente, el paradigma de este modelo.

El desenlace de esta situación era previsible. El deterioro de ingresos llevó a la venta de tierras y el desplazamiento de un número significativo de familias rurales, que va más allá de las 80.000 que perdieron su condición de propietarios.

Impacto social

Un colaborador de este Reporte, el Ing. Ag. Hugo Almada, docente agropecuario y actual concejal de Lobería, nos ha hecho llegar sus observaciones sobre las serias consecuencias de este fenómeno para la familia rural.

• Desarraigo y marginalidad. La perdida de empleo del trabajador rural implica, generalmente, la migración a localidades cercanas de quienes viven en el campo, pues en su mayoría carecen de vivienda propia y habitan en el puesto que se les asigna. El desplazado llega a pueblos y ciudades sin vivienda ni trabajo y con pocas posibilidades de inserción laboral, ya que sus habilidades son específicas para la tarea rural. A eso debe sumarse un fuerte sentimiento de desarraigo debido a su idiosincrasia campera que choca con muchas de las costumbres urbanas. Esto convierte a un excelente peón rural, tractorista, esquilador, carrero, arreador, en un hombre abatido por la situación económica y por la pérdida de sus costumbres.

• Desolación. El desplazamiento de los trabajadores rurales vacía escuelas y comercios y contribuye al desempleo en otras actividades y la despoblación de las regiones, transformando el interior en una gigantesca tapera abandonada.

• Deterioro urbano. La nueva situación agrava el deterioro de las cuentas de los municipios rurales, ya que deben afrontar mayores gastos en rubros como asistencia social, salud, vivienda y educación, afectando otras prestaciones de servicios

• Necrosis local. Generalmente, los nuevos dueños de la tierra son grupos económicos con sus administraciones en grandes centros urbanos, que realizan sus operaciones comerciales y contratación de servicios con empresas y profesionales de fuera de la zona. Esto contribuye al deterioro económico del comercio (acopiadores, proveedores de insumos, etc), profesiones y otras actividades locales, agravando la situación.

• Daños ecológicos. La explotación intensiva en pos de la maximización de utilidades acelera la degradación del suelo y dificulta su recuperación. Se estima que cada centímetro de suelo perdido por erosión demora unos 200 años para recuperarse.

A titulo de reflexión

Sin duda no puede detenerse el avance tecnológico "destruyendo las maquinas", es decir, prohibiéndolo o negándolo. La solución tampoco pasa por la aplicación de políticas asistenciales a los desplazados, que sólo transfieren y agravan el problema. Corresponde al Estado hacer compatibles el progreso económico con el desarrollo social.

Una alternativa viable pasa por promover la transformación in situ de las materias primas, llegando con industrias a las localidades del interior y revalorizando el rol de las pymes en el desarrollo regional. El país necesita de muchos Rafaelas, Arroyitos, Villas Marías y Sunchales, verdaderos polos de desarrollo fundados en cadenas de transformación de productos agropecuarios. La tarea del sector público es hacer esto posible.

La expansión de los mercados accionarios es uno de los fenómenos económicos más importantes de la última década, que se manifiesta en el fuerte incremento en la valorización de las bolsas y en la mayor difusión de la tenencia de acciones entre la población. Actualmente, la capitalización accionaria a escala global supera el PBI mundial mientras que en 1990 no alcanzaba a la mitad. En EEUU la tenencia de acciones entre la población, directamente o a través de fondos, supera los 12 billones de dólares mientras que una década atrás era de sólo 2 billones de dólares. En el mismo periodo, el número de estadounidenses que posee acciones pasó de 50 a 85 millones.

Esta creciente cultura accionaria ha generado profundos cambios a nivel micro y macroeconómico. A nivel micro, reduce la dependencia de las empresas del crédito bancario y facilita la obtención de fondos para nuevos proyectos. A nivel macro, introduce un nuevo factor de influencia o perturbación sobre la economía real a través de la fluctuación del consumo producida por las variaciones en el ingreso debidas a los beneficios o quebrantos del mercado accionario (efecto riqueza).

En los paises con mayor desarrollo accionario, es decir, aquellos donde las empresas se financian en la bolsa y las familias ahorran en ella, una caída de los precios de las acciones tiene actualmente un efecto más perjudicial sobre la economía que en el pasado, debido a la mayor importancia de este mercado sobre las expectativas de los consumidores y su repercusión sobre el gasto y el crédito.

Esto permite entender la magnitud del desastre provocado por el colapso de la bolsa norteamericana en el año 2000. Ese año los índices Dow Jones (acciones industriales) y Nasdaq (acciones de la Nueva Economía, es decir, de empresas y actividades vinculadas a la fiebre de Internet) registraron una baja del 20% y 60%, respectivamente. El derrumbe accionario representó para los norteamericanos una perdida estimada del orden de 4 billones de dólares y afectó seriamente a más del 10% de la población. De allí que sea considerado como una de las principales causas de la recesión que actualmente vive la economía de ese país.

Los mercados accionarios, ¿anticipan o determinan el futuro?

La respuesta no es sencilla. Históricamente, el Dow Jones ha sido un indicador que ha anticipado las fluctuaciones de la economía real, como claramente ocurrió durante la crisis del 29. La explicación se encuentra en la sintonía que existe entre inversores y empresas, a través de la correcta interpretación de sus parámetros fundamentales.

Sin embargo, la irrupción de empresas de la Nueva Economía alimentó una burbuja fundada sobre las expectativas de reventa de estas acciones que disparó su cotización. El rojo en los balances de las compañías punto com nunca fue motivo de preocupación ni detuvo la loca carrera de los inversores que, encandilados por la ilusión de ganancias especulativas, dejaron de lado los parámetros clásicos utilizados para determinar el valor de las acciones. El derrumbe de estos papeles tampoco se debió a cambios en esos indicadores. De allí que la burbuja de las punto com se encuentre mas asociada a la influencia de los mercados financieros que a las circunstancias propias de esas empresas.

Este fenómeno arroja luz sobre la importancia creciente de los fondos especulativos en los mercados accionarios, ya que sus expresiones de confianza repercuten en los precios con independencia de la situación real. De esta forma pueden contribuir a determinar el futuro de la economía, como ha ocurrido en la actual crisis norteamericana.

La Bolsa en Argentina

En Argentina, a diferencia de EEUU, las empresas no se financian en la bolsa y las familias no ahorran en ella. La bolsa de nuestro país es más un ámbito de especulación que de negocios, de allí su importancia marginal y la sensación de bingo o timba que produce en el común de la gente.

Lo que se señalara como características de funcionamiento especulativo y el surgimiento y desinfle de burbujas resulta valido en nuestro medio. Las expectativas del inversor local no se encuentran vinculadas con el horizonte productivo de las empresas, asociado al mediano o largo plazo, sino con las posibilidades de reventa en el brevisimo plazo.

El reciente y fugaz boom de la bolsa porteña que acompaño la efímera ilusión y posterior desencanto vinculado con la eventualidad de triunfo de un candidato pro empresa en las recientes elecciones presidenciales constituye un buen ejémplo de lo antes señalado.

En el marco del gran desafío que enfrenta nuestro país para transformar el actual sistema capitalista prebendario se encuentra la necesidad de construir un sólido mercado de capitales que pueda, realmente, contribuir al desarrollo de las fuerzas productivas. La bolsa debe dejar de ser un casino y al Estado corresponde sentar las bases para transformar la actual cultura especulativa en otra de producción.

"Todos cuantos predijeron el colapso de ese "castillo de naipes" que era la economía norteamericana deben estar exhaustos. No hay amenaza de ningún colapso del dólar. La estabilidad financiera, la productividad vigorosa, la flexibilidad y el dinamismo hacen de Estados Unidos uno de los lugares preferidos para invertir capitales; su afluencia costea los grandes déficit de cuenta corriente del país. Continuará haciéndolo hasta que, al final del arco iris, Japón o Europa se comparen favorablemente con el clima de inversión norteamericano. No contengan el aliento hasta ese día; no esperen la tan mentada tasa de "equilibrio" de 1,20 dólar por euro… No se prevé una fuerte suba del euro. El euro fue una idea estupenda, pero la economía que lo respalda es evidentemente lerda. Por consiguiente, es imposible que Europa se convierta muy pronto en un imán para el flujo mundial de capitales … El euro continuará rondando el 90% del valor del dólar".

Hace exactamente un año atrás y poco antes de morir el Prof. Dornbusch ("La encrucijada monetaria" La Nación. 27.3.02) describía de esa forma su visión sobre el futuro del dólar y descalificaba la posibilidad de un fortalecimiento de la moneda europea. La sostenida devaluación de la divisa norteamericana ha desmentido este pronostico confirmando la dificultad de explicar satisfactoriamente los movimientos de corto plazo de los tipos de cambio y el carácter superficial o interesado de las "teorías" que los sustentan.

De las lecciones del pasado se deduce que, en el largo plazo, la tasa cambiaria entre monedas de diferentes economías depende de sus índices de inflación y cambios de productividad. En otras palabras, la experiencia muestra que el tipo de cambio tiende a mantener un nivel histórico en la medida que dos economías tengan índices inflacionarios similares y no se produzcan severos cambios estructurales.

Sin embargo, en el corto plazo, juegan otros factores que pueden producir bruscas oscilaciones en las cotizaciones monetarias, como también sucede en otros activos financieros. El protagonista del corto plazo es el inversor y los mercados se ven influidos por las maniobras especulativas y los "climas" que acompañan las corrientes de decisión. Siguiendo a Keynes es posible comparar un mercado financiero con un concurso de belleza donde cada miembro del jurado no elige a la candidata más hermosa según su criterio sino más bien a la que supone que elegirán sus colegas.

De allí, que resulte poco sustentable tratar de explicar las oscilaciones monetarias de corto plazo recurriendo a las características estructurales de las economías. Un ejemplo de ello lo constituye la relación de Estados Unidos con Europa y su reflejo en la cotización euro-dólar.

Al entrar en el mercado, en enero de 1999, el euro se cotizó a 1,17 dólares. Después se depreció un 30% hasta tocar un piso de 0,83 dólares y en el último año y medio volvió a repuntar para alcanzar el valor actual de 1,10 dólares. Obviamente, estas fuertes oscilaciones en la cotización no son el producto de cambios brutales de productividad ni expresan severas alteraciones del dinamismo de las economías norteamericana y europea en los últimos cuatro años.

Sin embargo, cuando el dólar se fortaleció frente al euro, los gurúes económicos se apresuraron en exaltar el vigor de la economía norteamericana y las supuestas flaquezas de la europea, presentando de forma simplista movimientos de mercado de corto plazo como tendencias de largo plazo. Hoy es posible repetir el mismo error, pero a la inversa.

Burbuja y realidad

Las cotizaciones de activos financieros, incluyendo las monedas, pueden dispararse circunstancialmente sin causas objetivas que justifiquen esos incrementos de valor. Estas situaciones suelen ser descriptas como "burbujas".

La explosión de los precios de las acciones norteamericanas y, particularmente, de las tecnológicas, a fines del 90 ilustra sobre la dinámica de las burbujas financieras. La complicidad, ingenua o interesada, de analistas, asesores de inversión y medios masivos, permitió generar un espejismo que arrastró a millones de ahorristas a comprar ciegamente papeles cuyos precios se disparaban irracionalmente. La mayoría se zambulló gozosa en la corriente general, aceptando las teorías que inventaban los gurúes de moda y sin prestar atención a las advertencias de algunos expertos sobre la volatilidad del fenómeno. Luego, al desinflarse la burbuja, se desató la recesión.

Vinculado a este fenómeno, llama la atención que el dólar se siguiera fortaleciendo respecto del euro, a pesar de los crecientes déficit comerciales de Estados Unidos, el colapso del mercado accionario y el inicio de la recesión en el 2000. Debieron transcurrir dos años hasta que la situación comenzara a revertirse.

¿Por qué se demoró la recuperación del euro? Si bien no hay explicaciones económicas terminantes las razones deben buscarse en las decisiones de los grandes especuladores, en particular de los gigantescos fondos de inversión financiera que caracterizan el actual fenómeno de globalización internacional. Lo cierto es que el espectacular déficit comercial norteamericano era compensado por la decisión de los inversores extranjeros, particularmente europeos, de adquirir acciones y títulos norteamericanos. Hoy, ese ciclo parece estar llegando a su fin.

La guerra de Bush tiende, justamente, a revertir esta situación. La manifestación de poderío y supremacía que implica la decisión de aplastar al adversario contiene un sugerente mensaje, reforzado por el carácter arbitrario e ilegítimo de la acción. Resulta sencillo suponer una clara afirmación de la voluntad de conservar por las buenas o las malas "la estabilidad financiera, la productividad vigorosa y el dinamismo que hacen de Estados Unidos uno de los lugares preferidos para invertir capitales", conforme lo señalado por el Prof. Dornbusch en el texto inicial.

Por Alberto Pontoni.Marzo 2003

El camino elegido por el presidente Bush para sacar a los Estados Unidos de la grave crisis económica y de sus malas perspectivas está produciendo una profunda conmoción en el escenario político mundial. La justificación esgrimida para atacar a Irak sólo resulta creíble para los deseosos de desatar su venganza contra alguna nación árabe. Para el resto resulta claro que el régimen de Saddam es una amenaza que el mundo puede controlar y que la guerra de Bush no es una cruzada contra el mal.

¿Qué razón de fondo esta empujando a Estados Unidos a esta aventura bélica a costa de impredecibles consecuencias en la geopolítica mundial y de muchas naciones en particular?

Los análisis siguen, en términos generales, dos líneas de interpretación que se diferencian por el énfasis puesto en las principales beneficiarias de esta guerra: las multinacionales del petróleo y el complejo militar-industrial. Los sólidos vínculos de estas corporaciones con los más altos funcionarios de la administración Bush le otorgan credibilidad a ambas versiones.

La interpretación más difundida considera como principal razón el despojo de las ricas reservas de crudo de Irak en beneficio de empresas norteamericanas e inglesas. Detrás de las partes estarían, por un lado, los intereses de Exxon, Texaco y la British Petroleum y, por otro, Total Fina Elf (francesa), Lukoil (rusa) y National Oil Company (China), que están operando en ese país y temen ser desplazadas por un cambio de régimen político.

La otra versión revive un clásico: la necesidad de la guerra para salir de la depresión a través de la reactivación del complejo militar-industrial. Máxime, si el financiamiento del espectacular gasto que demandará la invasión de Irak –estimado en el orden de los 100.000 millones de dólares- es solventado con el petróleo de ese país.

En ambos casos, además de los beneficios directos que aportaría la invasión para las multinacionales de la guerra y del petróleo, se contabilizan efectos indirectos para la economía. Esta clara manifestación de hegemonía imperial vendría a templar la desgastada confianza de la población e inversionistas, volviendo a atraer capitales.

Recientemente se ha venido señalando un nuevo argumento de fondo que se suma a los anteriores: el real objetivo de EEUU sería la economía de Europa y, particularmente, el euro. Según esta interpretación fue la decisión de Irak, en noviembre del 2000, de adoptar el euro para sus transacciones de crudo el factor detonante de la situación actual.

En los últimos dos años el dólar se ha depreciado en poco más del 20% respecto del euro. El colapso del "dólar fuerte" junto con el derrumbe de la bolsa han contribuido seriamente a debilitar la confianza sobre la economía de EEUU, lo que ha derivado en una fuerte reversión del ingreso de capitales, agravando la recesión.

En ese contexto cabe preguntarse qué pasaría si otros paises, en particular los miembros de la OPEP, siguieran el ejemplo de Irak y el dólar comenzara a ser sustituido por el euro como moneda de referencia y de reserva mundial.

Esto sería sumamente grave para la economía norteamericana, pues le impediría seguir financiando sus abultados déficit comerciales a través de la "exportación de dólares". El comercio internacional se ha convertido en un mercado donde el mundo produce bienes y EEUU los dólares para comprarlos. De allí, que la deuda actual de EEUU con el resto del mundo alcance a la astronómica suma de 6 billones de dólares, equivalentes a dos terceras partes de su PBI.

De revertirse la confianza que individuos y gobiernos tienen en el dólar se produciría una corrida financiera mundial que llevaría al default de los Estados Unidos, ya que este país no cuenta con los recursos financieros suficientes (euros, yenes, etc.) para honrar sus compromisos. Los argentinos, que hemos vivido las consecuencias de la ilusión del pesodolar o del 1:1 virtual, tenemos el raro privilegio de poder llegar a imaginar una situación de estas características.

Por el contrario, la Europa del euro se vería beneficiada con la prerrogativa de poder emitir la moneda de referencia y reserva internacional. El abandono, en 1971, de la convertibilidad oro del dólar ha facilitado este fenómeno, ya que el privilegio pasa a recaer en la economía que genera mayor confianza. Esto es lo que Estados Unidos pretende evitar.

El petróleo es la más importante de las commodities que se comercian internacionalmente, de allí la trascendencia de la moneda de referencia utilizada en sus transacciones, ya que el efecto contagio de una eventual sustitución por el euro sería devastador. Este supuesto no resulta difícil de imaginar si se considera que Europa es el principal importador de crudo.

En síntesis, detrás de los aprestos bélicos se esconde la intención de sostener la visión de un dólar eternamente fuerte que estimule el ingreso de capitales en los Estados Unidos y evite que la burbuja reviente. Para ello resulta fundamental disuadir a quienes pretendan, como Irak, sustituir el dólar como moneda de transacción y reserva mundial.

Por Alberto Pontoni. Marzo 2003

Por Alberto Pontoni.Febrero 2003

A inicios de la década del 90 se inició en Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, un proceso de reforma del Estado de gran magnitud. Desmantelamiento para algunos, puerta de entrada al primer mundo para otros, la privatización de los servicios públicos generó una polémica que continúa hasta hoy.

El optimismo acerca del papel de las empresas públicas en la economía fue un fenómeno generalizado de la década del 40. Posteriormente, comienza un proceso de desencanto, originado tanto en la ineficiencia de los servicios como en la creciente carga fiscal que representaban para el Estado, que lleva a la ruptura del consenso favorable. La recesión y la hiperinflación de finales del 80 le asestan un golpe mortal. Incluso hay quienes sostienen que la política de privatizaciones generó una popularidad similar a las nacionalizaciones.

Las privatizaciones abarcan un proceso muy heterogéneo de acciones que va mucho mas lejos que la mera transferencia de peajes y servicios públicos al sector privado. De allí que no pueda juzgarse este fenómeno sólo a partir de los cambios producidos en la calidad de prestaciones en teléfonos, gas o electricidad, como pretenden sectores interesados en la justificación global de ese periodo.

La venta de YPF y las concesiones de hidrocarburos son temas de la mayor trascendencia económica, que no deben confundirse con el análisis de los servicios públicos. Asimismo, corresponde diferenciar otras acciones privatizadoras de gran importancia global e individual cuyas consecuencias se harán sentir en los próximos años, como es la administración del sistema de jubilaciones y pensiones.

Sin embargo y a pesar de esa heterogeneidad de acciones, existe un común denominador de la cruzada privatizadora: el propósito de otorgar nuevas oportunidades de negocios al sector privado. Esta acción abarca desde la apertura de mercados de monopolio público, como las telecomunicaciones, hasta la transferencia de bienes del patrimonio común.

De allí, la importancia de incorporar al análisis el precio de la transacción, es decir, lo percibido por el Estado a cambio del negocio otorgado, ya sea un mercado o un activo, presente o futuro, para evaluar la eventual lesión y menoscabo del patrimonio colectivo. Sin embargo, no resulta sencillo comprobar la consumación de un despojo. Un indicio puede estar en los resultados obtenidos por las empresas involucradas.

Aclarada esta cuestión se exponen algunas reflexiones sobre los servicios públicos en Buenos Aires, transcurridos más de 10 años desde su transferencia al sector privado.

El caso de los servicios públicos

En términos generales resulta indiscutible que los servicios de teléfonos, luz, gas y aguas han mejorado sustancialmente la calidad de prestación y ampliado la extensión de su cobertura. Sin embargo, esta modernización se ha producido a un costo excesivo. Entre 1986 y 1996 el gasto en electricidad, gas y teléfono incrementó su participación en el presupuesto familiar en un 50%. En los hogares de bajos ingresos la participación en el gasto total paso del 6% al 11%.

Este fuerte aumento en el costo de los servicios encuentra su explicación tanto en los ajustes de tarifas realizados por el gobierno en la etapa previa a la privatización como en los dispuestos por las empresas en los años siguientes. Las empresas gozaron del privilegio de poder indexar sus tarifas (a pesar de la prohibición expresa establecida en la ley de Convertibilidad) conforme al índice de inflación de EEUU y, adicionalmente, se las favoreció con la revisión de las cláusulas contractuales pactadas. De allí, que entre 1991 y 1998, en plena vigencia de la Convertibilidad, se hayan registrado aumentos de tarifas del 200% (gas residencial), 140% (telefonía básica) y 90% (electricidad residencial) en esos servicios.

La otra cara de este mismo fenómeno se refleja en las superutilidades percibidas por las empresas involucradas en las privatizaciones, que se sitúan muy por encima del resto de las grandes empresas que operan en el país. Justamente, son estos beneficios extraordinarios los que permiten abrigar la sospecha que el argumento de "privatizar para modernizar" ha servido para ocultar la consumación de un despojo del patrimonio colectivo a través de la adquisición de activos a precios subvaluados.

El caso de las empresas que concurrieron a la privatización de teléfonos y que poco tiempo después vendieron sus participaciones resulta ilustrativo. Todas multiplicaron varias veces su inversión inicial y obtuvieron récords difíciles de igualar en tiempo y monto. Techint obtuvo ganancias equivalentes al 780% de su inversión original (vendió en 1997), Pérez Companc 550% (1999), Banco Morgan 520% (1999) y Comercial del Plata 430% (1993).

De lo expuesto se concluye la necesidad de corregir las "fallas" y abusos en la prestación privada de servicios. Esto requiere una intervención activa del Estado a través de la revisión de los contratos, la incorporación de nuevos actores que promuevan la competencia y el fortalecimiento de las entidades de control. Sin embargo, la tradicional ineficiencia (o complicidad) estatal impone la participación ciudadana como un elemento fundamental para impulsar esta decisión de cambio.

La cosecha 2002/03, estimada en 71 millones de toneladas, será la más grande de la historia argentina, superando la anterior en mas de un millón de toneladas. Esto ha sido posible debido a la concurrencia de circunstancias favorables, tanto de carácter técnico como económico, que se tradujeron en un aumento del área sembrada y la mejora en los rendimientos de los cultivos.

Entre las ventajas económicas se destaca el fuerte incremento de los ingresos del productor, tanto en dólares como en pesos, motivado por dos factores. Por un lado, el alza del 20-25% de los precios internacionales, consecuencia de sequías y adversidades que afectaron la producción de EEUU y otros países competidores. Por otro, la superdevaluación del peso, que multiplicó en 3.3 veces su cotización respecto del dólar. Estos beneficios han permitido compensar con creces la carga impositiva adicional que representan las retenciones a las exportaciones, equivalentes al 20% de las ventas, y el mayor precio de los insumos y combustibles, que han duplicado los costos de producción medidos en pesos.

En consecuencia, los ingresos en pesos del productor agrícola se multiplicaron más de 3 veces (deducidas las retenciones) mientras que sus costos se duplicaron. La ventaja del sector agropecuario, de tener ventas dolarizadas y muchos costos pesificados, le ha permitido ser el gran beneficiario de la superdevaluación y pesificación de deudas del 2002.

Desde el punto de visto técnico productivo, los altos rendimientos obtenidos son expresión tanto de las buenas condiciones climáticas que acompañaron esta cosecha como de las modernas tecnologías utilizadas, desmintiendo las amenazas de sectores interesados que presagiaban una reversión tecnológica motivada por las retenciones.

El campo bajo la convertibilidad

La explosión agrícola es el fenómeno económico más importante de la última década. Durante la convertibilidad y a pesar de la rigidez del 1:1 la producción agrícola nacional logró duplicarse, pasando de un nivel de 35 millones de toneladas al actual de 70 millones. Ese crecimiento espectacular, que se produjo de la mano de la soja, encuentra su principal explicación en el aumento de la demanda mundial y la mejora de los precios internacionales.

El área sembrada se expandió en un 50%, pasando de 17 a casi 25 millones de hectáreas y las nuevas tecnologías, como la siembra directa y los transgénicos, permitieron un fuerte incremento de los rindes y la reducción de los costos de producción. La soja ha sido la principal protagonista de esta nueva revolución agrícola. En los últimos 10 años ha duplicado su área sembrada, ocupando casi la mitad de las tierras actualmente en cultivo, y cuadriplicado su volumen de producción.

Esta mayor presencia del agro en la producción también se reflejó en las ventas al exterior. En 1993 las exportaciones de productos agrícolas, incluyendo granos, semillas, aceites y otras manufacturas de ese origen, representaban la tercera parte del total exportado y su valor rondaba en los 4.700 millones de dólares. Para el 2003 se espera alcanzar los 10.000 millones de dólares.

Impacto económico

Si bien deberá esperarse hasta fines de mayo para tener los datos finales de maíz y soja las buenas condiciones climáticas en desarrollo permiten prever una cosecha superior a los 70 millones de Tm. Ese volumen se distribuye, principalmente, entre soja (34 millones), maíz (14.5 millones), trigo (12.5 millones) y girasol (4.5 millones). Las exportaciones de granos, aceites y harinas se estima alcanzarán en el 2003 los 10 mil millones de dólares, de los cuales la soja suma 6.300 millones, el maíz 1.100 millones, el trigo otros 1.300 millones y el girasol 800 millones.

Esta exitosa campaña agrícola tendrá importantes consecuencias sobre la economía. Los 10.000 millones de dólares de exportaciones de origen agrícola estimados para este año, contribuirán decisivamente en la obtención de un sustancial superávit comercial, del orden de los 18.000 millones de dólares. La liquidación de esas divisas incrementará la oferta de dólares presionando a la baja el tipo de cambio. Esta situación pondrá al gobierno frente a la disyuntiva de incrementar la compra de divisas, para evitar una caída del precio del dólar por debajo de los $ 3, lo que redundará en un incremento de la liquidez monetaria.

Por otro lado, el Fisco se verá beneficiado por la recaudación de 2.000 millones de dólares en concepto de retenciones a las exportaciones agrícolas, que le proporcionarán casi el 10% del total de ingresos estimados para el 2003.

Comentarios

Una vez más Argentina se ve beneficiada por la conjunción de circunstancias favorables de origen externo. Las perspectivas del mercado mundial resultan alentadoras, a pesar de la resistencia a la eliminación de subsidios agrícolas por parte de EEUU y la Unión Europea. Por otro lado, es posible incorporar nuevas tierras y alcanzar una superficie cultivada de 35 millones de hectáreas y superar los 100 millones de toneladas. El mercado esta.

Para ello se requiere planificación e inversiones que permitan encarar la puesta en producción de nuevas tierras, incluyendo la recuperación de las ricas áreas anegadas de la provincia de Buenos Aires, la realización de obras destinadas a facilitar los sistemas de transporte y producción de energía, así como la promoción de actividades industriales vinculadas al sector agroalimentario.

Este desafío requiere del esfuerzo conjunto del sector privado y público. Los recursos financieros para encarar una revolución productiva de esta magnitud están disponibles. La recesión y el desplome de la inversión en los países industrializados han generado disponibilidad de capitales y liquidez, que se manifiestan en las bajisimas tasas de interés.

¿Qué falta? Sólo una dirigencia animada de interés nacional, que lidere un equipo de funcionarios probos y competentes y que dote al Estado de los instrumentos necesarios para enfrentar este desafío.

Por Alberto Pontoni.Febrero 2003

Por Alberto Pontoni. Enero 2003

La poca claridad de la dirigencia argentina por plantear una salida nacional frente a la actual crisis económica se refleja en la devoción que desde diferentes sectores se rinde a la Generación del 80 y su supuesta claridad para definir un proyecto de país. Paradójicamente, esa actitud incluye a quienes, presumiblemente, expresan un compromiso con un desarrollo de carácter autónomo.

Más allá de los confusos, que son mayoría, existe un grupo interesado en mantener vivo el culto a aquella dirigencia y el mito sobre la intencionalidad patriótica de sus acciones. La finalidad es demostrar que la bancarrota argentina se encuentra asociada al desplazamiento del patriciado local del gobierno y al intervencionismo estatal que produjo el cierre de la economía con propósitos industrialistas. Democracia e industrialización serían, justamente, las dos principales causas de la decadencia de los últimos 60 años, en contraste con la bonanza del periodo 1880-1940, de hegemonía conservadora.

En realidad, la expansión productiva y el fuerte auge exportador de aquel periodo se produjo a pesar de esa clase dirigente que, por otro lado, fue la principal responsable de la continuidad del rezago histórico nacional y de desaprovechar una de las grandes posibilidades que tuvo el país para sumarse al grupo de las naciones industrializadas.

La incorporación de la Argentina a la economía mundial es consecuencia de la conjunción de varios factores que permitieron el aprovechamiento de su potencial agropecuario. Por un lado, las innovaciones tecnológicas, principalmente el ferrocarril, la navegación a vapor y el frigorífico, que hicieron factible el transporte a grandes distancias de granos y carnes. Por otro, la inversión extranjera, principalmente británica, que asumió el financiamiento, la realización e, incluso, la operación de la infraestructura requerida para posibilitar las exportaciones agropecuarias. Al iniciarse la primera guerra mundial un 90% de la red ferroviaria y de la infraestructura ligada a la exportación de granos y carnes era extranjera.

La formidable afluencia de recursos destinados a poner en marcha el aparato productivo transformó el perfil del país y produjo una modernización del tipo "llave en mano". Todo se importaba desde los centros. Desde la red ferroviaria, con vías, trenes y estaciones, hasta el diseño urbano de las nuevas ciudades. La Argentina se modernizaba antes de alcanzar su industrialización, convirtiéndose en un paradigma de modernización sin desarrollo.

En este proceso, el papel de la Generación del 80, fue subordinado y sus mayores tareas fueron, en lo institucional, la integración del territorio y consolidación de un gobierno nacional, y en lo económico, allanar el camino para el ingreso del capital extranjero y promover la inmigración. Poco o nada hizo para aplicar al desarrollo la extraordinaria masa de excedentes generados durante este periodo.

La resistencia de esta dirigencia a la implementación de una estrategia de desarrollo industrial, que permitiera aprovechar la excepcional bonanza del momento, era la consecuencia lógica de un espíritu mercantilista que se arrastraba del pasado. Por otro lado, esta visión se correspondía con el interés de una clase terrateniente que había aumentado en forma extraordinaria su patrimonio, debido tanto a la incorporación de nuevas tierras, por la llamada "campaña del desierto", como al incremento de su cotización, derivada del aprovechamiento agrícola y de las inversiones en infraestructura.

Resulta sencillo de comprender la poca disposición de esa dirigencia en adoptar cambios que podrían llegar a resultarle perjudiciales, ya que promover la industrialización requería mejorar la distribución del ingreso, para estimular el desarrollo del mercado interno, y la adopción de políticas activas, para proteger las industrias nacientes.

Mejorar la distribución del ingreso implicaba, principalmente, provocar cambios en el régimen de tenencia de la tierra, que se encontraba concentrado en pocas manos. En Argentina la tierra no fue una recompensa al sacrificio de pioneros sino el botín de conquistadores. Sin duda, un sistema de producción basado en pequeños propietarios, del tipo colonos o chacareros como el sistema de farmers promovido en EEUU, habría favorecido el proceso de industrialización pero afectado el poder político y económico del sector dominante.

Las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra fueron, justamente, una de las principales razones del alto porcentaje de inmigrantes "retornados". Un 70% de los casi 5 millones de extranjeros ingresados antes de 1920 regresó a sus paises de origen frustrados por la falta de posibilidades de incorporación estable, fenómeno que nos diferencia de lo sucedido en otros paises de evolución similar, como Canadá y Australia.

Por otro lado, la protección de industrias a través de la prohibición de importaciones o establecimiento de aranceles, como hizo EEUU a principios del s. XIX para estimular el desarrollo de su industria textil, habría encarecido el costo de los bienes y de la mano de obra, reduciendo el margen de utilidad obtenido en la actividad agropecuaria.

Obviamente, era más fácil y lucrativo usufructuar la renta de una riqueza territorial obtenida con poco esfuerzo –y valorizada por las inversiones de terceros- y acrecentar sus beneficios reinvirtiendo el excedente en el sector financiero, que abordar el desafío de la industrialización. El proyecto de la Generación del 80 fue la mera salvaguarda del interés particular de un sector reducido y concentrado de la sociedad, no el desarrollo nacional. Es más, favoreció la modernización de la Argentina pero obstaculizó su desarrollo.

Justamente, una de las grandes confusiones proviene de no distinguir modernidad de desarrollo. Toda nación desarrollada es moderna pero no toda nación que disfruta de los adelantos de un momento es desarrollada. Desarrollo indica la ubicación en un puesto de vanguardia en la transformación productiva, esto es, en la elaboración de bienes, en el posicionamiento industrial. Desarrollo es industrialización.

Hoy, paradójicamente, esta herencia sigue vigente a pesar de haber desaparecido aquella clase terrateniente. La confianza en las fuerzas del mercado y la carencia de un proyecto industrializador se vuelven a expresar con toda intensidad en los programas de los candidatos para las próximas elecciones presidenciales.

El sector automotor es un buen indicador del desarrollo industrial de un país y de la situación de su economía. Las ventas de automóviles y equipos de transporte expresan la vitalidad de la demanda doméstica, en particular el poder adquisitivo y la confianza de los consumidores de clase media, mientras que las exportaciones de vehículos son un buen termómetro de la competitividad de la industria manufacturera y de sus posibilidades.

En el caso argentino existe otra razón de particular interés para el análisis de esta actividad. A diferencia de lo ocurrido con la mayoría de las otras ramas industriales la fabricación de automóviles y equipos de transporte registró una sustancial expansión durante la década pasada. Es más, el país llegó a exportar un número significativo de unidades revirtiendo el tradicional carácter mercado internista de este sector.

Dicha expansión fue consecuencia, en gran medida, de un tratamiento preferencial otorgado a esta actividad que no encuentra parangón en otras ramas, como son las ventajas especiales logradas en los acuerdos de integración regional, los subsidios específicos (Plan Canje) y hasta una inexplicable tolerancia en la violación de normas aduaneras y el pago de obligaciones impositivas. Indudablemente, la presencia de poderosas firmas transnacionales le brindó a este sector un escudo defensivo frente a la política aperturista y antiindustrial de los últimos años, al que no pudieron acceder las empresas nacionales dedicadas a otras actividades, como la fabricación de textiles o calzados.

De acuerdo al Censo Industrial de 1994, la fabricación de vehículos y equipos de transporte representa el 8% del valor agregado por la industria manufacturera, generando unos 80.000 puestos de trabajo. La productividad laboral de este sector, medida por el valor agregado por trabajador, es una de las mayores de la industria nacional.

Antecedentes. La industria automotriz fue el eje de la segunda etapa de la revolución industrial. La primera, iniciada a mediados del s. XVIII, tuvo como protagonista al sector textil, principal beneficiario de los cambios tecnológicos desencadenados por la maquina de vapor. Un siglo y medio después, a principios del s. XX y a partir del desarrollo del motor a combustión y el aprovechamiento de la nafta y el diesel como combustible, se inicia en el mundo la era del automóvil (y del petróleo y del avión, entre otros).

En Argentina, la producción masiva de automotores se inicia con un rezago superior a 40 años respecto de los paises industrializados. La primera planta de ensamblado, propiedad de la firma norteamericana Káiser, se instaló en 1956. Con anterioridad hubo diferentes intentos frustrados para fabricar automóviles, como los del fabricante de revólveres Ballester Molina, que desarrolló dos prototipos entre 1935 y 1940, y el modelo "Justicialista" creado en 1950. Incluso, hubo un proyecto pionero en 1901, el del auto "Yruam".

La industria en la convertibilidad. Durante los casi 11 años de convertibilidad (1991-2001) la Argentina produjo 3 millones y medio de automotores, a un promedio de 320.000 vehículos por año. Los picos de producción se alcanzaron en 1997 y 1998, con cifras anuales de 450.000 unidades, que representan una capacidad de fabricación de casi 40.000 vehículos mensuales.

En ese mismo periodo las ventas en el mercado interno totalizaron cerca de 4 millones de unidades, a razón de 350.000 vehículos por año. El mayor registro corresponde a 1994, con 510.000 unidades comercializadas en el país.

Las ventas al exterior, durante esos 11 años, superaron los 1.1 millones de unidades y las importaciones fueron de aproximadamente 1.5 millones. El saldo neto fue de 360.000 vehículos importados. Cabe señalar que el 90% de las importaciones se produjeron con anterioridad a 1997. A partir de ese año el número de automotores exportados viene superando el de importados, arrojando un saldo positivo en el balance comercial.

Un dato relevante es el desempeño del sector en 1998, cuando se alcanzaron los récords históricos de producción y exportaciones. Ese año se exportaron casi 240.000 vehículos, más de la mitad de los 460.000 fabricados.

Situación actual. El sector automotriz fue el más afectado por la agudización de la crisis económica del 2002. La producción se contrajo a 160.000 vehículos, un 33% menos que el año anterior y las ventas en el mercado local se redujeron un 55%, situándose al nivel de 40 años atrás (80.000 unidades).

Un factor que llama la atención es la caída, durante el año pasado, del 20% de las exportaciones de vehículos, a pesar de la baja sustancial de los costos en dólares producida por la superdevaluación. Una parte de la respuesta se encuentra en el carácter ensamblador que adoptó esta actividad en los últimos años al incrementarse el componente importado de los vehículos y neutralizar el estimulo pro exportador de la devaluación.

En los últimos meses las plantas automotrices han estado fabricando un promedio de 16.000 vehículos mensuales, de los cuales un 75% se exportan.

Perspectivas y alternativas. La capacidad de producción de la industria automotriz nacional es, al menos, tres veces superior a los registros actuales. Argentina tiene la infraestructura, equipos y capacidad técnica suficiente para producir unos 50.000 vehículos mensuales, en lugar de los 16.000 actuales.

El problema no es de producción sino de mercado. Para lograr la reactivación de la industria automotriz se requiere triplicar el actual volumen de exportaciones. Esto es, exportar unas 400.000 unidades anuales.

¿Qué lo impide? ¿Qué se debería hacer para alcanzar esta meta? ¿Hay posibilidades?

Se puede. Hay varias experiencias de paises, como Corea, de industrialización más tardía que la Argentina que lo pudieron hacer. Lograrlo es un desafío que requiere la sinergia de empresas y gobierno ya que las dificultades están más asociadas a las limitaciones particulares de cada empresa y los problemas derivados de su acción individual que a obstáculos de mercado.

Las características de esta actividad facilitan la acción conjunta del sector privado y público. La fabricación de vehículos es una industria concentrada y moderna, en la que operan firmas transnacionales con vasta experiencia en el mercado mundial. Corresponde al gobierno convocarlas y liderar un proceso de negociación en función de metas y requerimientos precisos. Justamente, este es el punto crucial del desafío y donde el problema deja de ser técnico para transformarse en político.

En síntesis, el problema de reactivar al sector automotor no es de oferta sino de demanda, el mercado esta pero hay que saberlo trabajar, los que saben pueden pero requieren el liderazgo y asistencia del sector público y para ello se necesita un gobierno con estrategia y capacidad, es decir, un proyecto nacional. Y esto depende de todos nosotros.

Por Alberto Pontoni. Enero 2003